Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, un semanario francés, Marianne , acaba de anunciar que los miembros del Comité de sabios creado por el Parlamento y la Comisión cobrarían mensualmente 29.200 euros, es decir 191.000 francos franceses.
Habida cuenta de que este comité fue establecido bajo los auspicios del Parlamento, cabe verificar si esta información es exacta. En caso contrario, ¿cuáles son los importes reales que es preciso dar a conocer a los contribuyentes de los distintos Estados miembros? ¿En qué artículo del presupuesto se incluirán los importes correspondientes?
Quisiera saber si esta información es realmente exacta, especialmente en lo relativo a los miembros del comité que perciben ya una pensión del presupuesto comunitario, y en ese caso, si los emolumentos previstos van a añadirse o no a su pensión.

El Presidente
Señoras y señores, no podemos discutir aquí todos los artículos de prensa que se publican al respecto. La Mesa ha tomado una decisión que les podemos facilitar para que, de este modo, se pueda iniciar un debate en un marco apropiado. De todas formas, el Pleno no es el lugar indicado para ello.

Hardstaff
Señora Presidenta, anoche hubiera querido estudiar las enmiendas del informe Philippe Martin pero no estaban disponibles en inglés. Muchas de ellas estaban ya traducidas al alemán, pero hubiera preferido estudiarlas en mi propio idioma. Como se trata de un informe importantísimo y técnico, le agradeceré que haga lo posible para que estén disponibles a fin de que todo el mundo tenga la oportunidad de examinarlas cuidadosamente en su propio idioma antes de que votemos sobre ellas el jueves.

El Presidente
Muchas gracias por haber llamado la atención sobre este asunto. Procuraremos que toda la documentación esté disponible con la debida antelación.

Ford
Señora Presidenta, quisiera sugerir que, en vista de la reciente evolución de la situación política en Francia, la Conferencia de Presidentes incluya en el orden del día la cuestión del artículo 31 y considere, en interés del orden en esta sala, si no convendría separar a la facción del Sr.Mégret, del Frente Nacional, del grupo «estrella» del Sr. Le Pen. En segundo lugar, en relación con lo que ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy, me temo que la revista que está leyendo sea muy parecida a otras revistas que tenemos en el Reino Unido donde, según dice la gente, lo único que se puede creer es la fecha.

Flemming
Señora Presidenta, presento mis más sinceras disculpas. Ayer tuve el honor y el placer de intervenir en esta Casa durante dos minutos. Abrumada por este gran acontecimiento olvidé firmar la lista de asistencia. Le puedo asegurar que estuve presente.

El Presidente
Por supuesto. Su discurso sirve de testimonio.

Azzolini
Señora Presidenta, el motivo de mi intervención es el mismo que el de la colega que me ha precedido. No veo mi nombre en la lista de asistencia, mientras que ayer estuve presente en este Parlamento desde las 10.30 horas.

El Presidente
Tomamos nota de su observación y la comprobaremos.

Barzanti
Señora Presidenta, sólo quiero decir que ayer estuve presente. Deseo, por tanto, que conste mi presencia, aunque me olvidé de firmar.

El Presidente
Señoras y señores, realmente estamos llegando a una situación extrema por lo que a la comprobación de la asistencia se refiere. Mientras haya que recoger solamente dos nombres, no pasa nada, pero si son diez o veinte se nos plantea un serio problema. Les rogaría, pues, que no olviden firmar la lista de asistencia.
El Acta queda aprobada

El Presidente
Ayer se produjo un malentendido. Se dijo que la votación del informe Fitzsimons tendría lugar el miércoles. Ello no es así. Figura correctamente en el orden del día de hoy y la votación del mismo tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. Ya se ha agotado el plazo para la presentación de enmiendas, de modo que perderíamos la ocasión de dar a conocer nuestra opinión en caso de que no procediéramos a la votación. Debemos votar hoy. Solamente quería recordarles esta necesidad.

Blokland
Señora Presidenta, lo entiendo, tiene usted mucha razón, pero quiero señalarle que esta mañana todavía no disponíamos de las enmiendas al informe Fitzsimons.

El Presidente
Es otro asunto que habrá que comprobar. Lo averiguaremos .

Imposición de los productos energéticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0015/99) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (COM(97)0030 - C4-0155/97-97/0111(CNS)).

Cox
Señora Presidenta, en su propuesta en favor de ampliar y profundizar la base fiscal de los productos energéticos la Comisión contará con el apoyo del Parlamento. La directiva sobre la imposición de los productos energéticos es oportuna en el marco de nuestro compromiso de reducir el calentamiento mundial y es conveniente como medio de promover una mayor eficiencia energética y de fomentar una intensidad energética más baja por unidad de producción; además es necesaria para explorar nuevas bases fiscales si queremos abordar con éxito las dificultades estructurales de demasiados de nuestros Estados que desean disminuir los gastos no salariales de la mano de obra en sociedades que experimentan tasas de desempleo inaceptablemente elevadas.
En el Parlamento somos partidarios de aceptar nuevos impuestos pero no somos partidarios de aceptar el incremento de los impuestos existentes. Es una lástima que el Parlamento no pueda insistir por la vía legal en la neutralidad fiscal y que tenga que limitarse a hacerlo en términos de convicción política. Los Estados miembros y el Consejo traicionarán la amplia finalidad pública de esta propuesta si no se sirven de los ingresos adicionales provenientes de la imposición de los productos energéticos para compensar los gastos no salariales de mano de obra que sean excesivos y que se deban a la imposición fiscal. Insistimos en ese concepto porque, para reiterar lo que ya he dicho, este Parlamento acepta que haya un nuevo impuesto pero no quiere que se incremente un impuesto ya existente.
La Comisión propone que se amplíe el régimen de impuestos al consumo en el caso de los hidrocarburos a fin de que tenga una base fiscal mucho más extensa, con inclusión de sectores que hasta ahora han quedado excluidos en la totalidad o en algunos de los Estados miembros, sectores como el carbón, el gas, la electricidad y el petróleo para calefacción doméstica. El Parlamento apoya este enfoque por considerarlo recomendable, pero apenas ha quedado establecida esta definición de la base fiscal en la propuesta de la Comisión cuando, mediante una compleja serie de exenciones totales o parciales y de reembolsos totales o parciales, que en algunos casos son obligatorios y en otros casos son facultativos, la Comisión propone una forma de régimen fiscal que se basa más en excepciones que en normas. Esto, en nuestra opinión, constituye una mala propuesta legislativa porque peca por exceso de complejidad. Le faltan las características de la buena legislación fiscal, que debe ser de comprensión sencilla, fácil en materia de recaudaciones, previsible en cuanto a sus repercusiones legales, y difícil de soslayar.
Creo que algunos colegas confunden a esta propuesta con el impuesto sobre el dióxido de carbono. No se trata de una directiva sobre el dióxido de carbono. Los servicios de la Comisión, y por ende el Colegio de Comisarios, han presentado al Parlamento una propuesta que, en nuestra opinión, refleja demasiadas prioridades de los grupos de presión con los que tratan y que se ocupa demasiado poco de los intereses del público en general.
Al estudiar por primera vez la propuesta me acordé de una observación no muy amable acerca de una reciente presidencia de los Estados Unidos, que comparaba la conducta del Presidente a un cojín que, según decía, llevaba siempre la marca del último trasero que se había sentado en él. Desde algunos puntos de vista el carácter excepcional de este documento me parece que refleja el mismo tipo de lógica. Es precisamente el tipo de propuesta legislativa a la que hay que poner término. Mi informe propone una cirugía radical para extirpar esa invasión de exenciones, pero sigue proponiendo que se conserven las exenciones medioambientales.
En cuanto a la profundización del aspecto fiscal, estimamos que la Comisión ha optado por una fórmula que es innecesariamente complicada. Proponemos que se comience con las tasas fiscales propuestas por la Comisión para el año 2000 y que a continuación se aplique una fórmula de aceleración, sujeta a exámenes quinquenales, pero que seguiría en vigor hasta que se conocieran los resultados del examen. Esta sugerencia ofrece la ventaja de que es clara y segura y de que evita las ilimitadas complicaciones institucionales de la alternativa que se nos ha propuesto.
Queda por superar una dificultad, que es la de las empresas y los sectores cuyos costos pueden aumentar espectacularmente hasta llegar al punto en que su posición competitiva quizá quede destruida. No ignoramos este aspecto, y proponemos una forma de subsidiariedad limitada en la que dichas empresas y dichos sectores pueden buscar compensación siempre y cuando se den determinadas circunstancias, pero para ello es preciso que pasen una prueba de objetividad más amplia en el plano de la Unión Europea para que no puedan violar las normas de la competencia leal o las relativas a las ayudas estatales.
Propongo también una enmienda adicional en esta fase para que los sectores en que dicha situación sea sistemática puedan ser objeto de un reembolso o una exención general con la aprobación de la Comisión.
En suma, el Parlamento Europeo es partidario de que haya nuevos impuestos ecológicos y energéticos, pero no es partidario de que se aumenten los impuestos ya existentes. Queremos que en los Estados haya una neutralidad fiscal. Insistimos en que se reduzcan los impuestos laborales como contrapartida de este nuevo impuesto. Queremos una definición del impuesto que sea más sencilla y que sea más segura que la que ha propuesto la Comisión. Queremos una fórmula más previsible para aumentar la base y para determinar la evolución de las tasas fiscales. Queremos que se busque remedio a los casos en que haya una desventaja competitiva cuando se trate de un verdadero problema, pero no queremos que una posible desventaja competitiva se use como disculpa para no aceptar todos los cambios necesarios. Recomiendo el informe al Parlamento.

Estevan Bolea
Señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía entiende muy bien que se tiene que tender a una armonización de los impuestos y que -como ha dicho el Sr. Cox- no queremos más impuestos sino otra forma de gravar las economías europeas.
Pero tengan en cuenta que, en este momento, estamos aplicando la directiva que liberaliza los mercados eléctricos y que liberaliza los mercados del gas con el fin básico de reducir los precios de la energía. Y, de hecho, se está consiguiendo. Yo conozco, mejor que otros países, el caso de España, mi país, donde la electricidad ha bajado un 11 %. Pero en otros países no se ha ido tan deprisa. Se están implementando estas directivas y se está empezando a aplicar la liberalización de los mercados eléctricos. Si en este momento gravamos más la energía me parece que estamos intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo.
Por tanto, señor Comisario, sí estamos de acuerdo en que, en un futuro, los impuestos directos pasen a ser indirectos y en que se grave la energía siempre y cuando haya una verdadera neutralidad fiscal y siempre y cuando ello no suponga un incremento de costes para las empresas.
Estamos en un momento en el que forzosamente hemos de ser más competitivos. En Estados Unidos la energía es muy barata, usted lo sabe muy bien; en Europa la mayor parte del coste de la energía -por ejemplo, de los hidrocarburos- son impuestos y en unos países -como Francia o Bélgica- son muy altos ya para el transporte y en otros -como España- bastante más bajos.
En la Unión hay que legislar para los quince países, y no es tarea fácil. Hay que poner en marcha el mercado eléctrico liberalizado, la liberalización del mercado del gas, tenemos que ser más competitivos y aplicar innumerables normas en materia de medio ambiente que las empresas deben cumplir. Esta semana veremos la directiva del agua, que afecta muchísimo a las industrias, que deben hacer enormes inversiones. Veremos también otras directivas sobre residuos. Nos parece que habría que esperar un poco a aplicar esta directiva. Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con el espíritu de la directiva, señor Comisario, creemos que no es el momento oportuno.
No sigamos hablando del impuesto sobre el CO2 . Es verdad que si aumentamos los precios de la energía se usará más eficientemente, se consumirá menos. Pero ello requiere hacer grandes inversiones y, naturalmente, se emitirá menos CO2 y habrá menos emisiones de otros contaminantes.
No vamos a apoyar el informe del Sr. Cox. No lo vamos a hacer porque si ya la directiva que usted propone es compleja, señor Comisario, y llena de excepciones, lo que hace el Sr. Cox y ha aprobado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial es mucho más radical y, además, es inaplicable: fuera todas las ayudas, fuera todos los subsidios.
Votaremos en contra de las enmiendas 13, 14, 15 y 16 y de alguna más. Y si esta Asamblea las aprobara, votaríamos en contra del informe. Ahora es una consulta pero quizás en el futuro sea codecisión. En cualquier caso, sería bueno aplazar un poco esta directiva.

Spencer
Señora Presidenta, permítame que diga que es para mí un verdadero placer poder tomar la palabra ante el Parlamento sobre esta cuestión. Debo añadir que, probablemente a causa de mi distracción, ayer me olvidé de firmar el registro.
Quisiera respaldar absolutamente todo lo que ha dicho el ponente. Quisiera exponer mi propia opinión en nombre de la Comisión de Medio Ambiente en la cual todos los miembros de todos los grupos aceptaron unánimemente las enmiendas. La finalidad de esas enmiendas es indicar que, aunque las propuestas del Sr. Monti sean buenas, una versión «verde» de sus propuestas sería mejor. O sea que nuestra opinión es que «un Monti moreno es bueno, pero un Monti verde es buenísimo». Ahora bien, me temo que el Consejo no tenga la sensatez de aceptar las propuestas del Sr. Monti moreno ni siquiera una versión verde de las propuestas del Sr. Monti que resolvamos recomendarle. Creo que cuando hablamos de armonizar los impuestos no nos estamos refiriendo a los aspectos técnicos de la armonización fiscal sino a la forma de utilizar los impuestos, y -me parece- el Consejo dejará pasar una excelente oportunidad si no hace suyas las propuestas del Sr. Monti. Debería recordar lo que viene diciendo acerca de Kyoto y de Buenos Aires, y utilizar esta oportunidad presente para influir en la forma en que la energía se utiliza en nuestra Unión.
Es posible que, como consecuencia de mi propia estupidez, el informe Spencer sobre el impuesto energético sobre el dióxido de carbono, respecto del cual he sido ponente hereditario durante casi 10 años, no llegue a tiempo a este Parlamento. Por el momento está en manos de la comisión parlamentaria y recomiendo firmemente al Parlamento que lo deje donde está. Creo que la Comisión y el Consejo tendrán que volver a ocuparse de un impuesto energético sobre el dióxido de carbono porque es una de las formas de establecer una verdadera diferencia. Recomiendo que los futuros Parlamentos dejen ese informe en la comisión parlamentaria y, si se me permite que sea un poco malicioso, que lo marquen con la palabra «Spencer», no para mí -pues el cambio climático es una cuestión de larga duración- sino para cuando mis hijas puedan seguir la labor de este Parlamento.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya tanto la propuesta Monti como la propuesta modificada contenida en el presente informe, dado que para muchos problemas ofrece soluciones concretas que se ajustan mejor al objetivo de modificar el sistema fiscal mediante la introducción de nuevos impuestos. Desde este punto de vista es preciso subrayar que la propuesta de directiva, al igual que la propuesta de directiva enmendada por el Parlamento Europeo, no puede ser sino el primer paso en la dirección de una reforma fiscal ecológica, aun cuando lamente, como también ha subrayado el Sr. Spencer, que la propuesta de directiva en sí no prevea ningún impuesto verde sobre la energía. Es la razón por la que mi Grupo respalda el cambio introducido por el ponente en el sentido de que es necesario incorporar la obligación de que los Estados miembros de la Unión Europea no graven la electricidad y demás productos procedentes de energías renovables.
En mi opinión, la presente propuesta, que con razón pretende gravar los recursos energéticos a fin de reducir las cargas laborales, tal y como ya estaba previsto en el Libro Blanco Delors de 1993, mejora notablemente la propuesta de directiva, además de dotarla de un «elemento verde». Creo que no es incompatible con el sistema, es más, lo considero imprescindible. Esta directiva tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y pretende erradicar los obstáculos correspondientes, también los que se sitúan en el país de consumo; pero no podemos perder de vista que nuestros debates experimentaron un cambio cualitativo gracias a la aportación de Pigou, especialista en asuntos financieros, que en 1920 formuló la idea de contribuir a la protección de los recursos naturales mediante la imposición de cargas.
Asimismo es fundamental que en la presente propuesta de directiva se conceda especial importancia a la neutralidad fiscal. A este respecto, los Estados miembros también han de perseguir en sus respectivas reformas la disminución de las cargas laborales a fin de promover el empleo. El impuesto sobre la energía -conviene subrayarlo- no es un impuesto ecológico. A mi modo de ver debemos reanudar urgentemente las hasta ahora deplorables discusiones y debates en el marco de Río y Kioto que a escala europea no han conducido a ningún resultado. Creo que muchos Estados miembros ya han llegado más allá de lo mencionado en la propuesta de directiva.
También es importante que los Estados europeos intercambien experiencias, y en este sentido consideraría sumamente positivo que las empresas altamente consumidoras de energía, que han de tener derecho a la devolución de impuestos, siguieran el ejemplo de Dinamarca, que está surtiendo efecto, y se sometieran a una auditoría energética.

Areitio Toledo
Señora Presidenta, esta directiva nace en principio con un triple objetivo, que ha hecho difícil su análisis e incluso el informe del Sr. Cox. Por un lado, busca un objetivo de armonización fiscal para mejorar el funcionamiento del mercado. Por otro lado, se propone un objetivo económico: trasladar cargas fiscales sobre el trabajo a cargas fiscales sobre la energía. Y también se le ha añadido un objetivo ecológico. Mezclar tres objetivos en una misma directiva siempre es complicado. Yo creo que el ponente, Sr. Cox, ha intentado aliviar un poco esta pesada carga en su informe y reducir un poco el ámbito del triple objetivo. En cualquier caso, es muy complicado establecer una directiva armonizadora, sobre un tema tan complejo como es el energético, dentro de la Unión Europea.
Creo que la Comisión ha hecho un primer enfoque acertado, porque el problema exige la existencia y la presencia de innumerables excepciones a la regla general. Y no hay otra forma de tratar el asunto. Nuestro Grupo disiente, en este punto, del enfoque del Sr. Cox. La verdad es que, a la hora de hacer normas fiscales, las excepciones -como vemos en toda nuestra normativa fiscal- son práctica generalizada y no entiendo por qué aquí no aceptamos también unas excepciones que consideramos fundamentales para no dañar la competitividad del sistema productivo de la Unión Europea.
Por consiguiente, señora Presidenta -y lo ha dicho antes también la Sra. Estevan Bolea-, nosotros, si se mantiene la posición del ponente de suprimir una serie de artículos -en concreto, los artículos 13, 14 y 15-, votaríamos en contra del informe porque, sinceramente, pensamos que el tratamiento que debe darse al problema, además de todas las demás dificultades que tiene, exige la presencia y el análisis en profundidad de toda la casuística de excepciones previstas por la Comisión, más otras que sabemos que va a presentar.

Gasòliba i Böhm
Señora Presidenta, Señorías, quiero mostrar el apoyo del Grupo Liberal al informe de nuestro colega Sr. Cox, que implica una serie de mejoras a la propuesta de directiva de la Comisión y hace un enfoque adecuado y oportuno a nivel de la Unión Europea para conseguir tres objetivos básicos.
En primer lugar, reforzar el mercado interior, pues la propuesta de una armonización fiscal en este ámbito está precisamente dirigida a evitar las distorsiones que existen en estos momentos.
En segundo lugar, asegurar un mayor nivel de competencia del mercado interior europeo a nivel internacional. Es obvio que, si logramos una mejor armonización fiscal, como se propone la aplicación de este impuesto, se podrán eliminar o rebajar los costes laborales sin mermar el nivel de los ingresos fiscales a nivel de la Unión y de los Estados miembros, y con ello estaremos introduciendo un nivel de competitividad en la estructura de costes, por parte del conjunto de la Unión Europea, en el mercado internacional.
Y en tercer lugar -aunque aquí he oído algunas críticas-, es importante el tercer objetivo porque, evidentemente, hay una política medioambiental que contribuye a una economía sostenible, que es uno de los principales objetivos de la Unión Europea. Entendemos precisamente que el informe del Sr. Cox permite cubrir estos tres objetivos y, además, da un margen de maniobra importante a los Estados miembros para adaptar esta directiva, siempre que -insisto- no se distorsione el nivel de competitividad ni la consecución del mercado interior europeo, que es uno de los principales objetivos de la Unión.

