Lo único que no queda en suspenso en España es la corrupción. Aun en tiempos de desgobierno e incertidumbre política. Esa es la extraordinaria revelación del caso que acaba de estallarle a este Gobierno moribundo: que ni siquiera ahora, que nadie sabe qué puede ocurrir, quién va a gobernar mañana o cuándo se disolverá esta legislatura, se detienen los casos de corrupción.

Será porque como tenemos ya constatado, la corrupción política en España es una constante transversal. Las dos cosas, constante porque ni se interrumpe, así pasen los gobiernos, ni se produce solo en la izquierda o en la derecha, por eso es transversal, porque afecta a todos los partidos políticos en cuanto llegan al poder. Y ha tenido que venir ahora a recordarnos esta miseria nuestra un político del Imperio romano, Sexto Julio Frontino, un reputado gestor del siglo I encargado de la construcción de acueductos. Operación Frontino es el nombre que le ha puesto la Guardia Civil a esta investigación, en honor al político romano y a la ceguera de los gobernantes españoles.

Una vez más se cumple el aserto tantas veces repetido aquí, la cruel evidencia de que ninguno de los grandes casos de corrupción que han estallado en España han llegado a los tribunales por la denuncia de un partido político. Ya sea por las corruptelas de los comisionistas que han acabado procesados, desde Filesa hasta Bárcenas, o por los procesos que afectan a las instituciones, desde la Casa Real hasta el último ayuntamiento manchado de mangancia. ¿No es demasiada coincidencia que nadie, nunca, detectara nada? ¿Ningún órgano de control interno? ¿Ni siquiera han apreciado el enriquecimiento súbito de quien se sienta al lado en las ejecutivas?

Nunca, nadie, ha detectado un caso de corrupción y lo ha llevado a los tribunales. Todo son reacciones 'a posteriori', como ya han comenzado a sonar de nuevo

El día en que los partidos políticos asuman la corrupción en España como algo propio, intrínseco, una inercia instalada que sale de sus tripas, entonces, ese día, quizá se avance algo en la lucha contra la corrupción. Que empiecen por esa pregunta, la terrible evidencia de que nunca, nadie, ha detectado un caso de corrupción y lo ha llevado a los tribunales. Todo son reacciones 'a posteriori', de manual, como ya han comenzado a sonar de nuevo. Mucha “tolerancia cero” contra la corrupción y mucho interés en que se investigue “caiga quien caiga”. Sí, pero todos esos golpes de pecho llegan siempre cuando ha estallado un caso de corrupción en las narices de quien lo afirma.

En esta operación Frontino, la sospecha de la ceguera del sistema para detectar la corrupción que se produce en sus instituciones es más grave aún porque lo único que ha tenido que hacer la Fiscalía Anticorrupción ha sido investigar en serio, con la Guardia Civil, la denuncia de un directivo de la propia Acuamed que fue desatendida en el ámbito político.

Por lo que se conoce, y lo que se deduce de lo que se conoce, el directivo en cuestión, que se llama Francisco Valiente y fue director de Ingeniería de la empresa, detectó las irregularidades y se opuso ante sus jefes a ser cómplice de los amaños de contratos y de obras. Su negativa se tradujo en despido. Lo pusieron de patitas en la calle y fue entonces, en 2014, cuando se fue al Ministerio de Agricultura, del que depende la sociedad estatal Acuamed, para denunciar allí aquello que le asqueaba. Pero en el ministerio tampoco le prestaron demasiada atención.

O nos encontramos ante uno de los casos de corrupción más precoces o se confirma la inercia que nos lleva a pensar en un sistema podrido

Dicen ahora en el ministerio que investigaron la denuncia pero no encontraron nada. El siguiente paso del directivo fue llevar la misma denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. El resultado, esta vez sí, es el que conocemos: 13 detenidos que integraban, supuestamente, una trama de amaño de contratos públicos de las obras de las cuencas mediterráneas que acomete el Estado. Entre los detenidos, están el tipo que despidió al directivo que denunció la trama, Arcadio Mateo, director general de Acuamed, y su ‘brazo derecho’ en la sociedad, Gabriela Mañueco, que fue a quien colocó en el sitio del directivo despedido.

La legislatura que acaba de concluir se inició con las sombras de la podredumbre de la Gürtel. Estaban por llegar los ‘papeles de Bárcenas’ y parecía que todo eso iba a servir de escarmiento; ya ven que no. En estos cuatro años, se han aprobado nuevos paquetes de medidas contra la corrupción y nuevas reformas penales. Pero lo que ha sucedido en paralelo es que nuevos casos han ido aflorando, primero la Púnica y ahora esta operación Frontino, en los estertores del Gobierno saliente.

El principal detenido, Arcadio Mateo, fue nombrado para el cargo en 2012, por el entonces ministro, Miguel Arias Cañete. Era, según se hizo saber entonces, “la persona de referencia” del Gobierno del PP para solucionar la ‘guerra del agua’ en las cuencas mediterráneas, con la promoción de trasvases y desaladoras. ¿Guerra del agua? En dos años, tan solo dos años después, ya estaba el empleado despedido con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y eso después de haber fracasado en sus intentos de depuración interna de las irregularidades.

O nos encontramos ante uno de los casos de corrupción más precoces o se confirma la inercia que nos lleva a pensar en un sistema podrido, que va revelándose con distintos nombres en los sumarios. Corrupción constante y transversal. Se diría que, también en la corrupción política de España, se aplica la máxima económica de 'laissez faire, laissez passer'. Dejar hacer, dejar pasar.