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Derecho en breve
Derecho en breve ISSNe: 2745-1879  |  N.º 15  |  Diciembre de 2021  |  Bogotá D.C. La búsqueda y la participación 
en los casos de desaparición 
forzada: marco legal 
en Colombia y El Salvador Ana Srovin Coralli1
Heli Jeremías Hernández2
Alejandro Jiménez Ospina3
Lisa Ott4 Resumen En este artículo realizamos un análisis sistemático de la normativa sobre búsqueda de personas 
víctimas de desaparición forzada en El Salvador y Colombia, al igual que sobre la participación 
de las familias víctimas en estos procesos. Al estudiar ambos cuerpos normativos —en consonancia con los instrumentos de derecho internacional aplicables y los Principios Rectores 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU—, encontramos diferencias tanto 
en la consagración de los derechos a la búsqueda y a la participación como en su contenidos 
y alcances. En dos contextos distintos, uno de hiperinflación normativa (Colombia) y otro de 1 2 3 
4 Teaching Assistant en Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 
[email protected]
Hace parte del área jurídica de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. 
[email protected]
Coordinador de la línea de Justicia Transicional en Dejusticia. [email protected]
Coordinadora del área “Dealing with the past”. swisspeace. [email protected] 1 ausencia de regulación explícita (El Salvador), la consecuencia parece 
seguir siendo la misma: las víctimas siguen esperando que se busque a 
sus seres queridos. Palabras Clave: Desaparición forzada, búsqueda, participación, víctimas, 
marcos normativos Colombia y El Salvador, derecho internacional. Introducción La desaparición forzada5 ha sido reconocida como un delito grave, con 
consecuencias que van más allá de la vida del desaparecido y afectan a 
una sociedad en conjunto6. Por ello, la búsqueda de las personas desaparecidas es crucial para la satisfacción de los derechos tanto de la persona 
sometida a desaparición como de las demás víctimas7. Además, al ser 
una manera efectiva de determinar los elementos fundamentales para los 
procesos de investigación penal del crimen, la búsqueda también contribuye a la lucha contra la impunidad y a la prevención de desapariciones 
forzadas en el futuro8. 5 6 Para efectos de este texto, entendemos por desaparición forzada cualquier 
forma de privación de libertad que está seguida de la negativa de dicha 
privación o del ocultamiento de la suerte o paradero del desaparecido. 
Lo hacemos con base en la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 20 diciembre 
2006 (aprobada 20 de diciembre de 2006, entró en vigor 23 de diciembre 
de 2010) 2716 U.N.T.S. 3 (Convención Internacional, para abreviar).
La Oficina del Alto Comisionado de Derecho Humanos (ACNUDH) ha 
encontrado esta afectación tras constatar que la desaparición ha sido usada 
como un medio para crear un estado de miedo y horror en personas, comunidades y sociedad. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos [ACNUDH] Desapariciones forzadas o involuntarias 
(folleto informativo n.° 6/rev. 3) (Ginebra: Naciones Unidas, 2009), 2. 7 El término víctima se refiere a aquella “persona desaparecida y toda persona 8 física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 
desaparición forzada”. Convención Internacional, art 24(1). 
Aunque no existe una definición de la búsqueda a nivel universal, esta se 
entiende como una obligación autonóma e independiente de investigación 
de determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. 2 Aunque las desapariciones forzadas han sido cometidas en muchas partes del mundo, América Latina sigue siendo unas de las regiones más 
afectadas, por el alto número de casos registrados hasta hoy9. Al mismo 
tiempo, esta región también ha acumulado una vasta experiencia en la 
búsqueda. Colombia y El Salvador son ejemplos de países en los cuales las 
desapariciones forzadas han estado presentes históricamente, y en los que 
los Estados y/o las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado 
amplias iniciativas para la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, 
a pesar de algunos esfuerzos estatales, que en ambos países incluyen la 
creación de mecanismos de búsqueda, estos procesos han estado atravesados por diferentes obstáculos. Dos de ellos han sido la ausencia de 
voluntad por parte del Estado para colaborar con las víctimas y la falta 
de capacidad de las instituciones estatales y quienes las representan para 
abordar la búsqueda con un enfoque de derechos humanos. De cualquier 
modo, en ambos países se destaca el importante papel que ha tenido la 
sociedad civil en el desarrollo de los procesos de la búsqueda, ya que ha 
impactado positivamente en la participación efectiva de las víctimas en 
dichos procesos. De hecho, la experiencia ha demostrado que garantizar 
la participación de las víctimas no solo permite identificar y abordar sus 
necesidades individuales, sino que además hace más eficaz la búsqueda 
y aumenta su rapidez10. En este artículo buscamos analizar cómo los marcos normativos de El 
Salvador y Colombia han promovido o restringido la participación de las 
víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos de búsqueda. Para ello, partimos de analizar las normas y los 
estándares que regulan la búsqueda de personas víctimas de desaparición 
forzada a nivel internacional. Posteriormente, hacemos un examen del 
marco legal y de las instituciones que se han creado para impulsar la búsqueda en Colombia y El Salvador. Por último, exploramos las normas y los 
mecanismos establecidos para implementar el derecho a la participación 
en la búsqueda que existen a nivel internacional y en los países analizados. 9 10 Krishna Jaramillo, “7 de los 10 países con más desapariciones forzadas son 
latinoamericanos” LatinAmerican Post, 11 de septiembre de 2018.
“Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las 
víctimas” VerdadAbierta, 5 de marzo de 2018. 3 Particularmente, el trabajo presta atención al documento más prometedor 
en el tema de la búsqueda a nivel internacional: los Principios Rectores 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (Principios Rectores11, para 
abreviar) del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CDF12), debido a su potencial para mejorar 
la garantía del derecho a la participación en la búsqueda de las personas. De esta manera, este artículo llena un vacío en la literatura sobre desaparición 
forzada en la región. La literatura jurídica se ha concentrado en aspectos 
normativos sobre la criminalización de la conducta, la investigación y la 
sanción del delito de desaparición forzada, pero no ha abordado el tema 
específico de los procesos de búsqueda, más allá de ciertos ejercicios de 
identificación de estándares internacionales. Además, estos procesos, 
así como sus efectos en las víctimas y familiares, han sido generalmente 
abordados desde estudios psicosociales del fenómeno de la desaparición. 
Este artículo conecta estos dos cuerpos de análisis, al adentrarse en la 
búsqueda como un tema de regulación jurídica, pero atándolo al estudio 
de la participación de las víctimas y sus efectos, tanto en la satisfacción de 
sus derechos como en la posible eficacia de las labores de esclarecimiento 
de los casos. 1. La búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada 1.1 Marco internacional La importancia de la búsqueda de las personas víctimas de desaparición 
forzada fue reconocida en el ámbito internacional por primera vez en una 
resolución de la Asamblea General de 197813. Luego, dos años más tarde, 11 Comité contra la Desaparición Forzada [CDF], Principios Rectores para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, doc. ONU CED/C/7 (8 de mayo de 
2019).
12 CDF es el organismo creado por la Convención Internacional.
13 
La Asamblea General pidió a los gobiernos “que en el caso de informes de 
desapariciones forzosas o involuntarias dediquen los recursos adecuados 4 se creó el primer mecanismo para ayudar a determinar la suerte de algún 
ser querido desaparecido: el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDF)14. Lamentablemente, 
la subsecuente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas15 no hizo ninguna recomendación 
concreta respeto a la búsqueda16. Una omisión similar ocurrió en 1994, 
con la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas (Convención Interamericana, para abreviar)17, que 
tampoco contempla plenamente la cuestión de la búsqueda y los deberes 
del Estado frente a esta18. Más adelante, el tema volvió a debate con la aprobación de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención Internacional, para abreviar), en 2006. 
Aparte de ser el primer tratado aprobado sobre el tema a nivel mundial, 
la Convención Internacional por primera vez estableció claramente la 14 17 a la búsqueda de esas personas, y hagan investigaciones rápidas e imparciales” A. G. Res. 33/173, Personas desaparecidas, art. 1(a), doc. ONU A/
RES/33/173 (22 de diciembre de 1978).
Comisión de Derechos Humanos, Resolución 20 XXXVI, doc. ONU E/
CN.4/RS/1980/20 (29 de febrero de 1980).
15 A.G. Res. 47/133, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, doc. ONU A/RES/47/133 (18 de 
diciembre de 1992).
16 No obstante, las cuestiones de búsqueda son discutidas indirectamente en 
los arts. 13(6) y 20(1). Mientras que el art. 13(6) estipula que la investigación 
debe poder hacerse “mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima 
de desaparición forzada”, el art. 20(1) prevé que “los Estados…se esforzarán 
por buscar e identificar a esos niños” A.G. Res. 47/133, Declaración sobre 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(aprobada 9 de junio de 1994, entró en vigor 28 de marzo de 1996) OEA 
Serie de Tratados n.° 68, 33 ILM 1429 (1994).
Este tratado contiene solo una disposición explícita sobre la búsqueda de 
los menores y la cooperación de los Estados al respeto (art. XII). Además, 
el art. X trata genéricamente sobre el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces para la determinación del paradero de las 
personas privadas de la libertad en circunstancias excepcionales. 18 5 obligación de buscar a las personas víctimas de desaparición forzada19. En 
este sentido, la Convención marcó un hito en el proceso de reconocer la 
obligación de búsqueda en los casos de víctimas de desaparición forzada. 
