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Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
EN COLOMBIA EN 2015: 
CONTINUIDAD Y ENCUBRIMIENTO OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO
COORDINACIÓN COLOMBIA - EUROPA - ESTADOS UNIDOS Documentos temáticos n.º 9 1 Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia en 2015:
Continuidad y encubrimiento
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos Bogotá, D.C., Agosto de 2016 ISSN: 1900-0235 © COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS Foto de portada: Movilización de Víctimas de Crímenes de Estado El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Coordinación Colombia – Europa – 
Estados Unidos (CCEEU) y en modo alguno puede considerarse que refleja la posición de las agencias 
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Bogotá, Colombia 2 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Índice Introducción
Las ejecuciones extrajudiciales: Luces y sombras en el avance hacia el posconflicto 5 1. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciaLes durante eL año 2015 1.1. Distribución geográfica de los casos .......................................................... 
1.2. 
Edad y sexo de las víctimas ....................................................................... 
1.3 
Perfil u organización de las víctimas .......................................................... 2. responsabiLidad institucionaL por Las ejecuciones
extrajudiciaLes durane eL año 2015 2.1. 2.2. La responsabilidad del Ejército Nacional ................................................... 
2.1.1. Divisiones militares implicadas ....................................................... 
2.1.2. Brigadas militares comprometidas .................................................. 
2.1.3. Batallones comprometidos en los casos de ejecuciones
extrajudiciales durante 2015 .......................................................... 
La responsabilidad de la Policía Nacional ................................................. 
2.2.1. Casos más preocupantes ................................................................ 3. modaLidades o pautas de comisión de estas ejecuciones 3.1. Ejecuciones en el contexto del conflicto armado y ejecuciones no
directamente relacionadas con el conflicto armado ................................... 
3.2. Continuidad de los falsos positivos ............................................................ 
3.3. 
Los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que importan .............. 
3.4. 
Supuesto error militar ............................................................................... 
3.5. Muertes bajo custodia o en estaciones de Policía ....................................... 
3.6. Muertes por supuesto ahorcamiento.......................................................... 9
10
11 14
14
16 17
17
18 21
22
26
29
31
32 3          Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 3.7. Muertes pretextando problemas de salud .................................................. 
3.8. Muertes por golpizas ................................................................................. 
3.9. Homicidios en retenes o puestos de control militar o policial ..................... 
3.10. Homicidios en acciones de protesta social ................................................. 
3.11. Muertes por protestas surgidas o reacciones espontáneas a procedimientos
policiales arbitrarios o excesivos ................................................................ 
3.12. Homicidios con uso de armas diferentes a las oficiales .............................. 
3.13. Homicidios selectivos sin motivación conocida o publicitada .................... 
3.14. Homicidio fuera de combate ..................................................................... concLusiones y recomendaciones ......................................................... anexo: reLación de víctimas de ejecuciones extrajudiciaLes de 
responsabiLidad de La fuerza púbLica durante eL año 2015 .......................... 34
35
35
37 38
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41 45 51 4  Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos INTRODUCCIÓN LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: LUCES Y SOMBRAS EN EL AVANCE HACIA
EL POSCONFLICTO A finales del año 2015, el país conoció que tras cumplirse tres años desde su inicio, 
el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional había conllevado un significativo ahorro de vidas, pues había prevenido la muerte de por los menos 1.500 personas a causa del conflicto armado. Comparando el periodo 2012-2015 con el período de 
implementación de la Política de Seguridad Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no 
sólo habrían muerto 1.572 combatientes menos, tanto de las Fuerzas Armadas como de 
la insurgencia, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles1. Con gran entusiasmo el país pudo conocer que en 2015 las acciones armadas 
disminuyeron en casi un 80% con relación al año anterior, y que comparativamente 
el año 2015 fue el año más pacífico en los últimos 51 años, con el más bajo número 
de combatientes muertos o heridos y de acciones militares por parte tanto de guerrilla 
como de Fuerza Pública, según estudio de monitoreo del Centro de Recursos para 
el Análisis de Conflictos (Cerac)2. El propio Ministerio de Defensa ha informado que 
producto de esta dinámica los homicidios en Colombia bajaron de 13.343 en 2014 
a 12.673 en 20153. Estos datos, que sin duda conllevan un cambio positivo en la 
realidad política nacional, han resaltado como causa principal la implementación de 
medidas de desescalamiento bilaterales y al cese al fugo unilateral decretado por las 
FARC-EP desde finales del 2014. Sin duda, estas son razones poderosas que mantienen la esperanza de amplios sectores de la población colombiana para apoyar el actual proceso de paz con las FARC-EP y 
para seguir exigiendo que se concrete la mutua voluntad para llevar a cabo el proceso lar- 1 CERAC. El proceso de paz con las FARC salva vidas. 17 de diciembre de 2015. http://blog.cerac.org.co/el-proceso-de-paz-con-las-farc-salva-vidas
2 “Hace 51 años no se presentaba una reducción tan grande del conflicto armado”: Cerac. El Espectador. 20 de enero de 2016. http://www.elespectador.com/
noticias/politica/hace-51-anos-no-se-presentaba-una-reduccion-tan-grande-articulo-611701
3 Ministerio de Defensa Nacional. Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad - PISDP 2015. Pág. 8. En: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf 5    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento gamente postergado entre el Gobierno Nacional y el ELN, con la expectativa de que ello 
pueda contribuir a erradicar las dinámicas de victimización que han afectado a amplios 
sectores del país. Sin embargo, esta realidad contrasta con la persistencia de ejecuciones extrajudiciales 
en diversas regiones, afectando a diversos sectores sociales, perpetradas por fuerzas de 
seguridad del Estado y también por grupos paramilitares. A pesar de que este fenómeno 
no muestra las magnitudes que se presentaron en el periodo 2002-2010, para decenas 
de familias, especialmente de los sectores más humildes y ubicados en zonas de agudos 
conflictos sociales y de intensa marginación económica y social, la muerte de seres queridos a manos de agentes estatales o sus aliados paraestatales es una realidad que sigue 
causando víctimas, la cual se ve agravada por los esfuerzos dirigidos a ocultar y desviar la 
responsabilidad de los actores estatales o paraestatales involucrados. Las ejecuciones extrajudiciales, sea en su modalidad de muertes de civiles a manos 
de agentes estatales por uso indebido o excesivo de la fuerza o en la modalidad de “falsos 
positivos”, afectaron durante el año 2015 a por lo menos a 65 víctimas. A pesar de la 
importante disminución de la intensidad del conflicto armado, el 30% de estas víctimas 
(20 personas) murieron en circunstancias relacionadas con el conflicto armado o en el 
desarrollo de acciones militares o policiales vinculadas con el mismo. Mientras el otro 70% 
de los casos, las víctimas (45 personas) fueron ejecutadas por fuera del conflicto armado. 
Ambas circunstancias generan dudas sobre si la finalización del conflicto armado con las 
guerrillas conducirá a la terminación de esta práctica de aniquilación intencional de vidas de civiles en el contexto del posconflicto y plantean el reto, no abordado en el actual 
proceso de paz, de la necesaria transformación de la estructura y la doctrina que guiará la 
actuación de la fuerza pública para los tiempos del posconflicto, lo mismo que el reto de 
establecer también mecanismos de verificación internacional de estas graves afectaciones 
a los derechos humanos, que se escapan a las tareas de verificación establecidos en los 
acuerdos de la Habana. De un lado, la continuidad de los homicidios de civiles en relación con el conflicto armado, incluidos casos de “falsos positivos” podría incrementarse tanto por la persistencia 
de doctrinas militares y policiales que favorecen la eliminación de civiles percibidos como 
parte del “enemigo interno” y que en el marco del actual proceso de paz no están siendo abordada ni transformadas, como por los motivos que darán pie a la continuación o 
perpetuación del conflicto armado con el pretexto de combatir las expresiones criminales 
sobrevivientes, incluidos los grupos armados organizados (GAO, antes BACRIM) y a las 
visiones distorsionadas que sobre el Derecho Internacional Humanitario se han venido 
difundiendo desde el Ministerio de Defensa y que difunden la extraña concepción de que 
el DIH es una normativa para promover el uso de la máxima fuerza letal disponible sobre 
un heterogéneo abanico de organizaciones delictivas a las que se gradúa como grupos 
relevantes “para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”4. Y de otro lado, las muertes de civiles por fuera del conflicto, propiciadas sobre todo 
por sistemáticos abusos de autoridad, especialmente de la Policía en diversos contextos 
de marginación social, –de manera notoria contra jóvenes, víctimas de pautas reiteradas 
de uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza–, plantean un enorme desafío para el 
monitoreo y supervisión de las violaciones de derechos humanos que exceden el marco 
de los acuerdos de paz, y demandan activos procesos de verificación, disciplinamiento, 
depuración y transformación institucional para poner fin a una práctica inercial, que aun- 4 Ministerio de Defensa. Directiva Permanente Nro. 0015 del 22 de abril de 2016. 6     Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos que no directamente relacionada con el conflicto armado se ha expandido y justificado a 
lo largo de estas décadas de degradación de la confrontación armada. En este informe se asumen como ejecuciones extrajudiciales aquellos homicidios ilegítimos y deliberados, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado o por sus agentes 
con su complicidad o consentimiento. Cuando en estas ejecuciones se manipula la escena 
del crimen o se distorsiona la versión de las circunstancias de los hechos para presentar a 
las víctimas como muertas en combate se catalogan como “falsos positivos” No incluimos 
aquí las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por paramilitares que continúan actuando 
en gran parte del país con el consentimiento o tolerancia de la fuerza Pública. El informe 
sobre la situación de derechos humanos en el 2015 del Cinep documenta que estos grupos fueron responsables de 99 ejecuciones extrajudiciales perpetradas como violaciones 
a los derechos humanos y 89 homicidios intencionales en persona protegida perpetrados 
como violaciones al DIH. Pero el presente informe solo da cuenta de homicidios ilegítimos 
e intencionales perpetrados por agentes estatales. Para este informe se contó con información aportada generosamente por el Banco de Datos del Cinep/Programa por la Paz, 
del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y del Comité Permanente de Derechos 
Humanos de Nariño. Este informe da cuenta de las modalidades, causas, presuntas responsabilidades y 
tendencias en la perpetración de los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por 
miembros de las fuerzas de seguridad en Colombia durante el año 2015, con miras a llamar la atención sobre la proliferación de pautas o tendencias que se están presentando, 
aun por fueras del contexto de conflicto armado, con miras a establecer recomendaciones 
y transformaciones prácticas e institucionales que permitan avanzan en la erradicación de 
una práctica de victimización que se resiste a desaparecer del ámbito de las violaciones 
de derechos humanos y al derecho humanitario que ha persistido por años en la realidad 
colombiana. 7   Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 8 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 1. LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DURANTE
EL AÑO 2015 Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación 
Colombia documentó 62 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que privaron de 
la vida a 65 personas. En 3 casos (ocurridos en Baraya – Huila, San Vicente del Cagúan – 
Caquetá y San Onofre – Sucre) se ocasionaron 2 víctimas en cada episodio y en los otros 
59 eventos se ocasionó una víctima mortal en cada caso. 1.1. Distribución geográfica de los casos. Estas privaciones arbitrarias de la 
vida por cuenta de agentes estatales se produjeron en 24 de los 32 departamentos. Los 
departamentos en que ocasionaron el mayor número de víctimas en su orden, Bolívar (9 
víctimas), Atlántico (6), Antioquia (6), Bogotá DC (5), Cauca (6), Caquetá (4), Cundinamarca (3), Nariño (3) y Valle del Cauca con 3 víctimas. Gráfico No. 1. Número de víctimas por departamento. 9    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento En las ciudades capitales resalta el elevado número de casos que se presentaron en 
Cartagena donde se ubicó el 14% de las víctimas a nivel nacional, Bogotá (5 víctimas) y 
Barranquilla (4 víctimas), reflejando estos casos una propensión de la Policía Nacional a 
un uso desbordado de la fuerza letal, especialmente contra jóvenes de barrios marginados. 1.2. Edad y sexo de las víctimas. En su gran mayoría las víctimas de estas prácticas ilegales fueron personas bastante jóvenes. La edad promedio de las víctimas es de 
28,7 años, aunque poco más de la mitad de las víctimas eran menores de 25 años y un 
82% de ellas estaban por debajo de 45 años. Un 12% de las personas asesinadas eran 
menores de edad (7 víctimas), entre ellos, 4 niños menores de 15 años. Gráfico No. 2. Número de víctimas según rango de edad. Por sexo, la distribución de la víctimas muestra que un 10.6% de los casos correspondía a mujeres (7 víctimas ) y un 89.4% (59 víctimas) eran hombres. Una de las víctimas 
era perteneciente a la comunidad LGBTI y probablemente las agresiones policiales que 
ocasionaron su muerte están relacionadas con su agresiones injustificadas motivas por su 
orientación sexual. Gráfico No. 3. Porcentaje de víctimas según sexo. 10    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 1.3. Perfil u ocupación de las víctimas. La gran mayoría de las víctimas eran personas jóvenes (54 de las 66 víctimas estaban por debajo de los 45 años) y pertenecientes 
a los estratos más humildes de la población. Muchos de ellos desempleados y moradores 
de barrios marginados. Mientras gran parte de las víctimas de las ejecuciones perpetradas 
por el Ejército Nacional se ubicaban en zonas rurales de municipios alejados, las víctimas 
de la Policía Nacional corresponden en su gran mayoría a jóvenes de entornos urbanos 
que padecieron en su vida la exclusion, la denegación de derechos sociales básicos y la 
marginación social. Entre las víctimas, 7 eran pertencientes a comunidades indígenas (entre ellos un ex gobernador indígena), 7 eran campesinos, 6 líderes comunitarios, 4 guerrilleros rematados 
cuando estaban heridos o fuera de combate, y 3 eran presuntos transgresores de la ley 
penal (expendedor, consumidor de drogas, contrabandista), 2 eran ancianos y 7 menores 
de edad. Tabla No. 1. Perfil/Ocupación de las víctimas. Perfil u ocupación de las víctimas Jóvenes
Campesino
Niño
Indígena
Líder comunitaria
Guerrillero herido y rematado fuera de combate
Poblador
Presunto delincuente
Ancianos/as
Líder indígena 
Joven minero
Ama de casa
Archivador
Consumidor
Contratista
Indígena niño
Joven albañil
Joven campesino
Joven cantante
Joven construcción
Joven, operario
Joven, presunto contrabandista
Joven, presunto expendedor
Líder indígena, ex gobernador
Niño, presunto delincuente
Reclusa
Vendedor de rifas
Vigilante No. de víctimas
27
7
7
6
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 11   2. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL POR LAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES DURANTE EL AÑO 2015 Los presuntos responsables de los 65 casos de personas privadas arbitrariamente del 
derecho a la vida durante el año 2015 muestran que la Policía Nacional ha pasado a ser 
la entidad más comprometida con estas violaciones a los derechos humanos, con dos 
terceras partes de los casos documentados (40 víctimas), más otros 2 casos cometidos en 
conjunto con miembros del ejército y un caso más en que comparte su responsabilidad 
con el INPEC, para un total de 43 casos que comprometen la responsabilidad de agentes 
de la Policía Nacional. El Ejército Nacional aparece comprometido en la tercera parte de los casos registrados, 
con 23 víctimas, de los cuales 2 fueron ejecutadas en acciones conjuntas con miembros de 
la Policía. El INPEC aparece registrado con un caso de una víctima y una segunda víctima 
en responsabilidad conjunta con la Policía Nacional. La Policía Nacional además aparece 
implicada en un caso de ejecución de un líder social en asocio con grupos paramilitares. Gráfico No. 4. Participación por entidad responsable. 13    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 2.1. LA RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL Aunque ya no es la entidad con mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales, todavía no ha desaparecido de su accionar la dinámica de violaciones al derecho a la 
vida que derivó en la práctica de los “falsos positivos” y otras modalidades de ejecuciones 
extrajudiciales. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 el Ejército Nacional fue 
presuntamente responsable de 23 casos de ejecuciones extrajudiciales de los cuales 13 
casos corresponden a la modalidad de “falsos positivos” en los cuales fueron asesinados 
civiles o personas no combatientes, fabricando versiones acomodadas de los hechos para 
hacerlos pasar como muertes legítimas en el desarrollo de operaciones militares. Otras 10 
víctimas fueron ejecutadas por militares mediante el uso ilegal e injustificado de la fuerza, 
encubriendo la ejecución apelando a diversos pretextos. No siempre estas ejecuciones de civiles estuvieron relacionados con el conflicto armado interno que vive el país. En un 78% de los casos (18 víctimas), estas privaciones 
del derecho a la vida por parte de miembros Ejercito Nacional se dieron en situaciones 
relacionadas con el contexto de conflicto armado, pero en un 22% restante de los casos 
(5 homicidios), la muerte de las víctimas no parece relacionada con contextos de conflicto 
armado o esta relación ha sido intencionalmente encubierta en los actos para llevar a la 
cabo la ejecución, para ocultar la responsabilidad de los militares. 2.1.1.  Divisiones militares implicadas. En cada una de las 8 divisiones militares 
en que se divide la actuación y presencia del Ejército Nacional se presentaron casos de 
