Rosario Robles, exministra en el Gobierno de Peña Nieto. Foto | Video: EFE

La justicia mexicana ha dado el primer gran paso para castigar la corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, quien estuvo a cargo de dos ministerios durante el anterior sexenio, ha sido arrestada este martes de manera preventiva después de una audiencia en la que el juez ordenó que se le iniciara un proceso penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público, un cargo que en México se castiga con hasta siete años de cárcel. La exfuncionaria había sido imputada el viernes pasado en esta causa tras ser acusada por la Fiscalía de haber causado un daño a la hacienda pública por más de 5.000 millones de pesos, unos 250 millones de dólares.

La audiencia contra Robles había empezado la semana pasada. Después de un receso para presentar pruebas, fue retomada este lunes y finalizó la mañana de este martes, con la decisión del magistrado de enviarla a prisión durante dos meses mientras se amplía la investigación de una trama de corrupción de la que se le acusa ser parte. La acusación de la Fiscalía apunta que Robles tenía conocimiento de la red de desvío de dinero tejida durante el Gobierno de Peña Nieto y en la que participaron las dos secretaría que ella dirigió. El ministerio público asegura que la exfuncionaria permitió que sus subordinados realizaran millonarios desfalcos mientras estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Social, entre 2012 y 2015, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2015 y 2018.

Tras más de 12 horas de audiencia, el juez entendió que había pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial contra la exministra y ordenar la prisión preventiva. Los abogados de Robles, quienes presentaron 40 pruebas con la intención de acreditar su inocencia, calificaron de excesiva la decisión del magistrado, quien justificó el fallo en la posibilidad de que la funcionaria se fugara. "Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad", respondió la exfuncionaria. Sus palabras, sin embargo, no consiguieron revertir la resolución del juez y, durante la mañana de este martes, la exministra fue llevada a la cárcel de Santa Martha Acatitla, al oriente de Ciudad de México.

La causa judicial que ha llevado a Robles este martes a prisión inició el año pasado, después de que se la señalara en 2017 como parte de la estafa maestra, una trama de corrupción desvelada por un trabajo periodístico de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Según la publicación, la exsecretaria formaba parte de un esquema que hacía desaparecer fondos públicos a través de una triangulación entre las secretarías del Gobierno, universidades nacionales y empresas fantasma. El mecanismo de desvío, según la investigación, funcionaba a través de convenios que firmaban las Secretarías federales con las instituciones educativas para que contrataran a compañías para realizar supuestamente diversos trabajos.

La medida judicial de este martes es uno de los primeros pasos que ha dado la justicia mexicana para castigar uno de los mayores escándalos de corrupción del anterior sexenio. Robles, de formación política de izquierda, pasó a formar parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, en la Administración de Peña Nieto. Durante su defensa en la audiencia, la exministra aseguró que reportó las irregularidades al menos en tres ocasiones al expresidente. La exfuncionaria afirmó que también advirtió de lo que sucedía al excandidato presidencial del PRI José Antonio Meade, quien en esos años estaba a cargo de las carteras de Desarrollo Social -como sucesor de Robles- y de Hacienda.

Esas declaraciones desataron la decisión del magistrado de ordenar además indagar la participación tanto de Peña Nieto como de Meade en la trama de corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había señalado en las últimas semanas que la exfuncionaria era "un chivo expiatorio", ha asegurado este martes que será la justicia quien decida si hay otros políticos implicados. "No es asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato", ha dicho.