Según este tratado, la obligación fundamental de cada Estado es tomar 
“todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación 
de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, 
el respeto y la restitución de sus restos”20. El carácter obligatorio de la búsqueda ha sido confirmado por el CDF en 
varias observaciones finales y acciones urgentes21. Sin embargo, si bien la 
existencia de la obligación no puede ser cuestionada desde la adopción de la 
Convención Internacional22, esta no contiene detalles sobre muchos aspectos de la búsqueda, entre ellos la participación de las víctimas23. Es por ello 
que, casi trece años después de la adopción del tratado, a inicios del 2019 el 
CDF aprobó los Principios Rectores, con el fin de clarificar las obligaciones 
relativas a la búsqueda establecidas en la Convención Internacional. Adicionalmente, la jurisprudencia internacional ha sido fundamental 
para construir el contenido jurídico de la búsqueda como una obligación 
internacional a cargo del Estado. Por ejemplo, los tribunales de derechos 
humanos han sostenido que la ausencia o falta de voluntad del Estado 
para realizar la búsqueda constituyen una violación de varios derechos 19 La Convención Internacional no solo contempla la obligación de la búsqueda en un artículo, sino en varios: 15; 19(1); 24 (2,3); 25 (2, 3); 12. Sobre 
diferentes aspectos de la búsqueda tratada en esos artículos, véase María 
Clara Galvis Patiño y Néstor Oswaldo Arias Ávila, “Los Principios Rectores 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: origen y contenido” Ideas 
Verdes, n.° 19 (2019): 4-5.
20 Convención Internacional, art. 24 (3).
21 Galvis Patiño y Arias Ávila, “Los Principios Rectores”, 5.
22 No obstante, es necesario reconocer que algunos opinan que el derecho de 
buscar y/o de ser buscado no está claramente establecido en la Convención 
Internacional.
23 Dicho esto, cabe señalar que el art. 24 de la Convención Internacional 
debería ser considerado como la base para la participación de víctimas en 
la búsqueda, ya que realmente es un desarrollo del derecho de la verdad 
consagrado en el art. 24 (2). 6 humanos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad, al acceso a 
justicia y la integridad personal24. Más aun, las cortes han catalogado la 
búsqueda como una medida de reparación25. Complementariamente, la búsqueda de quienes desaparecen durante un 
conflicto está contemplada en el Protocolo I Adicional a los Convenios de 
Ginebra de 194926. En este sentido, la obligación de “buscar [a] las personas 
cuya desaparición haya señalado la parte adversa” está bien establecida 
en el Derecho Internacional Humanitario27, y tiene una clara incidencia 
en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. 1.2 Los debates alrededor de la búsqueda y su estado actual A pesar de que los Principios Rectores constituyen un paso hacia la clarificación del contenido y el alcance de la obligación y del derecho de 
buscar y ser buscado, tanto en el derecho internacional como en la práctica cotidiana de los Estados persisten debates legales sobre la búsqueda, 24 Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) v. Colombia, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. 
C) 287, párr. 486 (14 de noviembre de 2014); 19 Comerciantes v. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 109, párr. 210 (5 de julio 
de 2004); Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 299, párr. 
264 (1 de septiembre de 2015).
Particularmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha reconocido la búsqueda como una medida de reparación. Véase, 
por ejemplo: Goiburú y otros v. Paraguay, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 153, párr. 172 (22 de septiembre de 2006); Osorio Rivera y Familiares 
v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte 
IDH (ser. C) 274, párr. 251 (26 de noviembre de 2013).
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (aprobado 8 de junio de 1977, entró en vigor 7 de diciembre de 
1979) 1125 U.N.T.S. 3. Debe aclararse que los Convenios de Ginebra de 1949 
y sus protocolos adicionales establecen obligaciones al respeto de todas 
las personas que desaparecen durante el conflicto, independientemente de 
la razón de la desaparición.
Protocolo Adicional, art. 33. Véase también el art. 32, que establece el 
derecho a la verdad de los familiares del desaparecido. 26 25 27 7 especialmente respecto a (i) su fundamento normativo, (ii) el alcance de 
la obligación, (iii) el sujeto pasivo de la obligación y (iv) la naturaleza de la 
búsqueda. Algunos de estos puntos no han recibido la atención suficiente 
por parte de la jurisprudencia y la doctrina, y necesitan más reflexión. Respecto a la pregunta de cuál es el fundamento jurídico que da lugar a la 
obligación estatal de búsqueda, existen distintas respuestas28. La respuesta 
más directa y obvia es la Convención Internacional; lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 24 es suficientemente claro, en términos de imposición de una obligación a los Estados que hacen parte del instrumento. 
Así lo ha explicado a profundidad el CDF29, y de este presupuesto parten 
los Principios Rectores. Por otro lado, a pesar de contar con el lenguaje 
reseñado de la Convención Interamericana, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano deriva esta obligación de una combinación entre los ar tículos 1.1 (obligaciones generales de los Estados), 8 (garantías judiciales) 
y 25 (protección judicial), para asignar una obligación de búsqueda atada 
a aquella de investigar los hechos relativos a la desaparición forzada30. Por 
último, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas (GTDFI) estableció 
una conexión entre la búsqueda y el derecho a la verdad31. Así, a pesar de ser necesario un ejercicio interpretativo, tanto en el Sistema 
Interamericano como en el Universal resulta claro hoy en día que existe 
una obligación estatal de buscar, al igual que un derecho correlativo a 
esta. Esta cuestión aclara, además, la pregunta sobre quién debe cumplir 28 Para una reconstrucción completa de la base normativa de la obligación 
de búsqueda, véase Ariel Dulitzky e Isabel Anayanssi Orizaga, ¿Dónde 
están? Estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas 
forzadamente (Londres: International Bar Association’s Human Rights Institute, 2019) 15.
29 CDF, Informe del noveno periodo de sesiones (7 a 18 septiembre de 2015) y 
décimo periodo de sesiones (7 a 18 de marzo de 2016), párr. 32, doc. ONU 
A/71/56.
30 Radilla Pacheco v. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Corte IDH (ser. C) 209, párr. 180 (23 de noviembre de 2009).
31 GTDFI, Comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con 
las desapariciones forzadas, párr. 39, doc. ONU A/HRC/16/48 (26 de enero 
de 2011). 8 la obligación: el Estado es quien debe buscar a las personas víctimas de 
desaparición forzada32. Por su parte, si bien las víctimas tienen derecho a 
recibir información, participar y conocer la suerte o el paradero de su ser 
querido, no están obligadas a ello. Otro aspecto que ha generado debate jurídico es cuánto debe durar la 
búsqueda de una persona. La respuesta que han dado la Corte IDH33 y el 
CDF34 es que como la desaparición forzada es una violación continuada 
a derechos humanos, la obligación de buscar a quien fue desaparecido es 
permanente35; esto significa que la búsqueda “debe continuar hasta que 
se determine con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida”36. Ahora, si bien es clara la obligación genérica, la pregunta es 
qué pasa cuando un Estado demuestra que, de buena fe, agotó todos los 
medios disponibles para buscar a una persona y a pesar de ello no logró 
determinar su suerte o paradero. En este caso, la pregunta sobre el tiempo 
o la continuidad de la búsqueda se cruza con la pregunta por el modo; es 
decir, si es una obligación de medio o de resultado. Como bien explican Dulitzky y Orizaga, “a la fecha no existe total claridad, 
ni en la jurisprudencia, ni en la práctica internacional acerca de si el deber 
de búsqueda es una obligación de medio o de resultado”37. La discusión 32 33 Ticona Estrada y otros v. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 191, párr. 155 (27 de noviembre de 2008).
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña v. Bolivia, Sentencia, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Corte IDH (ser. C) 217, párr. 215 (1 de septiembre de 2010).
34 CDF, Observaciones finales sobre el informe presentado por Colombia, 
párr. 26, doc. ONU CED/C/COL/CO/1 (27 de octubre de 2016). 
35 Maria Clara Galvis Patiño y Rainer Huhle, “Los derechos de las víctimas de 
desapariciones forzadas no tiene fecha ni caducidad” Justicia en las Américas, 
23 de julio de 2020.
36 CDF, Principio Rector, 7(1).
37 Dulitzky y Orizaga, ¿Dónde están?, 30. La Corte IDH no separa totalmente la 
obligación de investigar de la de búsqueda, esto deja en el vacío las facultades de cada órgano obligado a investigar. Ejemplos de casos donde la 
Corte IDH ha determinado que investigar es una obligación de medio son: 
Hermanos Landaeta Mejías y otros v. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 281, párr. 216 (27 de 9 se centra en preguntarse cuál es el momento en que cesa la obligación. Si 
esta solo cesa cuando se ha determinado la suerte o el paradero, entonces 
es de resultado. Por el contrario, si cesa cuando el Estado agote todas las 
posibilidades de búsqueda, con debida diligencia, es de medio38. Los Principios Rectores no dan la solución a la pregunta, pero sí arrojan 
luces sobre la forma en que debe actuar el Estado; explican que si existen 
pruebas fehacientes más allá de una duda razonable de la suerte o el paradero de la persona, es posible suspender la búsqueda si no hay posibilidad 
material de recuperarla. Esta decisión debe contar, en todo caso, con el 
consentimiento previo e informado de los allegados de la persona desaparecida39. Así, la aproximación del CDF en el Principio Rector 7 parece 
estar más cerca de la búsqueda como obligación de resultado y no de 
medio, en tanto deja claro que lo que puede hacer el Estado es suspender 
la búsqueda, no terminarla40. Un tercer tema es la naturaleza de la búsqueda como actividad judicial. 