ejecuciones extrajudiciales. En 21 de los casos documentados se pudo establecer con certeza la participación de 
una de las 8 divisiones del Ejército. Solamente en dos casos persisten dudas sobre la División Militar implicada. En un caso en Iscuandé Nariño (Caso del Señor Danilo Obando, 
del 17 de julio de 2015) existen versiones de que pudo estar implicada la Brigada Móvil 
Nro. 19 del Ejército mientras que otras versiones mencionan la participación del Batallón 
Fluvial Nro. 10 de la Cuarta Brigada de Infantería de Marina. En otro caso denunciado por la ONIC, el del bombardeo en el que falleció la indígena Melba Tequia Sintua, ocurrido en territorio indígena del Resguardo Tahamí del Alto 
Andágueda y el Consejo Comunitario del Alto Atrato, Municipio de Bagadó (18 abril 
2014) mencionamos la responsabilidad de la Décima Quinta Brigada, con jurisdicción 
en esa región del Chocó, lo que implicaría un caso adicional a los llevados a cabo por 
la VII División del Ejército. Sin embargo, es probable que el bombardeo mencionado 
que ocasionó la muerte de esta mujer indígena haya sido llevado a cabo por la División 
de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, con lo cual ninguna división del Ejército estaría 
exenta de la responsabilidad en probables casos de homicidios ilegítimos de civiles durante el año analizado. En la mitad de los casos, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad 
del Ejército fueron ejecutadas por dos Divisiones del Ejército: la III División, que actúa en 
el Suroccidente del país (7 casos), y la Quinta División, con sede en el centro del país, que 
presentó 4 casos. El Caso de la Tercera División del Ejército. Cerca del 30% de los homicidios intencionales de civiles perpetrados por tropas del Ejército Nacional durante el 2015 se cometieron 
en una sola división del Ejército: en la III División del Ejército Nacional que opera en el Suroccidente del país se perpetraron 7 de estos homicidios. En esta región, que comprende 14        Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos los departamentos de Cauca, Valle y Nariño se presentan los más agudos conflictos por el 
territorio con comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, con elevados índices de pobreza, concentración de la tierra y exclusión social, y se han fortalecido también 
los grupos paramilitares. Es en este contexto en donde las Fuerzas Militares muestran los 
mayores registros de agresión a los derechos a la vida y la integridad de las comunidades 
más marginadas. Tres de las siete víctimas muertas en acciones de esta División representaron casos de 
falsos positivos, y los otros cuatro, fueron casos de uso excesivo o abusivo de la fuerza, 
aparentemente en hechos no relacionados al conflicto armado, aunque hay evidencias de 
que esta relación pudo ser intencionalmente ocultada para eludir la rendición de cuentas 
de los responsables. Cuatro de las Brigadas de esta División registraron casos de privaciones de la vida de 
civiles: la Brigada 29 (con sede en Popayán) presentó 3 casos, la Brigada Móvil 29 (Popayán) ocasionó 2 víctimas, y la Brigada Móvil 32 otra víctima, y otra víctima en Iscuandé 
presumiblemente de la Brigada Móvil Nro. 19, aunque otras versiones mencionan que los 
responsables pudieron ser miembros del Batallón Fluvial de Infantería de Mariana No.42 
de la Cuarta Brigada de Infantería de Marina. En cualquier caso es de resaltar que en la jurisdicción de la III División del Ejército 
operó el Comando Conjunto Número 2 del Suroccidente, conformado por las tropas de 
esta Tercera División del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada Nacional y el Comando Aéreo de Combate N7 de la Fuerza Aérea, desplegadas en el Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño, las cuales, desde septiembre del 2014 y durante todo el año 
2015 estuvieron bajo el mando y orientación del General Henry William Torres Escalante, 
uno de los generales que desde hace años viene siendo investigado por la perpetración 
de casos de “falsos positivos” en otras regiones del país, antes de asumir este cargo en el 
Comando Conjunto del Suroccidente. Debe destacarse entonces que la no implementación del retiro provisional del servicio a altos mandos implicados en casos de graves violaciones a los derechos humanos, 
como los falsos positivos, que debería haber sido decretado por la Procuraduría dentro del 
proceso disciplinario, como medida cautelar dentro de la investigación judicial, o como 
obligación del alto mando militar o del Ejecutivo ante compromisos internacionales que 
disponen la separación del servicio activo de oficiales contra quienes existan informes 
fidedignos de su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales (que no exigen 
acusación o sentencia penal), como condicionamiento para recibir fondos de la ayuda 
militar de los Estados Unidos, fue omitido y desconocido por todos los mencionados. Sin 
la separación del cargo de los implicados en graves casos de violaciones a los derechos 
humanos, se evidencia una vez mas que estos abusos a los derechos humanos tienden a 
repetirse en otras zonas a donde los implicados son trasladados con funciones de mando. Las investigaciones por el mayor número de casos que se dieron en 2015 se presentaron por parte de las tropas de la Tercera División deben sumarse a las investigaciones 
que se actualmente se adelantan por ejecuciones arbitrarias que bajo la responsabilidad 
del General Torres Escalante fueron cometidas en otras regiones del país. Igualmente debe 
esclarecerse la responsabilidad que le compete al Mayor General Mario Augusto Valencia, 
quien durante el 2015 se desempeñó como comandante de la III División, y lo mismo la 
responsabilidad que pueda tener el coronel Jorge Hernando Herrera, quien fuera el comandante de la Brigada 29 (con sede en Popayán) que fue también la de mayor casos de 
víctimas de esta modalidad delictiva a lo largo del año 2015. 15      Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Gráfico No. 5. Víctimas de ejecuciones por División del Ejército, 2015. I División
1 caso VII División
3 casos III División
7 casos VI División
3 casos II División
3 casos V División
4 casos VIII División
1 caso IV División
1 caso Aparte del caso excepcional de la Tercera División del Ejército, las ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del Ejército se presentaron en la 5ta División (4 víctimas), 
la 2da y 6ta y 7ma con 3 casos cada una, y la 1ra, 4ta y 8va División con una víctima 
en cada una de sus zonas de operación, aunque como se mencionó, es probable que un 
caso de la VII División haya correspondido a la División de Asalto Aéreo, y un caso de la 
III División haya sido llevado a cabo por la Cuarta Brigada de Infantería de Marina. 2.1.2. Brigadas militares comprometidas. Durante el 2015 el Observatorio de 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos constató 16 Brigadas Militares implicadas en casos de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales. Para 17 de las víctimas las fuentes señalaron como presuntos responsables 
a miembros de 12 brigadas fijas o territoriales y en las 7 víctimas restante de los casos 
estuvieron implicadas 5 brigadas móviles. La Brigada 29, que opera en el Cauca es la que registra el mayor número de víctimas: 3 personas ejecutadas en 3 episodios diferentes, también con sede en el Cauca, la 
Brigada Móvil Nro. 29 registra otros dos casos. Las Brigadas 5 (Nordeste Antioqueño) y 
11 (Córdoba) también presentaron dos víctimas cada una. En el caso de las Brigadas 9 
(Huila) y Brigada Móvil Nro. 36 (Caquetá) fueron las únicas brigadas del Ejército en que 
dos víctimas se produjeron en un mismo episodio. Las Brigadas 2, 7, 8, 15, 18, 26, 30, 
Móvil 8, Móvil 19 y Móvil 32 tienen una víctima registrada en el año 2015. 16    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Gráfico No. 6. Víctimas de ejecuciones por Brigada Militar, 2015. 2.1.3. Batallones comprometidos en los casos de ejecuciones extrajudiciales durante 2015 Para 17 de las víctimas se logró identificar la unidad militar menor comprometida en 
los hechos. Los siguientes 15 batallones del Ejército aparecen comprometidos en reportes 
de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el 2015: Batallón de Infantería Nro. 56 Coronel Francisco Javier González (Cauca).
Batallón Caballería Mecanizada Nro. 5 (Norte de Santander).
Batallón de Combate Terrestre No. 7 “Héroes de Arauca” (Meta).
Batallón de Artilleria Nro 9 Tenerife (Huila). 
Batallón de Ingenieros Nro. 18 General Rafael Navas Pardo (Arauca).
Batallón de Infantería de Selva No. 50 Gr. Luis Acevedo Torres (Amazonas).
Batallón de Combate Terrestre Nro. 81 CT. “Antonio María Caballero M” (Córdoba).
Batallón de Combate Terrestre No. 138 (Nariño).
Batallón de Infantería No.7 General José Hilario López (Cauca).
Batallón de Combate Terrestre No 57 “martires De Puerres” (Cauca).
Batallón de Ingenieros Número 2 General Francisco Vergara y Velasco (Atlántico.)
Batallón de Artillería Nro. 8 San Mateo (Risaralda).
Gaula Militar de la 9 Brigada (Huila).
Batallón Fluvial de Infantería de Mariana No. 42 de la Cuarta Brigada de Infantería
de  Marina (?).
Batallón Nueva Granada o Batallón Luciano D´Eleyar (Nordeste Antioqueño). (?) En otro caso de un falso positivo en Segovia (Antioquia) las dudas aparecen entre dos 
batallones de la V Brigada (el Nueva Granada o el Luciano D´Eleyar), y en otro caso en 
Iscuandé Nariño las dudas por la presunta autoría se presentan entre la Brigada Móvil Nro. 
19 del Ejército y el Batallón Fluvial de Infantería de Mariana No.42 de la Cuarta Brigada 
de Infantería de Marina. 2.2. LA RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL En 43 casos el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la 
CCEEU recibió reportes de privaciones ilegítimas del derecho a la vida de personas. En 17                     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 5 de estos casos se trató de casos de “falsos positivos”, en los cuales se escenificaron los 
asesinatos para hacerlos parecer muertes en combate. En dos de estos casos los miembros 
de la Policía actuaron conjuntamente con tropas del Ejército Nacional en hechos presuntamente relacionados con el conflicto armado interno. En otros casos de falsos positivos, 
la muerte de las víctimas no estaba relacionada directamente con situaciones de conflicto 
armado, aunque se orquestaron circunstancias de enfrentamiento para simular muertes 
en confrontación armada con presuntos delincuentes. En otros 38 casos, las víctimas fueron muertas por ejercicios arbitrarios o abusivos 
de las armas en contra de ciudadanos. De este modo, mientras que en la Policía el 88% 
de las ejecuciones de civiles obedecen al uso indebido o excesivo de la Fuerza y un 12% 
corresponde a la modalidad de “falsos positivos”, en el Ejército el 43 % de los casos de 
ejecuciones estaba ocasionado por casos de uso ilegal o desproporcionado de la fuerza 
y un 57% de los casos a modalidades de orquestación de las circunstancias de la muerte 
para reportarlas como muertes en combate (falsos positivos). Esta preocupante cantidad de personas asesinadas por miembros de esta institución 
en casos de uso indebido o excesivo de las armas, evidencia no sólo elevados niveles de 
corrupción y de ilegitimidad de la policía, sobre todo, en actuaciones contra jóvenes y 
presuntos transgresores o sectores marginados en barrios populares de algunas ciudades, 
que configura una extendida conducta de “gatillo fácil” avalada por la impunidad casi 
garantizada en la mayoría de estos episodios letales. En 17 de los 32 departamentos y se presentaron víctimas letales ilegítimas de la violencia ejercida por miembros de la institución policial de 17 Regionales Departamentales 
y 4 cuerpos de Policía Metropolitana. 2.2.1. Casos más preocupantes. Los casos más preocupantes de la mencionada 
mentalidad de “gatillo fácil” por parte de los agentes de la policía se presentan en 4 
ciudades capitales de departamento. En los departamentos de Policía Metropolitana de 
Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín se presentaron casi la mitad de las víctimas 
de homicidios arbitrarios perpetrados por miembros de la Policía durante el año 2015 
(20 víctimas, con el 47% de los casos que estarían bajo la responsabilidad de la Policía 
Nacional). Bogotá. De las 5 víctimas de ejecuciones cometidas por la policía en Bogotá, 3 fueron por casos de golpizas. La UPJ de Puente Aranda y los CAI de El Codito, Teusaquillo, Samper Mendoza y Guacamayas son centros donde los abusos y golpizas a jóvenes 
marginados económica y socialmente no parecen tener control. Son reiterativos los tratos 
inhumanos que se infringen a los jóvenes pobres que son conducidos a la UPJ de Puente 
Aranda, sin haber cometido ningún delito ni contravención, solamente porque miembros 
de la policía que los han agredido o maltratado previamente los detienen por su “algo 
grado de excitación”5. En Bogotá, se conoció que 45 policías que cubrían los tres turnos en el CAI de San 
Victorino al parecer trabajaban con las mafias del sector del Bronx, según el Fiscal 295 
anticorrupción que investiga el caso6. El Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones 
CTI informó a los medios que los delitos que allí se investigan no son solo de tráfico de 5 “Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda”. Semana. 27 de Abril de 2016. http://www.semana.com/nacion/multimedia/denunciaa-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205
6 “45 policías eran cómplices de los traficantes de droga en el Bronx”. Noticias Uno. 12 de Junio de 2016. http://noticiasunolaredindependiente.
com/2016/06/12/noticias/policias-bronx 18        Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos drogas, sino que allí se realizaban actividades trata de personas, torturas con armas de 
fuego, armas cortas y perros, entre otras conductas ilegales. También presuntos casos de 
descuartizamientos de los que aún no se ha establecido cuántas personas habrían sido 
desaparecidas y que dichas torturas y asesinatos se realizaban incluso haciendo uso de 
materiales químicos como ácido7. Los anuncios de la administración Peñalosa de completar la instalación de 4.000 cámaras de vigilancia en la ciudad, deberían poner especial 
atención en la instalación de estas en la UPJ, en los centros de detención transitoria de 
jóvenes y en los CAI, acompañados de un monitoreo eficaz de lo que allí sucede tanto 
por la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Gobierno y los comités de 
derechos humanos, para poner fin a esta práctica de abusos sistemática contra los y las 
jóvenes marginados de la ciudad. Cartagena y Barranquilla. La corrupción, alianzas con organizaciones criminales y 
prácticas de la mal llamada “limpieza social” son causa frecuente de las ejecuciones extrajudiciales de personas, especialmente jóvenes, desempleados, consumidores, pequeños 
expendedores, o niños o jóvenes en dificultades con la ley penal que son frecuentemente 
privados de su derecho a la vida a manos de agentes policiales. El caso más preocupante, tanto por el elevado número de víctimas, como por las 
modalidades de ejecución es la policía de Cartagena (9 víctimas), seguido por la Policía 
de Bogotá (5 víctimas registradas) Barranquilla (4 víctimas documentadas). Los tratos 
inhumanos y procedimientos policiales arbitrarios y con violencia contra jóvenes de los 
barrios más empobrecidos de Cartagena, han generado reacciones en las cuales decenas 
de jóvenes han sido blanco del gatillo ligero e impune de los agentes de policía. En estos 
hechos, es frecuente que para eludir su responsabilidad los agentes utilicen una segunda 
arma, diferente de la de dotación oficial, para llevar a cabo estos homicidios. 7 “Fiscalía investiga casas de pique y torturas en el Bronx”. Colprensa. 31 de mayo de 2016. http://www.elcolombiano.com/colombia/fiscalia-investiga-casasde-pique-y-torturas-en-el-bronx-IB4245291 19   Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 20 3. MODALIDADES O PAUTAS DE COMISIÓN DE ESTAS
EJECUCIONES Los 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales documentadas en este informe 
durante el año 2015 implican que cada seis días se presentó una homicidio ilegítimo en 
Colombia a manos de agentes estatales. Esta cantidad de víctimas es preocupante, aunque sea mucho menor de las que se generaron durante los dos periodos del gobierno 
Uribe, que afectó a más de 5.000 personas asesinadas y llegó a alcanzar un total de 986 
víctimas solamente en el año 2007 (es decir 3 víctimas por día durante ese año)8. Las 
modalidades dominantes en este período estaban asociadas con la práctica sistemática de 
los falsos positivos, los cuales a partir del 2009 se han reducido notoriamente hasta el presente. Esta reducción drástica en el número de los casos de falsos positivos y la dispersión 
de los mismos no nos permite afirmar que se mantenga dentro del Estado una política 
para perpetrar ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos de manera 
sistemática, y en este sentido no es muy clara la persistencia de patrones que pudieran con 
certeza apuntar a la sistematicidad en la perpetración de estos crímenes. Sin embargo, un escrutinio de las modalidades bajo las cuales se han llevado a cabo 
las prácticas de ejecuciones en los últimos 5 años, y especialmente durante el 2015 si nos 
permiten delinear al menos unas pautas o tendencias de comisión que si se mantienen, 
y no son severamente reprimidas y sancionadas, podrían llegar a configurar patrones de 
sistematicidad. Las tendencias observadas a partir de este estudio son las siguientes: 3.1. Ejecuciones en el contexto del conflicto armado y ejecuciones no directamente relacionadas con el conflicto armado. Teniendo en cuenta los hallazgos 
con respecto a las presuntas ejecuciones cometidas por agentes estatales se constata que 
menos de la tercera parte de las mismas durante el año 2015 muestran una relación directa con el conflicto armado (30.7%) mientras que más de dos terceras partes (69,3%) 
se perpetraron en contextos que no muestran una relación directa con la situación del 
conflicto armado interno. Dentro de las primeras predominan los casos de “falsos positi- 8 CCEEU. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Crímenes de lesa humanidad 
bajo el mandato de la Seguridad Democrática. Documentos Temáticos Nro. 8. Bogotá, septiembre de 2012. Página 116. 21     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento vos”, mientras que en los segundos predominan ampliamente las ejecuciones por abuso 
de autoridad, o las producidas por móviles de intolerancia social y en menor grado de 
persecución política. Un claro ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales directamente relacionadas con la 
situación de conflicto armado interno fue la ejecución de los líderes comunales Ismael 
García y Salomón Escobar y las heridas a otros que fueron atacados por el Ejército mientras estaban reunidos luego que habían sido citados por las FARC-EP a una reunión en la 
zona rural de San Vicente del Caguán, los cuales murieron como consecuencia del ataque 
de la Brigada Móvil 36, del Comando Conjunto N° 3 del Ejército que dirigía un operativo en contra del guerrillero Raúl González, alias ‘Jaimito’, miembro de la columna móvil 
Teófilo Forero, contra quien dicen que se dirigía el ataque. Según los testigos, los muertos 
y heridos fueron atacados con granadas, mientras que uno de los habitantes sostiene que 
murieron mientras gritaban para pedir protección. Voceros de Caguán Vive informaron 
que “en la corporación estamos sorprendidos por lo que sucedió el sábado porque atacaron sin ningún tipo de precaución por los civiles que estaban allí. Fue indiscriminado”. 