Theonas
Señora Presidenta, refiriéndome a la propuesta de directiva de la Comisión y al informe del colega Cox, me gustaría hacer tres observaciones:
Primera observación: No puede existir una segunda opinión sobre la necesidad de proteger al medio ambiente de las emisiones de productos energéticos. Se requiere, por tanto, una intervención positiva en favor de las formas de energía suaves, en favor de la modernización de las instalaciones y de los métodos de producción para que sean más respetuosas con el medio ambiente y no medidas indirectas de recaudación de impuestos que afectan de forma crucial a las rentas populares.
Segunda observación: La intensificación de la carga impositiva sobre los productos energéticos de cualquier naturaleza, como se propone, conducirá, en nuestra opinión, a un aumento espectacular de los precios que, en ciertos casos, superará el 9 % hasta el 11 % y, en un período de restricciones financieras en el marco de la UEM, intensificará la presión en el nivel y en las condiciones de vida de las capas más populares.
Tercera observación: Me gustaría, señora Presidenta, expresar una vez más nuestra inquietud por la propuesta sustitución de las contribuciones sociales al sistema de seguridad social, de los denominados «impuestos sobre el trabajo», por los llamados «impuestos energéticos». Dicha sustitución, no sólo no conducirá a reforzar los recursos de los agentes aseguradores, sino que permitirá a los gobiernos la privatización de los mismos, con consecuencias dramáticas para el sistema de la seguridad social.

Hautala
Señora Presidenta, el Sr. Cox ha llevado a cabo una excelente labor con esta propuesta de la Comisión. Quisiera felicitar igualmente al Sr. Spencer por la labor que ha venido desempeñando durante aos en este Parlamento acerca de la propuesta del impuesto sobre el dióxido de carbono. El Grupo de los Verdes se muestra completamente de acuerdo con el Sr. Spencer en el sentido de que tenemos que mantener esta propuesta de imposición fiscal sobre el dióxido de carbono. No podemos rechazar dicha propuesta, ya que contiene un mayor número de elementos orientadores del comportamiento medioambiental que la mencionada propuesta Monti que ahora sometemos a debate.
Pero la verdad es que el Sr. Cox ha hecho «mucho más verde» esta propuesta del Comisario Monti. En dicha propuesta se justifican claramente las excepciones, y estas excepciones han de ser motivadas desde un punto de vista medioambiental. Excepcionalmente clara es también su exposición de motivos sobre el modo en que la industria podrá beneficiarse de desgravaciones en el ámbito de la imposición energética. De acuerdo con la propuesta del Sr. Cox, la industria ha de ser capaz de justificar estas desgravaciones en términos de competencia, y todo ello ha de someterse al control de la Comisión.
En el informe del Sr. Cox se propone como punto de partida la base fiscal del ao 2000, que se incrementaría durante cinco aos en un dos por ciento anual, más la inflación. Señorías, éste es un nivel muy modesto de incremento fiscal. Si lo que queremos es que la imposición contribuya a planteamientos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, hemos de ir pensando en una línea un poco más intrépida. Por este motivo, los Verdes han presentado una propuesta con un índice anual del cuatro por ciento, más la inflación. La diferencia entre nuestra propuesta y la del Sr. Cox es que mientras que ésta última incrementaría en cinco aos el impuesto energético en torno a un diez por ciento, la nuestra lo haría en un máximo del veinte por ciento. Por consiguiente, les rogaría que reflexionaran verdaderamente sobre esta enmienda de los Verdes.

Bonde
Señora Presidenta, el Movimiento de Junio apoya los impuestos mínimos sobre la energía, sin embargo, este dinero debe permanecer en las cajas nacionales y no convertirse en una nueva fuente de ingresos para la UE. Queremos tener derecho a fijar un impuesto más alto sobre la energía para aumentar el ahorro y promover el paso a energías renovables. El Movimiento de Junio también hace hincapié en representar a los que no tienen voto, a los que vienen detrás de nosotros. Sencillamente no podemos saquear los escasos recursos del globo. Si desaparece la frontera entre Dinamarca y Alemania, la gente viajará a Alemania y comprará gasolina y aceite combustible baratos. Los impuestos ingresarán en el caja estatal alemana en lugar de en la danesa. Nos veremos obligados a reducir nuestros impuestos y tasas al nivel alemán. Entrará menos dinero en la caja común para financiar las ayudas a la educación, las jubilaciones anticipadas y las pensiones. Existe una mayor igualdad entre las personas que viven en Dinamarca que entre las que viven en Alemania y el resto de los países de la UE. El Movimiento de Junio defiende este modelo de bienestar escandinavo, siendo ésta la razón por la cual votamos a favor de los precios mínimos más altos posibles; sin embargo, también queremos que se nos permita fijar impuestos a la energía que se importa a precios más bajos para que la energía atómica francesa no acabe con la apuesta por la adaptación a energías renovables, al sol y al viento. Sólo hay precios mínimos garantizados para la energía eólica en tres países comunitarios: Alemania, España y Dinamarca. Y en ellos tenemos la mayor parte de los molinos de viento del mundo. El sol y el viento no deben ser reemplazados por la energía atómica.

Lukas
Señora Presidenta, el ponente ha logrado un compromiso entre las necesidades propias del medio ambiente y la necesidad de reducir las exacciones obligatorias sobre la mano de obra. Se trata de un excelente juego de equilibrio entre las dos orientaciones principales de nuestra política que con un enfoque fundamentalista acabarían enfrentándose. En un momento en que la lucha contra el enorme problema del desempleo se ha convertido en prioridad económica y socio-política de la Unión Europea y cuando todos conocemos el impacto negativo de las energías no renovables sobre el medio ambiente, la solución correcta parece estar en un procedimiento cauteloso, pero contundente, como el que se nos presenta aquí.
Es de esperar que sean aprobadas algunas de las enmiendas que confieren al informe una dimensión verde y que realzan y fomentan el papel fundamental que desempeñan las energías renovables de cara al futuro. Por otra parte hay que rechazar enmiendas como la nº 13, cuya aprobación ocasionaría grandes pérdidas en el sector industrial y contribuiría a reducir el número de puestos de trabajo.

Lange
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, el informe del Sr. Cox merece mi más sincero apoyo. Logra hacer más comprensible la propuesta de la Comisión y garantiza una solución eficaz. No obstante, quisiera destacar dos puntos que se mencionan en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Quisiera aprovechar la ocasión para manifestar mi gratitud al Sr. Spencer por sus esfuerzos y su tenacidad así como por su colaboración y su confianza.
Mi primer comentario está relacionado con la cuestión de las energías renovables. Si pretendemos que esta reforma fiscal tenga como consecuencia una disminución del consumo energético, hemos de dejar fuera las energías renovables habida cuenta de que no deberíamos someterlas a la competencia entre Estados nacionales. Si algunos países deciden retirarlas y otros deciden no retirarlas acaban estando a la merced de las leyes de la competencia. Por todo ello, prefiero que se opte por una solución unívoca, por una normativa clara y eficaz, sobre la base de la propuesta del Sr. Cox. Soy partidario de que retiremos las energías renovables de este impuesto.
El segundo punto se refiere al sector que hoy día experimenta el mayor incremento de emisiones de CO2 , a saber, la navegación aérea. El último año las emisiones de CO2 aumentaron en un 17 %. Este sector no se ha tenido en cuenta porque la aplicación del presente impuesto al queroseno plantea algunos problemas. Me parece, sin embargo, inaceptable que formulemos una propuesta que no tome en consideración el sector que se caracteriza por la mayor subida porcentual de emisiones de CO2 . Por lo tanto, propongo que incorporemos la enmienda nº 29, dejando claro que somos conscientes de este problema y que instamos a la Comisión a que elabore una solución adecuada para que este sector también pueda ser integrado en el sistema fiscal.

Thyssen
Señora Presidenta, se quieren lograr muchos objetivos con esta propuesta relativa a la introducción de niveles mínimos de imposición armonizados para los productos energéticos. Se pretende tanto mejorar el entorno vital como disminuir las cargas laborales y fomentar el óptimo funcionamiento del mercado interior; todo esto, por supuesto, sin correr el riesgo de que se debilite la competitividad de nuestras empresas. La propuesta se basa, sin duda alguna, en buenas premisas, pero, tanto la propuesta misma como su variante enmendada, me llevan a interrogarme por las consecuencias concretas para las empresas de gran intensidad de mano de obra, entre ellas, muchas PYMES. Si se admite la exención, devolución o reducción de la imposición de los productos energéticos a las empresas de gran intensidad energética, sea o no sobre una base individual, debido a una preocupación justificada por la competitividad, me pegunto si no existe un riesgo real de que sobre todo sean las empresas de gran intensidad de mano de obra las que terminen pagando la tasa del CO2 . Si partimos de que la neutralidad fiscal no se permite por unidad de empresa sino que posiblemente se deberá cumplir con carácter general, más bien de forma horizontal, ¿no hay peligro de que se produzca un desplazamiento de la presión fiscal de las empresas de gran intensidad energética hacia las empresas de mano de obra intensiva? Y me pregunto, ¿no logramos justamente lo contrario de lo que perseguimos? Los pequeños contaminadores pagan relativamente más que los grandes y las empresas de gran intensidad de mano de obra se ven más afectadas que las de uso intensivo de la energía.
Señor Comisario, las PYMES no están tan satisfechas con esto. Considero que esta propuesta no es aceptable para ellas y me agradaría escuchar sus argumentos en contra de las opiniones que acabo de manifestar. Así mismo, me gustaría conocer sus previsiones sobre el calendario, ¿cuándo cree que el Consejo adoptará una decisión sobre este asunto?

Seppänen
Señora Presidenta, a un buen impuesto medioambiental se le ha de poder dar la vuelta. Ha de servir para orientar el comportamiento de los productores y los consumidores de una manera favorable para el medio ambiente. El objetivo primordial de este impuesto no ha de tener un carácter fiscal.
Pero hay cosas a las que no se puede dar la vuelta, y éste es el punto de vista de vista septentrional sobre la cuestión que nos ocupa. En Finlandia se ha registrado este invierno un nuevo récord, una temperatura mínima de -54 ºC. En estos momentos hace -30 ºC en Helsinki, y menos de -40 ºC al norte del país. Además de estos datos, querría llamar la atención acerca del hecho de que en el norte las distancias son muy grandes y que los desplazamientos requieren energía. Mi circunscripción electoral tiene un diámetro de 1.300 kilómetros. Y si llamo la atención sobre estas dos circunstancias, las necesidades que plantean la calefacción y los largos desplazamientos, es porque hemos de poder acogernos a excepciones, a unas excepciones que han de ser posibles igualmente para las economías domésticas, ya que las personas normales y corrientes que habitan en las regiones periféricas se ven obligadas a pagar las desgravaciones fiscales que ahora se pretende conceder al uso energético intensivo de carácter industrial. La reducción de gastos que se propone en beneficio de los patronos partiría, en nuestro caso, de unos objetivos erróneos.
Habida cuenta de las diferentes condiciones naturales que se dan en la Unión Europea, ha de existir también la posibilidad de aplicar distintos regímenes fiscales. Aprobamos una norma mínima, pero la regulación de la UE no ha de ir más allá.

Breyer
Señora Presidenta, evidentemente, como miembro del Grupo de los Verdes hubiera preferido una propuesta aún más verde, al igual que el Sr. Spencer. Pero a pesar de ello, debo admitir que desde mi perspectiva verde considero este informe como un primer paso, pequeño pero importante, un avance, aunque mínimo, hacia una imposición o al menos hacia una armonización en el ámbito medioambiental.
Me van a permitir que haga dos observaciones al respecto. Estoy de acuerdo con el Sr. Cox en que no hay que incluir las energías renovables, puesto que ha llegado la hora de que la política energética cambie de rumbo. Todos sabemos que las energías renovables son los recursos energéticos del futuro y que en esta materia no nos podemos equivocar de camino.
Por otra parte, espero que el Pleno respalde nuestra enmienda que propone no incorporar el transporte público local, ya que desempeña asimismo un papel clave. Si pretendemos contribuir a que disminuyan las emisiones de CO2 , lo importante es que se reduzca en cierta medida la circulación de los turismos, tan perjudiciales desde un punto de vista ecológico. Es lo que se quiere conseguir con el impuesto sobre el consumo. Pero, al mismo tiempo, es fundamental que se fomente un transporte público local respetuoso con el medio ambiente.
Compartimos la opinión de que ya no se puede seguir subvencionando la navegación aérea. Existen otras posibilidades, como por ejemplo un impuesto sobre emisiones de CO2 , que podrían tener la ventaja de no estar sometidas al principio de unanimidad y de ser compatibles con los acuerdos internacionales. Esperemos, pues, que también en este campo la Comisión presente una propuesta adecuada en el mes de marzo.
En resumen, consideramos el presente informe como un paso importante en la buena dirección.

Metten
Señora Presidenta, durante los dos últimos decenios se viene aplicando en la Unión Europea un impuesto cada vez más alto sobre el factor trabajo. Si esta tendencia se invierte, algo que en mi propio país, en tanto excepción que confirma la regla, viene haciéndose desde 1994, podrá reducirse considerablemente el persistente elevado desempleo en la Unión Europea. Éste es el contexto en que debemos analizar los dos informes de hoy sobre imposición, Cox y Pérez Royo. La presión fiscal debe desplazarse del factor trabajo al medio ambiente y a las rentas del capital. El informe Cox aborda los impuestos sobre el consumo de las fuentes de energía. El problema más importante de la legislación actual es que el fundamento de la imposición es muy incompleto. Algunas fuentes de energía, tales como el gas natural, el carbón y la electricidad, han estado hasta ahora exentas del pago de impuestos sobre el consumo. En otros casos, como el de los carburantes, normalmente sí están gravados, pero algunos usos específicos están exentos, como el queroseno para la aviación o el combustible para la navegación o la pesca.
Un tercer problema es que los mismos combustibles se gravan de distinta forma según su utilización. Así, los combustibles para transporte soportan un gravamen superior al de los combustibles para calefacción. Además, los combustibles que generalmente se utilizan para fines industriales y comerciales cuentan con un impuesto más bajo que los combustibles destinados al consumidor. Un último problema es que los niveles mínimos de imposición en el ámbito europeo sí están armonizados, pero los niveles son tan bajos que apenas tienen mayores consecuencias.
El informe Cox no puede abordar, por supuesto, todos estos problemas a la vez. Se trata de legislación que exige la unanimidad en el Consejo, y eso, la mayoría de las veces, implica su estancamiento. Lo que sí hace el informe -y lo respaldamos totalmente- es apoyar la ampliación de la aplicación del impuesto al carbón, al gas natural y a la electricidad; eliminar una parte de las exenciones obligatorias de utilización y elevar e indexar las tasas mínimas. Mediante esta indexación, se introduce, al mismo tiempo, la idea de una aceleración. Los impuestos no sólo deben ajustarse a la inflación anual, sino que, además, deben aumentar un dos por ciento por encima de ella.
Por último, el informe Cox mantiene la serie de exenciones que los Estados miembros pueden conceder, pero endurece los requisitos para su concesión. Con todo ello, este informe constituye un paso importante en el buen camino, no sólo desde la perspectiva del desplazamiento de la presión fiscal, sino también desde el punto de vista del medio ambiente, porque muchos de los usos hasta este momento libres de impuestos, se gravan ahora por primera vez. Sin embargo, también es cierto que, teniendo en cuenta ambas perspectivas, debería hacerse todavía mucho más. Los bajos tipos de imposición aplicados a las fuentes de energía para fines industriales y comerciales son, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente, absolutamente indefendibles porque se trata precisamente de los carburantes que más contaminan.
Finalmente, la serie de exenciones que los Estados miembros todavía pueden conceder es, desde la perspectiva medioambiental, completamente irracional. Así y todo, este informe es muy necesario y constituye una importante señal para que el Consejo sepa adónde quiere llegar el Parlamento. Esta señal es necesaria, puesto que el Consejo parece no desear endurecer la propuesta de la Comisión y pretende, incluso, vaciarla de forma que apenas tenga consecuencias. Por ello, hago aquí un llamamiento a mis compañeros de partido en los Gobiernos europeos a fin de que se preocupen más por la importancia de desplazar la imposición sobre el factor trabajo que por los intereses nacionales a corto plazo. Este es un expediente que, en mi opinión, debería ser un testcase en este sentido.

Porto
Señora Presidenta, pocas serán las esferas que, como la tributación de la energía, exijan un análisis desapasionado, con aclaración de su adecuación a los objetivos que se afirma querer alcanzar y la consideración también de objetivos de equidad y cohesión que no se pueden olvidar.
Como en el caso de la iniciativa sobre la tributación de emisiones de CO2 , se dice que se persigue el objetivo de la neutralidad fiscal y un objetivo de substitución de la tributación del trabajo, lo que contribuirá a la promoción del empleo. Además del aspecto formal de que algo que modifica las funciones de producción no es, en realidad, neutral, conviene saber, por un lado, si una tributación sancionadora de la energía no desincentivará la inversión -en particular de las PYME- y, con ello, la creación de empleo y, por otro lado, hasta qué punto substituirá en gran medida a la del trabajo una tributación que, para ser eficaz, al desincentivar la utilización de energía, no aportará recursos financieros suplementarios... Hay, pues, un conflicto entre un objetivo parafiscal y el objetivo fiscal, al no poder tenerse todo al mismo tiempo.
Hay que preguntar también cómo se asegura la no regresividad de la tributación, dado que las personas pobres gastan porcentajes mayores de sus rentas en la energía, y la no penalización de los países más pobres de la periferia con equipos más anticuados y recargos mayores con los transportes. El problema se plantea en el Norte, como ha dicho el Sr. Seppänen, pero se plantea con mayor gravedad en el Sur. En particular, no se puede aceptar que se castigue el transporte por carretera, mientras no haya opciones substitutivas más correctas, en particular con el transporte ferroviario, que la Unión Europea debería apoyar primordialmente.
Observando los números, comprobamos, por lo demás, que ya hoy los usuarios de las carreteras pagan (en impuestos sobre los combustibles y sobre los vehículos y en peajes) el doble del gasto que con ellos se hace, cuando en el ferrocarril se paga el 56 % y en la vía navegable el 18 %, recargos que corresponden al 2 % del PIB de la Unión Europea.
Para evitar también una distorsión entre los diversos modos de transporte, incluido el contaminante transporte aéreo, se debe apoyar una enmienda de la Sra. Esteban Bolea, de mi Grupo, que se ha presentado en este Pleno.

Schörling
Señora Presidenta, con la propuesta de la Comisión relativa a la fiscalidad de los productos energéticos ha pasado algo parecido que con lo que se dice en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, es decir, que es una resolución para crear un mercado interior que funcione mejor. Ahora el ponente Cox, los informes de otras comisiones y algunas de las enmiendas, han hecho de este informe una propuesta «verde» que nos encauza hacia los compromisos que hemos contraídos en Kioto, en Buenos Aires y en otras convenciones para limitar las emisiones de dióxido de carbono. Las excepciones fiscales para el sol, el viento y el agua pueden llegar a convertirse en una clara señal para la industria a la hora de hacer sus inversiones. De este modo se puede facilitar la evolución hacia productos energéticos renovables. Por tanto, veo esta propuesta como un primer paso en la dirección correcta.
También el deseo de neutralizar esta propuesta desde el punto de vista fiscal, es decir, que en ella se recomienda a los Estados miembros rebajar los impuestos sobre el trabajo y en cambio gravar la energía, el llamado canje de impuestos, es también una idea muy, muy buena, con una clara orientación «verde». Les pido que den su apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes.

García Arias
Señora Presidenta, es cierto que tenemos que tender a una armonización fiscal en el sector energético aunque la tarea es difícil dadas las diferencias existentes entre los quince Estados miembros y dado el hecho de que no debemos aumentar los precios porque, contrariamente a los objetivos que se pretenden, podemos perder competitividad y empleo.
De momento, esta propuesta significa elevar los tipos impositivos y encarecer los precios del transporte precisamente en los «países de la cohesión», aquellos que se encuentran en la periferia y que, además, producen menos contaminación en Europa.
Por otro lado, al extender el impuesto a otros productos energéticos, nos encontramos con que no armonizamos el mercado interior, sino que falseamos la competencia entre las distintas fuentes de energía penalizando -por ejemplo- especialmente al carbón, que sigue siendo la principal fuente de energía autóctona y que está llevando a cabo enormes esfuerzos técnicos.
En cuanto a las propuestas del Sr. Cox, nos encontramos ante una situación contradictoria. Perderemos competitividad si eximimos a las industrias europeas que consumen energía y que están llevando a cabo serios esfuerzos de ahorro energético. Estaríamos penalizando esos esfuerzos tecnológicos y vamos a complicar su competencia en el sector internacional. Y un ejemplo de muchas de estas industrias sería el sector siderúrgico, que compite dentro de la Unión Europea -y el componente energético es factor de competencia- pero, además, compite internacionalmente.
Siendo así las cosas, hay una serie de propuestas unilaterales que son difícilmente aceptables. Los socialistas españoles, señora Presidenta, vamos a votar en contra de las propuestas del Sr. Cox y esperamos que el Consejo pueda llegar a acuerdos pero, en principio, -ya digo- es una tarea difícil si tenemos en cuenta que hay que armonizar situaciones energéticas distintas en los distintos países y además exigir un esfuerzo que penaliza especialmente a los países que no son precisamente los responsables de la enorme contaminación en Europa.

