Si algo hemos aprendido en los meses que llevamos en la Asamblea de Madrid es a experimentar y vivir en primera persona que “las instituciones son un traje a medida de quien las ha diseñado” como dijo Teresa Rodríguez el domingo pasado. Que aquí todo está pensado y bien atado para que quienes entren acaben por no querer, o no poder, ser leales los intereses y las necesidades de las mayorías.

Pero también desde que estamos aquí hemos aprendido, al menos, dos cosas más. En primer lugar, que se pueden hacer y cambiar muchas cosas desde las comunidades. Hay que tener voluntad para ello. Y sobre todo si hablamos de los servicios sociales que consisten en garantizar derechos sociales y libertades civiles. Así lo entendió bien el gobierno de Esperanza Aguirre, que se puso manos a la obra para construir, desde “sus” instituciones, sociedad civil e ideología.

En segundo lugar, que podemos conocer desde una perspectiva diferente la misma realidad. La misma que denuncian los movimientos sociales, la misma que se vive en la calle. Gente que está excluida del bienestar, de los derechos humanos, de los recursos o de la igualdad. Muchas personas, con problemas diversos, unas veces organizadas y otras no, que piden que alguien les de voz. Por desgracia, conocemos casos que son realmente terroríficos.

Una de esas realidades es la de madres que llevan años denunciando que sus hijos o hijas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres. Son muchos los casos que ante la invisibilidad a la que son sometidos, ante el ninguneo, e incluso ante la amenaza en algunos casos, han constituido la asociación Infancia Libre. Son menores que sufren una permanente vulneración de sus derechos más básicos y para quienes el “interés superior del menor” no significa nada. Y esta vulneración de derechos se produce no sólo por parte de quienes han abusado sexualmente de ellos, sino también por parte de una administración que ni les protege ni garantiza sus derechos.

Es por ejemplo el caso de una menor de 6 años que declaraba en uno de los CAI (centro de atención a la infancia) como su padre le ponía la cabeza en la zona genital y le hacía daño. Él declaraba que “la niña es una manipuladora y mentirosa”. La situación sigue siendo la de que el padre tiene a la niña la mitad del tiempo y la Fiscalía no ha sentido que haya que aplicar medidas cautelares. Y como éste hay otros muchos casos terribles. Las madres han acudido a todo tipo de instancias para pedir ayuda y una solución. La respuesta por parte de la justicia ha sido archivar los casos de forma reiterada a pesar de las declaraciones de los y las menores de edad, que culpan claramente a sus padres de abusar sexualmente de ellos.

Detrás de estas decisiones de la justicia está el SAP. El síndrome de alienación parental dice describir un “desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre”. La existencia del SAP no está probada científicamente. Se acuñó en 1985 en EEUU por parte del psiquiatra Richard Gardner, posteriormente probado pedófilo, a pesar de lo cual este síndrome sigue siendo defendido reiteradamente por asociaciones de Padres Separados por la Custodia Compartida y por asociaciones que bajo la defensa de “igualdad efectiva” instalan en la sociedad mitos que atentan contra los derechos de las mujeres. Si bien no suele utilizarse como prueba jurídica en la mayoría de los casos, la ideología machista y en concreto el convencimiento de que existe el SAP está detrás de muchas de las decisiones de los magistrados.

El machismo también está en las administraciones públicas y en los servicios sociales. La política de privatización y externalización llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PP tiene varios intereses: que sus amigos empresarios puedan hacer negocio –obviamente a cambio de recompensas como un puesto en un Consejo de administración o una buena donación-, construir un modelo de sociedad basado en la desigualdad y en la segregación, y su perpetuación en el poder. Por eso esta comunidad ha sido el laboratorio de las políticas neoliberales y también del conservadurismo y el pensamiento más reaccionario. Y por eso desde el Gobierno se ha llevado a cabo la cesión de la gestión de los servicios sociales a fundaciones y empresas relacionadas con la Iglesia Católica o con otras agrupaciones como los Legionarios de Cristo. Colegios concertados, centros de protección para menores de edad y centros de ejecución de medidas judiciales (nada menos que cárceles gestionadas por empresas privadas) o los CEPIS. Llama la atención especialmente el caso de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) o el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), que nació ya privatizado en el año 2005 y que es el lugar al que deben acudir menores que han sufrido abusos sexuales.

Estas madres acudieron al CIASI con sus hijos e hijas. La respuesta que han encontrado en varias ocasiones ha sido la de “mejor no denunciéis porque os pueden quitar a vuestras hijas”. Da miedo que esa sea la respuesta por parte de un servicio público a unas madres que están desesperadas y solas ante la posibilidad de que quienes están abusando sexualmente de sus hijos se los lleven los fines de semana y que archiven los casos a pesar de las evidencias. Algunas de estas madres están teniendo que pagar a un abogado o abogada un dinero que no tienen, y en muchos casos multas de hasta 600 euros al mes por saltarse el régimen de visitas. Hay otras madres que no pueden ni denunciar por la falta de recursos y que se ven obligadas a una vida entera viendo como sus hijas son objeto de abusos sexuales.

El hecho de que estas madres tengan que soportar que un servicio social -que está para garantizar los derechos de la ciudadanía y en este caso de los menores de edad-les recomiende no denunciar por su propio bien, evidencia claramente que esta sociedad no está hoy preparada para dar una respuesta correcta a la violencia machista –ni sus instituciones, ni las administraciones, ni la justicia- , ni a la vulneración de los derechos de los y las menores de edad. En nuestras manos está cambiarlo.