En total, 20 víctimas de las 65 documentadas murieron en hechos relacionados con el 
conflicto armado interno. Un caso claro de una ejecución no relacionada con el conflicto armado interno es la 
ocurrida en Bogotá el 17 de junio del señor Ramiro Llanos, funcionario de la Cámara 
de Comercio, quien fue muerto a balazos por policías de la SIJIN que reaccionaron ante 
el airado reclamo que les formuló este ciudadano, pues según cuentan los testigos, los 
miembros de la policía judicial que iban en un taxi, le lanzaron el vehículo al señor Llanos 
intentando atropellarlo porque se encontraba orinando a orillas de la vía pública, luego de 
salir de un establecimiento de diversión en compañía de otros amigos, hecho que motivó 
el reclamo que fue respondido con disparos por los policías, los cuales le costaron la vida 
a la víctima. De los 65 casos relacionados en este informe, 45 corresponden a casos de 
víctimas no directamente relacionados o aparentemente no relacionados con el contexto 
de conflicto armado. 3.2. Continuidad de los falsos positivos Una gran discusión se ha presentado en el país sobre la ocurrencia o no de nuevos 
casos de “falsos positivos”, motivada en parte por el debate sobre la definición comprendida bajo esta modalidad de ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional define las 
ejecuciones extrajudiciales como “homicidios ilegítimos y deliberados, perpetrados por 
orden de un gobierno o con su complicidad o consentimiento”9. Es decir, requiere como 
sujeto activo de esta violación a agentes estatales o personas o estructuras criminales que 
actúen con su complicidad o aquiescencia, aunque en este informe solo se da cuenta de 
las perpetradas directamente por agentes estatales y no las perpetradas por paramilitares, 
con los cuales perviven alianzas de complicidad o aquiescencia. No se incluyen tampoco en la definición las muertes producidas por un uso legítimo 
y razonable de la fuerza por parte de los funcionarios estatales en su misión de hacer 
cumplir la ley ni tampoco los homicidios perpetrados por agentes estatales por motivos 
privados o razones personales, a no ser que cuenten con la complicidad o encubrimiento 
de sus superiores o el Estado no cumpla con su obligación de investigar los hechos por 
medio de un tribunal independiente e imparcial. Sin embargo la destinación generalizada 9 Amnistía Internacional. Desapariciones Forzadas y Homicidios Políticos. La crisis de los derechos humanos en los noventa. Manual para la Acción. Madrid, 
1994. Pág. 93. 22     Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos que en los últimos años se está haciendo de las investigaciones por homicidios de agentes 
estatales a la justicia penal militar, no idónea para investigar violaciones a los derechos 
humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, como lo siguen constatando diversos órganos internacionales de protección de los derechos humanos, constituyen 
un factor de peso para derivar responsabilidad estatal por estos crímenes, los que en esta 
instancia, por lo general, están destinados a permanecer impunes. El informe sobre la situación de derechos humanos en el 2015 del Cinep/Programa 
por la Paz documenta que los grupos paramilitares durante el 2015 fueron responsables 
de 99 ejecuciones extrajudiciales perpetradas como violaciones a los derechos humanos y 
89 homicidios intencionales en persona protegida perpetrados como violaciones al DIH10. 
Es casos aumentan los niveles de violencia socio-política de responsabilidad estatal. Pero 
del seguimiento de estas ejecuciones extrajudiciales no se ha ocupado hasta ahora la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. La definición de la modalidad de ejecución extrajudicial conocida como “falso positivo” es mucho más problemática. A pesar del origen periodístico de esta noción, la cual 
fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y 
de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la 
incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso 
colombiano, al tener entre las 5 prioridades de observación “v.) los procedimientos relativos a asesinatos y desapariciones forzadas, habitualmente conocidos como casos de falsos 
positivos”11 y de los cuales dice en su último informe de 2015 que “la Fiscalía General de 
la Nación está investigando más de 3.000 casos contra miembros de las fuerzas armadas 
por casos de presuntos falsos positivos cometidos desde 1985”12, aunque “Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el número de víctimas 
de falsos positivos entre 2002 y 2010 podría llegar a 5.000”13. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los falsos positivos están relacionados 
con la práctica de los agentes del Estado, en particular miembros del ejército colombiano, 
de haber “matado deliberadamente a miles de civiles para reforzar las tasas de éxito en el 
contexto del conflicto armado interno y para obtener beneficio económico por parte de 
los fondos del Estado”14. En esta definición el elemento definitorio se enfatiza en la motivación de realzar indicadores de éxito operacional y/o la obtención de beneficios. El Banco de Datos de DD.HH y Violencia Política del CINEP/PPP define los falsos 
positivos como ejecuciones extrajudiciales arbitrarias y sumarias contra civiles inermes 
que además fueron “legalizados” y presentados ante la opinión pública a través de comunicados oficiales de las FF.MM y medios de comunicación privados y públicos como 
muertos en combate y que por acomodarse a las normas del Ius in Bello serían acciones 
legítimas de guerra”. Sin embargo, en su relación de casos se incluyen diferentes eventos 
de personas que fueron reportada como extorsionistas, presuntos consumidores de drogas 
o incluso a casos de presunto hurto15, y que por ello se deduce que la definición incluye 10 CINEP/Programa por la Paz. Situación de los Derechos Humanos y DIH en Colombia. Informe 2015. http://cinep.org.co/Home2/images/bandatos/INFORME_DDHH_2015.pdf . Páginas 4 y 8. 
11 Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar (2015). Situaciones en Colombia y Honduras. 12 de Noviembre de 2015. Párrafo 24.
12 Ibid. Párrafo 44. 
13 Ibid. Párrafo 31. 
14 Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Informe sobre las actividades de examen preliminar 2013. C. Situaciones que se encuentran en fase 3 (admisibilidad) – Colombia. Párrafo 126.
15 Son los casos por ejemplo de Sócrates Armando Osorio o Cristian Alexander Cabrera, documentados en la Revista Noche y Niebla Nro. 51 páginas 18 y 
19, los cuales fueron ejecutados por la Policía en abril y marzo de 2015 en los departamentos de Quindío y Putumayo. 23     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y “legalizados” como 
muertos en enfrentamientos con agentes estatales. La Fiscalía define los falsos positivos de manera mucho más restringida al caracterizarlos como “la muerte de civiles inocentes a quienes después hacían pasar por integrantes 
de las FARC muertos en combate”16, mientras que en otras ocasiones los define como 
“muertos en falsos operativos oficiales contra la guerrilla para hacer pasar a los miles de 
“reclutados” como integrantes de grupos armados ilegales”17. Más amplia en cuanto al sujeto pasivo de este delito es la definición que ofrece el 
Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, el Profesor Philip Alston quien 
definió los falsos positivos como “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas 
en combate”18. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que decretó la 
admisibilidad de los casos de 64 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia en la 
modalidad de falsos positivos, las características esenciales de esta práctica estarían dadas 
por “la detención de las presuntas víctimas, seguidos de su presunta ejecución extrajudicial y una orquestación para hacerlas pasar por subversivos muertos en combate”19. Mas 
exactamente los falsos positivos se definirían por sus características como casos en que 
las “muertes eran presuntamente presentadas y registradas por el ejército como resultados 
positivos en el marco del combate contra-guerrillero y anti-mafia que realizaban, cuando 
…, dichas personas asesinadas eran en realidad civiles que fueron detenidos desarmados, 
y sin haber estado en combate”20. Es decir, el elemento definitorio central estaría dado por 
la orquestación de la escena o la manipulación de las circunstancias para hacer pasar a 
civiles desarmados como muertos en combate. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos reconoce que no existen definiciones 
técnicas acordadas sobre la noción de falsos positivos, aunque parece decantarse por 
definirla como aquella modalidad de ejecuciones extrajudiciales motivas por el ánimo de 
captar incentivos o recompensas. En su informe sobre la situación en Colombia durante el 
año 2012 dice que “Las Naciones Unidas utilizan el término “ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias” para incluir una amplia gama de violaciones del derecho a la vida, 
entre ellas, aunque no exclusivamente, los “falsos positivos”. No existe una definición técnica común de falsos positivos. En 2012 la Oficina en Colombia no recibió ningún informe 
de homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas”21. Con base en esta definición, el Presidente Santos afirmaba con satisfacción que “por 
fortuna hoy, 2012, podemos decir no hay una sola acusación de falsos positivos en este 
año. Ni una sola”22. A mediados del 2015 el, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez afirmaba “no tener conocimiento de que los falsos positivos 16 Fiscalía General de la Nación. Informe de connotación. Eduardo Montealegre Lynett. 2002-2016. Página 61.
17 Ibid. Página 39.
18 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 31 de marzo de 2010, A/HRC/14/24/
Add.2, párr. 10.
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Álvaro Enrique Rodríguez y Otros Vs. Colombia. Informe No. 34/15. Petición 197 y Otras. Informe 
de Admisibilidad. Documento OEA/Ser.L/V/II.155. Doc. 13. 22 de Julio de 2015. Página 47. Párrafo 262. 
20 CIDH. Idem. Página 9. Párrafo 3.
21 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.  7 de Enero de 2013. Documento A/HRC/22/17/Add.3. Párrafo 46.
22 “En 2012 podemos decir que no se ha recibido una acusación por falsos positivos”: Santos”. En: RCN La Radio. 13 de Diciembre de 2012. http://m.
rcnradio.com/noticias/en-2012-podemos-decir-que-no-se-ha-recibido-una-acusacion-por-falsos-positivos-santos-38605 24      Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos se hayan seguido presentando”23. Ello, a pesar de que la Fiscalía reconocía públicamente 
estar investigando 56 casos de falsos positivos entre 2010 y 201424. Es cierto que la intención de inflar estadísticas es un elemento subjetivo difícil de demostrar pues hace parte del animus del perpetrador. También, y dada la cualificación del 
nivel de secretismo, es difícil demostrar la continuidad de la motivación de los crímenes 
con base en la esperanza de obtención de recompensas, aunque en los casos documentados para este año hay elementos que evidencian la continuidad de esta práctica, especialmente para casos de muertes producidas fuera de combate sobre personas enmarcadas 
en el concepto de “objetivos de alto valor”. Pero otros elementos como la manipulación de 
la escena del crimen o la fabricación de versiones acomodadas para hacer pasar a las víctimas como miembros de organizaciones criminales o como muertas en enfrentamientos 
armados si son más fácilmente demostrables como características de la continuidad hasta 
el día de hoy de las ejecuciones extrajudiciales en su condición de falsos positivos. Tomando de estas distintas definiciones elementos destacados, en este informe hemos 
documentado como falsos positivos aquellos homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como 
resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control 
del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de 
organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos 
de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados 
luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por 
la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran 
muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones 
militares. De este modo, las víctimas de falsos positivos pueden o no haber sido presentados 
como miembros de organizaciones que actúan como partes del conflicto armado (guerrillas), pero pueden también haberlas hecho pasar como integrantes de organizaciones de 
delincuencia común o muertas en falsos enfrentamientos con agentes de la fuerza pública. Un caso típico de “falso positivo” perpetrado en el contexto del conflicto armado interno es el de la ejecución de la Señora Luz Dary Fandiño el 15 de junio de 2015 en Arauca 
por tropas de la Brigada 18 del Ejército (ver recuadro). 12 casos de falsos positivos relacionados con el conflicto armado interno fueron documentados por la CCEEU durante el 
2015. En todos los caso se señala al Ejército Nacional como entidad responsable, aunque 
en dos de los casos aparece que hubiera actuado de manera conjunta con miembros de 
la Policía Nacional. CASO DE LUZ DARY FANDIÑO. El 15 de junio de 2015 fue ejecutada por tropas del Batallón General Rafael Navas Pardo de la Brigada 18 del Ejército Nacional la señora a Luz Dary 
Fandiño de 37 años de edad, madre de tres hijos y líder comunal en la finca El Palmar, vereda 
San José de Morichal 2 de Tame (Arauca), a quien presentaron como guerrillera del Frente 45 de 
las FARC-EP muerta en combate. El parte de guerra dice: “Dos guerrilleros del frente 45 de las 
Farc murieron en desarrollo de una operación del Ejército Nacional en zona rural del municipio 
de Tame, …Entre los guerrilleros muertos figura una mujer, quien responde al nombre de Luz 23 “Fiscalía investiga 56 supuestos casos de falsos positivos desde 2010 hasta 2014”.  El Colombiano. 27 de abril de 2015 http://www.elcolombiano.com/
fiscalia-investiga-56-supuestos-casos-de-falsos-positivos-desde-2010-hasta-2014-AL1805424
24 Ibídem. 25     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Dary Fandiño Velásquez, natural del municipio de Tame. La otra víctima es el cabecilla del frente 
28 de las Farc, Elías Tabaco Cucunuba, alias Libardo o Monón, con más de 18 años en la organización guerrillera”. La comunidad desmiente el supuesto combate que refirieron los militares 
y las evidencias muestran que fue asesinada mientras estaba ocupada en labores domésticas. El 
mayor de sus hijos está prestando el servicio militar en dicha Brigada 18 de Arauca. En otros 3 casos de falsos positivos, no se evidencia que sean prima facie casos relacionados con el conflicto armado interno, a pesar de ser casos en que se evidenció la manipulación de la escena del crimen para presentar falsamente a las víctimas como muertas 
en enfrentamiento con unidades de la fuerza pública, y reportándolas como expendedores 
des drogas, contrabandista o como asaltante de local comercial. En estos casos, la responsabilidad por los hechos se centró en unidades de la policía nacional. Un caso notorio de 
esta modalidad fue la muerte del señor Sócrates Osorio en abril del 2015 en Pijao (Quindío) en que se le presentó como traficante de drogas muerto en un supuesto combate, el 
que según evidencias y testimonios, nunca existió (ver recuadro). CASO DE SÓCRATES OSORIO LOAIZA. El 22 de abril de 2015 miembros de la Policía 
Nacional ejecutaron a Sócrates Armando Osorio Loaiza hacia las 7:00 p.m., cuando se encontraba en predios de la finca La Esperanza, en la vereda Río Azul Bajo en Pijao (Quindío). Según la 
denuncia: “El hombre de 40 años de edad, recibió dos impactos de bala, uno a la altura del tórax 
y otro en la pierna izquierda, cuando según la versión de las autoridades, se habría enfrentado 
a los uniformados de la estación de policía del municipio, que llegaron hasta el sitio a adelantar 
un operativo. La información oficial indica que los policías se dirigieron hasta el lugar distante 7 
kilómetros del casco urbano, para adelantar acciones contra el tráfico de sustancias estupefacientes por parte de sujetos que actuaban en predios de la finca La Esperanza, “pero que al llegar 
fueron recibidos con disparos. Los policías no tuvieron más alternativa que responder el fuego”. 
