A diferencia de muchos países de la región, en Argentina nunca se pudo llevar a cabo un debate presidencial. Hay varias propuestas de ley sobre el tema, pero los especialistas coinciden en que el propio votante debe exigirlo. Un grupo de organizaciones lanzará una campaña en los próximos días para concretar esta instancia previa a las urnas. ¿Podrá realizarse esta vez?

Por Carolina Ramos

En Brasil, este año ya fueron nueve. Estados Unidos es un caso típico donde se llevan a cabo con absoluta normalidad. Y en países de la región como Chile, Perú, Colombia y Paraguay, ya son casi una instancia obligada. En todos los casos, los debates presidenciales se esperan, se preparan, se sienten y se celebran. Paralizan a la población y los candidatos los viven como un verdadero desafío político. En Argentina, un acontecimiento de esa magnitud sólo sería comparable a un River-Boca. Pero los candidatos se bajan antes de jugar el partido.

El ciudadano llega a las urnas sin la chance de poder ver una discusión cara a cara entre los aspirantes a ocupar el sillón de Balcarce 50. Es una tendencia de la política argentina en sí, y no de un candidato en particular: el debate depende de la sola voluntad de los candidatos, que especulan con una ventaja electoral. Caso contrario al de Brasil, donde Dilma Rousseff se sometió a todos los debates, incluso hasta dos días antes de la primera vuelta electoral, al mismo nivel que el resto de los candidatos.

Y quien piense que el resultado de los debates es inocuo, se equivoca de medio a medio. De hecho, esa sucesión de debates en Brasil habría influido en la estrepitosa caída de la ecologista evangélica Marina Silva. A sabiendas de que la representante del Partido Socialista Brasilero era su rival más firme, Rousseff le achacó haber “cambiado de partido cuatro veces en dos años”. “Usted no puede adoptar una posición hoy y cambiarla mañana”, le disparó la candidata del Partido de los Trabajadores en uno de los últimos debates, aunque el fuego cruzado arrancó ya en los primeros. Silva también tuvo que enfrentar los embates de candidatos menores. Fue así que a través de los debates volvió a crecer la imagen de la mandataria actual del país vecino y Silva pasó de ser favorita para el balotaje a quedar afuera de la segunda vuelta.

Rousseff se medirá con Aécio Neves, del Partido Social-Demócrata Brasilero, este 26 de octubre. Ambos mantuvieron cuatro enfrentamientos televisivos, donde hubo denuncias cruzadas de corrupción. El opositor, que obtuvo el 34 por ciento de los votos el pasado 5 de octubre, se ve ahora más favorecido al recibir el apoyo público de Silva. Según los últimos sondeos, Rousseff -quien reunió el 42% de los votos en la primera vuelta- y Neves están técnicamente empatados en el índice de preferencias de los brasileños. El Instituto Datafolha y el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) apuntan al opositor en leve ventaja con un 51 por ciento de las intenciones de voto frente al 49 por ciento de la mandataria. En ese contexto de virtual empate técnico -por el margen de error de las encuestas- los debates televisivos son cruciales para definir el voto del electorado indeciso y aquel que se volcó por Silva en primera vuelta.



Un escenario similar a este último parece darse hoy en Argentina. A diferencia de otras ocasiones, cuando hay un candidato claramente favorito, existen a menos de un año de las elecciones tres postulantes que se disputan el primer lugar, con escasos dígitos de diferencia: Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri.

Para los más optimistas, esta disputa voto a voto podría convertirse en un “estímulo” para acceder al debate y definir al ganador en esa instancia, donde el blanco de los candidatos sería la porción del electorado aún indeciso. “El cambio cultural y el valor simbólico del debate hacen que todo el que participe del debate ya haya ganado”, explican. Pero otras voces estiman que, con tan poca diferencia, ninguno se sometería al riesgo del debate televisivo, donde el más mínimo desliz puede ser decisivo.

Hasta ahora y fuera de micrófono, los candidatos no ponen reparos al debate, según pudo averiguar Semanario Parlamentario. Pero todavía ninguno asumió algún tipo de compromiso. Las elecciones parecen estar muy cerca y a la vez, muy lejos, y hay quienes consideran “prematuro” hablar de debate presidencial a un año de las urnas (las PASO serán el 9 de agosto de 2015 y las generales, el 25 de octubre).