Como se explicó anteriormente, el Sistema Interamericano ha derivado 
la obligación de búsqueda de los derechos a las garantías judiciales y a la 
protección judicial; así, la búsqueda es innata a la investigación penal. Por 
su parte, desde inicios de la década del 2000, el Comité Internacional de 38 agosto de 2014); Cruz Sánchez y otros v. Perú, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 292, párr. 351 (17 de abril 
de 2015); Poblete Vilches y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Corte IDH (ser. C) 349, párr. 185 (8 de marzo de 2018).
En el caso Prutina y otros del Comité de Derechos Humanos, Fabián Salvioli, en el voto particular (párr. 3), explica que el Estado tiene la obligación 
de esclarecer completamente dónde se encuentra la víctima desaparecida 
o sus restos mortales. Para una argumentación más detallada que “la 
búsqueda como una obligación de resultado”, véase: Fundación para la 
Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Trial, Aportación dirigida al 
Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en vista del 
estudio temático sobre normas y políticas públicas para la investigación eficaz de 
las desapariciones forzadas (2019), párr. 9-19.
39 CDF, Principio Rector, 7(4).
40 
En cualquier caso, deja dentro del abanico de posibilidades algunas opciones 
que tiene quien busca, para cuando de buena fe haya hecho todo lo posible 
por buscar a la persona víctima de desaparición. 10 Cruz Roja (CICR) ha sostenido que, en contextos donde la mayoría de las 
víctimas no puede acceder al sistema de justicia o el sistema no tiene la 
capacidad para procesar todos los casos, es posible utilizar mecanismos 
no judiciales para determinar la suerte o el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, el CICR ha aclarado que los 
mecanismos judiciales y los no judiciales pueden coexistir en un contexto 
determinado41. De allí que se hayan desarrollado iniciativas modernas 
denominadas ‘búsqueda humanitaria’, que son encargadas a instituciones 
distintas a los sistemas judiciales penales. Los Principios Rectores abordaron este asunto y dejaron claro que la búsqueda y la investigación penal son cuestiones distintas y separadas conceptualmente, sin ninguna jerarquía entre una y la otra42. Así, la búsqueda 
puede estar a cargo de los mismos órganos que desarrollan la investigación 
o puede estar asignada a un órgano extrajudicial especializado. Lo que 
el CDF exige es que la búsqueda se inicie y lleve a cabo “con la misma 
efectividad que la investigación criminal”43, es decir, que no exista una 
preferencia específica por un tipo de órgano para desarrollarla. El punto 
es, entonces, que el Estado la lleve a cabo de forma completa y exhaustiva. 
De hecho, este enfoque coincide con las órdenes dictadas por la Corte 
IDH respecto a la creación de organismos extrajudiciales de búsqueda en 
países como El Salvador44. 1.3 Marco nacional en El Salvador La guerra civil en El Salvador es considerada uno de los periodos más 
graves en la historia salvadoreña, debido al saldo de más de 7 000 personas 41 Comité Internacional de la Cruz Roja, Las personas desaparecidas: acción 
para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto 
armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares (Informe del CIRC: 
Las personas desaparecidas y sus familiares) (Comité Internacional de la Cruz 
Roja, 2003), párr. 85 y 89. 
42 CDF, Principio Rector, 13.
43 CDF, Principio Rector, 13(1).
44 Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Corte IDH (ser. C) 120, párr. 183-188 (1 de marzo de 2005). 11 desaparecidas que dejó45. Además, este país ha mantenido en el último 
quinquenio uno de los niveles más altos de atentados contra el derecho a 
la vida a nivel de regional y mundial, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas. El peor año fue el 2015, cuando alcanzó un índice de 103 
homicidios por cada 100 000 habitantes, y para 2019, la tasa de desapariciones fue 48 por cada 100 000 habitantes. Estos datos dan a tal situación 
un estatus de epidemia46. A la fecha, El Salvador no ha ratificado ni la Convención Interamericana 
ni la Convención Internacional47; no obstante, la desaparición forzada está 
tipificada como delito contra la humanidad en el Código Penal48. Además, los casos de desaparición forzada han sido examinados por la Corte 
Suprema de El Salvador a partir de 200249. Sin embargo, solo hasta 2012 
la Corte Suprema hizo una primera referencia a la búsqueda de manera 
directa50, y en casos posteriores la Corte ha ordenado, entre otras cosas, 47 46 45 Carlos Ramos, “Faltan políticas para la búsqueda de personas desaparecidas”, ContraPunto, 30 de agosto de 2019.
Instituto de Derechos Humanos de la UCA [IDHUCA], Informe de Derechos 
Humanos (San Salvador: IDHUCA, ALBOAN, 2019) 15.
El proceso de consultas para adherirse a la Convención Internacional 
comenzó en 2011, y no ha dado resultados hasta hoy. María Casado y Juan 
José López Ortega (coords.), Desapariciones forzadas de niños en Europa y 
Latinoamérica: del Convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015), 184-186.
48 Código Penal de El Salvador. Decreto n.° 1030, art. 364-365. 26 de abril 
de 1997. DO: 105, tomo 335 (El Salvador). Además, en 2019 se incluyó al 
Código Penal el delito de “desaparición de personas”, cuyo objeto es, principalmente, castigar la conducta de grupos delincuentes; dada la dimensión 
de esta práctica en la actualidad. Ver: Decreto 467 de 2019 [Asamblea 
Legislativa de la República de El Salvador]. Reforma al Código Penal, art. 
148-A. 21 de noviembre 2019. DO: 220, tomo 425 (El Salvador).
En la sentencia de 2002, la Corte Suprema de El Salvador reconoció, por 
primera vez, al Hábeas Corpus como el mecanismo idóneo para los casos 
de desaparición. Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 379-2000, párr. IV 3 (20 de marzo de 2002) (El Salvador).
La Corte Suprema dijo que las instituciones estatales deberían realizar “una 
efectiva investigación de campo y científica con el objetivo de establecer 
el paradero de personas desaparecidas”. Además, la Corte estableció 
que resulta necesario ordenar a la Fiscalía General de la República y a 49 50 12 que las autoridades realicen las indagaciones pertinentes para localizar a 
los desaparecidos51. En cuanto a otras instituciones que han desempeñado un papel importante 
en la búsqueda en El Salvador, hay que mencionar, en primer lugar, a la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)52. Aunque 
la PDDH no se dedica a la búsqueda de los desaparecidos directamente, 
esta tarea ha sido incluida en diferentes aspectos de su mandato durante 
varios años y este ente ha elaborado varios informes sobre desaparición 
forzada53. En segundo lugar, otro mecanismo cuya existencia tuvo importancia para los avances en la búsqueda de los desaparecidos es la Comisión 
de la Verdad54. Al final de su mandato, esta emitió un informe final con 
recomendaciones fundamentales para la promoción de la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado y sus familiares55. 52 la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos que 
informen sobre las acciones realizadas para ubicar las personas desaparecidas. Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 
203/204/205-2007, párr. VI B, C (27 de julio de 2012) (El Salvador).
51 Véase, por ejemplo: Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 323-2012, PÁRR. VIII 5 (10 de julio de 2015) (El Salvador); Corte 
Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 142/143/1442015, párr. VI 3 (1 de septiembre de 2017) (El Salvador); y Corte Suprema 
de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 119-2016, párr. VI 3 (6 
de diciembre de 2017) (El Salvador).
La iniciativa de crear un mecanismo de búsqueda vino también de parte 
de la PDDH. Fundación para el Debido Proceso (DPFL), La Comisión de 
Búsqueda y la tarea de reconstruir la verdad sobre las personas desaparecidas 
en El Salvador (DPFL, 2018).
53 Uno de esos informes sirvió como prueba para la fundamentación de la 
primera sentencia de Corte IDH contra el Estado de El Salvador, en el caso 
Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador (2005), párr. 16.
La Comisión de la Verdad fue creada en 1993 para investigar las violaciones 
de DD.HH. que ocurrieron durante el conflicto armado interno entre 1980 
y 1992, además, también se ocupó de casos de desaparición forzada. De 
hecho, más del 25 % de las denuncias que recibió la Comisión de la Verdad 
fueron sobre desapariciones forzadas. DPLF, La Comisión de Búsqueda.
55 De todas formas, el informe no se refirió a la búsqueda explícitamente. 
Comisión de la Verdad para El Salvador, Informe de la locura a la esperanza: 
la Guerra de 12 años en El Salvador (15 de marzo de 1993). 54 13 Décadas después, en respuesta a la misión del GTDFI a El Salvador56 y a 
la sentencia de la Corte IDH en el caso de Hermanas Serrano Cruz v. El 
Salvador57, el Estado creó el primer mecanismo con un mandato especial 
centrado en la búsqueda en el país: la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno 
(CNB)58. Además, más recientemente, en agosto de 2017, el Estado instaló 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en 
el contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA)59, 
cuyo mandato es determinar el paradero de las personas desaparecidas 
durante el conflicto armado interno60. Aunque El Salvador suele ser considerado como un país con muchas 
lagunas y retrasos en justicia transicional61, sería erróneo concluir que no 56 61 El GTDFI recomendó que se crease un plan nacional de búsqueda eficaz 
donde la participación de las familias y la sociedad civil sea real. Ver: GTDFI, 
Informe sobre la misión a El Salvador, doc. ONU A/HRC/7/2/Add.2, párr. 
