Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. ¿Hay alguna observación?

Miller
Señor Presidente, mi observación se refiere al Acta. Me refiero a una intervención del Sr. Macartney en la que dijo que había habido cierta confusión y un error en la traducción al inglés de la versión original en francés. He verificado la versión original francesa y dice con toda claridad «la viande britannique». Tengo entendido que «britannique» significa «británica», no significa «inglesa», por lo que abarca todas las carnes de bovino, incluida la escocesa.

Macartney
Señor Presidente, agradezco el interés de mi colega por la exactitud lingüística, pero, como usted sabe, la persona que ocupaba la Presidencia en aquel momento era David Martin, que también procede de Escocia. Hemos verificado la versión original firmada por el Grupo y decía «anglaise». Por eso planteé aquella cuestión de orden, para que conste en acta simplemente.

El Presidente
Doy las gracias porque se nos han aclarado todos los detalles de esta cuestión, luego ahora ha de estar claro de qué manera queda el asunto.
(El Acta queda aprobada)

Decisión sobre la urgencia
Kittelmann
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores solicita la denegación de la urgencia. La Comisión solicitó el 17 de noviembre una concertación por el procedimiento de urgencia, de conformidad con el artículo 97. La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores examinó dicha solicitud en su reunión del 18 de noviembre y la rechazó por unanimidad, por consideraciones formales y también de contenido. Por lo que se refiere al procedimiento, en el momento en que se solicitó la urgencia, la comisión sólo disponía de una copia de la página reglamentaria del documento base de la propuesta de la Comisión. No se nos puede pedir que examinemos seriamente una propuesta de la Comisión -por urgente que ésta sea- en estas condiciones. Aun así podríamos haber hecho una excepción en el caso de los temas financieros relacionados con Ucrania. No obstante, dado que se acaba de movilizar un tramo de 100 millones de ecus, no creemos que existan razones financieras ineludibles que así lo justifiquen. Necesitamos deliberar sobre esta cuestión y, por lo tanto, solicitamos que se deniegue la urgencia.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Delincuencia organizada
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes cinco informes, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.
A4-0333/97 de la Sra. Cederschiöld sobre el Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada (7421/97 - C4-0199/97), -A4-0348/97 del Sr. Bontempi sobre el proyecto de acción común relativa a la incriminación de la corrupción en el sector privado (10017/97 - C4-0478/97-97/0914(CNS)), -A4-0351/97 del Sr. Bontempi sobre la propuesta de acción común por la que se crea una red judicial europea (9804/97 - C4-0428/97-97/0911(CNS)), -A4-0355/97 del Sr. Orlando sobre el proyecto de Acción Común por la que se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada (10406/2/97 - C4-0479/97-97/0912(CNS)), -A4-0349/97 del Sr. Orlando sobre el proyecto de Acción Común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la incriminación por la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (10407/97 - C4-0480/97-97/0913(CNS)),

Cederschiöld
Señor Presidente, la delincuencia organizada se desplaza a través de las fronteras del mismo modo que la polución medioambiental. Se necesitan esfuerzos mancomunados. Se necesitan esfuerzos coordinados globalmente, en el plano europeo, nacional, regional y local, pero también en la sociedad civil y en el plano individual. El plano europeo tiene que reforzarse pero sin que los otros se debiliten.
Las organizaciones de narcotraficantes no reconocen límites. A través de organizaciones, introducen gente subrepticiamente en todos los continentes. Su campo de acción es toda la tierra. Cientos de organizaciones mafiosas ya tienen interés en nuestra Unión. Tenemos que aumentar la cooperación dentro de los límites de la Unión pero también fuera de esos límites, hacia el Este y el Oeste.
Hace algunos años comenzaron los preparativos para iniciar un trabajo más amplio en este campo en el plano internacional. En Dublin, hace un año, se echaron las bases para el programa de acción que se trató el verano pasado en Amsterdam, con treinta propuestas diferentes para combatir la delincuencia organizada. Hoy vamos a tratar los puntos de vista del Parlamento sobre esta materia. También tenemos algunos documentos legales sobre temas puntuales, que van a ser tratados simultáneamente.
Se trata de construir un vallado, un vallado del imperio de la ley, que sea tan nítido que podamos, sin embargo, tomar medidas puntuales y bastante firmes contra la delincuencia, puesto que las medidas se equilibran entre estado de derecho, integridad y también eficacia.
En mis propuestas he desarrollado algunos puntos, he ido un poco más lejos que el Consejo. Soy más específico en algunos puntos. Construyo redes de protección jurídica más altas en ciertos puntos al mismo tiempo que trato de aumentar la eficiencia. También he rechazado algunas posturas del Consejo. También he incorporado en el informe puntos de vista nuevos que no existían, es decir, aspectos que no habían sido tratados.
Evidentemente que el informe es muy amplio. Quisiera destacar especialmente el trabajo práctico, ya que creo que es muy importante. He tratado de escuchar a mis colegas y de comprender sus puntos de vista. Creo que hemos tenido una cooperación muy buena.
El lucro es el corazón de la delincuencia organizada. Por eso muchas propuestas van dirigidas a las ganancias, pero también a los temas probatorios, ya que aquí nos encontramos en un sector delicado. Se trata de encontrar diferentes nuevas posibilidades de salir adelante en materia de pruebas. Por cierto que es muy difícil. Es sabido que la delincuencia organizada trabaja a menudo de manera que no dejan realizar actos criminales a quienes realmente se hacen cargo de las ganancias, sino que son otras personas quienes los cometen, lo cual, muchas veces, complica considerablemente las pruebas.
Creo que las redes de cooperación, la colaboración práctica, son esenciales. A la larga, van a ayudarnos a crear un espacio para asegurar el imperio de la ley en la Unión. En este contexto, quisiera también señalar la cooperación existente entre los Países Nórdicos. Allí hace tiempo que hemos tenido una colaboración práctica tal que ha significado que los Parlamentos aprovechan las experiencias de los demás antes de aprobar nuevas propuestas. Además, tenemos una colaboración diaria, que creo que es lo más importante que es preciso desarrollar. Tenemos que alcanzar sistemas jurídicos compatibles en Europa y tenemos que armonizar en los terrenos en que no podemos entrar de otro modo.
Quiero aprovechar para dirigir un elogio al ministro Sr. Fischbach que ha venido al Parlamento, ha discutido con nosotros y nos ha consultado por primera vez en estos temas, de manera que nosotros hemos podido expresar los puntos de vista del Parlamento en un asunto tan importante dentro del tercer pilar, efectivamente de acuerdo con lo que se acordó en Amsterdam, aunque aún no haya sido ratificado. Quiero agradecerle especialmente por esto.
Pienso que tenemos muchos conceptos diferentes sobre lo que en realidad es la delincuencia organizada. Tenemos que lograr una definición. Para poder tomar medidas severas tenemos que saber de qué estamos hablando. Por eso creo que la definición es muy importante. Igual que los documentos legales, esto se va a tratar el 3 y 4 de diciembre en el Consejo de Ministros. Entonces va a ser muy interesante para nosotros ver lo que verdaderamente va a suceder, y si se van a escuchar los puntos de vista del Parlamento en estas cuestiones.
También espero que se empiecen a estudiar un poco más los métodos especiales de investigación, los métodos más secretos. Son muy delicados, pero espero que el Consejo los discuta. En mi informe he querido ir más allá de lo que ha querido el Consejo anteriormente en esta materia; evidentemente se trata de temas delicados.
También es importante tocar temas de informática. Tenemos que prever lo que ocurre en la informática cuando la delincuencia organizada empieza a hacer uso de ella. Además, tenemos que conseguir que la policía tenga posibilidades de usar la informática de forma correcta para impedir la delincuencia. Estos temas necesitan mejor dedicación que la que han tenido hasta hoy.
El 90 por ciento del informe fue aprobado en el comité. En los puntos en que había opiniones divergentes, ahora hemos presentado propuestas de compromiso. Quiero agradecer especialmente a los colegas que han participado en las discusiones, ya que estimo que hemos colaborado de manera amena, fructífera e interesante. He aprendido mucho y espero que la Cámara apruebe esta propuesta en su totalidad. Si no lo hace, es de algún modo una vergüenza para el Parlamento si no logramos aprovechar la posibilidad que Fischbach nos da para expresar nuestros puntos de vista, lo que otorga también a esta materia un realce que, en otro caso, no habría tenido. Por eso opino que el Parlamento tiene que ser capaz de expresar sus puntos de vista. Espero y creo que el largo trabajo que hemos realizado llevará a que hay buenas posibilidades de vigorizar esta materia, aunque no todos hayan logrado satisfacer sus puntos de vista en detalle.
Por este motivo voy a nombrar también a Italia. Hay una propuesta de enmienda de UPE que hemos debatido un poco. La delincuencia organizada tiene diferentes aspectos. He trabajado junto a muchos italianos y está claro que las experiencias italianas y suecas difieren mucho en esta materia. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de Italia, puesto que los italianos han adoptado medias bastante drásticas. Cuando digo esto me dirijo especialmente a UPE: sin embargo, también tenemos que recordar - y es también mi experiencia de Italia - que el ejemplo italiano nos muestra la enorme importancia que tiene la mantención de los principios del estado de derecho en este contexto, la mantención en alto de la lucha por los derechos humanos y la integridad individual y no olvidarlo a la hora de tomar medidas rigurosas.
Espero con interés el Consejo de Ministros de diciembre, cuando podremos ver si los Jefes de Gobierno son capaces de responder a las esperanzas depositadas en ellos por los ciudadanos de la Unión, es decir, hacer de esta Unión un arma afectiva contra la delincuencia organizada.

Bontempi
Señor Presidente, creo que hay que considerar positivamente la decisión que adoptamos de concentrar todo el paquete de acciones contra la delincuencia organizada en una mañana. Se trata de una novedad muy significativa. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de la absoluta ineficacia de la lucha contra las manifestaciones de la delincuencia organizada a escala internacional y europea; hoy creo que por fin podemos señalar con cierta satisfacción que se han producido verdaderas novedades.
El plan de acción supone ante todo una importante novedad. Es la primera vez que se nos brinda la oportunidad de reflexionar y de pronunciarnos, aunque sólo sea, por desgracia, después de su elaboración, sobre un plan global y un enfoque coordinado y coherente para la lucha contra la delincuencia organizada. Considero que las novedades más sobresalientes son las que se derivan del plan operativo, o sea, del hecho de que desde el mes de julio de 1997 el Consejo se haya puesto a trabajar también para definir las acciones legislativas, las acciones concretas. Hoy, en efecto, nuestro examen abarca tanto el plan de acción como cinco acciones comunes.
Por último, una novedad que reviste especial importancia -que hay que reconocer a la Presidencia luxemburguesaestriba en que por fin el Parlamento Europeo fue consultado sobre estas acciones con carácter previo. Deseo recordar a la Presidencia que en el futuro deberá regularse esta relación, habida cuenta de que estamos obligados a correr demasiado, más de lo que normalmente puede hacerlo un Parlamento para poder emitir un dictamen motivado. Así y todo, lo hemos hecho para demostrar que queremos participar y ofrecer nuestra contribución.
Con respecto al plan de acción, y tras este juicio positivo, sólo me voy a limitar a apuntar algunas carencias que quiero señalar al Consejo, a fin de que las futuras acciones las tengan en cuenta. Me parece, por ejemplo, que el problema de la delincuencia urbana no se ha destacado suficientemente. Sabemos que es un fenómeno diferente, a pesar de que está relacionado con la delincuencia organizada: pienso en algunas zonas de mi país, en particular en la ciudad de Nápoles o en otras ciudades del Sur, pero también del Norte, donde existe una delincuencia común, una delincuencia pequeña, extendida y vinculada al tráfico de estupefacientes y al crimen organizado. Este problema merece un discurso específico que indique cómo intervenir tanto desde el punto de vista de la prevención social como desde el punto de vista específico de la instrumentación de las intervenciones. Quizás hablemos de ello a propósito del sector urbano, aunque deseo remarcarlo como un punto clave, como un punto crítico no tratado exhaustivamente.
Además de las medidas de prevención social, debo mencionar un tema muy delicado que afecta a la organización de la delincuencia financiera: los paraísos fiscales. La acción relativa a los paraísos fiscales es, sin duda, muy difícil, a pesar de que todavía seguimos dudando demasiado en vislumbrar unas acciones concretas de reducción o de lucha contra este pulmón financiero de la delincuencia organizada que son los paraísos fiscales. Estos, lo sabemos, no existen sólo en los países de ultramar, sino también en nuestros Estados donde adquieren formas muy diferentes: cuentas anónimas como en Austria o secreto bancario protegido en exceso. En el ámbito de un plan de acción que estimo muy novedoso política, operativa e institucionalmente, considero que hay que recordar dichos aspectos.
En esta ocasión, a mi entender, debe evidenciarse un apartado importante. En las enmiendas y en el debate que a veces es el reflejo inevitable, así como excesivo de los debates nacionales, tenemos un esquema que será oportuno superar, es decir, el de la contraposición entre la eficacia de la capacidad de acción del Estado en perseguir la delincuencia y sus complejas y sofisticadas manifestaciones actuales, sobre todo a escala internacional, y el principio inviolable de la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Creo que esta contraposición, considerada de forma estática y superada, ya no funciona ni tampoco nos satisface; debemos, por el contrario, partir de otro punto de vista, el de la consecución o de todos modos del reconocimiento de un derecho fundamental a la legalidad entendido como uno de los aspectos fundamentales de los derechos humanos, que hoy, en una sociedad compleja y a punto de acometer grandes cambios, hay que mirar en su riqueza.
El derecho a la legalidad significa, sin duda, Estado de Derecho, protección del ciudadano ante la ley, el Estado y el juez, pero también y ante todo derecho a no tener el territorio ocupado y la economía distorsionada por la delincuencia por la delincuencia, a evitar que los ciudadanos tengan que renunciar, incluso, a la democracia y al ejercicio de la democracia debido a la expansión y a la penetración de la delincuencia organizada.
Desde esta óptica, hay que encontrar un nuevo equilibrio y deben introducirse nuevos instrumentos. Reconozco con satisfacción que quien tuvo que sufrir una experiencia muy dolorosa como nuestro país, ha podido probar estos nuevos instrumentos. Y digo probar, pero pienso también, cuando adoptamos estos instrumentos, en la delincuencia organizada, en un delito que si se convierte en un delito común será extremadamente importante para fomentar la cooperación judicial; pienso en la reestructuración del sistema judicial que no es más que un conjunto de magistrados que, junto con los de enlace ya introducidos hace uno o dos años, constituirá la base para impulsar una rápida cooperación judicial.
Todo esto se deriva del hecho de que debemos tener muy clara la necesidad de hacer frente al problema del ciudadano defendiendo su derecho ante el Estado -éste es un aspecto que siempre debemos resaltar y analizar cuando se viola dicho derecho. No debemos, sin embargo, olvidar que hacen falta nuevos instrumentos y, por ello, me parece peligroso y un error negar las potencialidades de estos instrumentos, mientras es justo valorar su funcionamiento, puesta en práctica, gestión y eficacia.
En este sentido, creo que si Europa definirá -y está a punto de hacerlo- el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, tratando de reproducir mayormente las condiciones de garantía propias de un Estado de Derecho y de transferirlas al primer pilar, o de emprender todas las acciones que logren que el Parlamento controle y la jurisdicción superior, es decir, el Tribunal de Justicia intervenga -se trata, por desgracia, de condiciones que todavía no se han cumplido- creo que, mientras ponemos a punto estos instrumentos, debemos subrayar con fuerte preocupación crítica, como lo hace el informe, la necesidad de un sistema que proteja este nuevo principio de legalidad. Dicho principio de legalidad, repito, deberá basarse en la necesidad de que el sistema democrático responda a las muertes y a la destrucción de la democracia provocadas por la delincuencia, y deberá lograr que el ciudadano pueda gozar plenamente de sus derechos y de sus garantías.
Debemos, en consecuencia, acercarnos a la opinión del ciudadano. Creo que algunos datos nos demuestran que la preocupación que suscita la delincuencia, tanto la grande y organizada como la común en sus varias facetas, es una preocupación dominante entre los Estados de la Unión. Por ello, la tarea de la Unión es contribuir a dar una respuesta. Pienso que precisamente en el momento en que como Parlamento estamos inmersos en nuestro acalorado debate sobre la posibilidad de emitir un dictamen, haremos lo posible por decantarnos hacia la afirmación de un derecho a la legalidad en su conjunto como nueva categoría fundamental de derecho humano. Para alcanzar este objetivo, creo que nuestra función, por cierto, muy importante, es debatir pero también apoyar con valor las innovaciones que nos van a permitir emprender una lucha no de palabra sino efectiva, concreta y democráticamente garantizada contra la delincuencia organizada y su fundamental ataque en contra del sistema democrático.

Orlando
Señor Presidente, Señorías, al completar la exposición iniciada por los Sres. Cederschiöld y Bontempi, yo también deseo subrayar la importancia de este debate sobre la afirmación de la legalidad en el ámbito europeo. Quiero expresar mi aprecio por la sensibilidad demostrada por el Consejo y la Presidencia luxemburguesa, y mi satisfacción por el debate que se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. Lamento el escaso tiempo a disposición, pero, a pesar de los plazos cortos, hemos intentado en lo posible cumplir el compromiso adquirido, a fin de estar presentes en esta importante etapa de la vida de la Unión.
Nos encontramos ante una intervención orgánica y a mí me corresponde intervenir acerca de tres medidas. La primera se refiere a los sistemas de evaluación y ejecución de las medidas de lucha contra la delincuencia organizada; la segunda, a la punibilidad de la participación en una organización delictiva; la tercera es el llamado programa «Falcone». Esta tercera medida no figura en el orden del día del Parlamento. Los textos del Consejo nos llegaron sólo el 6 de noviembre. Por lo que a mí respecta, he cumplido mi tarea y me sumo a la invitación de la Presidencia en orden a una eventual devolución sólo de este tema, a fin de permitir que el Parlamento exprese su posición. Así y todo, he cumplido mi cometido personal en cuanto a facilitar las posiciones sobre la propuesta del Consejo.
De los dos textos que esta mañana se someten al examen del Parlamento, el primero se refiere al sistema de evaluación de la ejecución de medidas de lucha contra el crimen organizado. Considero políticamente muy importante este texto, puesto que introduce un criterio de coherencia en los comportamientos de los Estados miembros respecto al importante tema de la lucha contra la delincuencia organizada y constituye de por sí el reconocimiento tal vez más evidente de que este tema se aborda como una cuestión de interés europeo. En la comisión intentamos exaltar el papel de la Comisión y del Parlamento y formulamos algunas enmiendas, que fueron ampliamente aprobadas en el seno de la misma, con objeto de aclarar algunos puntos más exhaustivamente.
Siempre con referencia a lo que precedió los dos textos antes mencionados, hay que recordar que, a raíz de la posición asumida por la Comisión de Libertades Públicas, el Consejo aportó algunas modificaciones y algunas de ellas, de las que hablaré cuando se lleve a cabo la votación, en cierto modo han tenido en cuenta las propuestas de la Comisión de Libertades Públicas.
Con referencia al segundo de los dos textos, nos encontramos ante el loable y realmente importante intento, aunque algo tardío, de llegar a una definición común de la cuestión de la lucha contra la delincuencia organizada, pasando a través de la definición de la punibilidad de la participación en una organización delictiva.
La cooperación europea en la lucha contra la criminalidad organizada no puede ser eficaz si no existe un marco común de referencia a la organización criminal, es decir, si no existe la conciencia común de la existencia de organizaciones delictivas que admiten diferentes formas de participación. Al respecto, se impone una premisa: los Estados y sus ordenamientos penales deben adaptarse a los cambios que sufre la delincuencia. Si la delincuencia cambia y las previsiones normativas siguen siendo las mismas, se acaba por no ser eficaces y con facilitar la delincuencia.
La pregunta fundamental que nos debemos formular es si hoy, en una dimensión ya no sólo italiana, aunque al principio preferentemente italiana, existe un fenómeno criminal específico que merece una atención específica. Ésta es la pregunta fundamental. Si consideramos que no existe un fenómeno criminal específico y que no existe una específica necesidad de contrarrestar este fenómeno específico, seguiremos combatiendo un delito que está cambiando con sistemas anticuados, pero tenemos que darnos cuenta de que, como es obvio, no seremos eficaces.
La comisión creyó y sigue creyendo, por amplia mayoría, que existe una forma especial de organización delictiva compuesta por individuos que participan en la misma de forma diferente. Si es cierto, y lo es como lo demuestra la dramática experiencia de mi país, que la delincuencia organizada implica e implicó no sólo el fenómeno criminal tradicional, el robo más que el hurto, pero también a sectores de la Iglesia, del Estado y de la política, es preciso, en mi opinión, que la previsión penal tenga en cuenta esta especificidad; en efecto, si se prescinde de ella, se corre el riesgo de continuar luchando contra una delincuencia organizada que ya no existe o que ya no es la realmente peligrosa. Por ello, estimamos que en la propuesta del Consejo hay elementos muy importantes y destacables y que las enmiendas presentadas por la Comisión coinciden con el planteamiento del Consejo.
Es preciso -y esto se reitera con frecuencia- afirmar con gran fuerza el respeto de los derechos fundamentales en las enmiendas presentadas por la Comisión al Parlamento, aunque también es necesario no olvidar que la legalidad, la democracia, las Instituciones no contaminadas y la libre economía, son posiciones subjetivas y derechos que deben protegerse. Hay que encontrar un equilibrio, conscientes de que es preciso garantizar el vínculo que existe entre el derecho a la legalidad y el derecho a la libertad personal.
En las propuestas presentadas por la Comisión se hace referencia en particular a la necesidad de tener en cuenta el hecho de que la delincuencia organizada tiende a convertirse en cada vez menos armada y cada vez más financiera; la misma recurre siempre con más frecuencia a elementos ligados al sector financiero y al blanqueo de dinero, mientras que el fenómeno militar armado, es decir, el fenómeno de las matanzas, se está convirtiendo en cada vez menos significativo y relevante; esto no significa que la delincuencia organizada ha dejado de existir, sino que se está convirtiendo en más difusa y peligrosa.
Las propuestas presentadas son muy interesantes y creo que debo instar al Parlamento a que responda a la invitación que le hace la amplia mayoría de la Comisión de Libertades Públicas y que trata de conseguir que la Unión Europea, toda Europa y la lucha contra el crimen organizado puedan dar un paso adelante para evitar que formas negativas puedan infectar a toda Europa. Por lo que se refiere en particular al crimen organizado mafioso, todos somos dramáticamente conscientes que el mismo ha dejado de ser un fenómeno italiano o siciliano, y se ha convertido y tiende a convertirse cada vez más en un fenómeno europeo. Lo confieso con la pesadumbre de quien es muy consciente de proceder de un país que es fuente de dicha infección, pero con la lealtad de quien sabe que hay que alertar a los demás ante este fenómeno.
La delincuencia organizada mafiosa necesita que se diga que la misma no existe. Entre las varias teorías acerca del origen de la palabra «mafia» hay la que se remonta a una etimología árabe: en árabe «ma fiiha» significa «no existe». La mafia necesita que la gente piense en que no existe. Cuando en un país distinto de Italia o en una ciudad distinta de Palermo, se afirma que la mafia no existe, esto equivale a cursar una invitación oficial a la mafia para que vaya a ese país y a esa ciudad.

El Presidente
Me gustaría dar las gracias a los tres ponentes por estos sobresalientes informes. Ahora pasamos a las declaraciones de otras comisiones.

Bösch
Señor Presidente, yo felicito a los ponentes por el trabajo que han realizado y muy especialmente a la Sra. Cederschiöld, para cuyo informe he elaborado la opinión de la Comisión de Control Presupuestario. Es muy apropiado, a mi parecer, que el debate de estos informes se celebre después de haber contado con la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas a principios de esta semana y de haber debatido su informe sobre la situación financiera y la vulnerabilidad de nuestro Presupuesto europeo.
Una de las tareas más gratificantes de nuestra labor de representación popular es velar por que en la Europa unida no dejen de tenerse en cuenta los intereses de nuestros ciudadanos o de nuestros contribuyentes.
El Tribunal de Cuentas apuntó la vulnerabilidad del Presupuesto europeo por el lado de las subvenciones. Yo pienso que se trata de una observación muy importante. Un examen más detallado de dicha vulnerabilidad permite constatar que los mayores fraudes se producen, aproximadamente en una relación de 2 a 1, en el ámbito de los recursos propios. Después de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el fraude en relación con el tránsito de mercancías, ya sabemos lo que esto significa. Nuestros contribuyentes pierden cada año miles de millones de ecus por este concepto. Esta manera de actuar, la desaparición de cargamentos enteros de cigarrillos o de carne, constituye evidentemente ni más ni menos que una forma de delincuencia organizada.
Tenemos, en verdad, un interés muy grande en combatir este estado de cosas. La poca cooperación de los Estados miembros en este ámbito es efectivamente una vergüenza, tal como manifestó aquí el señor Presidente. Yo creo que el Parlamento Europeo tiene la obligación de no dejar de señalar estas deficiencias. Sus informes así lo hacen y yo les felicito sinceramente por ello.

Fischbach
Señor Presidente, señoras y señores, estoy siguiendo este debate con sumo interés. Me complace ante todo subrayar que, de hecho, es la primera vez que se someten al Parlamento siete expedientes que corresponden a los ámbitos de justicia e interior. En el debate de esta mañana, este Parlamento se dispone a tratar seis informes -cinco de los cuales están directamente vinculados con la delincuencia organizada-, pero también el Plan de acción preparado por el Grupo de alto nivel.
He leído con la mayor atención el informe elaborado por la Sra. Cederschiöld. Desearía felicitarla por dicho trabajo, que es extremadamente pormenorizado. Este informe sobre la lucha contra la delincuencia organizada hace referencia al trabajo realizado por el Grupo de alto nivel, trabajo que refleja la voluntad y la determinación del Consejo de avanzar en la materia. Se trata de un conjunto totalmente coherente, bien estructurado y concreto, gracias sobre todo al calendario que establece fechas topes para la aplicación de las diferentes medidas. Evidentemente, es lamentable que las limitaciones de tiempo, los plazos extremadamente breves impuestos al Grupo de alto nivel para presentar su informe al Consejo Europeo, hayan impedido que se consultara al Parlamento.
Desearía decir, no obstante, que quizá ello ha permitido a ustedes llevar a cabo su propio trabajo con toda serenidad, un trabajo -repito- de enorme valor. Pienso, por otro lado, tomar en consideración algunas propuestas del informe de la Sra. Cederschiöld, que podrán enriquecer, posteriormente, el Plan de acción elaborado por el Grupo de alto nivel. Es evidente que este Plan de acción presenta algunas lagunas, que deberán colmarse lo antes posible; pero lo que contaba ante todo era acometer decididamente el fenómeno de la delincuencia organizada.
Por esta razón, señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa no ha esperado para someter al Consejo cuatro propuestas de acción común, que también serán discutidas esta mañana. Me refiero al excelente informe del Sr. Bontempi -uno sobre la creación de una red judicial europea, y otro sobre la incriminación de la corrupción en el sector privado-, así como a los notables informes del Sr. Orlando sobre la evaluación de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada y sobre la incriminación por la participación en una organización delictiva en los Estados miembros.
Yo había explicado en muchas ocasiones a la Comisión de Libertades Públicas y a la Comisión de Asuntos Jurídicos que la Presidencia luxemburguesa tenía la intención de anticiparse al proyecto del Tratado de Amsterdam, y consultar desde ahora al Parlamento sobre todas las decisiones importantes que deben tomarse.
Ustedes saben que en el proyecto de Tratado de Amsterdam, esta consulta es obligatoria no sólo con respecto a los instrumentos del tercer pilar, es decir, de la cooperación judicial -me refiero sobre todo a los convenios-, sino también con respecto a los nuevos instrumentos, tales como las decisiones y las decisiones marco. He valorado en particular la capacidad de reacción del Parlamento, que ha mostrado su disponibilidad y que se ha comprometido a examinar lo antes posible las propuestas de acción común que la Presidencia le ha sometido.
No entraré en detalles sobre las cuatro acciones que se discutirán esta mañana. Diré simplemente que las examinaremos con toda atención y que nos esforzaremos por aceptar cierto número de propuestas, que podrían incorporarse a los textos que presentaremos en Bruselas al Consejo sobre Justicia y Asuntos Interiores de los días 4 y 5 de diciembre. Tengo muchas esperanzas de que de estas cuatro acciones comunes que discuten esta mañana, al menos dos de ellas puedan ser aprobadas por el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores con ocasión de su próxima cita de los días 4 y 5 de diciembre en Bruselas.
En este mismo contexto, me permitiré -dicho sea entre paréntesis- lamentar ante usted, señor Presidente, y ante el Parlamento, que, por razones inherentes a las limitaciones impuestas por el calendario, no hayan podido emitir un dictamen sobre la propuesta de acción común por la que se establecía un programa de intercambio, un programa de formación, un programa de cooperación, destinados específicamente a los responsables de la lucha contra la delincuencia organizada. Me refiero al programa Falcones, que constituye, de hecho, uno de los complementos necesarios de varias medidas establecidas en el marco del Plan de acción relativo a la delincuencia organizada.
Finalmente, desearía expresar al Sr. Nassauer que valoramos en sumo grado la presentación de su informe sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior para el período que va del 1 de enero de 1998 hasta la fecha de entrada en vigor definitivo del Tratado de Amsterdam. Es la primera vez, de hecho, que aprobamos un plan de acción de estas características, enriquecido por nuevas materias que, por consiguiente, figurarán en la lista de nuestras prioridades. El Consejo se propone aprobar este proyecto de resolución a más tardar el 4 de diciembre en Bruselas, a la espera de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que deseamos sea lo antes posible.
Señor Presidente, señoras y señores, desearía repetir cuánto aprecio la reacción del Parlamento Europeo con respecto a las propuestas de acción común. Estaré atento, evidentemente, a todo lo que se diga a lo largo de la mañana en esta Asamblea.

Gradin
Señor Presidente, si se pregunta a los ciudadanos de la Unión Europea sobre qué es lo que más les preocupa, una enorme mayoría responde que la Unión debe dar prioridad a la lucha contra la delincuencia internacional organizada. Por eso doy la bienvenida a los informes presentados por el Diputado Cederschiöld y los Diputados Bontempi y Orlando.
La Cumbre de Dublin tuvo a la delincuencia organizada como uno de sus puntos más importantes y, por esta razón, se formó un grupo de alto nivel con representantes de los países miembros y de la Comisión. La misión del grupo era presentar un plan de acción. La Comisión ha estado impulsando todo el tiempo el plan de acción. La Cumbre de Amsterdam aprobó el plan. Esto puede verse como el primer paso de nuestro trabajo para remediar las graves amenazas de delitos y hacernos eco de la intranquilidad de nuestros ciudadanos. Por eso es satisfactorio ver que el Consejo de Ministros ha apoyado que tanto los países miembros como las instituciones de la Unión den mancomunadamente fuerza a sus palabras contenidas en el plan de acción y luchen, con real eficiencia, contra la delincuencia organizada.
Permitanme también decir algo sobre los hechos propiamente tales. La delincuencia organizada no es nada nuevo, tal como lo señaló Cederschiöld, pero con la nueva tecnología, el incremento del comercio y los medios de transporte cada vez más rápidos, ha crecido y se ha modificado. La delincuencia organizada ha adoptado métodos cada vez más sofisticados y ha llegado a ser, en alto grado, un fenómeno internacional. El desarrollo de las comunicaciones ha significado muchas cosas beneficiosas. Al mismo tiempo, sin embargo, Internet y otras redes electrónicas internacionales para los negocios y transacciones comerciales, dan a la delincuencia organizada nuevas posibilidades.
La realidad habla un lenguaje muy clara. Hoy tenemos dentro de la Unión Europea quince sistemas jurídicos diferentes. Tenemos distintas definiciones de fraude y tenemos grandes diferencias en las normas para los bancos y las actividades financieras. Esta situación de dispersión es aprovechada por la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, esto impone requerimientos más firmes para aumentar la colaboración y eficiencia en la lucha contra la delincuencia dentro de la Unión. Notamos también, cada vez más claramente, cómo la delincuencia organizada penetra en los propios terrenos de colaboración de la Unión. Puede tratarse de las subvenciones agrícolas o a las exportaciones, las contrataciones públicas o el comercio con mercancías peligrosas para el medio ambiente, para no hablar del vasto comercio con drogas y seres humanos.
Justamente en este momento la UCLAF está investigando el contrabando de materias peligrosas para el medio ambiente que destruyen la capa de ozono. Este es un ejemplo de los nuevos problemas que tenemos que resolver. El informe Cedeschiöld subraya que el plan de acción abarca tanto la definición de los problemas como la propuesta de medidas. Considero importante también que adquiramos mayores conocimientos sobre los distintos fenómenos delincuenciales.
Para que podamos avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada tenemos que lograr, en primer lugar, una perspectiva común acerca de cómo vamos a actuar eficientemente en este terreno. Esto vale tanto durante el Tratado de Maastricht como bajo el nuevo Tratado de Amsterdam. Desgraciadamente, parece que los países miembros quieren, con demasiada frecuencia, sostener su propia soberanía en estas materias. Por eso estoy de acuerdo en que debemos avanzar paso a paso basándonos en concepciones comunes acerca de cómo vamos a manejar los nuevos problemas delincuenciales. Puede tratarse de la delincuencia que crece rápidamente con ayuda de medios electrónicos, accesos a bases de datos, lavado de dinero y cosas por el estilo.
El informe Cedeschiöld se inclina a favor de una cooperación entre las autoridades policiales y judiciales entre los países miembros más que por una armonización de las legislaciones de los países de la UE. Yo estoy de acuerdo en que la cooperación debe estar en primer lugar. Es también por eso que recientemente he propuesto el programa de acción Falcone, que se extiende por varios años. El programa se dirige a la formación e intercambio entre los que trabajan en los diferentes organismos nacionales de lucha contra la delincuencia organizada.
Por la misma razón, apoyo la propuesta contenida en el informe del Diputado Bontempi, sobre la creación de redes de expertos legales de los países miembros. Otra buena proposición en el mismo sentido es la idea de una grupo especial de expertos jurídicos de los países miembros en la UCLAF. La propuesta fue presentada por el Diputado Tomlinson en el informe sobre tráfico que discutimos en la primavera pasada.
Sin embargo, no basta con un aumento de la colaboración. Se necesitan también reglas claras y precisas para que los diferentes sistemas jurídicos funcionen juntos. Entre otras cosas, pienso en la necesidad de asistencia recíproca en asuntos jurídicos e, incluso, en reglas recíprocas para las pruebas. No se trata de armonizar los sistemas penales. Por el contrario, es necesario cerrar todas las escotillas que puedan ser usadas por la delincuencia en el sistema jurídico de la Unión. Se trata de crear una protección eficiente y de igual valor en los países miembros. El objetivo tiene que ser que los delincuentes no queden impunes a causa de las diferencias en nuestros sistemas jurídicos.
El informe Bontempi sobre acciones comunes contra la corrupción dentro del sector privado, es un buen ejemplo en este contexto. Tenemos que alcanzar resultados, aunque las penas para la corrupción privada sean distintas en los países miembros. Sin embargo, tenemos que definir esos delitos de la misma manera, y tiene que haber penas mínimas de alguna similitud para ellos.
En este mismo informe, se queja Bontempi de que en las acciones comunes contra la corrupción no se deja un papel a los tribunales. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos volver a este punto cuando el Tratado de Amsterdam haya sido ratificado. También ha sido destacada en el informe Orlando, que versa sobre un sistema común para la evaluación y aplicación de los compromisos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada, el problema de la deficiente competencia de los Tribunales. En el mismo informe, se propone que la Comisión tenga un papel activo en este trabajo. Evidentemente, apoyo esta propuesta.
El informe Cedeschiöld enfatiza también la necesidad de medidas preventivas, las que también aparecen en el plan de acción. Estoy de acuerdo en que las medidas preventivas necesitan apoyarse en una legislación impecable y en una aplicación eficiente de métodos bien analizados. Siento que el plan de acción no haya destacado de manera suficiente los factores sociales y económicos que a menudo son la causa de la delincuencia, por lo menos en las grandes ciudades. Sin embargo, en todo caso el plan hace una referencia a los fondos estructurales como un medio para mejorar la lucha contra la delincuencia en las grandes ciudades. Esto es algo que yo considero importante que desarrollemos. La miseria social en las grandes urbes es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Por mi parte, no veo en la lucha contra la delincuencia contradicción alguna entre el trabajo preventivo por un lado y el trabajo represivo por otro. Necesitamos ambos.
El informe Orlando resalta el tema de la participación en organizaciones criminales. Lo esencial para que una persona pueda ser juzgada por su participación en una organización criminal son, en mi opinión, sus acciones. Creo que es importante dejarlo bien claro.
El informe Cedeschiöld trata también de un problema que tiene relación con el intercambio de información, en un caso determinado, entre tribunales de distintos países miembros. Personalmente me ha tocado ver cómo la tardanza en el intercambio de información entre los diferentes sistemas jurídicos puede beneficiar directamente a los delincuentes. Puede tardar tanto que los delincuentes son puestos en libertad. El Consejo de Ministros está discutiendo un acuerdo para mejorar las posibilidades de asistencia recíproca. Se ha avanzado mucho en este trabajo y espero que se pueda tomar una decisión política el próximo año. En este contexto, es interesante la propuesta del Parlamento de un Ministerio Público Europeo.
Además, deseo decir algunas palabras acerca de la ampliación de la Unión hacia Europa del Este y Europa Central. Es evidente que la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción va a ser una parte importante de las negociaciones de adhesión. El plan de acción propone por eso un pacto especial de cooperación contra la delincuencia organizada y que se firmará por los países candidatos y los países miembros de la UE. La Comisión está estudiando actualmente, en conjunto con la Presidencia, la formalización de un pacto de esta naturaleza. En mi opinión, este pacto de cooperación debe dar instrucciones claras para que ataquemos a la delincuencia organizada dentro del marco de un pre-accession strategy . Las propuestas de medidas deben ser presentadas con buena anticipación antes de la Cumbre de Cardiff, en la primavera venidera. La intención tiene que ser que ellas después pasarán a formar parte de los tratados de adhesión que se firmen con los diferentes países miembros.
Para terminar, quisiera subrayar cuán importante es que usemos todas nuestras herramientas en la lucha contra la delincuencia organizada. Los países miembros tienen ya una cantidad de acuerdos esperando en sus despachos. Pienso en Europol, en el tratado de entrega de delincuentes y en el de estafas y fraudes. Quiero pedir a los miembros del Parlamento que usen sus contactos en sus respectivos países para que esos acuerdos sean ratificados tan pronto como sea posible.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria, por su clara exposición y por este rapapolvo a nuestros gobiernos.