La familia del occiso reconoce que éste si era consumidor de drogas pero no era narcotraficante, 
y la abogada del caso denunció que se trataba de “un falso positivo, en un operativo que deja 
muchas dudas. Para empezar en el lugar no hallaron armas de ninguna clase”. La apoderada de 
los dolientes manifestó que no se podía hablar de un enfrentamiento cuando en la escena del crimen solo se había hallado vainillas de las armas de los policías que intervinieron en las acciones. 
Asimismo, cuestionó que se señale a la víctima de expendedor de drogas. 3.3. Los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que importan. Por 
todos los argumentos anteriores no resulta del todo coherente el reclamo que desde el 
Ministerio de Defensa se hace para que muchos de los casos que las organizaciones de derechos humanos reportan como enmarcados en las circunstancias aludidas sean presentados como casos de falsos positivos. El Ministerio de Defensa ha expresado públicamente 
que “manifiesta … su desacuerdo con el uso de la expresión “falsos positivos”25 en razón 
de que esta expresión “no hace parte de la legislación colombiana”26. Pero este argumento 
desconoce que la expresión es ya una categoría ampliamente utilizada tanto por los órganos judiciales nacionales como por los organismos internacionales de derechos humanos. El Ministerio de Defensa también objeta que bajo este término “se hace mención a 
algunas muertes en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas”27, cuando “no hay 
decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de 
miembros de la Fuerza Pública”28, y en el caso concreto de un informe del Cinep sobre 25 Ministerio de Defensa. Comunicado de Prensa. 15 de mayo de 2014. En: http://cgfm.mil.co/rss-prensa/-/asset_publisher/wpQ1YHOwvyDl/content/comunicado-de-prensa-mindefensa/pop_up?_101_INSTANCE_wpQ1YHOwvyDl_viewMode=print
26 Ibid. 
27 Ibid.
28 Ibid. 26    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos este tema, el Ministerio “rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del Cinep”29. Pero dada la situación de impunidad estructural en que permanece la 
inmensa mayoría de los casos, la falta de independencia investigativa dada la absorción 
automática de casi todos los casos por la justicia penal militar, y la ausencia de voluntad 
del Estado colombiano por llegar a las máximas responsabilidades por este tipo de delitos, 
hacen que sea prácticamente imposible atenerse al criterio de que solo pueden clasificados como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, de manera exclusiva, los casos con 
sentencia judicial en firme. Si fuera por el escaso número de condenadas contra personal 
militar de media y baja graduación y la ausencia de sentencia contra altos superiores se 
diría que, contrario a lo constatado por los distintos órganos internacionales de derechos 
humanos, los falsos positivos habrían constituido un fenómeno raro o esporádico en Colombia entre los años 2002-2010. Pero más de 5.000 casos documentados desmienten 
este argumento. Lo que es evidente, es que lo que genera molestia en las autoridades colombianas con 
la denuncia de casos de ejecuciones extrajudiciales es que se denuncie que correspondan 
a casos en la modalidad de “falsos positivos”. Es cierto que entre los años 2002-2008 la 
modalidad de ejecuciones extrajudiciales que se llevó a cabo de manera sistemática y 
masiva fueron los casos de “falsos positivos”, motivados por la estrategia contrainsurgente 
de ofrecer incentivos perversos y presiones indebidas para mostrar resultados consistentes en “bajas”, y que fue esta modalidad de crimen de lesa humanidad la que centró la 
atención de la comunidad internacional, incluidas los órganos regionales e internacionales 
de protección de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional. Pero este criterio 
de focalización de la CPI o de otros órganos internacionales no puede ser invocado para 
restar importancia a las demás ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos no son 
la única modalidad de ejecuciones u homicidios intencionales que constituyen graves y 
censurables violaciones a los derechos humanos que deban ser evitados, sancionados 
y perseguidos en la actuación de la Fuerza Pública ni en la actividad de investigación y 
enjuiciamiento del Estado Colombiano. La priorización a que están obligados los organismos internacionales no exime al Estado Colombiano de investigar y sancionar la totalidad 
de los casos. El compromiso de perseguir los falsos positivos no puede hacerse por una cuestión de 
imagen ante la comunidad internacional. Todas las ejecuciones extrajudiciales son igualmente graves y deben ser perseguidas y sancionadas, sean estas producto de uso indebido o abusivo de la fuerza, casos de intolerancia o “limpieza social”, actuaciones ilegales 
en el control de la protesta social, u otro tipo de muertes intencionales correspondan o 
no aquellas en las que se le “legaliza” o presenta a la víctima como muerte en combate o 
como miembro de organización armada ilegal. Por ello no es aceptable que, ante los informes de las ONG sobre la persistencia de casos de falsos positivos y otras modalidades de ejecuciones extrajudiciales, que contradicen 
los informes oficiales de que este tipo de crímenes no habrían vuelto a presentar, desde 
el Ministerio de Defensa se aduzca que “aquí tenemos una situación que sigue siendo 
muy angustiosa para los miembros de las Fuerzas Armadas y es que a cualquier militar o 
policía, por una investigación de una muerte en combate, inmediatamente lo llaman ‘falso 
positivo’30. 29 Ibid.
30 FF. MM. sienten que no hay manejo justo con ellas’: Mindefensa. Entrevista de Yamid Amat con el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. El Tiempo.  
22 de Febrero de 2014. http://www.eltiempo.com/justicia/entrevista-con-el-ministro-de-defensa-juan-carlos-pinzon_13544456-4 27    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Porque, por más que se hayan reducido la ocurrencia de estos hechos, es la continuidad de estos crímenes a nivel de ciertas brigadas y unidades militares lo que debe preocupar y lo que deteriora la imagen del esfuerzo que hace un sector importante de las fuerzas 
militares por evitar estos graves crímenes. Esta prioridad a la imagen externa antes que 
por extremar los controles para impedir nuevos casos es la que ha llevado a que desde el 
Ministerio de Defensa se piense que el problema de los falsos positivos es que las ONG los 
denuncien y no que se sigan cometiendo. El anterior ministro de Defensa expresó ante los 
medios su “desacuerdo con el uso de la expresión “falsos positivos”31, seguido del llamado 
a la ONG a no utilizar este concepto cuando de manera pública desde el Ministerio “se 
invita a las organizaciones sociales a utilizar un lenguaje más preciso en sus informes, de 
tal forma que no se afecte injustamente la imagen y honra de las Instituciones Estatales y 
sus integrantes”32. Del mismo modo, en la Fiscalía General de la Nación la investigación y procesamiento 
de los responsables de ejecuciones extrajudiciales diferentes a los casos de “falsos positivos” no parecen ser un tema prioritario. Esto se deduce del informe de gestión del Fiscal 
General de la Nación correspondiente al periodo 2012-2016, en el que en su listado de 
prioridades menciona los falsos positivos pero omite cualquier referencia a otras modalidades de ejecuciones sumarias33. En el balance de gestión de la Fiscalía General de la Nación en lo relacionado con los 
casos investigados y resueltos se mencionan algunos resultados, bien pobres por cierto, 
en el ámbito de los falsos positivos, pero ninguno en lo referente a otras modalidades de 
ejecuciones extrajudiciales. En dicho balance se expresa que “De un total de 2.653 expedientes por homicidios investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos, 
donde hay 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas”, pero al relacionar los casos resueltos solo se mencionan 357 sentencias por falsos 
positivos no se informa de sentencias por otro tipo de ejecuciones distintas a falsos positivos . A pesar de ello, las sentencias referidas recaen sólo sobre personal de baja y media 
graduación y ninguna por altos mandos que correspondan a nivel de generales o jefes de 
brigada o división34. Los falsos positivos ya no son la modalidad predominante de estas ejecuciones pues 
representa el 24% de los casos (16 víctimas). La mayor parte de las víctimas fueron perpetradas con ocasión de un uso indebido o excesivo de la fuerza (76%, con 39 víctimas). Sin 
embargo entre el ejército los falsos positivos si constituyen más de los casos presentados 
en tanto que en la policía la inmensa mayoría son casos de uso ilegítimo o abusivo de las 
armas por intolerancia social, justicia por propia mano o discriminación contra pobladores 
urbanos y jóvenes de sectores marginados. De las víctimas de “falsos positivos” 11 fueron 
perpetradas por el Ejército, 3 por la Policía Nacional y 2 en actuaciones conjuntas de estas 
fuerzas (ver tabla No. 2). 31 Ministerio de Defensa. Comunicado de Prensa. 15 de mayo de 2014. En: http://cgfm.mil.co/rss-prensa/-/asset_publisher/wpQ1YHOwvyDl/content/comunicado-de-prensa-mindefensa/pop_up?_101_INSTANCE_wpQ1YHOwvyDl_viewMode=print
32 Ibid.
33 En dicho informe se expresa que “…[V]arios de estos casos se trabajaron en contexto, se priorizaron y otros se desprendieron de investigaciones base: 
(…) En la lista figuran procesos connotados, como el millonario carrusel de la contratación en Bogotá, el fraude a la DIAN usando el IVA, expedientes por 
paramilitarismo, parapolítica, falsos positivos, terrorismo, desplazamiento forzado, magnicidios (Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado, José 
Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa), el cartel de los falsos testigos, las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, el holocausto del Palacio de Justicia a 
manos del M-19 y la retoma a sangre y fuego por parte de las Fuerzas Armadas”, pero no hay ninguna relación a casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por motivos de persecución política, o por un uso indebido o excesivo de la fuerza, sea en operaciones de control del orden público o en desarrollo 
de la protesta social.”  Vid. Eduardo Montealegre Lynett. Informe de Connotación, Fiscalia General de la Nación 2012-2016. Página 3.
34 Eduardo Montealegre Lynett. Informe de Connotación, Fiscalia General de la Nación 2012-2016. Páginas 39 y 65. 28     Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 29 3.4. Supuesto error militar En 9 de los casos de muertes de civiles a manos de agentes estatales durante el 2015, 
estos adujeron como causa de la muerte un presunto error en la operación militar o policial 
(ver tabla No. 3). En 8 de estos casos se evidencian actuaciones de abuso de autoridad, 
en tanto que en otro de ellos se ajusta a la modalidad de falso positivo y circunstancias en 
las que el error no parece justificación creíble, y en la que el pretexto de que murió porque 
“se presentó una situación operacional” pretende ofrecer una justificación ambigua para 
justificar el hecho (ver Recuadro). En 6 de los casos de supuesto error está implicada la 
Policía Nacional y en otros 3 tropas del Ejército Nacional. No desconocemos que hay muchas otras muertes de civiles, que aquí no registramos, 
que pueden corresponder a genuinos casos de error militar o policial. Sin embargo, no 
es posible pasar como tal los casos en los cuales la alegación reiterada de error militar se 
da luego haber justificado previamente la muerte de la víctima con versiones diferentes 
o cuando se quiso ocultar el homicidio. La alegación de “error” o “accidente” no puede 
ser pretexto de último momento para justificar los crímenes cuando los perpetradores han 
sido sorprendidos o para reemplazar la versión inicial, y poder exculparse de los hechos. 
Tampoco cuando no es claro que en la justificación dada por los mandos, se sustente que 
en verdad se trató de una situación accidental que hubiera podido evitarse, o cuando las 
evidencias muestran que el error era una circunstancia imposible como en el que caso 
en que se justificó el homicidio de un indígena como un “error” debido a que “las tropas 
fueron atacadas”, cuando la comunidad da fe de que en el área solo estaban presentes las 
tropas del Ejército y que no hubo ningún ataque (ver tabla No. 3). En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el año 2015 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
documenta 10 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida a manos de efectivos 
militares en Antioquia, Cauca, Tolima, Arauca, Meta, Norte de Santander y Caquetá, de 
las cuales menciona que “El Ejército calificó cinco de ellos como “errores militares”, sin Fecha Nombre de la víctima Entidad Municipio Dpto. División 
Ejército Brigada Ocupación
víctima Sexo Edad 18/01/2015 Fáiber Antonio Erazo, E Argelia Cauca 3 BR 29 Campesino M 25 23/01/2015 Mario Mora Rolón E Remedios Antioquia 2 BR 5 Guerrillero herido M 10/02/2015 Anderson Daza Hernández E Planadas Tolima 5 BM 8, FT Zeus Campesino M 25 16/02/2015 Elezéimer Niño Contreras E Tibú N. Santander 2 BR 30 Joven M 21 05/03/2015 Ever López Rozo E El Castillo Meta 4 BR 7 Campesino M 05/03/2015 Rafael Torres Morales E Baraya Huila 5 BR 9 Guerrillero FARC M 05/03/2015 NN (alias Esneider o Japonés) E Baraya Huila 5 BR 9 Guerrillero FARC M 15/06/2015 Luz Dary Fandiño E Tame Arauca 8 BR 18 Líder Comunitaria F 37 01/07/2015 Eider Alberto Sucerquia Tamayo E Tierralta Córdoba 7 BR 11 Niño M 15 18/07/2015 Danilo Obando E Iscuandé Nariño 3 BM 19 Joven M 24 19/10/2015 Alfredo Bolaños Lasso E Puracé Cauca 3 BR 29 Ex gobernador Indígena M 70 14/06/2015 José Amin Hernández Manrique E, P Segovia Antioquia 2 BR 5 Guerrillero ELN herido M 17/06/2015 Yulian Estiven Monge E, P Sijin Araracuara Caquetá 6 BR 26 Joven Minero M 22 28/03/2015 Cristian Alexander Cabrera Valencia P Santiago Putumayo Joven M 22 22/04/2015 Sócrates Osorio Loaiza P Pijao Quindío Consumidor M 40 26/06/2015 Diego Fernando Mueses Palacio P Tumaco Nariño Presunto contrabandista M 22 Tabla No. 2. Casos de falsos positivos 2015.               Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Tabla No. 3. Casos de supuesto error miltar 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. División 
Ejército Brigada Ocupación Sexo Edad 27/02/2015 Celsain Fernández Rivera 05/03/2015 Ever López Rozo 03/12/2015 Felipe Parra Franco 23/05/2015 Willington Ortiz Suárez 14/04/2015 Darwin Caicedo Torres 30/03/2015 John Freddy Blandón Silgado 07/02/2015 Jarrinson Perdomo Cruz E E E P P P P 20/12/2015 Josefina García P, Sijin Manizales 31/12/2015 José Alfredo Dimas Mateus P Agua de Dios Cundinamarca Sivia El Castillo Mistrató Los Patios Cauca Meta Risaralda N. Santander Buenaventura Valle del Cauca Cartagena Ibagué Bolívar Tollima Caldas 3 4 3 BM 29 Indígena BR 7 BR 8 Campesino Contratista Joven Joven Joven Joven Anciana Joven M M M M M M M F M 33 35 23 22 24 78 19 esclarecer las causas operacionales, de mando y control, de indisciplina táctica y/o de inobservancia de procedimientos”35. Concluyendo sobre esto que “El Estado incumple sus 
obligaciones internacionales cuando no actúa en materia penal, disciplinaria, operacional 
o de mando y control para asegurar la no repetición”. En su anterior informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 
el año 2014 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones también había 
constatado que su oficina “documentó violaciones al derecho a la vida que el Ejército continúa calificando como ‘errores militares’”36. Después de referir una serie de víctimas de 
esta modalidad de ejecuciones, el Alto Comisionado le “recuerda al Estado que, cuando 
un civil muere durante operaciones militares, la calificación de los hechos como un error 
militar ineludible es una decisión judicial que debe estar basada en investigaciones imparciales y objetivas”37. CASO ÉVER LÓPEZ ROZO. Al amanecer del 5 de marzo de 2015, tropas del Batallón de 
Combate Terrestre de la Brigada 7 del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda Llanolindo, municipio de El Castillo (Meta) al campesino Éver López Rozo, quien había salido de su vivienda en 
compañía de su hijastro de 12 años a ordeñar una vaca que había parido. Según el General Jorge Romero, comandante de la Séptima Brigada, las tropas estaban en el área realizando operaciones militares contra las Farc y hacían una maniobra de emboscada en horas de la madrugada, 
y luego a la emboscada ingresan unos sujetos, las unidades reaccionan y cuando se verifica “se 
encuentra un hombre vestido con pantalón oscuro”. Sin embargo, familiares y amigos que fueron 
a verificar lo que había pasado con Ever fueron contenidos por las tropas, no los dejaron seguir 
por el camino hacia donde habían escuchado los disparos, y les negaron saber nada de Ever. Los 
familiares supieron que lo habían matado porque al mediodía las tropas dejaron salir al niño Leonardo Beltrán, quien llorando confesó la muerte de Ever, la cual fue posteriormente confirmada 
en las horas de la tarde por las tropas. En comunicado a la opinión pública, la justificación del 
Comando de la VII Brigada expresa escuetamente que “El día 5 de marzo en horas de la mañana 
mientras se realizaban operaciones militares en área rural del Castillo Meta, se presentó una situación operacional en la que fallece el señor Ever López Rozo”, por lo cual expresa condolencias a 
su familia. Además de las excusas absurdas y el ocultamiento de la ejecución durante casi todo el 
día, el error se hace poco creíble en vista de que el campesino asesinado venía siendo hostigado 
días antes por las tropas. 35 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe Anual del Alto Comisionado sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia 2015. 