Si bien la historia contemporánea no sabe de debates presidenciales en nuestro medio, sí los ha habido a otros niveles. Por ejemplo, para gobernadores. En el interior son muy comunes en ciertas provincias, como Córdoba y Santa Fe, que parecen tener prácticas democráticas más avanzadas al resto del país y que la Nación misma. De hecho, eliminaron las listas sábana.

Y de esos debates participan los propios gobernadores. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde el gobernador que busca la reelección se resiste siempre a participar de un debate. Pero cuando los aspirantes están en el llano, la cosa es más fácil.

De ahí que allá lejos en el tiempo, por ejemplo, Antonio Cafiero y Juan Manuel Casella protagonizaran un recordado debate que tuvo a Magdalena Ruiz Guiñazú como moderadora, quien tras el fallecimiento del legendario dirigente peronista lo recordaba días pasados en un diálogo con Eduardo Amadeo por radio. En la ocasión, el exdiputado comentó que tanta importancia le dieron a ese debate registrado en 1987, que habían ensayado durante un mes, bajo la coordinación de un reconocido publicista ya fallecido. Y durante esos debates él hacía las veces del radical Casella, mientras que una hija de Cafiero hacía de Magdalena.

En la previa, se esperaba que por su juventud, Casella saliera mejor parado en el debate, pero Cafiero lo venció, y se estima que esa exposición lo hizo subir cinco puntos en las encuestas, lo que muestra el valor de estos eventos.

En abril pasado, la Legislatura de la provincia de Chaco dio el primer avance y sancionó una ley que obliga a los candidatos a gobernador y a diputados provinciales a someterse a un debate previo a los comicios. La norma entrará en vigencia el año que viene, en vísperas de una elección clave que por ahora será desdoblada, según la controvertida decisión del gobernador a cargo de la provincia, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. El debate funcionará como “prueba piloto” y sus efectos podrían despertar una reacción en cadena para que otras provincias imiten el caso chaqueño, aunque todo dependerá de la voluntad política en cada caso.

Videopolítica y cargos testimoniales

En tiempos de la “videopolítica”, a decir de Giovanni Sartori, resulta algo paradójico que no se pueda concretar un debate presidencial, cuando gran parte del universo de la política pasa por la imagen televisiva. Ya en 1997, este politólogo acuñó el término “homo videns” para referirse a la “sociedad teledirigida”, donde “la palabra está destronada por la imagen” y “todo acaba siendo visualizado”. En otras palabras, la televisión adquiere un verdadero poder político y es así como, muchas veces, lo visual termina desplazando a la palabra como arma política. De hecho hay múltiples factores que inciden en la imagen final que el televidente se lleva del candidato, desde la vestimenta hasta los gestos faciales, los movimientos corporales, las reacciones y el trato hacia el rival, sólo por mencionar algunos.

Ocho de los 15 precandidatos presidenciales son hoy legisladores nacionales. Pero lejos de escoger al Congreso como tribuna para expresar sus ideas, prefieren la plataforma televisiva. Una prueba irrefutable de esto es el escaso protagonismo de muchos de ellos en el ámbito legislativo, sobre todo en el recinto, el escenario de expresión por excelencia.

Según un relevamiento de Semanario Parlamentario, tanto Massa como el radical Julio Cobos hablaron apenas dos veces. El primero sólo lo hizo en sesiones en minoría -aprovechando la ausencia del oficialismo-, cuando la oposición no tuvo quórum para modificar el Impuesto a las Ganancias y tratar de derogar el acuerdo con Irán por el atentado a la AMIA. El segundo, en tanto, se pronunció para rechazar el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF y durante el debate del Presupuesto 2015. En cambio el socialista Hermes Binner todavía no emitió palabra alguna desde su banca.

Para María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, esto significa una cuestión de “candidatura testimonial”. “No veo que estén pensando en el Congreso como una tribuna para contarle a la gente cuáles son los problemas y cómo pretenden solucionarlos”, lamentó ante Semanario Parlamentario, y agregó: “Nunca pensaron tener un rol relevante que tenga que ver con lo legislativo”. Pero además, sostuvo que “esto no sólo implica que no vayan al debate: implica que cuando asuman no van a ser del todo transparentes, que van a tomar las decisiones a puertas cerradas”.

El caso de los diputados contrasta con el de los senadores que también se anotaron para suceder a Cristina Kirchner. El kirchnerista Aníbal Fernández, el radical Ernesto Sanz y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) suelen intervenir activamente en las sesiones. También lo hace la diputada cívica Elisa Carrió, y Julián Domínguez por razones obvias, ya que preside la Cámara baja.

