La pregunta es si el país estará a la altura de este desafío como lo han hecho otros o seguirá la senda de privatizar y de perder este patrimonio de todos los chilenos a través de concesiones y de actividades industriales, mineras, hidroeléctricas y de turismo a gran escala en su interior.

Las áreas protegidas de Chile se encuentran altamente vulnerables a la realización de actividades industriales en su interior. Un reciente estudio sobre la situación jurídica de las áreas protegidas chilenas, encontró que de un total de 173 áreas estudiadas de diversas categorías (parque nacional, reserva forestal, reserva nacional, monumento natural, santuario de la naturaleza, reserva de la biosfera, sitio Ramsar, área marina y costera protegida, reserva marina y parque marino), en 73 de ellas (42%), se ha desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar actividades industriales en su interior (minería, proyectos hidroeléctricos, concesión eléctrica, otorgamiento de derechos de agua, gasoductos, entre otros), en desmedro de sus objetivos de conservación. Esto denota que es urgente establecer medidas de resguardo que restrinjan estas actividades en el interior o cercanas a las áreas protegidas.

Las áreas protegidas tienen además graves problemas jurídicos de dominio, de deslindes, de superficie, problemas de ocupación ilegal, solicitudes de desafectación , litigios pendientes, actividades ilegales o no autorizadas como extracción de leña y madera, extracción de aguas subterráneas, recolección de huiro, ganadería ilegal, tala ilegal de árboles, pastoreo, pesca y caza clandestina, introducción de especies exóticas, aislamiento ecosistémico producto de plantaciones o monocultivo y riesgo de incendios forestales, quemas ilegales, ingreso ilegal de vehículos, personas y animales domésticos, entre otros. Estos problemas no han sido abordados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y requieren ser resueltos a la brevedad.

Por otra parte, el financiamiento para el manejo de las áreas protegidas en CONAF ha sido históricamente insuficiente. El Estado aporta alrededor de 53% del presupuesto que requiere su gestión; no cubriéndose siquiera la totalidad del gasto del personal. CONAF completa su presupuesto anual con fondos de concesión, venta de productos y recaudación por ingreso de visitantes. Sumado a esto, se requeriría de 1.500 guardaparques más para un efectivo manejo de las áreas protegidas como lo ha señalado su director. La propia OCDE, en su informe de desempeño ambiental de 2016, ha señalado que Chile es uno de los países que menos financiamiento destina a sus áreas protegidas, asignando solo 1.27 dólares por hectárea protegida, comparado con los 16,47 dólares de Costa Rica.

Actualmente se tramita en el congreso dos proyectos de ley que tienen relación con las áreas protegidas. El proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y modifica le Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dicho proyecto crea la CONAF pública que ahora se llamaría SERNAFOR, y establece que las actuales áreas protegidas quedarían bajo la tuición de este Servicio que depende del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, también se tramita el proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que indica que todas las áreas protegidas quedan bajo la tuición del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que depende del Ministerio de Medio Ambiente.

Recientemente se ha estado dando la discusión en el Senado de donde quedarían alojadas las áreas protegidas, si continuaran en el Ministerio de Agricultura o se traspasaran al Ministerio de Medio Ambiente. La Ministra de Medio Ambiente ha señalado hace unas semanas que ha acordado con el Ministro de Agricultura que las áreas protegidas quedaran en Medio Ambiente. Sin embargo esto ha generado tensión en CONAF y sus trabajadores que resisten el traspaso dado que por 48 años han guardado las áreas protegidas de manera muy dedicada y tienen mucha experiencia en hacerlo.

El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que tiene por objeto unificar la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas en un solo servicio, se esperaba pudiera subsanar las falencias del sistema de áreas protegidas indicadas anteriormente. Lamentablemente el proyecto no ofrece una verdadera protección a las áreas y estas quedan permeables a actividades industriales en su interior. El proyecto no deroga artículos que permiten estas actividades en la Ley de Bases del Medio Ambiente ni en el Código Minero. Peor aún, permite concesiones sectoriales para actividades mineras, hidroeléctricas y otras, como asimismo concesiones turísticas con infraestructura permanente por 30 años dentro de las áreas protegidas, lo que finalmente conlleva a una privatización de las áreas para su explotación. El proyecto de ley tampoco establece un presupuesto adecuado para la administración del Sistema de Áreas Protegidas. De igual modo, el proyecto de ley de SERNAFOR tampoco aborda estas temáticas.

Chile Sustentable ha seguido la discusión de estos proyectos en el congreso y estima que la decisión de donde quedaran alojadas las áreas protegidas es muy relevante, sin embargo independiente de donde queden, más relevante aun es asegurarse de otorgarles a las áreas protegidas una protección jurídica efectiva y un presupuesto adecuado para su gestión. De otra manera la discusión se hace irrelevante. CONAF hasta ahora ha administrado la indefensión y la pobreza de las áreas protegidas de Chile y actualmente se pretende traspasar esta misma indefensión y pobreza al Ministerio de Medio Ambiente, a través del Proyecto de Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo cual no tiene sentido. Si estos ministerios quieren bajo su tuición las áreas protegidas, entonces deben dar garantías de su efectiva protección.

El proyecto de ley de servicio de biodiversidad podría ser una oportunidad para mejorar la actual situación de las áreas protegidas, sin embargo requiere de modificaciones sustanciales en la Cámara de Diputados para asegurar una verdadera protección a la biodiversidad y las áreas protegidas. Por ejemplo, es absolutamente urgente que el proyecto modifique la Ley de Bases N° 19.300 que permite actividades industriales dentro de áreas protegidas y debe derogar en el Código de Minería ley Nº 18.248, el artículo 17 numeral 2° que permite actividad minera dentro de las áreas protegidas, como también establecer firmes prohibiciones a estas actividades en el texto del proyecto, entre otras cosas.

La pregunta es si el país estará a la altura de este desafío como lo han hecho otros o seguirá la senda de privatizar y de perder este patrimonio de todos los chilenos a través de concesiones y de actividades industriales, mineras, hidroeléctricas y de turismo a gran escala en su interior. El actual gobierno ha estado incentivando la concesión turística de los parques nacionales como Radal 7 Tazas, Nahuelbuta y otros que vienen en camino a través de la Ley de Turismo, lo cual da una muy mala señal de sus verdaderas intenciones respecto a las áreas protegidas del país. Los parques nacionales han sido creados para la conservación de la biodiversidad, no para su explotación, como establece la Convención de Washington: “Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales”.