Schulz
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer a todos los ponentes, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, el intenso trabajo que han desarrollado en las pasadas semanas y en los últimos meses. Empezaré por la colega Cederschiöld, que ha tenido que enfrentarse a una tarea muy difícil, como es la de intentar agrupar bajo un denominador común las concepciones, las interpretaciones y los enfoques todavía muy diversos en relación con la definición de la delincuencia organizada y de los requisitos de la lucha contra la misma. Una tarea que yo creo que ha resuelto con extraordinario acierto. Lo cual no es óbice para que sin duda sigan subsistiendo concepciones fundamentalmente distintas sobre algunos temas. Aun así, podemos suscribir el planteamiento de fondo y los elementos esenciales del informe de la Sra. Cederschiöld.
La misma consideración también es válida, obviamente, para los trabajos de mi colega Rinaldo Bontempi y para las propuestas del colega Leoluca Orlando. Un problema recorre como un hilo conductor todos los informes, la opinión de la Sra. Cederschiöld sobre el informe del grupo de alto nivel y las propuestas que han formulado los colegas Orlando y Bontempi en relación con las medidas concretas. Escuchar que en tanto que Parlamento nos corresponde desempeñar un papel importante -tal como usted ha dicho, señora Comisaria- es un bálsamo para nuestro espíritu, pero yo me veo obligado a completar su observación añadiendo que lamentablemente no lo cumplimos en el lugar apropiado. En efecto, el Parlamento debe ejercer a la larga -y es lo que me propongo razonar esta mañana- el poder legislativo decisivo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada en Europa. De nada sirve que nos dirijamos a nuestros colegas de los Parlamentos nacionales para decirles que se apresuren a ratificar el Convenio pendiente. Eso está muy bien, pero subsiste el hecho de que es necesaria una comunitarización de la lucha contra la delincuencia y que la Unión Europea sea competente en relación con determinados ámbitos delictivos. Voy a intentar aclararlo con algunos ejemplos prácticos.
En la recomendación 19, sobre la cual se pronuncia la colega Cederschiöld en su informe, el grupo de alto nivel propone un engarce de la cooperación entre las autoridades responsables del cumplimiento de la ley. La Sra. Cederschiöld manifiesta que dicha cooperación no debe tener un carácter centralizado, sino que debe establecerse directamente entre dichas autoridades y a continuación propone el desarrollo de un glosario multilingüe de los diferentes conceptos jurídicos. La idea resulta muy atractiva en un cierto sentido. Yo también quisiera poder consultar algún día ese trabajo, aunque sólo sea por curiosidad. Sin embargo, tras la intervención del Sr. Orlando, yo me pregunto si la mafia no publicará también un glosario multilingüe de los diferentes términos jurídicos. O si quizá no habrá empezado a trabajar ya en su elaboración, mientras nosotros seguimos esperando. En efecto, éste es el verdadero problema y éste es también el problema que debemos tener presente después de Amsterdam, Sr. Fischbach. La experiencia de Amsterdam representa a mi modo de ver una cesura, tal como manifestaron también los colegas que debatieron ayer el informe de los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos. Amsterdam constituye el inicio de una nueva fase, no la continuación de la etapa de Maastricht. Y esto es así porque la progresiva profundización de la Unión en el ámbito económico, que ahora se completará con una moneda única, y la situación de facto en el ámbito estatal asociada a lo anterior -la cual añado que es alentadora- no van acompañadas de la igualmente necesaria profundización en el ámbito de la seguridad, sino que se sigue manteniendo como objetivo prioritario la cláusula de excepción nacional. Hemos avanzado quizá un poco en algunos aspectos, como por ejemplo en lo que se refiere a la política de asilo. Sin embargo, yo personalmente tengo la impresión de que esto se debe más a motivaciones oportunistas de carácter nacional, con objeto de trasladar este tema molesto a otro ámbito y librarse así de la presión. No obstante, todos los demás temas relativos a la profundización de la Unión se aplazaron en Amsterdam hasta la próxima primavera, momento en el cual se deberá alcanzar una decisión por unanimidad sobre su comunitarización. Y yo me pregunto si la totalidad de los 15 Estados miembros no harán valer finalmente la cláusula de excepción nacional.
El resultado final es que ahora se presenta a debate un informe, que el colega Orlando se ha visto obligado a elaborar - y yo le compadezco también por ello-, cuyo título yo les invito a releer. Nos consultan sobre el proyecto por el que se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de las medidas anteriormente declaradas necesarias desde un punto de vista comunitario. Yo les pronostico hoy que muy pronto recibiremos para consulta un proyecto de acción común sobre las medidas que deberá adoptar la Unión Europea para amonestar a los Estados miembros por la insuficiente transposición a escala nacional de las medidas anteriormente declaradas necesarias desde un punto de vista comunitario. Yo pienso que de este modo no avanzaremos en la lucha contra la delincuencia organizada. A mi parecer, necesitamos una decisión ambiciosa que diga que cuando exista la imposibilidad demostrada de controlar exclusivamente a escala nacional determinados ámbitos delictivos, ya sea con medidas policiales o penales, esta tarea deberá transferirse a la Unión Europea y concretamente a un Comisario o una Comisaria, bajo la competencia legislativa del Parlamento Europeo. Éste es el primer aspecto que está claro.
El segundo es que de momento esto es una utopía, pero aun así yo creo que ya debemos exigirlo con toda precisión. Este segundo aspecto también incluye el hecho de que entre tanto deberemos acomodarnos, obviamente, a un estado de cosas que no es el que desearíamos y que tendremos que mantener una posición de moderación. No obstante, también desde esta moderación, o sea, mientras exploramos los límites de lo actualmente factible, debemos actuar con mayor decisión. Lo cual para mí significa que debemos procurar alcanzar -tal como ha intentado señalar la Sra. Cederschiöld en su informe- una vinculación lo más estrecha posible a través de la cooperación interestatal. Pero -y debo señalarlo a propósito de su intervención, señor Presidente del Consejo- no puede volver a repetirse lo que ha ocurrido con Europol.
Cuando, con motivo del protocolo que establece la inmunidad de los funcionarios encargados de la creación de una organización policial europea, en los Parlamentos nacionales -lo sé por la experiencia de los debates en el Parlamento y la Cámara Alta federales alemanes- nos vemos obligados a dedicar más tiempo al temor de los representantes populares de los Estados miembros a que la creación de dicha policía vulnere derechos fundamentales del Estado democrático de derecho y a debatir para qué necesitan, en realidad, la plena inmunidad los funcionarios de Europol, que a tratar de los recursos técnicos y de la formación que precisarán para poder perseguir a los delincuentes, yo me veo obligado a afirmar que el proyecto del Consejo está mal enfocado.
Al mismo tiempo yo quisiera señalar que las consideraciones que ya expusimos con motivo del informe sobre Europol -y que vuelven a repetirse en el contexto de todas las restantes medidas comunes, como por ejemplo en el informe del grupo de alto nivel- no son ajenas al reconocimiento de que la desaparición de los controles fronterizos dentro de la Unión Europea, la supresión de las barreras aduaneras, la propia Unión Europea con sus enormes campos de actividad económica, ofrecen crecientes oportunidades para las bandas de delincuentes, para la delincuencia organizada. La señora Comisaria ha señalado que la tolerancia del fraude y de la corrupción se extiende progresivamente en nuestros propios ámbitos de competencia, pero a mi parecer todavía no reconocemos suficientemente que esto significa que es preciso prestar también mayor atención a la cualificación de los funcionarios y las organizaciones encargados de combatirlos.
Señor Comisaria, usted se ha referido al programa FALCONE. Yo pienso que éste es imprescindible. Necesitamos funcionarios que estén capacitados para manejar las tecnologías modernas. Necesitamos que los responsables del cumplimiento de la ley estén capacitados para comprender los métodos económicos modernos. Yo tengo prácticamente la certeza de que en el futuro será más importante contar con funcionarios equipados con los sistemas informáticos más modernos y que sepan utilizarlos, que no disponer de coches más veloces con luces intermitentes azules. Por esto la importancia concedida a la formación y la cualificación en el momento de la integración es uno de los pasos más acertados que se han dado en los últimos años.
Hoy se cierra una larga fase de intensísima cooperación. Antes de acabar, yo quiero dar las gracias en nombre de mi Grupo político, no sólo a los ponentes, sino también al señor Presidente del Consejo. Sr. Fischbach, usted nos aseguró en Luxemburgo que estaba dispuesto a respetar fielmente los resultados de la Conferencia de Amsterdam que tienen un sentido positivo para el Parlamento, entre otros, la consulta obligatoria al Parlamento Europeo de todas las medidas en el ámbito del tercer pilar. En los casos que hoy nos ocupan así lo ha hecho. Nosotros quisiéramos rogarle que, en la medida de lo posible, procure que esta actitud se haga extensiva a las posteriores Presidencias del Consejo, pues tal como ha tenido oportunidad constatar en el debate de esta mañana y como usted mismo ha manifestado, el Parlamento puede hacer aportaciones esenciales.

Pirker
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Schulz ha señalado con razón que la delincuencia organizada puede actuar con relativa facilidad. La delincuencia organizada dispone de cantidades casi ilimitadas de dinero que utiliza para adquirir los instrumentos de comunicación más modernos -que para la policía evidentemente sólo pueden ser un sueño- y también para pagar y formar a su personal. Cuenta asimismo con la mejor y más moderna logística y goza de una gran ventaja decisiva: la delincuencia organizada no está obligada a cumplir nuestras leyes. Todas estas circunstancias favorables han permitido la expansión de la delincuencia organizada en nuestra sociedad, en nuestros Estados y, finalmente, su infiltración en nuestra sociedad.
Yo he consultado a expertos que se ocupan de la lucha contra la delincuencia y éstos han constatado que uno de cada tres delitos ya es imputable actualmente a la delincuencia organizada. ¡Ya va siendo hora, por lo tanto, de que adoptemos medidas eficaces! Por consiguiente, debemos expresar nuestro especial agradecimiento a quienes ahora se disponen a actuar de manera eficaz en favor de los ciudadanos de Europa, con medidas de cooperación intensiva que trascienden los intereses nacionales.
Sobre todo debemos agradecer, como es obvio, la labor de los ponentes, en primer lugar el completo informe de la Sra. Cederschiöld y los importantes informes de los Sres. Bontempi y Orlando sobre la cooperación en el ámbito de la justicia. Mientras que en el ámbito de la cooperación policial ya hemos conseguido algunos éxitos -me limitaré a recordar los de EUROPOL y de Schengen-, la cooperación en el ámbito de la justicia se encuentra absolutamente en sus inicios. En este contexto es preciso establecer, además, prioridades en relación con las medidas que se deben adoptar, pues la policía sólo podrá tener éxito en la medida en que consigamos disponer también de un marco jurídico común, no sólo en el aspecto de la persecución de los delitos, sino también obviamente por lo que se refiere a la definición de figuras de delito comunes.
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo político, yo valoro muy positivamente la propuesta del Sr. Bontempi de que se establezca una red que reúna a las autoridades judiciales y a expertos con objeto de que puedan adquirir un nivel común de conocimientos, conocer sus respectivas tradiciones jurídicas y empezar a dar los primeros pasos hacia una armonización legislativa, que será posible sobre todo en relación con los nuevos delitos.
Sin embargo, es imprescindible definir estas figuras de delito en el ámbito de la delincuencia organizada y de la colaboración con la misma. De lo contrario nunca tendremos éxito en la lucha contra la delincuencia organizada. En nuestra calidad de representantes populares electos, nuestro deber hacia los ciudadanos es proponer todas las medidas concebibles, pues éstos no ven con agrado que sólo los delincuentes se beneficien de este espacio de libertad, mientras que la creación de un espacio de libertad en Europa no mejora su propia seguridad. Yo insto, por lo tanto, al Consejo a que haga suyas todas estas peticiones y tengo la seguridad de que podemos confiar en que el ministro Fischbach y sus colegas proseguirán con ahínco esta cooperación.

Caccavale
Señor Presidente, Señorías, antes de nada creo que no existe ningún loco en Europa que pueda decir que el crimen organizado, la mafia no existe. ¡La mafia sí que existe! Tiene mucho poder y está muy bien organizada; se trata ya de un fenómeno internacional y transnacional que tiene unos medios mucho más eficaces que los, obsoletos, de nuestros pequeños Estados miembros de la Unión Europea y, yo diría, también de más allá de la Unión Europea. La delincuencia organizada, hoy por hoy, supone una gran amenaza para el Estado de Derecho y para el funcionamiento de la democracia en muchos países; está agrediendo los puntos vitales económico-productivos de muchos países y de esta agresión son objeto numerosas jóvenes democracias, a través del blanqueo de dinero, el tráfico internacional de estupefacientes, las armas y demás.
Esto es ya un hecho probado, nadie puede negarlo. En consecuencia, es imprescindible que exista la absoluta necesidad de una red judicial europea, de una relación y una coordinación más fuertes entre los encargados de la prevención y represión de este fenómeno. Dicho esto, sin embargo, no podemos olvidar que, detrás de la justa exigencia de instrumentos más eficaces, se podría esconder una tentación, es decir, que después de haber contaminado a Europa -como ha dicho el Sr. Orlando- de formas negativas como el crimen organizado, se podría infectar a Europa con otro virus, es decir, el substancialismo jurídico, representado por los atajos judiciales que se manifiestan a través de leyes excepcionales y de la supresión y reducción del derecho a la defensa de los derechos individuales.
Se nos pide un equilibrio, pues bien, también nosotros queremos un equilibrio y lo queremos en la plena garantía individual de los derechos a la defensa que, por ejemplo, es la relación directa entre un hecho delictivo y el acusado, algo que algunos empiezan a negar. Consideramos necesario que las condenas se impongan sobre la base de hechos objetivos y no sólo a través de denuncias a cambio de condiciones de vida especialmente ventajosas. Esto es lo que nosotros consideramos equilibrio; de lo contrario, la lucha contra la delincuencia sería contraproducente, pues el remedio sería peor que la enfermedad, ya que castigaríamos a ciudadanos indefensos frente al exceso de poder del Estado y dejaríamos, en cambio, impunes a los verdaderos y grandes delincuentes.

Goerens
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, cumpliendo con el mandato del Consejo Europeo de Dublín, el grupo de expertos creado a este efecto ha remitido en un tiempo récord el resultado de sus reflexiones a través del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. Estas quince orientaciones políticas y treinta recomendaciones abren en lo sucesivo un vasto campo de acción marcado por un ritmo de trabajo sostenido, cuyos aspectos esenciales eran aún ignorados por el gran público.
En este sentido, se imponen las observaciones siguientes. Primeramente, debe procurarse que las acciones comunes en materia de lucha contra la delincuencia organizada, que a principios del mes próximo comenzarán a adoptarse en forma de acciones comunes, se incorporen al Derecho nacional en un plazo razonable. El estado de la ratificación -me parece más indicado hablar más bien de no ratificación- de los convenios sobre Europol o del convenio sobre extradición, por ejemplo, justifican este llamamiento apremiante a los Estados miembros.
En segundo lugar, con respecto a la lucha contra la delincuencia organizada y a los medios que deben dotarse en este ámbito, es evidente que estamos abordando un terreno extremadamente delicado, sobre todo en relación con el respeto de los derechos de defensa. Es evidente que para el Grupo de los Liberales, en nombre del cual tengo el privilegio de poder expresarme, este asunto reviste particular importancia.
En tercer lugar, la mejora del control parlamentario en cuanto a las competencias del tercer pilar, reivindicadas con insistencia, y razón, por nuestro Parlamento, ha adquirido una nueva dimensión durante la actual Presidencia en ejercicio del Consejo. En tal sentido, deseo muy especialmente rendir homenaje al Sr. Marc Fischbach, actual Presidente del Consejo sobre Justicia y Asuntos Interiores, por haber dado un nuevo impulso a la participación parlamentaria, que sus sucesores no podrán -y espero poder añadir-, no querrán, ignorar.
En cuarto lugar, deseo también rendir especialmente homenaje a los ponentes Cederschiöld, Orlando y Bontempi, por haber logrado sintetizar nuestros trabajos en unos plazos que han permitido al Consejo basarse a su debido tiempo en los mismos.

Mohamed Alí
Señor Presidente, examinamos hoy el plan de acción común para la lucha contra la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam, y varios proyectos de acción común que desarrollan diversas recomendaciones incluidas en el mencionado plan.
Aunque se han dicho muchas cosas de gran interés en este debate, me gustaría destacar algunos aspectos, también importantes, que no hay que olvidar si pretendemos conseguir una actuación coherente y coordinada de la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia organizada.
La Unión Europea tiene que tomar medidas amplias y coordinadas entre sí para mejorar, simplificar y acelerar la cooperación internacional para evitar que las modernas organizaciones criminales se vayan adaptando cada vez mejor a las debilidades y lagunas del sistema penal existente en la Unión Europea.
No obstante, en todas estas actividades, la Unión tiene que prestar siempre atención a que se respeten los principios legales y democráticos y los derechos humanos. Y sobre todo, las libertades fundamentales tal y como las interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Para asegurar esto, es esencial que se garantice el control democrático y judicial de las distintas acciones que se llevan a cabo. No está de más recordar, en este momento, el déficit democrático que existe en estos temas en la Unión Europea. Sin ir más lejos, el Parlamento Europeo no ha sido consultado sobre el plan de acción, lo que supone una contradicción con las disposiciones del Tratado.
Por otra parte, me gustaría destacar la importancia de una política global y coherente en el ámbito social, juvenil y educativo de cara a la prevención de la delincuencia organizada.
El enfoque social del plan de acción es demasiado reducido. La delincuencia se ve estimulada sobre todo allí donde no se reparan los daños producidos en el espacio público. El plan de acción debería ocuparse de aspectos sociales como la seguridad social, la creciente pobreza, la disminución de la fuerza integradora de los sistemas sociales tradicionales, los errores cometidos en la planificación urbanística -chabolas, guetos, etc.- y la negligencia en los ayuntamientos y las ciudades.

Roth
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, para evitar malentendidos debo decir que la delincuencia internacional representa en efecto, obviamente, una seria amenaza, a la cual también es preciso responder mediante una cooperación policial a escala internacional. Sin embargo, un procedimiento ajustado a las normas de un Estado de derecho exige siempre como requisito previo una noción exacta de en qué consiste el fenómeno de la delincuencia organizada y contra quién se va a actuar.
Un alto funcionario declaró en cierta ocasión: "Sé lo que es, pero no podría describirla con exactitud.» ¡Esto no basta, sin embargo, para empezar a actuar! Mi crítica más importante se dirige, por lo tanto, contra la definición absolutamente imprecisa de la delincuencia organizada. En el informe de la Sra. Cederschiöld, este término designa a las bandas de delincuentes y a la complicidad con las mismas, pero no se menciona un aspecto y una característica esenciales, esto es, la penetración y la infiltración de la actividad delictiva en el aparato del Estado.
La falta de claridad y precisión de la definición permite utilizar todos los medios cuando la situación se vuelve peligrosa. Pero el término "delincuencia organizada» se utiliza entonces como una llave maestra que lo deja todo en suspenso, todas las prohibiciones, todos los derechos fundamentales, con lo cual escapa al sistema de garantías jurídicas. Un ejemplo popular es el de Europol, cuyas competencias se amplían en el Plan de Acción, sin que se incrementen las garantías jurídicas. No me corresponde entrar ahora en el tema de los controles democráticos y jurídicos ni en la total inexistencia de una fiscalía europea.
Nosotros rechazamos rotundamente la lógica según la cual deben utilizarse las mismas armas. El Estado no puede ni debe emplear métodos y medios delictivos contra los delincuentes. ¡El fin no justifica los medios! Hipertrofia de los derechos fundamentales, así lo llaman los críticos que dicen que el exceso de derechos fundamentales es malsano y que es preciso arriesgarse a restringir la democracia. La democracia y los derechos fundamentales son básicos y no puede disponerse de ellos a placer, tampoco y muy particularmente en la lucha contra la delincuencia.
Yo apoyo firmemente lo que ha manifestado la Sra. Gradin. En el Plan de Acción se echa en falta sobre todo, a mi parecer, la parte dedicada a la prevención y a la investigación de las causas. Investigar las causas es necesario para atacar la delincuencia de raíz, en vez de intentar tratar los síntomas. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Gradin, al Consejo y también, a pesar de todas las controversias o debido a éstas, a los tres ponentes por un igual, pero en primer lugar a nuestro colega Orlando.

Pradier
Señor Presidente, creo que primeramente hay que felicitar in solidum a los tres ponentes, la Sra. Cederschiöld, el Sr. Bontempi y el Sr. Orlando, por la calidad de su trabajo.
Este proyecto de acción común presenta el inconveniente de carecer de fuerza obligatoria y de favorecer los consensos vagos que, en cierto modo, todos tememos. Su ventaja es fijar objetivos a largo plazo, de lo cual podemos felicitarnos.
Los textos también adolecen, en parte, de la circunstancia de que nos llegan principalmente de Italia, el primer país en haberse ocupado decididamente del conjunto de estos problemas. Sin embargo, habría que evitar ver la realidad europea desde la óptica italiana.
Estos informes tratan pormenorizadamente ciertos aspectos -a veces en demasía-, pero no tratan suficientemente otros aspectos. Si bien los autores abundan en cuestiones como el tráfico de heroína, el fraude fiscal debido al contrabando de cigarrillos, la trata de seres humanos, el blanqueo del dinero negro, se muestran muy discretos, en cambio, con respecto al terrorismo político sangriento, que, sin embargo, representa una delincuencia muy bien organizada. Es ahí dónde aprieta el zapato: la definición que se da es demasiado imprecisa, de manera que los derechos de defensa y la protección de las personas podrán, en ocasiones, verse amenazados.
Algunas profesiones pueden sentirse directamente afectadas. Me refiero en particular a los abogados y a los notarios. Los medios de investigación especial deberán manejarse con mucha precaución. Finalmente, también habrá que precisar probablemente el papel de Europol, su responsabilidad y su control.
El informe relativo a la red judicial europea, el informe Bontempi, ha logrado nuestra total adhesión. Los demás informes nos merecen -por las razones que acabo de apuntar- algunas reservas. Pero se trata, de hecho, de medidas técnicas que carecen, en nuestra opinión, de inspiración política, una inspiración que quizá tengamos que esperar aún mucho tiempo.

Buffetaut
Señor Presidente, esta mañana debatimos una serie de informes sobre la lucha contra la delincuencia organizada y sobre la cooperación judicial en Europa.
Para nuestro Grupo, estas graves cuestiones, que afectan al ejercicio de la justicia, a las libertades públicas, al orden público, son competencia -por definición- de los Estados, puesto que la justicia es un derecho ligado a la soberanía. Además, para que pueda ejercerse a la vez de manera eficaz y respetuosa del derecho de las personas, la justicia debe estar próxima a los ciudadanos. El nivel estatal nos parece, pues, más adecuado. Es cierto que frente a una delincuencia cada vez más internacionalizada, que actúa a través de redes organizadas, frente a verdaderos sindicatos internacionales del crimen, la cooperación interestatal, así como su fortalecimiento, constituyen una necesidad: necesidad de eficacia y de garantizar a los ciudadanos el respeto del orden jurídico y de la seguridad. Los Jueces del Llamamiento de Ginebra, por otra parte, ya lo habían subrayado muy bien.
Los informes que se nos someten esta mañana son, en muchos casos, de gran interés y de un gran valor. Éstos aportan propuestas que merecen ser examinadas. Sin embargo, no podemos menos que deplorar que en dichos textos se proponga indirectamente, en demasiadas ocasiones, comunitarizar el ámbito judicial y el orden público interno de los Estados. Esto nos parece peligroso para el derecho de las personas y para la democracia. Se puede, en efecto, debatir esta cuestión. Siempre que se haga con transparencia y frente a los ciudadanos.
La creación de un orden jurídico penal europeo no puede ser precipitada. No puede llevarse a cabo sin una consulta solemne de los pueblos afectados. En este sentido, el proyecto de Tratado de Amsterdam, usando como subterfugio el protocolo sobre la subsidiariedad, reafirma indirectamente el principio, hasta ahora exclusivamente jurisprudencial, de la primacía del Derecho comunitario sobre cualquier Derecho nacional, incluyendo el constitucional.
Nosotros consideramos que este problema debe ser debatido frente a los pueblos de Europa. Así pues, por estas razones, que atañen a la democracia en el terreno de la construcción europea, no podremos votar a favor de todos los proyectos que esta mañana se nos proponen.

Blot
Señor Presidente, Señorías, desde el punto de vista técnico el Plan de acción y los informes del Parlamento Europeo aportan un elemento positivo en esta lucha contra la delincuencia organizada. Dicho esto, no estoy seguro de que se lleve a cabo, en efecto, una acción eficaz, ya que la cuestión no es únicamente técnica, sino también política, moral e incluso religiosa.
Existen contradicciones evidentes, por ejemplo, entre la voluntad política de eliminar las fronteras y la voluntad de luchar contra la delincuencia internacional. Pero es sobre todo la ideología dominante en occidente, que es laxista, igualitarista y cosmopolita, la que favorece, de hecho, la delincuencia. Sabemos que los Estados son, por lo general, complacientes, aun cuando de palabra pretenden ser antimafiosos. Todo esto no es nuevo. Hoy sabemos que, históricamente, en Italia, después de 1945, por ejemplo, los norteamericanos habían facilitado el retorno de la mafia.
El filósofo Hegel escribió: "Cuando el hombre elimina a Dios y se considera absolutamente soberano, crea las condiciones morales para ya no respetar a los demás hombres». Es, sin duda, esta evolución filosófica de occidente lo que hoy explica la ascensión de la delincuencia organizada.
A falta de una crítica de la naturaleza actual del poder, las mafias, que cuentan con la complicidad de algunos aparatos políticos, o incluso de aparatos de Estado, no podrán ser realmente combatidas, aunque se pretenda lo contrario.

Elliott
Señor Presidente, permítaseme decir que esta cuestión que estamos debatiendo esta mañana ilustra los pocos avances que hemos logrado como Unión Europea en la esfera de la Justicia y los Asuntos de Interior en comparación con las grandes zancadas que hemos dado en otros sectores como los sectores económico y financiero y muchos otros aspectos de la vida. Está resultando cada vez más evidente lo importante que es que abordemos muchas de esas cuestiones: la cuestión, por ejemplo, de la custodia de niños cuyos padres son ciudadanos de Estados miembros diferentes; la cuestión de la extradición; la armonización de las penas judiciales, que está creando problemas considerables; la cuestión de las disposiciones relativas a la libertad con fianza y muchas otras. Va a haber que abordar esas cuestiones con urgencia y espero encarecidamente que la Presidencia británica, que se inicia a comienzos del año próximo, contribuya a la consecución de algunos avances en ese sector.
También me preocupa la difícil situación de las personas detenidas y en espera de juicio en Estados miembros de los que no son ciudadanos y que en muchos casos son mantenidos durante períodos extraordinariamente largos por problemas puramente técnicos relativos a la traducción de documentos o diferencias entre los procedimientos judiciales de los diferentes Estados miembros de que se trate. Naturalmente, si son culpables, se los debe condenar, pero no deben estar en una situación peor a la que tendrían en su país.
Pasando, si se me permite, al papel de Europol -que está desempeñando un papel de importancia decisiva y al que debemos dar nuestro apoyo-, es muy importante que todos los Estados miembros ratifiquen lo antes posible el convenio para que podamos lograr avances. Las organizaciones internacionales de delincuencia organizada cuentan con una ventaja inherente: no se preocupan demasiado, la verdad, de las fronteras, la subsidiariedad, las diferencias judiciales nacionales y demás. Actúan libremente y los organismos de los Estados miembros encargados de imponer el cumplimiento de la ley trabajan con las manos atadas a la espalda con demasiada frecuencia. En la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores escuchamos hace unos meses a algunos de los fiscales italianos participantes en los juicios por corrupción celebrados en Italia. Dijeron que, para obtener información sobre los asuntos que estaban investigando de otros Estados miembros, a veces tenían que escribir docenas de cartas y esperar meses e incluso años para recibir respuestas. ¿Se imaginan Sus Señorías al jefe de una organización delictiva internacional esperando un año, o escribiendo 26 cartas, para recibir una respuesta de uno de sus secuaces? ¡No creo que durara demasiado su secuaz, si no respondiese a la primera carta! Tenemos que velar por que nuestros procedimientos y sistemas de imposición del cumplimiento de la ley puedan competir eficazmente con esas estructuras delictivas internacionales que existen hoy.
Sin embargo, he de decir que no podré apoyar un papel más amplio, incluidas acciones operacionales, de Europol hasta que dispongamos de estructuras adecuadas para la rendición de cuentas política y democrática de sus actividades: es evidente que en este momento no existen. También debemos disponer de un sistema para la investigación por un órgano independiente de la policía de cualesquiera quejas que puedan presentar los ciudadanos de los Estados miembros sobre las actividades de Europol. Dicho órgano independiente de quejas sobre la policía no debe ser menos eficaz que los existentes en los Estados miembros; esperemos que lo sea más.
Por último, permítaseme decir que los diputados laboristas británicos a este Parlamento podrán apoyar todos estos informes con la exclusiva excepción del segundo informe del Sr. Orlando, sobre el que habremos de abstenernos. Nos plantea algunos problemas el mayor papel previsto para la Comisión y también hay complicaciones sobre la situación jurídica que propone por lo que se refiere al Reino Unido. Hay problemas a ese respecto que se tendrán que investigar.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, desde que en 1957 el entonces incipiente proceso de integración europea proclamase como objetivo una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, mucho hemos andado. Mucho hemos andado y tenemos el privilegio de que hoy esté entre nosotros un testigo de excepción, el Ministro Sr. Fischbach que, en representación de la Presidencia del Consejo -algo a lo que la Presidencia del Consejo no nos tiene muy acostumbrados, por desgracia, cuando se debaten cuestiones de interés- puede hoy dar gran testimonio de su larga experiencia -pese a su corta edad- en el Grupo de Trevi.
Y mucho hemos andado desde ese momento inicial en que se establecía como objetivo la unión entre los pueblos europeos. Hoy, el objetivo que se establece en el Tratado de Amsterdam es la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero, sin embargo -otros colegas lo han dicho antes que yo- ese espacio de libertad es mucho más libertad de circulación de mercancías y de servicios que de personas. Y cuando es libertad de circulación de personas es también en parte libertad de circulación de delincuentes y no se han instrumentado todavía los medios suficientes para que se pueda combatir esa libertad de circulación de delincuentes como es debido.
Por eso, además de saludar con agrado la nueva redacción de los artículos 29, 30 y 31 del Tratado, es decir, la modificación sustancial que se establece en los antiguos artículos K.1, K.2 y K.3, porque en ellos se establece ese objetivo de consecución del espacio de libertad, seguridad y justicia, nos podemos plantear la siguiente reflexión: después de haber conseguido mucho en el ámbito económico, ahora llegamos al hueso, al hueso de la construcción europea, un hueso que es duro de roer, que es ámbito de los valores. Ya no podemos seguir progresando -y lo ha dicho el Sr. Bontempi y lo ha resaltado el Sr. Orlando- sin ponernos de acuerdo sobre cuestiones que, por afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos, se refieren a los valores. Tenemos que saber qué es el crimen organizado y, como muy bien ha destacado el Sr. Pradier, la lucha contra el crimen organizado la tenemos que adaptar a las circunstancias actuales, pues ya no es sólo crimen organizado por razones económicas, sino también crimen organizado por razones políticas dentro de la Unión Europea, es decir, terrorismo.
Y en ese sentido, en estas cuatro acciones comunes que se plantean -además del excelente informe de la Sra. Cederschiöld, que por desgracia, en este punto, mantiene la ambigüedad del plan de acción-, la Presidencia luxemburguesa ha tenido el coraje de ir más allá del estrecho marco que todavía nos marca el Derecho vigente en el Tratado de Maastricht, y utilizar lo que ya es vocación de ser en el Tratado de Amsterdam. No se trata de «comunitarizar» en absoluto, sino de plantear una reflexión sobre cuáles son estos valores y, a partir de ahí, sobre la manera de luchar contra este gran mal para la ciudadanía europea.

Schaffner
Señor Presidente, desearía ante todo hacer una primera observación: me felicito de que, por una vez, el Consejo consulte al Parlamento en el marco del tercer pilar.
Con respecto al Plan de acción relativo a la delincuencia organizada, no podemos menos que aprobar la búsqueda de una reacción comunitaria coordinada y coherente, así como el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y aduanera.
Naturalmente, es conveniente fomentar la creación de vínculos directos entre las autoridades represivas de los Estados miembros, a título de una primera etapa en la vía de un espacio judicial común. Sin embargo, es importante mantener el canal de las unidades nacionales que trabajan con Europol, para evitar la dispersión de la información.
En cuanto al sistema central de control judicial que se pide, habría que precisar exactamente lo que eso significa. No debe olvidarse que Europol es ante todo una estructura policial. No obstante, estamos de acuerdo en que, a la larga, se armonicen los métodos de investigación especiales.
En cambio, la mayoría de los de mi Grupo no comparte la idea contenida en la enmienda 14, presentada por el Grupo de los Verdes. Es indudable que legalizar la venta de droga no sería una medida suficiente para eliminar las ganancias que este tráfico reporta a las organizaciones criminales. El tabaco, el alcohol, se venden libremente, y ¡sin embargo...! Si esta enmienda se aprobara, no podríamos menos que abstenernos con respecto al conjunto del informe.
Por el contrario, compartimos el temor del Sr. Bontempi en el sentido de que la vinculación existente entre la delincuencia organizada y la corrupción constituye un peligro para el Estado de derecho y la estabilidad de las instituciones democráticas.
Nos congratulamos de constatar el reconocimiento de la importancia política del debate sobre la cooperación judicial y la creación en Europa de instrumentos que permitan a los agentes informadores establecer un contacto directo con colegas de otros países, enfrentados a problemas relacionados con la delincuencia organizada. Nosotros apoyamos estos primeros pasos por la vía de la instauración de instrumentos prácticos tendentes a mejorar la eficacia de la cooperación judicial internacional.
En cambio, la propuesta principal contenida en el informe Orlando sobre los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada guarda relación con el papel central que debería atribuirse a la Comisión en el proceso de evaluación provisional, papel que el Consejo ha confiado a los Estados miembros. Nuestro Grupo no puede aceptarlo, y nos abstendremos con respecto al conjunto del informe, si esta disposición fuese aceptada.

Thors
Señor Presidente, la lucha contra la delincuencia organizada está hoy en los primeros lugares de la agenda política en Europa. Está bien que concentremos nuestras fuerzas en luchar contra esa delincuencia que traspasa las fronteras y que los países por separado no pueden eliminar. Pero siempre que Europa toma medidas enérgicas contra el crimen hay riesgo de exageración. Esto vale también para esta propuesta de penalización de la participación en ciertas organizaciones. A pesar de que aumenta la actividad, tenemos que cuidar que siempre exista el derecho a una defensa eficaz, es decir, a que se es inocente hasta que se haya probado lo contrario y a que se responderá sólo por aquello que se haya hecho intencionadamente. Por eso nuestro grupo va a apoyar la propuesta de enmienda nr 18 del grupo ARE.
Queremos enfatizar el principio de la juridicidad. Es sabido que la Unión Europea quiere que los países que solicitan la adhesión respeten este principio. Entonces no podemos olvidarlo nosotros mismos; en ese caso seríamos muy malos maestros. Una parte del principio de la juridicidad es el principio de la legalidad en el derecho penal, que las penas que se establecen deben ser exactas y que se tiene que expresar exactamente en qué casos se considera que se ha cometido un acto ilícito que merece una pena.
La lista de actividades criminales, por ejemplo, no es exhaustiva en la propuesta de medidas comunes y por eso no cumple con el principio de legalidad. Me pregunto también si no vamos demasiado lejos con la responsabilidad penal en la propuesta de enmienda 12, que significa que es punible haber participado en un determinado tipo de organización, aunque no se haya formado parte permanente o profunda de la estructura de la organización.
Si comparamos con las propuestas existentes, por ejemplo, que esta penalización se aplicará a personas que participen en delincuencia informática, puede llegar a ser una penalización demasiado fuerte.

Ephremidis
Señor Presidente, puedo constatar que, tanto el programa común, los cuatro o cinco informes y también el conjunto de las intervenciones, aunque contienen en algunas ocasiones ideas y propuestas interesantes, tienen una base y una lógica comunes. Tratan el problema de la "delincuencia organizada» a escala nacional y europea sólo desde un único punto de vista, aquél cuya metodología, filosofía y práctica es la represión.
Señor Presidente, creo que eso es vanagloria. Con esa metodología se llevan décadas de debate y la delincuencia organizada no sólo no se ha erradicado ni se le han puesto límites, sino que, al contrario, se ha desarrollado y ha adquirido las grandes dimensiones que tienen en nuestros días. La cuestión es que se tiene que examinar desde contemplando múltiples aspectos y poniendo el mayor acento posible en la prevención. Es decir, tenemos que ver que el semillero donde nace la delincuencia organizada es el régimen económico, social y político que está establecido en nuestros países. Es allí donde se origina, crece y se agiganta la delincuencia organizada a escala europea y nacional. No nos olvidemos de ello. Por ahí es por donde se debe investigar el problema. Tampoco debemos olvidar de que dicha delincuencia está vinculada con autoridades policiales, judiciales, administrativas e incluso con el poder político y los gobiernos. No olvidemos el alcance del poder de la red del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas y del actual tráfico de esclavos que es la inmigración.
Señor Presidente, nosotros creemos en la coordinación de los dos métodos. Prevención inmediata y las necesarias medidas de represión administradas con sumo cuidado. Porque lo que se está proponiendo me temo que va a servir de pretexto para crear un carcelero de las libertades y un guardián de los intereses de una minoría.

Gahrton
Señor Presidente, para combatir la delincuencia internacional está Interpol. Por eso es bastante extraño que el informe Cederschiöld no nombre en ninguna parte a Interpol. Desgraciadamente, me da la impresión de que el anterior presidente de Interpol, también anterior jefe de la policía nacional sueca, Carl Persson, tenía razón cuando el otro día dijo públicamente que los esfuerzos de la UE contra la delincuencia internacional eran, en parte, un innecesario doble trabajo.
El informe Cederschiöld presupone, entre otras cosas, una legislación armonizada centralmente, es decir, un estado único centralista de un tipo que se creía que habían sido abandonados en el desván de la historia. Así no se construye siquiera un estado federal - en Estados Unidos, como se sabe, las legislaciones no están totalmente armonizadas.
Evidentemente que hay algunas propuestas buenas en el informe y que vamos a apoyar. Sin embargo, vamos a votar desfavorablemente el informe Cederschiöld en la votación final, porque somos partidarios de una lucha seria contra la delincuencia internacional, una cooperación fortalecida en Interpol. Como es obvio, no queremos contribuir a hacer de la UE un estado policial centralista.

Dupuis
Señor Presidente, deseo hacer presente que el Sr. Orlando con sus bonitas argumentaciones de modernización y adaptación a las nuevas condiciones propone la negación de los principios fundamentales de nuestros Derechos. Todos nuestros ordenamientos nacionales contemplan, en efecto, el delito de asociación para delinquir, mientras que lo que nos propone el Sr. Orlando es conseguir que dicho delito sea reconocido sin que siga existiendo un delito. Así se deja abierta la puerta a la caza de brujas, esto implica la europeización de un sistema de justicia, el italiano, que es un verdadero desastre, ya que ha llevado a decenas de miles de personas inocentes a la cárcel durante muchos meses y años.
Esto es justicialismo, esto es peronismo, esto sería un desastre para Europa. Nuestro Grupo, obviamente, no podrá votar a favor de este informe que propone una forma muy cómoda de eliminar el verdadero problema causado por la droga y el tráfico de estupefacientes, que actualmente representa el 80 % de los negocios de la delincuencia organizada. Llamamos, en consecuencia, la atención de sus Señorías sobre la necesidad de legalizar urgentemente este negocio, para impedir el 80 % de los ingresos de la mafia.
Deseo asimismo invitar a mi colega, el Sr. Orlando, a denunciarme por asociación para delinquir. Hace unas semanas, junto con Marco Pannella y otros compañeros de mi Partido, distribuí hachís por las calles de Roma. Lo hice públicamente, lo volveré a hacer y muchos de nosotros lo volveremos a hacer, porque hoy por hoy éste es el verdadero problema: legalizar el comercio, la producción y la distribución de todas las drogas.

Schmid
Señor Presidente, es bueno que hoy debatamos ampliamente sobre la delincuencia organizada y tendremos que volver a hacerlo a menudo. Esto se debe a que el nivel de reflexión y análisis sobre la actividad delictiva es todavía superior entre quienes la organizan que entre muchos de los que pronuncian bonitos discursos de ocasión sobre el tema en este hemiciclo.
Como parte del debate también deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por delincuencia organizada. Un ejemplo me servirá para aclararlo. El robo de una cartera en una gran ciudad puede tener dos trasfondos. Puede tratarse de una acción individual de un drogadicto que intenta conseguir dinero para comprar droga. En este caso no se trata de delincuencia organizada. Pero también puede ocurrir que a la ciudad haya llegado un grupo de especialistas para realizar un trabajo sistemático de sustracción de tarjetas de crédito y volver a cruzar el Atlántico en avión esa misma noche, mientras los servicios de mensajería despachan dichas tarjetas a otras partes del mundo, donde luego serán utilizadas. Pueden obtenerse unos 25.000 ecus a cambio. Una organización de peristas profesionales se encarga de convertir el botín en dinero, que luego se reúne y se reincorpora al circuito económico normal mediante técnicas de "lavado» de dinero. En este caso se trata de delincuencia organizada y es preciso tener presente la diferencia.
Como parte del debate debería quedar claro asimismo que existen zonas de intersección entre la sociedad llamada normal y la delincuencia organizada. ¿A qué me refiero? El "lavado» de dinero resulta tan difícil de combatir debido a que las técnicas que se utilizan no se diferencian en nada de las que emplean los defraudadores fiscales para blanquear su dinero negro. Por esto en el ámbito de la política también existe una barrera de personas que obstaculizan un endurecimiento de la legislación en interés de sus clientes. Éstas son las personas que conceden mayor importancia al secreto bancario que al secreto de confesión, aunque vayan a la iglesia los domingos.
El debate debería servirnos, además, para aclarar las deficiencias. Una deficiencia evidente, señor Presidente del Consejo, es que sólo ahora acaba de crearse el grupo de estudio sobre la delincuencia de alta tecnología y el uso de las tecnologías modernas por parte de la delincuencia organizada. ¿En qué mundo han vivido hasta ahora los Ministros? Cuando es sabido que la delincuencia organizada dispone de mucho dinero y se observa que opera mediante estructuras empresariales, la conclusión obvia es que estas organizaciones pueden pagar los servicios de especialistas y técnicos y adquirir también tecnología moderna. ¡Y así lo hacen! ¡Vienen haciéndolo desde hace años! Ya va siendo hora de que empecemos a reflexionar sobre cómo podemos impedir más adecuadamente el uso indebido de determinadas tecnologías. El debate debe desarrollarse en líneas parecidas al que hemos mantenido en relación con los productos de "doble uso» en el ámbito del armamento. Se trata de productos que pueden emplearse para usos distintos y cuyo paradero, por lo tanto, debe preocuparnos.
Voy a citar dos ejemplos: es posible adquirir libremente en el mercado, sin ninguna autorización especial, los equipos necesarios para la completa falsificación de tarjetas de crédito. Nadie se preocupa de saber a manos de quién van a parar estos aparatos. Mientras vigilamos con suma atención que nadie pueda obtener el papel que se utiliza para imprimir billetes, nadie se preocupa por el dinero de plástico. ¡Esto es una contradicción! Otro ejemplo: hemos recibido una propuesta de la Comisión sobre el uso de códigos cifrados. La economía no quiere que se establezca ninguna limitación. La lectura de dicho texto revela que el punto de vista de la economía se ha impuesto totalmente en la Comisión y los aspectos relacionados con la seguridad han quedado relegados a un segundo plano. No debemos permitir que esto ocurra.

Amadeo
Señor Presidente, la trata de seres humanos, la pederastia y los abusos de menores, el tráfico de armas y de estupefacientes, la corrupción, el blanqueo de dinero, los fraudes son las características de la civilización de nuestros días que ha perdido los valores supremos y que muere, como decía Paul Valéry, por la muerte de sus instintos, de los principios mismos en que se basaban la vida civilizada y las relaciones entre los seres humanos. Es necesaria y urgente una acción común que marque el camino de nuestro compromiso de hacer frente a los retos del tercer milenio.
Hay que crear una base sólida y eficaz para luchar contra fenómenos que hoy están de tristísima actualidad como la esclavitud que es un crimen organizado a escala mundial, sin escrúpulos que, actualmente, intenta importar hasta Europa, a través de las inmigraciones de masa, unos infelices que, al daño que provoca el engaño añaden la burla de la repatriación; como la pederastia y los abusos de los niños, espejo de una triste realidad que pone a cargo de las categorías más débiles y más necesitadas de protección el desahogo de unos instintos que han dejado de ser humanos.
Por fin intentamos convertir la palabrería en hechos concretos y la Unión trata de plasmar por escrito el sistema de cooperación policial y de dotarse de políticas comunes en materia penal. Lamentablemente, lo hace o trata de hacerlo sin haber previamente consultado al Parlamento y sin haber logrado elegir adecuadamente entre cooperación intergubernamental, a nuestro juicio ya superada, y armonización de las disposiciones penales vigentes en los Estados miembros, camino que, por otra parte, está todo por andar.
La delincuencia organizada representa un verdadero contrapoder. Para ser combatida eficazmente es necesario elaborar un sistema de normas eficaz y reconocido por todos, mediante una cooperación judicial que desde la esfera intergubernamental pase al ámbito comunitario y prevea sanciones penales eficaces que incluyan la responsabilidad penal y, en consecuencia, la detención y la extradición. Así pondremos en marcha un sistema de lucha que conseguirá ser todavía más eficaz si será capaz de basarse aún más, si cabe, en un sistema de valores absolutos, adecuado a las necesidades del tiempo en que vivimos.