Los motivos del “no”

¿Por qué una práctica tan saludable para la democracia como un debate presidencial nunca pudo realizarse en Argentina?

“Resulta paradójico que en un país con tanta tradición partidaria no se pueda lograr un debate presidencial, pero Argentina todavía no logró que el debate se convierta en un bien público”, reconoció ante Parlamentario el director ejecutivo del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Fernando Straface.

Para graficar la situación que se da hoy, señaló que “se discute mucho más en Intratables, en base a la coyuntura, que sobre temas a largo plazo que supongan decisiones para el desarrollo”, y agregó que “la dinámica de la competencia política orienta poco a la discusión profunda sobre temas a largo plazo, y obliga a discutir más el día a día”.

Fuera de esa vorágine mediática, un debate obligaría a los aspirantes presidenciales a plantear soluciones concretas a los problemas del país. Los candidatos (sobre todo los de la oposición) tienen una tendencia a compartir objetivos loables (combatir la inflación, frenar la inseguridad), pero que no interpelan a la sociedad por lo vago de esas formulaciones.

Además, un cara a cara entre los postulantes los impulsaría a profundizar sobre temas que comúnmente no figuran en la agenda de campaña. Es el caso de la educación, que suele discutirse en época de paritarias, pero pasado el mes de marzo el tema se diluye y no hay respuestas al problema de la calidad educativa a largo plazo. Para los especialistas, todos estos factores inciden en la negativa de los candidatos a participar de un debate presidencial.

Straface, uno de los impulsores de la campaña Argentina Debate, considera por un lado que hay condiciones de escenario político. “Quien va ganando cree que es una especie de ‘concesión’ al resto de los candidatos”, analizó el especialista. Hernán Charoski, coordinador de esa iniciativa, también consideró que “hay una falsa idea de que el debate implica asumir un riesgo innecesario para el que va ganando”. Con él coincidió Barón: “Pareciera que ‘se baja de categoría’ sentándose con los candidatos que tienen menor intención de voto”, evaluó ante este medio.

Pero hay otro factor que actúa como obstáculo. Para el representante del CIPPEC, “no sólo es un problema de la política: hay que construir la demanda social”. “En otros países, el hecho de que no haya debates no es tolerable por parte de la sociedad. La misma sociedad lo pide y de algún modo penaliza a los candidatos si no lo hacen”, explicó. Del mismo modo, Charoski opinó que “no hay suficiente valoración del debate” en nuestro país y que “conseguirlo implicaría pensar que en Argentina es posible expresar las diferencias”. “Una vez que esto se instale, el propio hecho de no debatir se volverá un riesgo para los candidatos”, auguró.

En el mismo sentido se expresó el exdiputado Gerardo Milman, actual miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y autor de un proyecto de ley sobre el tema. “Aquí hay un círculo vicioso que degrada la institucionalidad: la sociedad no reclama el debate y los políticos no lo dan porque si están bien en las encuestas creen que pueden ganar igual”, analizó en diálogo con este medio, y añadió que “en otros países, quienes se ausentan pierden”. Milman remarcó la importancia del debate al indicar que los votantes “podrían escuchar no sólo las propuestas propias de los candidatos, sino ver cómo se comportan cuando son hostigados por el otro”. Para el exlegislador, “el estímulo” para debatir “deberían ser las propias normas democráticas”.

“Hoy los candidatos analizan con sus jefes de campaña o sus consultores si les conviene o no les conviene. Se olvidan que el debate no es para ellos, sino para los electores, y lo resuelven por interés propio”, señaló.

No es menos cierto que hasta el más mínimo traspié puede ser determinante para definir “quién gana” y “quién pierde” el debate, y los candidatos quieren llegar al domingo electoral arriesgando lo menos posible. Un caso reciente sirve como ejemplo: Daniel Filmus fue condenado en las redes sociales cuando exhibió una placa donde los números no cerraban, en el último debate para la categoría de senadores nacionales en el formato clásico de A Dos Voces. El hombre del Frente para la Victoria quiso enrostrarle a su contrincante de UNEN, Fernando “Pino” Solanas, sus “faltazos” en el Congreso. Pero la suma de los porcentajes, entre ausencias, votos afirmativos y negativos, daba 115. Durante el programa nadie lo advirtió, pero al día siguiente el error de Filmus se viralizó en Internet y las burlas reforzaron la idea de que Filmus terminó “perdiendo” ese debate, como luego sucedió en la elección.