54 y 92 (26 de octubre de 2007) UN Doc.
57 Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador (2005), párr. 183-188. Esta sentencia 
sirvió como base para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado.
58 Decreto ejecutivo n.° 5 [Presidencia de la República de El Salvador]. Creación 
de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos 
durante el Conflicto Armado Interno. 15 de enero de 2010. DO: 11, tomo 
386 (El Salvador).
59 Decreto ejecutivo n.° 33 [Presidencia de la República de El Salvador]. 
Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas 
desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado en El Salvador. 21 de 
agosto de 2017. DO: 416, tomo 153 (El Salvador). La CONABÚSQUEDA fue 
también creada a raíz de una recomendación del GTDFI (Informe sobre la 
misión a El Salvador) y de la incidencia de organizaciones y familiares; es 
presidida por el Procurador o la Procuradora de Derechos Humanos de 
PDDH. Decreto Ejecutivo n.° 5 (El Salvador), art. 5.
Su mandato se limita a los casos de desaparición cometidos por el Estado. 
Decreto Ejecutivo n.° 33 (El Salvador), art. 3.
Fabián Salvioli, “Preliminary Observations from the Official Visit to El 
Salvador by the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, 
Reparations and Guarantees of Non-Recurrence, Mr Fabián Salvioli 23 April 
to 3 May 2019” Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 3 de 
mayo de 2019. 60 14 se han adoptado medidas en relación con la búsqueda de las víctimas de 
desaparición forzada62. Igualmente, sería injusto no reconocer que una 
gran parte del mérito se le debe atribuir a las familias, las organizaciones 
de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la misma 
Corte IDH63. Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El 
Salvador ha promovido la evolución en la protección constitucional, tanto 
en materia de la libertad individual como sobre la importancia de que haya 
reconocimiento por parte de las instituciones estatales de su responsabilidad 
de determinar el paradero de los desaparecidos. En este sentido, la Sala 
Constitucional ha establecido que es necesario localizar a las personas 
desaparecidas para hacer cesar la violación a sus derechos constitucionales, y que las autoridades deberían mostrar un comportamiento activo 
e informar sobre las acciones realizadas para ubicar a las víctimas64. 1.4 Marco nacional en Colombia Colombia cuenta con un marco normativo e institucional robusto frente 
a la desaparición forzada como delito y frente a la búsqueda de quienes 
fueron desaparecidos. Este fenómeno apareció como delito por primera 62 Aparte de las comisiones nacionales de búsqueda, El Salvador creó un banco 
forense para la búsqueda de migrantes no localizados, incluyendo quienes 
son víctimas de desaparición forzada. El esfuerzo del Estado también se 
refleja en la creación de la Unidad Especializada para las Personas Desaparecidas de la Fiscalía. Además, el Protocolo de Acción Urgente —que 
fue creado en 2019— prevé la colaboración de varias instituciones en la 
búsqueda de personas que desaparecieron más recientemente, después 
del conflicto armado. Comité Internacional de la Cruz Roja, Estudio de 
compatibilidad, 21.
63 Véase, por ejemplo, Contreras y otros v. El Salvador, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Corte IDH (ser. C) 232 (31 de agosto de 2011); Masacres de El 
Mozote y lugares aledaños v. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Corte IDH (ser. C) 252 (25 de octubre de 2012); y Rochac Hernández y otros 
v. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 285 (14 de 
octubre de 2010).
64 Véase, entre otros: Sentencia HC 203/204/205-2007 (El Salvador), párr. VI 
C; Sentencia HC 142/143/144-2015 (El Salvador), párr. VI 3; Sentencia HC 
119-2016 (El Salvador), párr. VI 1. 15 vez a través de la Ley 589 de 200065. Del mismo modo, esta ley también 
estableció otras reglas; por ejemplo, planteó la obligación de tomar medidas 
de política pública, como el registro de personas capturadas y detenidas66. 
Igualmente, creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas67, 
el mecanismo de búsqueda urgente68 y el registro nacional de personas 
desaparecidas69. La creación de la ‘Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas’ 
es especialmente importante en este marco. Es una red de instituciones 
estatales —entre las que están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
de Defensa— que tiene como fin “apoyar y promover la investigación del 
delito de desaparición forzada, con pleno respeto de las competencias 
institucionales y de las facultades de los sujetos procesales” 70. Posteriormente, entre 2003 y 2012, se comenzaron a presentar avances 
en materia de desaparición forzada en Colombia, tanto en investigación, 
juzgamiento y sanción del delito como en la búsqueda de las víctimas71. 
Adicionalmente, dado el proceso de sometimiento a la justicia de los grupos 66 65 A pesar de la influencia de la Convención Interamericana, Colombia se 
apartó de la definición contenida allí y decidió que la desaparición forzada 
podía ser cometida por cualquier persona. Es decir, eliminó la calificación 
del sujeto activo a partir de su vínculo con el Estado. CDF, Observaciones 
finales; Ley 589 de 2000 [Congreso de la República]. Por medio de la cual 
se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado 
y la tortura; y se dictan otras disposiciones, art. 1. 6 de julio de 2000. DO: 
44073 (Colombia).
Ley 589 de 2000, [Congreso de la República]. Por medio de la cual se 
tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y 
la tortura; y se dictan otras disposiciones, art. 12. 6 de julio de 2000. DO: 
44073 (Colombia).
67 
Ibid. art. 8.
68 
Ibid. art. 13.
69 
Ibid. art. 9.
70 
Ibid. art. 8.
71 Centro Nacional de Memoria Histórica, Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, Tomo I (Bogotá: CNMH, 2014) 157-170. 16 paramilitares que actuaban en el país ocurrido entre 2003 y 2005, el Estado 
colombiano adoptó medidas complementarias para reforzar la búsqueda de 
personas desaparecidas. Por ejemplo, la Fiscalía creó el Grupo Interno de 
Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas 
(GRUBE) como una instancia adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías 
para la Justicia y la Paz72. En el año 2016, comenzó una nueva etapa en la búsqueda de personas 
víctimas de desaparición forzada en Colombia. A partir de la negociación y 
firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera entre el Estado y la guerrilla de las FARC, 
se tomaron medidas para cualificar la búsqueda. Concretamente, las partes acordaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBPD), un órgano estatal extrajudicial con enfoque 
humanitario encargado de buscar a quienes desaparecieron en el marco 
del conflicto armado colombiano73. Asimismo, el Acuerdo de Paz creó la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar, juzgar y 
sancionar los delitos cometidos durante el conflicto, incluyendo la desaparición forzada74. Finalmente, en el acuerdo se incluyó la creación de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), con el mandato de 72 Resolución 2889 de 2007 [Fiscalía General de la Nación] Por la cual se 
conforma una Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para 
la Justicia y la Paz, para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o de 
las personas muertas, en el marco de la Ley 975 de 2005. 23 de agosto de 
2007 (Colombia); Resolución 83 de 2017 [Fiscalía General de la Nación] Por 
medio de la cual se aprueba el Direccionamiento Estratégico 2016-2022 
para la Fiscalía General de la Nación. 24 de febrero de 2017 (Colombia).
73 Acto Legislativo 01 de 2017 [Congreso de la República] Por medio del cual 
se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la 
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y 
duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. DO: 50196 
(Colombia); Decreto 588 de 2017, [Congreso de la República]. Por el cual se 
organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la no Repetición. 5 de abril de 2017 (Colombia).
Acto Legislativo 01 de 2017 (Colombia); Congreso de la República; Ley 
1957 de 2019 [Congreso de la República] Estatutaria de la Administración 
de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. 6 de junio de 2019. DO: 
50976 (Colombia). 74 17 construir un relato colectivo de lo sucedido y contribuir a la convivencia y a 
la no repetición75. Si bien estas dos últimas instituciones no tienen funciones 
explícitas de búsqueda de personas, la primera ha iniciado macrocasos 
de investigación que incluyen las desapariciones forzadas como delitos a 
esclarecer y ha adoptado medidas cautelares para la protección de sitios 
de enterramiento76. Además, la CEV ha asumido como parte de su labor 
avanzar en el entendimiento de la desaparición forzada como uno de los 
delitos más graves cometidos durante el conflicto77. Así, luego de cincuenta años de historia en los que la desaparición forzada hizo —y sigue haciendo— parte del repertorio de violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el conflicto armado, Colombia cuenta 
con un marco normativo e institucional que se puede clasificar bajo la 
dualidad sistema ordinario/sistema transicional. Bajo el sistema ordinario 
se encuentran las instituciones y los marcos normativos para la búsqueda 
de víctimas de desaparición forzada no relacionadas con el conflicto o 
que ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. Por su lado, bajo el 
sistema transicional están las instituciones y los marcos normativos derivados de las medidas de justicia transicional y los acuerdos de paz, que 
están atados necesariamente a una lógica de esclarecimiento del conflicto 
armado interno que no es determinante en el sistema ordinario. De todas 
formas, este sistema dual no está exento de desafíos, dada la necesidad de 
coordinación interinstitucional intrínseca a modelos institucionales complejos. De forma similar a lo que ocurre en El Salvador, buena parte de los 
resultados hasta ahora logrados en Colombia, por lo menos en términos 
de diseño institucional, reconocimiento de derechos y avance concreto en 75 Acto Legislativo 01 de 2017 (Colombia); Decreto 588 de 2017 (Colombia).