De Esteban Martín
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo también quiero felicitar a los ponentes de estos informes. Como ya se ha resaltado en este debate, a nadie se le escapa la dificultad de combatir el crimen organizado, que aprovecha la libertad de circulación de bienes, capitales, personas y servicios, así como las innovaciones tecnológicas.
En mi opinión, creo que ha llegado el momento de abandonar los modelos tradicionales de lucha contra la delincuencia, basados en ideas anticuadas de fronteras impermeables, y emplear métodos fundamentados en una estrecha cooperación entre las administraciones de justicia, la policía y los servicios aduaneros más allá de nuestras fronteras nacionales.
No debemos olvidar que los ciudadanos europeos tienen un interés especial en que su seguridad pública y privada esté garantizada y, por ello, creo que es a la Unión Europea a quien corresponde la responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado, a través del reforzamiento de la cooperación judicial y policial. Así se recoge en las orientaciones políticas del plan de acción, donde, además, se establece la necesidad de mejorar la aplicación de las medidas ya adoptadas, esencialmente las relacionadas con la extradición, favoreciendo el desarrollo de instrumentos de prevención.
Coincido con la ponente, la Sra. Cederschiöld, en la necesidad de promover e intensificar campañas de información sobre los efectos de las actividades de las organizaciones delictivas y, muy especialmente, el fomento de medidas eficaces contra las condiciones que favorecen la disposición a apoyar el crimen organizado.
Sin embargo, lamento profundamente, como también ha resaltado anteriormente mi compañera, la Sra. de Palacio Vallelersundi, la falta de una definición clara en el plan de acción sobre la delincuencia organizada.
En este sentido, no podemos olvidar que la delincuencia organizada comprende numerosos tipos delictivos. En mi opinión, una definición completa de la delincuencia organizada -y siguiendo lo establecido en el Tratado de Amsterdam en su artículo K.3, punto e)- debería recoger los elementos constitutivos de los delitos y las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de drogas.
Los delincuentes organizados cometen delitos graves, son criminales peligrosos que dañan las instituciones democráticas y hacen crecer el sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. La delincuencia organizada no trata solamente de lo que podríamos denominar «comerciantes criminales». Su objeto no es sólo el afán de lucro y la consecución de ciertos beneficios económicos, sino la violencia donde se encuadra, lamentablemente, el terrorismo.
No obstante y para terminar, considero que este debate constituye, en líneas generales, un paso importante y una importante señal política, e insisto en que los ciudadanos europeos necesitan una respuesta a su deseo de una justicia eficaz y, por lo tanto, debemos presentar a la opinión publicar un corpus iuris que ofrezca una efectiva solución a los problemas de cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Y Señorías, yo creo que con esta acción común hemos dado un paso importante aunque todavía queda mucho camino por andar en la lucha contra el crimen organizado.

Andrews
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y decir que ya era hora de que celebráramos este debate en el Parlamento, pero, cuanto más hablamos, menos parece que actuemos sobre cuestiones como ésta.
La hermandad criminal de toda la Unión Europea tiene recursos enormes: recursos inimaginables incluso para el presupuesto de la Unión Europea. Los usan para el soborno, la corrupción y la libre circulación de drogas y dinero blanqueado por toda la Comunidad.
En mi circunscripción, hace años, no había voluntad de abordar el problema de las drogas en sus zonas urbanas deprimidas. Hasta época reciente no ha actuado el Gobierno irlandés para enfrentarse a los magnates de las drogas. Antes, la gente salía a la calle a protestar. La gente sabía quiénes eran los magnates de las drogas. Sabía quiénes blanqueaban dinero. Sabía lo que ocurría exactamente, pero no parecía que se adoptaran medidas.
Ahora el Gobierno ha creado la Oficina de activos obtenidos fraudulentamente. Gracias a ella ha confiscado las propiedades y ha bloqueado en toda la Unión Europea las cuentas bancarias pertenecientes a la hermandad criminal de Irlanda. Por desgracia, hay otro elemento, el plan de protección de testigos. Algunos de los peores delincuentes están testificando y ahora se les ofrecen sentencias muy leves.
Presenta ventajas e inconvenientes, el plan de protección de testigos. Con toda franqueza, no creo que sea un sistema particularmente justo, porque se está poniendo en libertad a algunos de los peores delincuentes. Se pueden pronunciar sentencias leves a cuatro o cinco de los peores criminales para declarar culpable a uno. Hemos de examinar ese aspecto de la legislación.

Formentini
Señor Presidente, la delincuencia organizada tiene una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias para incrementar sus tráficos. En este momento, uno de los tráficos más lucrativos es la trata de seres humanos, un comercio que sirve, por un lado, para fortalecer las redes de estas actividades delictivas y, por otro, como es obvio, produce considerables beneficios.
Un punto de gran debilidad es hoy por hoy Italia, cuyas costas son objeto de una invasión sin precedentes. Lanzo un grito de alarma en este Parlamento, habida cuenta de que el Gobierno italiano tiende a minimizar la situación, mejor dicho, manda a sus gobernantes a todas partes para que digan que todo está bajo control con objeto de lograr la aplicación del Tratado de Schengen. Todo eso no es verdad, ya que existe una situación incontrolada e incontrolable y además el Estado italiano responde con unas afirmaciones verbales, pero actúa a través de actos sustanciales como leyes que, de hecho, fomentan la entrada indiscriminada de personas en territorio italiano. A través de Italia, luego, estas masas de desesperados -y no sólo de desesperados, sino también de peones de la delincuencia- invaden toda Europa, primero Padania y después toda Europa.
Hace falta, en consecuencia, una gran vigilancia y, por ende, invito al Parlamento a que haga realmente todo lo posible para que este fenómeno pueda ser contrarrestado.

d'Ancona
Señor Presidente, la materia de la Comisión de las Libertades Públicas y Asuntos Interiores, de la cual soy presidente, es la lucha contra la criminalidad organizada sobre la que hemos elaborado una serie de resoluciones. Solemos ser muy críticos siempre, pero esta mañana quisiera felicitar a los colegas que han colaborado en tan poco tiempo con tanto compañerismo. También quisiera felicitar a la Sra. Comisaria, Anita Gradin, y al Presidente del Consejo, el Sr. Fischbach porque opino que lo que está sucediendo hoy aquí es en realidad el resultado de una buena colaboración (Espero que también le pueda servir a usted). He entendido, tanto de la aportación de la Sra. Comisaria como del Sr. ministro, que realmente va a ocurrir algo con la contribución, la consulta de este Parlamento.
Por lo tanto tampoco quiero entrar demasiado en todo lo que se presenta en nuestras resoluciones, porque eso ya lo han hecho ellos de una forma inmejorable. Se trata únicamente de un par de cosas.
En primer lugar la criminalidad organizada no sólo debe ser combatida sobre papel, sino que debe serlo en la dura sociedad real. Por eso estamos esperando a lo que suceda con todas esas buenas propuestas tanto del Consejo y de la Comisión como con las nuestras.
Y a partir de esto, un par de observaciones más. La primera es la que sigue: Bontempi ya lo ha tratado detalladamente, pero quiero volver a llamar la atención sobre el tema por lo complejo que resulta, se dice fácilmente pero es difícil llevarlo a la práctica, concretamente que en todo lo que organicemos en torno a la lucha contra la criminalidad, debemos vigilar cuál es la mejor forma de regular la protección personal de la manera más responsable posible. No debemos convertirnos en un estado policial, no en una Europa policial en la que se sacrifican las libertades individuales y la defensa individual en aras del miedo colectivo. Debemos volver a reflexionar sobre ello.
La segunda observación hace referencia al difuso margen entre la criminalidad organizada y la criminalidad comercial. Existen vínculos entre ambos. Infiltraciones de la mafia en el círculo de decentes políticos, hombres de negocios y otros respetables ciudadanos, y viceversa. Hombres de negocios, políticos que mantienen vínculos, y eso lo sabemos todos, con el círculo mafioso. Debemos estar alerta en este confuso y oscuro terreno. Tenemos que examinar la situación en otro momento mejor que este. Pero, por lo demás, Señor Presidente, espero que el método ejemplar de trabajo del ministro Fischbach sea transferido como testigo a la próxima presidencia.

Reding
Señor Presidente, a pesar de las lagunas apuntadas por el ponente, debemos acoger favorablemente el Plan de acción contra la delincuencia organizada, cuyo objetivo, finalmente, es actuar contra una forma de delincuencia que se extiende aprovechando el desarrollo del mercado único.
Se trata, en efecto, de evitar que la libre circulación de personas, de bienes y de capitales favorezca, sin saberlo, un mercado único de la droga, del fraude, de la prostitución, del tráfico ilegal de armas, de la trata de seres humanos, del blanqueo de dinero, etcétera.
La armonización, o incluso la introducción en todos los códigos penales nacionales de una definición jurídica de este concepto de delincuencia organizada, me parece ser una condición sine qua non para una buena aplicación de este Plan de acción. En efecto, ¿cómo puede preverse la organización de una lucha eficaz contra un enemigo mal definido, mal identificado?
Por otro lado, antes de imaginar nuevos métodos para luchar contra la delincuencia organizada, ¿no habría primeramente que sacar mayor partido de los medios existentes? El informe preconiza, con mucha razón, que se dé prioridad a la mejora de la cooperación entre los Estados miembros que aún no han suscrito los convenios actuales sobre la represión, la aproximación de los procedimientos penales, o que no aprovechan todas las posibilidades que estos convenios ofrecen, alegando consideraciones sobre la soberanía nacional.
En un ámbito en que, a pesar del fortalecimiento de la cooperación, los resultados son insuficientes, se necesitaría una armonización; en este caso, debe preverse una aproximación progresiva de los derechos penales de los Estados miembros y el establecimiento de normas mínimas.
Es evidente que los malhechores que participan en la delincuencia organizada aprovechan al máximo todas las incoherencias que existen entre los diversos sistemas, así como todos los reparos de los Estados miembros en cooperar. Por lo tanto, ya es hora de que la lucha contra esta forma de delincuencia en constante expansión esté coordinada en el plano europeo; el Plan de acción que se nos ha sometido constituye un paso adelante en la buena dirección. Por otra parte, dos informes ya han subrayado esta necesidad de fortalecer la acción: el informe Schulz sobre la protección de menores contra la explotación sexual y el informe Reding sobre la lucha contra el terrorismo.
A pesar de los interesantes avances que contiene el Tratado de Amsterdam, la cooperación entre las fuerzas del orden y los sistemas penales aún dista mucho de ser satisfactoria, ya que a menudo el progreso se enfrenta con consideraciones atinentes a la soberanía nacional, y se olvida que la falta de una cooperación eficaz en el plano de la Unión no beneficia a los ciudadanos, sino únicamente a los criminales. Sólo cuando se entienda que el número de problemas nacionales que no pueden ser resueltos sino en el plano europeo va en aumento, podremos realmente luchar con eficacia contra la delincuencia organizada.

Vanhecke
Presidente, un minuto de turno de palabra no es un tiempo excesivo para comentar cuatro o cinco informes, por lo tanto he de ceñirme a una única consideración. La experiencia que tengo en mi propio país es que la administración después de todo capitula sistemáticamente ante los delincuentes. En grandes ciudades como Bruselas hay calles y barrios en los que ya no puede actuar la policía, a los que incluso no puede llegar el transporte público y en los que los valientes ciudadanos restantes, que son aquellos que no disponen de medios para huir, están al arbitrio de la ley de la jungla.
Mi objeción es que si la administración no se atreve a afrontar pequeños problemas locales de este tipo, ¿cómo van a atreverse a abordar la delincuencia internacional?
En resumidas cuentas, el problema fundamental en la lucha contra el crimen no es que la competencia de la Europa comunitaria esté en pañales - y yo abogo no por una comunitarización tal sino solamente por una colaboración perseverante entre los Estados miembros - el problema es una cuestión de mentalidad y de voluntad política para combatir la delincuencia. Me refiero a que dicha voluntad política y dicha mentalidad no están presentes ni mucho menos hoy por hoy en Europa, mientras que por ejemplo, si están presentes en una pequeña ciudad-estado como Singapur, en la que se está capacitado para erradicar la delincuencia.

Filippi
Señor Presidente, quiero apoyar con algunas rápidas reflexiones el excelente trabajo que realizaron los ponentes, los cuales nos lo acaban de ilustrar cumplidamente. Lo primero que deseo subrayar es que este tipo de temas y, sobre todo, el enfoque que les damos, se relacionan directamente con los asuntos más generales que abordamos también ayer, con ocasión del debate sobre la valoración del Tratado de Amsterdam. Cuando hacemos razonamientos de carácter general, somos siempre sensibles a los temas que afectan a la integración política de la Unión Europea, pero luego, a la hora de abordar cuestiones como ésta es cuando demostramos la capacidad y la voluntad real de avanzar hacia la unidad política de la Unión.
Desde este punto de vista, considero que el trabajo llevado a cabo -ésta, creo, que es también la opinión de las autoridades de Gobierno de mi país- es ciertamente importante, aunque es necesario actuar con más resolución. La cooperación entre los Estados miembros ya no es suficiente; hay que ser más valientes en las políticas internas, en la lucha contra la delincuencia, así como en otros temas importantes como la fiscalidad, y actuar en pos de la armonización, es decir, de un sistema de reglas más homogéneo que nos permita afrontar y resolver los problemas reales de forma concreta.
Creo que éste es el nudo que debemos resolver perfeccionando los textos ya elaborados y trabajando de cara al próximo futuro con objeto de que el análisis y la opinión social que nosotros facilitamos acerca de estos fenómenos vayan acompañados por medidas concretas en materia de armonización.
Dicho esto, deseo apuntar las que, a mi entender, son las prioridades reales. Debemos tratar de hacer un esfuerzo y definir los temas que podemos abordar a escala europea y separarlos de otros temas que, por el contrario, pueden resolverse a través de la cooperación entre los Estados miembros. Voy a mencionar tres de ellos: el primero nos afecta directamente y atañe a la lucha contra el fraude comunitario. En este ámbito, es preciso armonizar la legislación. En la Unión sólo tres Estados han incluido el fraude comunitario en sus códigos penales. Habida cuenta de que hacemos siempre muchas clasificaciones del fraude, tenemos que empezar a hablar de aquellos que, desde este punto de vista, todavía no han cumplido su deber. El segundo tema se refiere a la lucha contra la delincuencia en el ámbito del tráfico de seres humanos, o sea, la inmigración clandestina. No podemos caricaturizar este problema como lo acaba de hacer el Sr. Formentini, porque dicho problema se ha convertido en general. Hace tiempo, la delincuencia importaba cigarrillos, más tarde droga y actualmente, droga y seres humanos. Finalmente, el último tema afecta al blanqueo de dinero.
Éstas son los tres grandes temas en torno a los que se puede trabajar con algo más de coraje que el demostrado por los ponentes al realizar su importante trabajo.

Hager
Señor Presidente, la corrupción amenaza a la sociedad, la delincuencia organizada también la amenaza, la combinación de ambas constituye, por lo tanto, un riesgo acumulado. Los liberales nos hemos opuesto siempre a la corrupción en Austria, bajo todas sus formas. Y también nos hemos ganado una reputación por este hecho.
Acogemos, por lo tanto, con total satisfacción -y en mi caso muy especialmente, desde mi perspectiva de juez penal- el Plan de Acción y sobre todo también el impulso que supone para la definición de figuras de delito a escala de toda la Unión que permitan combatir los sobornos activos y pasivos también en el ámbito de la actividad comercial privada.
La evolución internacional y el informe anual sobre el fraude indican claramente la necesidad de contar con normas adecuadas en la legislación penal de los Estados miembros y de que sea posible la persecución internacional de los delitos. Nosotros tenemos, no obstante, reservas de principio contra la responsabilización penal de las personas jurídicas y, al contrario que el ponente, Sr. Bontempi, consideramos preferible, por razones políticas y democráticas, la vía de los acuerdos bilaterales.

Colombo Svevo
Señor Presidente, espero que este debate pueda ser considerado por la opinión pública por lo que es, más allá de las cuestiones técnicas, jurídicas o de competencia. Es una respuesta coordinada que queremos dar a la necesidad de seguridad y legalidad que tienen nuestros ciudadanos y es un compromiso común que adquirimos hoy a través de este debate, de cara a la lucha contra la delincuencia que no se puede aprovechar de nuestro sistema de reglas, de democracia para luego sumirlo en una crisis.
Se trata, como acabo de decir, de una respuesta seria, porque a través de este debate salimos del carácter provisional de las resoluciones descoordinadas y respondemos a través de un plan de acción: 30 recomendaciones, algunas de la cuales ya se han transformado en acciones comunes concretas, son muchas piezas de un proyecto común. Éste es el sentido de una elección que, por una parte, es estratégica y, por otra, representa un compromiso que podrá ser evaluado y valorado.
La seriedad exige, sin embargo, que se denuncien las carencias y los límites de este plan. Me parece que se echa mucho en falta una armonización más concreta y una definición clara de delincuencia organizada, hecho que convierte todo el conjunto en más débil, no tanto porque no se logra definir la delincuencia, sino porque es difícil definir, por el contrario, la organización. Sin embargo, también hay que mencionar -y la ha subrayado nuestra ponente y la ha recalcado la señora Comisaria Gradin- la debilidad en definir las causas y todas las estrategias de carácter preventivo. Ésta es una respuesta que les debemos a las personas que vinieron a hablar con nosotros en la Comisión de Libertades Públicas.
Me he referido a una respuesta seria y, también añado, equilibrada. El equilibrio debe buscarse y valorizarse sobre todo en este Parlamento, el equilibrio entre la necesidad de una lucha eficaz contra el crimen organizado y la necesidad de que esta lucha no lesione nunca los derechos fundamentales de los ciudadanos. No cabe hablar de contraposición, como dijo el Sr. Bontempi, sino de la creación de un sistema de legalidad. Es un equilibrio que debe mantenerse en todo momento y las acciones que hoy aprobamos, que abarcan la valoración recíproca, los puntos de contacto, las comisiones rogatorias, son instrumentos en favor de la legalidad. Como italiana -dado que Italia ha sido traída a colación en varias ocasiones- tengo que decir únicamente que no queremos exportar la urgencia de las leyes ni tampoco de las personas desplazadas a Europa, pero consideramos que precisamente gracias a una cooperación eficaz todos ganaremos en este ámbito, incluso Italia.

Orlando
Señor Presidente, la señora Colombo Svevo tiene razón y ha dicho lo que yo también quiero decir: una respuesta seria y equilibrada, un sistema virtuoso que comienza esta mañana, un sistema de cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Y aquí yo también quiero rendir testimonio al señor Ministro Fischbach y a la señora Comisaria Gradin.
Una respuesta seria y equilibrada que intenta unir, porque pueden ir unidas, las necesidades de cooperación europea y el respeto de cada uno de los ordenamientos nacionales: el respeto, en primer lugar, de los derechos, de un proceso justo, de los procesos equitativos, de los plazos cortos, de la presunción de inocencia; en segundo lugar, la definición del delito de asociación, ya que la participación en el delito debe ser, sin duda, directa, así como personal. Pero la cuestión no es si la participación debe ser directa o personal, sino que el problema radica en determinar en qué tipo delictivo se encuadra la asociación para delinquir. El delito es la asociación para delinquir, el organizarse para cometer un delito. Estamos aquí por esto, de lo contrario, no podríamos hablar de organización delictiva.
Una última referencia, que ya se ha hecho y está incluida en una enmienda, al apartado que habla del fenómeno de los que colaboran con la justicia, a los arrepentidos. El texto del Consejo y de la Comisión de Libertades Públicas no menciona a los que colaboran con la justicia, a los arrepentidos, porque lo consideramos un tema muy complejo, controvertido, cargado de muchos elementos de ambigüedad que no puede abordarse de manera exhaustiva a través de una enmienda. Es por esto que me permito considerar inoportuna la inclusión, a mi entender fuera de lugar, de este tema en un contexto que es orgánico, tal como acaba de manifestar mi colega, la Sra. Colombo Svevo.

Nassauer
Señor Presidente, Señorías, cuando estamos llegando al final del presente debate es posible señalar que sólo un marco jurídico común europeo permitirá combatir la delincuencia organizada con perspectivas de éxito. La propuesta de acción común por la que se crea una red judicial europea, que nosotros suscribimos, también apunta en la misma dirección. Necesitamos establecer algo así como un mercado interior en el ámbito de la justicia.
En efecto, estamos viendo que la Europa de los Derechos va muy a la zaga de la Europa de la actividad económica. Ya se han reducido y se han suprimido en gran parte las fronteras para la actividad económica en el ámbito interior europeo. En cambio se siguen defendiendo con obstinada firmeza las fronteras en el ámbito del Derecho en Europa. Como resultado, es posible el libre intercambio de mercancías, servicios y capitales, mientras que los instrumentos jurídicos para la protección de la actividad económica no pueden traspasar las fronteras. ¿Cuál es, en realidad, el motivo? ¿Por qué no es posible notificar directamente en Francia un mandamiento de pago de un tribunal alemán? ¿Por qué no puede ser convocado directamente un testigo italiano a declarar ante un tribunal belga?
Se dice que esto sería contrario a la soberanía nacional. Les ruego que no me interpreten mal. Estoy a favor de la existencia del Estado nacional y pienso que lo necesitaremos todavía durante bastante tiempo como modelo organizativo para el cumplimiento de las funciones públicas. Sin embargo, la soberanía nacional debe estar al servicio de los ciudadanos, o sea que debe proteger sus derechos y libertades. Cuando esto no ocurre, se hace necesario reconsiderarla. Cuando se invoca la soberanía nacional para oponerse al intercambio judicial directo, se está apelando a un remedo de soberanía que no guarda en realidad ninguna relación con ésta, sino que más bien constituye una muestra de aislamiento provinciano.
A veces pueden detectarse incluso trazas de racismo judicial. Se rechaza un ordenamiento jurídico extranjero sólo por el hecho de serlo y porque no es el propio. Sin embargo, los principios del Estado de Derecho están firmemente arraigados y consolidados en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, no existe absolutamente ningún motivo para que un alemán no pueda ser citado como testigo por un tribunal británico y para que no puedan notificarse directamente las sentencias. Lo que ahora necesitamos son soluciones factibles para que esto sea posible. Es preciso resolver estas cuestiones de una manera que sea practicable. La red judicial europea cumple esta exigencia y por esto la apoyamos decididamente.

Cederschiöld
, ponente. (SV) Señor Presidente, Presidente del Consejo, Comisario y colegas, quiero agradecer por la excelente colaboración, por las amables palabras y por un trabajo bastante cuantioso. El tiempo no me permite hacer una síntesis de todo el debate. Por eso solamente voy a comentar algunos puntos que considero importantes de destacar.
Un punto se refiere a la sociedad civil, es decir, a las medidas preventivas que mencionó la Comisaria Gradin y que también otras personas han destacado, los puntos de vista sociales. No existían en el documento del grupo de alto nivel, pero yo los he puesto en mi informe y quiero subrayarlos.
A Gahrton, que ni siquiera ha demostrado interés quedándose, quiero, de manera muy corta, decirle que opino que usa esta Cámara para debates de política nacional. Su intervención, carente de matices, ni siquiera merece la pena contestar aquí. Sin embargo, quiero que se consigne en el acta.
A Thors, que desgraciadamente no está aquí, quiero decirle que sus puntos de vista están totalmente satisfechos en el informe, en el que se destaca precisamente lo que ella quería, es decir, intención, premeditación y participación activa en cuanto a organizaciones criminales. Por lo tanto, están contemplados.
Finalmente, quiero brevemente decir que lo que nos vamos a llevar a casa de este debate son los impuestos puntuales y las subvenciones. Esas materias tienen que ser atendidas. No podemos dejar que el dinero de los contribuyentes vaya a parar a los bolsillos de los delincuentes. Espero que el debate sirva para que, con más fuerza e intensidad desde aquí y con una colaboración más enérgica con la Comisión y el Consejo, continuemos camino a lo que Nassauer llamó "un mercado jurídico interior».

Bontempi
Señor Presidente, al final de este debate, deseo hacer hincapiés en tres puntos. En primer lugar, es importante haber elegido esta sesión solemne para acometer una nueva etapa de la actividad de la Unión Europea, así como del Parlamento en la acción para la lucha contra la delincuencia. Considero que el debate ha sido muy útil y nos ha ofrecido las condiciones para corregir los retrasos e intervenir de forma más provechosa en el futuro.
En segundo lugar, me parece que no se ha resaltado lo suficiente el hecho de que en la puesta a punto de nuevos instrumentos, existen instrumentos que proceden de ordenamientos distintos del italiano. Deseo recordar que la punibilidad de la corrupción privada -importante aspecto innovador- es un elemento que reviste gran importancia; no existe en muchos ordenamientos, ni tampoco existe en nuestro ordenamiento y, por lo tanto, su inclusión demuestra que Europa se construye a través de lo mejor de las experiencias adquiridas a través de los años.
Por último, deseo recordar que mantener el equilibrio, al que se ha referido la Sra. Colombo Svevo, entre la necesidades de seguridad y las necesidades de libertad, es sagrado y otra cosa es desacreditar instrumentalmente y a través de informaciones totalmente falsas, una experiencia que ha permitido combatir con eficacia la corrupción y la mafia en nuestro país. Señorías, si lo queremos hacer seriamente, les invito a que acepten el equilibrio y no la instrumentalización.

Fischbach
Señor Presidente, desearía ante todo agradecer, evidentemente, a las Señorías que han hecho uso de la palabra y que, a través de su intervención, han animado y enriquecido el debate al que tengo el honor y el privilegio de asistir esta mañana.
Desearía decir, junto con todos aquellos que se han expresado más bien en un tono crítico con respecto a algunas propuestas redactadas en los diferentes informes de los señores ponentes, que el fenómeno de la delincuencia organizada deberá combatirse definitivamente mediante un conjunto de medidas, de acciones y de iniciativas que van más allá del espacio comunitario, más allá del espacio de la Unión Europea. Puesto que la delincuencia organizada es un fenómeno mundial, ésta requiere, en el plano europeo, una serie de respuestas por parte del Consejo de Europa. Puesto que la delincuencia organizada es un fenómeno mundial, ésta también requiere, en el plano mundial, una respuesta de la Organización de las Naciones Unidas, que reagrupa la totalidad de la sociedad internacional.
Es evidente que esta mañana hemos dado un paso importante en la buena dirección, pero no nos engañemos. Debemos saber que este paso, de hecho, es tímido en relación con nuestras aspiraciones, con las del Consejo y con las de los Estados miembros. Hoy sabemos pertinentemente que ningún Estado miembro, por separado, está en condiciones o es capaz de garantizar por sus propios medios la seguridad interior. Por eso todos debemos, en un mismo impulso de generosidad y de solidaridad, concertar nuestras medidas, nuestros medios, nuestros instrumentos, para combatir la delincuencia organizada en el plano europeo.
Desearía responder indirectamente a algunas intervenciones -a la del Sr. Schulz, a la de la Sra. Roth, a la del Sr. Nassauer, a la de la Sra. Reding-, y decirles que existen, naturalmente, numerosas razones que hoy explican por qué no hemos hecho -en los dos, tres o cuatro últimos años, tras el Tratado de Maastricht- los avances que nos habíamos planteado en aquel momento. El problema esencial reside en que los asuntos de seguridad y orden público afectan a lo más profundo de las soberanías nacionales. Por lo tanto, se trata de cambiar lentamente, pero segura y definitivamente, las mentalidades en los diferentes Estados miembros, de que los Estados miembros se decidan por fin a apoyar una acción comunitaria en el plano de la cooperación judicial, así como en el plano de una cooperación policial mucho más intensa, mucho más estrecha.
Estoy de acuerdo con todos aquellos que han defendido con vigor una acción comunitaria, pero debo decirles, señoras y señores, que nunca se pueden quemar las etapas, ya que de ese modo no se llega a ninguna parte. Por ello hay que comenzar primeramente por una aproximación de las actuales legislaciones de los diferentes Estados miembros. Aproximemos primero las legislaciones en el plano de la calificación de los delitos y en el plano de las sanciones directamente relacionadas con las diferentes infracciones, con los diferentes delitos, con las diferentes acciones criminales. Este es el primer paso que deberíamos hacer antes de orientarnos hacia las legislaciones comunitarias en el ámbito de la cooperación judicial y policial.
El problema de la doble punibilidad, el problema del proteccionismo, incluso en los ámbitos de los asuntos judiciales y de interior, dejarán de plantearse una vez que las legislaciones nacionales hayan alcanzado un grado suficiente de armonización. Se podrá entonces pensar en una transferencia de competencias del plano nacional al plano supranacional, al plano de la Unión Europea. Señoras y señores, señor Presidente, sólo pido eso. Creo que esta debería ser nuestra línea de mira, nuestro objetivo.
Debo decirles que el corpus iuris , todas las ideas en torno a un "fiscal comunitario», en torno a acciones policiales que deberían convertirse en acciones comunitarias, son, en efecto, absolutamente pertinentes; pero en la medida en que habrá que vencer obstáculos, que son de orden nacional y que dependen, una vez más, de tradiciones profundamente enraizadas en la mentalidad de los Estados miembros, habrá que tener la suficiente y necesaria paciencia para avanzar en la dirección deseada por este Parlamento.
Muchos diputados han querido demostrar, con el ejemplo de Europol, que aún estamos lejos de una política común en materia de cooperación policial. Y bien, les confirmo que aún estamos muy lejos de conseguirlo, pero ello se debe también al hecho de que una mayoría de Estados no está dispuesta -y al releer el proyecto del Tratado de Amsterdam ustedes mismos llegan a esta constatación- a renunciar a su policía propia o a abandonar algunos segmentos del campo de competencias policial en beneficio de un campo de competencias supranacional, comunitario. Pero el objetivo existe.
El Canciller alemán Helmut Kohl tenía la idea de Europol, y su idea originaria era la creación de una policía europea. De hecho, habrá que pasar por sucesivas etapas para lograrlo; esto no quita que en el proyecto de Tratado de Amsterdam hayamos dotado a Europol, en lo sucesivo, de competencias operativas -no digo de competencias ejecutivas-. Los agentes de Europol podrán intervenir, de aquí a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, a título complementario con respecto a las acciones que llevarán a acabo las policías en el campo de competencia de los diferentes Estados miembros. Como ven aún estamos lejos, muy lejos, de las competencias ejecutivas.
Por eso el problema de las inmunidades no se plantea ahora, hasta el punto que ello debería interpretarse como un ejemplo de abuso de competencias. En absoluto; y yo creo que el Gobierno alemán ha hecho bien al decir que, dado que por el momento nos limitamos a las competencias operativas, no es necesario discutir a fondo el principio de las unidades. Pero el problema volverá a plantearse tan pronto como se dote definitivamente a Europol de competencias ejecutivas.
Pienso que nos dirigimos hacia una arquitectura europea en que la libertad y la seguridad irán a la par, en que, en efecto -y considero que la Sra. Roth ha hecho bien en recordarlo-, habrá que hacer todo lo posible por lograr un justo equilibrio entre la aspiración legítima de los ciudadanos de una mayor libertad en nuestra Unión Europea y su aspiración, no menos legítima, de una mayor seguridad. Y pienso que en el futuro debemos prestarnos a un ejercicio de equilibrio, de un equilibrio extremadamente delicado. Será necesario garantizar, de todas formas, la libertad de la persona humana; pero habrá que pensar que esta libertad tiene sus límites ahí donde comienza la libertad de los demás. Por lo tanto, habrá que estar preparados para que la seguridad de todos, que es la condición previa de la libertad individual, esté en todo momento, y en cualquier caso, garantizada. El legislador comunitario se ha comprometido a ello.
Finalmente, señores y señoras, señor Presidente, de nada sirve decir que se ha obrado correctamente, que se han realizado avances, que por fin el Consejo y el Parlamento están dispuestos a avanzar juntos, a progresar juntos en la misma dirección, si existen, como ocurre, tantos instrumentos jurídicos en el ámbito comunitario, en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de la ONU, que los Estados miembros han aceptado y ratificado plenamente, pero cuya evaluación cualitativa, cuya aplicación en los diferentes Estados miembros, de conformidad con los compromisos suscritos, continúan pendientes.
Este es el problema que actualmente se plantea, y puedo decirles, desde ahora, que algunos países que esperan unirse a nosotros, que incluso figuran en la lista del primer grupo de adhesión, deberán igualmente someterse a este ejercicio. Señora Comisaria, este ejercicio será extremadamente difícil y delicado, y corresponderá ciertamente a la Comisión y al Consejo considerar si, en el plano práctico, en el plano de la aplicación, estos países están dispuestos a unírsenos y a integrarse en nuestra Comunidad, que es una comunidad de derecho y de seguridad.
Señor Presidente, señoras y señores, he tenido mucho gusto de poder seguir este debate de primer orden, que demuestra que este Parlamento no sólo está a la altura de su tarea en un ámbito en que, sin ser tradicionalmente el suyo, llegará a serlo, sino que ha comprendido perfectamente la baza que dicha tarea supone para la Unión Europea y para sus ciudadanos.

Gradin
Señor Presidente, quiero, igual que el Ministro Fischbach, agradecer por un debate amplio y bueno. Para ahorrar tiempo, quiero adherirme a los comentarios que hizo el Ministro Fischbach, para que así también tengamos tiempo para el próximo debate por la tarde.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Prioridades de la cooperación en materia de Justicia 
y de Asuntos de Interior
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-367/97) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de resolución del Consejo (10021/1/97 - C4-0426/97-97/0910(CNS)) por la que se establecen las prioridades de la cooperación en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.

Nassauer
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre las prioridades en materia de justicia y asuntos de interior se sitúa ahora en un plano un poco distinto porque no se desarrolla únicamente sobre la base del tratado de Maastricht todavía en vigor, sino que a la vez también tenemos presente el proyecto de Tratado de Amsterdam. Por esto -muy comprensiblemente- el proyecto de resolución del Consejo establece la citada lista de prioridades hasta la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Aun así, yo quisiera instarle, señor Presidente del Consejo Fischbach, a que examinen si, en caso de que se retrase la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, no podría mantenerse el plazo habitual de un año para la revisión de dichas prioridades. En efecto, tal como ha demostrado el debate anterior, éste es un ámbito de una importancia creciente para el conjunto de la Unión Europea.
La primera conclusión debe ser que los trabajos en este ámbito deben proseguir con intensidad al margen de la inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. No obstante, toparán con la dificultad de que sería más oportuno tomar en consideración desde ahora los nuevos instrumentos jurídicos que contempla dicho Tratado, puesto que llegado el caso deberá procederse a su transposición después de su entrada en vigor.
Señor Presidente del Consejo, usted ha cumplido muy puntualmente los plazos y ha hecho posible de manera muy equitativa la participación del Parlamento Europeo en sus trabajos, lo cual merece ser destacado explícitamente. De usted partió la propuesta, que debemos acoger con satisfacción, de que ya desde ahora, anticipándose a las normas de Amsterdam, el Parlamento Europeo sea escuchado por principio y no sólo en relación con "los principales aspectos de la actividad». Es algo que valoramos mucho. Quiero añadir, no obstante, una observación que nos afecta: tendremos que procurar organizar los plazos de nuestros trabajos de manera que no frenemos el desarrollo del procedimiento.
También quisiera añadir una segunda observación: con el Tratado de Amsterdam se ampliarán considerablemente nuestras competencias legislativas. Yo pienso que debemos prestar mayor atención de la que le hemos dedicado hasta ahora a la calidad de nuestros textos legislativos. Cuando examino, por ejemplo, las enmiendas del Parlamento a los textos legislativos, por regla general éstas acaban inflando de manera francamente exagerada unos textos que inicialmente tenían la debida concisión y precisión. Si bien las impulsa una fuerte dosis de buena voluntad política, el resultado final son unos textos largos, poco claros y de más difícil comprensión, un hecho que resulta cada vez más evidente en el ámbito europeo. En resumen, por este procedimiento estamos contribuyendo a la sobreabundancia de normas y a la incomprensibilidad del Derecho, que por otra parte deploramos. Debemos velar atentamente por que nuestros textos legislativos también sean en adelante más concisos y precisos. A continuación, quisiera referirme a algunos aspectos concretos de la lista de prioridades.
Señor Presidente del Consejo, sería conveniente que una nueva lista de prioridades incluyera algún comentario sobre qué ha ocurrido con las anteriores. Un pequeño control de resultados sería útil para todos los afectados. Se podría indicar qué objetivos se han alcanzado y cuáles no, y por qué motivo no se ha conseguido alcanzar ciertos objetivos.
Lo cierto es que lamentablemente volvemos a tener ocasión de señalar una vez más que la realización de la libre circulación de personas en la Unión Europea ha quedado por detrás de lo establecido en el Tratado.
La Comisión ha realizado entre tanto sus deberes mediante la propuesta de las directivas Monti. Ahora le corresponde al Consejo dar respuesta a las propuestas de la Comisión.
Como tercer punto, acabamos de debatir el tema de la red judicial. Hasta la fecha, ésta es la única concreción legislativa del espacio de libertad, de seguridad y de justicia que todos deseamos. Tendría que ser posible empezar a construir esta red con efectos visibles para los ciudadanos.
Es de esperar que el próximo año entre en funcionamiento Europol y pueda empezar a cumplir su tarea. Su desarrollo no debe detenerse en ese momento. ¡Éste es nuestro ruego, señor Presidente del Consejo!

Rothley
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer a la Presidencia luxemburguesa la buena colaboración mantenida. Yo no sé si es posible decir que ésta es realmente una lista de prioridades. Más bien se trata de un cajón de sastre que contrasta en algunos aspectos con los verdaderos resultados del Consejo. Es cierto que los objetivos del Consejo en el ámbito de la justicia tienen que ser más ambiciosos. Éstos deben ir al mismo paso que la realización del mercado interior si en verdad se quiere crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como declara el Tratado de Amsterdam. En efecto, ¿por qué no han de poder citarse las partes, los testigos, los peritos y los acusados, como si fuésemos un país único? ¿Por qué no ha de poder ordenarse que se personen las partes como si fuéramos un único país? ¿Por qué no?
Permítame que me refiera ahora también a otro aspecto, relacionado con la duración y las costas de los litigios transfronterizos. Existe un estudio de la Comisión de 1995 sobre este tema. Las costas y la duración de los litigios transfronterizos se traducen ni más ni menos que en una simple denegación de justicia. En la práctica resulta inútil iniciar un litigio transfronterizo a la vista de su duración y de los riesgos que representa su coste.
Yo pienso que ésta es una verdadera prioridad, puesto que se está convirtiendo en un obstáculo para el mercado interior. Finalmente, quisiera señalar un último punto: es muy de lamentar que en el Tratado de Amsterdam la Conferencia Intergubernamental sólo conceda al Parlamento en este ámbito de cooperación -en el ámbito civilel derecho de codecisión por lo que se refiere a la política de concesión de visados, ¡y sólo dentro de cinco años! Lo cual, en realidad, resulta incomprensible a la vista de los resultados que ha alcanzado hasta ahora el Consejo en este ámbito. Yo estoy seguro de que el Parlamento Europeo podría contribuir a mejorar considerablemente los resultados.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, yo comparto la visión del colega Nassauer de que, a la vista de la situación de base tras la Conferencia de Amsterdam y de la promesa del Sr. Fischbach -ya lo he dicho hoy en otra ocasión-, cabe esperar que las siguientes Presidencias cumplan dicha promesa y se manifiesten dispuestas a empezar a aplicar ya lo acordado en Amsterdam y a hacer efectiva la consulta vinculante al Parlamento Europeo. Esto exigirá que el Parlamento Europeo proceda a una amplia reforma consecuente de su Reglamento. De lo contrario, no podremos cumplir nuestra tarea.
Usted lo ha dicho con mucha elegancia, Sr. Nassauer. Yo voy a expresarlo con mis propias palabras, de manera un poco más contundente. Podríamos dejar de ocuparnos perfectamente de algunos de los trabajos que aquí elaboramos. En cualquier caso, esto no altera en nada el hecho de que en la lista de prioridades -el colega Rothley la ha llamado "cajón de sastre»- no se observa una línea clara. Debo decirles que yo tengo la impresión de que el Consejo no tiene claro en qué objetivos de dicha lista de prioridades debe hacer hincapié. Por lo tanto, yo quisiera apuntar ante todo que lo más inmediato son aquellos aspectos cuya transposición sea posible en los ámbitos de las políticas que se encuentran en proceso de ratificación y cuya culminación es previsible. Esto me lleva de nuevo al tema de Europol, señor Ministro Fischbach. En este aspecto, debo manifestar mi total desacuerdo con usted. Yo le valoro mucho y sé que es usted un defensor consecuente del Estado de Derecho, pero ahora no puede decirnos a propósito del protocolo de inmunidad que podemos mantener dicha inmunidad, dado que los funcionarios todavía no disponen de competencias operativas. Lo cual si seguimos el razonamiento inverso significaría, señor Ministro, que se la retiraremos cuando reciban competencias operativas. Así lo entiendo yo.
Es una lástima que usted no disponga de micrófono; por lo tanto, voy a repetir lo que acaba de decir. El señor Ministro ha dicho: "Yo no he dicho eso.» Muchas gracias, señor Ministro, esto es justamente lo que deseaba escuchar. Yo le digo ahora que en estos momentos ya no es necesario conceder dicha inmunidad a los policías. Y le diré por qué. El acopio de datos también interfiere con una libertad ciudadana fundamental. Esto es algo que dichos funcionarios ya están autorizados a hacer ahora. Yo debo decirle en este contexto, señor Nassauer, que siempre que se crea un órgano policial -y usted ha sido Ministro del Interior--, siempre que se crea un órgano policial, deben cumplirse paralelamente dos condiciones. Cuando se crea un órgano policial con posibilidades de restringir una libertad ciudadana, debe existir la garantía del recurso judicial y un control parlamentario, que en este caso no existen.
También debo añadir que el acopio de datos relativos a las costumbres privadas, a la raza, el origen o la orientación sexual -todos los cuales ya están autorizados a reunir los funcionarios de Europol- afecta a unos datos y unas circunstancias que exigen que el ciudadano individual afectado por la actuación de Europol tenga la posibilidad de saber y controlar qué se hace con sus datos. Por lo tanto, si desea establecer una prioridad, señor Ministro, yo insto al Consejo a que deje sin vigor lo más pronto posible el protocolo de inmunidades en su forma actual. Más allá de esto, yo quisiera citar el informe Nassauer, aprobado por una gran mayoría en el Parlamento: el Parlamento Europeo pide que se consulten al Parlamento Europeo todos los protocolos adjuntos relativos a Europol antes de dar curso al procedimiento de ratificación. Esto debería empezar a hacerse ya con el protocolo de inmunidades.
Entre las prioridades se señala acertadamente que la política de asilo adquirirá en los próximos años una importancia dramática como tema de los debates políticos europeos. Por consiguiente, yo pido al Consejo -y quiero hacer hincapié en ello en nombre de nuestro Grupo político, pues la política de asilo será uno de los aspectos a los que nos proponemos dedicar especial atención- que el año próximo ya presente ideas concretas sobre cómo se propone abordar la armonización de la política de asilo en el aspecto técnico y de contenido. Por lo que se refiere a este último, yo quiero añadir que confío que, al menos mientras usted siga siendo el Presidente del Consejo, Sr. Fischbach, éste no se dejará llevar por la tentación de pensar que, por el mero hecho de que la política de asilo es un tema delicado que levanta pasiones a escala nacional y que todos querrían quitarse de encima, pueden trasladarlo a Europa para reducir todavía más las normas mínimas, después de no haberlo conseguido en el ámbito nacional. ¡No aceptaremos una política de asilo de esas características!