Hoppenstedt
Señora Presidenta, señor Comisario, el hecho de que este tema se haya convertido en una auténtica rémora que nos persigue por doquier es señal de que se trata de un asunto enormemente complejo del que, debido a las opiniones divergentes, tardaremos en librarnos. Aunque el esfuerzo del Sr. Cox por simplificar la propuesta sea loable en sí, no cuenta con el apoyo de la mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo, como ya ha quedado de manifiesto.
Creo que también en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hemos dejado claro que suscribimos los artículos 13 y 15 tal y como los presentó la Comisión desde un principio, por lo que la eliminación de los mismos no merece nuestro apoyo. Nos adherimos a la idea de la Comisión de definir las grandes excepciones a través de la UE, y no a través de los Estados miembros, en el convencimiento de que dejando la fijación de las normativas de excepción en manos de los Estados miembros se concedería un papel importante a la competencia, puesto que no se establece el margen de acción de dichas normativas. Ello daría lugar un sinfín de medidas de control.
Se ha dicho, y lo sabemos, que nuestra atención no se centra solamente en el medio ambiente, sino también en el empleo. A este respecto está en juego la competitividad de los grandes consumidores finales de energía, como el sector del acero, cemento, aluminio y otras industrias similares. De cara a la competencia con los terceros Estados es fundamental que se cree una normativa uniforme en la UE, tal y como propone la Comisión.
Rechazamos el aumento de los precios energéticos contemplado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, y más en concreto las enmiendas presentadas por el Sr. Cox, porque estimamos que tendría consecuencias negativas para el empleo.

Linkohr
Señora Presidenta, comparto la opinión de que el Sr. Cox ha elaborado un informe muy sensato y, por tanto, votaré a favor del mismo. Asimismo quisiera dar las gracias a Tom Spencer, que durante tantos años se ha esforzado por sacar adelante este tema. Desafortunadamente, todos los indicios apuntan a que aún nos queda mucho camino por recorrer, ya que me temo que el Consejo de Ministros no llegará a ningún acuerdo. Sin hablar de las contradicciones que reinan en esta Casa. Ése es el verdadero problema. Y en este sentido me parece inteligente la propuesta de la Comisión, porque no toma como punto de partida el medio ambiente sino el artículo 99, es decir, la armonización de impuestos existentes. En mi opinión, se trata de una opción mucho más razonable que tal vez nos permita acercarnos a la meta final, puesto que la liberalización de los mercados nos obliga a armonizar el marco general. Y si encima redunda en beneficio del medio ambiente, tanto mejor. No sé si el Consejo lo entenderá así. Supongo que a ese nivel se plantearán numerosos problemas, pero de todas formas deseo mucha suerte a la Presidencia alemana y espero que pueda avanzar en esta materia.
Quisiera formular una última observación. Paradójicamente, en los últimos años los mayores ahorros energéticos corren a cargo de la industria, mientras que el consumo doméstico y el del sector del transporte ha ido en aumento. Esta tendencia se manifiesta con gran nitidez en los Estados del centro de Europa. El consumo de productos energéticos en relación con el producto interior bruto ha disminuido, en tanto que el consumo doméstico y el del sector del transporte ha aumentado. Por tanto, si se pretende crear un instrumento, un instrumento ecológico, que contribuya a reducir el consumo energético, es necesario encaminarlo principalmente en dirección a los hogares y al transporte, por más que me pese, y elaborar un mecanismo fiscal que penalice especialmente estos dos sectores. Probablemente sea ésta la razón por la que un impuesto de estas características resulte tan impopular. Ningún partido ganaría las elecciones si su política girase en torno a este aspecto. Ello no obstante, estoy convencido de que se trata de una misión que debemos cumplir a largo plazo y en este sentido quisiera dar las gracias a todos los que colaboran en esta medida tan impopular pero de suma transcendencia.

Schmidbauer
Señora Presidenta, me alegro de que en mi calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Turismo y de ponente para el Libro verde sobre la internalización de los costes externos del transporte y el posterior Libro blanco de la Comisión que reclama precios justos y eficaces para la utilización de las infraestructuras tenga la oportunidad de comentar en el presente debate el tema harto complejo de la imposición de los productos energéticos desde la perspectiva de la política de transportes.
En su propuesta de directiva por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos la Comisión presenta una propuesta sobre el transporte por carretera que el ponente, el Sr. Cox, parece considerar como un ejemplo más de estas inextricables normativas de excepción que él pretende suprimir de la propuesta de directiva. En el artículo 16 de la propuesta, la Comisión considera la posibilidad de autorizar a los Estados miembros a aplicar reducciones del nivel de imposición en el ámbito del transporte por carretera si, al mismo tiempo, se introducen, de forma no discriminatoria, tarifas específicas para el transporte por carretera encaminados a la cobertura de los costes de las infraestructuras, los derivados de la congestión y los medioambientales.
Ustedes saben que en las comisiones mis colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han votado contra la supresión del artículo 16 y rogaría encarecidamente a todos ustedes que hagan lo mismo en la votación en el Pleno, puesto que aquello que el ponente pretende eliminar de la propuesta de directiva constituye el primer paso hacia un nuevo concepto de política europea de transportes, una política de transportes eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Al integrar el sistema de tarifas en la propuesta sobre la imposición de los productos energéticos, la Comisión ha dado muestras de una actitud coherente, puesto que dicha opción está en línea con lo que defiende en su Libro verde y más recientemente en su Libro blanco.
Como ponente suscribo las ideas básicas ahí expuestas y, por tanto, recomendaría al Parlamente que también actúe en consecuencia, respaldando este nuevo impulso para la política de transportes en el marco del debate sobre la imposición de los productos energéticos, como ya hicimos en este Parlamento con motivo del Libro verde. Por todo ello, quisiera instarles a que no obstaculicen la puesta en marcha de una política europea de transportes eficaz y sostenible. ¡Les invito a votar a favor del artículo 16 tal y como figura en la propuesta de la Comisión!

Rübig
Señora Presidenta, señoras y señores, la Sra. Schmidbauer ha dado en el clavo. El modelo de las tarifas eficaces en materia de transporte nos ha demostrado que debemos trabajar sobre cuestiones fundamentales y renunciar a las subvenciones cruzadas. Las cargas laborales no salariales forman un bloque totalmente independiente que ha de ser tratado por separado. En este ámbito necesitamos una mayor competitividad y es importante que logremos disminuir los costes y que este sistema se dote de una mayor responsabilidad propia.
La imposición de los productos energéticos es un ámbito totalmente distinto. En este caso se trata sobre todo de introducir las mejoras necesarias para que seamos más competitivos a escala internacional y podamos crear más empleo. Si encarecemos excesivamente los costes energéticos perderemos puestos de trabajo en los sectores altamente consumidores de energía como la industria del acero -disponemos de una lista exhaustiva de los mismos-. Quiero destacar igualmente que no podemos pasar por alto a los consumidores. En última instancia, es el consumidor quien crea los puestos de trabajo a la hora de elegir los productos que desea comprar y los servicios que quiere utilizar. Estas decisiones no se pueden modelar con la ayuda de normativas obligatorias.
Por todo ello, considero fundamental que se establezca un límite superior para empresas altamente consumidoras de energía. Este límite debe garantizar que se reconocen los esfuerzos de las compañías que ya hayan puesto al día sus instalaciones técnicas en el pasado, reduciendo el consumo energético hasta el mínimo operacional. Recompensaremos a todo el que minimice el uso energético. En este caso no podemos lograr mayores ahorros energéticos a través de un aumento del impuesto sobre la energía. Pero aparte de la dimensión ecológica también se pone en duda el efecto de la reducción de los impuestos sobre la mano de obra. Solamente las empresas competitivas están en condiciones de cumplir estas exigencias. Por eso, soy partidario de una normativa moderada que, al mismo tiempo, permita alcanzar las metas que nos hemos marcado.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, deseo agradecer profundamente al Sr. Cox su informe que se caracteriza por la lucidez y la coherencia y por las conclusiones que ha formulado en el mismo. Me es muy grato que sus Señorías estén plenamente de acuerdo con las argumentaciones en que se basa esta propuesta y con la manera en que éstas se han hecho.
La Comisión ha presentado al Consejo una propuesta cuyo principal objetivo es la modernización del sistema comunitario de imposición de los hidrocarburos y una ampliación de su ámbito de aplicación a todos los productos energéticos. Esto es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado único. De hecho, la medidas propuestas están encaminadas a reducir las distorsiones financieras que existen en este sector en estos momentos.
La Comisión asimismo ha aprovechado la ocasión que le brinda esta propuesta para cumplir su cometido de revisar los tipos mínimos impositivos aplicables a los hidrocarburos y responder, al mismo tiempo, a la solicitud del Consejo ECOFIN en orden a formular nuevas propuestas tras el estancamiento al que, como es sabido, se ha llegado en el ámbito de las negociaciones sobre el impuesto CO2 -energía.
Quiero asimismo subrayar que se registra un creciente interés -mostrado muy claramente esta mañana- por los efectos medioambientales de la combustión de los carburantes fósiles, como resulta también de la reciente adopción por el Consejo, en respuesta al Protocolo de Kyoto, de los límites, objetivo a alcanzar en la Unión en materia de emisiones contaminantes. La consecución de dichos objetivos no será fácil y las medidas fiscales -lo han recalcado el Sr. Spencer y otros diputados-son uno de los instrumentos concretos que pueden utilizarse para alcanzarlos. Agradezco también el reconocimiento, mostrado por muchos sectores, de que se trata, también desde un punto de vista medioambiental, de un primer paso en la dirección correcta.
La Comisión puede admitir las enmiendas 1, 2, 4 y 5 y parte de las enmiendas 12 y 14, y de esta última especialmente la parte que se refiere a las energías renovables. Sin embargo, no podemos aceptar la propuesta de pasar directamente a la segunda fase, prevista para los tipos mínimos ya a partir del mes de enero de 2000 y de proceder posteriormente a incrementos anuales según el nivel de inflación aumentado del 2 % para los 5 años siguientes. Además, con relación a la supresión de la fase inicial de incremento de los tipos mínimos, para la que se previó la fecha inicial del 1 de enero de 1998, conviene señalar que el plazo se ha superado con creces. No obstante, los debates en el seno del Consejo han demostrado que también los niveles mínimos fueron los causantes de dificultades para algunos Estados miembros. En consecuencia, todo incremento de dichos niveles es inaceptable.
Lo dicho vale también para la propuesta de que se podrían elevar anualmente los niveles mínimos de imposición sobre la base del nivel de inflación incrementado del 2 % para un período de 5 años. La propuesta de la Comisión limita los incrementos impositivos al nivel de inflación, al objeto de ayudar a los Estados miembros que se verían obligados a imponer incrementos impositivos substanciales sólo para alcanzar el nivel mínimo establecido. Por lo tanto, es inaceptable obligar a los Estados miembros a imponer incrementos incluso superiores al nivel de inflación.
Tampoco se puede admitir la eliminación de la mayor parte de las exenciones y reducciones tanto obligatorias como facultativas que se han propuesto y que afectan a productos que, hoy por hoy, no están sujetos a imposición. Dichas exenciones y reducciones han sido formuladas por una serie de razones concretas. Algunas ya figuran en la legislación comunitaria en vigor, mientras que otras son necesarias para cumplir ciertas obligaciones comunitarias derivadas de acuerdos internacionales. Finalmente, un último grupo se considera indispensable para proteger la competitividad de las industrias comunitarias respecto a sus competidoras de los terceros países. Por otra parte, no es necesario que recuerde a este Parlamento que la que estamos debatiendo es una materia sometida a la unanimidad.
La Sra. Thyssen y otros diputados han solicitado información sobre el estado de la cuestión en el seno del Consejo y sobre su calendario. Puedo manifestar que se ha pedido al Grupo de trabajo ad hoc del Consejo que presente al Consejo ECOFIN del día 15 de marzo un informe que, a su vez, se presentará al Consejo Europeo de Colonia que tendrá lugar en el mes de junio. Por lo tanto, muy pronto podremos comprobar si se alcanza o no un consenso político. Yo lo espero firmemente.
Quisiera terminar, señora Presidenta, con una observación. Nos encontramos en el ámbito de la armonización fiscal que responde a exigencias del mercado único y a necesidades, en este caso, medioambientales y cumple asimismo la necesidad, resaltada por muchos de ustedes, de fomentar el reequilibrio de la carga fiscal en beneficio del empleo. En los últimos debates europeos, a veces se registra una extraña actitud: se mira hacia atrás, se miran los Libros Blancos del pasado, como si desde entonces no se hubieran dado pasos adelante hacia la realización de esta armonización. Por el contrario, en esta ocasión podemos comprobar concretamente los avances: esta mañana el informe Cox sobre la energía y, dentro de unos momentos, el informe Pérez Royo sobre el ahorro. Mientras tanto, está en curso la aplicación del Código de conducta contra la competencia fiscal perjudicial y la próxima semana presentaré a la Comisión la propuesta por la que se permite a los Estados miembros aplicar discrecionalmente un tipo reducido del IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra. En consecuencia, como pueden comprobar, están en marcha los distintos elementos de un verdadero tren de armonización fiscal en beneficio del empleo; todos ellos merecen el respaldo muy convencido de este Parlamento, un respaldo que les agradezco infinitamente.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0040/99) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo destinada a garantizar un mínimo de imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro de la Comunidad (COM(98)0295 - C4-0404/98-98/0193(CNS)).

Pérez Royo
Señora Presidenta, queridos colegas, la propuesta de directiva que tenemos ante nosotros se enfrenta a un tema difícil como lo son siempre, en el ámbito de la Unión, los temas o las cuestiones relacionadas con la fiscalidad que, como saben perfectamente, son temas cuya aprobación requiere la unanimidad en el seno del Consejo.
Permítanme en relación con esta propuesta de directiva hacer un poco de historia. Se trata de una propuesta esperada desde hace más de diez años. Efectivamente, el punto de partida de la actual propuesta es la Directiva sobre la liberalización de los movimientos de capitales, aprobada en 1988 dentro del programa para la construcción del mercado interior.
Esta directiva sobre la liberalización de los movimientos de capitales creó, efectivamente, un entorno legal que facilitaba el funcionamiento del mercado interior en cuanto a la colocación de capitales. Pero, al propio tiempo, con esta directiva se abría el camino para la competencia fiscal entre Estados miembros, los cuales tenderían a crear determinadas condiciones fiscales para atraer capitales de otros Estados miembros.
Por eso, la propia directiva sobre la liberalización de los movimientos de capitales previó un calendario preciso para la armonización de la fiscalidad del ahorro que evitara esta competencia nociva. Desgraciadamente, -como saben perfectamente sus Señorías- la propuesta de directiva presentada en el año 1989 -hace diez años pues- por la Sra. Scrivener no llegó tan siquiera a ser discutida seriamente y, en su momento, fue retirada.
Mientras tanto, los Estados miembros aprobaron normas que discriminaban entre residentes y no residentes a la hora de gravar los productos del ahorro. Los residentes eran gravados por el impuesto correspondiente, mientras que los pagos a los no residentes se consideraban fiscalmente exentos.
De ahí se derivaron una serie de situaciones peligrosas. En primer lugar, una situación nociva para el propio funcionamiento del mercado interior, en el cual los capitales se colocaban en razón a consideraciones no propias de la rentabilidad del capital, sino en razón a consideraciones de orden fiscal. En segundo lugar, se produjo un aumento del fraude fiscal, de la evasión de impuestos. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, un desplazamiento progresivo de la carga fiscal en perjuicio del factor trabajo.
Diez años después se presenta la nueva propuesta que mejora -hay que decirlo con toda claridad- la anterior desde el punto de vista técnico, pero, fundamentalmente -y esto es lo importante- se presenta en un ambiente político más favorable. Se inserta -como digo- en un ambiente más favorable que hace posible -esperemos- superar los obstáculos a su aprobación.
Es una propuesta que se presenta dentro de una estrategia flexible incorporada en un paquete más amplio y en un ambiente en el cual se ha conseguido incorporar al acervo de nuestro lenguaje común el concepto de competencia fiscal «dañosa», de competencia fiscal nociva. Y está claro que, en este caso, nos encontramos ante un ejemplo claro de esa competencia fiscal dañina, a la cual se intenta poner coto con esta directiva que es, por otra parte, una directiva de mínimos, que tiene unos objetivos relativamente modestos.La directiva se basa en un modelo de coexistencia, es decir, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre dos opciones: bien aplicar una retención a cuenta en los pagos de intereses que efectúen en su territorio, sin distinción entre residentes y no residentes, o bien establecer un sistema de información, de levantamiento del secreto bancario, para los pagos que se hagan igualmente en su territorio a los no residentes.
Es una propuesta flexible que permite coordinar o armonizar los intereses de los diferentes Estados miembros y que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha apoyado de una manera mayoritaria, y que este ponente apoya de una manera decidida. Ha habido únicamente algunas enmiendas aisladas que se oponían a esta filosofía y que han sido rechazadas.
Naturalmente, existen puntos abiertos para el debate. El más importante es el problema de los terceros países. A nadie se le escapa que una directiva de esta naturaleza necesita, para mantener la competitividad del sector financiero europeo, que medidas similares se apliquen en otros ámbitos próximos a nosotros, fundamentalmente en el ámbito de nuestros socios comerciales y de aquellos países en los cuales se pueden localizar los capitales europeos.
En relación con este punto, existen dos formas de aproximación al mismo, dos filosofías. Una, que se establezca la condicionalidad o que se subordine la aprobación de esta directiva, o la aplicación de la misma, al logro de un acuerdo con esos terceros países. Otra aproximación, que es la que establece la Comisión y la que comparte este ponente, es la de entender que la mejor estrategia es que la Comisión avance su propia legislación y, de esta manera, gane legitimidad moral, e incluso consenso, para conseguir imponer, o para conseguir llevar a buen fin, las negociaciones en este terreno.
Este es el punto en el cual se ha puesto de acuerdo nuestra comisión, en la cual -concluyo señora Presidenta- se ha aprobado únicamente una enmienda, de cierta consideración, que establece una rebaja del tipo mínimo de retención del 20 al 15 %. Yo entiendo que esta es una cuestión que debe ser debatida en el seno del Consejo pero, en todo caso, desde el punto de vista del Parlamento, adelanto que, en nombre del Grupo socialista, vamos a votar por el 20 %.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, nuestro Grupo respalda el punto de vista del ponente. Junto con el ponente, al que felicito, quisiera expresar una vez más mi satisfacción por el hecho de que ahora, diez años después del último fracaso de la propuesta, por fin resulta posible avanzar en este terreno. Creo, además, que estos progresos no podían retrasarse más por razones de justicia fiscal en el marco de la Unión Europea. Esta necesidad de justicia fiscal es un principio que ha de tratarse en el contexto del mercado interior para que los rendimientos del ahorro en forma de intereses no queden exentos de impuestos. Tanto la propuesta de directiva como el informe del ponente ponen de manifiesto que las ventajas concedidas a los no residentes -un término que en el fondo no es compatible con el mercado interior- pertenecen definitivamente al pasado, puesto que la directiva pretende suprimir toda discriminación.
Evidentemente, el gran problema de esta propuesta es que estaba y sigue estando sujeta a la regla de la unanimidad. Aprovecho la ocasión para instar a que se reanude el debate sobre la cuestión de la decisión por mayoría en el Consejo.
La Comisión ha acertado al presentar una propuesta de compromiso, ya que, a mi modo de ver, ésa era la única forma de que tal vez se pudiera adoptar una decisión, aunque también opino que a largo plazo deberá instaurarse una normativa unitaria.
Es importante que la presente propuesta forme parte del paquete fiscal ya que, de esta forma, la competencia fiscal desleal queda relegada definitivamente al pasado. Por eso mismo, resulta imposible aceptar excepciones, puesto que, de lo contrario, habría un ámbito en el que seguiría existiendo un a modo de paraíso fiscal. A este respecto me veo obligada a respaldar la propuesta de la Comisión, que incluye asimismo las euro-obligaciones.
Ahora quisiera referirme brevemente a los problemas específicos relacionados con la imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses. Aun cuando la presente propuesta por el momento no pretenda registrar y gravar los intereses percibidos por personas jurídicas y empresas, es preciso averiguar cómo podríamos ampliar su ámbito de aplicación en vista de una mayor justicia fiscal y de cara a la posibilidad de que todos los Estados miembros de la Unión Europea perciban ingresos.
Por otra parte, suscribo asimismo la solicitud del ponente de mantener el importe en concepto de retención a cuenta en el 20 %, tal y como propone la Comisión.