15 de marzo de 2016. Documento A/HRC/31/3/Add.2. Párrafo 60.
36 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Colombia en 2014. Documento A/HCR/28/3/Add.3. 23 de Enero de 2015. Página 11. Párrafo 42.
37 Ibidem. 30                Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 31 En el territorio del Cauca, la frecuencia de homicidios de indígenas a manos de tropas 
del Ejército, en los cuales se alega supuesto error militar (especialmente por parte de la 
Brigada 29 en el Cauca), llevó a la Organización Nacional Indígena a pronunciarse públicamente mediante un comunicado a la opinión pública en el que denunciaba que estas 
ejecuciones “No son errores militares: son asesinatos a la población civil indígena”38. 3.5. Muertes bajo custodia o en estaciones de Policía Cerca del 20% de los casos reportados como homicidios intencionales de agentes estatales durante el 2015 ocurrieron en situaciones de absoluta indefensión de las víctimas, 
mientras estaban en situación de custodia por servidores estatales. Uno de cada cuatro 
homicidios de responsabilidad de agentes de la policía en el último año se cometió en 
estas circunstancias. Durante el 2015, 12 personas murieron en sitios de reclusión o detención que estaban totalmente bajo el control de agentes estatales, de los cuales 10 fueron 
por responsabilidad de agentes de la Policía Nacional y 2 atribuibles al INPEC por golpizas 
o torturas al interior de centros carcelarios (ver tabla No. 4). De los casos denunciados de muerte bajo custodia de agentes estatales, 2 fueron mujeres. Para estas, y especialmente para los jóvenes de sectores populares, las estaciones 
de policía se han convertido en sitios peligrosos, con riesgos especiales para la garantía 
del derecho a la integridad, a la dignidad y a la vida. Muchas de estas personas que han 
muerto en estaciones de policía han muerto a causa de golpizas o malos tratos, según 
han denunciado sus familiares. La versión de las autoridades en las mayoría de los casos 
es que las muertes se habrían producido por suicidios mediante “ahorcamientos”, y en 
otros casos alegan que las víctimas murieron por “problemas de salud”. De ser ciertas 
estas excusas, resulta incomprensible que las estaciones de policía se hayan convertido en 
lugar favorito para que los jóvenes marginados social y económicamente busquen para 
suicidarse, o que personas moribundas prefieran estos lugares para pasar sus últimos momentos. En realidad, muchas de estas muertes pudieron producirse como consecuencia de 
excesos en la aplicación de castigos extrajudiciales impuestos sumariamente por los agen- 38 Consejo Regional Indígena del Cauca. “No son errores militares: son asesinatos a la población civil indígena”. 9 de abril de 2013. 
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/219-no-son-errores-militaresson-asesinatos-a-la-poblacion-civil-indigena Tabla No. 4. Casos de homicidios bajo custodia en Estación de Policía 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 27/12/2015 Reinaldo Cabarcas Silvera, P Barranquilla Atlántico Poblador M 38 18/05/2015 David Laverde Gutiérrez P Bogotá Bogotá D.C. Joven M 22 31/12/2015 José Alfredo Dimas Mateus P Agua de Dios Cundinamarca Joven M 19 09/08/2015 Henry Pabón P Viotá Cundinamarca Poblador M 38 12/04/2015 Jaiber Herrera P Guachetá Cundinamarca Joven Minero M 21 04/06/2015 Jeann Carlos Urieles Olave P La Gloria Cesar Niño, Presunto Delincuente M 15 05/12/2015 Paula Alejandra Torres Cabrera P Bogotá Bogotá D.C. Joven, Operario F 28 17/06/2015 Antonio José Caraballo Campo P, INPEC Cartagena Bolívar Presunto Delincuente M 40 13/03/2015 Mauricio Guerra Zalabarría P Cartagena Boívar Joven M 32 13/10/2015 Adriana Paula Bernal INPEC Jamundí Valle del Cauca Reclusa F 28 23/01/2015 Juan David Osorio Rodas P Medellín Antioquia Joven, Presunto Expendedor M 21 26/04/2015 Sergio Hernán Guzmán P San Andrés Santander Joven M 28     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento tes estatales al interior de las estaciones de policía. En distintas regiones, los jóvenes que 
deambulan por las calles son detenidos para que se ocupen del aseo de las instalaciones 
de la policía, padeciendo además apremios y malos tratos. El homicidio del joven José 
Alfredo Dimas, detenido para hacer aseo en la estación de policía de Agua de Dios (Cundinamarca) y asesinado por un disparo en el cráneo mientras se le sometió al “juego” de 
ruleta rusa con una Mini-UZI es evidencia de la acumulación de múltiples prácticas infamatorias a las que son sometidos muchos jóvenes en estaciones de policía y otros centros 
de detención transitoria (ver recuadro). CASO JOSÉ ALFREDO DIMAS. El 31 de diciembre 2015 fue asesinado dentro de la Estación de Policía de Agua de Dios (Cundinamarca) el joven en situación de discapacidad JOSÉ 
ALFREDO DIMAS MATEUS de 19 años, poco después de haber sido detenido en las horas 
de la madrugada en compañía de otros dos amigos. Los chicos fueron detenidos en el parque 
principal por estar “en actitud sospechosa” y para solicitarle documentos y “…como los jóvenes 
no los portaban, fueron detenidos y llevados a la estación para una supuesta identificación” y 
“posteriormente verificar sus antecedentes penales”. Uno de los chicos detenidos declaró ante 
la Fiscalía que fueron detenidos por un agente de la policía y trasladados a la parte trasera de la 
Estación “para hacer aseo de esas dependencias”, pero el agente comenzó a amenazarlos con su 
arma de fuego. “Nos ponía el cañón del arma en la cabeza manifestando que nos quería matar y 
justo cuando estaba con José Alfredo Dimas poniéndole el arma en la cabeza, el auxiliar Nicolás 
disparó el arma y lo asesinó”. Dimas fue ejecutado con disparo en el cráneo de una Mini-UZI que 
de manera incomprensible portaba como arma de dotación un agente con rango de auxiliar de 
policía. El comandante de la Estación de Policía dijo que al parecer fue un accidente y por eso el 
auxiliar no tiene medida preventiva, pero fue trasladado al distrito de Girardot, donde continúa 
en servicio activo: “Todo apunta a que fue un accidente dentro de las instalaciones”, dijo el coronel José Miguel Correa Hernández, comandante de la Policía de Cundinamarca, a pesar de que 
los policías de la Estación habían informado a la madre de José Alfredo que los disparos que el 
agresor realizaba a la cabeza de los detenidos “eran solo un juego”, y “al policía se le disparó el 
arma”. Como parte del bullying acostumbrado contra jóvenes marginados, además del juego a la 
ruleta rusa con las cabezas de los 3 jóvenes detenidos, la prensa informó que los jóvenes habían 
sido llevados detenidos “para que limpiarán la estación, actividad para la que eran requeridos 
con frecuencia”. Juegos de ruleta rusa que amenazan la vida de jóvenes detenidos fueron también recientemente denunciados en un video de amplia de difusión, en el que policías del CAI 
del Barrio El Codito de Bogotá juegan ruleta rusa con un detenido y lo amenazan con 
subirlo a una camioneta “para picarlo”39. Otros procedimientos brutales de homicidio 
en estaciones de policía se reflejaron en la muerte del joven Juan David Osorio Rodas, 
supuesto consumidor de drogas, a quien en enero del 2015 en el CAI de Bolívar en el 
centro de Medellín le hicieron consumir la totalidad de las papeletas que le habrían encontrado en el bolsillo de su pantalón en una requisa, por lo que se puso mal y murió de 
un paro respiratorio a poca distancia del CAI, de donde fue retirado cuando comenzó a 
convalecer. 3.6. Muertes por supuesto ahorcamiento En 7 de los 12 casos de muertes de bajo custodia policial documentados en el 2015 se 
adujo por parte de las autoridades que las muertes se habrían dado por suicidio mediante 
ahorcamiento de las personas que estaban bajo control policial en dichos centros de detención, a pesar de que sus familiares frecuentemente desmienten los hechos, y denuncian 
que las víctimas murieron a causa de golpizas que les habrían cortado la vida, o que el 39 En video: policías que agredieron a joven en un CAI serán investigados”. Revista Semana. 8 Junio de 2016. En: http://www.semana.com/nacion/multimedia/policia-de-bogota-investigara-agresion-en-contra-de-un-joven/476838 32    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos suicidio correspondería a un montaje que busca ocultar un homicidio intencional (ver 
tabla No. 5). Tabla No. 5. Muertes por supuesto ahorcamiento 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 17/06/2015 Antonio José Caraballo Campo P, INPEC Cartagena Bolívar Presunto Delincuente 05/12/2015 Paula Alejandra Torres Cabrera 09/08/2015 Henry Pabón 12/04/2015 Jaiber Herrera 27/12/2015 Reinaldo Cabarcas Silvera, P P P P Bogotá Viotá Bogotá D.C. Joven, Operario Cundinamarca Poblador Guachetá Cundinamarca Joven Minero Barranquilla Atlántico Poblador 13/10/2015 Adriana Paula Bernal INPEC Jamundí Valle del Cauca Reclusa 26/04/2015 Sergio Hernán Guzmán P San Andrés Santander Joven M F M M M F M 40 28 38 21 38 28 28 Dos de estas víctimas de supuesto ahorcamiento eran mujeres, una de las cuales habría muerto por torturas en centro carcelario (Adriana Paula Bernal en Jamundí, Valle el 
13 de octubre de 2015) y otra por golpizas al momento de su detención o en el trayecto 
hacia la UPJ en el sector de Puente Aranda, caso documentado en el siguiente recuadro: CASO PAULA ALEJANDRA TORRES CABRERA. En Bogotá el 5 de diciembre de 2012, 
agentes de policías habrían dado muerte a Paula Alejandra Torres, a una joven obrera de 28 años 
de edad, luego de ser detenida y golpeada por los policías que terminaron aliados con un taxista 
que la habría agredido previamente, y la trasladaron a la UPJ de Puente Aranda. Respecto a este 
hecho el director de la policía metropolitana dijo que se trató de un suicidio, pues se habría ahorcado con el cordón del pantalón. “el policía que estaba de servicio se dio cuenta que había intentado ahorcarse, los policías en su afán de salvarle la vida la subieron a un vehículo de la policía 
y en ese vehículo fue trasladada al hospital San José, donde falleció”. Paula (que se hacía llamar 
Carlos), era una joven transgénero que el día de su muerte, luego de celebrar y tomar unos tragos 
con unos amigos, había tomado un taxi para ir a casa de su novia en el barrio 20 de Julio. Al 
ver que Paula se estaba demorando y no contestaba su teléfono, su pareja llamó al taxista para 
saber dónde venían. El hombre respondió que estaba en el almacén Metro, en la carrera 10 con 
calle 30b sur, muy cerca del lugar de destino. De inmediato, ella se dirigió hasta allá y encontró a 
Paula enfrentada con el taxista, porque al parecer le estaba cobrando más de lo debido. La joven 
intentó calmar la situación, pero a la escena llegaron dos policías. El taxista les aseguró que Paula 
lo quería robar y de inmediato los uniformados la tiraron al suelo, le pusieron una rodilla sobre 
su cabeza para ponerle unas esposas. Para levantarla, la halaron de la pretina del pantalón. “No 
les importó que ella les hubiera dicho: ojo que soy mujer y me están lastimando. Paula medía 
1,50 mt y pesaba 50 kilos. No era necesario usar tanta fuerza” contó una testigo. En ese momento los padres de Paula recibieron una llamada telefónica desde donde se encontraban Paula 
y su pareja, ahí escuchan que su hija grita desesperada, me están golpeando, el policía me está 
cacheteando, me está arrastrando. Paula fue subida a la camioneta de la policía a las 9.15 p.m. 
y extrañamente ingresada a la UPJ a las 9.50 p.m. para un recorrido que normalmente no dura 
más de 10 minutos, pero curiosamente el ingreso no registra la casilla de su particular condición 
de integrante de la comunidad LGBTI, ni los golpes que recibió y tampoco está su firma, datos 
de contacto, ocupación, etc. No se sabe que pasó en el lapso entre su detención y su ingreso a 
la UPJ o si realmente llegó viva a este lugar. Cuando sus padres acuden a la UPJ les informan 
que fue sacada para el hospital San José, pues se habría intentado suicidar con el cordón de su 
pantalón, versión que consideran imposible pues este no medía más de 30 centímetros. Cuando 
ingresó al hospital 20 minutos más tarde estaba muerta, por lo cual sus familiares afirman que 
pudo haber muerto por las golpizas recibidas al momento de su detención, dentro de la patrulla 
de conducción y posiblemente también al interior de la UPJ, por lo que lo más probable es que 
haya sido sacado muerta de este lugar y traslada al hospital para desviar la evidencia. La madre, 
quien también es policía, pudo conocer el informe que hicieron los uniformados luego de detener 
a Paula, el cual según ella siembra más dudas sobre su muerte. En el formato, que es lo único que 
han recibido de las autoridades, dice: “La ciudadana se encuentra en alto grado de exaltación en 33  Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento la carrera 10 con 31 sur. Por su estado, se conduce a la UPJ para que se evite daños a su propia 
identidad y a terceros”. Los padres de Paula conservan la fotografía que le tomaron ese día en el 
hospital, en donde se evidencian golpes en su rostro y en la parte izquierda del torso. Además, de 
una marca en su cuello que denota asfixia, pero no por suicidio, como asegura la Policía. 3.7. Muertes pretextando problemas de salud En 3 de los 12 casos de muertes bajo custodia policial, los agentes afirmaron que las 
muertes se habrían producido por “problemas de salud” de los detenidos, a pesar de que 
los familiares denunciaron que murieron a causa de los maltratos recibidos en las estaciones de policía (ver tabla No. 6). Tabla No. 6. Muertes pretextando supuestos problemas de salud 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 18/05/2015 David Laverde Gutiérrez 04/06/2015 Jeann Carlos Urieles Olave 13/03/2015 Mauricio Guerra Zalabarría P P P Bogotá La Gloria Cartagena Bogotá D.C. Joven Cesar Bolívar Niño, Presunto Delincuente Joven M M M 22 15 32 Es el caso de Mauricio Guerra Zalabarría, muerto según sus familiares, tras una golpiza 
que recibió al interior de la estación de Nuevo Bosque en Cartagena el 13/09/2015. Es 
también el caso del menor de 15 años de edad Juan Carlos Urieles, muerto en la estación 
de policía de La Gloria (Cesar) el 4 de junio de 2015, a quien su madre encontró en la 
estación esposado y amarrado de pies, y fuertes golpes en su cara, pero una hora más 
tarde le informaron que su hijo había muerto, ya que “se complicó y al parecer, por una 
convulsión inesperada falleció en las instalaciones policiales”40, según informó el comandante Operativo de la Policía Cesar, coronel Jorge Urquijo. Razones similares ofreció el 
coronel Luis Benavides, comandante operativo del sector sur de la capital al dar cuenta de 
la muerte de uno de los 3 jóvenes que fueron recapturados luego de haberse fugado de 
la estación de policía de Tunjuelito, al sur de Bogotá, y quien murió uno minutos después 
haber recibió una golpiza tras su recaptura: “Presenta afectación física, lo que obliga llevarlo hasta un centro médico. Desafortunadamente, falleció”41 fue la peregrina razón que 
ofreció el coronel Benavides (ver Recuadro). CASO DAVID LAVERDE GUTIÉRREZ. El joven David Laverde, de 22 años murió el 18 
de mayo de 2015, presuntamente a causa de la golpiza que recibió en la Estación de Policía de 
Tunjuelito, en el Sur de Bogotá. Juan David había sido detenido previamente pero logró fugarse, 
junto con otros dos jóvenes, pero en la persecución fue recapturado y conducido nuevamente 
a la Estación. Luego de ser recapturado, el joven habría sido golpeado dentro del sitio de reclusión. Familiares de la víctima dice que los tres jóvenes recapturados fueron golpeados, pero solo 
David murió. El coronel Luis Benavides, comandante operativo de la Zona Sur de Bogotá dijo 
que luego de su recaptura “Fueron trasladados nuevamente aquí a las instalaciones, estando aquí 
uno de estos sujetos presenta afectación física, lo que obliga llevarlo a un centro médico donde 
lamentablemente falleció”. El reporte oficial demuestra que el joven llegó al hospital con múltiples lesiones y laceraciones craneoencefálicas, golpes en la nariz y la cara, y que cuando ingresó 
ya no tenía signos vitales. 40 “Investigan muerte de adolescente en estación de Policía”. El Pilón. 6 de Junio de 2015. En: http://elpilon.com.co/investigan-muerte-de-adolescente-enestacion-de-policia/
41 “En hechos confusos, muere joven que había intentado huir de estación de Policía”.  Caracol Noticias. 19 de mayo de 2015. http://www.noticiascaracol.