Santini
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo no soy pesimista como el colega que acaba de intervenir; antes bien, en nombre de mi Grupo, Unión por Europa, deseo expresar mi satisfacción más sincera por este informe que establece las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores a partir del mes de enero de 1998, fecha fatídica en la que entrará en vigor el Tratado de Amsterdam.
La resolución del Consejo reitera la importancia de fomentar la libertad, la seguridad, la justicia en la Unión Europea, de acuerdo con los principios fundamentales del Derecho y de la política. Es preciso, por lo tanto, que todos los esfuerzos de todos los Estados miembros que son los intérpretes principales, el motor, por así decirlo, de cualquier reforma, vayan en esta dirección.
Deseo, asimismo, felicitar a la Presidencia del Consejo por haber brindado, por primera vez, al Parlamento Europeo la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el contenido de la resolución del Consejo. Nosotros, como Grupo Unión por Europa, coincidimos con el Consejo en la necesidad de incluir en la lista de prioridades la lucha contra el terrorismo, el fraude y la delincuencia organizada, así como en la importancia de adoptar las medidas necesarias para que Europol se haga cargo de sus competencias en esta materia.
Confío en que el Consejo, con arreglo al apartado 8 de la resolución, garantice a todos los Estados miembros la mejora de la cooperación judicial.
Para terminar, señor Presidente, deseo invitar tanto al Consejo como a la Comisión a que trabajen en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo con objeto de que la consecución de los tres pilares en los que se basa la Unión, proceda de forma conjunta, paralela, rápida y, sobre todo, conforme a las directrices marcadas por los ciudadanos.

Wiebenga
Presidente, si hablamos del esquema prioritario de justicia y asuntos interiores, tenemos que constatar que se han tomado muchas decisiones en este ámbito en los últimos años. Con toda seguridad. Únicamente hay un problema grave con las decisiones que se han tomado. En gran medida se trata de una falsa legislación, una legislación de imitación. No son directrices como las que conocemos en el primer pilar de la Unión Europea, sino que son recomendaciones y cosas por el estilo. El problema que se deriva de esto es que queda absolutamente confuso hasta qué punto las medidas tomadas se han adoptado a nivel nacional. Presidente, en este aspecto el Consejo y la Comisión tienen que redactar un estado comparativo: ¿hasta que punto la ejecución de las decisiones a nivel Europeo son incorporadas en la legislación nacional? Un estudio comparativo de este tipo, creo yo, también debe poder ser tratado en este Parlamento.
Presidente, se han tomado muchas decisiones. También hay muchas decisiones que no se han tomado, algunas de ellas muy importantes. Cuando por ejemplo miro el terreno de la política de asilo e inmigración, se me ocurre la siguiente pregunta para el Consejo y la Comisión: ¿ Qué hay de una decisión sobre un reparto justo de cargas de los expatriados? Luego explotará Argelia y no se habrán tomado decisiones en un terreno como este. ¿Dónde hay una organización razonable de las fronteras exteriores de la Unión Europea? Sobre esto se lleva hablando seis o siete años. Con esquema prioritario o no, se deben ir tomando decisiones poco a poco.
Presidente, cada vez se habla más sobre la institución del cargo de los magistrados europeos, fiscales a nivel europeo. Estos deberían poder controlar la Europol y similares, por ejemplo. Lo cual no me parece tan conveniente ya que dicho control sobre la Europol debe efectuarse desde el lado político. Mi pregunta es en definitiva y para concluir: ¿están el Consejo y la Comisión Europea dispuestos a preparar un informe sobre la institución del magistrado europeo con las ventajas y los inconvenientes que hay al respecto?

Krarup
Sr. Presidente, este informe justamente como los anteriores informes refleja varias consideraciones técnicas a las cuales uno se puede sumar. En gran medida estoy de acuerdo con lo que dijo el Sr. Rothley en estos puntos. Sin embargo, me parece esencial que esto sea una instantánea de un proceso evolutivo. Se trata, como quien dice, del camino de la CE de un Mercado Común a un Derecho de la Unión o - como fue mencionado por el Sr. Nassauer en el debate anterior - al mercado interior del Derecho. Se trata de un proceso de integración que - lo cual esencialmente ha pasado inadvertido en este debate - conlleva un desmantelamiento de las instituciones nacionales y la jurisprudencia, en la que, por ejemplo, está basada la comunidad jurídica danesa. Esto puede leerse tanto en el informe del Sr. Nassauer como en los informes anteriores, y la clave puede encontrarse en el Tratado de Amsterdam. La presente propuesta sólo vale para la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Y, además, en la página 6 del informe se lee que "el Tratado de Amsterdam implica grandes cambios para el hasta ahora tercer pilar del TEU y basa la cooperación de los Estados miembros sobre asuntos interiores jurídicos en nuevas bases jurídicas». La prelación de la que hablamos es, como quien dice, una anticipación de esto, y esto que vemos como punto final en este proceso evolutivo - cuando lo tomamos como una instantánea - sí que está descrito muy claramente en el informe de la Sra. Cederschiöld, el cual me parece una imagen intimidatoria, sin embargo, alentadora para otros, por ejemplo, la señora Comisaria Gradin, en tanto que este informe aboga por una armonización de las legislaciones penales de los Estados miembros. Esto es lo que constituye el punto final de este proceso evolutivo y, bien sirve señalar, sin que las democracias nacionales tengan posibilidad de reaccionar. Distinguidas señoras y señores, me gustaría subrayar un punto de vista fundamental, y éste es que una parte muy esencial de la calidad de cada democracia se mide con el grado de control abierto que puede practicarse ante la policía y las instituciones penales. Puedo constatar que en una larga serie de puntos decisivos estas propuestas, estas prelaciones, tanto como los informes anteriores, quebrantan este principio fundamental, por ejemplo, la Convención Europol, que sólo deja el control en manos de este Parlamento, no en las de los parlamentos nacionales, en las del Tribunal de la CE, no en las de los tribunales nacionales, como, por ejemplo, dicta la constitución danesa.

Fischbach
Señor Presidente, creo que hace un momento he abusado de mi tiempo de uso de la palabra. Tendrían que haberme interrumpido. Les pido disculpas; no me he dado cuenta.
Sólo desearía decir que me congratulo, evidentemente, por este excelente informe del Sr. Nassauer. Se trata de un programa simplemente indicativo, señoras y señores. No es un programa definitivo. Esto quiere decir que el Consejo, con el máximo número de acciones, de proyectos, de iniciativas, desea, de hecho, hacer todo lo posible para obtener resultados lo más concretos y concluyentes posible. Se trata, pues, de trabajar, y de trabajar con precisión y empeño para lograr resultados.
Esto es lo que, de hecho, el programa quiere decir. Hemos realizado un buen número de puntos que figuraban en el programa de 1996; se trataba del primer programa, pero era un programa bianual. Este programa, como deseo, no irá más allá de enero de 1999, fecha en que todos esperamos que el proyecto de Amsterdam será definitivamente ratificado. Pero, por favor, no reprochen al Consejo por querer hacer demasiado, nuestras intenciones son buenas, y creo, por tanto, que se nos deberá felicitar por este paso.

Gradin
Señor Presidente, la idea fundamental es la libre circulación de personas en la Unión Europea, pero muchos temen que se convierta en una libre circulación de delincuentes y estafadores. Por eso es que se creó el tercer pilar en relación con el Tratado de Maastricht. Mi papel en la Comisión es, por tanto, trabajar para que la libre circulación de nuestros ciudadanos sea una realidad. Por eso doy la bienvenida a que tengamos un debate especial sobre el informe del Diputado Nassauer acerca de las prioridades de las materias judiciales y nacionales. Se trata de que en el futuro podamos manejar, conjuntamente y mejor, los problemas con que nos topemos. Pienso, entre otras cosas, en los refugiados, en la delincuencia organizada, en el comercio con drogas, en el comercio con mujeres y niños como si de esclavos se tratase y en las estafas, la corrupción y la colaboración policial eficiente.
Cuando el nuevo Tratado de Amsterdam entre en vigor, vamos a tener nuevas y más amplias posibilidades de cooperación. Este es un importante paso adelante. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo y el Tribunal van a tener un papel más preponderante en materias del tercer pilar. Esto es importante para poder hacer frente a las inquietudes que sienten los ciudadanos ante las amenazas a su protección y seguridad. Una mayor transparencia, una mayor eficiencia y un mejor control democrático y jurídico son necesarios para que la gente sienta que esto les concierne.
En la perspectiva de corto plazo, la Comisión va a concluir el trabajo durante el Tratado de Maastricht. Entre otras cosas, propuestas que ahora son tratadas por el Consejo de Ministros. Aquí quiero señalar especialmente la propuesta de la Comisión sobre admission , es decir, admisión, protección ocasional, medidas contra la corrupción, lucha contra las drogas sintéticas, lucha contra la trata de blancas y lucha contra los abusos sexuales a menores. Obviamente que la Comisión va a trabajar activamente en el futuro para que el plan de acción contra la delincuencia organizada que hemos estamos debatiendo, se lleve a cabo eficientemente. En este contexto, quiero también señalar los importantes proyectos de colaboración que hemos iniciado a través de los programas de larga duración, por ejemplo, Grotius, que lleva a una mayor cooperación entre jueces y fiscales, por tanto, colaboración en el sistema judicial, Sherlock, que como es sabido, tiene por objeto la colaboración para impedir documentos falsos y Oisin, cuya meta es que las policías puedan colaborar. Todos esos problemas contribuyen, cada uno con lo suyo, a que aumente la seguridad judicial en Europa. Además, tenemos el programa Stop que trata de la cooperación entre autoridades de los países miembros para combatir la trata de blancas y de menores y el programa Daphne, que da apoyo a organizaciones voluntarias que se interesan por la lucha contra los abusos sexuales y la violencia contra mujeres y niños. Ambos programas han sido muy bien acogidos. El Parlamento discutirá hoy, más tarde, el informe del Diputado Zimmermmann y el programa Odysseus, que se dirige a quienes trabajan con materias de migraciones y refugio.
Tal como se propone en el informe Nassauer, la Comisión va a continuar tomando iniciativas con ayuda de los nuevos instrumentos que ahora están a nuestro alcance según el Tratado de Maastricht. Estoy preparando cinco iniciativas diferentes, una sobre ejecución de las sentencias, una sobre asistencia judicial, una sobre menores desaparecidos y abusos sexuales a menores, una sobre procedimientos de asilo - lo que se pidió aquí en el debate - y una sobre estafas cometidas con tarjetas de crédito y pago. Obviamente que tanto yo como el Consejo vamos a consultar al Parlamento sobre estos comunicados.
Paralelamente con el trabajo que realizamos de acuerdo con el actual Tratado, nos preparamos también para el día en que el nuevo Tratado de Amsterdam entre en vigor. Ese trabajo ya ha comenzado.
Uno de los problemas que debe resolverse es el que se refiere a la integración del Tratado de Schengen en la cooperación dentro de la Unión. Como consecuencia, se va a ampliar la legislación de la Unión, aunque los campos de actividades dentro del tercer pilar no se extiendan. Hay acuerdos concretos dentro de Schengen que todavía no tienen su correspondencia dentro de la UE. Esto tiene dos consecuencias importantes. Primero, el campo de acción de la Unión será más vasto que el de hoy. Segundo, la creciente legislación va a poner mayores exigencias de seguridad y libertad a los países del Este y de Europa Central, que ahora preparan su adhesión. Schengen va a ser otra dimensión que se deberá considerar en las próximas negociaciones. Dos grupos de trabajo están trabajando a tope con los preparativos prácticos. Un grupo se dedica a la integración en el trabajo de la Unión y el otro a dilucidar cómo va a ser la cooperación con Noruega e Islandia.
En una perspectiva de largo plazo, las cuestiones más importantes de las que nos ocuparemos serán las judiciales y nacionales. Una de ellas trata del desarrollo de la delincuencia organizada en Europa. Aquí se trata en gran medida de cumplir las exigencias de los ciudadanos que nos reclaman más firmeza en la lucha contra las amenazas de delito. En este contexto, la Convención de Europol va a ser una herramienta importante. Tenemos puesta la mira en que la Convención será ratificada antes del fin de año. También espero que los países miembros apresuren la ratificación de la Convención de entrega de extranjeros y de la de medidas contra la estafa y el fraude. Lamento también, al igual que el Consejo, que la Convención de La Haya sobre pruebas judiciales y litigios internacionales no haya sido ratificada por todos los países miembros.
Como dije al comienzo, el Tratado de Amsterdam va a significar que la colaboración judicial y nacional se eleven a un nuevo plano. El Tratado contiene un ambicioso plan de trabajo quinquenal en cuanto a la forma de integración en el primer pilar de temas sobre el control fronterizo, las migraciones y el asilo. Los asuntos policiales y aduaneros y el derecho civil y penal se quedan en el tercer pilar. También dentro de esas materias se va a desarrollar la cooperación, por ejemplo, a través de decisiones marco.
En mi opinión, se necesita una verdadera visión de conjunto de las consecuencias del nuevo Tratado en materia judicial y nacional. Por esta razón he iniciado un trabajo de análisis que pienso presentar al Consejo de Ministros y al Parlamento como un comunicado de amplio contenido. Espero que este comunicado sirva como un libro blanco, como una importante base para un vasto debate acerca de cómo vamos a construir una Europa en libertad, seguridad y justicia.

El Presidente
Doy las gracias al Sr. Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar ahora, o bien esta noche.

Votaciones
Secchi
Señora Presidenta, se trata, en efecto, de tres enmiendas orales que ahora me comprometo a leer y que fueron acordadas con el ponente y el Presidente de la Comisión de Presupuestos, a fin de aclarar aún más, si cabe, algunos aspectos presupuestarios y de control financiero.
La primera enmienda es un añadido al apartado 2 del artículo 4, y reza: »en caso de recurrir a subcontratistas, estos serán seleccionados por medio de concursos, organizados de conformidad con lo establecido en las disposiciones financieras en vigor». Se trata, pues, de una precaución de carácter general.
La segunda enmienda es un añadido al artículo 7 que se refiere a la cooperación con los PECOS y Chipre, y dice: »los gastos originados por dicha participación se añaden a la dotación de dicho programa».
La tercera enmienda que es una modificación del artículo 9, una incorporación, se refiere al hecho de que, al tratarse de un programa quinquenal, el mismo afecta a dos previsiones financieras diferentes. Y, por lo tanto, reza: »esta dotación financiera estará cubierta en parte por las previsiones financieras 1993-1999».
Me disculpo con sus Señorías, sin embargo, la aprobación de esta resolución contó con plazos muy cortos. De todos modos, ha sido posible, gracias a la Comisión de Presupuestos y de acuerdo con ella, completar y, en consecuencia, modificar la resolución a través de estas tres enmiendas orales, siempre que el Pleno tenga a bien aceptarlas.

Medina Ortega
Señora Presidenta, en este momento no veo al coordinador socialista y en nombre del Grupo Socialista yo no puedo aceptar estas enmiendas orales presentadas a última hora.

Willocks
Cuando el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto entregó estas enmiendas, y lo hizo durante la discusión sobre éstas en la Comisión Económica y Monetaria, hubo un consenso. Se refiere a las precisiones técnicas del presupuesto. Haga un encarecido llamamiento para que éstas puedan ser aprobadas. Ha habido un descuido en la votación de la Comisión.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Willockx.
Ha quedado claro que estas tres enmiendas orales podían, en cierto modo, reagruparse, en todo caso sobre la base del principio de su toma en consideración. Me dirijo, pues, a nuestra Asamblea.
¿Hay objeciones para tomar en consideración estas enmiendas orales?
(La Asamblea decide la presentación de las enmiendas orales)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Orlando
Señora Presidenta, después de que la Comisión presentara las enmiendas 3 y 14, el Consejo modificó el texto al que las mismas se referían. Considero, en consecuencia, superadas dichas enmiendas de acuerdo con el último texto propuesto por el Consejo.

El Presidente
¿Hay alguna objeción en considerar caducas las enmiendas 3 y 14? Puesto que no hay objeciones, se procederá de esta manera.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

El Presidente
Existe un corrigendum en todas las versiones lingüísticas. También les comunico la anulación de las enmiendas 6, 7, 10 y 11.

Dupuis
Señora Presidenta, efectivamente, hay algunas corrigenda , pero no bastan. Por ejemplo, la enmienda 21 de mi Grupo ha sido recogida de manera completamente errónea, hasta tal punto que dice lo contrario de lo que queríamos. Y en el mejor de los casos, sería de todas formas totalmente incomprensible. Existen también problemas de traducción en la versión francesa. Nuestra enmienda 20 ya no tiene en absoluto el mismo sentido e incluso reforzaría la visión del Sr. Orlando, que es totalmente contraria a la nuestra. Hay cosas todavía peores, de las que no me ocuparé. Por lo tanto, les propongo aplazar este informe al próximo período parcial de sesiones, ya que hoy no puede ser votado en estas condiciones.

El Presidente
Señor Dupuis, ¿nos hace esta propuesta en nombre de su Grupo?

Dupuis
Sí, señora Presidenta.

El Presidente
Me gustaría conocer la opinión del ponente.

Orlando
Señora Presidenta, creo que esta mañana hemos expresado a la Presidencia luxemburguesa, así como a la Comisión nuestra satisfacción por haber ofrecido al Parlamento la posibilidad de hacer una valoración de un texto tan importante, antes del período parcial de sesiones de los días 4 y 5 de diciembre. Sería realmente extraño que ahora aplazáramos este informe. Por ello, insisto para que se proceda conforme a lo solicitado por la comisión.

El Presidente
Creo que la cuestión es clara. Someteré a votación la solicitud del Sr. Dupuis.
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento de la votación) Puedo asegurar al Sr. Dupuis que comprobaremos con mucho cuidado todas las versiones lingüísticas, para evitar cualquier incoherencia.

Schulz
Señora Presidenta, yo quiero agradecerle que la petición del Sr. Dupuis haya sido rechazada. Las enmiendas del Grupo de Coalición Radical Europea ya apuntaban en cualquier caso en un sentido totalmente distinto que las del Sr. Orlando. Sin embargo, antes de que se proceda a la votación, yo quisiera abundar en el motivo del elevado número de corrigenda de carácter lingüístico. Esto tiene, en efecto, una explicación. El Consejo se ha mostrado dispuesto a consultarnos estos textos, anticipándose al Tratado de Amsterdam, con un brevísimo plazo, lo cual plantea un gran problema de tiempo para realizar las numerosas traducciones. Pero la situación se vuelve imposible si el Consejo nos remite un texto y mientras nosotros procedemos a examinarlo con todo cuidado, de conformidad con el procedimiento de Consulta, el Consejo modifica dicho texto sin consultar al Parlamento y sin esperar a nuestro dictamen. Este procedimiento es inadmisible. ¡Ésta no es manera de tratar al Parlamento!
Por lo tanto, yo le ruego señora Presidenta que transmita al Consejo el estruendoso aplauso de la Asamblea. Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente
Le doy las gracias, señor Schulz. Me habría gustado que el Consejo pudiese escuchar directamente sus observaciones. Desgraciadamente, no es así, pero se las transmitiremos de buen grado.

Orlando
Señora Presidenta, por lo que se refiere a la enmienda 12, deseo señalar que, tras la votación de la enmienda, se planteó alguna duda en el seno de la comisión, ya que el Consejo había elaborado un texto que me parece más correcto. Tomo nota, en consecuencia, del rechazo de la enmienda de la comisión a causa de su inexacta formulación que daba pie a posibles críticas de justicialismo, por citar una expresión utilizada esta mañana.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Rovsing
Ha de constatarse con gran satisfacción que el Comité de Conciliación ha logrado alcanzar un compromiso razonable y muy satisfactorio entre el Consejo y el Parlamento en relación con la aprobación de esta directiva. Da gusto que tanto el Consejo como el Parlamento hayan estado de acuerdo desde el primer momento en que debía concederse un alto grado de protección a los datos personales dentro de un área como el sector de las telecomunicaciones, donde el desarrollo tecnológico avanza muy rápidamente. No obstante, el Parlamento, en el procedimiento de conciliación, ha logrado introducir un nivel de protección aún mayor del que el Consejo quería inicialmente. Como ejemplo puede mencionarse la ampliación de la directiva para englobar también a las personas jurídicas. También las disposiciones referentes a la escucha y grabación de conversaciones telefónicas han sido mejoradas sensiblemente en el texto de conciliación. Debe recalcarse que la directiva propuesta es un acto importantísimo que merece un apoyo total.
Informe Secchi (A4-344/97)
Rovsing
No es posible decidir cuándo podría resultarle ventajoso a la UE implantar normas completamente armonizadas sobre el IVA, sin embargo, no hay ninguna duda de que si semejante armonización debe producirse, los Estados miembros han de estar muy bien preparados para ella. Por ello, el programa FISCALIS es una iniciativa necesaria que entre otras cosas implica que los funcionarios nacionales adquieran un conocimiento minucioso del derecho comunitario. Este conocimiento es una condición indispensable si los funcionarios deben seguir prestando un servicio óptimo a los ciudadanos.
Otro aspecto son las numerosas ventajas que se alcanzará a través de una cooperación formalizada entre los Estados miembros en todo el ámbito de los derechos. El programa FISCALIS creará una base sólida y razonable para futuras armonizaciones en materia de IVA y otros derechos. Sin embargo, esto no significa que los Estados miembros se comprometan en el momento actual a un plazo determinado para tales armonizaciones.

Trizza
El programa FISCALIS, dirigido a emprender acciones europeas coordinadas que sirvan de apoyo a los sistemas nacionales de fiscalidad indirecta, representa un instrumento innovador de la política fiscal europea.
En efecto, no sólo el Programa FISCALIS está orientado a armonizar y coordinar el sistema tributario existente, así como a garantizar el funcionamiento homogéneo de las administraciones tributarias en la óptica de la aprobación del régimen definitivo del IVA, sino que, como apuntó con acierto el ponente Sr. Secchi, debe representar el instrumento de comprobación de las necesidades y las dificultades encontradas por ciertas administraciones nacionales en el cumplimiento de sus funciones y debe poder transmitir las experiencias positivas adquiridas sobre los mismos problemas en otros Estados miembros. En mi calidad de alcalde de un ayuntamiento italiano y atento a todas las acciones encaminadas a mejorar la eficacia de las administraciones públicas, aprecio la decisión de la Comisión Europea de considerar como objetivo prioritario del programa la formación de los recursos humanos y, coincidiendo con el ponente Sr. Secchi, considero muy útil que la formación se lleve a cabo también a través del intercambio de funcionarios de cada una de las administraciones tributarias.
Estoy, asimismo, totalmente de acuerdo con el ponente en la necesidad de crear una red de cooperación entre los centros y las escuelas nacionales que se ocupan de la formación tributaria. Me felicito con el ponente Sr. Secchi, y, en consecuencia, apruebo plenamente su informe.
Informe W.G. van Velzen (A4-346/97)
Rovsing
La numeración es uno de los aspectos más visibles de la telefonía, y es por ello un terreno que afecta a los consumidores de manera muy directa. La Comisión, a instancias del Parlamento, ha propuesto un ajuste muy aceptable y sensato de la Directiva relativa a la interconexión. La portabilidad de números entre operadores es un área de gran trascendencia, y es importante que rápidamente se implante un sistema que garantice una adjudicación de los números de las redes fijas transparente, justa y objetiva. El ponente tiene toda la razón cuando recalca que esta misma política con idénticas reglas ha de implantarse en las redes de comunicaciones móviles. Las medidas necesarias deben implantarse tan pronto como sea posible para lograr el efecto deseado y dar tiempo a los operadores para que efectúen las modificaciones y los ajustes. Luego no se puede compartir el punto de vista de la Comisión de que aún no es momento de reglas sobre la portabilidad de los números de las redes móviles. Doy por ello mi total apoyo al informe.
Informe Cederschiöld (A4-333/97)
Ahlqvist, Andersson, Lööw, Waidelich y Wibe
Consideramos que el informe comprende materias muy importantes para el trabajo futuro de la Unión Europea. Con nuestra explicación de voto queremos destacar que el informe, en muchos aspectos, abarca exigencias de armonización más vastas que las que objetivamente podrían considerarse motivadas por los antecedentes que el plan de acción contra la delincuencia organizada admite. Entre otras cosas, queremos señalar nuestras dudas en cuanto a las pretensiones del informe respecto a:
que haya una armonización de normas de carácter penal (punto 12), -que se introduzca un fiscal general en el ámbito europeo (punto 35), -que, sin una mayor explicación de la necesidad, que hoy ya es clara, de reforzar los controles, se acreciente la posición de Europol frente a las fuerzas policiales nacionales (diversos puntos).
Blokland
El informe de la Sra. Cederschiöld se ocupa del plan de acción para la lucha contra la criminalidad organizada. Este plan fue elaborado a instancias del Consejo Europeo por el Grupo de Alto Nivel. Lo que el grupo ha hecho es en sí loable, y en vista de la importancia que concede el Consejo a su ejecución, el plan parece surtir efecto. A pesar de ello, el plan no parece siempre igualmente claro. Un punto fuerte de crítica de la ponente, Sra. Cederschiöld, es el de que del plan no se desprende con ninguna claridad si la criminalidad va a ser combatida mediante la harmonización de las definiciones de los hechos punibles más importantes o mediante el sistema de mejora de la colaboración entre los Estados miembros manteniendo las diferencias entre los sistemas penales nacionales. En el plan no se toma ninguna opción.
Aquí reside también nuestro problema. Si bien el informe apunta a un enfoque pragmático, suena en realidad a un deseo del Parlamento europeo mediante la harmonización del derecho penal y la realización de un gran espacio judicial europeo. Con esta opción queda claro que se está incidiendo en la soberanía de los Estados miembros, en la esencia de los Estados miembros. Este será un proceso extremadamente laborioso, del que se preguntará si es útil actualmente. Personalmente preferiría por este motivo la colaboración pragmática con el mantenimiento de las diferencias entre los sistemas penales nacionales. En aquel punto en el que el informe y nuestra elección difieren tan claramente, pese a la simpatía que sentimos hacia el plan de acción y al informe, siendo sinceros no podemos apoyar este informe. Esta consideración se la volverá a encontrar también en nuestro comportamiento de voto en los otros informes del grupo «lucha contra la criminalidad organizada» sobre los que se debatió esta mañana.

Cushnahan
Quisiera apoyar las recomendaciones formuladas por la Sra. Cederschiöld. En su proyecto de resolución señala las deficiencias y fallos inherentes al planteamiento actual de la UE para abordar la delincuencia organizada.
La delincuencia organizada tiene un funcionamiento comercial internacional muy perfeccionado. No reconocen las fronteras nacionales y, gracias a sus enormes recursos, pueden emplear a los mejores expertos de las esferas jurídica, financiera y de otra índole. En cambio, el planteamiento de la UE es fragmentario, carece de coordinación y de recursos suficientes y actúa en la esfera nacional a causa de la actitud patriotera de los ministros de Interior, que quieren proteger sus pequeños «imperios» basados en ideas anticuadas de soberanía nacional.
Para poder ganar esta guerra contra la delincuencia organizada, hemos de cambiar esas actitudes, lograr una mayor armonización de nuestros sistemas jurídicos, judiciales y policiales.

Deprez
La lentitud con la cual los Estados miembros de la Unión Europea se han propuesto aunar sus fuerzas y coordinar sus acciones y procedimientos para luchar contra la delincuencia organizada no puede menos que contrariar a cualquier persona sensata.
La globalización de la economía y de los circuitos financieros permiten que los operadores -incluyendo a los más criminales- reciclen, es decir, blanqueen sin problemas y sin control los beneficios colosales que les reportan los tráficos más variados: prostitución, droga, armamento. Como todos saben, el hundimiento del comunismo en Europa Central y Oriental ha fomentado la irrupción, sobre las ruinas de las estructuras estatales, de las formas más variadas de gangsterismo, de extorsión y de corrupción. La libre circulación de capitales y de personas en el seno de la Unión, conjugada con el desarrollo de las tecnologías, ha hecho saltar las fronteras para todos, incluso para los delincuentes, fomentando de este modo todo tipo de tráfico: automóviles, drogas y seres humanos.
¿Cómo puede pensarse en estas condiciones que unos sistemas jurídicos, judiciales y policiales puramente nacionales podrán hacer frente a la pluralidad -además, cada vez mejor organizada- de la gran delincuencia? ¿Cómo pueden aceptarse los plazos increíbles que aún condicionan los pedidos de información o de cooperación entre magistrados de diferentes países? ¿Cómo puede aceptarse que el Convenio Europol aún no haya sido ratificado por todos los países signatarios?
Por eso me felicito de que el Consejo Europeo de Amsterdam haya aprobado, el 17 de junio pasado, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. Se trata de un primer paso en la buena dirección. Deseo saludar, igualmente, los esfuerzos del Consejo de Europa con miras a la elaboración de un convenio contra la corrupción organizada que reina en los mercados internacionales.
Si existe un ámbito en el que la Unión debe demostrar su capacidad para responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos, es en el de la seguridad de las personas y de los bienes. Una Europa corrupta no tiene futuro. Es una cuestión urgente.

Holm
Es lamentable que en el informe que trata de la delincuencia internacional organizada no se diga una sola palabra acerca de Interpol, que justamente tiene como objetivo combatir la delincuencia internacional. El informe, en cambio, está solamente orientado, más o menos, a abogar por un "UE-FBI», que armonice las policías y los tribunales de los miembros de la UE en concordancia con un corpus iuris que contemple la creación de un sector europeo comunitario jurídico y de derecho penal.
No creo que este estado de cosas sea razonable y ni siquiera adecuado. Apenas puede ser razonable la construcción de otra organización policial que compita con Interpol. Al revés, se debería intensificar el trabajo con Interpol para que esta organización pueda desafiar a la delincuencia internacional con mayor fuerza.
Se propone también dar a Europol mayores competencias, inclusive que Europol comprenda actividades operativas, esto a pesar de que Europol ha demostrado un deficiente control parlamentario y judicial y que tiene graves carencias en cuanto a la transparencia administrativa y protección de la vida privada y datos de las personas.

Lindqvist
Estoy de acuerdo con muchas de las propuestas del informe. La mejor manera de combatir a largo plazo la delincuencia y el crimen es el fortalecimiento de las bases democráticas en la educación infantil, los colegios, la vida laboral etc. en la sociedad civil.
Especialmente quiero subrayar la importancia que tiene una mejor colaboración entre los Estados miembros para combatir la delincuencia internacional. Abogo por una cooperación entre estados en esta materia, según el modelo de los Países Nórdicos.
Es importante que no haya penalización sin premeditación. Las propuestas de penalización en una, así llamada, organización criminal debe, por eso, tenerla como punto de partida.
Por el contrario, me opongo a formas de cooperación judicial decididas por organismos centrales, donde el objetivo principal es una armonización de las legislaciones. La UE no debe convertirse - con Europol como herramienta - en un estado policial gobernado centralmente, con grandes sistemas de información y deficientes controles democráticos.
Como el informe contiene muchas propuestas en ese sentido, voy a votar por el rechazo del informe en la votación final.

Sindal
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe de la Sra. Cederschiöld, puesto que opinamos que es necesario un esfuerzo efectivo y mejorado para poder luchar contra la creciente delincuencia organizada que opera a través de los Estados miembros. Con todo, nos inquietan algunas de las manifestaciones de la ponente. Manifestaciones que tienen por objeto implicar a instituciones supranacionales como la Comisión o el Tribunal de la CE aún más en la cooperación jurídica. La cooperación jurídica debe permanecer bajo el pilar 3º y la Comisión y el Tribunal de la CE no deben tener competencias adicionales. Una armonización penal no ha de convertirse en objetivo en sí misma, y los instrumentos existentes en los Estados miembros deben primero hacerse más efectivos, antes de que se aprueben nuevas iniciativas. Somos partidarios de una cooperación efectiva y práctica entre los Estados miembros en el ámbito jurídico. Una cooperación semejante será una respuesta efectiva contra la delincuencia organizada.
Informe Orlando (A4-355/97)
Buffetaut
Señora Presidenta, no nos ha sido posible aprobar el informe de nuestro colega Orlando sobre la aplicación y ejecución de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia ya que, sobre la base de un excelente texto del Consejo, el Parlamento ha preferido sistemáticamente transferir las prerrogativas del Consejo a la Comisión. Ahora bien, en un ámbito que afecta a una de las competencias soberanas capitales de los Estados, resulta que es claramente el Consejo el que debe actuar y no la Comisión, órgano administrativo de dudosa legitimidad democrática.
Además, desde el punto de vista de la eficacia, en un ámbito en que las especificidades, las tradiciones, la filosofía del Derecho, de orígenes nacionales, son tan fuertes, creemos que es ciertamente más oportuno remitirse a la acción específica de los Estados.

Ahlqvist y Wibe
El informe da a la Comisión un papel mucho más protagonista en el sistema de evaluación. Consideramos que es la Presidencia del Consejo la que debe tener, también en el futuro, la responsabilidad de este trabajo. El Consejo es y deberá ser la más alta instancia de decisión en la Unión Europea. No vemos ninguna razón para reforzar el papel de la Comisión en esta materia.
Por este motivo, nos abstenemos en la votación de este informe.

Caudron
Nuestro colega Orlando demuestra un espíritu combativo en la elaboración de estos diferentes informes. No podemos menos que felicitarnos por ello.
Tres informes para un único y mismo tipo de corrupción: la delincuencia organizada. El Parlamento Europeo debe demostrar su absoluta determinación en la lucha contra todas estas prácticas mafiosas. Las mafias se fortalecen en aquellos países que ya han sido mencionados por los servicios competentes en materia de lucha contra esta delincuencia organizada. Podemos interrogarnos sobre los medios comunitarios aplicados para erradicar esta plaga. Nos vemos obligados a constatar que los grupos mafiosos se desarrollan no sólo en Europa del Este, sino también en el seno de la Unión Europea. Comparto las recomendaciones del ponente tanto sobre el mecanismo de evolución como sobre el incremento de la delincuencia y de los delitos.
Se menciona el blanqueo de dinero, y sobre este último punto yo también pido que se acabe con las hipocresías. En el seno de Europa, o de la Unión Europea, debemos ofrecer a los jueces posibilidades más amplias en materia de investigación, en particular con respecto a las cuentas bancarias sospechosas, sin lo cual es inútil legislar y seguir discutiendo.
La Unión Europea está cada vez más orgullosa de las ayudas que presta a ciertos sectores de actividad. Espero que demuestre la misma preocupación para aplicar rápidamente los medios capaces de permitir una lucha eficaz contra la delincuencia organizada. Si no logra apuntarse un tanto en esta guerra, la Unión Europea perderá aún un poco más de credibilidad frente a sus ciudadanos.
Informe Orlando (A4-349/97)
Cuhnahan
Si nos proponemos en serio abordar el problema de la delincuencia organizada, tenemos que lograr una coordinación más eficaz en toda la Unión Europea antes de que podamos iniciar la cooperación propiamente dicha con terceros países.
El intergubernamentalismo y la falta de transparencia no son la vía para convencer a los ciudadanos europeos de nuestra determinación para ganar la guerra contra la delincuencia organizada.
Creo que en este informe hay muchas propuestas excelentes y dignas de consideración, si queremos enviar un mensaje a los delincuentes internacionales de que hablamos en serio.
Informe Nassauer (A4-367/97)
Berthu
Señora Presidenta, el informe Nassauer sobre las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior recoge el lugar común habitual del Parlamento Europeo sobre la libertad de circulación, que, supuestamente, no existiría mientras se mantuviese en las fronteras internas de la Unión el menor control de personas.
Esta idea, que ya nos ha perjudicado mucho, causará aún más daño en el futuro si se ratifica el Tratado de Amsterdam, puesto que el artículo B del nuevo título 3 A, en la parte comunitaria, establece que antes de cinco años el Consejo deberá decidir, de conformidad con el artículo 7 A, medidas tendentes a garantizar la ausencia de todo tipo de control de personas, ya se trate de ciudadanos de la Unión o de naturales de países terceros, en el cruce de las fronteras interiores.
Como de costumbre, los promotores de la Europa federal intentan hacer creer a la gente que sólo piden que se aplique una decisión ya tomada con anterioridad y que, jurídica y moralmente, no existiría ningún margen de maniobra. Pero en realidad, eso no es así, ya que en el artículo 7 A nunca se ha dicho que la libertad de circulación implicaría la ausencia de control, y menos aún cuando también debería aplicarse a los naturales de países terceros.
Además, el Tratado de Amsterdam, en el artículo B antes citado, no establece ninguna condición previa a la abolición de los controles de personas en las fronteras internas. Sólo en el artículo A se mencionan medidas de acompañamiento, pero este artículo se refiere a un problema jurídicamente diferente, el de la integración de Schengen, y en ningún momento se dice que las condiciones mencionadas -a las que, además, se alude incidentalmente- constituirían condiciones previas. Así pues, los pueblos de Europa podrían, una vez más, caer en una trampa por parte de una Unión Europea que cumple la función objetiva de echar por tierra las defensas de éstos, cuando su objetivo debería ser reforzarlas.
Esta desviación de las instituciones europeas, que juegan constantemente en contra de su propio campo, debe corregirse urgentemente, y ante todo rechazando el Tratado de Amsterdam; de lo contrario, causará la ruina de Europa.

Cushnahan
Acojo con beneplácito la preparación de este informe por el Sr. Nassauer y apoyo sus recomendaciones principales. En particular, apruebo la propuesta de que se concedan al Convenio Europol poderes operativos y ejecutivos formulados con precisión y que determinen qué órganos policiales nacionales se encargarán de todas las medidas adoptadas en sus países.
Una Europol plenamente operativa es decisiva para garantizar el éxito de la cooperación en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior. Resulta escandaloso que no se haya ratificado el Convenio Europol. Después del escándalo Dutroux en Bélgica hubo un resurgir de la actividad y parecía haber la determinación de lograr que se concedieran a Europol los poderes necesarios para que desempeñase sus funciones. Ahora todo ha quedado paralizado y, si los Estados miembros desean de verdad crear una Europa de los ciudadanos, los avances deben hacerse en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior.
Los avances respecto de Europol serán la prueba de fuego de la seriedad de los Estados miembros en relación con el cumplimiento de sus promesas.
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Situación en Irak
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la situación en Irak.

Van den Broek
Señor Presidente, todos nosotros, el mundo entero creo yo, ha seguido de cerca con la respiración contenida, las evoluciones en Iraq. Es innecesario decir que la Comisión y el Consejo, y también con seguridad el Parlamento, estarán de acuerdo en que las Naciones Unidas, el secretario general y el Consejo de Seguridad, deben de ser respaldados plenamente en su afán de ver cumplidas por Iraq las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto.
La cuestión indiscutible es que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad son el lugar indicado para discutir este tema y tomar decisiones. Considero que junto con usted hemos tenido conocimiento con cierto alivio de la alentadora noticia que nos ha llegado desde Ginebra, donde ayer se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad permanente de los 5. Sin que sepamos con exactitud lo que se habló allí detalladamente, en cualquier caso parece que se ha llegado a un tipo de compromiso sobre el cual tiene que reaccionar Iraq. Pero un compromiso que en todo caso consistiría en que la comisión de investigación de ONU, Unscom, podría reanudar allí su composición original y que por lo tanto además dicho trabajo podría continuar, lo que es de suma importancia para la seguridad que se precisa en, por citar algo, toda la capacidad de la que dispone Iraq para fabricar armas para exterminar masas también pueda ser desmantelada de forma efectiva.
Es evidente que el arrastre y la continuación de este conflicto con Iraq podría tener graves consecuencias, no solamente en el sentido de la seguridad, sino que ciertamente también cuando se trata de la ejecución de las resoluciones aceite a cambio de alimento tal y como la llamo yo para mayor comodidad, lo cual tendría consecuencias desfavorables para la ayuda humanitaria que se le puede dar a la población iraquí y por otra parte también podría dificultar los esfuerzos de ayuda al norte de Iraq.
La Comisión no puede por el momento decir mucho más excepto expresar el deseo de que los indicios que existen confirmen que la crisis ha sido eliminada. Por el momento no me atrevo de establecer esta conclusión como definitiva según está la situación actualmente, pero si nosotros también estamos al corriente de los pronunciamientos y de los comunicados que manifestó ayer el ministro británico de Asuntos Exteriores tras la reunión de los 5 permanentes y el texto que también ha sido publicado hoy en el Telexpress, es de esperar que con ello la crisis pueda evitarse de una forma efectiva.

Swoboda
Señor Comisario, muchas gracias por su declaración. Evidentemente, nos alegramos mucho de que la crisis actual al menos parezca haberse conjurado, si bien estaríamos sobrevalorando el peso de Europa y del Parlamento Europeo si pensásemos que la sesión de hoy ha tenido una trascendencia tal que ha obligado a ceder a Sadam. Yo creo, no obstante, que subsisten algunos interrogantes, más allá de las preguntas fundamentales que ha planteado usted, señor Comisario. En primer lugar, ¿en opinión del señor Comisario, se consiguió alcanzar con la rapidez suficiente la necesaria unanimidad en relación con la posición europea ante la presente crisis? Ya sé que esto no es tarea de la Comisión ni del Comisario, pero yo querría preguntarle si en todas las conversaciones mantenidas y en todos los esfuerzos que ha realizado en su calidad de Comisario ha podido partir de la base de que existe una línea de actuación común europea.
En segundo lugar, ¿en qué medida guarda relación, a su parecer, la crisis actual en Irak con la situación en Israel? Es correcta la impresión, que también usted pudo tener, de que no ha sido posible conseguir la necesaria solidaridad en el mundo árabe debido a la crisis israelí y a que muchos países árabes han tenido la impresión de que la presión de Estados Unidos durante los días de la crisis ha sido insuficiente? La tercera cuestión que a mí y a todos nos preocupa especialmente es, desde luego, el aspecto humanitario. En efecto, por inaceptables que se juzguen las acciones de Sadam -en opinión de nuestro Grupo político y también, supongo, de toda la Asambleay aun siendo inaceptable que no puedan realizarse los controles de manera realmente adecuada y con la debida eficacia, sin embargo tenemos el temor de que los aspectos humanitarios, en particular los relativos a los problemas de la infancia y en materia de salud, se vean obviamente muy afectados por las sanciones. Yo querría preguntarle también si tiene usted la impresión de que en el programa que usted también ha citado -de petróleo a cambio de alimentos, etc.- se han tenido en cuenta los aspectos humanitarios más urgentes o si, por el contrario, también sería necesario incrementar, además, la ayuda humanitaria.