Thyssen
Señora Presidenta, el hecho de que en bastantes Estados miembros los rendimientos de los bienes muebles de los no residentes tengan un trato fiscal más favorable que los rendimientos de sus propios habitantes, ocasiona problemas en el mercado interior. El ciudadano busca las ventajas fiscales para sus ahorros y, por razones obvias, olvida bastante a menudo declarar los rendimientos de los bienes muebles que obtiene en otro Estado miembro a su propia administración fiscal. Con ello, el ciudadano inversor evade impuestos, el Estado miembro de residencia pierde ingresos fiscales procedentes de los bienes muebles y el mercado interior se ve seriamente perturbado. Evidentemente, los Estados miembros se esfuerzan por mantener baja o disminuir la presión fiscal sobre el capital volátil, algo que generalmente se logra a costa de una presión ascendente sobre las cargas laborales.
Ahora que el período euro ha llegado y, por tanto, el riesgo asociado al tipo de cambio y, en breve también, el coste de las transacciones, desaparecen totalmente, es grande el miedo a que la tentación de esta forma de evasión fiscal aumente. El fisco belga ya tiene, además, experiencia en este asunto. El riesgo asociado al tipo de cambio es desde hace años inexistente entre Bélgica y Luxemburgo, y el llamado viaje de las rentas a Luxemburgo está siempre concurrido.
Aunque la directiva propuesta sólo cuente al fin y al cabo con quince artículos, se presentaron no menos de 89 enmiendas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. Afortunadamente, opinamos en el PPE, únicamente diez han sido aprobadas. Cada una de esas diez enmiendas cuenta con el respaldo de nuestro Grupo.
Señora Presidenta, señor Comisario, el PPE quiere que se respete tanto como sea posible la propuesta de la Comisión. Solamente debe rebajarse el tipo de retención a cuenta hasta el quince por ciento. Esperamos que esta enmienda, que también ha sido adoptada por la Comisión de Asuntos Económico y Monetarios y Política Industrial, sea adoptada en la sesión plenaria. Además, el PPE se sigue resistiendo a ampliar el ámbito de aplicación a las entidades jurídicas y a excluir las euro-obligaciones del campo de aplicación, y ello, por los motivos ampliamente expuestos en la discusión que ha tenido lugar en esa Comisión.
Por último, el PPE tampoco apoya las enmiendas que quieren que primero se logre un acuerdo en el ámbito de la OCDE y que pretenden que la entrada en vigor de la directiva dependa de ello. En nuestra opinión, existen serios argumentos a favor de un trato diferente de la circulación de capital intracomunitario y de capital internacional, entre otros motivos, por la libre circulación de capitales y por la existencia de un riesgo asociado al tipo de cambio.
Señora Presidenta, esta directiva no constituye una solución final y omnímoda, pero sí supone un importante paso adelante. Queremos incentivar esto y aceptaremos, por tanto, la propuesta de la Comisión. Únicamente me gustaría que el Comisario señalara, y con esto concluyo, cuándo cree que el Consejo aprobará este acuerdo.

Goedbloed
Señora Presidenta, la propuesta que está ante nosotros y que es resultado de una amplia discusión que hace diez años no nos condujo a ninguna parte, se ha retomado con facilidad gracias a la elección de un modelo de coexistencia. Creo que es una buena solución y un paso más para que las diferencias que existen, especialmente las diferencias injustas, se eliminen.
El Grupo Liberal apoya en grandes líneas la propuesta tal como aquí aparece y se alegra de que su ampliación a las empresas, originariamente propuesta, no se lleve a cabo y se trate exclusivamente de los rendimientos e intereses de las personas físicas. Creemos que cuando se habla de los intereses de las personas físicas, tal como se discutía con la anterior propuesta, debe estudiarse si se pueden disminuir las cargas laborales. Por ello, esta vez hemos reformado las enmiendas que habíamos presentado a fin de lograr una forma de neutralidad fiscal para que los recursos en cuestión se devuelvan al ciudadano. A fin de cuentas, como algunas personas, y se trata de grupos bastante grandes, han llegado a pagar el mínimo de impuestos, se originan consecuencias para los restantes ciudadanos, ya que el dinero debe salir de algún sitio. Ahora bien, si se va a introducir la imposición, y se sabe hacer desde una base comunitaria, creo que también hay que ocuparse de que los restantes ciudadanos, que han tenido que pagar más, se beneficien de un impuesto sobre los rendimientos más bajo.
Todavía tengo una observación respecto del artículo y la enmienda relativos a la venta anticipada de los créditos contemplados en la propuesta, tal como han sido aprobados en la Comisión del Sr. Pérez Royo. He añadido una enmienda técnica precisamente en ese punto, a fin de que también se adopte una disposición para los particulares; ya que cuando se compra anticipadamente, por tanto, tras una emisión, hay que estar atento, precisamente ahora que cada vez es más frecuente que la cartera se reclasifique conforme a la evolución del mercado financiero.

Gallagher
Señora Presidenta, para empezar quisiera dar gracias al ponente, Sr. Pérez Royo, por su informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la imposición de los rendimientos del ahorro.
La dificultad que presenta el tratar de encontrar un sistema encaminado a fijar un mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en la Unión Europea ha ido suscitando un interés cada vez mayor a medida que se progresaba en la liberalización de la circulación de capitales. Esa liberalización tiene ya casi 12 años.
Es importante recordar que la directiva de la Comisión encaminada a introducir un plan único para toda la Comunidad en cuanto a la retención de intereses en la fuente no obtuvo el consentimiento unánime del Consejo. La propuesta fue retirada y sustituida por la que estamos discutiendo hoy.
En 1997 el Consejo convino en que la Comisión retuviera la idea de un modelo fiscal de coexistencia, lo que quería decir que cada Estado miembro tendría opciones diferentes: o bien promulgar una retención fiscal en la fuente o proporcionar a los demás Estados miembros datos acerca de los ingresos en concepto de ahorro abonados a los residentes o, si no, una combinación de las dos. La Comisión propuso que la retención fiscal en la fuente fuera como mínimo del 20 por ciento para la persona que percibía los intereses. Nuestra comisión parlamentaria, quizá de forma demasiado conservadora, ha optado por una tasa más baja del 15 por ciento.
Es importante saber que los Estados miembros estaban de acuerdo en que la Unión promoviera el establecimiento de medidas equivalentes en terceros países, al mismo tiempo que continuaban las discusiones sobre la directiva propuesta. La Comisión va a informar a ECOFIN el mes que viene sobre las consultas con terceros países. Los contactos con terceros países y territorios asociados tienen que tratar de las mismas cuestiones: dicho con otras palabras, una imposición mínima sobre el modelo equivalente de coexistencia y la adopción del método del agente que paga. Estoy totalmente de acuerdo en que es necesario establecer contactos con terceros países. En esta fase es necesario evidentemente limitar los contactos iniciales a terceros países próximos, como por ejemplo Suiza y Mónaco.
Nuestro grupo puede apoyar el principio del proyecto de directiva.

Wolf
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, no hace falta que me detenga en el problema general de la competencia fiscal, que en sí presenta un conflicto entre el principio democrático del derecho de voto universal y el principio económico del poder adquisitivo. En este punto, todos estamos de acuerdo. En el seno de la UE se dan casos de competencia fiscal desleal. Ahí entra en juego el mecanismo que sienta las bases para la denominada necesidad de globalización y que distorsiona la competencia entre los Estados miembros en el mercado interior. Se trata de un movimiento en espiral hacia abajo que mina los cimientos fiscales, la justicia fiscal y el empleo. A este respecto podemos tomar medidas. Podemos intervenir en este mecanismo desde nuestro propio ámbito de acción, sin tener que esperar un principio común en el marco de la OCDE o negociaciones a escala mundial.
Quisiera destacar tres puntos clave. En primer lugar, no podemos ser más cautelosos que la Comisión. En principio deberíamos aplicar el modelo de los EE.UU. y reclamar un 25 %. En segundo término, no podemos admitir que este asunto se difiera ad calendas graecas y que se limite a las personas físicas. Si logramos estos propósitos, no sólo habremos dado un paso en la buena dirección, señora Thyssen y señor Goedbloed, sino que además nos habremos aproximado un poco más a la reforma, a la unión política. A este respecto quisiera manifestar mi gratitud al comisario Monti por su paciencia, su precisión y su perseverancia. La única manera de sobreponerse al principio de unanimidad consiste en desarrollar el sistema fiscal en relación con el mercado interior.

Castagnède
Señor Presidente, como usted sabe, este tema del mínimo de imposición a los intereses del ahorro en el seno de la Unión no ha suscitado una unanimidad total entre los Estados miembros, y estas divergencias de opinión vuelven a encontrarse en el interior de nuestro Grupo. Por tanto, me expresaré aquí únicamente a título personal y en nombre de la mayoría del Grupo de Coalición Radical Europea para decir que estamos a favor de la propuesta de directiva de la Comisión sobre un mínimo de imposición sobre los intereses del 20 %; conjuntamente con la alternativa de una declaración de los intereses abonados a las autoridades fiscales de los países de residencia.
Nosotros defendemos esta posición por dos razones esenciales, cuyo detalle pasaré por alto: por un lado, la necesidad -que acaba de recordar hace un momento el señor Comisario Monti- de un nuevo equilibrio de la fiscalidad en la Unión, fiscalidad que, hoy día, pesa excesivamente sobre el factor «trabajo»; por otro, la necesidad de una aproximación de las fiscalidades directas que sea compatible con una sana competencia fiscal, sin ir hasta la armonización de estas fiscalidades.
Nuestro apoyo a la posición de la Comisión solamente se acompaña de algunas recomendaciones. Agradecemos de antemano a la Comisión el que haga todo lo que esté en su mano para extender esta imposición mínima más allá de la Unión y, especialmente, en los países de la OCDE. Quizás también sea preciso consentir esfuerzos complementarios para llegar a un consenso de conjunto de los Estados sobre este mínimo de imposición, gracias, llegado el caso, a un calendario adecuado.
Asimismo, pensamos que es importante llegar a una buena articulación entre las disposiciones de los convenios fiscales y este proyecto de mínimo impositivo. Este es, a nuestro juicio, el sentido de la enmienda que presentamos y que fue aprobada por la Comisión: velar correctamente por la articulación entre el mínimo de imposición y las disposiciones de los convenios fiscales. A este respecto, es un tanto lamentable que nuestros dispositivos para la eliminación de la doble imposición en el seno de la Unión se basen hoy día en convenios bilaterales.
Por último, volviendo al excelente informe del Sr. Pérez Royo, recordaremos de manera sencilla y sucinta que no compartimos la idea de extender la imposición a los intereses abonados a las empresas. En cambio, somos favorables a una imposición de los intereses abonados a través de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Lis Jensen
Señor Presidente, al final del informe el señor ponente menciona el propósito de éste: ser un paso importante para enfrentarse a la evasión fiscal y a las distorsiones en el funcionamiento de los mercados financieros a nivel comunitario. Me parece un muy bello propósito; sin embargo, no he dejado de hacerme la siguiente pregunta todo este tiempo: ¿Es suficiente? ¿Es suficiente preparar medidas para la evasión fiscal de los rendimientos del ahorro en forma de intereses en el ámbito comunitario? En mi opinión, la respuesta a estas preguntas ha de ser un no rotundo. Es un problema de ámbito global más que comunitario. Es necesaria la elaboración de medidas a escala mundial en este campo. Considero innecesario en esta asamblea recordar la existencia de paraísos fiscales en otras partes del mundo que no forman parte de la UE. Las posibilidades existen.
La Comisión dice en el punto 8 de su documento: «El objetivo de la presente directiva, una imposición real de las rentas y el ahorro en toda la Comunidad, no puede ser cumplido suficientemente por los Estados miembros. Por tanto, según el principio de subsidiariedad, cfr. el artículo 3 B del Tratado, éste puede llevarse a cabo mejor en el ámbito comunitario». ¿Quizá se trata en realidad de otra cosa? Es lo que pienso. Quizá sea que tras la entrada en vigor de la moneda única, el euro, el 1 de enero de 1999, no es posible ir lo suficientemente rápido en la armonización de todo el ámbito fiscal y tributario. Algo entendible, por supuesto, cuando recordamos cuál es la finalidad de la unión monetaria: una mayor integración política. El anterior Presidente de la Comisión Europea, Sr. Delors, lo manifestó de la siguiente manera: la UEM es una rampa de lanzamiento para la unión política, siendo verdaderamente muy difícil expresarlo de manera más clara. Sin embargo, éstas no son las mismas palabras utilizadas diariamente ante la población asombrada de los países de la UE. ¿Por qué no poner las cartas encima de la mesa y decir que para que la unión monetaria funcione satisfactoriamente, es necesario llevar a cabo una política de distribución, fiscal y financiera común? Así la gente al menos podrá realmente entender de qué se está hablando. Quizá no se da este paso por miedo a la reacción del pueblo en el caso de que se dijera toda la verdad.

Féret
Abrir las puertas de los paraísos fiscales del ahorro es un tanto a favor de la Comisión que, de un solo tiro, pone en aprietos a los partidos políticos más corruptos de Europa: el Partido Socialista francohablante de Bélgica (el PS) y su clon flamenco (el SP) que han adquirido la fea costumbre de esconder su botín con los acogedores banqueros luxemburgueses, encubridores a su pesar, de las jugosas gratificaciones generosamente ingresadas por Dassault y Agusta.
Sin embargo, no puedo impedirme pensar conmovido en el pequeño ahorrador belga que, después de haber pagado un desmesurado impuesto directo, previamente descontado del fruto de su trabajo, verá sus pequeños ahorros, honestamente ganados, fuertemente gravados de nuevo. Este no tiene la suerte de beneficiarse de los ingresos astronómicos que suscitan la benevolencia del Príncipe plenipotenciario de Mónaco al que la Unión Europea confirma, sin hacerse mayores preguntas, sin problemas de conciencia, de la manera más ilegal y más inmoral que existe, la condición de paraíso fiscal, reservado a los ricos, cualquiera que sea el origen de su fortuna.

Berès
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después del euro, sabemos muy bien que una de nuestras grandes obras es la lucha en contra del dumping fiscal. La iniciativa del señor Comisario Monti ha sido, a este respecto, muy oportuna. El texto que hoy nos ocupa sobre la base del excelente informe de mi compañero Pérez Royo constituye uno de sus aspectos. El otro se refiere evidentemente a los intereses y cánones. No mezclemos los ejercicios. Comprendo la preocupación de aquellos que no han querido que a través de este texto tratemos la cuestión del derecho de sociedades o de las personas jurídicas, que atañe manifiestamente al otro proyecto de directiva. En cuanto a los opciones propuestas, creo que tienen el mérito de permitir obtener con mayor facilidad la unanimidad en el seno del Consejo: si nos permite progresar, utilicemos este artificio.
Comprendo que hay materia para negociar en lo que se refiere a los tipos. Algunos han propuesto el 15 %. Para nosotros sería una situación totalmente inaceptable. La Comisión, en su propuesta, retiene el tipo del 20 %. En mi país, el tipo actualmente en vigor es del 25 %. Hay allí un espacio de negociación y creo que la propuesta de la Comisión es una propuesta útil.
En lo relativo al campo de aplicación de la directiva, se planteó la cuestión de las euro-obligaciones. Me alegro de la propuesta de la Comisión que incluye a estas euro-obligaciones en el campo de aplicación de la directiva. Ya que, ¿qué sentido tendría una directiva sobre este tema que no abarcara dichas euro-obligaciones cuando éstas constituyen para algunos de nuestros Estados miembros, lo sabemos bien, lo esencial de la actividad? Esta directiva sólo tiene sentido si puede aplicarse al conjunto de los protagonistas y operadores en todos los Estados miembros en su conjunto. Este es el sentido, señor Comisario, en que usted la elaboró. Espero que sea en este sentido que el Consejo pueda aceptarla.
Con motivo de este informe, me parece que quizás deberíamos empezar a sacar provecho de las enseñanzas en cuanto al método que ha de aplicarse en materia de armonización fiscal. Se desprenden dos enfoques: por un lado, el pragmatismo. La directiva que hoy nos ocupa va manifiestamente en este sentido, nos alegramos y aprovecharemos todas las ocasiones que permitan utilizarla. Por otro lado, el plazo más largo. En relación con este tema, distingo tres aspectos: el primero es evidentemente la cuestión de los paraísos fiscales que algún día deberemos resolver, ya que no podemos, en el interior de la Unión, dotarnos de instrumentos drásticos y ver cómo florecen los paraísos fiscales a nuestras puertas o en nuestro propio seno.
El segundo aspecto se refiere a la cuestión de la mayoría cualificada. Algunos piensan que el paso a la mayoría cualificada tropieza ante todo con un problema de transferencia de soberanía. Lamentablemente, la cuestión es más complicada. No cabe duda de que existe en algunos de nuestros Estados miembros una interrogante respecto a la transferencia de soberanía que representaría el paso a la mayoría cualificada, pero también existe la divergencia de intereses entre los Estados que se encuentran en la zona y los Estados que están fuera de la zona.
Por último, y con ello concluyo, señor Presidente, el tercer aspecto se refiere a cuestiones externas. A este respecto, la propuesta planteada por nuestro ponente sobre los convenios multilaterales que podrían concluirse con nuestros principales socios, Estados Unidos o Suiza, sin hacer de ello una condición sine qua non , parece perfectamente factible y realista a un plazo mayor.

Secchi
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, yo también intervengo sobre esta importantísima propuesta de la Comisión que, como ya se ha dicho, forma parte de un paquete más amplio que trata de implementar un proceso de coordinación fiscal entre los Estados miembros en todos aquellos ámbitos en que el exceso de competencia fiscal provoca efectos negativos muy evidentes que, por lo tanto, han de ser reparados. Quiero subrayar, sin embargo, la profunda convicción de nuestro Grupo de que es importante seguir en esta dirección, así como limitarse a las situaciones en las cuales los perjuicios resultan evidentes, sin reducir las ventajas de una competencia fiscal limpia que puede dar lugar a una convergencia de los sistemas fiscales, en particular hacia niveles de presión fiscal más bajos en beneficio de la competitividad del sistema Europa.
En cuanto a la directiva y a la propuesta de directiva que hoy abordamos, me sumo a lo manifestado por la Sra. Thyssen, así como a todos aquellos que han felicitado al ponente, Sr. Pérez Royo, por su trabajo, aunque no estamos de acuerdo con algunas de sus propuestas. Consideramos que la propuesta de la Comisión se puede compartir plenamente, salvo algunas mejoras de carácter técnico que la Comisión de Asuntos Económicos ha intentado proponer. En particular, estamos convencidos de que debe limitarse a las personas físicas no residentes, excluyendo, por tanto, las sociedades ya gravadas sobre la base de los balances. Estamos de acuerdo con el modelo de coexistencia y consideramos que, en lo que se refiere al tipo propuesto, sin perjuicio, como es obvio, de las prerrogativas del Consejo, la idea de reducirlo en una primera fase del 20 al 15 % puede servir para evitar el riesgo de evasión de capitales fuera de la Unión. En efecto, hemos insistido a fin de que la Comisión entable cuanto antes negociaciones, sobre todo con los países más cercanos a la Unión Europea, al objeto de extender los mismos principios en que se basa la directiva a sus sistemas de imposición que regulan esta materia. Sin embargo, nos damos cuenta de que será un proceso difícil, también si no queremos que exista ningún tipo de condicionamiento en el trabajo que pedimos a la Comisión para evitar que la entrada en vigor de esta directiva se aplace sine die; mejor dicho, confiamos en que el Consejo dé su visto bueno rápidamente. Es importante que todo el paquete se aplique cuanto antes, lo que nos permitirá adquirir experiencia para ponernos a trabajar en otros ámbitos: me limito a citar el impuesto de sociedades y el impuesto sobre las actividades de trabajo transfronterizo, por lo que esta aspiración se justifica también en esa perspectiva.
Estamos de acuerdo con las enmiendas 1 a 10 de la Comisión de Asuntos Económicos, mientras que estamos en contra de todas las demás, aunque valoramos las enmiendas 23 y 24 del Grupo Liberal y la 25 del Grupo Socialista que, por tanto, respaldaremos.

