Esto refleja lo profunda que es la brecha de género. Según los expertos, para que la nueva legislación surta algún tipo de efecto, debe ir mucho más allá del castigo y cambiar la educación, el discurso político, las normas sociales y las dinámicas familiares básicas.

Aunque las pandillas y los carteles en la región son parte de la violencia, la mayoría de las mujeres son asesinadas por sus parejas, familiares o esposos: hombres enojados porque las mujeres actúan de manera independiente, enfurecidos por los celos o, como Gehovany, con una percepción profundamente arraigada de que ellos tienen el control sobre las vidas de las mujeres.

“Los hombres acaban pensando que pueden disponer de las mujeres como les plazca”, dijo Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres para Guatemala.

La inmensa mayoría de los feminicidios en la región nunca se resuelven. En Guatemala, apenas cerca de un 6 por ciento conduce a condenas judiciales. Y en las raras ocasiones en que así sucede, como en el caso de Lubia, no siempre se procesan con todo el peso de la ley.

Hasta los abogados defensores de Gehovany creen que debería haber sido acusado de feminicidio, lo cual lo habría puesto en prisión un par de años más. El hecho de que no fuera así, reconocen algunos funcionarios guatemaltecos, pone en evidencia las diversas maneras en las que el sistema jurídico de la nación, aun cuando se proponga proteger a las mujeres, sigue fallándoles.

El padre de Lubia, Romeo de Jesús Sasvin Domínguez, habló solo una vez durante el juicio.

No tenía sentido, le dijo al juez mientras negaba con la cabeza. Una larga cicatriz blanca se extendía por su rostro desde el puente de la nariz, un vestigio del ataque. ¿Cómo es posible que las leyes de Guatemala favorezcan al hombre que mató a su esposa y que dañó a su hija?

“Teníamos una vida juntos”, le dijo al juez Sasvin Domínguez, quien estaba al borde del llanto. “Y él vino y nos quitó eso solo porque mi hija no quiso estar en una relación abusiva”.