Oostlander
Presidente, me gustaría agradecer al comisario su explicación. En realidad es un asunto bastante extraño que sea nuestro comisario el que tenga que darnos esta explicación porque lo que tendríamos que esperar del Consejo es que se hablase aquí de política exterior. Pero está bien que se utilice un preámbulo, un preámbulo que este comisario es sin duda capaz de hacer. Lo que en realidad lamento es que el propio Parlamento no haya aprovechado la oportunidad de tomar un poco la iniciativa orientada a una gestión. Fue una resolución cautelosa la que apoyaba la política de la ONU, creo que de todos modos eso habría sido un buen respaldo, y también un estímulo al Consejo para empezar a trabajar desde una postura común con respecto a Irak. Desgraciadamente el Parlamento ha dejado escapar la oportunidad. Por otra parte creo que es de gran importancia que nosotros, como Parlamento, tengamos el valor en este tipo de asuntos especialmente peligrosos de decir lo que opinamos para de esta forma emitir una señal desde Europa, no solamente en este caso, si no también en el de Cuba y otros. Parto de la base de que tendríamos que llegar a un acuerdo en este tipo de temas. Mi pregunta con respecto a Irak, que por supuesto es un estado con régimen extremadamente criminal, es si no nos incumbe lo suficiente, concretamente porque la paz en Oriente Medio está amenazada de forma extraordinaria por un estado de este tipo, como para opinar sobre ello. Cuando oigo decir a los israelís aquí: vivimos en una pequeña franja de tierra, un par de bombas, un par de cohetes a larga distancia con armas químicas del tipo de los que se desarrollan en Irak y ya lo hemos contado, es para que nos tomemos en serio este tipo de voces.
Además, no sería la primera vez que Europa está amenazada por cohetes de larga distancia. Ya se ha dicho anteriormente que cohetes Scud podrían alcanzar fácilmente Roma desde Servia. Esto también podrá ocurrir a la larga con Irak, así que nos atañe directamente.
Señor Presidente, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿se ha hecho lo suficiente en el terreno de las medidas comerciales internacionales para prevenir que Europa alimente la producción de armas químicas y biológicas en Irak? ¿Lo ha revisado recientemente? Me gustaría recibir respuesta.
En segundo lugar lo que respecta a lo humanitario. Lo humanitario ha sido siempre posible a pesar de todo. En realidad es solamente Sadam el que impide que la ayuda humanitaria llegue a la población. ¿No existe el riesgo, si ponemos mucho énfasis en lo humanitario, que esa ayuda llegue a manos del ejército de Sadam y del proprio Sadam y no en manos de la población a la que va destinada?

Bertens
Señor Presidente, Comisario, muchísimas gracias por su comunicado, por su declaración. Comienzo adhieriéndome al Sr. Oostlander y además diciendo que por lo ya mencionado encuentro especialmente triste que los dos grandes grupos parlamentarios del Parlamento hayan suspendido claramente sus actividades desde este Parlamento. Como ya dijo el Comisario: Saddam Husseim parece haber consentido y aceptado que UNSCOM pueda continuar la investigación con los americanos. Eso sería el resultado de la deliberación entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad lo que supone una solución tan feliz como necesaria del conflicto. ¿Acaso tiene el Comisario más conocimiento del trasfondo de este acuerdo y puede él garantizar que no se han hecho concesiones a Saddam a cambio? La credibilidad de todo el sistema de la ONU está en juego, eso es evidente. El UNSCOM lleva años intentando combatir las armas de extinción de masas y la investigación es bloqueada constantemente. En los últimos seis meses ya ha ocurrido en diez ocasiones.
La firmeza de comportamiento, Señor Presidente, puede ser y es la única respuesta. El solo hecho de pensar en concesiones a Saddam es inaceptable. Saddam debe poner en práctica sin más la resolución 687. Después podrá esperar el eventual levantamiento de las sanciones, pero no antes. La a menudo mencionada luz al final del túnel podrá intentarla conseguir Saddam para sí mismo dejando de bloquear la investigación. Tan pronto como haya ocurrido, los necesitados ciudadanos iraquíes que son rehenes de Saddam, podrán experimentar una mejora de su suerte. La comunidad internacional, Señor Presidente, debe actuar unánimemente. Quizás un absurdo. Una actuación unilateral de los Estados Unidos tampoco sería la respuesta, aunque esto sea lo que hubiese deseado Saddam. Pero los intereses económicos a corto plazo no pueden interrumpir la unanimidad. ¿Podría indicar el Comisario si se ha hablado de alguna sintonía europea en la determinación de posición en el marco de las Naciones Unidas como por ejemplo exige el Tratado de Maastricht? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de esos esfuerzos? En caso negativo ¿por qué no?

Manisco
Señor Presidente, la aparente solución temporal para la crisis Iraq/Estados Unidos ha evitado en el último momento una tragedia de las mayores dimensiones para el pueblo iraquí, es decir, una prolongada ofensiva de bombardeos por el aire y lanzamiento de misiles por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. No podemos por menos de expresar nuestro profundo alivio por semejante solución aparente y nuestro agradecimiento a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que trabajaron contra el reloj para restablecer el papel de la UNSCOM en el Iraq y evitar un baño de sangre.
En este lado de la Asamblea no profesamos la menor simpatía por el dictador de Bagdad y sus desesperados juegos con las vidas de su pueblo. Pero tampoco podemos aceptar un regreso al status quo ante y la interminable prolongación de las sanciones más crueles y absurdas que, en menos de seis años, han provocado un millón de muertos de civiles y una auténtica matanza de inocentes al ritmo de 4.500 niños al mes. Hace mucho que se debería haber levantado el embargo sobre las mercancías no estratégicas, como también un levantamiento gradual del embargo de petróleo superando con mucho los arbitrarios límites del programa de alimentos por petróleo. ¡Ya es suficiente!
La Unión Europea, escandalosamente ausente y pasiva hasta ahora, tiene que dar un paso adelante y convencer a nuestros amigos americanos de que se debe poner fin a esa matanza, de que una solución temporal de esta crisis podría provocar otra crisis peor en el futuro, si no se siguen otras opciones diplomáticas, políticas y económicas para substituir la amenaza de utilización de los sigilosos bombarderos B52 y los misiles de crucero «Tomahawk».

Tamino
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las consideraciones hechas, a pesar de que hubiéramos deseado conocer el punto de vista del Consejo. No por esto, sin embargo, dejamos de agradecer al señor Comisario Van den Broek su presencia aquí y que nos haya facilitado la versión de la Comisión.
Tomamos nota con satisfacción de que la crisis parece resuelta -la duda es aún necesaria- y que, en consecuencia, no habrá ninguna acción militar. En el momento, sin embargo, en que decimos que no se discute la condena contra la actitud de Sadam Husein, que sigue jugando entre el respeto y el rechazo de las resoluciones de las Naciones Unidas, no podemos dejar de denunciar que se han utilizado dos pesos o medidas respecto a Irak y a otros países y que se ha seguido, de hecho, reforzando a Sadam Husein con la política de cerrazón que, en un primer momento, acudió al uso de las armas y, luego, a la aplicación de sanciones que han castigado sobre todo a la población. El verdadero problema al que debemos hacer frente es el impacto sobre la población, las mujeres y los niños.
Por último, permítame, señor Presidente, otra consideración: ¿Por qué, cuando abordamos la cuestión iraquí, no hablamos también de la cuestión kurda? ¿Por qué no hablamos del ataque tanto de Sadam Husein como de otros Gobiernos que siguen impidiendo que la población kurda lleve una vida decente?
Estos problemas deberían abordarse de forma correcta y requieren un compromiso colectivo, porque si no se resuelven, no habrá paz en esa región.

Hory
Señor Presidente, como el resto de mis colegas, me felicito, en mi nombre y en el de la Coalición Radical Europea, del hecho de que parece prevaler la razón. Ello se debe a las dudas de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con respecto a la opción militar y, quizá también, a las iniciativas de la diplomacia rusa.
En cualquier caso -digámoslo claramente- no tenemos ninguna simpatía especial por el régimen iraquí, como tampoco por el régimen sirio, por ejemplo, pero está claro que una solución pacífica, equitativa y duradera, supone cinco condiciones: la renuncia al embargo, que sólo asfixia al pueblo iraquí; la flexibilización del bloqueo petrolero, que sirve clarísimamente a los intereses norteamericanos; el abandono de las compensaciones financieras que se deben a Kuwait, y que, debido a las sanciones, Irak no puede pagar; una clarificación de las misiones de la UNSCOM, que no deben servir de pretexto para una tutela indefinida; y una reintegración progresiva de Irak en la comunidad internacional.
No compete a los norteamericanos, ciertamente, decir quién debe gobernar Irak, pero quizá les corresponda, así como a una diplomacia europea -al fin unificada en esta cuestión-, crear las condiciones, a través de un enfoque más generoso, para una evolución democrática en un país cuyos dirigentes explotan la paranoia colectiva que no cesamos de alimentar.

Souchet
Señor Presidente, aun cuando se trate de una cuestión que compete al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en el plano europeo, al Consejo y no a la Comisión, desearía preguntarle lo siguiente, señor Comisario, puesto que, a pesar de todo, usted se ocupa de la aplicación del embargo contra Irak, en nombre de la Unión Europea: ¿no habría llegado la hora de plantearse seriamente la legitimidad del mantenimiento de este embargo, cuya aplicación desde hace siete años demuestra que, evidentemente, no logra los objetivos que se había fijado?
Se suponía que el embargo tenía que debilitar a un dictador que casi ni parece afectado por sus efectos, a juzgar sobre todo por la reciente expulsión de los expertos de las Naciones Unidas. En cambio, este embargo, nuestro embargo, aplasta a una población sobre la que ejerce efectos devastadores en materia de alimentación, asistencia sanitaria y educación.
¿Esta voluntad enconada de encerramiento contribuirá a engrandecer nuestra imagen en la región, o fortalecerá las fuerzas que nos son más hostiles? ¿No convendría, entonces, cambiar radicalmente de método y disociar completamente la cuestión de los armamentos químicos y nucleares -sobre la que la comunidad internacional debe ejercer la mayor vigilancia- de la cuestión del embargo, que en modo alguno ha contribuido a controlarla y que no ha hecho más que acrecentar el sufrimiento de un pueblo?

Titley
Señor Presidente, acojo con beneplácito la observación introductoria del Comisario Van den Broek de que se trata de un asunto de las Naciones Unidas y éste no es necesariamente el mejor foro al respecto. Es importante que tengamos presente que se trata, en efecto, de un asunto que incumbe a las Naciones Unidas, por lo que es importante que no haya duda de que el Iraq tiene que cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas en todos los sentidos.
Sentimos alivio de que haya habido -suponemos- una solución para el problema. No debemos permitir que nuestro alivio oculte el hecho de que, para empezar, los inspectores no deberían haber sido expulsados. Ése es otro ejemplo de los intentos del Iraq de aplicar la máxima «divide y vencerás» a los elementos de la alianza contra el Iraq.
¿Conviene conmigo el Comisario en que lo más importante que puede hacer la Unión Europea es decir con toda claridad que estamos unidos en la determinación de que se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas y no aceptaremos relajación alguna de la posición de la UE. frente al Iraq? Ésa es la declaración más importante que puede hacer hoy. De este foro no puede resultar nada que entrañe relajación alguna de la determinación de los Estados miembros de la Unión Europea ni socorro alguno de la Unión Europea para la dictadura del Iraq. Fortaleceremos las resoluciones de las Naciones Unidas y nos atendremos a ellas.

Stenzel
Señor Presidente, al igual que el señor Comisario van den Broek, debemos acoger, naturalmente, con alivio el retorno de los inspectores de armamento de la ONU y que Irak lo haya aceptado con objeto de evitar la prolongación del conflicto con Estados Unidos. Obviamente da mucho que pensar que la solución del conflicto se haya alcanzado sin la intervención de la UE y que haya reforzado la posición de Rusia en el Cercano Oriente, a la vez que debilita la de Estados Unidos, además de poner de manifiesto una división de Europa.
La crisis de la inspección del armamento en Irak, desencadenada por Sadam Husein ha puesto en evidencia sintomáticamente una vez más la debilidad de la Unión Europea en el ámbito de la política exterior y la carencia de una política exterior y de seguridad común. Ya sé que las sanciones contra Irak y el problema de Irak son ante todo competencia de la ONU, pero desde luego sería necesario que la UE también exhibiera una posición unitaria en relación con este caso. Yo lamento mucho que no fuera posible la aprobación de una resolución del Parlamento Europeo, en cierto modo como una medida de acompañamiento, y agradezco mucho que el señor Comisario se haya ocupado hoy de este tema mediante una declaración. No obstante, debemos saber que sólo ha sido un recurso de urgencia. Una resolución habría sido el instrumento más claro y habría permitido expresar con la máxima claridad la voluntad del Parlamento Europeo, como un medio para respaldar las resoluciones de la ONU y también en cierto modo como una señal de solidaridad con Estados Unidos.
Si queremos que Estados Unidos siga interesándose por nuestros problemas de seguridad, convendría dejar claro por una vez nuestro sentimiento de solidaridad con los americanos en una situación crítica. Sin intención de remozar ahora los errores de la estrategia deficiente de dicho país, yo le pregunto, sin embargo, señor Comisario: ¿tiene la Comisión una estrategia en relación con Irak que permita impedir en caso necesario la continua repetición de estas crisis?

Newens
Señor Presidente, si bien condenamos totalmente las políticas perseguidas por Sadam Husein y las atroces violaciones de los derechos humanos, en particular contra su propio pueblo, ¿no se podría ahora considerar, en primer lugar, la posibilidad de relajar al menos el embargo de forma que el pueblo iraquí recibiera los suministros que necesita más urgentemente, sin por ello dejar de mantener la oposición total a la dictadura y a las medidas adoptadas por Sadam Husein para aumentar su fuerza militar y, en segundo lugar, procurar contribuir a poner fin a la lucha fratricida ente las dos facciones principales de los kurdos iraquíes: el KDP, que ha estado cooperando con las fuerzas turcas, y el PUK, que ha estado aliado con el Irán y está beneficiando sin duda alguna a Sadam Husein? Esas dos facciones han enviado delegaciones para entrevistarse con él, lo que constituye en verdad un gran problema.
¿Podemos pedir acciones sobre esas cuestiones, ahora que al menos se ha disipado un poco la crisis, para lograr una solución más permanente, que redundará en beneficio no sólo de los interesados del exterior, sino también del pueblo iraquí?

Van den Broek
, miembro de la Comisión - (NL) Presidente, quisiera dar las gracias a aquellos que han tenido la palabra. Quisiera establecer que debe evitarse tomar decisiones precipitadas en este momento en el sentido que los 5 permanentes dejaron claro ayer que esperan y así lo manifiestan, que la iniciativa de Rusia que fue bien recibida por todos ellos, conducirá a que Bagdad vuelva a su composición original y a que permitirá la reanudación de las actividades de la Unscom. En otras palabras, primero tenemos que esperar cual va a ser la reacción clara de Bagdad antes de que el alivio sea completo.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que aquí se trata primordialmente de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Seguridad. Esto es indudable. Pero si hablamos de asuntos que descansan y colindan en cuestiones de guerra y paz, también queda claro para la Comisión en sí que cuando el Parlamento quiere hacer una serie de observaciones al respecto, la Comisión no pretende tener ninguna competencia, sino que le gustaría tomar parte en el debate.
Suscribo lo que se ha dicho en primer lugar y una voz similar que pueda venir del Parlamento europeo, de ministros y de la Comisión, que tiene que haber una voz unánime, mantenerse en que las resoluciones del Consejo de Seguridad están para ser llevadas íntegramente a la práctica y que en ello no hay nada que negociar.
A cerca del mensaje de hace un momento, los 5 permanentes también estaban de acuerdo en primera instancia. Si daba la impresión de que entre ellos había alguna diferencia de valoración en los medios que se iban a poner en marcha para conseguir el objetivo, ésta era cierta, pero vuelvo a decir que produce satisfacción que los 5 permanentes hayan planteado una iniciativa conjuntamente en este momento y que estén esperando actualmente una respuesta de Bagdad. Lo que es en sí de gran importancia.
La posible relación que haya habido entre este conflicto, la crisis y la situación en Israel, la intervención americana respectivamente y por lo tanto la influencia de ello en la postura de los Emiratos Arabes, que han sido recientemente visitados por Madeleine Albright, es extremadamente difícil de valorar por nosotros. Es indudable que la crisis en Iraq despertaba especial preocupación porque la situación en Oriente Medio está en este momento bajo una considerable tensión ya que todo el proceso de paz en Oriente Medio está paralizado. En cualquier caso ya merece la pena constatar que también las Naciones Unidas, el presidente americano y el ministro americano de Asuntos Exteriores hablan abiertamente en el sentido de que tienen una gran preocupación por que la inflexibilidad de Israel no contribuya al avance imprescindible en este conflicto.
Algo más respecto a la ayuda humanitaria. Mi colega la Sra. Bonino, ha vuelto a poner a disposición de la ayuda humanitaria a través de ECHO diez millones de Ecus para un periodo que abarca hasta agosto del año próximo. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que allí donde es necesaria la ayuda humanitaria, Saddam Hussein es el responsable en primera instancia, porque proporcionar los medios humanitarios suficientes también depende del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero concretamente, también hay una resolución del Consejo de Seguridad que establece que cada seis meses se puede exportar petróleo por valor de veinte mil millones a cambio de importar alimento y medicinas. De modo que dicho con otras palabras, no creo que la comunidad internacional tenga responsabilidad alguna en la posible necesidad humanitaria. Señalo además que si hablamos del norte de Iraq donde hay una situación humanitaria específica, donde la Unión Europea también intenta introducir cierto alivio, ésta se encuentra seriamente entorpecida de vez en cuando por la situación con los curdos, concretamente con la intromisión turca en la frontera en el norte de Iraq lo que ya dificulta el paso por Turquía de los bienes de ayuda.
Presidente, quisiera dejarlo en este punto. Agradezco nuevamente al Parlamento la oportunidad de tener un debate al respecto.

El Presidente
El debate queda cerrado.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0946/97 del Sr. Lenz y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0951/97 de los Sres. Pettinari y Manisco, en nombre del Grupo GUE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0960/97 del Sr. Dell'Alba y otros, en nombre del Grupo ARE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0961/97 del Sr. Aglietta y otros, en nombre del GrupoV, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0974/97 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0985/97 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente para los crímenes de guerra.
Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar yo quiero expresar mi gran satisfacción por el hecho de que nuestra propuesta de resolución cuente con el respaldo de seis Grupos políticos de esta Cámara. Yo creo que esto ya indica cuán importante es este paso para conseguir la creación de un auténtico Tribunal que sustituya a los actuales Tribunales provisionales, para la antigua Yugoslavia o para Ruanda.
Las Naciones Unidas han reconocido la necesidad de crear un Tribunal de estas características, ya que no sólo en esos dos países se cometen crímenes de guerra y existen conflictos armados, sino que existe un número considerablemente superior de países en los que sería necesario que el correspondiente tribunal emitiera su dictamen y pudiera actuar.
Se ha constatado que los actuales tribunales han procedido hasta ahora desde una posición jurídica más bien precaria y que su capacidad de actuación está sujeta a muy serias limitaciones. Otro aspecto importante es que en la resolución se pide que, en los comités preparatorios para la Conferencia organizada por las Naciones Unidas precisamente para proceder a la creación del citado Tribunal Penal Internacional -cuya celebración el año próximo en Italia es muy de agradecer-, se establezcan en primer lugar unas definiciones claras. ¿Qué se entiende por criminal de guerra? ¿Qué es un conflicto armado interno? Asimismo, también es sin duda muy importante que dicho Tribunal -y en la medida de lo posible esto debería contemplarse ya en las sesiones preparatorias- pueda actuar con independencia de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU, a fin de evitar que su labor sea objeto de repetidos bloqueos por parte de dicha institución en muchos ámbitos.
Están en juego muchísimos cambios importantes y no creo ser el único que considera que éste es un primer paso hacia la futura superación de los conflictos. Todavía deberemos enfrentarnos con problemas muy importantes, sobre todo habida cuenta que por el momento todavía no existe en el mundo un Derecho relativo a los grupos étnicos. Sólo tenemos el Derecho nacional y el internacional, pero no un Derecho que defina y establezca claramente cuáles son los derechos de un grupo étnico y dónde puede acudir éste para hacerlos valer.
La creación de un Tribunal de estas características constituye a mi modo de ver una etapa previa para el establecimiento de este Derecho enormemente importante. Si se contemplan los conflictos de los últimos años puede constatarse que en la mayoría de los casos su origen son conflictos entre los diferentes grupos étnicos. Yo pienso que la creación de dicho Tribunal supondrá un gran paso adelante y desde el Parlamento Europeo todos debemos contribuir a que se haga realidad. Soy consciente de que esto también incluye ciertos compromisos financieros necesarios para que el proyecto de creación de un Tribunal Penal Internacional pueda hacerse efectivamente realidad y ser un éxito.

Ephremidis
Señor Presidente, estoy a favor de algunos aspectos y en contra de otros de la resolución común de los seis grupos. Señalo que estoy a favor porque se pretende dar respuesta a una aspiración permanente de la humanidad y que no se conviertan en un acto de justicia personal casos como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, las graves violaciones del derecho nacional y que exista una autoridad judicial que haga oír la conciencia común y enjuicie dichos casos. Hasta aquí estoy a favor. Pero estoy en contra en lo que concierne a la creación y el funcionamiento de dicho tribunal, tal como está diseñado, porque no se determina con exactitud hasta dónde su papel va a ser irreprochable. En segundo lugar, no está determinado qué es lo que va a enjuiciar. ¿A qué llama crimen de guerra? ¿Podría considerar la muerte de miles de niños y el bloqueo que sufre Cuba a lo largo de treinta años como un crimen de guerra o como un crimen contra la humanidad? ¿Cómo podría considerar al genocidio del pueblo kurdo a manos del gobierno turco? ¿Va a juzgar el tribunal casos similares? Me temo, señor Presidente, que dicho tribunal, pensado y promovido de forma improvisada, va a penalizar la vida internacional y minará aún más el ya minado Organismo de las Naciones Unidas, ya que dice que no puede intervenir sobre el Consejo de Seguridad con todas las consecuencias negativas que ello puede tener en la convivencia de los pueblos.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme ante todo deplorar la ausencia de los representantes de nuestro Senado, puesto que, como sabemos, son los Estados miembros los que deberán llevar a cabo en primera línea, en las Naciones Unidas, la última batalla para conquistar este primer elemento de reforma de las Naciones Unidas, la primera reforma, de hecho, que sea digna de ese nombre, desde su creación.
El colega Habsburg-Lothringen ya ha subrayado uno de los puntos fundamentales en los que deberán insistir los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión, en el marco de sus competencias, es decir, la independencia del Tribunal. Existe otro punto fundamental en el que conviene hacer hincapié: su independencia financiera; y es necesario, por lo tanto, garantizar a largo plazo, y no sólo a corto plazo, el hecho de que el Tribunal pueda actuar, y de que pueda actuar bien.
Desearía tranquilizar inmediatamente al colega Ephremidis aclarando que no se trata de replantear la cuestión de los conflictos pasados -ya sea el caso de Cuba o incluso de Corea del Norte o de la República Popular de China; el problema que se plantea afecta a los conflictos futuros.
También desearía pedir a los colegas que empezásemos a reflexionar en una etapa posterior que podríamos iniciar: la creación, basándonos en el modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un tribunal universal de derechos civiles y políticos, de tal manera que en todas partes del mundo o, en todo caso, comenzando por las democracias, los ciudadanos puedan recurrir directamente a una instancia superior para hacer valer sus derechos, que a menudo se violan incluso en los Estados miembros de la Unión Europea.

Müller
Las experiencias con todo tipo de dictaduras y guerras civiles, en el Este, en el Oeste y en el Sur, en la antigua Unión Soviética o en Bosnia-Herzegovina, en Chile o actualmente en Argelia, nos enseñan una lección: es preciso actuar penalmente contra los criminales de guerra y los crímenes contra la humanidad. La impunidad es una invitación a que se cometan nuevos delitos y la penalización tiene una importantísima función preventiva. Por esto mi Grupo político viene propugnando desde hace tiempo la creación de un Tribunal Penal Internacional. Señor Comisario van den Broek, yo quisiera hacerle notar especialmente el apartado 3 de nuestra propuesta de resolución común, relativo a la financiación. Hace dos años me cansé de gastar saliva en esta Cámara para conseguir 3 millones de ecus para la financiación de los Tribunales Penales para Bosnia y para Ruanda. Este año hemos conseguido incluir 3 millones en el Presupuesto con un poco menos de esfuerzo. Yo agradecería que la Comisión desarrollara en el futuro, juntamente con el Parlamento, una propuesta de financiación que nos permita garantizar la continuidad a largo plazo de dicho Tribunal Penal Internacional en el aspecto financiero.

Cars
Señora Presidenta, todos soñamos con una vida sin guerras y otros males, pero no nos debemos conformar con eso. Un tribunal permanente para juzgar los crímenes de guerra puede llegar a ser un paso para alcanzar nuestro sueño.
En la guerra se pierden todas las ataduras morales. Se puede entender que esta permitido cometer delitos que, de corazón, se sabe que son totalmente inaceptables.
Un tribunal independiente para los crímenes de guerra está hecho para las personas afectadas por los peores males de la guerra, calamidades que sólo se manifiestan cuando todos los frenos se sueltan. La víctima debe saber que, aún en ese caso, hay en algún lugar de la tierra una instancia donde se hace justicia y que, en todo caso al cabo de un tiempo, puede devolver a la víctima, la persona que sufre, su dignidad y castigar al culpable.
Para aquél que entiende que la guerra le da derecho a cometer actos que de otro modo nunca realizaría, la existencia de un tribunal así puede tener un efecto disuasorio.
Un tribunal permanente para juzgar los crímenes de guerra se convierte en la estrella que guía el respeto por los derechos humanos, aún en los momentos de mayor oscuridad.

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la historia del mundo y de Europa en el presente siglo es una historia de guerras, de crímenes de guerra, pero sólo en parte incluye también el castigo de los mismos. Por consiguiente, yo pienso que con la presente propuesta estamos respaldando un proyecto fundamental que es absolutamente necesario, pues resulta incomprensible que el simple asesinato esté castigado -obviamente con razón y es imprescindible que así sea-, pero en cambio muchas veces no se castigue el asesinato masivo y muchos asesinos de masas puedan seguir moviéndose por el mundo como si fuesen personas respetables.
Quiero decir que en los pocos casos en que se constituyeron tribunales contra los crímenes de guerra, completados con algunas iniciativas privadas -pienso en el Tribunal de Estocolmo y otras actuaciones-, éstos no han estado a la altura de la situación francamente dramática que se repite en las guerras, lamentablemente también en Europa, y de unos crímenes de guerra de tal alcance que de hecho desmienten por completo nuestra pretendida civilización.
Por consiguiente, yo apruebo plenamente la propuesta, al igual que mi Grupo político, a pesar de que obviamente se plantean una serie de problemas. No he entendido si el colega Ephremidis ha intervenido a favor o en contra de la propuesta, dado que sólo ha expuesto, de hecho, argumentos en contra. No obstante, creo haber entendido que ha sido llamado a intervenir en favor de la misma. Pero, en fin, es una de esas contradicciones que se producen. Desde luego, tiene razón cuando señala determinados problemas.
Nuestro sistema político internacional tendrá que cambiar y cambiará ante la certeza de que debe haber tribunales internacionales independientes que estén obligados a perseguir ciertas actuaciones aunque las circunstancias políticas tal vez no sean favorables. Existe obviamente el riesgo de que las decisiones políticas, los compromisos políticos y también algún acuerdo de paz puedan llegar a verse obstaculizados si quienes deberían firmar la paz tienen que contar con el hecho de que luego serán llamados a declarar y responder ante un tribunal internacional.
Yo quisiera añadir, no obstante, dos consideraciones. En primer lugar, desde luego es decisivo saber a quién se pedirán responsabilidades. La situación actual es insatisfactoria también en este sentido. En efecto, se exigen responsabilidades a los autores, pero en estos momentos en general no se les piden, sobre todo en el aspecto político, a quienes ordenaron los crímenes. Esto es inadmisible a mi parecer, pues contradice los principios del Derecho exigir responsabilidades al ejecutor del delito, pero no a su inductor.
En segundo lugar, también está la obligación de declarar. Yo no estoy demasiado de acuerdo con la reciente decisión de que un ministro croata ni siquiera está obligado a declarar. Yo pienso que si se establecen unas normas internacionales, debe quedar claro que deben exigirse responsabilidades a todos, sin menoscabo de su persona, y que todos, sin menoscabo de su posición, deben estar obligados a declarar ante dicho Tribunal internacional, como parte del deber de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Van Bladel
Presidente, Comisario Van Den Broek, colegas, desarrollar la idea del tribunal internacional de lo penal permanente en vísperas del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos es un buen proyecto. A pesar de lo cual se me ocurren algunas preguntas al respecto. La resolución habla del progreso que se ha asentado en los tribunales ad hoc sobre Yugoslavia y Ruanda. Bien, Presidente, es en esto precisamente en lo que tengo mis dudas porque por la falta de voluntad de coger a los auténticos asesinos, se está actuando muy selectivamente y esa no puede ser la intención en ningún caso. Tampoco tengo claro cómo un tribunal internacional independiente va a coordinar con las decisiones del Consejo de Seguridad. ¿Desaparece el veto debajo de la mesa? ¿Cómo funciona? Tampoco tengo claro qué nacionalidades y con qué sentido del derecho van a formar la oficina del denunciante. ¿Estarán todos los habitantes de este planeta sometidos a la jurisdicción de este tribunal? Bien, Presidente, los americanos ya han apuntado alguna reserva al respecto. El porqué tiene que ser la UE nombrada el financiador más importante si esto se refiere a todos los estados miembros de este planeta, es otra de las cuestiones que no me quedan claras. Y una pregunta más ¿quién, cuándo y cómo se atrapa a los asesinos? Estamos al inicio de un proyecto que se debe desarrollar, hasta ahí estupendo, pero no dejemos en ningún caso que se convierta en un tribunal que sea el tribunal de los vencedores.
Para finalizar, Presidente, ¿podría este tribunal internacional de lo penal permanente en el marco de los crímenes de guerra en conflictos internos, arrastrar de una vez por todas ante el tribunal al ex dictador de Surinam Bouterse por sus delitos? Presidente, mi grupo parlamentario votará parcialmente a favor y parcialmente en contra.

Bertens
Señor Presidente, Señor Comisario, tengo grandes esperanzas de que la conferencia diplomática que va a convocarse el año que viene allane el camino para una corte internacional de lo penal permanente. Es sin duda importante que exista una corte de este tipo. Las experiencias con los tribunales ad hoc en los casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia muestran por una parte que su existencia es de gran importancia, pero por otra que aún hay mucho que mejorar en su funcionamiento. La constitución de una corte permanente ofrecerá la continuidad y la competencia que la jurisdicción penal internacional necesita para todos.
Han de tomarse una serie de decisiones difíciles y las excepciones y los derechos soberanos son inadmisibles. Esto se opone diametralmente al imparcial orden jurídico internacional.
Si fuese necesario deberemos seguir adelante sin los países que no son y no quieren ser maduros para ello. Las concesiones a los que lo obstruyen deben ser evitadas a toda costa. De otra forma, la corte, tal y como se ha desprendido en Ruanda y Yugoslavia en alguna ocasión, parecerá un instrumento inútil.
Cuento con que la Unión y los Estados miembros se esforzarán unánimemente en lograr un tribunal permanente fuerte, financiera y políticamente independiente, y que si fuera necesario contribuirán, como dice la Sra. Van Bladel, no solamente desde la Unión sino también desde el resto del mundo.

Amadeo
Señor Presidente, las guerras y los conflictos regionales afectan a todos los continentes sin respetar ni siquiera a la vieja Europa, espectadora hasta ayer de los crímenes y genocidios en la antigua Yugoslavia, ni tampoco al continente africano o a Oriente Próximo, donde no se logra intervenir para evitar las infamias.
Ahora al menos intentamos remediarlas a través de la creación de tribunales internacionales, atentos a volver a desempeñar ese papel que los intereses nacionales y la falta de valor de los Estados miembros no consiguen jugar, así como a garantizar la aplicación efectiva de una justicia que trasciende las fronteras nacionales, so pena la inutilidad del principio mismo de justicia que se proponen, y amén de las víctimas que ya se sacrificaron en el altar de la razón de Estado. Los tribunales internacionales, cuya creación -ojalá- además de obedecer al principio de justicia, debería contribuir a poner fin a la actual situación de impunidad y a crear ese corpus iuris que sirva por fin no sólo a desenmascarar, siempre y dondequiera, a los criminales de guerra, sino sobre todo a elaborar un código de leyes, un sistema jurídico internacional válido para todos.
Junto con la creación de los tribunales, por lo tanto, preconizamos un sistema de penas efectivamente aplicables y, más que una coordinación policial entre los Estados, la creación incluso de un cuerpo de policía internacional que garantice la persecución del crimen y la condena de los culpables.

Van den Broek
Presidente, tal y como se ha observado hace un momento, el año que viene se rememorará el cincuenta aniversario de la declaración universal y paralelamente también la convención del genocidio, y también hará cincuenta años desde que se le solicitó al comité jurídico internacional de las Naciones Unidas the International Law Commission por primera vez en la reunión general de las Naciones Unidas, que elaborase un proyecto, que preparase un proyecto de estatutos para la creación de una corte internacional de procesos penales. Estamos hablando por lo tanto de una iniciativa que tiene 50 años y que en general ha sido fuertemente respaldada a lo largo de los años por los Estados miembros de la Unión europea. También expresamos el deseo de que el año próximo la conferencia internacional que debe preparar la convención, que debe estar orientada al establecimiento de la corte internacional, se reúna de forma efectiva y que los comités preparatorios para ello sepan resolver los restantes puntos de discrepancia, entre los que se encuentran preguntas como las formuladas hoy por distintos miembros. Ni que decir tiene que, la Comisión europea que no toma parte en estas negociaciones de la ONU en esa disposición, actualmente quiera ser reservada a la hora de hacer declaraciones sobre el alcance de la competencia o de las normas de procedimiento que tendrían que aplicarse en el caso del establecimiento de una corte internacional de este tipo.
Pero al igual que la Comisión también apoyó en su momento el establecimiento de los tribunales para Ruanda y Yugoslavia, nosotros también apoyamos sinceramente todas las actividades que puedan llevar a la realización de esta corte internacional de más embergadura. Una vieja ambición de muchos países y también de muchas organizaciones no gubernamentales que han contribuido al mantenimiento del interés en este asunto. Seguimos agradeciendo al Parlamento que en 1995 tomase la iniciativa de introducir en el presupuesto un partida de 300.000 ecus con los que se puede prestar apoyo a organizaciones no gubernamentales que se están esforzando en el establecimiento de una corte internacional de lo penal permanente. Las actividades respaldadas tienen como resultado una postura europea sobre la cuestión de tal forma que se emiten campañas explicativas y de concienciación para el gran público y se apoyan las acciones mientras se continúa trabajando en el establecimiento de la corte, que debe estar orientada a crear mecanismos de coordinación y cooperación entre las ONGs, los gobiernos, los tribunales ad hoc y las instituciones de Naciones Unidas.
Para concluir, Presidente, creo que para todos nosotros la motivación básica de nuestro apoyo para el establecimiento de la corte internacional es en realidad la misma motivación que estaba en juego en nuestro apoyo para el establecimiento de los tribunales ad hoc. No existe mejor garantía para la prevención de ese tipo de atentados contra la humanidad. No existe ningún método mejor para prevenir que ocuparnos de que cuando se cometan estos crímenes, éstos no queden impunes.
Presidente, en lo que respecta a la financiación del tribunal mismo, le recuerdo que también ha contribuido la Comisión de fondos europeos, no solamente a la realización de los tribunales ad hoc sino también a su funcionamiento, y estoy seguro de que las finanzas no pueden ser el obstáculo por el que se pare todo si se quiere progresar en el establecimiento de esta institución jurídica tan importante.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy, a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0937/97 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Togo; -B4-0949/97 del Sr. Chanterie y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación en Togo; -B4-0952/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo GUE, sobre la situación en Togo; -B4-0988/97 del Sr. Scarbonchi, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Togo.
André-Léonard
Señor Presidente, hace algunos días la Asamblea Paritaria ACP-UE se reunía en Lomé, Togo. Una serie de incidentes ha salpicado esta reunión debido a la negación de violaciones de los derechos humanos, que, sin embargo, Amnistía Internacional había comprobado.
No quiero insistir en estos hechos. Pero deseo expresar claramente que aun cuando el gobierno haya realizado progresos, como la creación de un Tribunal Constitucional, de un Consejo de la Magistratura o de una Comisión Electoral Nacional, estos progresos son insuficientes.
Si Togo desea, al igual que todos nosotros, que se reinicie la cooperación, ello sólo será posible si las elecciones de 1998 se desarrollan con total transparencia. Todas las tendencias políticas, incluyendo evidentemente a la oposición, deberán estar presentes en los debates democráticos y deberán tener acceso a los medios de comunicación, en particular a la radio y a la televisión. Se deberá asimismo garantizar la seguridad de todos y permitir ejercer la libertad de expresión y de reunión.
Finalmente, el gobierno debe aceptar, con ocasión de las elecciones, el envío de observadores internacionales y de expertos en derechos humanos. En estas condiciones, y únicamente en estas condiciones, podremos decir que la democracia en Togo va por buen camino.

Schwaiger
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nosotros tenemos la impresión de que el proceso de democratización se ha estancado a mitad de camino en Togo. Éste se desarrolla siguiendo las normas de la procesión danzante de Echternach: hasta ahora, por cada dos pasos adelante, a continuación se ha dado invariablemente un paso o un paso y medio hacia atrás. Dicho de otro modo, el Presidente del Estado de Togo y su Gobierno parecen indecisos sobre la dirección que debe seguir el país: la de una plena democratización, que a la vez abriría las puertas a un rápido desarrollo político, económico y social de toda la región en esa zona del África occidental, o el retorno a un régimen autoritario, que conduciría al aislamiento y al enfrentamiento interno que ya empieza a manifestarse en el plano político, así como al estancamiento en el plano económico y social.
En cambio, una apertura democrática despejaría al mismo tiempo el camino para la cooperación con los Estados vecinos de Benín, Burkina Faso, Ghana y Costa de Marfil, todos los cuales han cubierto ya amplias etapas en la implantación del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la constitución de una sociedad pluralista.
¿Qué debemos hacer? El fundamento jurídico de nuestra cooperación con Togo es el artículo 5 del Convenio de Lomé. Exigimos el cumplimiento de los derechos humanos, la democracia y las normas del Estado de Derecho. Tenemos que seguir insistiendo en que la reanudación de la cooperación para el desarrollo y también su intensificación sólo serán posibles cuando el Gobierno togolés cumpla dichas exigencias. Ahora se ha presentado el informe de los dos expertos europeos con vistas a la preparación de las elecciones. Nosotros pedimos al Gobierno togolés que examine detenidamente dicho informe y que tome en consideración sus elementos esenciales. El Gobierno togolés tendría que empezar a definir al fin, en colaboración con la oposición, el marco de condiciones y el procedimiento para la celebración de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en condiciones de igualdad de oportunidades para el Gobierno y la oposición. A nuestro parecer, también tendría que ser posible iniciar una acción de mediación en el marco de la Asamblea Paritaria o de nuestra Comisión de Desarrollo, tal como la que realizamos hace dos años con éxito en favor de Mali.

Hory
Señor Presidente, intervengo únicamente en este debate para expresar mi sorpresa, a título personal y en nombre de mi Grupo, por la inscripción de Togo en las urgencias.
Antes de la reunión en Lomé de la Asamblea Paritaria, nuestro Parlamento envió a Togo una misión que llegó a la conclusión de que se reunían las condiciones mínimas para la celebración de esta Asamblea. Por lo tanto, permanecimos una semana en Lomé. Con respecto a su organización, la Asamblea Paritaria se desarrolló perfectamente. En cuanto a la vida democrática del país, todos nosotros celebramos numerosas reuniones con las autoridades del país y con la oposición.
Tuvimos la impresión general de una evolución favorable, marcada por el multipartidismo y la libertad de prensa, aunque el acceso a la televisión debe, sin duda, mejorarse.
En suma -y doy ahora mi impresión personal-, si en Togo existe un defecto, creo que éste se debe, al menos, tanto a una voluntad de desestabilización del exterior como a la longevidad del poder presidencial. De hecho, al final de sus trabajos, la Asamblea Paritaria rechazó una resolución, a pesar de ser muy moderada, por la que se pedía al Gobierno togolés que reforzara las garantías de pluralismo con miras a las elecciones de 1998.
En este contexto, creo que el hecho de inscribir hoy esta cuestión en el debate de urgencia, cuando existen mil problemas urgentes mucho más candentes, constituye une doble afrenta ante nuestros anfitriones togoleses y ante la Asamblea Paritaria, a la que parece desautorizarse. Por eso, a título personal, me abstendré en la votación sobre la resolución de compromiso.

Vecchi
Señora Presidenta, la sesión de la Asamblea paritaria ACP-UE que se celebró hace algunas semanas en Lomé ha permitido a muchos de nosotros tomar contacto con la realidad política de Togo. Como sucede con frecuencia, cuando se empiezan a conocer muchas cosas de un país, nos percatamos de la complejidad de las situaciones y de las dificultades existentes para afrontarlas y resolverlas. Los próximos meses van a ser extremadamente importantes para establecer si Togo se puede encaminar por fin hacia una democratización real.
En realidad, desde un tiempo a esta parte ha empezado el proceso de reformas institucionales y se ha materializado a través de la celebración de las primeras elecciones multipartidistas y de la creación de algunos importantes órganos de garantía constitucional. Me parece, sin embargo, que siguen existiendo dos problemas fundamentales. El primero es lograr que el proceso de reconstrucción democrática pueda seguir avanzando a través de la implicación de todas las partes interesadas y mediante la creación de un marco de «reglas del juego» compartidas por todos. El segundo estriba en que dicho proceso sea real y no sólo una fachada. Evidentemente, el hecho de que el Presidente Eyadema esté en el poder desde hace 30 años y no tenga intención de que se cuestione su papel, representa un obstáculo de cara a la plena actuación de una verdadera democratización del país.
La situación, sin embargo, se ha puesto en marcha; la misma no debe ser enfatizada, pero tampoco negada. Es decisivo, en consecuencia, lo que cada uno, dentro y fuera de Togo, hará en los próximos meses.
Por ello, pedimos a las fuerzas políticas y a las autoridades togolesas que muestren su disponibilidad real de cara a consolidar las reformas democráticas y la construcción de un Estado de Derecho y a crear las condiciones para que se celebren unos comicios efectivamente libres y limpios. A la Comisión le pedimos que siga supeditando la normalización de las relaciones con dicho país al desarrollo de la democratización; a los Gobiernos europeos les pedimos que actúen de forma coherente y que no vuelvan a tomar estériles y peligrosas decisiones, dictadas más por su intereses geopolíticos que por una verdadera voluntad de ayudar al pueblo togolés.