Weber
Señor Presidente, hablo en calidad de ecologista y de luxemburgués. Permítame vincular el informe Pérez Royo con el informe Cox, del que nos ocupamos hace un momento.
Una reforma fiscal digna de este nombre en el seno de la Unión Europea ha de implicar necesariamente un nuevo equilibrio de la carga fiscal en favor del medio ambiente y del trabajo, y no pienso que la introducción de un impuesto a cuenta sobre el ahorro le sea favorable. Estoy de acuerdo con la introducción de impuestos sobre la energía para fomentar la eficacia energética y, a este respecto, quiero precisar que también hablo en tanto que representante de un país que, en el marco del Protocolo de Kyoto, se comprometió a reducir sus emisiones en un 28 %. No cabe duda de que Luxemburgo deberá hacer algo en lo relativo a los impuestos sobre la energía.
Por lo demás, no pienso que la introducción de un tipo uniforme del 20 % sobre el ahorro para los residentes y los no residentes sea algo bueno, sencillamente porque son las clases medias las que deberán pagar la factura, mientras que el ahorro es para ellas un medio de asegurar un complemento de pensión. Estos ahorradores, que a menudo no se benefician de regímenes de pensión muy cómodos, no merecen ser castigados mediante la introducción de una imposición general sobre los rendimientos del ahorro. Pueden estar seguros de que las grandes sociedades, las multinacionales sabrán organizarse para poner sus capitales a salvo fuera de la Unión. Yo no estoy seguro de que hagamos un favor a nuestras plazas financieras en el interior de la Unión Europea permitiendo algo semejante.
En resumen, señor Presidente: sí a una reforma fiscal que implique un nuevo equilibrio en favor del medio ambiente y del trabajo, no a la imposición sobre los rendimientos del ahorro.

Fayot
Señor Presidente, señor Comisario, comparto el enfoque fundamental de la gran mayoría de este Parlamento que consiste en decir que un espacio económico y monetario único exige igualmente un determinado grado de coordinación fiscal y que, sin ello, vamos hacia el dumping fiscal y social. Asimismo, comparto la posición de aquellos -y pienso que es la gran mayoría de los diputados que integran este Parlamento- que quieren dar un nuevo equilibrio a la presión fiscal del trabajo, del capital y de los recursos naturales con el fin de contribuir a la lucha contra el paro. Insisto también en que el paquete de medidas fiscales, preparado bajo la Presidencia luxemburguesa, quiero señalarlo, se ejecute en su globalidad.
Volviendo a la directiva que hoy nos ocupa, sin duda alguna va a ser objeto de largas negociaciones en el Consejo, donde se exige la unanimidad. Es preciso decir que el instrumento fiscal, conjuntamente con toda una serie de disposiciones legislativas y reglamentarias, tiene una importancia esencial para el desarrollo de los servicios financieros en Europa. No puede manejarse este instrumento sin ocuparse de los competidores y vecinos inmediatos, so pena de debilitar este importante sector de servicios en la Unión Europea. Por tanto, saludo las enmiendas aprobadas a este respecto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial.
También quisiera preguntar al señor Comisario en qué punto se encuentran las negociaciones con los terceros países que son, en el sector de los servicios financieros, los competidores inmediatos de las plazas de la Unión Europea. ¿Ya han comenzado seriamente las negociaciones? ¿Cómo van a desarrollarse? ¿Para cuándo se prevén los resultados? Pienso que la respuesta a estas preguntas es primordial para el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo las negociaciones en el seno del Consejo.
A mi juicio, sólo puede nacer en el seno de la Unión Europea una fiscalidad europea al precio de convenios vinculantes sobre un código de conducta en materia de fiscalidad. Se me ha dicho, comencemos primero por la Unión Europea, los demás van a seguir. Yo no lo creo realmente. Creo más bien que habrá un cierto movimiento, que los capitales van a volver a colocarse en otros lugares, en las mejores condiciones fiscales, y que el sector de los servicios financieros va a sufrir las consecuencias.
Por lo demás, se observa que los medios profesionales son bastante reticentes en lo relativo al doble sistema propuesto por la directiva. La Federación bancaria de la Unión Europea acepta un tipo mínimo del 10 % de retención mobiliaria, pero rechaza el sistema de información. Es verdad que ese sistema de información es técnicamente pesado y corre el riesgo de ser burocrático. No obstante, tiene la ventaja de facilitar la coordinación de la fiscalidad del ahorro y puede contribuir, como lo acaba de decir la Sra. Berès, a obtener la unanimidad en el seno del Consejo.
A mi juicio, un tipo del orden del 10 %, liberatorio además, permitiría al mercado interior de capitales, e insisto en la noción de mercado interior, funcionar correctamente y al sector de los servicios desarrollarse. Si insisto en estos aspectos, señor Presidente, es porque me importa ante todo el desarrollo de un sector de servicios con un fuerte potencial de puestos de trabajo, tanto en mi propio país como en todos los países de la Unión Europea.

Langen
Señor Presidente, usted podrá comprobar que en la lista de oradores figura un gran número de colegas luxemburgueses. Ello hace suponer que el debate tiene algo que ver con Luxemburgo. Recuerdo perfectamente que el primer ministro y ministro de Hacienda luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha reiterado en más de una ocasión que, a su modo de ver, la elaboración de un régimen de coexistencia en este ámbito tan importante podría conducir a una armonización relativamente aceptable de la imposición de los intereses. Pues, señora Randzio-Plath, no se trata solamente de rendimientos del ahorro sino de cualesquiera rendimientos percibidos por personas físicas. Por esa misma razón, la propuesta presentada en comisión pretendía incluir asimismo las euro-obligaciones a fin de evitar que Gran Bretaña, el mercado financiero de Londres, gozara de una situación excepcional.
La fijación del tipo impositivo que debía acompañar a este modelo de compromiso supuso otro problema importante para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de este Parlamento. La Comisión propuso un 20 %, en tanto que nuestro colega Fayot se inclinó por un 10 %. No encuentro, sin embargo, ninguna enmienda que recoja ese 10 %. Aunque las he leído todas, no he visto ninguna. Nosotros optamos por una solución sensata, por un 15 %. Curiosamente, el ponente, nuestro colega Pérez Royo, se ha pronunciado igualmente a favor del 20 %, a pesar de que no tiene derecho a ello. El informe que hemos aprobado preconizaba un 15 % y el ponente está obligado a presentarlo tal cual ante el Pleno. Por todo ello, quisiera proponer que adoptemos el compromiso alcanzado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sin reservas, incluyendo el mínimo de imposición del 15 %, la exigencia de que se lleve a cabo una mayor armonización en el marco de las negociaciones con los Estados terceros en el contexto de la OCDE y la conciencia, señor Comisario Monti, de que ya va siendo hora de que sus loables esfuerzos en el ámbito de la armonización fiscal se vean recompensados. Es lo que deseamos para nosotros y para usted. Espero que podamos lograr una solución razonable a pesar del principio de unanimidad.

Metten
Señor Presidente, la propuesta relativa al mínimo de imposición de los rendimientos es realmente modesta. La mayoría de los Estados miembros gravan los intereses que sus propios residentes perciben, pero no los de los residentes en otros países. Eso constituye naturalmente una invitación al fraude fiscal del que se hace uso a gran escala. Si los impuesto sobre los rendimientos de los bienes muebles son tan fáciles de evadir, tampoco tenemos que sorprendernos de que la presión fiscal sobre el factor trabajo, que no es tan fácil de eludir, aumente. Quien quiera modificar esta tendencia -y nosotros ciertamente queremos- debe ocuparse, por tanto, de que también los rendimientos de los bienes muebles puedan gravarse de forma efectiva.
La propuesta de la Comisión relativa a un modelo de coexistencia no hace más que eso. Los Estados miembros pueden bien intercambiar información con el fisco del país de residencia del ahorrador sobre los intereses percibidos a fin de que éste proceda a la recaudación, bien recaudar ellos mismos una retención a cuenta sin intercambiar esa información relativa al ahorrador. Esta propuesta, aunque mejor que nada, resulta, por supuesto, muy imperfecta. Si bien la retención a cuenta en teoría no es eximente, por tanto, en principio en el país de residencia todavía debe descontarse del impuesto sobre los rendimientos, en la práctica, puede fácilmente eximirse porque la información sobre la retención a cuenta pagada no se intercambie. Un modelo obligatorio de intercambio de información sería, en consecuencia, mejor. A causa de estos defectos, es importante que la retención a cuenta sea lo más elevada posible porque el incentivo del descuento de su propio fisco también lo es.
Por tanto, la propuesta adoptada por una mayoría ajustada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial relativa a la disminución de hasta el quince por ciento de la retención a cuenta es absolutamente increíble. Esto parece más bien una incitación a que en toda Europa se graven menos, en lugar de más, los intereses de los rendimientos. El argumento que señala que de otra forma los ahorradores se trasladarán a Suiza o a Europa del Este, no me convence. La Unión Europea tiene una posición tan fuerte de negociación frente a todos esos países que la evasión fiscal hacia ellos puede evitarse una vez que la propia Unión cuente con una norma creíble. Además, el riesgo asociado al tipo de cambio disuadirá a la mayoría de los ahorradores.
Finalmente, la propuesta británico-luxemburguesa para excluir las euro-obligaciones es inaceptable. Si los residentes se aprovechan de ello, se trata verdaderamente de una cuestión de evasión fiscal. Aquéllos que en esta Casa son claros partidarios de exceptuar las euro-obligaciones no deberían olvidarse de esto. Con todas sus limitaciones, esta propuesta debe, no obstante, respaldarse, aunque estableciendo un nivel superior al quince por ciento de la retención a cuenta.

Cassidy
Señor Presidente, antes que nada diré, cosa que me supongo no sorprenderá al Comisario, que no veo la necesidad de esta directiva concreta, porque me parece que el concepto de competencia fiscal nociva es un completo absurdo. En el Parlamento Europeo estimamos que la competencia es buena para el consumidor de bienes y de servicios. ¿Qué tiene, pues, de malo la competencia fiscal? Mi conclusión es que algunos Estados miembros se están perjudicando porque tienen tasas fiscales demasiado elevadas, cuando lo que deberían hacer es reducir la carga fiscal para sus ciudadanos. Sin embargo, como el tiempo de que dispongo aquí es limitado, no me explayaré sobre la forma de hacer lo que he dicho, pero responderé con placer a los que quieran hacerme preguntas más tarde.
Hay una cuestión respecto de la cual apoyo sinceramente la excelente labor realizada por el ponente. Desgraciadamente, ni yo ni el resto de mi grupo coincidimos con él cuando propone que la directiva se amplíe a las sociedades; esto entrañaría un daño enorme para los ciudadanos de Europa, pues tendría efectos negativos, por ejemplo, para las empresas encargadas de negociar con valores inmobiliarios, además de perjudicar el potencial transfronterizo de las cajas de pensiones. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial rechazó acertadamente la enmienda del ponente y, desde ese punto de vista, prefiero lo que está proponiendo la Comisión.
Tengo entendido que algunos Estados miembros tienen reservas acerca de los detalles de la propuesta. ¿Podría decirnos algo el Comisario acerca de esos Estados miembros y acerca de sus reservas técnicas? En segundo lugar, tengo entendido que la Presidencia, la Comisión y la anterior presidencia han iniciado contactos exploratorios con terceros países acerca de la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta. En tercer lugar, quisiera hacer una pregunta al Grupo Socialista: ¿es política del Grupo Socialista el apoyar la enmienda 25 del Sr. Hendrick que pide la armonización de los impuestos sobre ganancias de capital en Europa?

Willockx
Señor Presidente, Señorías, la coordinación fiscal es muy importante, se quiera o no se quiera. Es mérito del Comisario Monti, y soy testigo principal de ello, que este expediente se haya reactivado. El código de conducta relativo al impuesto de sociedades es operativo. Hoy tenemos ante nosotros dos directivas de las que ésta se refiere a los rendimientos del capital.
Dejémoslo claro: este debate es fundamental desde tres perspectivas. La perspectiva del mercado único, a la que la Sra. Thyssen ha aludido; la perspectiva de los recursos presupuestarios suficientes a disposición de la Comunidad y, por último, la ruptura de la fatídica espiral por la que las cargas laborales sólo aumentan y los gravámenes sobre las rentas del capital y otras bases impositivas muebles sólo disminuyen.
La coexistencia no es un sistema óptimo. A corto plazo era la única posibilidad de alcanzar un compromiso. Continúo esperanzado, e incluso convencido, de que en el transcurso de la toma de decisión en el Consejo ECOFIN quizá podamos evolucionar hacia un sistema, y, tal vez, sea un sistema de retención a cuenta.
Es evidente que los enemigos de la coexistencia tienen razón en una cosa, a saber, el sistema no puede nunca desembocar en una subvención de los Estados miembros que cuentan con un secreto bancario más fuerte, es decir, de los Estados miembros con el mayor número de no residentes que van a percibir la retención a cuenta. Eso debe compensarse. Por ello, abogo por la incorporación de esta discusión al debate sobre los recursos propios de la Unión Europea. Ésta es la posición de Bélgica, formulada, por el momento, en la discusión relativa a los recursos propios. Creo que debe reflexionarse bien acerca de esta postura.
Por último, estoy convencido de que no somos nosotros los que debemos llevar a cabo una modulación de la tasa. La cuantía de la tasa se mantiene o cae, por ejemplo, con el carácter eximente o no. Creo que este asunto debe dejarse para el final de la ronda de compromisos de los Ministros de Hacienda. Esto constituye de nuevo un examen de la estabilidad de la regla de la unanimidad. Espero y cuento con que ningún país se atreva a utilizar el derecho de veto para seguir bloqueando lo que la inmensa mayoría del pueblo europeo quiere, es decir, el desplazamiento de las cargas laborales al factor capital.

Lulling
Señor Presidente, primeramente, quisiera recordar que se consiguió un adelanto histórico en la armonización fiscal directa precisamente bajo la Presidencia luxemburguesa, el 1 de diciembre de 1997. En esa ocasión, se retuvieron cuatro elementos, que podrían constituir la base para una propuesta de directiva en materia de fiscalidad del ahorro. Uno de estos elementos es la coexistencia del sistema de la retención a cuenta y del sistema de información.
Lamentablemente, si se quiere que sea operativo, el sistema previsto en la propuesta de directiva es demasiado complicado y costoso para los agentes pagadores. El procedimiento de los certificados, previsto en el marco del régimen de la retención, es de una complejidad poco común y hace que el sistema de coexistencia sea prácticamente imposible de administrar, incluso lo desfigura. Haciendo abstracción de estas monstruosidades administrativas, el nivel propuesto de la retención mínima a cuenta del 20 % resultaría desestabilizador para los mercados financieros de la Unión; el 15 % es todavía inaceptable y, a mi juicio, una retención del 10 % liberatorio es el máximo aceptable. Además, la definición extensiva de los intereses, que diverge de las definiciones que figuran en los convenios contra la doble imposición, engendra conflictos, incluso discriminaciones, entre productos financieros que se parecen como dos gotas de agua.
Introducir en el ámbito de aplicación de la directiva a los organismos de inversión colectiva, en el sentido de la directiva de 1985, los ahuyenta definitivamente de la Unión Europea, si acaso, si me permiten la expresión, no se han «largado» ya de Europa a causa de las cargas administrativas que acabarían siendo una desventaja competitiva a nivel de sus gastos de gestión interna. Por tanto, la muerte de los OIC europeos está programada, al igual que el reembolso anticipado de las euro-obligaciones cuyo mercado se creará fuera de Europa. No podemos consolarnos de que pocas personas físicas posean euro-obligaciones y, por ende, los grandes capitalistas sabrán arreglárselas fuera de la Comunidad. Ello sería aceptar que la retención a cuenta sólo se aplicará en los depósitos de los pequeños ahorradores.
Vista la situación, aprobar este chasco de texto, que sólo recomienda los convenios con los terceros países que ofrezcan un entorno especialmente interesante a los no residentes, es ignorar totalmente que Suiza, por ejemplo, que ya se está frotando las manos, no hace discriminación entre residentes y no residentes en lo que se refiere a la fiscalidad del ahorro. Es preciso celebrar convenios con todos los terceros países con fuerte potencial de atracción de los capitales de la Unión para aplicar de manera simultánea medidas equivalentes a las adoptadas en una directiva. De ninguna manera ha de aceptarse que la directiva, si llega a entrar en vigor, deje de aplicarse a los territorios dependientes o asociados a los Estados miembros. Señor Presidente, he de decirle que no nos dejaremos engañar.

Ettl
Señor Presidente, siento una profunda admiración por la paciencia con la que el Sr. Monti se empeña una y otra vez en quitar el freno de mano de la Unión Europea en el ámbito de la coordinación de la política fiscal. Su trabajo realmente merece los más sinceros elogios. Por lo que a la política fiscal se refiere, es fundamental que se reduzcan las desigualdades y las distorsiones existentes en los mercados de capitales. Lo importante es que se intente erradicar la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros. Además, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades en materia económica, es importante que los inversores tengan un carga fiscal similar, al menos en un principio. Desde este punto de vista, la propuesta de la Comisión significa ciertamente un paso en la buena dirección y eso es lo que en el fondo también suscribe nuestro ponente, el Sr. Pérez Royo.
Pero precisamente porque este Parlamento está, al menos verbalmente, de acuerdo con las ideas básicas, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial deben considerarse más bien como un freno o una precaución teóricos de cara a la futura evolución de la política fiscal. No obstante, la opción de reducir el tipo de la retención a cuenta contemplado en la propuesta de la Comisión al 15 %, o incluso al 10 %, equivale a volver a empezar de cero. A este respecto, no debe olvidarse que en algunos países de la Unión Europea el tipo impositivo es del 25 %. Mi país es uno de ellos. En fin de cuentas, también se trata de reducir el desequilibrio entre la imposición de los salarios y de los sueldos, por una parte, y la imposición del capital, por otra. Es el objetivo que nos hemos fijado.
Además de todo lo anterior -y merece la pena mencionarlo- la exclusión fiscal de las euro-obligaciones, tan esperada y deseada por algunos mercados financieros europeos, concedería serias ventajas al mercado de valores en detrimento de los demás instrumentos de ahorro y limitaría sustancialmente el ámbito de aplicación de la directiva objeto de debate. Evidentemente, la coordinación de la política fiscal no se logra con el lema «¡Un poco menos por favor!». ¡Paciencia, señor Comisario!

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi calidad de socialista y francés, estoy especialmente contento, hoy, de aprobar un proyecto de directiva que por fin acabará con una situación en la que toda una parte de los ingresos del ahorro escapa a todo tipo de imposición en el seno mismo de la Unión Europea. Quiero agradecer al señor Comisario Monti y a su equipo. Claro está, también quiero felicitar efusivamente a nuestro compañero y ponente Pérez Royo por el trabajo importante y serio que ha realizado con este expediente.
Señorías, en un momento en el que la moneda única va a favorecer los movimientos de capitales transfronterizos, este texto era más que urgente. Es sencillamente de vital importancia para la cohesión de la Unión. Claro está, como muchos, apruebo la negativa de excluir las euro-obligaciones del campo de aplicación de la directiva. Ello representaría un riesgo grave de evasión fiscal y de distorsión de la competencia. Por último, claro está que también estoy en contra del establecimiento de un vínculo de condicionalidad entre la adopción de la directiva y su aplicación simultánea por parte de los terceros Estados.
Para concluir, respecto a un punto muy importante y ampliamente debatido esta mañana, es decir el tipo de retención a cuenta, si bien, a título personal hubiera preferido el 25 %, puedo, con el ponente y el Grupo de los Socialistas Europeos, aceptar el 20 % propuesto por la Comisión y ello en un espíritu de compromiso y negociación.
Ahora espero, señor Comisario, Señorías, que ese expediente se cierre, previsiblemente, a más tardar en Helsinki, en diciembre de 1999, y luego, que la armonización fiscal finalmente experimente una aceleración en su movimiento.

