En su primera intervención, la cartera laboral convocó a una videoconferencia a la Cámara de Establecimientos de Servicios Rápidos y Expendio de Emparedados y Afines y al gremio de Pasteleros para una audiencia virtual. En esa instancia los funcionarios advirtieron que no tuvo sustento legal el descuento que practicaron las compañías sobre los salarios de sus empleados. Este viernes habrá otra capítulo de la discusión para instar a las compañías a completar los sueldos y fijar un criterio respecto de la próxima liquidación en caso de continuar el aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo.

Las empresas acordaron abonar menos de la mitad de los sueldos de sus trabajadores amparados en un supuesto incumplimiento del presentismo –forzado por la cuarentena– y en un artículo del convenio colectivo de la actividad que habilita a liquidaciones inferiores a los salarios regulares en caso de cumplirse menos horas de labor. Esos argumentos chocan con el artículo 8 del decreto de necesidad y urgencia que puso en vigor el aislamiento obligatorio, que establece que en ese período “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo”.

Ese texto, según los funcionarios, tendrá aplicación restrictiva en cuanto a los salarios de marzo que deberán ser pagados de forma íntegra por las cadenas de comida rápida. En vista de que los locales permanecen cerrados desde el dictado de la cuarentena y de que no parece que se vaya a poner fin a esa medida una vez cumplido el plazo del 13 de abril, la repartición que encabeza Claudio Moroni intentará este viernes promover un acuerdo con el gremio y la cámara para los pagos de abril.