76 
Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal Especial de Paz. Sección de 
Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad. Auto AT-001 de 2008 (M.S. Gustavo Salazar Arbeláez; 
14 de septiembre de 2018) (Colombia).
El segundo encuentro por la verdad realizado por la CEV fue denominado 
“Reconocemos su búsqueda” y giraba en torno al reconocimiento para las 
mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas en el marco del 
conflicto armado. 77 18 la búsqueda, son consecuencia del trabajo de organizaciones de víctimas, 
técnicas y de defensa de derechos humanos. 2. La participación en la búsqueda La participación de las víctimas es un aspecto esencial en la búsqueda de 
las personas desaparecidas78. El Principio Rector 5 explícitamente aborda 
la participación como un derecho de las víctimas; además, en un sentido 
similar se han pronunciado tanto el CDF79 como la Corte IDH80. Así, por 
lo menos desde la adopción de dicho documento, es clara la necesidad de 
tomar en cuenta los deseos y las prioridades de las víctimas que participan 
en la búsqueda, al igual que permitir el acceso a la información a lo largo 
de esta81. Sin embargo, si bien algunos aspectos respecto a la obligación del 
Estado de garantizar la participación en la búsqueda están mencionados 
en otras partes de los Principios Rectores82, todavía existen dudas sobre 
su contenido y alcance. Debido a lo abierto que es el estándar internacional, el alcance de la participación y los derechos que ella le asigna a las 
víctimas dentro del procedimiento generan varios debates y controversias. Por ejemplo, una cuestión compleja es definir quién puede ser considerado 
familiar o ser querido del desaparecido, con titularidad del derecho de 
buscar, ya que no existe una definición universal del término. Asimismo, 
dar contenido a la participación y, eventualmente, imponerle los límites 
no es una tarea fácil. Este proceso de interpretación puede dar lugar a 78 Ariel E. Dulitzky, “The Latin American Flavor of Enforced Disappearances” 
Chicago Journal of International Law 19, n.° 2 (2019).
79 CDF, Informe del noveno y décimo periodo.
80 Contreras y otros v. El Salvador, párr. 129; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña v. 
Bolivia, párr. 152.
Para más información sobre la importancia de la inclusión de las familias 
y las organizaciones civiles en la búsqueda, véase Christiane Schulz, The 
Search for Victims of Enforced Disappearance: How the human rights obligation 
to search can be successfully implemented (Berlín: German Human Rights 
Institute, 2017), 2.
82 CDF, Principios Rectores, 2, 3, 8, 9 y 14. 81 19 arbitrariedades. Así, de esta tensión se derivan preguntas desafiantes aún 
no resueltas normativamente, como: ¿quién tiene el derecho de decidir 
sobre las formas de participación y sus límites?, ¿quién puede decidir sobre 
las estrategias adoptadas en el curso de búsqueda?, ¿quién tiene el derecho 
de participar en ella? Respecto de esta última pregunta, si se toman como fundamento los 
Principios Rectores, la respuesta será que “las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como 
toda persona, asociación u organización con un interés legítimo” tienen 
el derecho de participar en la búsqueda83. Sin embargo, podría haber otra 
posible respuesta si se usa como referencia la definición que tiene de víctima la Convención Internacional, la cual es un poco más restrictiva que 
la contenida en los Principios Rectores84. Igualmente, una opción adicional 
es acudir a las conceptualizaciones desarrolladas en los sistemas de protección sobre la definición de víctima en todo su alcance, bien sea a partir 
de jurisprudencia internacional85 o de otros instrumentos pertinentes86. Otra cuestión que hay que resolver es la búsqueda realizada de forma activa 
por parte de las víctimas cuando el Estado no avanza, ya sea por falta de 
voluntad o de capacidad. Allí la discusión gira respecto del deber estatal 
de no obstaculizar o impedir el desarrollo de las actividades de búsqueda 
y de, más bien, adoptar las medidas necesarias para cumplir su obligación. 
Frente a este punto, la Corte IDH ha explicado —específicamente en el 
marco de la labor de defensa de derechos humanos— que los Estados deben 
abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de labores 83 CDF, Principio Rector, 5.
84 Convención Internacional, art. 24.
85 Véase, por ejemplo: “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala, Fondo, Corte IDH (ser. C) 63, párr. 120 (19 de noviembre de 1999); 
Bámaca Velásquez v. Guatemala, Fondo, Corte IDH (ser. C) 70, párr. 160 
(25 de noviembre de 2000).
86 Véase, por ejemplo: A. G. Res. 60/147, párr. 8, doc. ONU A/RES/60/147 
(21 de marzo de 2006). 20 en el marco de las acciones de búsqueda87. Sin embargo, existen ordenamientos internos que impiden realizar actuaciones, como exhumaciones, 
sin el concurso de las autoridades competentes88. Esta disparidad lleva 
directamente a un debate sobre el contenido del derecho a la participación 
y, además, profundiza la pregunta sobre qué es participar; ¿cuáles actuaciones puede llevar a cabo la víctima sin el concurso del Estado?, ¿frente 
a cuáles es legítimo que el Estado se reserve la facultad de ejecutarlas?, 
¿cuáles puede este realizar incluso sin el consentimiento, o luego de una 
negativa explícita, por parte de las víctimas? Finalmente, la respuesta a la pregunta sobre qué es participar debe, 
además, ponerse en contexto a partir de la naturaleza del órgano estatal 
dispuesto para realizar la búsqueda. Es decir, es necesario determinar si 
participar significa lo mismo en un escenario judicial que en uno extrajudicial. Si existe distinción, es necesario establecer cuáles son los derechos 
y las facultades inherentes a la participación dependiendo del escenario 
en el que se encuentran las víctimas y el marco normativo procesal que 
las cobija. Esto es especialmente importante respecto a dos asuntos: la 
dirección de la investigación, o la búsqueda en términos estratégicos, y el 
nivel de acceso a información que pueden o no tener las víctimas dentro 
del trámite. Estos debates son los que impulsan el presente artículo. Hasta la fecha, 
incluso teniendo en cuenta lo dispuesto en los Principios Rectores, el derecho internacional no ofrece respuestas claras a las preguntas que plantea 87 Eduardo Ferrer-MacGregor y Juan Jesús Góngora Maas, “Desaparición 
forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: estándares 
e impacto en grupos vulnerables”, en Desaparición forzada en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Balance, impactos y desafíos, editado por 
Juana María Ibañez, Rogelio Flores y Jorge Padilla (Querétaro: Instituto 
de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro e IIDH, 2020), 81; 
García y familiares v. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte 
IDH (ser. C) 258, párr. 179 (29 de noviembre de 2012).
88 Véase, por ejemplo, el caso colombiano: Ley 906 de 2004 [Congreso de la 
República], Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal (corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004), art. 217. 31 de agosto 
de 2004. DO: 45658 (Colombia). 21 la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda. Más bien, es 
la práctica estatal la que parece poder dar luces para construir estándares 
más claros, identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas y, en general, fortalecer las normas que protegen a las víctimas en el marco de la 
búsqueda de sus seres queridos. Con el fin de aclarar los retos sobre este 
asunto en los dos países analizados, a continuación presentamos la forma 
en que los mecanismos de búsqueda en El Salvador y Colombia abordan 
la definición de participación y quién puede ejercerla. 2.1 El Salvador La Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños no tiene una obligación expresa 
de garantizar el derecho a la participación en los procesos de búsqueda 
de desaparecidos89. En contraste, CONABÚSQUEDA sí tiene la obligación 
de garantizar a las familias la actuación en todos los procedimientos de la 
búsqueda y permitir el acceso a la información90. Además, la participación 
e inclusión de los familiares debe ser garantizada “de una manera libre 
e informada, respetando los ritmos y tiempos necesarios en la toma de 
decisiones más importantes que les afecten”91. Aunque esta obligación de CONABÚSQUEDA merece una valoración 
positiva, es necesario hacer algunas aclaraciones. Los retos de CONABÚSQUEDA para garantizar la participación efectiva están exacerbados debido 
a dos razones. Primero, los derechos de los familiares de los desaparecidos 
no están contemplados en ninguna ley a nivel nacional en El Salvador y, 
segundo, la legislación nacional no tiene una definición universal de “familiar de persona desaparecida”. Según el Código de Familia, el parentesco 
puede ser definido como “la relación de familia que existe entre dos o 
más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción” 89 La única obligación relativa a participación que tiene ese mecanismo es la 
de “promover...la participación de organizaciones privadas, nacionales e 
internacionales”. Decreto ejecutivo n.° 5 (El Salvador), art. 3(f).