Rübig
Estimado señor Presidente, yo también acojo con satisfacción esta propuesta a favor de una mayor coordinación. A mi modo de ver, debemos buscar definiciones comunes y crear un marco general que permita una competencia leal.
Me pregunto si ya existe un estudio o un modelo de cálculo susceptible de simular los efectos de las decisiones o las ideas propuestas. ¿Cuál será el rumbo de la competencia en el contexto de la Unión Europea sobre la base de esta normativa modificada, y cómo sobrevivirá la Unión Europea en el mare mágnum de la competencia internacional?
Al mismo tiempo, estimo fundamental que se conceda la debida atención a la diferencia entre la imposición de las empresas y sus consecuencias y la imposición de los consumidores. En última instancia, lo que se pretende es reducir las cargas fiscales en general a fin de aumentar la competitividad e incrementar los ingresos personales del consumidor.
Quisiera formular una última pregunta. ¿Cuándo está previsto que estas propuestas se ajusten en el marco de los países de la OCDE y me puede decir si ya se han entablado negociaciones con Suiza y Liechtenstein?

Monti
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Pérez Royo por su magnífico informe, fruto de su gran competencia, y por el apoyo demostrado de cara a una rápida adopción de la directiva. Agradezco asimismo a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a sus Señorías su contribución al debate, así como la estima mostrada hacia la Comisión.
La presente propuesta forma parte de un paquete que, como todos ustedes han recordado, fue aprobado durante la Presidencia luxemburguesa y cuyo primer elemento- el código de conducta- se elaboró durante la Presidencia británica. Por lo tanto, quiero subrayar que Luxemburgo y Reino Unido -que pueden formular reservas con respecto a algunos puntos concretos-participan plenamente en este proceso contra la competencia fiscal perjudicial, cuyo fin, como han recordado el Sr. Secchi y otros diputados, no es una armonización generalizada, sino la concentración contra los efectos perjudiciales de la competencia fiscal. El objetivo no es aumentar la presión fiscal en Europa, sino, por el contrario, permitir su gradual y ordenada reducción. El objetivo es reequilibrar la carga fiscal que actualmente grava demasiado el trabajo.
Acojo favorablemente la propuesta de enmienda presentada por el ponente dirigida a mejorar el texto actual de la letra c) del artículo 5 para aclarar los criterios de identificación de los fondos comunes de inversión. Creo que puedo adelantar que los servicios de la Comisión, aun reservándose eventuales mejoras a nivel de redacción técnica, están positivamente orientados hacia la posibilidad de incluir dicha enmienda, así como la enmienda en materia de competencia fiscal, o sea, el nuevo considerando 7 bis, en una propuesta modificada de directiva. Aunque valoro el espíritu de las demás enmiendas presentadas con respecto al ámbito de aplicación de la directiva, considero que en este momento deben considerarse más como aportaciones útiles al debate que como una aportación directa al texto legislativo. Me refiero, en particular, a la cuestión de las obligaciones de cupón cero que es objeto de exhaustivos debates en el seno del Consejo. Podemos acoger el espíritu, aunque no la formulación de la enmienda 24 del Sr. Goedbloed y nos emplearemos a fondo a fin de que sea aceptada por el Consejo.
En cuanto a las emisiones de Eurobonos la posición de la Comisión es la siguiente: estamos en contra de las exenciones generalizadas; estamos dispuestos a estudiar soluciones que permitan limitar las cargas administrativas para los intermediarios y de hacer frente de forma equilibrada a las problemáticas relacionadas con los títulos ya en circulación. En cuanto al tipo, la Comisión sigue considerando que una alícuota del 20 % representa un compromiso adecuado que puede responder, en la perspectiva de todos los Estados miembros, a la necesidad de asegurar un nivel mínimo de imposición efectiva aplicable a los intereses.
He comprobado que se ha prestado mucha atención -que por otra parte comparto plenamente- al tema de los contactos con los terceros países. No se han formulado preguntas al respecto, sin embargo, recuerdo que, con arreglo al mandato conferido por el Consejo ECOFIN, la Presidencia alemana junto con la anterior Presidencia austriaca, la futura Presidencia finlandesa y la Comisión están manteniendo contactos tanto a nivel técnico como político con Suiza, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Andorra y se nos ha pedido que informemos al respecto al Consejo ECOFIN del 15 de marzo. En cuanto a la temática global de la directiva se presentará un informe al Consejo ECOFIN del próximo mes de mayo y, señora Thyssen, en lo que se refiere a los plazos del acuerdo sobre la materia, el Consejo Europeo de Viena puso como objetivo el Consejo de Helsinki.
Por último, dos puntos: no se trata de una propuesta de un nuevo impuesto; esto sería un gran error. No se trata de una propuesta de un nuevo impuesto, sino de una modalidad de cooperación entre los Estados miembros a fin de que las imposiciones hoy establecidas no se eludan sistemáticamente a través de la creación de una especie de quinta libertad además de las cuatro del mercado único, es decir, la libertad de no pagar los impuestos gracias a los movimientos transfronterizos.
En lo que respecta a los servicios financieros y respondiendo al Sr. Fayot y a otros diputados, quiero señalar que la Comisión es muy sensible a la necesidad de potenciar la industria de los servicios financieros en Europa y que, a este propósito, en el reciente marco de acción en materia de servicios financieros ha evidenciado que ciertas armonizaciones moderadas de la fiscalidad pueden beneficiar, en lugar de penalizar, los servicios financieros.
Por último, señor Cassidy, hoy he valorado su contribución, así como valoro sus intervenciones, incluso las críticas. He manifestado que no estamos a favor de una lucha contra toda forma de competencia fiscal, sino sólo de las formas perjudiciales y desleales. Sin embargo, si aceptáramos la idea de que cualquier forma de competencia entre los Estados es oportuna, ya que la competencia es positiva, por coherencia deberíamos aceptar también que los Estados se hagan la competencia mediante la utilización de las ayudas estatales. No creo que ésta sea una posición generalmente aceptada.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Transporte de carburante líquido
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Camisón Asensio (A4-0495/98), en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(98)0097 - C4-0257/98-98/0071(COD) por la que se modifica la Directiva 70/221/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y de sus remolques.

Camisón Asensio
Señor Presidente, como es sabido, el objetivo de la presente propuesta es introducir nuevas disposiciones sobre depósitos de material plástico destinados a vehículos, ampliar el título y el ámbito de aplicación de la Directiva 70/221 a los depósitos de carburantes no líquidos -por ejemplo, los carburantes gaseosos- y modificar esta directiva adaptándola al progreso técnico de manera que se puedan introducir disposiciones técnicas sobre todo tipo de depósitos y modificarlas a través del procedimiento del comité.
Es, por otra parte, conveniente ajustar la directiva a los requisitos técnicos del Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas referente a la homologación de los servicios en cuanto a la prevención del peligro de incendio. Es conocido que se está extendiendo el uso de combustibles gaseosos para la propulsión de los vehículos de motor, en particular por motivos ecológicos. Por ello, procede incluir también disposiciones sobre depósitos de carburantes no líquidos. Hay que modificar, por tanto, el título y el ámbito de aplicación de tal directiva para poder introducir especificaciones técnicas sobre los depósitos de carburantes gaseosos. Todo ello por razones de coherencia.
Dadas las repercusiones de la actuación propuesta en el sector, las medidas consideradas son imprescindibles para lograr el objetivo, que consiste, en realidad, en la homologación comunitaria de vehículos. Objetivo, por otra parte, que a los Estados miembros les es imposible conseguir de una manera aislada o individual.
La Comisión propone que estas nuevas disposiciones se apliquen a partir del primero de octubre de 1999 a todos los tipos nuevos de vehículos y del primero de octubre del 2000 a todos los vehículos nuevos. Plazos evidentemente escasos, por lo que los enmendamos en nuestro informe.
Procede recordar que las modificaciones de la presente directiva afectan únicamente a los depósitos de carburante de material plástico, por lo que no es necesario invalidar las homologaciones existentes concedidas con arreglo a tal directiva. Ni impedir la matriculación, venta o puesta en circulación de los vehículos nuevos con depósitos de carburante líquidos metálicos aceptados de acuerdo con esas homologaciones.
En base a estos argumentos propusimos a la Comisión de Asuntos Económicos ocho enmiendas que fueron aprobadas y que constituyen la base de nuestra propuesta legislativa. En una propusimos que las modificaciones necesarias para adaptar los requisitos a los anexos al proyecto técnico se adoptaran de acuerdo con un procedimiento más acorde; otra se refiere a los plazos antes aludidos; otra define más racionalmente el concepto de masa en vacío; otras dos también introducen racionalidad al limitar el paso de carburantes de un habitáculo a otro tan sólo en condiciones normales de uso -o sea, se trata de frenar que se le pidan imposibles a la industria del sector-; otra simplifica la cuestión al entender que todas las referencias al depósito incluyen, lógicamente, todos sus accesorios; y las dos últimas ponen todo el énfasis en considerar que el vertido accidental de carburantes -en particular diesel- en las carreteras representa un importante factor de riesgo para los motociclistas y ciclistas, que era una gran laguna en la propuesta de la Comisión.
En definitiva, señor Presidente, creemos que, con esta propuesta, se da un importante paso adelante en la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los depósitos de carburantes líquidos y dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y sus remolques, con lo que será más racional la homologación de los vehículos en cuanto a la prevención del peligro de incendio, en particular sobre los depósitos de carburante de material plástico para vehículos de categoría M1, que son aquellos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo.
El objetivo general de la propuesta de la Comisión nos ha parecido muy razonable y, en consecuencia, creemos que la situación del sector de la industria afectado mejorará una vez que las disposiciones, a nivel europeo, se armonicen con estas disposiciones.
Las modificaciones técnicas propuestas por la Comisión en relación con el título y el ámbito de aplicación para hacer posible la inclusión de los carburantes gaseosos no crea tampoco ningún problema para la industria afectada, y la propuesta para modificar el anexo 1 de tal directiva para incluir ensayos más rigurosos tampoco parece plantear problemas a la industria afectada, ya que estas disposiciones ya figuran en el reglamento de las Naciones Unidas, como habíamos dicho.
No obstante, en lo que se refiere a la enmienda propuesta en relación con el procedimiento de comitología, que ha de aplicarse para las adaptaciones de esta directiva al progreso técnico, no compartimos el punto de vista de la Comisión. Creemos más lógico establecer el procedimiento 2A del comité de gestión, lo que supondría que la Comisión podría aplazar la aplicación de las medidas propuestas cuando no sean conformes al dictamen emitido por el comité durante un periodo no superior a un mes.
Por otra parte, la propuesta se inscribe en la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tienen por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. En este marco, la Comisión intenta -y nosotros le apoyamos- garantizar un nivel de protección elevado en materia de salud, de protección de los consumidores, del medio ambiente y de la seguridad.
También se respeta el principio de subsidiariedad, ya que la medida propuesta por la Comisión se justifica por el hecho de que los Estados miembros no podrían realizar el objetivo de la directiva de forma satisfactoria actuando por separado.
Termino, señor Presidente, resumiendo que estamos ante medidas de carácter puramente técnico que no tendrán ningún efecto negativo en la competitividad de las empresas o en el empleo y que contribuirán también a la seguridad vial. Por ello, pedimos el voto favorable.

Bangemann
Señor Presidente, agradecemos al ponente el empeño que ha puesto en elaborar un informe tan sumamente técnico. Aunque el informe gire en torno a la técnica, el ponente tiene toda la razón cuando afirma que en el fondo se detiene en cuestiones de seguridad, en problemas medioambientales, es decir, en objetivos fundamentales de nuestra política. Obviamente, nuestra propuesta pretende asimismo garantizar el buen funcionamiento del mercado interior al tiempo que tiene por objeto facilitar a los fabricantes un modelo de licencia unitario que les permita cumplir los requisitos sin mayores complicaciones.
De las diferentes enmiendas que han sido presentadas podemos aceptar cuatro; a saber, las enmiendas nº 3, 4, 5 y 6. Por lo que a las cuatro enmiendas restantes se refiere, opinamos que éste no es el lugar adecuado para insertar las normas en ellas contempladas, habida cuenta de que podemos referirnos a otras disposiciones ya disponibles o que aún han de ser aprobadas. Por todo ello, estimamos que no podemos aceptar dichas enmiendas. Pero como nos hallamos en la primera lectura, señor ponente, señoras y señores, seguramente podremos volver a discutir determinados puntos y aún no debemos descartar la posibilidad de alcanzar un acuerdo común.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
La sesión, interrumpida a las 11.25 horas, en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 11.30 horas

Votaciones
Lulling
Señor Presidente, hace un momento, después del debate sobre el informe Pérez Royo, el Presidente en ejercicio anunció que se votaría mañana. Ahora bien, figura en la lista de votación de hoy cuando acaba de tener lugar su debate. De todas maneras, sería más prudente votarlo mañana.

El Presidente
Señora Lulling, tiene toda la razón, la votación del informe Pérez Royo está prevista para hoy, como muy acertadamente lo ha señalado y, si disponemos de tiempo, espero que podamos proceder hoy a su votación.

Lulling
Señor Presidente, es lo contrario. Su predecesor dijo hace un momento -hace apenas unos veinte minutos que acabamos de terminar el debate- que este informe se votaría mañana. Pido que efectivamente se vote mañana, tal como lo anunció el Presidente.

El Presidente
Señora Lulling, puede que mi predecesor en la Presidencia cometiera un pequeño error. La votación del informe Pérez Royo está prevista para hoy y, como dije, si disponemos de tiempo, procederemos hoy a su votación.
Propuesta de decisión de Consejo sobre la postura que deberá adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación establecido en virtud del Acuerdo Europeo firmado el 19 de Diciembre de 1994 entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Eslovaquia, por otra, respecto a la ampliación por otro período de cinco años de conformidad con las disposiciones de la letra a) del apartado 4 del artículo 64 del Acuerdo Europeo (11544/98 - C4-0633/98-98/0073(CNS))(Procedimiento de consulta)
El Parlamento aprueba la propuesta de decisión

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, me gustaría presentar una enmienda oral encaminada a retirar las palabras: «en virtud del Tratado de Amsterdam». Quiero solicitar la supresión de estas palabras. El significado profundo no se ve modificado por esta enmienda; sin embargo, ésta ofrece más posibilidades de garantizar su desarrollo futuro.

El Presidente
Señora Riis-Jørgensen, su propuesta está muy clara.
¿Tiene objeción el Parlamento en someter a votación la enmienda oral?
El Parlamento coincide en someter a votación el apartado 17 con la enmienda oral
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Ford
Señor Presidente, una cuestión de orden. ¿Podría recordar usted al personal presente en el Parlamento que su trabajo no consiste en decir en lugar de los diputados de qué forma hay que votar? En el escaño 301 hay una mujer que, por lo visto, está diciendo al resto de su grupo de qué forma tienen que votar.

El Presidente
Señor Ford, gracias por su observación. No creo que los honorables miembros del Parlamento Europeo necesiten consejos de nadie y, naturalmente, no vamos a incitarlos a que admitan consejos.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)
Recomendación para la segunda lectura (A4-0052/99), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 93/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad (8829/98 - C4-0542/98-96/0192(SYN)) (Ponente: El Sr. Fitzsimmons)
El Presidente declara aprobada la posición común, así modificada

Barros Moura
Nosotros apoyamos la estrategia en cinco puntos propuesta por la Comisión y ya apoyada por el Consejo (29/06/98), porque redunda en beneficio de Europa y de toda la situación internacional.
Nos congratulamos de la mejora de las relaciones entre la UE y China, que corresponde a los intereses de sus poblaciones respectivas y que debería reforzar el peso de la UE en la política internacional, con autonomía respecto de los EE.UU. Así, pues, en cuanto UE, debemos apoyar la adhesión de China a la OMC con respeto de los principios multilaterales por su parte. Pero -sin negar algunos avances vinculados con la reanudación del diálogo sobre los derechos humanos, como la ratificación de los dos pactos de las Naciones Unidas (sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos)- considero que la UE no puede proceder como si China estuviera pasando a ser, de hecho, un Estado de derecho que respete los derechos y libertades fundamentales. China dista mucho de serlo.
Los intereses económico-financieros de ciertos Estados miembros de la UE no pueden legitimar una Realpolitik que pase por encima de la verdad y de la justicia y se manifieste en exigir -usando dos pesos y dos medidas- menos a China que a otros países más débiles con los cuales la UE tiene acuerdos económicos o comerciales basados en la «cláusula de los derechos humanos».
Las más recientes y graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en China, con la persecución a los opositores políticos y defensores de los derechos humanos, o a minorías nacionales, no pueden pasar sin un firme reparo y advertencia por parte de la UE. Lo mismo se puede decir en cuanto a la violación de los derechos de los trabajadores (en particular, los situados en lay-off ) y a la inexistencia de libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga.
Quisiera hacer constar las referencias a Macao.
Propuesta de resolución:
»Expresa el deseo de que la transferencia de Macao a la soberanía china se haga con respeto del acuerdo de 13 de abril de 1987 y permita desarrollar en ese territorio una sociedad próspera y democrática».
Exposición de motivos:
»Macao: otro puente entre Europa y China.
Asimismo, es conveniente seguir de cerca la evolución de la situación en Macao, cuya transferencia a la soberanía china se producirá en diciembre de 1999, en virtud de un acuerdo subscrito el 13 de abril de 1987.
Macao representa una cultura latina, o sea, uno de los componentes fundamentales de la civilización europea. En ese sentido, puede contribuir a la mejora de las relaciones con China, al permitir a este país comprendernos mejor en nuestra diversidad de europeos».
Creo que el ponente ha comprendido el papel que Macao puede desempeñar en el futuro, por su historia y características propias, como «puerta abierta» de China a Europa y a Occidente en general y como «puente» entre Europa, en su diversidad, y China.
La UE debería seguir con mucha atención el proceso de transferencia de soberanía que se concretará el 20 de diciembre del año en curso, con una exigencia no inferior a la que adoptó en relación con Hong Kong, a pesar de la diferencia de proporciones y problemas, a fin de garantizar la consistencia futura del principio de «un país, dos sistemas».
Subsisten problemas en la consolidación de la legislación local de derechos y principios ya vigentes en el orden constitucional y garantizados por la Declaración Conjunta Luso-China. La UE podría apoyar a las dos partes y a las autoridades del territorio con vistas, en particular, a
garantizar que China respetará la prohibición de la pena de muerte; -velar por que China cumpla con su compromiso de no estacionar tropas en el territorio; -garantizar que China, como es su deber, controlará su frontera para impedir el paso de delincuentes que provocan la inseguridad en Macao; -reglamentar y garantizar las libertades fundamentales, en particular la libertad religiosa, la libertad de asociación y de partidos políticos, la libertad sindical y el derecho de huelga; -reglamentar el uso de las dos lenguas oficiales del territorio: el chino y el portugués; -regular equitativa y humanamente la cuestión de la nacionalidad; -establecer un sistema judicial independiente, con un Tribunal local de última instancia.La UE debería, desde ahora mismo, y en el futuro, apoyar el desarrollo de la sociedad civil; apoyar las asociaciones, incluidas las de defensa de los derechos humanos; apoyar las actividades culturales y la cooperación universitaria con China; apoyar la acción del Instituto de Estudios Europeos; fomentar el intercambio entre juristas, permitiendo la divulgación del derecho europeo continental en China, en particular mediante las actividades del Centro de Traducción Jurídica y del Centro de Formación de Magistrados.
Pido a la Comisión que, a semejanza de lo que hizo para Hong Kong, presente una comunicación sobre las relaciones futuras UE-Macao y garantice, desde ahora mismo, que elaborará informes periódicos sobre la evolución de la situación después de la trasferencia de soberanía.
La responsabilidad de la UE para con Macao exige una activa y competente Delegación de la Comisión y de la UE presente en el territorio. Pregunto a la Comisión qué medidas va a adoptar o ha adoptado ya para garantizar ese aspecto.
Señalo, una vez más, a la Comisión el desagrado de toda la Delegación PE/China, al comprobar que el Delegado de la Comisión para Hong Kong y Macao se permitió no comparecer ni enviar un representante, durante la última visita de los diputados europeos al territorio a mediados de 1998. Me gustaría que en el futuro no pudieran repetirse hechos tan graves, inelegantes, incompetentes y mezquinos.