com/colombia/en-hechos-confusos-muere-joven-que-habia-intentado-huir-de-estacion-de-policia 34   Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 3.8. Muertes por golpizas Por los menos en 5 de los 12 casos de muertes bajo custodia policial conocidos por el 
Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU se denunció que las víctimas habrían 
recibido golpizas que les habrían causado la muerte. Como se ha visto, es la causa de la 
mayoría de las muertes en estaciones de policía, pero no solo en estaciones de policía han 
muerto civiles por golpizas de los agentes de la Policía (ver tabla No. 7). Tabla No. 7. Casos de muertes por golpiza 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 17/06/2015 Antonio José Caraballo Campo P, INPEC Cartagena Cartagena Bolívar Bolívar Presunto Delincuente Joven 13/03/2015 Mauricio Guerra Zalabarría 05/12/2015 Paula Alejandra Torres Cabrera 04/06/2015 Jeann Carlos Urieles Olave 18/05/2015 David Laverde Gutiérrez 11/08/2015 Jeison Stiven Soto P P P P P Bogotá Bogotá D.C. Joven, Operario La Gloria Cesar Niño, Presunto Delincuente Bogotá Bogotá Bogotá D.C. Joven Bogotá D.C. Vigilante M M F M M M 40 32 28 15 22 33 También, como producto de golpizas han muerto ciudadanos en vías públicas, como 
se denunció en el caso del señor Jeison Stiven Soto en el sur de Bogotá en junio del 2015, 
quien fue abandonado en un caño luego de golpizas que lo llevaron a la muerte (ver recuadro). CASO JEISON STIVEN SOTO. El 11 de agosto de 2015 luego de permanecer cerca de 2 
meses hospitalizado en el hospital de Kennedy (Bogotá), debido a la atroz golpiza que recibió 
de agentes de la Policía, murió el joven Jeison Stiven Soto, de 33 años de edad, guardia de 
seguridad y padre de una niña. De acuerdo a la versión de los familiares y amigos, el joven fue 
víctima de una golpiza por parte de la policía que lo detuvo el pasado 15 de junio luego de una 
riña que se presentó al interior de un bar de la famosa “Cuadra Alegre”. Un amigo de la víctima 
fatal, quién ese día estuvo en el lugar de los hechos, relató que “Nosotros creímos que nos iban 
a llevar a una UPJ como es el procedimiento legal, pero no, lo que hicieron fue llevarnos en dos 
patrullas a un caño que queda cerca a la avenida de Las Américas, el conductor de una de ellas se 
baja y bajan a Jeison y le empiezan a propinar unos golpes”, dijo. “Los golpes fueron muchos, en 
este caño le dieron patadas hasta que lo dejaron inconsciente y después lo dejaron abandonado. 
A nosotros nos llevaron hasta la 1 con 68 y ahí nos dejaron. Ellos decían que no querían hacer 
el procedimiento porque al otro día tenían descanso y si nos capturaban eso significaba que se 
les dañaba”. 3.9. Homicidios en retenes o puestos de control militar o policial 6 de las víctimas fueron ejecutadas en retenes militares o puestos de control, de las 
cuales 4 fueron cometidas por tropas del Ejército y 2 por miembros de la Policía Nacional 
(ver tabla No. 8). En algunos casos, los testigos afirman que, en contra de lo afirmado 
por las tropas, no había ningún retén, ninguna señalización, o que no hicieron ninguna 
señal de pare. En otros casos los agentes del estado dicen que la víctima “no atendió la 
orden de pare”, añadiendo en ocasiones otros pretextos para disparar, que luego se han 
comprobado falsos, como en el caso del campesino Faiber Antonio Erazo, asesinado por 
tropas del Ejército en Argelia (Cauca) en enero de 2015 (ver recuadro). 35    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento FAIBER ANTONIO ERAZO CUÉLLAR. El 18 de enero del 2015, militares adscritos al Batallón de Infantería 56 Coronel Francisco Javier González adscrito a la División 3 del Ejército 
Nacional ejecutaron al campesino Faiber Antonio Erazo Cuéllar de 25 años de edad, en el sitio 
El Café, corregimiento El Plateado, municipio de Argelia (Cauca). Faiber transitaba en motocicleta por la vía que conduce de El Plateado al corregimiento La Emboscada, y sin que mediara 
ninguna orden varios militares le dispararon con sus fusiles, sin que ningún militar hiciera señal 
de pare, gritando que se les escapaba. Un campesino que había sido detenidos minutos antes por 
los soldados, y observó los hechos, declaró que Faiber alcanzó a levantar una mano mientras los 
soldados seguían disparando, y luego procedieron a golpearlo en el suelo con la culata del fúsil, 
pero al verlo grave de salud, se recriminaron entre ellos diciendo “hijueputa la embarramos”. 
Con nuevos disparos los soldados dispersaron a la comunidad que había acudido a observar que 
era lo que había pasado, razón por la cual cerca de 90 militares fueron retenidos por los campesinos y entregados luego a delegados del Ministerio Público y el Ejército Nacional. Entre ellos se 
encontraban los 14 involucrados en el homicidio del civil. Los militares expresaron que el campesino transportaba una bolsa que al parecer contenía drogas, y ratificaron en versión judicial que 
habían disparado a Faiber porque este transportaba 25 libras de pasta de coca y había omitido 
el puesto de control del Ejército: “Ante la omisión del motociclista, la tropa reaccionó contra el 
automotor”, dijo el parte oficial. Los tiros en el cuerpo de la víctima muestran que no fue así. 
Sin embargo, la Fiscalía pudo comprobar que no solamente en el lugar de los hechos no estaba 
autorizado ningún puesto de control, sino que la supuesta droga que dijeron que transportaba 
nunca apareció, razón por la cual 5 militares fueron posteriormente detenidos. Sin embargo, la justificación de “no atender la orden de pare” se ha convertido en un 
motivo demasiado frecuente, que según varios fallos del Consejo de Estado, no puede ser 
motivo para privar de la vida a los ciudadanos. En noviembre del 2015 esta entidad condenó al Estado a pagar a una importante indemnización por los hechos que rodearon la 
muerte de una campesina quien recibió cinco impactos de bala sobre su humanidad por 
parte de un soldado en hechos registrados el 27 de enero de 2002 en Dolores (Tolima), 
al considerar que se presentó una falla en el servicio cuando los soldados le dispararon 
de manera indiscriminada y negligente, y puesto que “El Ejército no cumplió las normas 
mínimas para realizar un retén”42. En otra sentencia de febrero de 2015 el Consejo de Estado rechazó el uso de la fuerza 
letal contra ciudadanos en un retén, pues a diferencia de lo afirmado por miembros de 
la policía, estos no accionaron sus armas en reacción a un ataque previo y en legítima 
defensa como alegaban, sino que “Si bien el procedimiento de policía se desarrolló en 
cumplimiento de un deber legal, el uso de la fuerza letal no fue una reacción de legítima 
defensa, en consecuencia, es posible afirmar que se usó de manera arbitraria y desproporcionada la fuerza letal, sin que obre otro medio conducente de prueba en el plenario que 
permita erigir una hipótesis diferente”43, aclarando además que el uso de las armas “solo 
puede ser utilizado como último recurso” y “luego de haber agotado todos los medios de 
defensa que representen un daño menor; más aún durante operaciones como esta que no 
tienen como propósito atacar un objetivo militar definido y autorizado”44. Este uso desproporcionado de la fuerza alegando que la víctima no acató orden de 
pare tampoco se justifica para disparar a los pies de los personas en puestos de control. En 
julio del 2013 el Consejo de Estado consideró que miembros de la Policía Nacional “actuaron de manera imprudente e hicieron uso de sus armas de manera desproporcionada” 42 “Se presentó una falla en el servicio. Condenan a la Nación por ataque injustificado del Ejército contra vehículo particular”. El Espectador. 12 de noviembre de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-nacion-ataque-injustificado-del-ejercito-contr-articulo-596483
43 “Condenan a la Policía por homicidio en retén en Don Matías”. El Colombiano. 25  de febrero de 2015. http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/condenan-a-la-policia-por-homicidio-en-reten-en-donmatias-AA1367763
44 “Por uso excesivo de la fuerza, Policía deberá pagar $ 420 millones”. El Tiempo. 25 de febrero de 2015. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/consejode-estado-policia-debera-pagar-por-sus-indiscriminado-de-la-fuerza/15299776 36    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 37 cuando en 1997 agentes de la policía dispararon contra un hombre que resultó baleado 
en sus piernas por no detenerse en un retén en la capital huilense45, razón por la cual se 
condenó a la institución a una cuantiosa indemnización. 3.10. Homicidios en acciones de protesta social En el año 2013 unas 15 personas fueron muertas por miembros de la fuerza pública 
en acciones de uso ilegítimo de la fuerza en contra de ciudadanos que ejercían el legítimo 
derecho a la protesta social en los diferentes paros agrarios, minero, cafetero y en la minga 
indígena. En el año 2015 fueron 9 las personas que murieron en diversos actos de represión a acciones de protesta ciudadana. En todos los casos, las víctimas murieron por el accionar ilegal de armas de fuego en 
contra de los que protestaban. 8 de los casos fueron responsabilidad de la Policía Nacional 
(con dos casos al menos en los que hubo intervención del ESMAD) y en un caso la muerte 
fue causada por tropas del Ejército en contra de un joven campesino en Argelia (Cauca) 
que protestaba contra la erradicación forzada de cultivos de coca, siendo abaleado por 
tropas de la Brigada 29 del Ejército. En otro caso, en el cual fue asesinado el comunero indígena Fiderson Guillermo Paví 
Ramos que participaba en acciones de recuperación de tierras en Caloto (Cauca) se causaron también heridas a otros 45 indígenas, y se denunció también la práctica del uso de 
armas no convencionales por parte del ESMAD (ver recuadro). Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. División 
Ejercito Brigada Ocupación Sexo Edad 16/02/2015 Elezéimer Niño Contreras E Tibú N. Santander 2 BR 30 Joven M 21 18/01/2015 Fáiber Antonio Erazo, E Argelia Cauca 3 BR 29 Campesino M 25 23/05/2015 Willington Ortiz Suárez P Los Patios N. Santander Joven M 23 22/06/2015 Ismael Enrique Bastidas E Inzá Cauca 3 BM 29 Indigena M 28 03/12/2015 Felipe Parra Franco E Mistrató Risaralda 3 BR 8 Contratista M 35 13/08/2015 Edilson Badillo P Bogotá Bogotá D.C. Joven M 25 Tabla No. 8. Muertes en retenes militares o puestos de control 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. División 
Ejercito Brigada Ocupación Sexo Edad 10/04/2015 Fiderson Guillermo Pavi Ramos P, ESMAD Caloto Cauca Indígena Lider M 18 19/11/2015 Miller Bermeo Acosta E Argelia Cauca 3 BR 29 Joven Campesino M 20 22/09/2015 Nini Johana Toncel Freiler P Barranquilla Atlántico Ama de Casa F 36 28/09/2015 Jairo Díaz Bolívar P, ESMAD Distracción La Guajira Vendedor de Rifas M 48 10/10/2015 Roger Oñate Hernández P Barranquilla Atlántico Niño M 17 Tabla No. 9. Casos de homicidios en acciones de protesta social colectiva 2015. 45 “Policía a pagar indemnización por uniformado que disparó en retén”. 29 de julio de 2013. http://www.radiosantafe.com/2013/07/29/policia-a-pagarindemnizacion-por-uniformado-que-disparo-en-reten/                Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento CASO FIDERSON GUILLERMO PAVI RAMOS. Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la Policía Nacional causaron la muerte del líder indígena Siberston Guillermo 
Paví Ramos de 18 años y heridas a Carlos García, en hechos ocurridos el 10 de abril de 2015 en 
inmediaciones de la hacienda La Emperatriz, Caloto (Cauca). Fiderson Guillermo Pavi provenía 
del resguardo de López Adentro y se encontraba participando de acciones de recuperación de 
tierras en la hacienda La Emperatriz. Era integrante de la guardia indígena y actualmente se encontraba participando del movimiento juvenil. Según la denuncia: “Cerca de las 2:15 de la tarde 
la comunidad se encontraba resistiendo a los ataques del ESMAD cuando Guillermo fue herido 
por un impacto de bala disparado desde las trincheras organizadas por la fuerza pública dentro y 
fuera de la finca. Desde la tanqueta la fuerza pública se encontraba disparando gases lacrimógenos pero también se dispara armas no convencionales y armas de fuego. Desde el día 5 de marzo 
de 2015 la comunidad del Resguardo de Huellas, Tóez y López Adentro se encuentra de nuevo 
en el ejercicio de Liberación de la Madre Tierra y como respuesta del gobierno de turno, hasta el 
momento han dejado 45 heridos de los cuales 23 han sido de carácter grave, entre ellos Carlos 
García, integrante del Movimiento Juvenil y de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Caloto, 
a quien se le realizará una cirugía en la cabeza”. En las protestas en las cuales fue asesinado Fiderson el ESMAD causo 45 heridos de los cuales 23 han sido de carácter grave. 3.11. Muertes por protestas surgidas o reacciones espontáneas a
procedimientos policiales arbitrarios o excesivos De los 9 casos de muertes en acciones de protesta, 5 víctimas murieron en desarrollo 
de protestas colectivas que fueron objeto de represión con balas oficiales. En otros 4 casos 
las víctimas murieron luego de que se presentaran protestas espontáneas como reacción a 
procedimientos policiales abusivos o autoritarios, que derivaron en acciones tumultuarias 
que fueron respondidas a balazos por los agentes policiales, en acciones que manifiestan 
un uso abusivo o excesivo de la armas (ver recuadro siguiente y tabla No. 10). CASOS DE ELKIN ARGUMEDO BLANQUICETH (17) y EVER ARGUMEDO BLANQUICETH (23). El 15 de abril de 2015 en un operativo de la Policia en el Municipio de San 
Onofre, para dar con la captura de algunos delincuentes, se presentó un amotinamiento de pobladores que se opusieron al procedimiento y se enfrentaron a los agentes, los cuales dispararon 
su armas de dotación hiriendo de muerte a los hermanos Elkin y Ever Argumedo Argumedo 
Blanquiseth, el primero de 17 años de edad y el segundo de 23. Uno de los amigos de los jóvenes expresó que los policías llegaron a requisarlos y estos se negaron, pues constantemente en 
el lugar donde los encontraran, los agentes procedían a registrarlos diciéndoles “donde tenían 
la marihuanita”. “Primero le dispararon de frente a Elkin y cuando cayó al suelo, el policía aun 
le seguía disparando, por eso Ever le tiró una piedra en la cara al agente y este le disparó por 
la espalda dejándolo inmediatamente sin vida”, dijo el testigo. De acuerdo con seres allegados 
a Elkin y Ever Argumedo Blanquiseth, estos no tenían cuentas pendientes con la justicia y los 
uniformados desde hacía varios meses se las “tenían montada”, pues a cada rato los requisaban, 
estuvieran donde estuvieran. Tabla No. 10. Muertes en Protestas o Amotinamientos espontáneos por Abusos en Procedimientos Policiales 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 14/04/2015 Darwin Caicedo Torres 15/04/2015 Elkin Argumedo Blanquiceth 15/04/2015 Ever Argumedo Blanquiceth 10/10/2015 Roger Oñate Hernández P P P P Buenaventura Valle del Cauca San Onofre San Onofre Sucre Sucre Barranquilla Atlántico Joven Niño Joven Niño M M M M 22 17 23 17 38     Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 3.12. Homicidios con uso de armas diferentes a las oficiales De manera similar al uso de armas artesanales o no convencionales, frecuentemente 
denunciado en la represión a las comunidades indígenas, resulta gravemente preocupante 
que mediante el uso de armas diferentes a las de dotación oficial se haya producido la 
ejecución sumaria de 6 personas en la Costa Atlántica. Esta práctica, que busca evadir o 
desviar la responsabilidad de los autores de estos crímenes, cobró la vida de 4 personas 
en Cartagena y 2 más en Barranquilla. El elevado número de casos de casos de muertes 
por intolerancia social en contra de jóvenes de los sectores más marginados de Cartagena 
y Barranquilla, en los que la policía los ejecuta, con prácticas de “gatillo fácil” o aplicando 
justicia por propia mano, denota un grave problema de corrupción y de cultura de “limpieza social” en contra de jóvenes marginados, pequeños transgresores o consumidores 
de drogas, en donde es frecuente que la policía porte dos armas, una de dotación oficial 
y otra para llevar a cabo estas acciones criminales (ver tabla No. 11). Tabla No. 11. Homicidios con uso de Armas diferentes a las de Dotación Oficial 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 22/09/2015 Nini Johana Toncel Freiler 20/07/2015 Rafael Antonio Marimón Garcés 06/04/2015 Cristobal Mondol Peñate 30/06/2015 Rodrigo Alberto Bedoya 14/04/2015 Mauro Jiménez Acevedo 25/12/2015 Brandon Enrique Serpa Gelis P P P P P P Barranquilla Atlántico Ama de Casa Cartagena Cartagena Cartagena Cartagena Bolívar Bolívar Bolívar Bolívar Joven Cantante Poblador Joven Joven Barranquilla Atlántico Joven albañil F M M M M M 36 30 30 24 24 18 A pesar de que conocimos 6 casos en los que se denunció muerte con segunda arma, 