La experiencia en otros países

La regulación de los debates televisados es heterogénea en el mundo. En algunos países, éstos son organizados por la comisión electoral nacional, que es la que pone las reglas sobre la duración, la selección de los participantes y los temas a discutir. En otros casos, esta regulación está enmarcada en la regulación más general de las campañas políticas. Sea como fuere, los debates terminan afianzándose en la costumbre política como una norma cultural.

El caso emblemático es el de Estados Unidos, donde el debate es organizado por una Comisión de Debates Presidenciales (CPD por su sigla en inglés) desde 1987. Por tratarse de un consolidado régimen bipartidista, la ley vigente obliga a que los debates sean exclusivamente entre el candidato republicano y el demócrata. En 1960, John F. Kennedy y Richard Nixon marcaron un hito al protagonizar el primer debate presidencial televisado en el mundo.

Los norteamericanos dieron el puntapié inicial y siguieron su ejemplo países como Canadá y Alemania. Años después, en los 90, los debates se extendieron en América Latina. Pero mientras que Estados Unidos, España, Francia e Italia tienen sus leyes para obligar a los candidatos a asistir a los debates, no ocurre lo mismo en la mayoría de los países de nuestra región, donde los que sí los realizan, lo hacen por mera voluntad política. Es el caso de Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay.

Argentina debate

“La motivación principal de Argentina Debate es tratar de aprovechar la intensidad política en época de campaña electoral para mejorar la calidad del debate público”, explicó a Parlamentario Fernando Straface, quien además de dirigir el CIPPEC forma parte del Comité Estratégico de esta propuesta.

Se trata de una iniciativa que busca replicar en la Argentina lo que ya es una realidad en toda la región. Es impulsada no sólo por el CIPPEC, sino por organizaciones de la sociedad civil, gremiales, instituciones académicas y empresarios jóvenes que intentarán preparar el terreno para concretar el primer debate presidencial de la historia argentina, en una suerte de campaña de “presión” hacia los candidatos.

Argentina Debate plantea tres ejes de discusión basados en una “agenda para el desarrollo”: “Capital social”, relativo a educación y primera infancia; “Capital físico”, relacionado a la infraestructura; y “Capital institucional”, es decir, los temas vinculados a la gestión de Estado.

El desafío es que los candidatos “digan qué piensan sobre esos temas”. Con esa meta, el Comité Estratégico de Argentina Debate ya mantuvo y mantendrá varias reuniones cerradas con los precandidatos que ya manifestaron voluntad de gobierno: Hermes Binner, Elisa Carrió, Julio Cobos, Julián Domínguez, Mauricio Macri, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Ernesto Sanz, José Manuel

de la Sota, Agustín Rossi, Daniel Scioli, Fernando Solanas, Jorge Taiana, Juan Manuel Urtubey y Sergio Urribarri. “La idea es profundizar sobre los desafíos que implican esos temas, que son complejos más allá de las ganas de mejorarlos”, indicó Straface. “El objetivo es abrir un diálogo con los precandidatos para intercambiar diagnósticos sobre las prioridades del desarrollo: educación, primera infancia, infraestructura, calidad institucional, perspectivas fiscales y seguridad”, precisó Charosky, coordinador de la iniciativa.

La campaña será lanzada oficialmente el próximo 30 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Será el “primer hito” para poner la necesidad de un debate presidencial en la agenda pública. Una vez luego, se llevarán a cabo tres foros de discusión durante el mes de noviembre, que reúnan a los equipos de especialistas de los candidatos. Y el año que viene se realizarán distintos eventos para informar a la sociedad sobre la importancia de generar esta instancia política.

“El objetivo de Argentina Debate es lograr que el debate no se instrumente sobre la conveniencia o no de un candidato”, agregó Straface. “Es fundamental promover la cultura del diálogo e institucionalizar un debate presidencial de calidad. Para ello, es necesario convocar a todo el arco político y todos los sectores de la sociedad”, indicó Charosky.

Un importante grupo de líderes sociales, políticos y del sector privado adhirieron a esta campaña: entre ellos hay figuras de la talla de León Arslanián y Graciela Fernández Meijide, y expertos internacionales de Estados Unidos, Perú, Chile, Paraguay y Brasil que asistirán al lanzamiento.

Proyectos al cajón

Los especialistas consultados coinciden en que en Argentina los debates entre los candidatos no se lograrán por ley. “Esto se va a afianzar el día que el sistema político quiera”, consideró Straface. Barón es algo más pesimista: “La manera de hacer política en Argentina es muy cerrada, y no la quieren abrir”, sentenció.