90 Decreto ejecutivo n.° 33 (El Salvador), art. 25.
91 CONABÚSQUEDA, “Plan Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto de Conflicto Armado en El Salvador” (2019), 25. 22 (art. 127)92; por ahora no está claro si CONABÚSQUEDA utiliza o no esta 
definición. Una mejor solución sería seguir la jurisprudencia de la Corte 
IDH, que ha indicado que el concepto de familia debería delimitarse en 
conformidad con la realidad propia que se formula en los estrados internacionales, y que el grado de filiación o consanguinidad no es un prerrequisito 
para considerar a alguien como víctima93. En este sentido, la Corte IDH 
ha ampliado la noción tradicional de familia94. Igualmente, en cuanto a la 
pregunta ¿qué significa participar?, la Corte ha enfatizado la importancia 
de la comunicación con las familias, cuya participación, conocimiento y 
presencia se debería procurar en el marco de acción de la búsqueda95. Debido a la falta de medidas adoptadas por parte del Estado salvadoreño, 
las asociaciones de familias y las organizaciones de la sociedad civil han 
jugado un gran papel en la realización del derecho a la participación en 
la búsqueda. En espacios extrajudiciales, estas han intentado comunicar 
regularmente sobre la situación, los obstáculos y los avances a las familias 
y otras personas involucradas en los procesos de búsqueda. Además, las 
medidas de participación han incluido concientización sobre los derechos 
que tienen las víctimas en la búsqueda de los desaparecidos, así como 
también apoyo financiero y psicológico y representación de los familiares 
en espacios judiciales. 92 94 En materia penal, el art. 105 del Código Procesal Penal define quien puede 
ser considerado como víctima. Código Procesal Penal De El Salvador. 
Decreto n.° 773. 22 de octubre 2008. DO: 20, tomo 382.
93 Véase, por ejemplo: “Masacre de Mapiripán” v. Colombia, Corte IDH (ser. C) 
134, párr. 146 (15 de septiembre de 2005); Bámaca Velásquez v. Guatemala, 
párr. 160-163; “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala, 
párr. 174-176.
Para más información sobre cómo la Corte IDH interpreta la noción de 
la víctima, véase: Carlos Mauricio López Cárdenas, Las desapariciones 
forzadas de personas y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Fundación-Berg Institute y Europäische Akademie Otzenhausen, 2018).
95 Véase, por ejemplo: Vásquez Durand y otros v. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 332, párr. 210 
(15 de febrero de 2017); Contreras y otros v. El Salvador, párr. 191; Rodríguez 
Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) v. Colombia, párr. 564. 23 2.2 Colombia Para entender qué significa participar en los procesos de búsqueda en 
Colombia es necesario dividir la participación en las siguientes etapas: (i) 
facultad para iniciar la búsqueda; (ii) participación en el proceso de toma 
de decisiones referentes a la búsqueda y (iii) participación en el cierre de 
la búsqueda96. La facultad de iniciar el proceso de búsqueda o exigir su inicio no está 
reservada a un grupo o una categoría de personas específica. En el sistema ordinario colombiano, tanto la solicitud de iniciar el mecanismo de 
búsqueda urgente97 como la denuncia penal98 pueden ser presentadas por 
cualquier persona. Es deber de todo servidor público denunciar una desaparición forzada99, y la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación 
de investigar los hechos de oficio, independientemente del medio por el 
cual se conoció la posible desaparición100. De acuerdo con esto, la participación de las víctimas se entiende desde dos dimensiones: por un lado, 
la facultad de presentar denuncias y activar los mecanismos de búsqueda, 
especialmente el de búsqueda urgente; y por el otro, el derecho a que la 
búsqueda inicie, bien sea por la solicitud que ellas mismas inicien o de 
oficio por parte del Estado. La cuestión es distinta en el proceso de toma de decisiones durante la 
búsqueda. En el mecanismo de búsqueda urgente, el derecho a la participación implica conocer las diligencias realizadas, solicitar informes 97 96 Hay que aclarar que esto aplica para procesos institucionales que tienen 
el fin de reconocer la existencia y prevalencia de la búsqueda de personas 
por parte de sus familiares y seres queridos, casi siempre sin intervención 
del Estado o incluso a pesar de ella. Así, en este apartado solo se discutirá 
la participación en procesos bajo la dirección del Estado.
Ley 971 de 2005 [Congreso de la República]. Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones, 
art. 3. 15 de julio de 2005. DO: 45970 (Colombia).
Ley 906 de 2004 (Colombia), art. 67.
Ley 599 de 2000 [Congreso de la República]. Por la cual se expide el Código 
Penal, art. 417. 24 de julio de 2000. DO: 44097 (Colombia).
100 Ley 906 de 2004 (Colombia), art. 66. 98 
99 24 sobre la investigación y —“siempre y cuando no obstaculice el desarrollo 
de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido”101— participar en las 
diligencias102. No obstante, para esto último, quien participa requiere la 
autorización del funcionario judicial que realiza la diligencia y, por lo tanto, 
“dependerá de la valoración de los hechos que efectúe el funcionario, 
valoración que deberá ser sustentada”103. Con respecto al pregunta de 
quién puede participar, la ley entiende que el peticionario (quien solicitó 
la activación del mecanismo), los familiares de la persona presuntamente 
desaparecida104, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la 
República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
pueden participar en el proceso de búsqueda105. En el proceso penal106 y en la búsqueda a través del sistema de justicia 
ordinario, una víctima es cualquier persona que “individual o colectivamente haya sufrido algún daño como consecuencia”107 de un delito. Quienes ostenten esa calidad tienen derecho “de ser informadas y escuchadas 
en relación con la suerte de las investigaciones […]; de solicitar medidas 
orientadas a su protección […]; de ejercer facultades probatorias; de ser 
escuchadas respecto de los términos de la acusación y de participar en la 101 Ley 971 de 2005 (Colombia), art. 15.
102 Ley 971 de 2005 (Colombia), art. 15.
103 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-473 de 2005 (M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa; 10 de mayo de 2005).
104 Según la Corte Constitucional, se entiende como familiar a aquella persona que esté vinculada con la presunta víctima “por matrimonio o unión 
permanente, o por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o primero civil”. Ibid. párr. 45.
105 Vale la pena aclarar que las comisiones del Congreso solo pueden solicitar 
informes sobre las investigaciones, mientras que un representante de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas puede participar en las diligencias y solicitar informes. Ley 971 de 2005 (Colombia), 
art. 15.
106 Es importante tener en cuenta que Colombia tiene dos sistemas procesales 
penales que operan de forma paralela: el de la Ley 600 de 2000 que —con 
algunos matices— aplica para los delitos cometidos antes de la entrada de 
vigencia de la Ley 906 de 2004 y el actual, regido por la Ley 906 de 2004. 
Aquí solo haremos referencia al procedimiento actual.
107 Ley 906 de 2004 (Colombia), art. 132. 25 audiencia de juicio oral”108. Así, la participación se entiende en términos 
de facultades procesales y de deberes de otras partes dentro de la actuación penal, específicamente la Fiscalía General de la Nación y la Policía 
Judicial. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, que cuenta con un papel de coordinación, tiene dentro 
de sus integrantes a un representante de la Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y a un representante de las organizaciones de derechos humanos109. Finalmente, las víctimas tienen asiento en el Consejo Asesor de la UBPD110 
y, de forma general, es deber de la unidad “garantizar la participación de 
los familiares de las personas dadas por desaparecidas […] en los procesos 
de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
de cuerpos esqueletizados”111. Esto incluye participar en el diseño del 
plan nacional de búsqueda112 y de los planes de búsqueda regionales113, al 
igual que en la creación de protocolos para la entrega digna de cuerpos 
esqueletizados de personas dadas por desaparecidas114. De esta manera, 
el carácter humanitario de la búsqueda, en oposición al enfoque sobre el 
delito que tiene la búsqueda judicial, implica que el foco de atención está 
en la persona desaparecida y quienes la buscan, no en el esclarecimiento 
del delito115. 108 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-031 de 2018 (M.P. Diana 
Fajardo Rivera; 2 de mayo de 2018).
109 Ley 589 de 2000 (Colombia), art. 8.
110 Un representante de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, dos 
delegados de organizaciones de víctimas de desaparición forzada (elegidos 
por ellas mismas), dos delegados de organizaciones de víctimas de secuestro 
(elegidos por ellas mismas) y un delegado de organizaciones civiles con 
especialidad técnico forense (elegido por ellas mismas). Decreto 588 de 
2017 (Colombia), art. 21.
111 Decreto 589 de 2017, (Colombia), art. 5.4.
112 Decreto 589 de 2017, (Colombia), art. 5.2.
113 Decreto 589 de 2017, (Colombia), art. 23.
114 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-067 de 2018 (M.S. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez; 20 de junio de 2018).
115 Ibid. Post scríptum: es importante tener en cuenta que el presente texto y la 
investigación que lo sustenta fueron realizados en una etapa muy temprana 26 3. Conclusiones Los Principios Rectores no solo llenan un vacío en la interpretación de la 
obligación de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. 