al parecer esta práctica no es infrecuente, y denota una preocupante falta de control y un 
irrespeto absoluto a la vida de los sectores más marginados en la práctica policial. La utilización de segunda arma no oficial por parte de altos mandos de la Policia ha derivado en 
graves casos de ejecuciones extrajudiciales de connotación nacional en los años recientes, 
sea para perpetrar ejecuciones o para “legalizar” homicidios ya perpetrados. En octubre 
del 2015 la Fiscalía formuló acusación contra el Coronel de la Policía Gustavo Chavarro 
por el homicidio del joven Juan David Guardo, en el norte de Bogotá, para el cual el coronel utilizó una pistola de bala dum dum, la cual es un arma prohibida por convenciones 
humanitarias y para la cual, el arma disparada por coronel, no contaba con salvoconducto y no pertenecía a la Policía Nacional, a pesar de lo cual continúa en libertad. La utilización de segunda arma diferente a la de dotación oficial para legalizar una 
ejecución extrajudicial por parte de la policía es el motivo por el cual también el Coronel 
Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de la Policía de Suba, está siendo 
procesado. Según la investigación de la Fiscalía General el coronel Arévalo dio instrucciones precisas a un grupo de uniformados a la hora de conseguir un arma de fuego no 
oficial para que fuera trasladada a la calle 106 con Avenida Boyacá, donde el joven Diego 
Becerra habia sido asesinado. Esta acción tenía como objetivo afectar la investigación y 
acusar al joven de 16 años de ser parte de una banda delincuencial. Es evidente que el 
porte y utilización de segunda arma no oficial, más allá de la proliferación de su uso para 
perpetrar homicidios en Cartagena y Barranquilla, es un problema que afecta también 
altos niveles de la policía, y parece avanzar hacia una tendencia en ciertos sectores de de 
la cultura institucional, y que debe ser urgentemente revisado en la reforma que requiere 
la transformación institucional de la policía para la su actuación en escenarios de posconflicto. 39    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Sin embargo, las nuevas atribuciones cuasi-judiciales que otorga el Código de Policía 
para que sus agentes ingresen a domicilios, tomen medidas de fuerza para superar situaciones de ruidos, algarabías o consumo de licores en la vías, y conduzcan por la fuerza a 
quienes se le opongan, para la imposición unilateral de un procedimiento verbal policivo 
en estación de policía, implican un riesgo enorme de que esta práctica de justicia autoritaria y uso de dotación alterna no oficial para imponer su ley, de manera arbitraria, pueda 
implicar la continuidad de estos casos. Un ejemplo de esta práctica fue el homicidio del 
joven cantante popular Rafael Antonio Marimón en julio de 2015 en Cartagena (ver recuadro). CASO RAFAEL ANTONIO MARIMÓN GARCÉS. El 20 de julio de 2015, en Cartagena, 
miembros de la Policía Nacional dieron muerte en horas de la noche al joven Rafael Antonio 
Marimón de 30 años de edad, cantante de champeta conocido como el Yarli. El joven se encontraba en el barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena, para amenizar un toque de picó, es decir 
una fiesta con bafles para poner música en la calle. Según lo difundido en fuentes de prensa, 
la versión de la Policía es que la víctima murió producto de una riña en el sector; sin embargo, 
su hermana afirmó que de acuerdo con lo que le contaron testigos, su muerte se produjo luego 
de que miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaran a la zona para apagar los 
equipos de sonido y durante la intervención, los uniformados usaron gases lacrimógenos, lo que 
terminó alterando a las personas que estaban allí, “mi hermano fue a buscar su moto, que la tenía 
estacionada, porque un policía estaba tirando las motocicletas parqueadas a un caño de la zona. 
Le dijo al uniformado, de forma respetuosa, que lo dejara llevársela. Sin embargo, lo que nos 
manifiestan los testigos es que el agente, bastante molesto, lo que hizo fue dispararle. (...) Fue un 
procedimiento en el que hubo abuso de autoridad. Mi hermano acababa de llegar y aún no había 
empezado su presentación. No entendemos por qué procedieron de esa forma. Está claro que mi 
hermano no era ningún delincuente y jamás agredió a los policías”. Según confesó el hermano 
de la victima, que pertenece a la policía de Cartagena igual que el victimario, “lo más curioso es 
que el uniformado habría disparado con un revólver 38 largo y no con su arma de dotación”. 
“Esto debe ser parte de la investigación”. 3.13. Homicidios selectivos sin motivación conocida o publicitada Una modalidad preocupantes de homicidios de responsabilidad estatal es la perpetración de homicidios selectivos o ejecuciones sumarias, cuya motivación no es declarada o 
a menos públicamente reconocida. En tal caso, las personas son víctimas de balas oficiales 
que asesinan a los blancos seleccionados guardando silencio sobre las razones que por 
cuales actúan. A diferencia de los casos de “falsos positivos”, en los cuales “la publicidad” 
de los motivos (ficticios) de la supuesta “muerte en combate” o la “legalización” de la 
víctima como miembro de una organización criminal, constituyen un elemento central de 
la definición de esta modalidad, en esos casos, quizá eludiendo la posibilidad de que puedan ser denunciados como “falsos positivos”, la publicidad de los móviles o la legalización 
de la víctima están ausentes. Son silenciados. Esta tendencia se muestra principalmente en los casos perpetrados por unidades del 
Ejército Nacional (5 víctimas), aunque hay también casos ejecutados por miembros de 
la Policía (3 víctimas). Todos los casos perpetrados por el ejército fueron perpetrados en 
la región del Pacífico con 4 casos en el departamento del Cauca, y uno en el Chocó. Lo 
más preocupante es que en casi todos estos casos, las víctimas de esta modalidad fueron 
miembros de comunidades indígenas, quienes pusieron al descubierto la responsabilidad 
de los miembros del ejército que o negaban los hechos o fueron capturados luego de huir. 
En ocasiones, y luego de haber sido descubiertas o capturadas las tropas ofrecen la ver- 40    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos sión de que la muerte, que antes negaban, obedeció a “un accidente”. De no haber sido 
descubiertos, las muertes hubieran pasado como ejecutadas por actores desconocidos o 
indeterminados (ver tabla No. 12). Tabla No. 12. Homicidios Selectivos sin Motivación Conocida o Publicitada 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. 18/04/2015 Melba Tequia Sintua 19/11/2015 Miller Bermeo Acosta 19/10/2015 Alfredo Bolaños Lasso 27/02/2015 Celsain Fernández Rivera 22/06/2015 Ismael Enrique Bastidas 10/05/2015 José Manuel Alcaraz Puerta 05/11/2015 Emiro Rafael Morales Martínez E E E E E P P Bagadó Argelia Puracé Sivia Inzá Chocó Cauca Cauca Cauca Cauca Carepa Antioquia Cartagena Bolívar 10/11/2015 Uriel Humberto Amaya Correa P + Paras Medellín Antioquia División 
Ejercito 7 3 3 3 3 Brigada Ocupacion Sexo Edad BR 15 BR 29 BR 29 BM 29 Indígena Joven Campesino Líder Indígena, ex gobernador Indígena BM 29, FT Apolo Indígena Campesino Niño Líder Comunitaria F M M M M M M M 20 70 33 28 27 16 41 En esta modalidad se enmarcan muertes como las del exgobernador indígena Alfredo 
Bolaños (ver recuadro) y otros 4 casos. En el caso del comunero indígena Celsaín Fernández Rivera, asesinado en Silvia – Cauca por un soldado del Batallón José Hilario López 
que huyó del lugar de los hechos pero fue sorprendido y luego capturado por la comunidad, la comandancia de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército asegura que el hecho fue 
“un accidente” . Las Brigadas 29 con sede en Popayán y la Brigada Móvil 29 que actúa 
en el norte del Cauca son las comprometidas en esta modalidad de ejecución, que se da 
en un contexto de agudos conflictos territoriales con las comunidades indígenas. Estas dos 
brigadas estaban articuladas bajo el mando del Comando Conjunto del Suroccidente, que 
durante el año 2015 estuvo bajo el mando del Generarl Henry William Torres Escalante, 
por lo que las responsabilidades que quepan merecen ser investigadas. CASO ALFREDO BOLAÑOS LASSO. El 19 de octubre de 2015 en El Puracé (Cauca) tropas 
Batallón José Hilario López, Unidad España 2, a cargo del sargento Eiser Rodriguez Balanta, 
asesinaron al taita y exgobernador indígena Alfredo Bolaños de 70 años de edad. El grupo de 
militares manifestaron que supuestamente a ellos les habían disparado desde la parte alta y ellos 
habían respondido, versión que la comunidad y la guardia indígena niegan y contradicen, ya 
que les consta que el único grupo armado que se movilizaba en ese momento por el lugar, era 
el ejército nacional. Persiguieron y detuvieron las tropas hasta verificar que había pasado en el 
lugar donde habían escuchado los disparos, y fue cuando horas mas tarde encontraron el cuerpo 
del taita Bolaños con un tiro en la cabeza cuando estaba llegando a su casa. Los indígenas retuvieron a los soldados que participaron en el asesinato y que habían buscado huir del lugar, con 
la finalidad de que las autoridades investigaran y aclararan los hechos. 3.14. Homicidio fuera de combate En el 2015 el Observatorio de DDHH y DIH de la CCEEU pudo conocer de 4 casos de 
ejecuciones de presuntos guerrilleros que habían sido puesto previamente fuera de combate, heridos, y rematados luego a corta distancia en una condición en que ya no tenían 
la condición de combatientes (ver tabla No. 13). En estos hechos estuvieron comprometidos miembros del Ejército Nacional de las Brigadas Quinta (dos víctimas en Antioquia) y 
Novena (dos víctimas en el Huila). 41           Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento En el caso de Rafael Torres Morales y alias Esneider, muertos en Baraya (Huila) el 
pasado 5 de marzo, al parecer guerrilleros de las FARC, se conoció por medios de prensa 
que las armas que dijeron incautarles eran unas que habían salido una semana antes del 
batallón, que además fueron muertos de 8 y 5 disparos por la espalda respectivamente, 
que los balazos muestran tatuajes correspondientes a tiros de corta distancia y que en los 
hechos participó un desmovilizado. En este caso además está documentado el pago de 
recompensa puesto que al desmovilizado se le otorgó una recompensa de 120 millones 
de pesos, de los cuales 30 millones debieron ser luego devueltos a los comandantes del 
Gaula. Al mayor Oscar España, Jefe Militar del Gaula y al soldado que dice haber dado 
muerte a los subversivos se les concedieron además beneficios consistentes en viajes a 
Santa Marta y San Andrés, días de permisos y condecoraciones. Tabla No. 13. Homicidios fuera de Combate 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. División 
Ejército Brigada Ocupación Sexo 23/01/2015 Mario Mora Rolón, Guerrillero de las FARC 05/03/2015 Rafael Torres Morales 05/03/2015 NN (alias Esneider o Japonés) E E E Remedios Antioquia Baraya Baraya Huila Huila 14/06/2015 José Amin Hernández Manrique E, P Segovia Antioquia 2 5 5 2 BR 5 BR 9 BR 9 BR 5 Guerrillero herido Guerrillero FARC Guerrillero FARC Guerrillero ELN herido M M M M Durante los últimos años el Gobierno había informado que la Directiva 029 de 2015 
sobre recompensas habría sido derogada y no estaba siendo aplicada Sin embargo, este 
hecho, dados los destinatarios y el monto de la recompensa indican que esta política continúa vigente, y se estaría aplicando al menos para el caso de los denominados “objetivos 
de alto valor”, lo que propicia que personas puestas “hors de combat”, cuyo estatus de 
protección los asimila a civiles en condición de personas protegidas, estarían siendo ejecutados, para lo cual se hace pasar a los ejecutados como si hubieran muerto en combate, 
manipulando la escena del crimen y orquestando versiones para justificar su muerte como 
compatible con la aplicación de las normas del DIH. La Doctrina sobre el Derecho Internacional Humanitario que ha venido siendo divulgada desde el Ministerio de Defensa y prioriza el uso de la máxima fuerza letal como 
prioridad de los procedimientos en contra de todos los integrantes de organizaciones criminales, a quienes define como sujetos de aplicación del DIH, puede llevar al peligro de 
justificar muertes de civiles como daños incidentales, o de personas puestas previamente 
fuera de combate, como si fueran muertes acordes con las reglas del ius in bello. Un caso 
reciente de las posibles consecuencias que estaría teniendo esta doctrina se muestra en el 
siguiente recuadro. CASO JOSÉ AMIN HERNANDEZ MANRIQUE. El 14 de junio de 2015 fue muerto José 
Amín Hernández, guerrillero del ELN por tropas combinadas de la II División del Ejército y la 
Policía en la vereda El Carmen, en Segovia (Antioquia). Según el general Jorge Eduardo Jerez, 
comandante de la Segunda División que dirigió la operación, los rebeldes “Se habían reunido 
para ver el partido de fútbol y gracias a la inteligencia técnica de la Policía y el Ejército llegamos 
hasta el sitio donde se encontraban. Fue una operación ‘quirúrgica’ porque íbamos por ‘Marquitos’ y cuando entramos al área él murió”. Sin embargo, testigos de los hechos narraron que el 
occiso recibió primero un tiro de larga distancia en una pierna cuando se encontraba en la puerta 
de la casa de un civil cargando un niño, por lo cual ingresó a la vivienda a donde llegaron las 
tropas a rematarlo en presencia de otros menores de edad. 42    Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos En otro caso en Remedios (Antioquia) en enero de 2015 el Ejército reportó la muerte 
en combate de Mario Mora Rolón, al parecer guerrillero de las FARC. Sin embargo testigos de los hechos relatan que no habría habido combate, sino que el occiso había sido 
herido en una pierna, con tiros de larga distancia, pero fue luego rematado en presencia 
de niños y ancianos, de habitantes de la vivienda cercana y vecinos del sector. 43  Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 46 Ministerio de Defensa. Directiva Permanente Nro. 0015 del 22 de abril de 2016,  ojo FALTA TEXTO ?? 44 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Conclusiones y recomendaciones El 2015 fue un año con características especiales para observar la evolución en la 
situación de derechos humanos, y especialmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad de la fuerza pública. De acuerdo a datos del CERAC durante este 
año, se vivió una situación de desescalamiento del conflicto armado muy cercana a una 
situación práctica de armisticio, en la cual, a partir del alto al fuego de las FARC-EP se 
redujeron sus acciones ofensivas en 97% y se redujo en 73% en combates entre guerrilla 
y las Fuerzas Armadas; de 92% en casos de civiles muertos producto de acciones militares 
y del 79% en el número de combatientes muertos. Es decir, el 2015 fue un año de transición hacia una situación de finalización del conflicto armado, en el cual la práctica cesación de la crudeza del conflicto armado permitió 
observar hasta que punto las distintas modalidades de ejecuciones extrajudiciales estaban 
conectadas o no con la situación de conflicto armado. Por ello resulta preocupante, que 
los casos de ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad directa de agentes estatales, a 
pesar de su reducción, sigan siendo elevados. Pese a los esfuerzos estatales y la presión social nacional e internacional por reducir la 
práctica de los homicidios intencionales de civiles, la CCEEU documentó la persistencia 
de esta práctica, expresada en 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetrados por agentes estatales durante el año 2015, lo que implicó que una persona cada 6 
días en Colombia murió por causa de violencia estatal ilegítima. Las ejecuciones extrajudiciales, sea en su modalidad de muertes de civiles a manos 
de agentes estatales por uso indebido o excesivo de la fuerza o en la modalidad de “falsos 
positivos”, muestran una tendencia a desvincularse del contexto de conflicto y aparecen 
mayoritariamente perpetrados por fuera de éste. A pesar de la importante disminución de 
la intensidad del conflicto armado, el 30% de estas víctimas (20 personas) murieron en circunstancias relacionadas con el conflicto armado o en el desarrollo de acciones militares o 
policiales vinculadas con el mismo, pero lo más preocupante es que un 70% de los casos 
(45 víctimas) fueron ejecutadas por fuera de la situación de conflicto armado, con tendencias o pautas que de no detenerse pudieran avanzar hacia patrones de sistematicidad. 45     Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento La mayor parte de las víctimas se presentaron en los departamentos de Bolívar (9 
víctimas), Atlántico (6), Antioquia (6), Bogotá DC (5), Cauca (6), Caquetá (4). En su gran 