Vaz da Silva
La evolución de China es un dato fundamental para la evolución de nuestras propias sociedades. Influirá no sólo en nuestras economías, sino también y sobre todo en las perspectivas de una democracia a escala mundial.
Creo que corresponde a la Unión Europea el cometido principal de traer a China al capo democrático. Y debe hacerlo de forma audible, consistente y eficaz, en particular en su apoyo al concepto de «un país, varios regímenes».
Europa no presta a Macao y a Taipei la atención que su estatuto de puestos avanzados de la democracia en Oriente merece. La Unión Europea debe mostrar en esta causa mayor determinación. Necesitamos:
misiones de la Unión Europea instaladas en Macao y en Taipei (no despachos avergonzados, sino agencias verdaderamente operativas); -un claro apoyo a la entrada de China y de Taipei en la OMC; -intervenciones políticas de diputados europeos de todas las tendencias para apoyar a Portugal en este «sprint» final en el que se procura consagrar en el acuerdo con China la identidad democrática y chinoeuropea de Macao.Me habría gustado ver en el informe Bernard-Reymond, con el que estoy de acuerdo, mayor firmeza en el llamamiento a la responsabilidad de la Unión Europea.

Porto
Felicito a la Comisión y a la Sra. Caroline Jackson por la iniciativa y el informe elaborado, que corresponde a una preocupación a la que nadie puede dejar de ser sensible. Con particular relieve se expresa la preocupación por la calidad de vida en los medios urbanos, por lo que se comprende que se exija un mínimo de distancia entre los vertederos y las zonas residenciales y recreativas.
Con mayor razón, y al exigirse, evidentemente, una distancia de muchos kilómetros, se aborda la preocupación que, desde luego, los Gobiernos no deberían dejar de tener -por desgracia, no es así en el caso del Gobierno portugués- en los procesos de incineración o de coincineración de basuras tóxicas y resulta inadmisible que, al no poderse decir en serio que no hay riesgos, se sacrifique a personas que tienen derecho a su salud y a su vida.
sobre la propuesta de directiva sobre la alimentación de los animales (C4-0076/96 y C4-0595/98)- sobre el informe Castricum (A4-0025/99)
Bernardini
El principio según el cual los vehículos industriales de carretera deben pasar controles técnicos anuales en centros de inspección técnica autorizados se implantó mediante la Directiva 96/96/CEE.
La Comisión, en su propuesta de directiva, prevé la posibilidad de que cada Estado miembro realice controles técnicos inesperados y en la carretera de estos vehículos. A nuestro juicio, esta iniciativa se preocupa por el respeto de la seguridad de los usuarios. En efecto, si consideramos el aumento del tráfico internacional, las estadísticas nos demuestran que ¡un buen número de vehículos efectúan más de 150.000 kilómetros anuales! Un control técnico anual no basta para garantizar la seguridad y la fiabilidad del vehículo.
Nuestro ponente sostiene esta propuesta de control inesperado en la carretera, y no podemos sino felicitarnos por ello. Ahora bien, para dar un máximo efecto a esta iniciativa, es preciso establecer un verdadero sistema de control, con agentes dotados de una formación técnica de alto nivel. Asimismo, los Estados deben colaborar con la Comisión para reforzar los procedimientos de autorización.
Por último, los transportistas no deben ver en esta medida únicamente un aspecto represivo. El hecho de pedir la inmovilización inmediata del vehículo industrial de carretera, después de un control técnico inesperado que revele un riesgo importante, ha sido dictado por la seguridad de los usuarios. No podemos permitirnos -en nombre de la lógica económica-dejar circular «bombas sobre ruedas».
sobre el informe Camisón Asensio (A4-0010/99)
Bébéar
¿Qué sería de todos nuestros esfuerzos para eliminar los obstáculos a la libre circulación y acelerar la supresión de nuestras fronteras, sin una política ambiciosa y de calidad en materia de transportes? ¿A dónde pueden llegar nuestras acciones de cohesión económica y social y de desarrollo regional sin el relevo vital de las infraestructuras? ¿A dónde puede llegar una política de reactivación del empleo sin una verdadera voluntad de comunicación?
Hoy en día, la coordinación de nuestros esfuerzos nacionales es primordial, al igual que la cooperación entre los sectores públicos y los sectores privados. Hasta ahora, las realizaciones en el ámbito del transporte de las mercancías y de las personas no ha avanzado de manera significativa. Se requiere más que nunca una nueva dinámica. Demasiados proyectos permanecen vagos, sus calendarios inciertos y su financiación aleatoria.
El Parlamento Europeo ha de ser capaz de vigilar este avance, especialmente cuando se trata de financiaciones locales y regionales. En efecto, el aporte de finanzas públicas se revela primordial a pesar de las restricciones actuales. No puede hacerse nada sin este papel activo porque, como en muchos ámbitos, son las cuestiones financieras las que se encuentran en el centro de los debates.
Por tanto, apruebo el informe Camisón Asensio, lamentando los graves retrasos y discordancias en la ejecución de la mayoría de los proyectos definidos en Essen, en 1994. Asimismo, lamento que, ante esta situación, la Comisión Europea no haya propuesto medidas de reactivación y se haya contentado con este estado de hecho. Ahora sería útil recordarle su misión y pedirle un Consejo de Ministros para buscar soluciones a los problemas que acabo de destacar.

Escolá Hernando
Con la presente explicación de voto quiero hacer constar mi voto favorable al informe Camisón Asensio debido, principalmente, a su petición explícita de la necesidad de agilizar los catorce proyectos de Essen.
Efectivamente, resulta de vital importancia para el desarrollo de la cohesión económica y social de la UE la pronta finalización de los proyectos prioritarios de Essen que, junto al resto de las redes transeuropeas de transporte -RTET-, suponen un reforzamiento del mercado interior y una importante base en la creación de empleo.
Para conseguirlo, es necesario cohesionar la política estructural comunitaria con las RTET, en beneficio de un desarrollo equilibrado y sostenible de la UE, y lograr reducir las disparidades regionales existentes en la actualidad.
La mayor parte de los proyectos prioritarios seleccionados en la Cumbre de Essen sufre un retraso considerable en su ejecución. Ello se debe, entre otras causas, a la falta de financiación para el desarrollo de dichos proyectos. Una buena política comunitaria para satisfacer dichas necesidades financieras sería el fomento de las asociaciones público-privadas y un esfuerzo financiero del propio Estado miembro, lo que ayudaría sobremanera al relanzamiento tanto de los proyectos en retraso de ejecución como del resto de las RTET.
sobre el informe Soltwedel-Schäfer (A4-0044/99)
Andersson, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Queremos destacar la importancia de que en la formación del euro se tomen en consideración las exigencias específicas de los minusválidos. El euro es una moneda que debe tener una forma tal, que pueda ser usada por todos los ciudadanos.
En cuanto a la propuesta específica presentada por la ponente de instaurar una moneda de oro de cien euros, opinamos que carece claramente de fundamento. No obstante, en la votación hemos optado por seguir el juicio que nuestro Grupo planteó durante el tratamiento en la comisión.

Berthu
La segunda lectura del proyecto de reglamento del Consejo sobre la definición de las características técnicas de las monedas de euros me brinda la ocasión de recordar que es totalmente inoportuno querer retirar de la circulación todas las monedas nacionales el 1 de enero de 2002.
Esta operación sería sumamente costosa, desde el punto de vista psicológico, para los ciudadanos, y sólo serviría para la satisfacción ideológica de aquellos que quieren hacer desaparecer las naciones. En cambio, muy bien podría seguirse haciendo coexistir, como ahora, por una parte el euro, tal como ha entrado en vigor, reservado a los mercados bursátiles y a las actividades financieras internacionales, y por otra, las monedas nacionales, cuya circulación se mantendría. De todas maneras, la eliminación del nivel monetario nacional no sería prudente, ya que no sabemos qué crisis nos depara en el futuro: si dentro de un tiempo sufriéramos un choque asimétrico, quizás estemos muy contentos de poder modificar las paridades entre el euro y algunas monedas nacionales, con el fin de introducir un poco de flexibilidad en el sistema y no imponer a nuestros conciudadanos sacrificios inútiles.
De este modo, si mantenemos la coexistencia de los dos niveles de monedas, la europea y las nacionales, habremos descubierto de nuevo un sistema próximo a la moneda común, que el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones siempre ha defendido. Esta solución preservaría el porvenir sin imponer a nuestros conciudadanos riesgos inútiles. Por tanto, espero que el Consejo escuche la voz de la prudencia y que los ministros no sigan a ciegas el esquema de la unificación, que no tendría salida.
Sin embargo, con el fin de justificar esta continuación, algunos se refugiarán sin duda alguna en el argumento jurídico del artículo 109 L-4, que prevé que «En la fecha en que entre en vigor la tercera fase, el Consejo, ... adoptará los tipos de conversión a los que quedarán irrevocablemente fijadas las monedas respectivas de los Estados miembros y el tipo irrevocablemente fijo al cual el ecu sustituirá dichas monedas (las monedas de los Estados participantes)... El Consejo adoptará asimismo, con arreglo al mismo procedimiento, las restantes medidas necesarias para la rápida introducción del ecu como moneda única de dichos Estados miembros ».
Sin embargo, este argumento no tiene más valor que los argumentos jurídicos: en caso de fuerza mayor, se modifica el texto con toda urgencia, o bien se le descubre otra interpretación. Por ejemplo, podríamos decir que si el euro debía sustituir a las monedas nacionales el día de la entrada en vigor de la tercera fase, es decir el 1 de enero de 1999, entonces ya está hecho, no se diga más. Los Gobiernos harían bien en reflexionar seriamente en esta cuestión.

Trizza
En nombre de Alianza Nacional insisto en la necesidad de prever una moneda de oro con un valor nominal de 100 euros. De esta forma, además de aumentar la fuerza simbólica de la moneda única, se estabilizaría el precio del oro convirtiendo sus reservas en cada vez menos necesarias.
Comparto, por ultimo, la opción del ponente de limitar el coste del metal y de la producción efectiva de la moneda al valor nominal de la misma.
sobre el informe Bernard-Reymond (A4-0479/98)
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado de acuerdo a una postura que implica una crítica más severa a las violaciones chinas a los derechos humanos que la formulada en la propuesta de resolución. Aunque es importante desarrollar las relaciones comerciales y políticas de la UE con China, los intereses económicos no deben ocultar la importante crítica a las violaciones de los derechos humanos en China. La UE también debería tener de manera consecuente esta postura respecto de muchos otros estados como, por ejemplo, Colombia y Perú.

Palm
Obviamente que apoyo el desarrollo y la apertura que tienen lugar en China. La apertura es un camino para romper un sistema totalitario y para dar libertad al pueblo chino. Sin embargo, tengo serias dudas sobre la glorificación de las soluciones de economía de mercado que contiene el informe.
Tenemos que aprender de los errores cometidos, por ejemplo, en los antiguos países comunistas de Europa del Este. Buscaban libertad y apertura pero consiguieron la forma más brutal de capitalismo que, a su vez, conlleva marginación y miseria.
En el caso del aumento de la colaboración con China, se deberá dar más importancia a la situación social y a aquellos aspectos que nosotros podemos coadyuvar a desarrollar, tales como intercambio de jóvenes, estudios y posibilidades de desarrollar las organizaciones no gubernamentales. Además, como se señala claramente en el informe, tenemos que presionar continuamente para que se respeten los derechos humanos.

Rovsing
La Comisión ha observado muy acertadamente en su comunicación los grandes cambios que actualmente se están produciendo en la economía y la sociedad civil chinas. Sin embargo, también es importante recalcar que el gobierno chino continúa reprimiendo derechos humanos fundamentales. En consecuencia, la Comisión de Asuntos Exteriores ha planteado también la exigencia muy positiva de incorporar una cláusula de derechos humanos al acuerdo de la UE con China. Para facilitar la cooperación económica con China, es fundamental que tal cláusula se respete totalmente. Las exigencias adicionales que la comisión plantea sobre los campos a los que la Comisión ha dado prioridad pueden contribuir a situar el desarrollo chino en la dirección correcta.

Souchet
El informe del señor Bernard-Reymond pretende inscribir el desarrollo de los vínculos económicos y culturales de los países de la Unión Europea con China, que él recomienda, en una lógica que quisiera que tal intensificación de las relaciones implique necesariamente y traiga consigo de manera mecánica una mejora de la situación de la democracia y de los derechos humanos en este país.
Esta estrategia, que puede resultar eficaz en algunos casos, parece, en China, chocar con realidades que no deben ser abordadas de manera reduccionista.
Hace ya casi quince años que China emprendió su modernización económica, que experimenta en este ámbito un desarrollo sin precedentes, y que los jefes de Estado, jefes de empresa y compradores de la gran distribución occidentales acuden presurosos a Pekín y Shanghai para concluir múltiples contratos.
Sin embargo, es preciso comprobar que China, desde hace 15 años, si bien ha liberalizado fuertemente su economía, en cambio ha progresado muy poco en materia de libertades civiles y religiosas. La política de sinización del Tíbet, que es, no obstante, objeto de las más vivas presiones occidentales, no ha disminuido en lo más mínimo en el curso de estos últimos años.
De manera más general, los muy graves problemas relacionados con las violaciones de la libertad religiosa en China habrían merecido más atención por parte de nuestro ponente.
La aplicación de una política de registro obligatorio de todos los lugares de culto en 1991, dio pie a la mayor ola de represión antirreligiosa que se haya dado desde la revolución cultural.
Esta nueva política da a las autoridades chinas los medios de controlar totalmente las actividades religiosas tanto en el plano material como espiritual. El Estado chino ha emprendido así, por ejemplo, controlar el contenido de los artículos de fe de las distintas confesiones cristianas y realizar una selección entre aquellos que le parecen aceptables y los que han de proscribirse. El poder civil prohíbe así verdades de fe tales como el juicio final, la comunión de los santos, el génesis o el carácter inviolable de la vida.
Ante tales presiones, numerosos fieles chinos se incorporan a las «iglesias de la sombra» entre las que se encuentra la Iglesia católica clandestina. Por tanto, se exponen al acoso policial, a la confiscación de sus bienes, al internamiento y a la tortura. Los miembros de la clerecía son objeto de torturas especialmente insidiosas. Estas prácticas totalitarias no son parte de un pasado caduco, sino que afectan a la vida cotidiana actual de la población china y no podemos hacer abstracción de ello.
El Parlamento Europeo suele mostrarse más exigente en materia de respeto de los derechos humanos. ¿Por qué la China comunista goza de una indulgencia particular?
sobre el informe Azzolini (A4-0412/98)
Bernardini
La comunicación de la Comisión, objeto del informe de nuestro compañero, refleja una prioridad política en lo relativo a la aplicación de las reglas de competencia en la política de los fondos estructurales.
La Comisión se preocupa por buscar una coherencia perfecta entre la carta de las ayudas del Estado y la carta de los fondos estructurales. Nosotros sostenemos el principio de una reflexión en este ámbito que tenga en consideración las especificidades de ciertas regiones, especificidades que le confieren la elegibilidad comunitaria.
En efecto, es preciso reconocer que las excepciones a la libre competencia que constituyen las ayudas de Estado tienen una razón muy particular: el mantenimiento de la cohesión económica y social.
Los Estados miembros, en asociación con las colectividades locales, deben poder disponer de flexibilidad. Esta ha de ser en función de los problemas de desarrollo de algunas regiones, y pienso de manera más especial en las regiones del objetivo 1 y 2. No sería deseable aplicar ciegamente las reglas de competencia arriesgando poner en peligro la eficacia de las intervenciones comunitarias y nacionales.
Pienso que el informe de nuestra Comisión de Política Regional, completado por las enmiendas del Partido de los Socialistas Europeos propuestas en nuestra Asamblea, va en la dirección correcta. Por lo demás, la última reunión del Consejo «Asunto Generales» tomó acta de esta voluntad de flexibilidad: concertación con los Estados miembros, las colectividades locales y la Comisión con el fin de despejar criterios económicos y sociales propios a cada región que permitan las excepciones.

Darras
La iniciativa de la Comisión Europea, destinada a buscar una mejor concentración y una mayor coherencia de las ayudas regionales nacionales y europeas, con la finalidad de reforzar su eficacia, es evidentemente loable y necesaria.
Se trata de identificar las regiones más afectadas y de hacer coincidir en éstas las ayudas estructurales europeas y las ayudas nacionales con finalidad regional. La Comisión quiere mostrarse así pragmática, ... por lo demás, ¡quizás demasiado!
En efecto, hasta ahora, el Consejo ha determinado las zonas del objetivo 1 estatuyendo por unanimidad sobre la base de una propuesta de la Comisión (regiones NUTS, donde el PIB por habitante es inferior al 75 % de la media comunitaria). Las zonas de los objetivos 2 y 5b fueron determinadas por la Comisión tomando como base criterios socioeconómicos comunitarios y nacionales, en concertación con los Estados miembros. Por lo demás, la Comisión posee una competencia exclusiva en materia de ayudas de Estado.
En esta nueva propuesta, la Comisión propone además incluir la carta del objetivo 2 en las cartas de las ayudas de Estado (artículo 92.3 c). Ello significa que la Comisión incluirá únicamente en el nuevo objetivo 2 las regiones que el Estado miembro se comprometa a incluir en la lista de las regiones que reciben ayuda y que éste notifica a la Comisión de conformidad con el artículo 92.3c. Asimismo, propone que las regiones del objetivo 1 se determinen en función del respeto estricto del criterio del 75 % del PIB por habitante, de manera a que correspondan totalmente a las que se beneficiarán de la derogación del artículo 92.3a, por tanto a aquellas que podrán recibir ayuda a nivel nacional, todo ello debiendo definirse a más tardar el 31 de marzo de 1999.
Ello nos parece demasiado estricto para ser aceptado tal cual por los Gobiernos, por nuestro Grupo y nuestro Parlamento, habida cuenta que cada Estado reivindica un margen de flexibilidad en la elección de sus políticas de ayuda, en la definición de sus competencias territoriales. Creo que la coherencia del establecimiento en zonas debe permanecer un objetivo político del Estado miembro, sin añadir a ello una obligación de resultados. Esta es la razón por la que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha presentado varias enmiendas, especialmente un nuevo apartado después del considerando Q y una nueva enmienda 6 pidiendo más flexibilidad, enmiendas que, espero, sean refrendadas por nuestra Asamblea.

Deprez
El gran mérito de la comunicación de la Comisión y del informe que hoy nos ocupa es poner otra vez de manifiesto de manera casi paradigmática las contradicciones inherentes a la construcción europea, que oponen a las políticas europeas entre ellas, y los efectos paradójicos de estas mismas políticas.
Aplicada de manera pragmática, y a veces incluso errática, desde hace veinte años para responder a las sucesivas ampliaciones y a las diferentes crisis que han afectado al tejido económico y social de los Estados miembros, la política de cohesión económica y social tiene efectivamente una gran necesidad de revisión y racionalización para encarar los nuevos desafíos y responder mejor a sus objetivos.
En este espíritu, yo doy mi apoyo a las opciones recomendadas por nuestro ponente. Por tanto, concentraré mi intervención en dos nuevas medidas propuestas en el marco de la reforma de la política de cohesión social.
Ideada para reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones europeas, tiene de hecho, como consecuencia, acrecentar la disparidad entre los más ricos y los más pobres.
Reducir la parte cofinanciada por la Unión Europea significaría agravar todavía más el fenómeno, puesto que tal decisión obligaría efectivamente a los Estados miembros a hacer un esfuerzo financiero más importante y, por ende, necesariamente más pesado para los más pobres.
Queda de manifiesto que existe una contradicción entre las finalidades anunciadas de la política de cohesión social y las consecuencias previsibles de las medidas previstas para aplicarlas.
Por último, también creo que la limitación en el tiempo de las ayudas de phasing out concedidas a las regiones que se hayan beneficiado del objetivo 1 me parece demasiado draconiana para economías todavía titubeantes.

Lindqvist (ELDR)
No hay razón para que las ayudas regionales de la UE constituyan una condición para el otorgamiento de ayudas nacionales. Es una limitación inaceptable a la libertad de gestión nacional. Por esta razón, apoyo la propuesta de la comisión en el sentido de que se haga una excepción con el Objetivo 6. Las ayudas del Objetivo 6 que se acordaron en las negociaciones de adhesión van a incorporarse, según la Agenda 2000, en el Objetivo 1. Esto puede aceptarse con la condición de que los criterios se traspasen sin cambios del Objetivo 6 al Objetivo 1 y de que no disminuyan los recursos del Objetivo 6.