Kellet-Bowman
Señora Presidenta, hablo en nombre de Lord Plumb, que está muy contrariado con esta resolución. Ha tenido que volver a casa, porque su esposa se encontraba enferma. Estoy seguro de que toda la Asamblea deseará a Lady Plumb una rápida recuperación.
Lord Plumb ha estado dos veces en Togo, encabezando una delegación como copresidente de la Asamblea ACP y después para asistir a todo el período de sesiones de la Asamblea Paritaria ACP-UE, ocasión en la que se reunió con el Presidente, el Primer Ministro y representantes de todos los principales partidos de oposición. Subraya que en Togo existe una oposición política activa, que se hace oír y que preside algunas de las más importantes comisiones parlamentarias. Lord Plumb se reunió con dirigentes de ONG, periodistas y ciudadanos de a pie de Togo.
Se ha publicado un informe sobre esa misión, cuya lectura nos recomienda. Togo está saliendo de una difícil situación política y económica. Si bien es evidente que no todo es perfecto en ese país, también es evidente que se han celebrado elecciones, que los partidos de oposición están activos y participan vigorosamente en el proceso parlamentario y que en las calles se venden libremente periódicos de oposición con frecuencia virulentos.
Ciento setenta representantes de 85 países han examinado ese asunto. Los miembros europeos han desempeñado un papel pleno en la Asamblea. Lord Plumb considera que esta resolución que la Asamblea tiene hoy ante sí tiene poco sentido.

Aldo
Señora Presidenta, el 20 de marzo en Bruselas, yo especificaba, en nombre del Grupo UPE, que la particularidad del Convenio de Lomé residía sobre todo en el marco contractual que ofrece al partenariado y que éste debe revitalizarse en el terreno del diálogo político para que nuestra acción sea más eficaz.
Yo mencionaba, además, la constatación unánime del fracaso de este diálogo entre la Unión Europea y los países ACP, a pesar de que, por otro lado, existen suficientes instrumentos. De hecho, he querido especificar que actualmente el grupo ACP no es un verdadero interlocutor del diálogo político para Europa; el diálogo carece de contenido y de claridad.
El debate iniciado desde la elaboración del Libro Verde pone de manifiesto que nuestra cooperación con los países ACP acusa una pérdida de legitimidad tanto dentro como fuera de la Unión Europea, una pérdida de singularidad en el momento en que las preferencias comerciales sufren una erosión continua, y que los países ACP han perdido su primacía respecto a nuestras acciones.
Frente a la creciente preocupación de los países ACP en cuanto al lugar que les reservamos en nuestra política de cooperación con los países menos avanzados, este abuso político respecto a Togo, como ustedes estarán de acuerdo, no está destinado a hacer recobrar la confianza de nuestros socios, sino que crea un profundo malestar en relación con la forma de considerar a unas poblaciones con las cuales existe una deuda histórica.
El Grupo UPE siempre ha sostenido que la cooperación al desarrollo es tributaria del respeto de los derechos humanos y de la democracia, pero lamenta que algunos grupos políticos pidan a nuestro Parlamento que ponga en entredicho el resultado de una votación al que nosotros hemos contribuido.
Este proyecto de resolución que se nos somete ha sido rechazado, el 30 de octubre en Lomé, por la Asamblea Paritaria, tras una votación por colegio y secreta, conforme al reglamento interno de dicha Asamblea. El hecho de cuestionar este resultado entre nosotros, en ausencia de los países ACP, constituye una violación del reglamento interno de la Asamblea Paritaria, que nosotros mismos promovimos, y una falta de consideración frente a nuestros amigos ACP, que el Grupo UPE en modo alguno puede avalar.
En estas condiciones, señora Presidenta, mi Grupo no fomentará este tipo de comportamiento y lo pondrá en conocimiento al conjunto de nuestros socios ACP.

Bertens
Señora Presidente, seamos realistas, Togo no es Guinea Ecuatorial, no es Sudan, ni Somalia y por ello es importante que ofrezcamos a Togo una mano colaboradora. Durante la reunión paritaria ACS-EU tuve la oportunidad, como presidente de la delegación liberal, de tener una entrevista con el presidente y cuatro de sus ministros. A juzgar por la reacción que obtuvimos a preguntas reflejadas en un informe de Amnistía Internacional, me dio la impresión de que las elecciones libres que habían prometido no iban a ser tan libres. No criticamos nada, lo único que hicimos fue preguntar.
El gobierno de Togo es consciente de ello, sabe que el artículo 5 del Acuerdo Lomé es una parte de la política aplazada desde Europa y han dejado bien patente que no tienen gran interés en ello.
La situación debe por lo tanto seguirse intensivamente y por ello pregunto al Comisario: se ha realizado alguna investigación de expertos por encargo de la Comisión y me gustaría que ésta se hiciese rápidamente pública aunque sólo sea para ayudar al gobierno de Togo, ayudar realmente para demostrar que unas libres elecciones en un Togo democrático pueden ser una realidad.

Schörling
Señora Presidenta, queridos colegas, quiero explicar por qué mi grupo no ha firmado esta resolución sobre Togo. No es que no aprobemos el texto de la resolución. Lo hacemos; apoyamos todo lo que esta allí. Es en cambio el procedimiento, o sea, cómo se trata políticamente este asunto, lo que nos despierta dudas.
Hace sólo unas semanas que una resolución con un contenido casi igual se rechazó y desechó por una unánime delegación de ACP en Lomé y Togo. Votar ahora una resolución que tiene aproximadamente el mismo contenido podría dar signos de descrédito para los países de ACP y la delegación de ACP. No sería fructífero para la continuación de una colaboración que se encuentra en una fase muy delicada.
Estuve presente en Lomé y Togo y sé que fueron muchas las resoluciones que se rechazaron, entre otras una resolución sobre Nigeria, donde sí se puede decir que la situación de los derechos humanos y los principios democráticos es mucho más grave que en Togo. Consideramos que sería humillante para la delegación de ACP si justamente ahora votásemos esta resolución.

Souchet
Señora Presidenta, esta resolución sobre Togo representa el arquetipo mismo del falso debate de urgencia. ¿Cuáles son los acontecimientos que, en este caso, justifican la urgencia? No existe ninguno. Esta resolución es, por lo tanto, perfectamente inútil y está totalmente fuera de lugar.
En efecto, ¿por qué insistir sobre Togo apenas tres semanas después de que nuestro Parlamento se pronunciase sobre esta cuestión, primero en el marco de la misión de investigación y luego en el marco de la Asamblea Paritaria Unión Europea-Estados ACP? Esta última, tras un debate extremadamente largo, franco y abierto, no juzgó oportuno aprobar ninguna resolución sobre Togo, al considerar que ello no contribuiría a facilitar el proceso democrático en curso.
¿Acaso queremos poner en entredicho en Estrasburgo las decisiones tomadas por nuestra Asamblea Paritaria en Lomé? ¿Se trataría acaso de un intento de revancha por parte de aquellos que fracasaron en su proyecto de impedir la celebración en Togo de la Asamblea Paritaria, sobre la base, por otra parte, de informaciones no verificadas, y que luego resultaron erróneas, una vez que nos encontramos sobre el terreno?
Togo está realizando, a su ritmo y con perseverancia, el aprendizaje de la democracia y de la cultura democrática; pero este proceso es frágil y nuestro papel no consiste en debilitarlo por medio de declaraciones irresponsables. ¿Por qué, entonces, obstinarse en querer señalar con el dedo a Togo y levantar sospechas sobre el proceso democrático en curso, en lugar de ayudar a un país que pide la ayuda de la Unión Europea para llevarlo a cabo? ¡Acaso África no ofrece otros asuntos dignos de preocupación, mucho más graves, y que curiosamente no figuran en este debate de urgencia! ¿Las matanzas en la República del Democrática del Congo no tendrían que haber sido objeto de un debate de urgencia, tras el nuevo rechazo por parte de las autoridades de Kinshasa de permitir una investigación de las Naciones Unidas? ¿Acaso el problema del terrorismo islámico no tendría que haberse planteado al día siguiente de la espantosa matanza de Luxor? ¿Los nuevos disturbios en el sur de Sudán no tendrían que haber reclamado toda nuestra atención?
No, decididamente, Togo no tiene sitio en este debate. La única verdadera amenaza que pesa sobre este país son las tentaciones de desestabilización desde el exterior y éstas no se mencionan en la presente resolución. Por lo tanto, votaremos en contra del texto que se nos propone.

Amadeo
Señora Presidenta, la teoría del dominio difundida en Asia en los años 60, está repitiéndose en África central. Ya no se trata de una lógica marxista que se infiltraba en los países desestabilizándolos y haciéndolos caer uno tras otro, sino de una desestabilización, paulatina y ya no tan lenta, de todo el continente.
Después de Ruanda, Burundi, Zaire y Congo, también Togo se encuentra sumido en la actualidad en una crisis. Con todo, dicha región centroafricana daba la impresión de avanzar hacia una democratización real, también desde el punto de vista económico, gracias al mantenimiento de los precios de las materias primas.
Estos elementos positivos se convirtieron en más esperanzadores a raíz de la propia situación geopolítica del África negra, que sólo desde hacía pocos años había logrado superar los anacronismos del apartheid y había contribuido a la consolidación de la toma de conciencia de una mayoría indígena en Sudáfrica con la vocación de respaldar a los países más pequeños, animarlos y ayudarlos.
A pesar de esto, una desestabilización constante y paulatina se adueña, por el contrario, de dicha región, una desestabilización producida sobre todo por el papel de las antiguas potencias coloniales europeas, hoy por hoy demasiado vacilantes cuando tienen que elegir entre las preocupaciones de política interior o seguir desempeñando el viejo papel de numen protector. La salvaguardia de los derechos humanos, el desarrollo de la población y la protección de las zonas amenazadas por la crisis exigen, en consecuencia, una redefinición de toda la política europea en el continente.

Van den Broek
Señora Presidente, unas elecciones honestas y libres en Togo son una pauta importante para el futuro del país. La Comisión se ha declarado dispuesta a prestar ayuda técnica y financiera de cara a la preparación y al seguimiento de estas elecciones en Togo. Pero la Comisión solamente hará esa contribución si el gobierno Togolés cumple sus promesas en el terreno de la honestidad, la transparencia y también la seguridad durante el proceso electoral. Y además que establezcan claramente que se ofrecerá a todas las fuerzas políticas la oportunidad de tomar parte en el proceso y con la condición de que garantice el libre acceso a los medios de comunicación al igual que la libre circulación dentro del país y la seguridad.
Esto significa que a criterio de la Comisión debe crearse inmediatamente una comisión electoral nacional en la cual debe estar representada la mayoría de gobierno pero también simultáneamente la oposición. La comisión electoral debe ejercer vigilancia y control sobre todas las actividades dentro del marco del proceso electoral y debe tener competencias especialmente en terreno de la seguridad, más concretamente en la de los candidatos, además de controlar el acceso a los medios de comunicación.
El gobierno togolés ha prometido verbalmente que antes de mes, antes de final de este mes por lo tanto, nombrará los miembros de la comisión electoral y pondrá en marcha el proceso electoral. Esta promesa debe tomar forma dentro del plazo establecido si se quiere ejercer el apoyo de la Comisión de una forma útil.
El Sr. Bertens ha preguntado además por el informe de los expertos que ha sido redactado. En éste se indica cuál es la forma que debería tomar el proceso electoral a los ojos de los expertos si realmente quiere ser honesto y abierto. Incluso entran en una serie de necesidades determinadas y específicas en el terreno técnico y material. Pero la Comisión es de la opinión que el tomar la iniciativa para hacer público el informe es algo que atañe al gobierno togolés. La Comisión ha aconsejado al gobierno que presente el informe a la Asamblea Nacional Togolesa. Espera que su consejo será seguido.
El hecho de remitir el informe llevará a un consenso mayor entre las fuerzas políticas y a una preparación más transparente del proceso electoral, y la Comisión pondrá al corriente al gobierno togolés de la solicitud del Parlamento europeo de hacer público el informe.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B4-0954/97) de los diputados Pailler, Sierra González, Sornosa Martínez, Ojala y Papakyriazis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre el respeto de los Derechos del Niño; -(B4-0968/97) de los diputados Pasty, Azzolini, Baldi, Todini, Caccavale, Hermange, Daskalaki y Andrews, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la defensa de los Derechos del Niño; -(B4-0977/97) del diputado Monfils, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la protección de los Derechos del Niño; -(B4-0980/97) de las diputadas Frutos Gama y García Arias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el respeto de los Derechos del Niño; -(B4-0990/97) de la diputada Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el respeto de los Derechos del Niño; -(B4-0947/97) de los diputados Habsburg-Lothringen, Rübig, Perry, Maij-Weggen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las amenazas económicas contra la prensa en Eslovaquia; -(B4-0976/97) de los diputados Bertens, Thors y Frischenschlager, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la propuesta de aumento del tipo impositivo para los productos de prensa en Eslovaquia; -(B4-0992/97) de las diputadas Schroedter y Van Dijk, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el aumento del IVA sobre las publicaciones de prensa en Eslovaquia; -(B4-0966/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la continuación de la reforma agraria en Filipinas; -(B4-0982/97) de la diputada d'Ancona, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la importancia de la continuación de la reforma agraria en Filipinas; -(B4-0936/97) del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre el encarcelamiento sin juicio en Malasia; -(B4-0967/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el encarcelamiento sin juicio en Malasia.-(B4-0962/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en las Colinas de Chittagong.-(B4-0989/97) del diputado Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en las Colinas de Chittagong.-(B4-0950/97) de los diputados Manisco, Bertinotti, Vinci, Schulz, Barzanti, Alavanos, Pailler, Ghilardotti, Telkämper, Ainardi, Imbeni, Ephremidis, Ribeiro, Baldarelli, Carnero González, Bontempi, Eriksson, CohnBendit, Castellina, Bianco, La Malfa, Theonas, Speciale, Caligaris, Tamino, Marset Campos, Ferri, Novo, Puerta, Carniti, García Arias, McNally, Iversen, Svensson, Ojala, Graziani, Coates, Barón Crespo, Dell'Alba, Scapagnini y Weber sobre el caso de Silvia Baraldino en Estados Unidos.
Respeto de los Derechos del Niño

Monfils
Señora Presidenta, la resolución que discutimos es surrealista. La misma nos incita a celebrar el día del niño del 20 de noviembre y a luchar contra los malos tratos. Ahora bien, la resolución de compromiso ha suprimido de este texto los tres pasajes de la resolución que yo había presentado en nombre del Grupo ELDR relativos a los graves hechos de pedofilia que se habrían producido en la guardería infantil Clovis, que depende de la Unión Europea.
Asistimos, desde hace meses, a la conspiración del silencio. A los padres se les mantiene desinformados de lo que ocurre e incluso la administración les pide que no digan nada al respecto, y se les critica cuando se dirigen a servicios externos a la Unión. El establecimiento no se hace cargo de los niños que habrían sufrido malos tratos.
¿Qué ha sido, pues, de la trasparencia de las instituciones europeas? La Comisión -lamento tener que decirloquiere claramente echar tierra a este asunto. ¡Es inaceptable! En los informes aprobados recientemente condenamos en todas las direcciones: a los que practican la pedofilia, a los explotadores de imágenes pornográficas, a Melchior Wathelet, y no somos capaces de aplicar estas resoluciones en nuestras propias guarderías infantiles.
Lo digo claramente: el comisario responsable -no el Sr. Van den Broek, evidentemente-, el comisario responsable deberá explicarse por las buenas o por las malas, es decir, o bien por iniciativa propia ante los diputados, o bien ante una comisión parlamentaria de investigación, para lo cual presentaremos el texto correspondiente. De lo contrario, es la prensa la que se encargará de llevar a cabo el proceso; lo que, por otra parte, ya ha comenzado a hacer. No se juega, como la Comisión lo hace desde hace mucho tiempo, con la angustia de los padres y con la salud física y mental de los niños.

Karamanou
Señora Presidenta, durante el octavo aniversario de la firma del Convenio de la ONU para los Derechos del Niño, el Parlamento Europeo debería adoptar una postura ante una situación que tiende a adquirir las proporciones de un ciclón que puede barrer cualquier concepto sobre dignidad humana.
Los datos de Amnistía Internacional y de UNICEF son impactantes y registran una triste realidad capaz de quitarnos el sueño. Doce millones de niños mueren cada año por causas que podrían haberse previsto o por malnutrición. En países como Pakistán, Tailandia, India, Brasil, entre otros, doscientos cincuenta millones de niños de edades comprendidas entre cinco y catorce años son objeto de una dura explotación en unas condiciones de trabajo que no corresponden a su resistencia física ni psíquica. En varios países, y de forma paralela al creciente mercado de trabajo, existe un floreciente mercado de explotación sexual infantil, hecho que siempre ocurre en países que se encuentran en vías de desarrollo y que cada vez adquiere mayores dimensiones a través de redes internacionales en las que se incluye el supuesto occidente civilizado. Organizadores de viajes y líneas aéreas dan publicidad de forma abierta al turismo sexual. La plaga de la pederastia y de la prostitución infantil ha extendido sus múltiples tentáculos como si de una moderna Hidra de Lerna se tratase y el número de clientes se encuentra en un aumento continuo. Para poder hacer frente a esta situación se debe romper la ley del silencio, pero, sobre todo, es necesario establecer severas disposiciones para la persecución penal de aquellos agentes turísticos, líneas aéreas, traficantes de sexo y usuarios relacionados con servicios de tal índole.
El Parlamento Europeo envía hoy un mensaje de vigilia y de movilización para erradicar esa vergüenza moderna. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo, los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales deberán utilizar todo el poder que ostentan para salvaguardar los derechos de los niños y proteger los valores y la dignidad humana.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, en este día dedicado a los derechos del niño, tenemos que volver a constatar ese hecho terrible, cual es la violencia de que son víctimas.
Existen 250 millones de niños que trabajan, miles de niños explotados, niños aterrorizados por la guerra, cuando no son reclutados por la fuerza, a los que debemos añadir esos niños que, en el mundo occidental, deben soportar los peores malos tratos.
En las conferencias de Estocolmo y de Oslo se hizo un balance alarmante de la situación y de su evolución. Pero más allá de la condena total y unánime, esta jornada debería también incitarnos a la reflexión.
En el plano institucional, en primer término, ¿qué puede pensarse de esos Estados que han olvidado ratificar el convenio de la ONU sobre los derechos del niño, a pesar de haberse aprobado hace ya siete años? A menudo son los mismos que no garantizan a los niños refugiados la seguridad y la protección debidas. En este sentido, debemos lamentar una vez más que la Unión Europea no haya inscrito en sus Tratados los derechos del niño.
En segundo término, también debemos interrogarnos sobre el lugar que reservamos a los niños en el seno de la sociedad. Los caminos de la democracia y del desarrollo habrían debido conducir a una mayor educación y a una prolongación de la escolarización. La situación es la inversa: en todas partes del mundo existen niños que vagabundean por las calles, que se les hace trabajar, cuando no se les explota sexualmente. Asimismo, mientras que los progresos en el campo de la psicología infantil nos han aleccionado sobre sus necesidades afectivas e intelectuales, ¿cómo puede aceptarse el hecho de que aumente el número de niños que sufren malos tratos, sobre todo en el seno de su familia? Además, hoy el niño se ha convertido en un blanco, en el blanco preferente de los comerciantes. Se le ha cogido a modo de rehén para vender productos destinados a ellos, es cierto, pero también todo tipo de productos. Hemos entrado en la era del niño-objeto.
¿Qué tendremos que hacer, por tanto, para que nuestra sociedad considere al niño como un ser de pleno derecho, un ser al cual debemos transmitir el sentido de lo humano, la felicidad y la esperanza?

Ullmann
Señora Presidenta, señor Comisario, en nombre de mi Grupo político, yo quiero expresar mi satisfacción por la amplitud y claridad de contenido del consenso que existe en esta Cámara con respecto a la importancia de los niños y sus derechos. Por consiguiente, yo puedo manifestar, en nombre de mi Grupo, que apoyamos plenamente las conclusiones 1-9 de la propuesta de resolución.
En mi calidad de diputado alemán, lamento tener que añadir un llamamiento dirigido al Parlamento y al Gobierno federales de mi país para que deroguen de una vez las normas de excepción vigentes en relación con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, como requisito necesario para que el rigor habitual en los procedimientos de expulsión contra las familias y los niños pierda su fundamento jurídico. La actitud de una sociedad hacia los niños y los derechos de los niños revela si ésta eleva a la categoría de derecho el poder de los más fuertes o si hace prevalecer la fuerza del derecho en el trato a los más débiles.
Estas consideraciones también deben hacerse extensivas, obviamente, a los niños de la guardería Clovis, a la que también asiste el hijo de una de mis asistentes.

Amadeo
Señora Presidenta, hace pocos días, un niño de 8 años fue brutalmente violado, matado a palos y, por último, quemado en Italia; sus restos fueron desperdigados. Los autores del delito son tres personas, cuyas características son más similares a las instintivas de las bestias que a las del ser humano; tres individuos que escondían sus bajezas y perversiones detrás de una fachada de respetabilidad social. Éste es el último de una serie de episodios que ha visto como víctimas a unos niños y verdugos y cómplices a enteros núcleos familiares o individuos aislados o grupos de violentos.
Lo que impresiona es el clima de complicidad social que envuelve tales sucesos y el hecho de que estos salgan a la luz sólo después de que ocurre algo irreparable. Reconocidos psicólogos, ilustres sociólogos y eminentes representantes políticos querrían convencerse de que la dimensión del fenómeno no crece respecto al pasado, sino que es más conocida debido únicamente al eco de los medios de comunicación de masas. Ésta, sin embargo, es una mentira piadosa e infame, ya que nunca se habían producido tantos casos de actos de violencia contra los menores en otras épocas históricas como en la nuestra. El supuesto ideológico de la izquierda de que cualquier mensaje inherente a temas sexuales, incluso el más retorcido, tiene derecho a existir, se ha revelado trágicamente erróneo, habida cuenta de que no todos los que lo perciben cuentan con las mismas defensas culturales y sociales y no todo el mundo tiene la misma capacidad de contener sus impulsos instintivos. Todos los «solones» falsamente progresistas que querían liberar la sexualidad de las cadenas de la hipocresía, según ellos burguesa, no sólo no han liberado nada, sino, puesto que la sexualidad se ha manifestado de formas diferentes, pero fundamentalmente similares en todas las épocas, sólo han logrado que los individuos más débiles y con limitados frenos inhibidores consideren el sexo como un bien de consumo que debe obtenerse a cualquier precio, también a través del dinero y la violencia.
Prensa en Eslovaquia

El Presidente
Señor von Habsburg, ya le felicitamos ayer, pero tengo entendido que hoy celebra usted su cumpleaños y esto me ofrece la oportunidad de volver a expresarle mi más sincera felicitación.

von Habsburg
Muchas gracias por sus palabras, señora Presidenta. Yo tengo la satisfacción de poder comunicarles también una buena noticia. Acabamos de recibir una comunicación a propósito de nuestra propuesta de resolución sobre las medidas del Gobierno eslovaco contra la prensa de ese país. El Parlamento eslovaco ha decidido retirar dichas medidas en su mayor parte y reformularlas en unos términos que nos permiten pensar que se acaba de ganar una importante batalla en favor de la libertad de prensa en Eslovaquia.
Esto es muy importante, pues demuestra una vez más que si se dedica seria atención a un tema se obtiene un resultado favorable. Es una satisfacción para nosotros que haya ocurrido así, pues el pueblo eslovaco es uno de los más simpáticos de Europa. Es un pueblo bueno que ha sufrido mucho a lo largo de su historia y a pesar de todo sigue manteniéndose fiel a su fe y a su patria. Ahora tiene un Primer Ministro que por desgracia desarrolla una política muy lamentable y que mantiene una actitud que no podemos aprobar en absoluto precisamente en el contexto de las relaciones con las minorías. Por esto, Eslovaquia ha quedado rezagada en las negociaciones con la Unión Europea, si bien con un Primer Ministro más adecuado sin duda habría tenido mejor suerte.
Lo ocurrido indica que al menos se está avanzando en la dirección adecuada y nos permite manifestar que la resolución ya no es necesaria. Habida cuenta de nuestras anteriores experiencias con el Sr. Meciar, volveremos a retomar de inmediato el tema si no se cumple la decisión del Parlamento. Sirva esto como señal de que, por nuestra parte, vamos a actuar. Al mismo tiempo, también debe servir como una indicación al pueblo eslovaco de que si Eslovaquia sigue una política que se ajuste a nuestras normas, las puertas de la Unión Europea estarán totalmente abiertas para ella. En este sentido, puedo anunciar, al menos en nombre del primer firmante de la propuesta de resolución, esto es, de mi hijo, que está sentado aquí a mi lado, que retiramos dicha propuesta de resolución, pero con la voluntad de volver a presentarla en diciembre si el Sr. Meciar no cumple la decisión del Parlamento.

Thors
Señora Presidenta, según mi información, la situación no es, por desgracia, tan buena como el Sr. von Habsburg ha dicho. Sólo una comisión del Parlamento eslovaco ha propuesto la modificación de la propuesta de aumento del umbral del tipo del IVA al 23 %. El resto del Parlamento parece dispuesto a votar mañana sobre el 23 %. Conque el optimismo es, por desgracia, prematuro. Me propongo retirar mi propuesta, porque es importante que ejerzamos presión cuando se acercan las elecciones. Los periodistas del país están muy inquietos. El partido del gobierno podría y debería hacer algo, pero hasta ahora nada hemos sabido. La decisión oficial en el parlamento en nada ha cambiado la situación. Así, pues, voy a retirar mi resolución.
Al mismo tiempo, deseo preguntar a la Comisaria si, a la luz del reciente memorando sobre la situación lingüística, considera que la propuesta del Gobierno de no hacer nada ha aproximado más a Eslovaquia al cumplimiento de los criterios para la adhesión a la Unión Europea. Sabemos que ahora hay una ley muy precisa sobre las lenguas en el nivel estatal, pero sólo referencias constitucionales respecto de la situación de las diferentes minorías.

Van Dijk
Presidente, me uno a la Sra. Thors ya que la información reciente que acabo de recibir a través del presidente de la delegación eslovaca implica ni más ni menos lo que acaba de explicar la Sra. Thors. No es seguro de ningún modo que el parlamento eslovaco vaya a descartar la propuesta de subir el IVA sobre las publicaciones al 23 por ciento. Como consecuencia tenemos que decir que éste es un tipo de impuesto que conducirá, ya que todos los impuestos son siempre muy reguladores, a que se lean menos periódicos y revistas lo cual es una amenaza fuera de lo común, no solamente para la libertad de prensa sino también para la democracia. Además tengo que añadir que me parece molesto que la propia Oficina de este Parlamento acabe de decidir poner todo tipo de restricciones a los periodistas. Entre tanto se podría llegar a pensar que uno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, no obstante quisiera recalcar que lo que pasa en Eslovaquia no se puede tolerar al igual que tampoco se puede tolerar lo que sucede aquí.

Bösch
Señora Presidenta, yo no comparto plenamente la valoración de nuestro homenajeado de hoy, el Sr. von Habsburg, sobre diversos aspectos que ha mencionado, pero en cambio suscribo por completo su declaración de que hoy hemos recibido una buena noticia. Yo pienso que la información procedente de fuentes europeas, que nuestra información, nos indica que deberíamos responder con una señal positiva a esta acción de Eslovaquia. Sería una decisión acertada no someter hoy a votación la propuesta de resolución. En nombre de mi Grupo político, yo retiro nuestra firma de la propuesta de resolución común. Si ésta se somete a votación, el Grupo socialista actuará en consecuencia. Yo me alegro mucho de que se haya producido este cambio. Es una señal de que también con un país como Eslovaquia es posible avanzar en el desarrollo de las relaciones mutuas en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que no deberíamos poner en peligro este progreso ni influir negativamente sobre el mismo con la adopción de una posición que luego ya no podremos modificar. Por esto, yo les pido que procedamos tal como acabo de exponer.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, sólo me queda sumarme a la propuesta del orador que me ha precedido. Me siendo un poco avergonzado frente a la Sra. Thors, pues siempre me he considerado un defensor de la línea dura y ahora ella la defiende, de hecho, con mayor firmeza que yo. Yo pienso que la noticia que hemos recibido es favorable y creo que deberíamos tomar en consideración que la delegación interparlamentaria para las relaciones con Eslovaquia se reunirá la semana próxima. Después de haber recibido esta información favorable, debemos esperar que se confirme y que la semana próxima la delegación tenga la oportunidad de examinarla. Yo también opino que deberíamos mantener la posibilidad de volver a abordar con mayor contundencia esta cuestión el mes entrante si la información no se confirma. Pero de momento, yo quiero manifestar en nombre de mi Grupo político que retiramos nuestra firma de la propuesta y que actuaremos en consecuencia en el momento de la votación.
Reforma agraria en Filipinas

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, lo que está ocurriendo en Filipinas no deja de ser interesante. Existe un Ministerio de Reforma Agraria -la Unión Europea participa desde 1986 en el programa con una aportación de decenas de millones- y al Ministro no se le ocurre nada mejor que volver a repartir entre los terratenientes tierras que ya se habían entregado a los campesinos. Simultáneamente, un dirigente campesino, Romeo Cortez, y Gaudencio Devaras, un dirigente comunitario, fueron secuestrados por miembros de las fuerzas de combate. Los campesinos han conseguido esta vez, mediante una huelga de hambre, que el Presidente Ramos les devuelva las tierras. Debemos instar a la Comisión a que insista para que en Filipinas se desarrolle una política coherente. Yo puedo decirles por la experiencia de mi propio trabajo con campesinos sin tierras en Brasil que esto puede llevar muy rápidamente a un país al desastre y hasta a una guerra civil. Es lo mismo que estamos viendo en Colombia; estos enfrentamientos son muy duros y, puesto que aportamos recursos financieros, debemos exigir que se acabe esta situación.

Newens
Señora Presidenta, hay, por desgracia, una larga historia de lucha por la redistribución de la tierra a los pobres y los que carecen de ella en Filipinas, pero su enconamiento no ha disminuido en los últimos años. El hecho de que la Unión Europea haya dedicado fondos muy considerables para contribuir a la aplicación de la amplia ley de reforma agraria subraya la importancia que le hemos atribuido.
Sin embargo, ha habido, por desgracia, graves contratiempos que han impedido su aplicación y la reciente huelga de 20 agricultores en Manila por la devolución de tierras a un gran terrateniente lo ilustra. Sin embargo, ése es tan sólo uno de los casos de distribución de tierras que después se han devuelto a sus antiguos dueños.
Otra cuestión que preocupa profundamente es la desaparición de dirigentes populares -R. Cortez y G. de Varez-, lo que demuestra que hay fuerzas dispuestas a utilizar la violencia e impedir la reforma agraria. También se han notificado casos de torturas.
Esta resolución es un llamamiento al Presidente Ramos y a su Gobierno para que mantengan totalmente la política de reforma agraria contra toda oposición y para que velen también por que se investiguen cumplidamente todas esas desapariciones. Se debe poner fin a todos esos actos y el Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para oponerse a ellos y, a ser posible, se debe pedir cuentas a los responsables de ellos.
Esta resolución pide, además, al Presidente y a su Gobierno que adopten medidas respecto de otras cuestiones. Nos oponemos a la pena capital y esperamos que se conmuten las penas de muerte impuestas a algunas personas en este momento. El Parlamento Europeo ha estado muy interesado en apoyar el desarrollo democrático en Filipinas a lo largo de los años y esperamos encarecidamente que se tome muy en serio esta resolución nuestra de hoy.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.
Malasia

Bertens
Señora Presidente, recientemente diez políticos activistas han vuelto a ser arrestados en Malasia por su creencia islamita y esto en base a la ley de seguridad interior. Por lo demás este es el enésimo ejemplo de la falta de respeto a los derechos humanos fundamentales en Malasia. Experiencias en Argelia y Egipto muestran que la opresión no es la respuesta a otras creencias religiosas.
La ley de seguridad interior es una ley que se aplica claramente por las autoridades de Malasia contra cualquier otra expresión incluso de oposición política. Ese mismo gobierno ha prometido en diversas ocasiones introducir cambios en esta rigurosa ley, pero eso no ha sucedido nunca. A finales del mes pasado fueron organizadas grandes demostraciones por las ONGs, Amnistía internacional entre otras, para la abolición de la ley. Nosotros apoyamos naturalmente este llamamiento y creo que un estado democrático necesita un ordenamiento jurídico independiente.
La Unión, el Parlamento y la Comisión deben llegar a acuerdos con Malasia, posiblemente en relación con ASEAN, tratar de plantear los arrestos recientes y abogar por que se proceda a su liberación o que su enjuiciamiento sea justo.
Colinas de Chittagong

Dupuis
Señora Presidenta, el problema de las Colinas de Chittagong no es muy conocido, pero se trata de una extensa región, relativamente poblada; una región algo abandonada del mundo, podría decirse, en la que se plantea desde hace largos años, desde hace treinta, cuarenta años -en realidad, después de la división de la India tras la guerra-, un problema al que nunca se le ha hecho frente con la energía y la voluntad necesarias.
La utilidad más importante de esta resolución es, en mi opinión, dirigir una petición amistosa al Gobierno de Bangladesh para que haga frente, decididamente, al problema que afecta a esta región, para que, en cierto modo, se lo "quite de encima», y conceda una autonomía real -autonomía, que no independencia- a las poblaciones de esta zona de su territorio. Se trata de poblaciones muy específicas, con tradiciones muy específicas; y al resolver esta cuestión, el gobierno podría quizá dedicarse con mayor energía a otros problemas que afectan a su gran país.

Newens
El conflicto en las Colinas de Chitagong surgió por los intentos del anterior gobierno de asentar parte de sus poblaciones en expansión en esa zona sin tener en cuenta lo más mínimo los derechos de los pueblos indígenas ni respetar la autonomía de que en tiempos disfrutaron. La resistencia de dichos pueblos y los brutales intentos de los anteriores gobiernos de Bangladesh de aplastarlos provocaron violaciones flagrantes de los derechos humanos de las que con frecuencia eran víctimas personas ajenas a los combates. Gran número de miembros de la población original perdieron la vida y muchos de los supervivientes se vieron obligados a huir. Aún hay miles de ellos pudriéndose en campos de refugiados.
El actual Gobierno de Bangladesh, el gobierno de la Liga Awami, tiene el gran mérito de haber procurado concertar un acuerdo de paz y el 26 de noviembre se celebrará la séptima ronda de conversaciones para ese fin. Es triste que los partidos de oposición de Bangladesh se opongan a ello, porque ofrece la única esperanza real de poner fin a ese terrible conflicto.
La causa fundamental del problema es la superpoblación de Bangladesh y con frecuencia los colonos proceden de familias muy pobres que aspiran a una vida mejor. Reconocemos este problema. Sin embargo, resulta totalmente inaceptable que no se reconozcan plenamente los derechos a la tierra de la población indígena. Se debe permitir a los refugiados regresar en condiciones que les permitan volver a asentarse, preferentemente las que figuran en el conjunto de medidas económicas en 20 puntos. Redundará en beneficio no sólo de los pueblos indígenas de esa región, sino también de todos los pueblos de Bangladesh que se llegue a una solución para ese conflicto, muy costoso en vidas y recursos, y se restablezca la paz.
Hago un llamamiento a esta Asamblea para que apoye la resolución y para que la Unión Europea y la Comisión hagan todo lo posible con vistas a supervisar ese proceso y prestarle asistencia.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero agradecer como es lógico al autor de la propuesta, Sr. Dupuis, pero también al Sr. Newens, que se hayan referido sobre todo a la política de asentamientos en la zona. Yo creo que nos encontramos ante un gran problema, que no se da sólo allí, sino en muchas otras zonas, donde los habitantes originarios tienen un derecho genuino a su suelo y su tierra, que representa su cultura, su vida, todo cuanto constituye su existencia, y por el mero hecho de no poseer un título que acredite su derecho originario, las leyes de Bangladesh establecen ahora que sólo quienes dispongan del correspondiente título tendrán derecho a la tierra y en la mayoría de los casos éstos son los pobladores que se instalaron allí en un momento posterior.
En 1947 había unos 10.000 pobladores no originarios de las Colinas de Chittagong. En 1977 éstos eran alrededor de 100.000 y actualmente ya suman un número de siete cifras. Es evidente que se está impulsando una política muy masiva en este sentido, la cual debemos manifestar, de hecho, que atenta contra los derechos humanos fundamentales y, por consiguiente, el Parlamento Europeo, que invierte mucho en Bangladesh, debe pronunciarse claramente en favor de los derechos del pueblo jumma .
Silvia Baraldini

Manisco
Señora Presidenta, con el corazón compungido volvemos a alzar nuestras voces en defensa de los derechos humanos de una presa política en los Estados Unidos: la ciudadana italiana y europea Silvia Baraldini, enferma en la prisión de Danbury (Connecticut), después de haber cumplido 14 años y medio de una pena de 43 años por su asociación, cuando era joven, con un movimiento revolucionario afroamericano.
En su acusación y condena no se indicó una participación personal en actos de violencia que provocaran derramamiento de sangre. En la denegación de su apelación, hace cuatro meses, por la junta local de libertad condicional leímos que tuvo presuntamente conocimiento previsible de los crímenes que cometían las personas con las que estaba asociada. Nótese: no «conocimiento», sino «conocimiento previsible »: se trata de una idea muy peculiar, en verdad, de la culpabilidad, según nuestros criterios de justicia.
No tenemos la intención aquí de criticar el sistema judicial de los Estados Unidos ni de inmiscuirnos en él. El objeto de esta resolución -la tercera en tres años- es la de pedir a nuestros amigos americanos que cumplan lo dispuesto en un tratado internacional -el Convenio de Estrasburgo sobre el traslado de presos extranjeros a su país de origen-, tratado firmado y ratificado por Italia y los Estados Unidos.
No pedimos la libertad de la Sra. Baraldini, sino su traslado a una cárcel italiana donde al menos pudiera visitarla su madre, que cuenta 80 años de edad. Pedimos un acto de compasión por razones humanitarias. Durante su largo encarcelamiento ha sido operada en dos ocasiones de cáncer del útero. Hace siete años perdió en circunstancias trágicas a su hermana Marina, funcionaria muy estimada de las Comunidades Europeas en Bruselas. Desde el pasado mes de julio su estado físico y psicológico ha ido deteriorándose rápidamente, al tiempo que las normas y condiciones de su encarcelación están resultando cada vez más estrictas e insoportables.
Pedimos a las autoridades americanas que no hagan caso omiso, como hasta ahora, de los llamamientos y resoluciones de esta Asamblea, del talante y las emociones de la opinión pública y europea. El traslado de la Sra. Baraldini a Italia sería no sólo un acto de justicia y humanidad, sino también una gran contribución al diálogo transatlántico que ha predominado en nuestros debates en este período de sesiones del Parlamento Europeo.

Vecchi
Señora Presidenta, el caso de Silvia Baraldini se ha convertido en un símbolo de la lucha en pos del reconocimiento a escala internacional de los más fundamentales principios de justicia y libertad, así como del respeto de los derechos humanos.
Conforme van pasando los días, la vida de Silvia Baraldini está cada vez más en peligro debido a una condena absurda y absurdamente larga y a causa de las terribles condiciones de reclusión y presión psicológica. Cada día que transcurre sin que se resuelva el problema del traslado de Silvia Baraldini a una cárcel italiana, la credibilidad interna e internacional de los Estados Unidos y de su sistema judicial quedan cada vez más en entredicho.
El Parlamento Europeo sigue formulando en la resolución que estamos a punto de votar la misma solicitud cursada anteriormente, una solicitud muy simple, es decir, que se aplique al menos el Convenio de Estrasburgo y Silvia Baraldini pueda regresar, aunque detenida, a su país. Confiamos en que las autoridades políticas y judiciales estadounidenses respondan a una solicitud de justicia que encuentra un consenso unánime en Europa.

Filippi
Señora Presidenta, ya se ha dicho todo. No es la primera vez que nos ocupamos del caso de Silvia Baraldini en este Parlamento. Confiamos en que esta vez nuestra toma de posición surta mejores efectos que en el pasado. Otra nueva razón es la ampliación de la reclusión, así como el agravamiento del estado de salud de Silvia Baraldini. Estas son las razones que, por su gravedad, se añaden a los argumentos que los Sres. Manisco y Vecchi acaban de aducir.
Por ello, también en nombre de mi Grupo, apoyo la propuesta de resolución presentada por el Sr. Manisco.