mayoría las víctimas corresponden a jóvenes marginados social y económicamente de 
centros urbanos cuando la policía es el responsable, y zonas de agudos conflictos sociales 
y territoriales (como el departamento del Cauca) cuando el responsable es el Ejército. En 
estos casos, las comunidades indígenas y campesinos siguen siendo los más victimizados. A diferencia de las ejecuciones extrajudiciales de la época de la Seguridad Democrática el Ejército ya no es la entidad responsable de la mayoría de estas ejecuciones (registra 
23 víctimas de las cuales 13 corresponden a la modalidad de falsos positivos) sino la Policía Nacional, con 43 víctimas (de las cuales 5 corresponden a la modalidad de falsos positivos). La mayor parte de estos casos se presentaron por fuera de la situación de conflicto 
armado (69,3%), con un 30,7% que aparecen relacionados con el contexto de conflicto 
armado. Los casos de Cartagena, Barranquilla y Bogotá los más preocupantes por las 
prácticas de discriminación, abusos y golpizas que han derivado en muertes de jóvenes de 
población empobrecida, y en el caso del Ejército la situación más delicada se presenta en 
el suroccidente colombino (en los departamentos de Cauca y Nariño), bajo la jurisdicción 
de la Comando Conjunto Nro. 2 de Suroccidente y las Brigadas de la III División. Los falsos positivos ya no son la modalidad predominante de estas ejecuciones pues 
representa el 24% de los casos (16 víctimas). La mayor parte de las víctimas fueron perpetradas con ocasión de un uso indebido o excesivo de la fuerza (76%, con 39 víctimas). Sin 
embargo entre el ejército los falsos positivos si constituyen más de los casos presentados 
en tanto que en la policía la inmensa mayoría son casos de uso ilegítimo o abusivo de las 
armas por intolerancia social, justicia por propia mano o discriminación contra pobladores 
urbanos y jóvenes de sectores marginados. Los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales permiten evidenciar modalidades que 
buscan ocultar o encubrir la responsabilidad de los perpetradores tanto en la policía como 
en el ejército. Por ello es preocupante que estas muertes se den en un contexto en el que 
la violencia socio-política, especialmente la sufrida por comunidades de agudos conflictos 
socio-políticos y territoriales (como en el suroccidente colombiano) o la producida en 
contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos tenga la característica de 
que sea cada más difícil conocer quienes están detrás de estos hechos, o sean atribuidos 
a actores indeterminados. En este contexto, el informe sobre la situación de derechos humanos en el 2015 del 
Cinep/Programa por la Paz documentó que los grupos paramilitares durante el 2015 fueron responsables de 99 ejecuciones extrajudiciales perpetradas como violaciones a los 
derechos humanos y 89 homicidios intencionales en persona protegida perpetrados como 
violaciones al DIH. Pero también entre el año 2014 y 2015 aumentaron en un 13% el número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos pasando de 55 casos en 2014 a 63 casos 
en 2015 según datos del Programa Somos Defensores, documentando una tendencia 
al aumento de homicidios de defensores de derechos humanos perpetrados por autores 
“desconocidos”, es decir donde los esfuerzos por ocultar la responsabilidad se han extremado. De este modo el porcentaje de homicidios de defensores en que no pudo precisarse 
la autoría pasó de un 62% de los casos en 2014 a un 81% de los casos en el año 2015. Durante el 2015 se presentaron 16 casos de falsos positivos. Aunque las ejecuciones extrajudiciales se han reducido notoriamente en relación con el periodo de 46        Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos la Seguridad Democrática, y los falsos positivos no constituyen ya la modalidad dominante, podemos afirmar que esta reducción drástica en el número de los casos de 
falsos positivos y la dispersión de los mismos no nos permite concluir que se mantenga 
dentro del Estado una política para perpetrar ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos de manera sistemática, y en este sentido no es muy clara la 
persistencia de patrones que pudieran con certeza apuntar a la sistematicidad en la 
perpetración de estos crímenes. Sin embargo, un escrutinio de las modalidades bajo las cuales se han llevado a cabo 
las prácticas de ejecuciones en los últimos 5 años, y especialmente durante el 2015 si nos 
permiten delinear al menos unas pautas o tendencias de comisión que si se mantienen, 
y no son severamente reprimidas y sancionadas, podrían llegar a configurar patrones de 
sistematicidad. Estas prácticas evidencian la persistencia de ejecuciones en las que se nota un esfuerzo por privilegiar la imagen institucional ocultando o desviando la responsabilidad de los 
autores por la comisión de estos hechos. Entre estas modalidades durante el 2015 hemos 
documentado 12 casos de muertes en Estaciones de Policía o sitios de detención (9 en 
Estación, 2 en Cárceles y 1 en la UPJ de Bogotá), de los cuales 6 murieron pretextando 
ahorcamiento en estaciones, y 3 alegando problemas de salud, 6 de estas víctimas murieron realmente por haber recibido golpizas, maltratos, intoxicación forzada o disparos 
en las estaciones. En 9 de los casos se alegó supuesto error militar o policial aunque las 
circunstancias no confirman esta situación, y en otros 6 casos las víctimas fueron asesinadas porque supuestamente no acataron órdenes de pare en retenes o puestos de control 
militar o policial. 8 casos parecen responder a modalidades de homicidios selectivos sin 
motivación conocida o publicitada, y en 4 casos las víctimas fueron personas insurgentes 
puestas previamente fuera de combate, heridas y rematadas para presentarlas como si 
hubieran muerto en combate (en uno de estos casos, contra un presunto mando medio 
de la guerrilla se denunció participación de particulares en el homicidio y entrega de recompensa). Es preocupante finalmente que en 6 de los casos perpetrados en las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla la policía estuviera empleando arma diferente a la de dotación 
oficial. Resulta perturbador además que 9 personas hayan sido asesinadas en actos de 
protesta socia (5 en manifestaciones colectivas, 4 en manifestaciones espontáneas o disturbios ante procedimientos policivos arbitrario, con mayor frecuencia en la Costa Atlántica). Recomendaciones: 1. La continuidad de los homicidios de civiles en relación con el conflicto armado, incluidos casos de “falsos positivos” podría incrementarse por la persistencia de doctrinas 
militares y policiales que favorecen la eliminación de civiles percibidos como parte del 
“enemigo interno”, las cuales en el marco del actual proceso de paz no están siendo abordada ni transformadas. Se hace necesario y urgente la conformación de una 
Comisión de Alto Nivel sobre Garantías de no repetición que se ocupe de la revisión 
integral de las Políticas de seguridad y garantía de derechos humanos, la revisión de 
antecedentes de funcionarios y prácticas de la administración pública y su renovación, 
la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia relacionada con eventos de vulneración de derechos humanos, la reestructuración cuantitativa del personal y presupuesto militar, la desmilitarización y traslado funcional de la policía hacia el poder civil 
y la restricción de la justicia penal militar al exclusivo ámbito de los delitos típicamente 47    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento militares, así como la exclusión de su competencia frente a las violaciones de derechos 
humanos y al DIH. 2. Las nuevas atribuciones cuasi-judiciales que otorga el Código de Policía para que sus 
agentes ingresen a domicilios, tomen medidas de fuerza para superar situaciones de 
ruidos, algarabías o consumo de licores en la vías, y conduzcan por la fuerza a quienes 
se le opongan para la imposición unilateral de un procedimiento verbal policivo en estación de policía, implican un riesgo enorme de que esta práctica de justicia autoritaria 
y homicidios selectivos contra jóvenes en escenarios de marginación social y económica, uso de dotación alterna no oficial, y la imposición extrajudicial por la policía de su 
propia ley de manera arbitraria pueda implicar la continuidad de estos casos 3. Las ejecuciones sumarias se ven favorecidas por las políticas y normatividad que buscan dar pie a la continuación o perpetuación del conflicto armado con el pretexto de 
combatir las expresiones criminales sobrevivientes al acuerdo con las FARC-EP, incluidos los grupos armados organizados (GAO, antes BACRIM) y a las visiones distorsionadas que sobre el Derecho Internacional Humanitario se han venido difundiendo 
desde el Ministerio de Defensa y que difunden la extraña concepción de que el DIH 
es una normativa para promover el uso de la máxima fuerza letal disponible sobre un 
heterogéneo abanico de organizaciones delictivas a las que gradúa como grupos relevantes “para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”46. 4. El Gobierno debe abstenerse de continuar con el proceso de aprobación del Ley No 
175/15 Cámara “Por medio de la cual se dictan medidas para combatir los Grupos 
Criminales Armados y Organizados dentro del Territorio Nacional”, pues habilita facultades a la Fuerza Pública a aplicar en contra de estos grupos una visión del DIH 
que favorece la perpetración de ejecuciones extrajudiciales basada en la supuesta habilitación del DIH a privilegiar el máximo uso de la fuerza letal disponible. Muchos 
civiles en zonas de influencia de estos grupos podrían ser víctimas de estas facultades. 
Deben también derogarse la Directiva 0015 de abril 22 del 2016 y la Directiva 003 de 
la Fiscalía que favorecen la impunidad de casos de muertes de civiles en operaciones 
militares o muertes de personas en situación fuera de combate al reconocer como 
atípicas las conductas cometidas por miembros de la fuerza pública con arreglo a una 
visión también laxa de la aplicación del DIH. 5. Todos los casos de Ejecuciones Extrajudiciales, incluidas las que no tienen la calidad 
de falsos positivos, deben ser priorizados y asumidos siempre por la justicia ordinaria 
y con medidas eficaces para su prevención y persecución. 6. Debe reformarse la Justicia Penal Militar para circunscribirla únicamente a los delitos 
típicamente militares, excluyendo del ámbito de su competencia los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. 7. El Gobierno debe derogar mediante norma pública explicita cualquier Directiva que 
implique el pago de recompensas por bajas, incluidas la de personas que hayan sido 
declaradas como “objetivos de alto valor”. 8. Debe reformarse la estructura y doctrina de actuación de la Policía Nacional. Debe 
ubicarse funcionalmente esta entidad por fuera del Ministerio de Defensa y ubicarse 
funcionalmente bajo dependencia del poder civil. 46 Ministerio de Defensa. Directiva Permanente Nro. 0015 del 22 de abril de 2016, https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/
descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf 48 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 9. Deben habilitarse instancias de control civil al funcionamiento y actuación de la policía 
nacional. Pensar en revivir la institución del Comisario Nacional de Policía con funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad policial, incluido la inspección 
sobre centros de detención policial y el control sobre el armamento y elementos de 
dotación. 10. Debe hacerse utilización de medios tecnológicos modernos para control mediante cámaras de video y grabación, bajo control de las autoridades civiles y el Ministerio 
Público, de todas las actuación que se lleve a cabo en estaciones de policía y centros 
de detención transitoria utilizados por integrantes de la Fuerza Pública. 11. Debe concertarse la formulación de un Protocolo Nacional Unificado para la intervención estatal frente a la Protesta Social a nivel nacional, que limite la discrecionalidad 
de las autoridades locales y que contemple mecanismos efectivos de verificación social, prohibición del uso de armas de fuego en control de la protesta social y revisión 
de las disposiciones sobre uso de armas de “letalidad reducida”, que están entre las 
que mas muertes causan en contextos de protesta. 12. Revisar la figura del “traslado por protección” contenida en el nuevo Código de Policía. Reducción de los tiempos de traslado y de retención en los centros de detención 
transitoria, UPJ y Unidades de Reacción Inmediata. 13. Demandar de la Mesa de Diálogos entre el Estado y la Insurgencia la habilitación de 
mecanismos estables de verificación de las graves violaciones de derechos humanos 
para el posconflicto, incluidos las ejecuciones sumarias, que se presentan tanto en el 
proceso de implementación de los acuerdos como por fuera de situaciones relacionados con el contexto de conflicto armado. A mediados de julio de 2015 el Consejo de Estado hizo explícita su preocupación por 
la ocurrencia masiva de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, señalando que “es 
preocupante el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren, 
bajo la apariencia de muertos en combate, los homicidios que se presentan bajo diversas 
circunstancias”. En este sentido, en el fallo sobre los campesinos ejecutados por el Ejército en la masacre de Cajamarca (Tolima) el Consejo de Estado condenó al Ministerio de 
Defensa al pago de una cuantiosa indemnización, ya que este tipo de hechos perpetrados 
por la Fuerza Pública “demuestran que existe una falla sistemática que ha permitido graves violaciones a los derechos humanos”, y en ese sentido le dio un plazo de dos meses al 
Ministerio de Defensa y las Brigadas y Batallones de todo el país “con el fin que se diseñe 
un plan integral de inteligencia dirigido a lograr un control estructural efectivo para evitar 
que se presenten los casos de ejecuciones extrajudiciales”. El diagnóstico contenido en este informe y las recomendaciones propuestas buscan 
aportar en la concreción de este plan, el cual es mucho más imprescindible en la medida 
en que la superación del conflicto armado que ha padecido el país durante los últimos 
60 años y la consolidación de una sociedad en paz demanda urgentemente que se lleven 
a cabo reformas y medidas de no repetición basadas en una transformación de las doctrinas, la estructura institucional y la dinámica operacional de todos los integrantes de la 
Fuerza Pública. La consolidación de un país en paz demanda que las actuaciones de las fuerzas de 
seguridad se sujeten de manera estricta al respeto y garantía de los derechos humanos 
de todas las personas, sin discriminación alguna. La paz sostenible será una paz donde 49    Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento los jóvenes de los sectores marginados social y económicamente puedan vivir sin temor a 
perder la vida por causa de los abusos policiales y los habitantes de las zonas que soportan 
conflictos territoriales, étnicos o sociales tengan la certeza de que las armas oficiales no 
representan un riesgo cotidiano para sus vidas. La paz que esperan los colombianos es 
una paz donde los centros de detención y las estaciones de policía no signifiquen un riesgo 
para la vida de las mujeres, los miembros de las comunidades LGBTI y los jóvenes de los 
estratos empobrecidos. No habrá paz sostenible en Colombia mientras los defensores de derechos humanos 
y los líderes sociales sigan siendo asesinados por las estructuras sobrevivientes del paramilitarismo, por “autores desconocidos” o indeterminados, o peor aún, por modalidades 
de criminalidad estatal que buscan encubrir o desviar la responsabilidad o autoría de sus 
perpetradores. Para que la paz sea sostenible y creíble deben ponerse fin a la práctica de 
enfrentar la protesta social con las armas incluidas las equívocamente denominadas de 
“letalidad reducida” mediante la cual se mata frecuentemente a los manifestantes disparando a su rostro granadas lacrimógenas o aturdidoras o se mutilan ojos o extremidades 
con perdigones. Esperamos que lasas reformas o medidas propuestas contribuya a la urgente discusión nacional sobre la urgencia de adoptar transformaciones estructurales que ofrezcan 
garantías de no repetición de los falsos positivos, y las demás ejecuciones extrajudiciales, 
tanto las cometidas en el contexto del conflicto armado como por fuera de él, las cuales 
de manera preocupante se ha ido convirtiendo en una práctica extendida. Todas estas 
modalidades son deben tener la misma consideración tanto en su prevención como en su 
investigación y castigo. Las garantías para el ejercicio de la democracia y para una convivencia justa en el pos 
conflicto demandan una paz sin falsos positivos y sin ejecuciones extrajudiciales. 50    V Í C T I M A S D E
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