Ilustración: Alejandro Agdamus

A fines de noviembre pasado, The Guardian publicó un artículo de la historiadora y escritora Moira Wiegel titulado "Corrección política: cómo la derecha inventó un enemigo fantasma". Allí, en un pequeño ejercicio de historia intelectual, la autora reconstruye en detalle una estrategia retórica fascinante: el modo en que durante los últimos veinticinco años los ideólogos del conservadurismo norteamericano han difundido la idea de que la sacralización de la corrección política constituye una nueva forma de autoritarismo que pone en peligro la democracia contemporánea.

Según Wiegel, al instalar la idea de que existe un nuevo consenso ideológico alrededor de lo "políticamente correcto" que censura a sus detractores, los pensadores de la derecha estadounidense consiguieron presentarse ante la opinión pública como paladines de la libertad de expresión. La eficacia política de esta estrategia, que se expresa con claridad en la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, resulta particularmente alarmante cuando se repara en la vaguedad de sus definiciones conceptuales.

La denostada "corrección política" está muchas veces asociada al pensamiento de las clases urbanas, liberales y educadas que reivindican el multiculturalismo y la defensa de las minorías y los menos privilegiados. Sin embargo, en su uso cotidiano se trata de un término que no hace referencia a un programa identificable, sino que más bien permite a quien lo utiliza deslegitimar a su adversario por su supuesta ingenuidad o miopía, sin verdaderamente entablar una discusión rigurosa acerca de sus ideas.

El texto de Wiegel nos obliga a atender un fenómeno que trasciende ampliamente Estados Unidos y cobra dimensiones mundiales. En Francia, por ejemplo, Marine Le Pen ha criticado recientemente a los partidos tradicionales por su "miedo a chocar con la corrección política". Imbuido de un aire plebeyo, ese discurso se ha propagado más allá de la dirigencia política, convirtiéndose en parte del lenguaje común que encontramos en muchas columnas de opinión, blogs y conversaciones de café.

Contragolpe conservador

Sin embargo, particularmente grave es el hecho de que, aun entre quienes no apoyan los nuevos conservadurismos del mundo, la cruzada contra la corrección política parece gozar de amplia popularidad. A veces como un mecanismo de interpretación de la coyuntura política, a través de la noción del conservative backlash (contragolpe conservador, en castellano). El argumento sería más o menos así: "Nosotros no apoyamos la nueva derecha, pero creemos que los responsables de esta oleada de autoritarismo son aquellos que impulsaron la corrección política; se lo buscaron por haber hablado tanto acerca de los derechos de las mujeres y las minorías que terminaron por hacer enojar al hombre blanco de clase media, que comienza a despertar". En otras palabras, al poner la lupa sobre aquellos grupos que la corrección política, en teoría, habría privilegiado, estos comentaristas no se identifican abiertamente con el contragolpe conservador que describen, pero sancionan como válidas sus razones y contribuyen así a su legitimación.

Seamos claros: no se trata aquí de reivindicar la hegemonía de lo políticamente correcto. Es cierto que, llevada al extremo, la corrección política puede clausurar debates y termina por empobrecer el nivel de la discusión pública. En la medida en que limita las coordenadas de la reflexión, puede incluso perjudicar a las fuerzas reformistas y progresistas que la promovieron en primer lugar.

En una excelente columna aparecida en The New York Times el mes pasado, Mark Lilla ha criticado precisamente el empobrecimiento del pensamiento liberal norteamericano a manos de una "política de la identidad" que, obsesionada con la defensa de lo diverso y lo diferente, ha perdido de vista que la política debe también operar en el terreno de lo común.

Sin embargo, el principal peligro de esta cruzada contra la corrección política es que terminemos por tomar las palabras por las cosas. Ante todo, corremos el riesgo de creer que esta jerarquización relativa de algunos colectivos sociales hasta hace poco tiempo estigmatizados equivale a haber invertido en el mundo el sentido en el que corre la dominación política, económica y cultural: en pocas palabras, creer que, porque se ha instalado la defensa de las mujeres y de las minorías sexuales, religiosas y raciales, esto significa que ahora esos sujetos son quienes realmente gobiernan el mundo.

Nada más lejos de la realidad, y basta con unas rápidas búsquedas en Google para confirmar, por ejemplo, que la violencia de género sigue afectando a una de cada tres mujeres a nivel global, que en Estados Unidos los blancos son en promedio seis veces más ricos que negros y latinos y que las denuncias de homofobia en Francia no han disminuido en una década, ni siquiera desde que el gobierno de François Hollande legalizó el matrimonio para todos.

Hay una cuota de verdad en aquellas críticas contra la corrección política que señalan que, cuando un discurso se instala en la esfera pública, establece coordenadas para el debate que excluyen ciertos interlocutores y ciertos lenguajes. Es cierto, y es un desafío de las sociedades democráticas ajustar y reajustar esas coordenadas, porque la legitimidad de la discusión pública es en gran medida el resultado de su capacidad de contener actores y posiciones diversas.

Pero el debate no puede desconectarse de sus referentes reales, y vale la pena recordar que, a pesar de lo que sostengan los portavoces del conservadurismo contemporáneo, algunas décadas de corrección política no han cambiado todavía el modo en que funciona el mundo.