De todos modos, desde el año 2012 fueron presentados al menos siete proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que promueven la obligatoriedad de esta instancia previa a las elecciones. Las iniciativas son impulsadas por Alberto Asseff (Frente Renovador), Oscar Aguad (UCR) y los legisladores mandato cumplido Gustavo Ferrari, Gerardo Milman y Alfredo Olmedo. Los más recientes pertenecen a Patricia Bullrich (Unión Pro) y Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco). Todos fueron girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Comunicaciones y Presupuesto, pero nunca tuvieron ningún tratamiento. En el Senado, la última en presentar un proyecto en esa dirección fue María Eugenia Estenssoro (MC), en 2011.

Los proyectos consisten en modificaciones y agregados a distintos artículos del Código Nacional Electoral y de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y de Campañas Electorales. En líneas generales, casi todos coinciden en fijar la obligatoriedad del debate para los candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, tanto en las elecciones generales como en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sólo Milman presentó un proyecto para que los debates se realicen únicamente en caso de segunda vuelta, aunque éste fue previo a la ley de las PASO, que redujo el número de postulantes que pueden presentarse a los comicios generales.

Algunos de los proyectos fijan la metodología de esos debates; por ejemplo, plantean que deben transmitirse en horario “prime time” (entre las 21 y las 23), por cadena nacional y bajo una división por determinados temas y tiempos. En cambio, otras propuestas de ley directamente delegan estas cuestiones organizativas en la autoridad de aplicación, la Cámara Nacional Electoral.

La propuesta de ley de Asseff, en tanto, se sale bastante de esos cánones. Entre las diferencias más significativas, el diputado massista propone ampliar la obligatoriedad del debate a parlamentarios del Mercosur (cuya elección aún no fue legislada en Argentina) y a los convencionales constituyentes, en caso de que se plantee una reforma. Además, Asseff impulsa duras sanciones contra los candidatos que se nieguen a participar de estas discusiones, que implican la expulsión de la competencia electoral y la reducción a la mitad de los espacios publicitarios otorgados al partido que representa.

Sobre este punto, Aguad da un paso más y propone suspenderles todos esos avisos. Por último, varios proyectos coinciden en que el costo de la producción y difusión de los debates sea solventado por el Poder Ejecutivo dentro de las previsiones de gastos electorales.

La silla vacía I

Está claro que no ha habido en la Argentina debates presidenciales, y tal carencia se ha transformado en norma. Pero por haber sido el primer caso, el más recordado “debate que no fue” es el de 1989, entre Carlos Menem (PJ) y Eduardo Angeloz (UCR). El presidente en ejercicio era Raúl Alfonsín y al no haber reelección posible por la Constitución vigente, no tomaba parte de la elección, de ahí que fueran dos gobernadores los candidatos que competían por el máximo sitial. Pero por obra y (des)gracia de la crisis económica, el riojano era el favorito en las encuestas. De ahí que, previsiblemente, fuera el que rehuyera al debate. El mismo fue convocado por el periodista político de moda de entonces, Bernardo Neustadt, para el emblemático “Hora clave”, donde el único que se presentó fue el radical cordobés. De allí viene la recordada frase de “la silla vacía”, que fue la que dejó Menem al preferir no arriesgarse a debatir.

La silla vacía II

Las últimas elecciones a cargos ejecutivos, en 2011, son el antecedente más reciente de otro debate “fallido”, aunque no del todo. El evento, organizado por la UBA, se logró realizar en el cine Cosmos con la presencia de 10 candidatos, pero faltó Mauricio Macri, quien ya había anticipado su ausencia. ¿Qué fue lo que dijo el jefe de Gobierno en aquel entonces? “La UBA tiene mucho entusiasmo, pero tuvo problemas en sus últimas elecciones, ¿cómo va a garantizar que eso no se transforme en un acto político? No me parece lógico lo que plantea la UBA. Hasta ahora esa institución nunca ha puesto límite a la agresión y al desbande”. Los que sí estuvieron fueron Daniel Filmus, Fernando “Pino” Solanas, Jorge Telerman, María Eugenia Estenssoro, Silvana Giúdici, Ricardo López Murphy, Jorge Todesca, Javier Castrilli, Luis Zamora y Myriam Bregman. Hubo otro candidato que quedó afuera, pero porque la UBA decidió no invitarlo: fue César Rojas, del MAS. El único medio que lo transmitió fue Canal 7.