Van den Broek
Señora Presidenta, permítame comenzar respondiendo a las intervenciones referentes a los derechos del niño y expresar que la Comisión es de la misma opinión que el Parlamento de que el abuso de niños indefensos pertenece a la clase de delitos más repugnantes y condenables y que deben ser combatidos con todos los medios posibles. También la Comisión está involucrada activamente en la lucha contra este mal y sobre todo en la lucha contra la trata de niños y contra el abuso infantil de acuerdo con la "aide-mémoire» que la Sra. Gradin envió en septiembre de 1996. A nivel de los Estados miembros, el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores ya dio su aprobación el 24 de febrero de 1994 a una estrategia común para combatir la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños.
Aparte de esto, la Comisión está investigando actualmente las posibilidades de un enfoque europeo del problema de los niños desaparecidos. Además, la Comisión gestiona el denominado "programa STOP», una acción común de los Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores de 1996, en cuyo marco se han destinado para un periodo de cinco años un total de seis y medio millones de ecus como apoyo a las personas que por su trabajo son responsables de, entre otras cosas, la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños. Por lo tanto, pensamos en programas de apoyo a los jueces, a los responsables del mantenimiento del orden jurídico y a los asistentes sociales.
Aparte de esto, también existe la denominada "iniciativa DAPHNE», en base a la cual se destinan al año tres millones de ecus para ayudar a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de voluntarios en la lucha, entre otras, contra la violencia de que son víctimas los niños.
La Comisión, al mismo tiempo, está llevando a cabo una política contra el turismo sexual infantil. La Comisión está a punto de aprobar una comunicación referente a un plan de acción para fomentar el uso seguro de Internet. Este plan de acción estimulará, entre otras cosas, medidas para actuar contra contenidos ilegales tales como la pornografía infantil.
En su política exterior, la Comisión Europea participará activamente en relación con el problema más general del trabajo infantil. Está incluído en la agenda de la 86ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo que se celebrará en junio del año que viene en Ginebra.
Según la Organización Internacional del Trabajo, forman parte de las formas intolerables de trabajo infantil, la utilización, la contratación o el ofrecimiento de niños para la prostitución o las exhibiciones pornográficas.
Finalmente, la política exterior de la Unión Europea abarca también programas de defensa de los derechos humanos en cuyo marco también se destinan medios para la lucha contra la explotación sexual de niños. Antes de dar punto final al tema del abuso infantil, Presidenta, una breve respuesta por mi parte sobre una serie de observaciones que se han hecho esta tarde sobre lo ocurrido en la guardería Clovis, donde, como se sabe, también van niños de funcionarios de la Comisión Europea. Quisiera resaltar, en primerísimo lugar, que se trata de un asunto muy lamentable sin duda, pero cuya investigación está a cargo de las autoridades judiciales belgas y que el Fiscal General en Bruselas inició la investigación judicia a mediados de junio de este año y que esta investigación se está llevando a cabo todavía.
En segundo lugar, les comunico que el 14 de noviembre el Fiscal General hizo una declaración ante la prensa en la que dijo que hay una buena cooperación con la Comisión Europea en esta investigación y en la que señaló que se necesita discreción mientras la investigación no haya finalizado, discreción y reserva que han buscado los padres de los niños en cuestión.
Finalmente, el comisario que tiene la responsabilidad del personal y de la administración, el Sr. Erkki Liikanen, también ha mantenido una conversación con los padres afectados. Quisiera quitar la equivocada impresión de que la Comisión se esconde de alguna forma para no asumir una responsabilidad que, en primerísimo lugar, no recae en la Comisión, sobre todo porque se trata de un tema tan sensible con el que la Comisión por supuesto se siente muy comprometida.
A continuación el tema que aquí se ha debatido: la libertad de prensa en Eslovaquia. Permítame comenzar por sumarme a las felicitaciones dirigidas al Señor von Habsburg a quien también me gustaría felicitar en nombre de la Comisión por su 85 cumpleaños y añado el deseo que perdure muchos años más para el electorado europeo. Permítame expresarlo así.
Presidenta, en lo que respecta a la prensa en Eslovaquia, por lo visto están circulando diferentes noticias en este momento referentes a la suerte que corre la propuesta del gobierno eslovaco de subir el IVA de la tarifa baja del 6 % al 23 % de los periódicos, entre otras cosas. Desconozco también el resultado final, aparte de saber que se está debatiendo ahora en el parlamento eslovaco. Quiero sumarme enérgicamente a las observaciones que se han hecho desde el Parlamento y limitarme en esta fase a la observación de que no podemos hacer otra cosa que expresar hacia el parlamento eslovaco y hacia el gobierno eslovaco que nos gustaría hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que surjan dudas sobre el esfuerzo del gobierno eslovaco por proteger los derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y evitar que haya dudas respecto al esfuerzo del gobierno eslovaco de no descuidar de ninguna forma estos principios fundamentales que también representan un valor muy alto para la Unión Europea. Al mismo tiempo expresamos nuestra esperanza de que el parlamento eslovaco mantenga contactos tanto con la asociación eslovaca de editores como con la prensa eslovaca antes de adoptar una decisión definitiva sobre esta propuesta.
Quiero decir también en la dirección del Sr. von Habsburg que la Comisión, que si bien ha sido crítica en la Agenda 2000 en lo que respecta a su opinión sobre la situación política en Eslovaquia, no ha sacado de ello la conclusión de que Eslovaquia no formará parte de Europa, de que Eslovaquia no recibirá ayuda ni apoyo siempre y cuando el gobierno eslovaco esté dispuesto a tomar en serio los principios básicos de la democracia. En este aspecto, Bratislava puede seguir contando con nuestro esfuerzo y apoyo. La Comisión seguirá prestando mucha atención a este asunto también en el ámbito de los acuerdos de asociación con Eslovaquia. Como punto final, expreso la esperanza de que también Eslovaquia pertenezca en un futuro próximo a los que políticamente no son objeto de críticas en este aspecto cuando se trate de evaluar su solicitud de ingreso como miembro de la Unión Europea.
En lo que respecta a la situación en Malasia - me parecía que el Sr. Bertens ya había tenido la palabra sobre este tema -, también nos gustaría que los temas relacionados con la ley de seguridad interior puedan seguir siendo discutidos con el gobierno de Malasia. Permítame decir lo siguiente. En el marco de la discusión sobre Malasia y otros países de la ASEAN ya se formuló en esta Casa la pregunta de hasta qué punto nuestra relación con esos países es dominada, por ejemplo, por las cláusulas de derechos humanos que incorporamos actualmente en todos nuestros acuerdos exteriores con países terceros. El Sr. Bertens sabrá, con respecto a la ASEAN, que la cooperación está institucionalizada por medio de un acuerdo firmado en 1980, del que se ha manifestado ya varias veces que debería ser modernizado y adaptado a las circunstancias actuales y a las relaciones con los países de la ASEAN. Esto implica a su vez que dicho acuerdo nuevo debería contener también este tipo de cláusula de derechos humanos. Hasta ahora llegar a un nuevo acuerdo no ha sido tanto un problema por parte de la ASEAN como un problema del Consejo Europeo ya que los problemas de Timor Oriental juegan todavía un papel en todo esto.
Presidenta, espero en todo caso que al final se superen los obstáculos y que se solucionen esos problemas. Y déjeme añadir que hasta ahora en todo caso no hemos experimentado ninguna resistencia por parte de Malasia a discutir estos temas, tampoco cuando se trataba de asuntos delicados relacionados con los derechos humanos.
Ahora el tema de las "Colinas de Chittagong» de Bangladesh, Señora Presidenta. Parece que en las actuales conversaciones de paz, y ha habido seis rondas de negociaciones desde octubre del año pasado, parece que se haya logrado en esas negociaciones que dirige la comisión nacional para las "Colinas de Chittagong», cerrar el abismo entre los puntos de vista del gobierno y de los líderes rebeldes. La Comisión Europea sigue día a día el proceso de paz a través de su delegación en Dhaka. Cuando se haya firmado el acuerdo, la Comisión tomará en consideración apoyar la ejecución del proceso de paz, por supuesto contando con todos los implicados. El gobierno de Bangladesh aprecia el interés en el apoyo del proceso de paz de la Unión y de otros países asociados para el desarrollo y además, naturalmente, la prestación de ayuda financiera para la acogida de los refugiados repatriados y para la reintegración de los bengalís en "Chittagong». A pesar de todo, el gobierno de Bangladesh, dado lo delicado de la situación, ha pedido esperar a los donantes internacionales hasta que el acuerdo de paz sea operativo y que se haya estabilizado la situación. Un mínimo de estabilidad política y suficiente seguridad son necesarios naturalmente antes de examinar cómo se puede llevar a cabo la reintegración y cómo se puede establecer y realizar la ayuda al desarrollo.
Como punto final, Señora Presidenta, la suerte de la Sra. Silvia Baraldini. Ya se ha hablado varias veces de esto en esta Casa. Sabemos que de hecho no podemos decir otra cosa que se trata en primerísimo lugar de un asunto bilateral entre los Estados Unidos e Italia. Me sumo, sin embargo, en nombre de la Comisión a los que han señalado que esto parece un caso claro en que es aplicable el Convenio de Estrasburgo, que fue ratificado por los Estados Unidos e Italia. Apreciaríamos por lo tanto, que se respetara el contenido de ese Convenio.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, creo que el señor Comisario se ha olvidado de exponer su posición en relación con Filipinas. Yo al menos no le he oído y desearía recibir alguna información al respecto.

Van den Broek
Pido disculpas, Señora Presidente, pero al leer la resolución había entendido que en primer lugar estaba dirigida al presidente Ramos y no a la Comisión Europea para pedir apoyo. Por eso no he preparado ninguna respuesta. Pero sí estoy dispuesto a releer la resolución, mientras se pasa al siguiente tema del orden del día, para ver si hay motivo de responder para la Comisión. Pero no me atrevo a hacerlo de forma irresponsable y sin preparación.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Supongo que el Sr. Kreissl-Dörfler estará de acuerdo.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B4-0932/97) de las diputadas Frutos Gama y García Arias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre las inundaciones catastróficas en la comunidad autónoma de Extremadura; -(B4-0957/97) de los diputados Puerta, Carnero González, González Álvarez, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Alí, Sierra González, Gutiérrez Díaz y Sornosa Martínez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre las graves consecuencias de los temporales en España; -(B4-0991/97) de los diputados Novo Belenguer y González Triviño, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las inundaciones en Badajoz; -(B4-0933/97) de los diputados Miranda, Novo, Ribeiro y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre las graves consecuencias del temporal en las Azores; -(B4-0981/97) de los diputados Marinho y Correia, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los temporales en las Azores; -(B4-0939/97) de los diputados Miranda, Novo, Ribeiro y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre las gravosas consecuencias del temporal en Portugal; -(B4-0969/97) de los diputados Azzolini, Pasty, Cardona y Rosado Fernandes, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los temporales en Portugal; -(B4-0983/97) de los diputados Marinho, Apolinário, Torres Marques, Torres Couto, Barros Moura, Lage, Campos, Moniz y Correia, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los temporales y lluvias en el sur de Portugal; -(B4-0956/97) de los diputados Capucho, Galeote Quecedo, Costa Neves, Camisón Asensio, OomenRuijten y Martens, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las recientes inundaciones en las regiones de Extremadura (España), Alentejo (Portugal) y Azores (Portugal).
España

Mohamed Alí
Señora Presidenta, una vez más los efectos devastadores del agua son objeto de una resolución de urgencia en este Parlamento. Las tempestades han vuelvo a dejar a su paso un reguero de víctimas mortales, heridos y desaparecidos en España y en Portugal. Si bien es cierto que este tipo de tragedias son difícilmente evitables en su totalidad, no es menos cierto que la magnitud de las mismas habría podido tener un carácter menos grave, si se hubiesen adoptado a su debido tiempo determinadas medidas.
No es por casualidad que este tipo de catástrofe se cebe en aquellos lugares más deprimidos de la geografía europea. Sin embargo, lo acontecido en Melilla -este lunes- tras la ruptura de un depósito de agua de 20.000 m3 ha sido la historia de una tragedia anunciada. 9 muertos, 41 heridos e incalculables daños materiales constituyen el balance provisional de este desastre que lejos de ser fruto de la fatalidad, lo es de la pura negligencia. No quiero hacer hoy aquí un alegato de responsabilidades que en cualquier caso deberán ser dilucidados por las autoridades españolas, sino aprovechar este foro desde mi doble condición de diputado europeo y ciudadano de Melilla para solicitar de la Comisión Europea ayuda urgente a las familias de las víctimas, a aquellos que han perdido total o parcialmente su vivienda o sus comercios y, en definitiva, a todos aquellos que de una forma u otra han tenido pérdidas materiales.
Por otro lado, quiero invitar a la Comisión a que junto con las autoridades españolas establezcan un plan de rehabilitación de las zonas afectadas por las catástrofes y destine fondos necesarios para la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y, en el caso de Extremadura, aquellas instalaciones agrícolas, ganaderas y turísticas que hayan sido afectadas.
Por último, quiero aprovechar mi intervención para solicitar a la Comisión que estudie la posibilidad de revisar la normativa medioambiental comunitaria con objeto de que a las preceptivas fichas de impacto medioambiental les acompañen estudios de riesgo para la población como consecuencia de una determinada intervención que altere el medio ambiente. De buen seguro, tragedias como la ocurrida por los desbordamientos de ríos en Extremadura o la riada de Melilla pueden ser evitables a poco que las autoridades de los Estados miembros y la Comisión pongan más celo en el ejercicio de una de sus responsabilidades más importantes: »la seguridad de todos los ciudadanos».
Azores

Novo
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, después de haber pedido a este Parlamento, en la sesión de Bruselas del pasado día 4, que enviase el testimonio de nuestro pesar a la población de Ribeira Quente y de haber presentado, en la Presidencia de este hemiciclo, una propuesta de resolución urgente para que adoptáramos medidas que pudieran atenuar los efectos del temporal que asoló las Azores, vastas regiones continentales de mi país -el Alentejo, Algarve, la zona metropolitana de Lisboa, Setúbal, el valle del Tajo- fueron también asoladas por temporales devastadores.
Por desgracia, hay que lamentar más víctimas mortales. Los temporales causaron, señora Presidenta, Señorías, 41 muertos y desaparecidos en Portugal, además de muchos heridos. Los daños privados, públicos y empresariales ascienden, según cálculos aproximados y relativamente modestos, a más de 10.000 millones de escudos. La enorme cadena de solidaridad popular, que de inmediato se estableció de un extremo a otro de Portugal, constituye un hecho digno de mención y de alabanza que quisiera mencionar ante este hemiciclo. Palabras de idéntico tenor dirijo a las cámaras, a sus servicios respectivos y a los bomberos.
Pedimos hoy aquí un apoyo financiero de la Comisión, además de los instrumentos existentes, destinado a atenuar los efectos de la catástrofe y a paliar los dramas humanos que ocurrieron. Pedimos también, pedimos sobre todo, en mi opinión, que la Comisión, junto con las diversas autoridades de mi país, establezca una metodología de apoyo financiero, de apoyo y colaboración técnicos, tecnológicos y de investigación, que permita prevenir y evitar la repetición de los efectos devastadores de temporales cuya existencia no está, por desgracia, en nuestras manos evitar.

Correia
Señora Presidenta, señor Comisario, una vez más y en un lapso relativamente corto, la región autónoma de las Azores fue violentamente fustigada, en la madrugada del 31 de octubre pasado, por vientos ciclónicos y lluvias torrenciales, con particular incidencia en la parroquia de Ribeira Quente del municipio de Povoação.
Por desgracia, además de los cuantiosos daños materiales que, según datos de que disponemos, superan los cinco mil millones de escudos, hay 29 víctimas mortales que lamentar. Ante esa triste realidad comprobamos la importancia de la introducción en el Tratado de Amsterdam de un artículo que consagra un trato diferencial y específico para las regiones ultraperiféricas, por lo que la Comunidad reconoce las desventajas y los riesgos a que están expuestos esos ciudadanos de la Unión Europea.
En este marco, venimos a pedir a la Comisión que en su actuación se oriente hacia la reprogramación y el fortalecimiento de los medios financieros ya asignados para la recuperación de las infraestructuras destruidas en la región autónoma de las Azores. La repetición de esas situaciones nos mueve a afirmar que en el futuro la iniciativa REGIS debería contar con un componente que permitiera afrontar las situaciones de catástrofes naturales.
Portugal

Girão Pereira
Señora Presidenta, Señorías, creo que ya se han relatado los hechos de esas catástrofes ora por la prensa ora por los colegas que me han precedido. Naturalmente, no voy a volver a hablar de ellos, tan sólo quisiera exponer tres consideraciones a este respecto.
Como ya se ha dicho, esas catástrofes ocurren en las zonas más deprimidas de Europa, ya sea en la ultraperificidad de las Azores o en la Extremadura española o en el Alentejo portugués. Eso revela que es necesario que la Unión Europea siga dando apoyo a esas zonas. Es verdad que puede haber habido negligencia, es verdad que puede haber habido errores en la ordenación del territorio, pero la verdad es que hay deficiencias infraestructurales que conviene remediar.
En segundo lugar, es importante que la Comisión dé apoyo material, porque es también una forma de manifestar solidaridad con esos pueblos. La solidaridad manifestada por la Comisión fortalecerá, naturalmente, el sentimiento europeo y hará que las personas sientan que hay otros pueblos de Europa que son solidarios con ellas en los momentos difíciles. Por tanto, no se trata sólo de un significado material, sino también de un significado político y -digámoslo así- de solidaridad.
Una última nota: consideramos -y ya una vez mi Grupo lo propugnó aquí- que la Comisión debería tener un mecanismo para ese tipo de situaciones. Debería institucionalizar ese tipo de ayuda, que permitiese verificar inmediatamente in loco las consecuencias de esas catástrofes y permitiese también, junto con los Gobiernos nacionales, adoptar algunas medidas inmediatas para afrontar esas catástrofes.

Apolinário
Señora Presidenta, señor Comisario, la grave y dramática situación provocada por los temporales prácticamente por todo el territorio portugués justifica la utilización de fondos comunitarios.
Ahora falta saber si esos fondos corresponderán a las asignaciones hechas a Portugal, con una reprogramación del actual marco comunitario de apoyo o con nuevas asignaciones suplementarias, como ayuda de emergencia, o incluso mediante un refuerzo presupuestario y la modificación de la comunicación en la que se enmarca, por ejemplo, la iniciativa comunitaria INTERREG II-C, como se pide en la resolución del Parlamento Europeo.
La cuestión que aquí se plantea es la de si, como contrapunto a la respuesta comprometida de bomberos, munícipes, servicios municipales, autoridades policiales y militares, la pronta acción de los Gobiernos de la República y de la región, puede la Comisión responder sólo con una visión limitada y académica de los reglamentos comunitarios. Las personas, que son la razón de ser del proyecto comunitario, no toleran esa situación. ¡La Comisión no puede olvidarlo! A una situación de catástrofe no se puede responder con rigidez técnica, con PP, MCA, deflactores, PM y otras siglas de la jerga comunitaria. ¡HACEN FALTA sentido común y buena voluntad!
España/Portugal/Azores

Camisón Asensio
Señora Presidenta, quiero dejar constancia de nuestra consternación por las desgracias, materiales y humanas, ocurridas como consecuencia de las catástrofes a las que se refiere esta propuesta. Por todas, pero muy especialmente quiero referirme a las inundaciones que tuvieron lugar en Badajoz el pasado día 6, con un saldo de 25 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en enseres, viviendas y negocios. Pero quiero destacar un aspecto que es necesario subrayar: la admirable prueba de solidaridad ante la tragedia que han dado no sólo las autoridades sino el pueblo extremeño, secundado por el pueblo español en su conjunto.
Por lo tanto, no tendría sentido que el Parlamento Europeo no se adhiriera a esta solidaridad arbitrando medios materiales para remediar la grave situación creada. Y tiempo habrá de proyectar soluciones para la no repetición de este tipo de catástrofes, como pudiera ser por ejemplo la exigencia de estudios de impacto frente a inundaciones de todo proyecto urbanístico.

Porto
Señora Presidenta, las inundaciones que recientemente padecieron algunas regiones, en particular de Portugal, son motivo de lucha y simultáneamente de reflexión en relación con las políticas por adoptar. Tras haber fallecido 41 personas en Portugal y 25 en España, nuestra primera palabra no puede dejar de ser de consternación por su pérdida y de acompañamiento a sus familiares en su dolor.
Después, el respeto a los vivos nos obliga a restablecer sin demora sus condiciones de vivienda y de trabajo, por lo que es de esperar que los encargados nacionales y comunitarios de ello proporcionen los medios indispensables. También nosotros propugnamos, como ya han hecho algunos colegas, el mecanismo inmediato de ayuda suplementaria.
Por último, el duelo que sentimos nos obliga a reflexionar sobre las condiciones que dieron pie o al menos agravaron las consecuencias de los temporales. En el momento de los desastres quedó clara la insuficiencia de los medios de socorro, por lo que se dependió en gran medida del propio voluntariado ciudadano. Además, conviene que se empiece a prestar por fin la atención debida a la ordenación del territorio con la conciencia de que no se puede contrariar a la naturaleza. Al contrario, hay que preservarla y ponerla correctamente el servicio del Hombre.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, señor Comisario, la pérdida de vidas humanas por catástrofes o accidentes no tiene precio. No se trata solamente de pedir ayudas económicas por las catástrofes que son objeto de esta resolución. Se trata también de cumplir con una obligación de solidaridad como ciudadanos europeos.
En Melilla, al igual que en Extremadura o en Portugal, se han causado numerosas pérdidas humanas y materiales.
La Comisión Europea, junto con los Gobiernos nacionales y locales, no debe echar en saco roto las peticiones de quienes representamos la voz de los que hoy sufren la tragedia y demandan soluciones a sus problemas inmediatos, y no les basta con palabras de sentimiento o solidaridad. Hay muchas personas en Melilla que hoy no sólo han perdido a sus familiares sino que se han quedado sin vivienda o han visto destruido su comercio y su medio de vida. ¿Qué hay más importante que esto?
Huyamos -al menos los diputados de esta Asamblea- de entrar en batallas políticas o judiciales que no corresponden a nuestro terreno de juego y huyamos de aumentar con nuestra inhibición el grado de desesperanza de quienes hoy piden de los poderes públicos, incluidos los europeos, las ayudas materiales y técnicas que, en justicia, se les debe facilitar de inmediato.

Van den Broek
Señora Presidenta, permítame volver brevemente al tema anterior relacionado con las Filipinas para decirle al Señor Kreissl-Dörfler que la Comisión quiere evaluar de nuevo el programa de reformas agrarias del gobierno filipino y también la aportación en ese campo en la próxima reunión de funcionarios de la Unión y expertos de las Filipinas, una reunión que tendrá lugar los próximos 9 y 10 de diciembre. No me quiero anticipar a ese resultado y en lo que respecta a los otros puntos que se han mencionado en la resolución, la Comisión ha pedido la opinión de su delegación en Manila.
Presidenta, ahora la cuestión de las catástrofes. Permítame comenzar por expresar la simpatía, en nombre de la Comisión, hacia las víctimas de las recientes inundaciones en la comunidad española de Extremadura y expresar la condolencia a los que han sido víctimas de las tormentas en el sur de Portugal y en las Azores. La Comisión acompaña en su más profundo sentimiento a las familias de las víctimas. Señora Presidenta, en relación con la ayuda urgente para ciudadanos europeos que han sido víctimas de tales catástrofes, la Comisión señala que en el presupuesto de la Unión Europea de 1997 no han sido incluídos créditos para medidas de ayuda directas dentro de la Unión Europea. ¿Y porqué? Porque la autoridad presupuestaria por segunda vez consecutiva le ha asignado a la partida correspondiente, B 4-3400, el calificativo de "pro-memorie». Para el año 1998 la autoridad presupuestaria se ha mostrado de acuerdo, en esta fase del procedimiento presupuestario, con la supresión de la partida correspondiente en el presupuesto que aún está pendiente del procedimiento de aprobación.
En relación con la ayuda estructural, el gobierno portugués ha informado a la Comisión de los daños que ha causado el temporal en la infraestructura agraria de Portugal y en la región autónoma de las Azores. Los servicios de la Comisión están estudiando la propuesta presentada por los servicios del Ministerio portugués de Agricultura, sobre todo para examinar qué fuentes de financiación se pueden utilizar para ayudar a la reparación de la infraestructura agraria damnificada. Esto es importante sobre todo porque debido a que en la partida de orientación FEOGA del llamado marco comunitario de apoyo para Portugal, ya no hay créditos disponibles para reforzar eventualmente las medidas agrarias del programa operativo para las zonas afectadas por el temporal.
Por lo que se refiere a las Azores, la Comisión señala que después de las devastaciones en esta zona de diciembre del año pasado y de enero de este año, se ha incrementado en julio de este año el programa operativo para las Azores con 26 millones de ecus para contribuir a la reparación de la infraestructura dañada.
Por lo que se refiere a España, el gobierno español también ha informado a la Comisión de los daños de la infraestructura agraria y, consultando con las autoridades españolas, los servicios de la Comisión están estudiando cómo se puede prestar ayuda dentro del marco comunitario de apoyo para España a la reparación de esta infraestructura. En relación con Interreg II-C, la Comisión señala que esta iniciativa comunitaria se dirige fundamentalmente a la lucha contra la sequía.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, me imagino que ha sido un olvido involuntario, pero el señor Comisario ha omitido en sus condolencias a las víctimas de otra ciudad española y europea como es Melilla, y no ha hecho tampoco ninguna referencia a la catástrofe reciente que allí ha ocurrido.

Mohamed Alí
Señora Presidenta, en la misma línea que acaba de expresar mi compañero Hernández Mollar, efectivamente quisiera ver qué es lo que piensa el señor Comisario con respecto a Melilla pues en estos últimos días hemos visto que también ha sido víctima de una catástrofe que ha sido motivo de portadas en todos los medios de comunicación.

Van den Broek
Presidenta, quisiera corregir con mucho gusto esta falta. Ha sido una omisión involuntaria.

El Presidente
Creo que con esto queda aclarado el tema.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas, o sea, dentro de dos minutos.

Votaciones
Berthu
Señor Presidente, el Plan de acción de la Comisión para el mercado único, respaldado por el informe von Wogau, presenta una visión extrema de un mercado interior con unas leyes y una fiscalidad ampliamente unificadas, sin ninguna frontera interior, dotado de una moneda única, o sea, de un mercado en el que la independencia de las naciones ha casi desaparecido. Además, este mercado unificado estaría dotado de límites exteriores bastante vagos, puesto que debería respetar, cito el informe von Wogau, "el compromiso suscrito por la Unión Europea con miras a un mercado mundial libre».
La Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo ha tenido dudas, con todo, frente al empeño de la Comisión Europea en organizar la movilidad de la mano de obra entre países miembros, y en su opinión afirma con prudencia que es evidente que, si bien puede fomentarse la movilidad, no es seguro que se pueda pedir -y menos aún obligar- a las personas a abandonar un Estado miembro para trasladarse a otro, con el fin de encontrar un empleo. Pero esta matización, sin duda considerada peligrosa para la unificación universal, no ha sido recogida en el informe final de nuestra Asamblea.
El Consejo de Amsterdam del 16 y 17 de junio pasado se felicitó de este Plan de acción. Ciertamente, sugirió que había que seleccionar medidas prioritarias, pero sin decir cuáles y al tiempo que aprobaba el objetivo general, que, según el Consejo, habría que apoyar políticamente para acelerar la adopción de medidas legislativas de aplicación. A pesar de todo, esta posición nos sorprende, cuando sabemos que el Plan de acción incluye medidas tan radicales como la instauración, de aquí a cinco años, de un nuevo sistema de IVA basado en el principio del país de origen. En el Plan hay un pasaje alucinante donde puede incluso leerse que la Comisión debería adoptar medidas urgentes contra los Estados que no cumplan con sus obligaciones, aplicando, en su caso, sanciones, y que el fortalecimiento de las competencias ejecutivas de la Comisión contribuirá a reducir los retrasos en la solución de los problemas. Así pues, en este Plan de acción encontramos a la vez la desaparición de las naciones frente al mercado interior, luego la desaparición del mercado interior frente al mercado mundial, y todo ello acompañado del poder discrecional de la Comisión para doblegar a los Estados. Quizá haya, en Francia y en otros sitios, gobiernos que acepten suscribir estas orientaciones, pero pienso que sus pueblos sabrán, llegado el momento, pedirles cuentas.

Ahlqvist y Wibe
El informe contiene algunos puntos que de ninguna manera podemos aceptar. Para empezar, estimamos que la Unión Europea no tiene nada que hacer con los impuestos al valor agregado en los Estados miembros. Tampoco podemos aceptar textos generales sobre rebajas a los impuestos al trabajo con el fin de vigorizar el empleo o adecuar los impuestos puntuales.
En el informe se demanda la formación de tres nuevas agencias y autoridades europeas para reglamentar la seguridad aérea, las telecomunicaciones y para la autorización de aditivos alimentarios y sustancias químicas para la agricultura. La institución de tales autoridades centralizadoras sólo conduce a la producción de más documentos sin que signifiquen un mejoramiento significativo de la realidad.
En lo demás, obviamente que tampoco podemos apoyar lo que se propone en el punto 12 del informe. Crear una moneda común para la Unión Europea da origen también un desempleo permanente.

Holm
Lo uno conduce a lo otro. Cuando se iba a introducir el mercado interior, se dijo en el debate que bajo ningún concepto se tocaría el sector de los impuestos. Ahora se demuestra que también este campo va a entrar en la reglamentación de la UE, lo cual, según el informe, va a contener, entre otras cosas, tasas de impuestos armonizadas y un impuesto al valor agregado común.
Yo no puedo aceptar esto. Tiene que existir libertad para que los estados nacionales puedan decidir por sí mismos qué tasa de impuestos quieren aplicar, entre otras cosas, para poder asegurar que el sector público tenga la dimensión que los ciudadanos consideren adecuada en cada estado.
Tampoco puedo aceptar el contenido del punto 12 que solamente alaba la moneda común, puesto que yo no estimo que la Unión Económica y Monetaria beneficie a los ciudadanos de la UE.

Lindqvist
El mercado interior debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 1993. No fue así.
Estoy de acuerdo en muchas de las críticas de la Comisión, pero compruebo al mismo tiempo que este comunicado muestra nítidamente que los Estados miembros no quieren ir tan rápido. El comunicado es un claro ejemplo de que la propuesta de mercado interior no va acorde con los deseos de los países miembros. El comité va mucho más lejos que un mero libre mercado interior y propone armonizaciones de las leyes de impuestos al valor agregado, reglas comunes para los impuestos al capital y normas uniformes para el sector del derecho de sociedades, la implantación de la moneda única y una política económica común. Esto no lo puedo aceptar y por eso he votado por el rechazo del informe.

Sindal
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. von Wogau, el cual se ocupa del efecto y la efectividad del mercado interior. El informe está de acuerdo con las líneas principales de la comunicación de la Comisión. Los socialdemócratas daneses ven positivamente que el informe proponga menos impuestos sobre la mano de obra para activar el empleo. Esto está en consonancia con la reforma fiscal que el gobierno danés logró aprobar en 1993 y que posteriormente creó más empleos.
El informe menciona una reducción de los tipos del IVA para las pequeñas y medianas empresas. Los socialdemócratas daneses no están de acuerdo con esta postura. Los socialdemócratas daneses opinan que el camino hacia un mejor índice de empleo debe pasar por mayores inversiones y formación de la masa trabajadora europea. La red transeuropea es mencionada en el informe como un elemento importante en la creación de una infraestructura eficaz en la CE. Este punto de vista lo contemplan los socialdemócratas daneses de manera positiva.
Informe (A4-0350/97) del Sr. Langen
Rovsing
Las disposiciones para la puesta en práctica de la Directiva sobre productos de construcción de la UE son la condición para que las normas de la directiva sobre el marcado y los estándares de los productos de construcción puedan aplicarse. La Comisión reconoce en su informe que es una tarea que exige tiempo elaborar disposiciones para su puesta en práctica en el amplísimo terreno de la construcción. Las especificaciones técnicas que los materiales deben cumplir son complicadas y varían mucho de Estado miembro a Estado miembro.
El informe reconoce estas dificultades, no obstante, pide a la Comisión que reduzca el plazo dado para su puesta en práctica tanto como sea posible. En este punto de vista estoy totalmente de acuerdo con la comisión y el ponente. Los productos de construcción constituyen una parte bastante considerable del mercado interior de la UE, que aún no está libre de obstáculos comerciales. Una implementación más rápida de la directiva exige también flexibilidad y buena voluntad por parte de los Estados miembros. Esto lo subraya el informe y celebro poder otorgarle mi total apoyo.

El Presidente
El turno de votaciones ha concluido.

Asilo, inmigración y cruce de las fronteras exteriores (programa ODYSSEUS)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0366/97) de la Sra. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una acción común adoptada por el Consejo mediante la que se aprueba un programa de formación, de intercambios y de cooperación en los ámbitos del asilo, de la inmigración y del cruce de fronteras exteriores (programa ODYSSEUS) (COM(97)364-9980/97 - C4-0427/97-97/0909(CNS)).

Zimmermann
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, entre las tareas asumidas por la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial en relación con los flujos de refugiados e inmigrantes figuran el asilo a los perseguidos políticos, la acogida de ciudadanos y ciudadanas de las antiguas colonias y también la acogida por razones humanitarias apremiantes. A partir de 1989, esta gama de tareas adquirió una nueva dimensión con la afluencia hacia la Europa occidental, por motivos políticos y económicos, de un gran número de personas procedentes de los países de la Europa central y oriental y también de los Estados sucesores de la Unión Soviética.
Es urgentemente necesaria una acción política. Los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han elevado el asilo, la inmigración, el cruce de las fronteras exteriores y la concesión de visados a la categoría de ámbitos de interés común especial. Los Estados miembros están convencidos de que sólo una acción común permitirá responder de manera eficaz y razonable a las exigencias que se plantean en este ámbito. Sin embargo, aun cuando existe un consenso al respecto, los Estados miembros se resisten a ceder competencias a la Unión Europea pese a las múltiples declaraciones de fe en este sentido.
Los acuerdos alcanzados hasta ahora, entre los que destaca el Convenio de Dublín, sólo pueden calificarse como un pequeño primer paso. Se requerirán grandes esfuerzos y la voluntad de alcanzar soluciones comunes para cumplir los ambiciosos objetivos del Tratado de Amsterdam, que prevé la llamada comunitarización a medio plazo de los ámbitos en cuestión.
La presente acción común puede valorarse, por lo tanto, como una señal de que el Consejo y la Comisión están dispuestos a realizar nuevos esfuerzos en este sentido. Para ello pueden contar con el apoyo del Parlamento que, a pesar de la demora en la transmisión de la propuesta y del escaso tiempo disponible para su examen, puede presentar un completo y exhaustivo informe sobre el Programa ODYSSEUS.
Creemos que es importante que en la Cumbre de Luxemburgo se conozca la opinión del Parlamento y ésta pueda tomarse en consideración. En su elaboración, el Parlamento se ha guiado por las disposiciones vigentes del Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, pero sin perder de vista las disposiciones del Tratado de Amsterdam. Por consiguiente, el Parlamento Europeo considera importante que se le mantenga ampliamente informado sobre el desarrollo del programa ODYSSEUS, es decir, sobre todo por lo que se refiere a la planificación anual.
Además, también debería poder presentar una lista de prioridades en los ámbitos pertinentes, cuyos temas se incorporarían a la planificación anual. El programa ODYSSEUS establece una nueva pauta de cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos del asilo, la inmigración y el cruce de las fronteras exteriores. Las leyes y los procedimientos siguen siendo muy diversos en los diferentes Estados miembros. El programa ODYSSEUS tiene como objetivo su aproximación a largo plazo. En cualquier caso, no se propone alcanzar la aproximación entre los Estados miembros mediante disposiciones legales uniformes, sino a través de un proceso de aprendizaje mutuo. Éste tiene lugar en el ámbito de los funcionarios encargados de aplicar las correspondientes disposiciones. Los proyectos subvencionados por el programa ODYSSEUS no sólo les permiten adquirir mejor información sobre el Derecho de la Unión, sino también conocer cómo resuelven otros Estados miembros determinados problemas. Por ejemplo, es conveniente que dichos funcionarios se familiaricen con las disposiciones legales de los diferentes Estados miembros en relación con la reagrupación familiar. Esto les permite apreciar que existen posibilidades muy distintas para abordar un mismo problema.
Yo doy por sentado que la aceptación de las normas ya adoptadas por la Unión Europea en los citados ámbitos se incrementarán gracias a la formación de "multiplicadores» en el marco del programa ODYSSEUS.
Los y las participantes en el proyecto disponen además de conocimientos que podrán ser útiles para los Estados miembros durante el proceso de comunitarización. Yo insto, por lo tanto, encarecidamente a los Estados miembros a que aprovechen esta oportunidad. Debe acogerse con particular satisfacción que los Estados que aspiran a la adhesión puedan participar en los proyectos. Esto les permitirá adquirir conocimientos específicos sobre los sistemas institucionales y los sistemas legales y administrativos de los Estados miembros inscritos en el marco del programa. Lo cual, por un lado, favorecerá su aproximación a los niveles y normas de la Unión y, por el otro lado, facilitará considerablemente la cooperación en estos ámbitos.
En la ejecución práctica del programa deben respetarse sobre todo los requisitos jurídicos de los Estados miembros afectados en materia de protección de datos. En la formación sólo deberían utilizarse para un examen más detallado ejemplos anónimos tomados de la actividad laboral cotidiana. Los funcionarios que participen en un intercambio y tengan contacto con documentos originales deben estar sujetos a la obligación de guardar secreto.
El programa ODYSSEUS se apoya en las experiencias de los proyectos piloto del programa SHERLOCK, que ahora se integra en el mismo. En el curso de sus cinco años de duración, éstas se ampliarán con nuevas experiencias valiosas que deberían incorporarse de manera continuada a la planificación anual. Ésta es una de las razones, y no la menos significativa, por las que resulta especialmente importante la evaluación del programa ODYSSEUS. Por otra parte, dicho programa también demuestra, al igual que la acción común sobre la protección de las personas desplazadas, que la política en los ámbitos que nos ocupan no tiene que traducirse forzosamente en la construcción de Europa como una fortaleza. Al contrario, los proyectos ofrecen a los funcionarios una oportunidad de redescubrir la dimensión humana de su actuación. Sobre ellos recae, junto con los políticos, la responsabilidad de que las personas que desean entrar en la Unión, por razones políticas, económicas o de cualquier otro tipo, reciban un trato humano.
Por lo tanto, la Comisión debe velar en la planificación anual del programa por que la formación, el intercambio y la investigación no tengan en cuenta sólo ámbitos de carácter técnico, como por ejemplo la comprobación de los documentos falsificados. También deben tenerse en cuenta aspectos de contenido, como el derecho de las personas objeto de actos administrativos a recibir información y asesoramiento jurídico, o bien el tema de la reagrupación familiar y, muy especialmente, también los derechos de los menores. Determinadas ONG han adquirido conocimientos especiales en este ámbito que también deberían aprovecharse en el marco del programa ODYSSEUS. Por esto es importante que el ACNUR y otras organizaciones interestatales, como por ejemplo la Organización Internacional para las Migraciones, sean invitadas a participar en dichos proyectos. Europa se considera la cuna de los derechos humanos. Por otra parte, también tiene una enorme responsabilidad internacional en el ámbito de los derechos de los refugiados.
ODYSSEUS es un programa que puede contribuir a que Europa responda debidamente a estas exigencias.

Hernández Mollar
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Zimmermann por este buen informe que ha quedado enriquecido con la colaboración de todos los Grupos y que, además, se basa también en un buen programa, como es el programa Odysseus , de intercambio de información, cooperación y formación en los ámbitos del asilo, de la inmigración, y, como dice su título, del cruce de las fronteras exteriores.
Para quien, como yo, además, vive en una zona fronteriza, precisamente en una ciudad de la que acabamos de hablar, la ciudad de Melilla, señor Comisario, que es frontera de España y de Europa con Marruecos, y vive además diariamente los problemas que plantea la inmigración procedente de los países africanos y subsaharianos, este programa -el programa Odysseus - tiene indudablemente un especial interés.
Pero lo primero que quiero decir es que el inmigrante, señora Zimmermann, no es un delincuente; por eso me resisto -y confieso que no me gusta- a que se hable de lucha contra la inmigración y lucha contra la entrada y estancia de los inmigrantes. Creo que sería mejor hablar de medidas administrativas o jurídicas y dejar la lucha contra quienes, desde unas mafias organizadas, usan y abusan de los seres humanos, trasladándolos hacia nuestras fronteras, cobrando dinero por ello y aconsejándoles la destrucción de los documentos legales de su identidad para colocarse precisamente en una situación de ilegalidad y así impedir o dificultar su expulsión del territorio comunitario.
Es muy importante, por tanto, señor Presidente, señor Comisario, la formación de los funcionarios en este ámbito. Formación que, desde mi punto de vista, reúne tres requisitos, tres aspectos. En primer lugar, una buena formación técnica y profesional para que conozcan bien todas las normas reguladoras de la inmigración. En segundo lugar, disponer también de los medios materiales necesarios para desempeñar sus funciones en las zonas fronterizas con total garantía y eficacia. Y, en tercer lugar, resolver también los expedientes con la suficiente agilidad para no demorar situaciones de espera que provocan un colapso en los centros de acogida o que exigen unas atenciones humanitarias que, con los solos medios de las autoridades locales o nacionales, no es posible facilitar con la dignidad que se merece cualquier persona y cuya prolongación en el tiempo puede dar lugar a actitudes xenófobas o racistas no deseadas. Por ejemplo, en el sur de España se están produciendo tragedias humanas casi a diario protagonizadas por los inmigrantes que proceden del norte de África y que, lamentable y desgraciadamente, fallecen en el intento.
Los objetivos de este programa deben facilitar la cooperación necesaria y la formación no sólo entre los funcionarios, sino también entre las asociaciones privadas que intervienen en este campo. Las fronteras no son deseables, pero son necesarias. Por ello, hay que huir también de ciertas actitudes demagógicas ante este imperioso problema.
Por eso, me parece muy importante el intercambio de experiencias que se propone entre los funcionarios, los cuales tienen a veces la dura responsabilidad de trabajar en un campo como éste donde hay que saber combinar los aspectos humanitarios con la frialdad de unas legislaciones que imponen unas normas reguladoras de los diferentes supuestos que plantea la inmigración.
Y termino, señor Presidente, sin olvidar también la responsabilidad que le incumbe a los terceros países fronterizos con la Unión, que deben cumplir los Tratados que sobre esta materia tengan suscritos con los Estados de la Unión Europea.

Thors
Señor Presidente, para empezar quiero dejar en claro que nuestro grupo va a apoyar la propuesta. Es beneficioso que se acreciente la cooperación. Estimamos también que es importante la especificación que ha hecho el comité, es decir, que la cooperación va a ampliar y fortalecer, y no solamente mantener, lo que hay.
Al mismo tiempo, la cooperación debe desarrollarse respetando la integridad de los individuos. Tenemos que cuidar que esto no ocurra con fines experimentales que en otras situaciones no aceptaríamos, por ejemplo, entrega de informes en relación con Interpol.
Deseo que este programa dé especial peso a la cooperación con los países que solicitan la adhesión. Por eso estoy contento de que el Comisario van der Broek esté presente. Tenemos mucho que ganar - la humanidad tiene mucho que ganar - si se atenúa el sufrimiento que hoy hay en los campamentos de refugiados en esos países. Hay personas que quisieran volver a sus países de origen y no lo pueden hacer porque la administración no consiguen ni siquiera esto. Por eso espero y pido a la Comisión que se dé prioridad a Lituania.
También espero una gran participación de los Países Nórdicos que están fuera de la UE, pero que intervienen en la Acuerdo nórdico de libre circulación de personas. Entiendo que el artículo 10 de la propuesta da esta posibilidad. También la ampliación de la cooperación debe comprenderlos. Si no es así, tal vez se pierda nuestro Acuerdo nórdico de libre circulación totalmente.
Al mismo tiempo, deseo hacer una pregunta sincera a todos nosotros. Esta semana hemos discutido muchos programas de este tipo, por ejemplo, Fiscalis, Karolus y otros. ¿Es que siempre necesitamos programas de intercambio para alcanzar una mejor cooperación, a la que nos hemos obligado política y jurídicamente ?
Del mismo modo, me gustaría que revisásemos la eficiencia administrativa a fin de conseguir más reglas horizontales para los reglamentos necesarios para el control financiero. Sin embargo, no las precisamos siempre en detalle en cada programa, como ocurre actualmente, para que realmente podamos cumplir con el lema de la Comisión less but better . Finalmente, quiero dejar constancia de que se necesitan más reglas horizontales para el control de las finanzas.