Además, representan una buena base para futuros desarrollos en la garantía 
del derecho a la participación en la búsqueda y para conseguir su mayor 
eficiencia. Sin embargo, los Principios dejan asuntos sin clarificar, lo cual 
hace que su propia aplicación se enfrente con varios obstáculos y dificultades. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la búsqueda para las 
personas que desean participar, especialmente para los familiares de la 
víctima desaparecida, es crucial que las obligaciones y los derechos previstos en dichos Principios Rectores se desarrollen por medio de marcos 
normativos, protocolos, jurisprudencia y otros mecanismos derivados de 
sistemas de protección de derechos humanos internacionales, así como a 
través de buenas prácticas. En este sentido, uno de los primeros pasos que se deberían tomar a nivel 
internacional es clarificar el término participación en la búsqueda, para 
saber qué engloba. Asimismo, sería importante enfatizar que todas las 
personas mencionadas en el Principio Rector 5 son destinatarias de este 
derecho, para poner todos los marcos nacionales a conformidad con esta 
definición. Una manera de rechazar cualquier argumento que alegue que 
dicha participación trae un compromiso adicional para los Estados es 
entender la participación como un elemento esencial del derecho a buscar, implícita en la búsqueda misma. Esta conclusión es simplemente una 
consecuencia del derecho a la verdad. En los dos países analizados en este artículo se observan importantes 
diferencias en la evolución de las normas, los mecanismos y las sentencias 
relativas a la búsqueda y la participación. Esto tiene mucho que ver con los 
contextos en los cuales las desapariciones forzadas han ocurrido, con la 
voluntad política de los gobiernos y con los recursos que tiene cada país. de la implementación de la UBPD y su marco de acción, por lo que no los 
describe de forma detallada. 27 En El Salvador, por ejemplo, a pesar de las evoluciones del derecho interno 
y de la implementación de instrumentos de protección de víctimas de 
desaparición forzada, el Estado debe abrir caminos para el cumplimiento 
de sus obligaciones de búsqueda, tanto para los casos del conflicto como 
para los de violencia actual. Un paso concreto para hacerlo es iniciar un 
proceso sistemático de adopción de estándares en la obligación de investigar, buscar y garantizar la participación de las víctimas que demuestre 
tal apertura y voluntad. Colombia, por su parte, cuenta con un marco institucional y normativo 
robusto en materia de búsqueda y protección de personas víctimas de 
desaparición forzada y sus familiares, al igual que cuenta con definiciones 
amplias sobre quién puede participar en la búsqueda. No obstante, esto 
no se ha traducido ni en la desaparición de este crimen como forma de 
violencia ni en resultados concretos, sistemáticos y a gran escala de búsqueda efectiva. La creación de la UBPD y su puesta en funcionamiento 
es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pues presenta un abordaje 
novedoso en términos del carácter humanitario de la búsqueda y de la 
aproximación a las víctimas y quienes las buscan, con una perspectiva 
holística de derechos humanos. El estudio de ambos casos confronta dos realidades institucionales muy 
distintas, pero con un resultado final similar: las víctimas y sus seres 
queridos siguen requiriendo que los Estados conduzcan las búsquedas 
de conformidad con estándares de derechos humanos. Las preguntas 
sobre qué es participar y quién puede hacerlo siguen teniendo respuestas 
distintas dependiendo del Estado. Por ejemplo, la definición colombiana 
sobre quién puede participar es mucho más amplia que la de El Salvador. 
El problema es que a pesar de las diferencias, el resultado parece no variar 
mucho; esto genera dudas respecto a la perspectiva, eminentemente legal, 
mediante la cual se aborda el asunto actualmente. Los Principios Rectores pueden servir como criterio de unificación en estos sentidos, pero sin 
voluntad política clara y resultados institucionales la discusión no pasará 
de ser jurídica. Varias de las preguntas y/o debates tratados pueden resolverse desde la 
participación de las víctimas o, más concretamente, poniéndolas en el 28 centro de la búsqueda. Por ejemplo, sobre el asunto de cuánto debe durar 
la investigación, es de vital importancia que el Estado agote la debida 
diligencia, pero, a la vez, debe preguntársele a los familiares/víctimas 
hasta qué punto consideran que pueden y quieren soportar la carga de 
esperar las acciones que el Estado deba realizar. Si bien es muy importante 
la discusión a nivel teórico, también debe considerarse en cada caso la 
condición de la víctima y, en consecuencia, responder las preguntas con 
la inclusión de la práctica que las mismas personas y la sociedad civil han 
ido aportando. En ese sentido, es importante señalar que la investigación y la búsqueda 
deben ir relacionadas; si bien en un sentido se buscan responsables, el 
criterio de que las víctimas estén al centro debe resultar en que la investigación penal paralelamente arroje elementos para clarificar aspectos 
sobre el paradero o el destino de las personas desaparecidas. Cabe señalar, por último, que la intención de mejorar la situación en los 
temas abordados debió nacer del Estado desde hace décadas —como un 
gesto de reconocimiento de la gravedad de los hechos hacia la sociedad— 
y no luego de que sentencias u organismos le conminen a realizar una u 
otra medida. Esto habla de la poca voluntad en el pasado y en la actualidad 
que existe para la búsqueda y la participación. Bibliografía Ambos, Kai (coord.), Ezequiel Malarino, Pablo Rodrigo Alflen da Silva, 
José Luis Guzmán Dalbora, Claudia López Díaz, Iván Meini, Pablo Galain 
Palermo, Juan Luis Modolell González y María Laura Böhn. Desaparición 
forzada de personas. Análisis comparado e internacional. Bogotá: GTZ, Editorial Temis, 2009. Baranowska Grazyna. “Advances and progress in the obligation to return 
the remains of missing and forcibly disappeared persons”. International 
Review of the Red Cross 99, n.° 2 (2017): 709-733. https://doi.org/g3q9 29 Casado, María y Juan José López Ortega (coords.). Desapariciones forzadas 
de niños en Europa y Latinoamérica: del Convenio de la ONU a las búsquedas 
a través del ADN. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015. Castilla Juárez, Karlos. Desaparición forzada. Mecanismos y estándares internacionales. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2018. Centro Nacional de Memoria Histórica. Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, Tomo I. Bogotá: CNMH, 2014. Citroni, Gabriella. Missing Persons and the Victims of Enforced Disappearance in 
Europe (Issue paper). Francia: Council of Europe: Commissioner for Human 
Rights, 2016. Comité Internacional de la Cruz Roja. Estudio de compatibilidad entre el 
marco jurídico de la República de El Salvador y el marco jurídico internacional 
sobre personas desaparecidas y la protección de sus derechos y de los derechos 
de sus familiares. San Salvador: Comité Internacional de la Cruz Roja, 2019. Comité Internacional de la Cruz Roja. Las personas desaparecidas: acción 
para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto 
armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares (Informe del CIRC: 
las personas desaparecidas y sus familiares). Comité Internacional de la Cruz 
Roja, 2003. Comisión de la Verdad para El Salvador. Informe de la locura a la esperanza: 
la Guerra de 12 años en El Salvador. San Salvador, Nueva York: Naciones 
Unidas, 1993. http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/
elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.html Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia 
de Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 6: desaparición forzada. San 
José: Corte IDH, 2020. Dulitzky, Ariel E. “The Latin-American Flavor of Enforced Disappearances” 
Chicago Journal of International Law 19, n.° 2 (2019): 423-489. 30 Dulitzky, Ariel e Isabel Anayanssi Orizaga. ¿Dónde están? Estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente. Londres: 
International Bar Association’s Human Rights Institute, 2019. Ferrer-MacGregor, Eduardo y Juan Jesús Góngora Maas. “Desaparición 
forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: estándares 
e impacto en grupos vulnerables”. En Desaparición forzada en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Balance, impactos y desafíos, editado 
por Juana María Ibañez, Rogelio Flores y Jorge Padilla, 43-90. Querétaro: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro e IIDH, 2020. Fundación para el Debido Proceso [DPLF]. La Comisión de Búsqueda y la 
tarea de reconstruir la verdad sobre las personas desaparecidas en El Salvador. 
DPLF, 2018. http://www.dplf.org/sites/default/files/la_comision_de_busqueda_y_la_tarea_de_reconstruir_la_verdad.pdf Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Trial. 
Aportación dirigida al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o 
involuntarias en vista del estudio temático sobre normas y políticas públicas para 
la investigación eficaz de las desapariciones forzadas. 2019. Galvis Patiño, María Clara y Néstor Oswaldo Arias Ávila. “Los Principios 
Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: origen y contenido”. 
Ideas Verdes, n.° 19 (2019):1-31. Galvis Patiño, María Clara y Rainer Huhle. “Los derechos de las víctimas 
de desapariciones forzadas no tiene fecha ni caducidad”. Justicia en las 
Américas, 23 de julio de 2020, https://dplfblog.com/2020/07/23/los-derechos-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas-no-tienen-fecha-de-caducidad/ Ibáñez Rivas, Juana María, Rogelio Flores y Jorge Padilla (coords.). Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Balance, 
impacto y desafíos. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del 
Estado de Querétaro e IIDH, 2020. 31 Instituto de Derechos Humanos de la UCA [IDHUCA]. Informe de Derechos 
Humanos. San Salvador: IDHUCA, ALBOAN, 2019. https://www.uca.edu.
sv/idhuca/wp-content/uploads/INFORME-DE-DERECHOS-HUMANOS-2019-VF-Completo.pdf Jaramillo, Krishna. “7 de los 10 países con más desapariciones forzadas son 
latinoamericanos”. LatinAmerican Post, 11 de septiembre de 2018. https://
latinamericanpost.com/es/23184-7-de-los-10-paises-con-mas-desapariciones-forzadas-son-latinoamericanos%3E%20consultado%204%20de%20
septiembre%202020 López Cárdenas, Carlos Mauricio. Las desapariciones forzadas de personas 
y su evolución en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, Fundación Berg Institute y Europäische 
Akademie Otzenhausen, 2018. Murray, Alex. “Enforced Disappearance and Relatives’ Rights before the 
Inter-American and European Court of Human Rights”. International Human 
Rights Law Review 2, n.° 1 (2013):57-81. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos [ACNUDH]. Desapariciones forzadas o involuntarias (folleto informativo n.° 6/rev. 3). Ginebra: Naciones Unidas, 2009. Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito [UNODC]. 
Protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas 
en El Salvador. El Salvador: UNODC, Gobierno de Canadá, 2019. “Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las 
víctimas”. VerdadAbierta, 5 de marzo de 2018. https://verdadabierta.com/
encontrar-los-desaparecidos-necesaria-la-participacion-las-victimas/ Ramos, Carlos. “Faltan políticas para la búsqueda de personas desaparecidas”. ContraPunto. 30 de agosto de 2019. https://www.contrapunto.com.
sv/faltan-politicas-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas/ 32 Salvioli, Fabián. “Preliminary Observations from the Official Visit to El 
Salvador by the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, 
Reparations and Guarantees of Non-Recurrence, Mr Fabián Salvioli 23 
April to 3 May 2019” Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 3 de mayo de 2019. Schulz, Christiane. The Search for Victims of Enforced Disappearance: How 
the human rights obligation to search can be successfully implemented. Berlín: 
German Human Rights Institute, 2017. Rodríguez Mendoza, Milagro Noemí y Ana Flor Tobías Cruz. “Papel de la 
‘Comisión Interinstitucional de búsqueda de niños y niñas desaparecidos 
a consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador’ en el cumplimiento 
de la sentencia de fondo y reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Tesis en Licenciatura de Ciencias Jurídicas, 
Universidad de El Salvador, 2013. Normas internacionales y documentos  
de la Organización de las Naciones Unidas A. G. Res. 33/173, Personas desaparecidas, doc. ONU A/RES/33/173 (22 
de diciembre de 1978). A.G. Res. 47/133, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas doc. ONU A/RES/47/133 (18 de 
diciembre de 1992). A. G. Res. 60/147, doc. ONU A/RES/60/147 (21 de marzo de 2006). Comisión de Derechos Humanos, Res. 20 XXXVI, doc. ONU E/CN.4/
RS/1980/20 (29 de febrero de 1980). Comité contra la Desaparición Forzada [CDF], Informe del noveno periodo 
de sesiones (7 a 18 septiembre de 2015) y décimo periodo de sesiones (7 
a 18 de marzo de 2016), doc. ONU A/71/560. 33 Comité contra la Desaparición Forzada [CDF], Observaciones finales sobre 
el informe presentado por Colombia, doc. ONU CED/C/COL/CO/1 (12 
de octubre de 2016). Comité contra la Desaparición Forzada [CDF], Principios Rectores para 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas, doc. ONU CED/C/7 (8 de mayo 
de 2019). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(aprobada 9 de junio de 1994, entró en vigor 28 de marzo de 1996) OEA 
Serie de Tratados n.° 68, 33 ILM 1429 (1994). Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, 20 diciembre 2006 (aprobada 20 de diciembre 
de 2006, entró en vigor 23 de diciembre de 2010) 2716 U.N.T.S. 3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado 17 de julio 
de 1998, entró en vigor 1 de junio de 2002) 2187 U.N.T.S. 3. Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre el derecho a la verdad en 
relación con las desapariciones forzadas, doc. ONU A/HRC/16/48, párr. 
39 (26 de enero de 2011). Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias, Informe sobre el seguimiento de la misión a El Salvador y 
Marruecos, doc. ONU A/HRC/22/45/Add.3 (1 de marzo de 2013). Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Informe sobre la misión a El Salvador, doc. ONU 
A/HRC/7/2/Add.2 (26 de octubre de 2007). Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (aprobado 8 de junio de 1977, entró en vigor 7 de diciembre de 
1979) 1125 U.N.T.S. 3. 34 Normas nacionales a) El Salvador Código Penal de El Salvador. Decreto n.° 1030. 26 de abril de 1997. DO: 
105, tomo 335. Código Procesal Penal De El Salvador. Decreto n.° 773. 22 de octubre 
2008. DO: 20, tomo 382. CONABÚSQUEDA. “Plan Nacional de Búsqueda de Personas Adultas 
Desaparecidas en el Contexto de Conflicto Armado en El Salvador”. 2019. Decreto 467 de 2019 [Asamblea Legislativa de la República de El Salvador]. Reforma al Código Penal. 21 de noviembre 2019. DO: 220, tomo 425. Decreto ejecutivo n.° 5 [Presidencia de la República de El Salvador]. 
Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. 15 de enero de 2010. DO: 
11, tomo 386. Decreto ejecutivo n.° 33 [Presidencia de la República de El Salvador]. 
Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas 
desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado en El Salvador. 21 de 
agosto de 2017. DO: 416, tomo 153. a) Colombia Acto Legislativo 01 de 2017 [Congreso de la República] . Por medio del 
cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para 
la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable 
y duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. DO: 50196. Decreto 588 de 2017 [Congreso de la República]. Por el cual se organiza 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 
Repetición. 5 de abril de 2017. 35 Ley 589 de 2000 [Congreso de la República]. Por medio de la cual se 
tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y 
la tortura; y se dictan otras disposiciones. 6 de julio de 2000. DO: 44073. Ley 599 de 2000. [Congreso de la República]. Por la cual se expide el 
Código Penal. 24 de julio de 2000. DO: 44097. Ley 906 de 2004 [Congreso de la República]. Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal (corregida de conformidad con el Decreto 2770 
de 2004). 31 de agosto de 2004. DO: 45658. Ley 971 de 2005 [Congreso de la República]. Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones. 
15 de julio de 2005. DO: 45970. Ley 1957 de 2019 [Congreso de la República]. Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. 6 de junio de 
2019. DO: 50976. Resolución 2889 de 2007 [Fiscalía General de la Nación]. Por la cual se 
conforma una Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para 
la Justicia y la Paz, para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o 
de las personas muertas, en el marco de la Ley 975 de 2005. 23 de agosto 
de 2007. Resolución 83 de 2017 [Fiscalía General de la Nación]. Por medio de la 
cual se aprueba el Direccionamiento Estratégico 2016-2022 para la Fiscalía 
General de la Nación. 24 de febrero de 2017. Jurisprudencia internacional 19 Comerciantes v. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 109 (5 de julio de 2004). Bámaca Velásquez v. Guatemala, Fondo, Corte IDH (ser. C) 70 (25 de 
noviembre de 2000). 36 Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 299 (1 de septiembre 
de 2015). Cruz Sánchez y otros v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 292 (17 de abril de 2015). Contreras y otros v. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 232 (31 de agosto de 2011). Goiburú y otros v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 153 (22 de septiembre de 2006). García y familiares v. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte 
IDH (ser. C) 258 (29 de noviembre de 2012). Hermanos Landaeta Mejías y otros v. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 281 (27 de agosto 
de 2014). Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 118 (23 de noviembre de 2004). Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Corte IDH (ser. C) 120 (1 de marzo de 2005). Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña v. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Corte IDH (ser. C) 217 (1 de septiembre de 2010). Masacres de El Mozote y lugares aledaños v. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 252 (25 de octubre de 2012). “Masacre de Mapiripán” v. Colombia, Corte IDH (ser. C) 134 (15 de septiembre de 2005). “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala, Fondo, Corte 
IDH (ser. C) 63 (19 de noviembre de 1999). 37 Osorio Rivera y familiares v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 274 (26 de noviembre de 2013). Poblete Vilches y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH 
(ser. C) 349 (8 de marzo de 2018). Radilla Pacheco v. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Corte IDH (ser. C) 209 (23 de noviembre de 2009). Rochac Hernández y otros v. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Corte IDH (ser. C) 285 (14 de octubre de 2010). Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) v. Colombia, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. 
C) 287 (14 de noviembre de 2014). Ticona Estrada y otros v. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte 
IDH (ser. C) 191 (27 de noviembre de 2008). Vásquez Durand y otros v. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 332 (15 de febrero de 2017). Jurisprudencia nacional a) El Salvador Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 379-2000 
(20 de marzo de 2002). Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 
203/204/205-2007 (27 de julio de 2012). Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 323-2012 
(10 de julio de 2015). Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 142/143/1442015 (1 de septiembre de 2017). 38 Corte Suprema de El Salvador. Sala Constitucional. Sentencia HC 119-2016 
(6 de diciembre de 2017). b) Colombia Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-473 de 2005 (M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa; 10 de mayo de 2005). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-031 de 2018 (M.P. Diana 
Fajardo Rivera; 2 de mayo de 2018). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-067 de 2018 (M.S. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez; 20 de junio de 2018). Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal Especial de Paz. Sección de 
Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad. Auto AT-001 de 2008 (M.S. Gustavo Salazar Arbeláez; 
14 de septiembre de 2018). 39 Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia
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Corrector: Andrés Felipe Hernández 
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