Van Dijk
Presidente, el programa Odysseus pretende fomentar una ejecución unívoca de la política europea en el ámbito del asilo y de la inmigración por medio de la formación y de una mejor cooperación entre las administraciones nacionales. Tener mayor experiencia, cooperación y uniformidad es en principio estupendo, pero lamentablemente los Tratados, resoluciones y otros instrumentos que han ido formando en los últimos años la ley europea de asilo, constituyen a menudo una violación del Convenio sobre el estatuto de los refugiados de Ginebra y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. No obstante, son convenios internacionales vinculantes para los Estados miembros.
Una mejor ejecución de esta política de asilo mediocre no es, por definición, de interés para los refugiados. De ahí que mi grupo parlamentario tenga sentimientos contradictorios acerca de Odysseus. Sí debe decirse que las enmiendas del informe de la Sra. Zimmermann van por regla general en la buena dirección. Espero que el programa de formación de Odysseus que informa a los funcionarios de los Estados miembros de los derechos y obligaciones de los solicitantes de asilo, no haga caso omiso del contenido del Convenio de refugiados ni de los artículos relevantes del CEDH y que no sólo se fije en la explicación restrictiva de la Unión Europea y sus Estados miembros sino también en la interpretación misma. A la Unión Europea le importa escandalosamente poco este vigilante del Convenio de los refugiados, y el protocolo del Tratado de Amsterdam lo ha demostrado una vez más.
El programa Odysseus abarca, entre otras cosas, la formación en el reconocimiento de documentos falsos y acerca de esto tengo una pregunta al Comisario Van den Broek. ¿Contará Odysseus a los funcionarios implicados también que el hecho de que alguien tenga papeles falsos no significa que no sea un auténtico refugiado? ¿Y Odysseus también va a contárselo a los funcionarios que los Estados miembros destacan cada vez más en los aeropuertos en los países de origen de los solicitantes de asilo, como un puesto fronterizo adelantado de la fortaleza Europa?
Ahora la cooperación con los países candidatos a la adhesión. Es estupendo que los países candidatos también puedan participar en el programa Odysseus. Pero naturalmente, existe un gran riesgo de que los países de la Unión sólo les enseñen cómo pueden funcionar mejor de "cordon sanitaire» para nosotros. La colega de mi grupo parlamentario, Claudia Roth, efectuó el año pasado una visita a tres centros de detención polacos y habló con 122 extranjeros detenidos de los cuales algunos habían sido devueltos de Alemania. Los 122 pensaban que estaban esperando la resolución de su solicitud de asilo. Pero en realidad sólo se habían tramitado seis solicitudes de asilo. El documento en polaco que habían firmado los otros, no era, como pensaban, una solicitud de asilo. Era una disposición para poder encarcelarles en espera de la extradición. Y consideramos a este país como un tercer país seguro. Si Odysseus contribuye a elevar el conocimiento del Convenio sobre el estatuto de los refugiados en Polonia, entonces estoy a favor. Pero algo me dice que éste no es el objetivo más importante de Odysseus.

Pradier
Señor Presidente, ante todo algunas palabras de asombro. En primer término, en un texto que trata sobre el cruce de las fronteras -las fronteras exteriores, se entiende, puesto que a nuestro juicio las fronteras interiores ya deberían haber desaparecido completamente-, en ningún momento se menciona Schengen.
Ahora bien, hay que reconocer que si bien lo que nos preocupa no está directamente relacionado con este acuerdo, el mismo sirve de referente, actualmente en Europa, en particular con respecto al desplazamiento de las personas.
El segundo elemento que me entristece y me indigna un poco más se refiere al hecho de que con la gran libertad de circulación de capitales, de mercancías y de personas, son los seres humanos quienes, a todas luces, lo pagan más caro. En pocos segundos, en algunas milésimas de segundo incluso, por el banco de Estocolmo en Sidney pasan un millón de dólares.
Para desplazarse de Argel a París hay que acudir varias veces al consulado, hacer cola, y probablemente, después de algunas semanas de vanas gestiones, se rechaza la solicitud. Este elemento debe seguir estando muy presente en nuestra mente, y el principal mérito de dicho informe, en todo caso para mí, es obligarnos a reflexionar y a continuar debatiendo sobre estas libertades fundamentales.
Aquí, en el Parlamento, existe una gran mayoría que votará -nosotros lo haremos de buen grado- a favor de que se protejan estas libertades, de que se coordine mejor la acción de los Estados y de los gobiernos, y felicito, de paso, a la Sra. Zimmermann. Pero es sobre todo en nuestros países donde la lucha será dura. Cada uno conoce, en su país, el largo camino que habrá que recorrer con nuestras administraciones -que son pusilánimes, que son prisioneras de la rutina-, con nuestros funcionarios -que a menudo están mal informados y constantemente presionados por sus superiores para que impidan la entrada-.
Esto es válido para los Estados miembros, y quizá aún más para aquellos que hoy llaman a la puerta, cuyas administraciones, durante décadas, han empleado la mayor parte de su tiempo en impedir sobre todo que sus ciudadanos cambiasen de sitio.
En cuanto a este informe, excluyendo a algunos dragones con garras y lenguas venenosas -¡menos mal que no están presentes!-, está claro que se logrará una amplia mayoría para que estos elementos puedan ser realmente coordinados y para que podamos realizar esta tarea correctamente; pero aclaremos que se trata de una tarea muy larga. Es apenas el inicio de una lucha que habrá que llevar a cabo en nuestros propios países.

Blokland
Señor Presidente, antes de entrar en detalle en el informe de la Sra. Zimmerman, quiero decir que me alegra poder hablarle en nuestra lengua materna común, el neerlandés. Su informe se refiere a un programa interesante y necesario. El objetivo final del programa es una cooperación multianual entre las administraciones de los Estados miembros en el ámbito del asilo y de la inmigración. Para ello se proponen la formación, el intercambio de funcionarios y estudios e investigación.
Esto es algo que podemos respaldar plenamente. La cooperación entre los Estados miembros en estos ámbitos se ha hecho necesaria por la creación del espacio libre sin fronteras interiores. Además, es bueno para las personas que trabajan en este ámbito entender mejor la regulación del otro y la regulación de la Unión Europea. Surgen demasiado a menudo problemas por incomprensión mutua de la legislación, o porque los funcionarios nacionales no entienden a los funcionarios de la Comisión. Fomentando este tipo de formación e intercambios a través de este programa, la Unión invierte de forma prudente en el futuro. Por lo que se refiere al futuro: me alegro de que se implique en este programa a los países candidatos a la Unión. Me parece de gran importancia.
En el informe hay una ambigüedad que quiero plantear al Comisario Van den Broek y a la ponente. En la enmienda 31 el Parlamento Europeo amplía espontáneamente la autonomía de la Comisión en relación con el Consejo por haber subido el importe mencionado. Al mismo tiempo, el mismo Parlamento Europeo limita la autonomía de la Comisión por medio de las enmiendas 15 y 17. En los ámbitos donde la Comisión, probablemente a sabiendas, deja bastante abiertos los elementos del contenido en los que se tienen que basar las acciones, el Parlamento los limita por sus anexos. ¿Cuál es el punto de vista de la Comisión?
Como punto final, quiero observar que me parece poco delicado que el Parlamento Europeo en la enmienda 9 al artículo 1 ya se refiera a los apartados del Tratado de Amsterdam y que pida al Consejo tenerlos en cuenta, cuando este Tratado ni siquiera ha sido ratificado por los diferentes parlamentos nacionales de los Estados miembros. Me parece una postura antidemocrática. Me parece que en este tema nos adelantamos demasiado a la música.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, la colega Zimmermann ha expuesto con gran profundidad la posición del Parlamento con respecto a la acción común, de manera que no será necesario que entre en los detalles de la posición del PE sobre el programa ODYSSEUS. Por consiguiente, voy a concentrarme en el examen del tema de la entrada de solicitantes de asilo y de la seguridad de las fronteras exteriores desde otra perspectiva.
La Unión Europea es una Unión del derecho de ciudadanía. Así lo formulamos repetidamente en el círculo de insiders que nos encontramos reunidos aquí esta noche. Y es lo que debe ser. Por lo tanto, la Unión Europea también debería garantizar un derecho de asilo armonizado al nivel más alto posible y aplicable en todos los Estados miembros. Esto exige, no obstante, la armonización del derecho de asilo en la Unión Europea, o sea, su comunitarización. El Tratado de Amsterdam la prevé ahora para dentro de un plazo de cinco años. A pesar de que se ha interpuesto el obstáculo adicional de una decisión por unanimidad del Consejo, lo cual equivale, señor Representante del Consejo, al derecho permanente de exclusión nacional, aun así se ha iniciado el camino hacia la comunitarización del asilo.
Otro tanto puede decirse de la política de inmigración. ¿Qué tienen en común la política de asilo y la política de inmigración? Para garantizar los derechos de ciudadanía, para garantizar el asilo para los perseguidos políticos y su posibilidad de hacer valer este derecho en la Unión Europea, ésta debe distinguir entre el perseguido político que apela al derecho de asilo y la persona que desea inmigrar pero que no es objeto de persecución política, la cual no debería tener la posibilidad de recurrir al derecho de asilo como recurso para inmigrar o no debería verse obligada a hacerlo. Si queremos evitar que esto socave el derecho de asilo por falta de aceptación, porque las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea digan que los solicitantes de asilo en realidad no buscan asilo, sino que lo que desean es inmigrar, para salvaguardar el concepto de asilo se requerirá un derecho de inmigración, armonizado en la medida de lo posible y no fraccionado en quince versiones distintas.
Finalmente, para que esto sea operativo en el interior de la Unión Europea, es necesaria la seguridad acreditada de las fronteras exteriores de la Unión, dada la supresión de sus fronteras interiores. Yo tuve la oportunidad de observar en Italia la seguridad de las fronteras exteriores de la República Italiana, que refleja un gran compromiso y es altamente cualificada. Pude observar en el puerto de Nápoles la protección de las fronteras que realiza la guardia costera italiana. Todos son unos magníficos funcionarios y yo les pregunté: "¿En calidad de qué consideran ustedes que actúan?» Se me quedaron mirando desconcertados sin entender mi pregunta. Entonces les aclaré: "¿Son funcionarios italianos o funcionarios europeos?» ¡Evidentemente, funcionarios italianos, sus colores son el verde, blanco y rojo!
"¡No tenemos nada que ver con Europa!» Ésa fue su respuesta. Sin embargo, esto no es cierto. Desde que Italia es miembro de pleno derecho del Grupo de Schengen y las fronteras entre Austria, Italia y Alemania permanecen abiertas, hemos constatado -ayer mismo ocurrió- que bandas de transporte ilegal atracan con sus barcos en la costa italiana, en el caso de ayer con alrededor de 800 kurdos a bordo cuyo destino no era Italia, sino otros países de la Unión Europea. ¿Qué significa esto para los demás países de la Unión Europea? Significa que la frontera exterior italiana es la frontera alemana, que la frontera exterior italiana es la frontera sueca y también la francesa, o que la frontera entre Finlandia y Rusia también es la frontera de Italia, puesto que la persona que accede a la Unión Europea puede circular libremente una vez que un Estado miembro le concede la entrada.
Actualmente la estructura que garantiza la seguridad de las fronteras exteriores es distinta en cada país. Esto no funcionará a la larga. Es decir que también es necesaria una armonización por lo que se refiere a la seguridad de las fronteras exteriores. La Sra. Zimmermann señala estas circunstancias en su informe. El programa ODYSSEUS de formación de los diferentes funcionarios nacionales es un aspecto importante. En efecto, cada funcionario concreto, el funcionario finlandés por ejemplo, debe comprender cuál es la relación entre su actividad y la de su colega italiano y viceversa. Sin embargo, a fin de cuentas no servirá de nada si no avanzamos hacia la comunitarización de los ámbitos en los que lo que necesita la Unión Europea no es una cooperación cada vez más estrecha, sino un Derecho propio. Éstos son aquellos que afectan a intereses específicos esenciales. La indicación de la colega Zimmermann en el sentido de que la armonización es ineludible en el contexto de los programas de formación constituye, por lo tanto, uno de los mensajes esenciales que debe transmitir el Parlamento con la presente resolución.

El Presidente
Señor Schulz, no he interrumpido su enérgica intervención y le he permitido excederse en cuanto al tiempo y no le he interrumpido por otra razón más: debiera saber que estimo de manera especial el hecho que casi todos los colegas que se encuentran presentes en la sala son de los más asiduos cuando ocupo la presidencia. Esos son asuntos que debemos valorar y debo decirle que yo, personalmente, lo valoro mucho.

Posselt
Señor Presidente, Señorías, para empezar, en el informe se habla de la posible fusión de los programas ODYSSEUS y SHERLOCK. Una fusión de los mismos será sin duda sumamente difícil, incluso bajo los auspicios de la tecnología genética. Por lo tanto -aunque soy aficionado a las novelas policíacas inglesas- en adelante voy a referirme al programa ODYSSEUS, ya que efectivamente estamos viviendo una Odisea por lo que se refiere al derecho de asilo en la Unión Europea. Aun así, yo pienso que la Sra. Zimmermann nos ha indicado, de hecho, el buen camino, no con su intervención, pero sí con su excelente informe.
Yo pienso que efectivamente es necesario garantizar el mantenimiento derecho de asilo mediante la formación de los funcionarios, mediante su capacitación. Dicho derecho de asilo sólo podrá mantenerse si se reducen y se impiden el abuso masivo del mismo y la inmigración ilegal. Por lo tanto, es de suma importancia que velemos por que, al igual que en la política monetaria se establecen criterios monetarios, también se adopten criterios de seguridad en el ámbito de la seguridad interior, tal como ya se está haciendo en parte en nuestras fronteras exteriores. El ejemplo de Austria demuestra que se cometió el error de proceder primero a la adhesión y sólo después se iniciaron los procesos de adaptación necesarios, actualmente en curso.
Por consiguiente, con vistas a la futura ampliación a los Estados de la Europa central y oriental deberíamos conceder especial prioridad a una participación particularmente intensa de dichos Estados en los citados programas de formación desde el primer momento. Dichos Estados se están adaptando con grandes esfuerzos a las normas comunitarias en el ámbito de la política de interior y de justicia, pero lógicamente tienen que recuperar su retraso. Por consiguiente, ésta debería ser una de nuestras prioridades en relación con el programa plurianual.
Debemos procurar -el Sr. Schulz lo ha expresado muy bien- que en la Unión Europea lleguemos a considerarnos como una sola unidad. España limita de hecho con Rusia. Desde esta perspectiva es significativo que en nombre de nuestro Grupo político hayan intervenido un representante del Estado miembro más meridional -España- y otro de la actual frontera oriental, personificado por mí. Tenemos que considerar si a la larga podemos dejar el control de nuestras fronteras exteriores en manos del Estado que en cada momento sea el más meridional o el más oriental, o si no sería posible adoptar medidas comunitarias, como por ejemplo la creación de una policía de fronteras europea, que incorpore y europeíce las experiencias positivas de la policía de fronteras federal alemana, por ejemplo.
Por lo tanto, yo considero que el programa ODYSSEUS puede representar un primer paso en la dirección adecuada y quiero sumarme a la sugerencia del Sr. Schulz en el sentido de que en una próxima fase deberían adoptarse medidas comunes europeas.

Van den Broek
Señora Presidenta, el programa plurianual Odysseus se dirige en primer lugar a mejorar la cooperación práctica entre los que se ocupan del control fronterizo y de la política de asilo e inmigración en nuestros Estados miembros. Un control fronterizo y una política de asilo eficaces se determinan en cierto sentido por saber manejar los diferentes tipos de documentos. Por eso, el programa abarca también las iniciativas de mejora para poder detectar documentos falsos.
En respuesta a la pregunta de la Sra. Van Dijk, no se puede decir de forma generalizada que en el momento en que se detectara un documento falso, cualquier solicitud de asilo se haría innecesaria. No me atrevo a hacer observaciones generalizadas acerca de esto porque, naturalmente, la política de asilo se hace y se aplica a los casos individuales.
El ya existente programa Sherlock relacionado con los documentos falsos o falsificados, se incluirá en su totalidad en el programa Odysseus. La iniciativa está basada en unas acciones piloto muy exitosas que la Comisión llevó a cabo en 1996. Se trataba entonces sobre todo de la formación, de la formación complementaria y programas de intercambio de funcionarios entre los Estados miembros. En la evaluación de estas acciones se puso de manifiesto que este tipo de cooperación práctica es por lo menos tan importante como un mayor ajuste mutuo de la regulación.
Esto no solamente es aplicable entre los quince Estados miembros, sino también a las relaciones con las nuevas democracias europeas. Estas experiencias han determinado en gran medida el diseño del programa. Odysseus se escalona en un período de cinco años y tiene un presupuesto de un total de 14 millones de ecus, y ya están incluídos los cinco millones de ecus que se habían destinado al programa Sherlock.
La presidencia de Luxemburgo ha enviado el programa Odysseus al Parlamento Europeo para su consulta. La estimada parlamentaria, Sra. Zimmermann, señaló en su excelente informe unos asuntos muy importantes y me gustaría entrar en detalle en algunos de ellos.
En lo respecta a la solicitud nº 12, estoy por ejemplo completamente de acuerdo con que se tiene que añadir una frase al artículo 7 de la propuesta en la que se menciona explícitamente la lucha contra la trata de seres humanos.
La Comisión también está de acuerdo con que se ha de elaborar más el artículo 9 para dejar claro que ése es nuestro objetivo para mejorar el conocimiento del sistema institucional jurídico y administrativo de nuestros Estados miembros.
El informe contiene también unas mejores de redacción que dejan más claro qué acciones según nuestra propuesta están comprendidas en el programa. Estas pueden ser adoptadas sin más.
El informe de la Sra. Zimmermann también propone hacer referencia al Tratado de Amsterdam. En ese caso, esta observación ya se ha hecho, se tiene que dejar claro que el nuevo Tratado todavía no está en vigor. Por otra parte, estoy dispuesto a plantear esta cuestión en el Consejo de ministros.
Como punto final, quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y a la ponente en particular, el excelente trabajo que han hecho con este informe. Ahora está claro, para posteriores discusiones con el Consejo, que el informe puede contar con mucho apoyo en el Parlamento Europeo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Futuro del Fondo Social Europeo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0327/97) de la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el futuro del Fondo Social Europeo.

Jöns
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, aunque el plazo de aplicación del reglamento del Fondo Social Europeo no expira hasta 1999, los preparativos para la adopción del nuevo reglamento ya están en plena marcha. La Comisión ha declarado que presentará sus propuestas en enero y quizá incluso en diciembre. Por consiguiente, si queremos que la Comisión conozca de antemano qué espera esta Cámara de un nuevo reglamento antes de adoptar su decisión, tenemos que comunicárselo ahora y no esperar hasta diciembre o enero. Esto explica también la insistencia de la Comisión de Asuntos Sociales y de mi Grupo político para que el informe por iniciativa propia se debatiera hoy y yo debo manifestar mi sincera satisfacción por el hecho de que entre todos lo hayamos conseguido, a pesar de las muchas dificultades técnicas con que nos hemos enfrentado.
Lo que en estos momentos se debate no es "el ser o no ser» del Fondo Social Europeo. Su existencia no es objeto de discusión, sino que lo que se plantea es su adaptación a los cambios en el mercado laboral y la introducción de simplificaciones técnicas de procedimiento. Por lo tanto, no se trata de una reforma fundamental, sino más bien de una revisión del Fondo Social Europeo. Los puntos más importantes son los siguientes. Primero: pedimos que se mantengan las ayudas horizontales con cargo al Fondo Social Europeo. Esto es muy importante. Pero, además, también queremos ofrecer un mayor apoyo financiero a las regiones con un paro particularmente alto.
Segundo: abogamos asimismo por que se establezca un objetivo horizontal común que englobe los actuales objetivos 3 y 4, es decir, que con objeto de simplificar la planificación y la administración se junten en un único objetivo las medidas de lucha contra el paro y las medidas de política preventiva en relación con el mercado laboral, o sea, las medidas en favor de las personas susceptibles de perder el empleo. En tercer lugar, pedimos que se mantenga ineludiblemente la estructura dual de intervención del Fondo Social, es decir, que se mantengan en el futuro las medidas encaminadas a mejorar a corto plazo las oportunidades de empleo de las personas en paro o susceptibles de perder el puesto de trabajo, mediante la adquisición de cualificaciones adaptadas al mercado de trabajo.
Sin embargo, también pedimos -y esto es asimismo muy importante- que se concedan ayudas dirigidas específicamente a las personas amenazadas por la exclusión social. También éstas deben tener la oportunidad de conseguir un empleo a largo plazo. Pedimos, con total convencimiento, que también se mantengan en este contexto las medidas dirigidas a las mujeres y a los jóvenes sin empleo, las medidas para las personas minusválidas y para los parados de larga duración.
En cuarto lugar, queremos finalmente que el Fondo Social responda a una exigencia totalmente nueva. Pedimos que se refuerce la ayuda a los parados y a las personas mayores de 45 años amenazadas por el paro. En efecto, sus cualificaciones han quedado desfasadas por regla general y, sobre todo, la mayoría de los sistemas nacionales ya no les ofrecen nuevas oportunidades de empleo. En este caso, en realidad se trata de colmar una nueva laguna con las medidas del Fondo Social.
También nos preocupan los aspectos técnicos. Las críticas relativas al uso de los recursos del Fondo Social Europeo, los pagos y los elevados costes administrativos son bien conocidas, el Tribunal de Cuentas las plantea repetidamente. Por consiguiente, nosotros proponemos, en primer lugar, que se mejore el sistema de pagos. Para ello, los recursos del Fondo Social no deberían pagarse a los Estados miembros en tres fases como se ha hecho hasta ahora, sino en un único tramo anual. Esto simplificaría considerablemente la gestión. Pero, al mismo tiempo, los Estados miembros también deben garantizar, como es lógico, que efectivamente se simplificarán los procedimientos de pago y se reducirán los plazos para la transferencia de los fondos a los perceptores finales.
En segundo lugar, proponemos un mecanismo de reparto que permita acabar con la necesidad de transferir continuamente de año en año los recursos no utilizados del Fondo Social. Es decir, que si al cumplirse el tercer y el sexto año del período de subvención se comprueba que la totalidad de los fondos no están comprometidos, se procederá a su redistribución. Lo cual significa que los fondos no utilizados se asignarán preferentemente primero a otras regiones del mismo Estado miembro, pero también podrán asignarse a otros Estados miembros. La percepción de estos fondos adicionales estará condicionada obviamente a que los perceptores ya hayan agotado sus propios recursos del Fondo Social y naturalmente también a que hayan desarrollado proyectos con un buen nivel cualitativo.
Con objeto de que estos recursos adicionales puedan comprometerse rápidamente, pues sólo en tal caso tendrá sentido este mecanismo de redistribución, las regiones más desfavorecidas, esto es, las de nuestro Objetivo 1, podrán recibir subvenciones por un montante total de hasta un 90 % del proyecto, y las regiones restantes hasta un 70 % como máximo. Hablando claro, esto significa que quien no comprometa los recursos complementarios previstos se expondrá a futuras sanciones financieras, mientras que quien haga un uso razonable de los fondos, será recompensado. A nuestro parecer, esto debería cerrar en el futuro las puertas a los razonamientos en términos de reivindicaciones nacionales.
En tercer lugar, consideramos que un período de siete años para las subvenciones es demasiado largo. En este sentido, proponemos que inicialmente se constituya una reserva con el 5 % de los recursos del Fondo Social. Dicha reserva sólo se utilizaría en los últimos tres años. Esto permitiría financiar la adecuación a las necesidades. Al mismo tiempo, también se contemplaría el uso a medio plazo de los recursos por parte de los Estados miembros.
Finalmente, pedimos que se mejore la evaluación en todas las fases de la planificación y la ejecución, de manera que permita juzgar más objetivamente los proyectos. Sin embargo, todo resto sólo tendrá sentido si los Estados miembros aprueban a su debido tiempo los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales, incluido también el del Fondo Social. En efecto, la experiencia pasada nos indica que los Estados miembros en realidad necesitan un año para adaptar sus planes a los nuevos criterios de subvención. Si, en el peor de los casos, una vez más no se adoptase a tiempo el reglamento, proponemos que se establezca una prórroga por un período transitorio de un año.

McMahon
Señora Presidenta, Karin Jöns ha prestado un gran servicio a esta Asamblea. Ha sido un informe muy esclarecedor, que profundiza y detalla considerablemente diversos problemas y hace propuestas muy interesantes, concretas y en algunos casos nuevas para el futuro del Fondo. Por ejemplo, su última observación sobre una reserva y la retención de los fondos a quienes no apliquen bien la política de la Comunidad y su concesión a quienes sí que lo hagan es una medida cuya adopción debe considerar en serio la Comisión.
Uno de los problemas en muchos de los debates en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se refiere a la gestión y la administración del Fondo. A veces es culpa de la Comisión, pero, la mayoría de las veces, se debe a lo que ocurre en los Estados miembros, en particular en Estados como Italia, en los que no parece haber una estructura regional idónea y hay toda clase de problemas por la inadecuada asignación de los fondos. De hecho, en el informe presentado esta semana por el Tribunal de Cuentas -es muy oportuno que estemos debatiéndolo esta semana-, se vuelven a señalar diversos sectores del Fondo Social por su deficiente ejecución. Italia, España y Portugal son tres Estados miembros que reciben una mención deshonrosa por el Tribunal. Así, pues, es muy importante que seamos más estrictos. Tenemos que mejorar nuestra administración del dinero de los contribuyentes de la Comunidad.
El Fondo Social es una inversión en las personas. Muchos de los demás fondos -infraestructuras y demás- van destinados a industriales o a grandes empresas. En esos casos los ciudadanos tienen muy poca experiencia tangible del fondo, mientras que un joven que recibe formación y, gracias a ella, consigue un puesto de trabajo ve que el Fondo Social Europeo lo ha beneficiado. De modo que es, en realidad, un Fondo para las personas: es recursos humanos. Y no se trata sólo de los jóvenes: hay también muchos ciudadanos de edad avanzada de la Comunidad y, dadas las actuales tendencias demográficas, va a haber cada vez más. Por ejemplo, en 1992 el 32 % de la población de la Unión tenía mas de 45 años de edad; en 1996 había aumentado al 36 % y en el año 2015 será superior al 50 %. De modo que es importante que consideremos la formación de los trabajadores de edad avanzada, en particular cuando resulta que tenemos un mercado laboral flexible y las personas irán ocupando y abandonando diferentes puestos de trabajo.
En el informe Karin Jöns se ha referido también a este problema de la adicionalidad. También se ha mencionado esta semana en el informe del Tribunal de Cuentas, en el que se declaraba que los Estados miembros no habían definido adecuadamente la adicionalidad o cofinanciación. Evidentemente, ése es otro sector que debe abordar la Comisión. En el Reino Unido hemos tenido considerables problemas a ese respecto. El antiguo Comisario Millan estaba muy deseoso de hacer algo al respecto e inició una investigación sobre el Fondo Regional y otros fondos, pero se abandonó. La Comisión debe abordar de nuevo la adicionalidad y examinarla muy en serio. Padecemos ese recurrente problema de administración, que debemos solventar de una vez.
Karin Jöns hace en este informe propuestas muy concretas y meditadas. Las recomiendo a la Asamblea y estoy totalmente seguro de que mañana las aprobaremos en la votación. Dice mucho a favor de la ponente que acudamos al Pleno con un informe sobre algo como el Fondo Social y sólo haya unas diez o doce enmiendas a todo el informe. Revela que ha convencido a la mayoría de sus colegas de la comisión. Muchas de ellas son enmiendas de aliño, por lo que creo que podrá aceptar la mayoría de ellas.

Colombo Svevo
Señora Presidenta, sentimos que un informe que ha supuesto un gran trabajo de análisis y de síntesis por parte de la ponente, haya sido sacrificado un poco en el debate. Nosotros, sin embargo, no subestimamos la influencia que nuestra contribución puede tener en este momento.
Nuestro agradecimiento a la Sra. Jöns es inversamente proporcional tanto al momento como al tiempo que se nos concede para intervenir en el debate y, en consecuencia, es un profundo agradecimiento el que mostramos valorando tanto el informe como la disponibilidad para acoger algunas enmiendas.
Ante todo deseo afirmar y confirmar que también nosotros reconocemos este papel estratégico del Fondo Social Europeo, un papel que el mismo desempeña y desempeñará respecto a los nuevos objetivos previstos en el Tratado de Amsterdam, así como en la próxima Cumbre sobre el empleo y, sobre todo, con respecto al drama del desempleo. La ponente dice acertada y claramente que son necesarios unos cambios. Esto, sin embargo, no puede impedir que reconozcamos el impacto positivo que este Fondo Social Europeo ha tenido sobre la integración, en particular, entre el sistema de formación y educación y el sistema de formación permanente; el mismo ha tenido un impacto notable en el sistema global de gestión de las políticas en materia de formación que se han fortalecido en nuestros países. Lo que, sin embargo, dice la ponente es lo siguiente: el futuro está en los cambios y estos cambios son los que precisa la situación económica, social y ocupacional, así como en la gestión del propio Fondo que debe ser más simplificada y rigurosa. El Fondo Social Europeo es el único fondo que representa una ventaja directa para las personas y se opone a la exclusión social y es la única línea directa, el único apoyo con el cual contamos para valorizar ese capital humano que nos puede permitir cuadrar el famoso círculo entre competitividad y garantías sociales.
Por ello, el Fondo Social está obligado a la innovación, no puede ser relegado a una simple fuente financiera complementaria de otros fondos y debe mantener su característica de lugar de investigación y de innovación. Debe utilizarse, cosa que sucede tan sólo en parte, para fomentar nuevas ofertas y para apoyar nuevas formas de realizar la formación. Considero que el apartado 10 de su informe cumple realmente este objetivo y se hace cargo de estos nuevos aspectos; el mismo debe leerse, a mi entender, en el sentido de que para apoyar las políticas de empleo, no hay que limitarse a los cursos profesionales, sino que se deben fomentar y financiar formas de intervención en que los diferentes instrumentos deben utilizarse para alcanzar un objetivo específico.
Con mucho realismo la ponente también se ocupa de los limitados recursos financieros y de su empleo específico, así como de la necesidad de utilizarlos de la mejor manera posible; aborda asimismo el tema de la simplificación burocrática, de la cofinanciación y sobre todo de la reasignación de los créditos; se prevé un procedimiento que tiene una tramitación y una rigurosidad propias. Conscientes del hecho de que este párrafo puede plantear problemas en algunos países, entre los que se encuentra el mío, habríamos preferido una nueva programación dentro del propio Estado. Así y todo, deseo manifestar que aprobamos dicho párrafo porque supone un acicate, puesto que si podemos hacernos cargo de las dificultades de una programación descentralizada que a veces es difícil en algunos Estados y debe ser valorada por lo que es, en cambio, ya no se puede aceptar que nos hagamos cargo de las incapacidades burocráticas ni de las incapacidades de planificación.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, el mantenimiento del Fondo Social Europeo es muy importante para la cara social de la Unión Europea. Sin embargo, es necesaria una reforma fundamental de los Fondos estructurales. Particularmente, se ha de llevar a cabo una simplificación de los objetivos e iniciativas con unos procedimientos armonizados para los nuevos objetivos.
Señor Comisario, es un placer poder hablarle en neerlandés, aunque tenga todavía puestos los auriculares, y me parece mucho más divertido que usted, como Comisario de Asuntos Exteriores, tenga que escuchar los asuntos interiores. Respaldo plenamente el informe Jöns y en el fondo es extraordinario que en el Parlamento haya tanto consenso. Pero es un informe equilibrado y competente con buenas propuestas para esa simplificación y eficacia del FSE.
Aún se desprende de los informes del Tribunal de Cuentas que una gran parte del dinero disponible no se utiliza. Y en 1995 fueron unos 15 mil millones de florines. Aparte de esto, hay muchas quejas por la lenta transferencia de los créditos del Fondo Social Europeo a los beneficiarios finales. Por otra parte, colegas, Presidenta, Comisario, esto no depende solamente de la Unión Europea. En este caso, afortunadamente no es así. Se debe también muchas veces debido a que los Estados miembros no transfieran el dinero. Creo, por lo tanto, que es estupendo que se proponga en este informe que haya una simplificación en la ejecución de los pagos, por ejemplo mediante pagos anuales únicos, y que se reduzca el papaleo administrativo.
Aparte de esto, debe incrementar el papel de las administraciones locales y regionales. Este Fondo se debe utilizar, y le pido a usted, Comisario, que lo transmita a su colega Flynn, en los nuevos desafíos que tenemos por toda Europa tales como las consecuencias de la sociedad de la información, los cambios en la industria, las formas laborales flexibles y similares.
Ocurre todavía demasiado a menudo que los Estados miembros meten mano a la caja y también los Países Bajos lo hacen, yo mismo he estado implicado en la ejecución del Fondo Social Europeo como presidente de una junta regional de la oficina de empleo y entonces ves que se solucionan los problemas financieros nacionales a través de este Fondo, que se destina ese dinero a proyectos regulares de la enseñanza y que el dinero se emplea para compensar, por ejemplo, los recortes de una organización tal como una oficina de empleo. Le menciono estos ejemplos porque son los que mejor conozco, pero lo mismo ocurre en el Reino Unido, lo mismo ocurre en Alemania y creo que también está ocurriendo en Francia, aunque no dispongo de datos al respecto. O sea, creo que este Fondo se debe utilizar para lo que está ideado. Espero que este informe, que mañana será adoptado de forma muy unánime, tenga entonces un gran impacto en las reformas del Fondo y que usted se esfuerce por ellas.

Schiedermeier
Señora Presidenta, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el informe de la colega Jöns. El Grupo del PPE votó en contra de dicho informe en comisión. Entre tanto, se han eliminado o al menos matizado las discrepancias por medio de enmiendas de transacción. Aunque no me siento totalmente satisfecho, ahora parece posible que votemos afirmativamente el informe.
Un aspecto que me incomoda, Sra. Jöns, es que ahora los porcentajes correspondientes a la reserva y a la parte subvencionada son distintos para el FSE y para el FEDER. Esto dificultará en el futuro el trabajo de la Comisión. No me parece conveniente que el Parlamento establezca unos criterios distintos para los dos Fondos.
Yo creo que las tareas del FSE serán todavía más importantes y más amplias en el futuro. Hasta ahora, los resultados del FSE han sido en parte favorables, pero también ha habido una parte poco favorable. En cualquier caso, tengo que reconocer que resulta difícil juzgar y evaluar las medidas concretas. Aun así, a mi parecer, es necesario que en el futuro se evalúen mejor los resultados y que éstos se presenten antes, a fin de que sea posible extraer conclusiones inmediatas.
La importancia futura del FSE sin duda se incrementará todavía más, no en último término como resultado de la progresiva globalización. Por consiguiente, yo abogo por una cofinanciación que permita incrementar los recursos, que en el fondo son demasiado reducidos para los 15 Estados miembros. Las subvenciones del 70 % y hasta del 90 % deben convertirse en una excepción, pues de lo contrario no podremos incrementar apreciablemente los recursos.
Por último, yo quiero hacer hincapié en que el FSE no debe ocuparse únicamente de las aglomeraciones urbanas, sino también sobre todo de las zonas rurales y su población, pues de lo contrario yo creo que las zonas rurales seguirán despoblándose y ya sabemos cuál será el resultado. Las aglomeraciones urbanas aumentarán su población, con las consiguientes consecuencias -mayores costes, mayores dificultades-, que nosotros quisiéramos evitar en la medida de lo posible por medio del FSE.

Hatzidakis
Señora Presidenta, me gustaría hacer algunas observaciones telegráficas sobre este importantísimo informe:
En primer lugar, lo que se pide al Fondo Social Europeo es el aprovechamiento correcto de los recursos de que dispone en el marco de su actuación y que no estoy seguro que haya sido así hasta la fecha.
Segundo, el Fondo Social Europeo deberá promover una política activa de empleo y, en general, nuevas medidas contra el desempleo. Algo que hasta hoy viene ocurriendo de forma limitada.
En lo que respecta a la revisión de los reglamentos de los Fondos estructurales quisiera señalar lo siguiente:
Primero, es necesario armonizar los procesos y mecanismos de los Fondos estructurales para simplificar los trámites burocráticos.
Segundo, es preciso que haya una actuación horizontal del Fondo Social Europeo y, a la vez, que su presencia se haga notar en las distintas regiones para que los ciudadanos conozcan su existencia.
Tercero, los objetivos 3 y 4 deberán fusionarse.
Cuarto, que haya una sola iniciativa comunitaria en política social, el actual employement.
Y, en quinto lugar, se debe poner énfasis en el control de las estructuras y mecanismos que tienen los Estados miembros y no en el control de los programas, para poder lograr mejor el objetivo de transparencia.
Aparte de todo lo que ha dicho el Sr. Schiedermeier, con quien estoy de acuerdo, tengo algunas objeciones y son sobre todo dos:
Primera, en cuanto a lo que dice la Sra. Jöns sobre la asignación de los recursos entre los distintos Fondos y sólo después entre los Estados miembros. A pesar de que comprendo la necesidad de decir algo concreto sobre este informe creo que deberíamos volver a reflexionarlo. Pienso que podemos tener problemas con este asunto.
Segunda, en cuanto a su propuesta de reasignar los recursos no utilizados en favor de otros Estados miembros. Tenemos la propuesta de la Comisión en la Agenda 2000 que dice que se retenga el 10 % de los recursos para premiar a los mejores. Eso es positivo y provisionalmente lo aplaudo. A partir de ese punto su propuesta creo que puede causar problemas. Puede que hoy sea Italia, o Grecia, o cualquier estado, que no actúen bien con la utilización de los recursos, mañana puede ser Alemania o Portugal y entonces habrá problemas de otro tipo. También no debemos olvidar que muchas veces hay algunas razones objetivas para la no utilización y eso es algo que no debemos soslayar.
Por lo tanto diría que deberíamos ser prudentes y quedarnos con la propuesta de la Comisión en lo que se refiere al 10 % que premia al final a los mejores.

Van den Broek
Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Sra. Jöns, también en nombre del colega Flynn, por su informe tan meditado y a la vez dirigido al futuro. Puedo decir en nombre de la Comisión que la Comisión está en gran medida de acuerdo con las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales acerca del fondo y esperamos que haya un diálogo constructivo dentro del Parlamento a medida que se avance en la reforma de los fondos estructurales.
El Fondo Social Europeo se ha esforzado durante 40 años por un mercado laboral moderno y sano en Europa y hablando en general, quiero señalar de nuevo las tres tareas principales de ese fondo.
En primer lugar, es un motor importante dentro de las regiones menos desarrolladas para la mejora de sistemas, para la enseñanza, la formación y la reconversión profesional. En otros lugares de la Unión, facilita a los Estados miembros la adaptación de su oferta laboral a las necesidades de la economía que cambian continuamente. Y en tercer lugar, pero no de menor importancia, es una muestra tangible de la atención que la Unión presta a las cuestiones de participación en la sociedad y de igualdad de oportunidades para todos. Son puntos en los que también se pone mucho énfasis en el proyecto de resolución. No cabe la menor duda de que el fondo se tiene que ocupar de estos objetivos también en el futuro, pero entonces en otro contexto. En la Agenda 2000 se recogen los nuevos desafíos a los que se enfrenta y no quiero volver a hablar de ellos hoy.
Cuando colocamos el informe de la Sra. Jöns en la perspectiva que ha trazado la Comisión, vemos cuatro puntos fundamentales de acuerdo.
En primer lugar, nuestro reconocimiento común de que se le concede un papel esencial al fondo a la hora de garantizar la vitalidad y la justicia de nuestro mercado laboral, o dicho de otra forma, a la hora de fomentar la cohesión tanto económica como social. La importancia de ese esfuerzo se pone de relieve con el trabajo que la Comisión ha realizado para la cumbre sobre el empleo que hoy tiene lugar en Luxemburgo. Pero también para la implementación de la estrategia de empleo europea y para las directrices de empleo que son una consecuencia de ese proceso. Esto tendrá consecuencias importantes para el Fondo Social Europeo en el período venidero.
Pasamos a un segundo punto en común. Existe el reconocimiento que los retos aceptados por el fondo poseen una dimensión tanto horizontal como regional. La Sra. Jöns lo ha señalado también en su exposición oral. El fondo social europeo es la forma principal de apoyo que la Unión Europea presta a la política de empleo de los Estados miembros. Y en ese sentido funciona independientemente de cualquier contexto regional exclusivo. Los enfoques regionales integrados son necesarios pero eso no significa que haya que desvincular el fondo social europeo de su tarea principal: el apoyo a la reforma de las medidas y prácticas laborales de acuerdo con la estrategia europea de empleo y con las directrices anuales para el empleo. Los mecanismos que garanticen este papel horizontal en el próximo período de la programación, constituirán una parte esencial de los decretos en los que se regula la reforma.
Un tercer punto en común es nuestra valoración común de que se debe mantener un componente fuerte, innovador y transnacional de nuestras actividades, en especial a través de la nueva generación de iniciativas comunitarias. Nos alegramos del apoyo específico a la nueva iniciativa referente a la igualdad de oportunidades y a la lucha contra la discriminación en el mercado laboral.
Un cuarto punto de reconocimiento común es que hemos de agilizar y modernizar la manera en que trabaja el fondo. La agilización y la modernización tienen que ir emparejadas. Hay un doble desafío. En primer lugar: encontrar un equilibrio adecuado entre la prestación de los escasos recursos públicos a las autoridades implicadas de forma ágil, flexible, accesible pero también responsable. Y en segundo lugar, la creación de un sistema de asociación con los Estados miembros que traiga las ventajas de la subsidariedad y democracia a nivel local, regional, nacional y europeo, pero que suponga a la vez un valor añadido a través de la asociación europea. En nuestra opinión, los aspectos de esta nueva asociación deben ser los siguientes. En primer lugar: más énfasis en el desarrollo de la gestión donde la Comisión y los Estados miembros pueden aprovechar mejor las lecciones sobre la mejora de esta gestión, las lecciones del pasado. Y en segundo lugar, una definición nueva de la organización y de las responsabilidades financieras donde la Comisión se concentre en la cooperación con los Estados miembros dirigida a objetivos estratégicos, acordados con ellos en un acuerdo que sea vinculante para ambas partes. Esto significa que se cede más responsabilidad operativa y financiera a los Estados miembros y por ello es necesario, como garantía para los intereses de la Unión en su totalidad, que participe en los procesos de decisión una amplia gama de organizaciones sociales de los Estados miembros.
Por último, quiero agradecer a la comisión de asuntos sociales y, en particular, a la Sra. Jöns por su apoyo a las líneas maestras de las propias propuestas de la Comisión. Como ya dije, hay por supuesto unos detalles sobre los cuales le gustaría a la Comisión discutir cuando lleguemos a la fase en que se preparen nuestras propuestas detalladas. Pero en general, creo que el informe es un importante primer paso hacia el desarrollo de una nueva visión del fondo social europeo para los primeros años del nuevo milenio.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)


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