Rovsing
La Comisión ha presentado en su comunicación algunas propuestas para mejorar la relación entre la política regional y la política de la competencia dentro de la UE. Se trata de una iniciativa muy importante y sumamente interesante. Con las normas actuales que regulan las ayudas a las zonas poco desarrolladas y pobres existe el riesgo de que se produzcan distorsiones de la competencia. Desgraciadamente ha habido ejemplos de ello. Resulta fundamental que el reparto de zonas por el que a partir de ahora se regirán los Estados miembros a la hora de conceder ayudas regionales quede definido de tal forma que las consecuencias negativas para la libre competencia sean reducidas al mínimo. En consecuencia, me sumo al análisis presentado en el informe de la comisión.

Schiedermeier
No cabe duda de que, a pesar de los intensos esfuerzos, siguen existiendo diferencias notables entre las regiones de la UE por lo que a su nivel de desarrollo se refiere.
Por otra parte, la aplicación más estricta del principio de la concentración de los recursos, que tiene por objeto cumplir el objetivo de la coherencia en el uso de los recursos disponibles, no nos puede hacer perder de vista la necesidad de autorizar el despliegue de medidas de apoyo nacionales fuera de estas regiones en el marco de la subsidiariedad.
Es fundamental que los denominados países ricos, de ser necesario, puedan tomar medidas de apoyo eficaces, especialmente en las regiones estructuralmente débiles limítrofes con terceros países.
Voto a favor de este informe, puesto que mi enmienda nº 1 abre la posibilidad a la que acabo de referirme.

Souchet
El informe del señor Azzolini, dedicado a la política regional y a la política de competencia, aborda la cuestión de las ayudas de Estado con finalidad regional.
Se inquieta especialmente por las disposiciones de las nuevas líneas directrices que reducen de manera sensible la intensidad de las ayudas admisibles: el 40 o el 50 % según la pobreza de la región afectada, para las zonas del objetivo 1, del 10 o el 20 % para las zonas del objetivo 2, y se pregunta si esta evolución no prefigura una desaparición progresiva de las ayudas de Estado con finalidad regional y, en un momento dado, su prohibición simple y llana.
El informe de la Comisión de Política Regional aboga una vez más en favor de que la política de ordenación del territorio entre en el ámbito comunitario. Este sistematismo no puede suscitar nuestra adhesión, incluso si, en algunos ámbitos, las armonizaciones o las cooperaciones estrechas nos parecen indispensables, por ejemplo, en materia de redes de transportes transeuropeos o de zonas ecológicamente sensibles. Sin embargo, los Estados deben conservar toda la libertad de utilizar, si lo juzgan necesario, las ayudas públicas para mantener el equilibrio de su territorio y corregir las distorsiones inducidas en algunos casos por determinadas políticas comunitarias, tales como las de un libre cambismo cuyas consecuencias no se han evaluado.
A este respecto, recuerdo que el considerando C del informe conlleva un informe de nuestro Grupo adoptado en comisión; recuerda que la política de competencia constituyó un factor esencial de competitividad de la economía de la Unión Europea, a condición, no obstante, de que esta competencia se ejerza lealmente, especialmente de la parte de algunos socios comerciales de la Unión, y no tenga por efecto sacrificar nuestras normas sociales y medioambientales.
Este texto demuestra el carácter inadmisible de la prohibición recientemente impuesta a Francia por la Comisión de conceder ayudas a su industria textil, víctima de un proceso especialmente cargado de transferencias. Esta es una ilustración ejemplar de la aplicación ciega de la competencia concebida como un dogma, independientemente de toda consideración social o de ordenación del territorio, concepción a la que nuestro Grupo se opone resueltamente.
sobre el informe Read (A4-0386/98)
Caudron
Primeramente, quiero felicitar a Imelda Read por la seriedad y la calidad de su trabajo que ha permitido entablar un debate de calidad.
Más allá de estos preliminares relativos a la forma, quiero dar un franco apoyo a las recomendaciones emitidas por nuestra compañera. Esta preocupación permanente de garantizar un acceso equitativo a todos, y en primer lugar a los más frágiles de entre nosotros, corresponde a lo que deberá ser un servicio universal.
Al igual que Imelda Read, pienso que los Estados miembros de la Unión deberían pensar en aplicar, a través de un pliego de condiciones, una tarificación adaptada a las rentas más modestas. Si algunos consideran no equitativo una medida semejante, entonces qué piensan de la mayoría de los consumidores que subvenciona las llamadas de larga distancia de unos cuantos. En nombre de qué, porque se es pobre o se está en paro, sólo puede tenerse una autorización residual que ha de pagarse al precio más alto. No olvidemos que el teléfono es también un instrumento de búsqueda de empleo.
Asimismo, la generalización de Internet implica el establecimiento de tarificaciones adaptadas tanto para los usuarios individuales como para los centros de carácter educativo. Ya lo he dicho, pero lo repito, ¡la Web no puede ser propiedad de una minoría acomodada!
Por el contrario, quiero advertir a nuestros compañeros conservadores sobre las enmiendas que tienen previsto presentar. Considero que éstas amenazan en un determinado plazo la igualdad de acceso a estos medios de comunicación. Esas propuestas son peligrosas tanto para el sector de las telecomunicaciones como para el porvenir del servicio universal en general.
Por último, me atrevo a esperar que la derecha tendrá el valor de anunciar en los próximos meses sus intenciones en este y otros ámbitos. El primer acto de todo hombre político es defender sus ideas. Entonces, si consideran que la liberalización de los servicios va emparejada con la desigualdad de acceso, tengan la franqueza de decirlo a nuestros conciudadanos.

Deprez
La garantía para todos de poder acceder a los servicios esenciales a un precio abordable por una calidad satisfactoria es la condición sine qua non de una liberalización lograda tanto a nivel social como duradero de lo que hasta hace poco se había convenido en llamar los servicios públicos. De allí, la gran importancia de este primer informe de seguimiento relativo al servicio universal en el sector de las telecomunicaciones, que hoy nos ocupa.
Nos vemos obligados a comprobar que este primer informe describe una situación que está lejos de ser satisfactoria y que demuestra la incapacidad del libre juego de las fuerzas del mercado y de la competencia a asegurar por sí solos una participación efectiva de todos en la sociedad de la información y en las tecnologías de la comunicación.
No cabe duda de que este primer informe señala un determinado número de disfuncionamientos que es importante corregir a la brevedad posible. Mencionaré especialmente la ausencia de la obligación para los operadores de tarificar, en todos los puntos del territorio, un precio análogo para un mismo servicio, lo que es una fuerte amenaza para un verdadero servicio universal.
La comprobación de que algunos Estados miembros presentan una evolución global de las tarifas a la alza también es preocupante. Tanto más preocupante, por lo demás, visto que concierne muy especialmente a los usuarios residenciales, y especialmente los usuarios de baja renta.
Al igual que nuestra ponente, estoy convencido de que es preciso dedicar con toda urgencia especial atención al caso de los usuarios vulnerables, especialmente las personas discapacitadas.

Rovsing
La liberalización del sector de las telecomunicaciones en la UE ha supuesto que los Estados miembros están obligados a garantizar que todos los operadores oferten un conjunto mínimo de servicios de telecomunicaciones y a la intervención en los casos en que esto no se cumpla. La Comisión ha tomado buena nota de los pasos dados para garantizar este acceso mínimo a los servicios de telecomunicaciones a los consumidores; sin embargo, la recogida de datos no ha sido del todo satisfactoria en todos los casos. Por ello resulta acertado que se subraye en el informe la importancia de solucionar estas carencias y de garantizar que los datos relevantes sobre la conformidad de los servicios de telecomunicaciones con estas exigencias mínimas estén disponibles.

Wolf
El informe de la Sra. Read ha demostrado que los avances logrados por la introducción del servicio universal suscitan sentimientos contrarios. En general, los resultados son más bien insatisfactorios. Por tanto, es fundamental que se realicen esfuerzos suplementarios en este ámbito. Estos son los elementos del informe de la Sra. Read que merecen el apoyo de los Verdes.
Aparte de ello, debemos averiguar si es preciso crear más instrumentos (como por ejemplo un cahier de charges , formas escalonadas de supervisión del Estado, etc.) destinados a fortalecer el interés público y garantizar la calidad de los servicios y relacionados con los efectos sociales de los nuevos servicios. El derecho de los medios ya contempla en parte este tipo de instrumentos, así que nos pueden servir de ejemplo.
sobre el informe Tappin (A4-0394/98)
Andersson, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Queremos dar las gracias al ponente por este excelente trabajo que versa sobre tan importante materia. El fundamento de esta explicación de voto es subrayar la importancia de poder aplicar criterios y objetivos sociales en conformidad con lo que se menciona en los puntos 10 y 11 de la propuesta de informe de la comisión y en las enmiendas 5 y 6 de la ponente Van Lancker. Opinamos que es trascendental que se realicen unas contrataciones públicas más transparentes, en beneficio del empleo y del aumento de la competencia, en el necesario equilibrio con los objetivos sociales y medioambientales.

Rübig
Por lo que se refiere al aumento de los umbrales cuantitativos propuestos en el informe, sabemos por experiencia que el número de empresas participantes en las contrataciones públicas aumenta según disminuyen los umbrales cuantitativos. Ello implica que asimismo va en aumento el número de empresas que se quedan al margen, con el resultado final de que se incrementa el número total de los llamados esfuerzos frustrados.
Pero como estoy en contra de un aumento de los umbrales cuantitativos por razones de principio, me he abstenido en las votaciones relacionadas con esta cuestión.
sobre el informe Th. Mann (A4-0475/98)
Bernardini
En el umbral del próximo milenario, no podemos aceptar en el seno de la Unión Europea más de 18 millones de personas sin empleo. Es nuestra responsabilidad combatir esta plaga y los indicios formulados en el informe que hoy nos ocupa van en la dirección correcta.
Ya, en la Cumbre de Luxemburgo, la instauración de líneas directrices en cada Estado miembro nos permitió captar la envergadura del compromiso de estos últimos. Sin embargo, el combate también debe librarse a nivel de las instancias europeas.
Par ello, podemos pedir un esfuerzo, en primer lugar, a los sectores potencialmente creadores de empleo. Pienso en el sector del turismo, y lamento el bloqueo, en el seno del Consejo de Ministros, del programa Philoxenia. Este sigue siendo un formidable marco de acción y hay numerosos operadores y protagonistas que esperan su entrada en vigor. Pensemos también en los puestos de trabajo de los servicios de proximidad o de asistencia a las personas. A menudo, las colectividades locales difícilmente toman el relevo del esfuerzo de creación de empleo que ponen en marcha las asociaciones.
Por otra parte, también es posible iniciar una reflexión sobre una nueva organización del trabajo. En el momento actual, comprobamos que varios Estados miembros se encaminan hacia una aplicación de una reducción del tiempo de trabajo negociada con los diferentes interlocutores. Esta solución no debe encerrarse en una lógica nacional. Es preciso tomar en cuenta un impulso concertado a escala europea.
A beneficio de inventario, nuestro ponente propone excelentes recomendaciones. No debemos decepcionar las expectativas de nuestros ciudadanos.

Caudron
Desde hace muchos meses, he estado pidiendo que se abra un debate sobre las consecuencias sociales de las evoluciones técnicas. Por tanto, me felicito por el informe de nuestro compañero Thomas Mann que responde a uno de los ejes esenciales de esta reflexión.
Efectivamente, es importante que nuestra Asamblea favorezca la emergencia de estos nuevos puestos de trabajo cuyo potencial parece importante. Quiero precisar que comparto en gran parte las preocupaciones y propuestas expresadas por el ponente.
No obstante, emitiría algunas reservas y comentarios sobre diferentes puntos que en modo alguno desfiguran la intención inicial del autor.
Si, a la par de Thomas Mann, comparto la idea de que la sociedad debe invertir financieramente para adaptar la formación de manera general a estas nuevas canteras de empleo, haré dos observaciones.
Ante todo, pienso que estos esfuerzos deben ser importantes especialmente para los puestos de trabajo con fuerte valor añadido. Se trata de una obligación en atención a los medios necesarios para obtener una formación de calidad. Por otra parte, confieso mi agradable sorpresa al comprobar que nuestros compañeros conservadores toman conciencia de que la iniciativa privada no puede encargarse de ciertas necesidades de la sociedad.
Asimismo, me alegro de la voluntad de legislar sobre la formación a lo largo de toda la vida introduciéndola en la ley del derecho a la licencia anual para formación. Esta petición constituye una base importante para el reconocimiento de este derecho que debe permitir a todos los trabajadores evoluciones de carrera y una mejor disposición para conseguir empleo.
Por último, no quiero concluir sin mencionar ciertos riesgos para los derechos de los trabajadores que deben, a mi juicio, ya no adaptarse a las nuevas tecnologías, sino tratar de garantizar una calidad de vida aceptable para todos. Pienso que nuestros conciudadanos no aceptarán indefinidamente una degradación de esta calidad de vida, fuertemente amenazada por una minoría de entre nosotros.

Darras
Cómo no votar en favor de este informe que, tomando como punto de partida lo que constata como un estado de hecho -una tasa de paro que alcanza alrededor del 11 % de la Unión Europea, cuyo 22 % son jóvenes, y la situación precaria de las mujeres- recomienda toda una serie de medidas de sentido común.
Medidas de sentido común, puesto que hacen hincapié en las PYME, que ofrecen el mayor potencial de creación de empleo, pero que, en el contexto de una mundialización creciente, deben beneficiarse de condiciones favorables para desarrollarse. La Comisión ya ha preparado numerosas acciones en su favor. Es preciso amplificarlas y estimularlas. Medidas de sentido común, ya que insisten en los sectores de futuro: el turismo, la cultura, las nuevas tecnologías, la investigación, los medios de comunicación, todos son ámbitos que pueden regenerar nuestras colectividades locales y nuestras regiones si se prepara correctamente el acceso y la formación a las profesiones del futuro. Medidas de sentido común, puesto que piden a los Estados miembros que apliquen las líneas directrices para el empleo definidas en Luxemburgo, en 1997.
Medidas de sentido común además, puesto que reivindican un sistema de formación permanente, adaptado a la evolución constante de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Un sistema capaz de acompañar al trabajador a todo lo largo de su recorrido, de manera que pueda evolucionar paralelamente con las mutaciones tecnológicas.
Medidas de sentido común una vez más, ya que no quieren abandonar en el camino ninguna categoría de personas, ni aislar más las regiones desfavorecidas. De allí los llamamientos al desarrollo de la infraestructura de transporte y de telecomunicaciones que permitan el acceso a los mercados mundiales, para que las regiones y sus habitantes no estén aislados del mundo del trabajo del futuro.
Por último, medidas de sentido común puesto que piden un reconocimiento de los principios inscritos en el Tratado de Amsterdam, especialmente el de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Por lo demás, ¡algunos de nuestros senadores franceses podrían inspirarse en ellas!
Por último, esta resolución, que analiza nuestra sociedad, sus mutaciones y sus perspectivas para el futuro, no es revolucionaria, pero si realmente fuera tomada en cuenta, sería el principio de un mundo mejor.

Deprez
No se encontraría aquí una sola persona para negar que la creación de empleo es una de esas problemáticas fundamentales que la opinión pública tomará como punto de partida para juzgar el efecto global positivo o negativo de la construcción europea en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos.
Por tanto, podemos alegrarnos otra vez de que el Tratado de Amsterdam haya captado la dimensión de este desafío y dedique un capítulo al empleo. Todavía falta que esta sensibilización desemboque en efectos positivos concretos para nuestros conciudadanos, especialmente para las categorías vulnerables como son los jóvenes y las mujeres.
Apoyo plenamente los análisis y las recomendaciones formuladas por nuestro ponente, por tanto, votaré sin ninguna reticencia el presente informe.
No obstante, quiero hacer especialmente hincapié en el hecho de que la reorganización del trabajo en función de las posibilidades que ofrece el desarrollo del sector multimedial tiene la potencialidad de permitir una ganancia sustancial en términos de balance ecológico para la sociedad en su conjunto y de calidad de vida para numerosos trabajadores que a partir de entonces ya no se verán obligados a realizar los fastidiosos desplazamientos cotidianos.
Esa reorganización, que desatascaría las vías de acceso a las grandes ciudades, permitiría además reorientar en un momento dado recursos humanos y presupuestarios importantes que podrían así dedicarse al desarrollo de infraestructuras de comunicación en las regiones menos favorecidas y en los sectores de actividad creadores de empleo.
Asimismo, deseo hacer hincapié en el hecho de que las medidas presupuestariamente poco costosas y, en suma, relativamente fáciles de aplicar, también tienen la posibilidad de permitir una rápida creación de empleo. Me refiero, por ejemplo, a la racionalización y la reducción de las cargas administrativas de todo tipo que pesan sobre las pequeñas y medianas empresas, o incluso, poner a disposición de éstas una red eficaz de prospección de los mercados y de redistribución de la información obtenida de este modo.

Palm y Theorin
Éste es fundamentalmente un buen informe. Hace hincapié en la lucha contra el desempleo y en el trabajo para todos. No excluye a nadie del concepto todos; por ejemplo las mujeres están claramente incluidas. En el informe hay muchas ideas interesantes acerca del mercado laboral del futuro. Nos alegramos al comprobar que la Unión ve los problemas y tiene voluntad de destacarlos. Desgraciadamente, en este buen informe, sin embargo, se han deslizado dos puntos francamente malos.
En primer lugar, los impuestos son un asunto de carácter nacional. Por eso, el Parlamento Europeo no debe «recomendar», como lo hace en el punto 41, que se disminuyan «cargas», tales como los impuestos
Aún más enojosa es, sin embargo, la ignorancia que se manifiesta en el punto 23. Lo que el ponente llama «impuesto al trabajo» no es otra cosa que el dinero de los asalariados. El dinero que los empleadores pagan al estado para que lo administre bajo el nombre de cotización de la seguridad social es dinero que hemos dejado de recibir en forma de aumento salarial. En cambio, obtenemos por ese dinero, entre otras cosas, indemnizaciones por enfermedad, pensión y protección del desempleo.
Las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social constituyen subidas de sueldo a las que los trabajadores han optado por renunciar para pagar con ellas el bienestar común. Este sistema, en el que nos hacemos cargo de esas responsabilidades de modo colectivo, es, además, el más justo y eficiente.

Sornosa Martínez
Éste es un informe de extraordinaria importancia y oportunidad, ya que la cuestión del empleo se encuentra en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía europea. La reflexión sobre el futuro nos permite sentar las bases ahora en la lucha contra el desempleo cuyo nivel inaceptable amenaza la cohesión de nuestras sociedades.
El objetivo central es la lucha contra el desempleo a través de la creación de empleo suficiente y de calidad teniendo en cuenta las nuevas necesidades de una sociedad que ha cambiado y que todavía cambiará más en el futuro.
La informática, las comunicaciones, la demografía, la sostenibilidad, el ocio, con el consiguiente desarrollo del turismo y sobre todo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, incrementándose la paridad y la igualdad, hacen que esta nueva sociedad tenga nuevas necesidades que, tal y como he dicho en mi Informe de opinión, merecen una propuesta política audaz, serena y realista que sin perder de vista estas grandes posibilidades de creación de empleo y dando respuesta a las nuevas demandas, esto no suponga otra forma de segregación en el trabajo de las mujeres ni una mayor precarización y desregularización. Sí que debemos apoyar y saludar las nuevas iniciativas de creación de empleo y universalizando la protección social y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que garanticen el pleno empleo de mujeres y de hombres así como la cohesión social.
sobre el informe Fitzsimons (A4-0052/98)
Hyland
Se necesita la plena cooperación de los Estados miembros si queremos que la Unión Europea desempeñe el papel que le corresponde en los esfuerzos por reducir el nivel de las emisiones de gases de invernadero.
Tenemos para con las generaciones futuras la obligación de tomar muy en serio las repercusiones a largo plazo de las emisiones no controladas de dióxido de carbono y sus efectos en el medio ambiente. El hecho de que algunos gobiernos de Estados miembros no cooperen plenamente en la actualización y comunicación de «nuevos datos» es absurdo y el único efecto que tiene es socavar los esfuerzos por aplicar programas eficaces de control, según se prevé en el protocolo de Kyoto.
A menos que consigamos instituir medidas apropiadas será imposible supervisar la eficacia de los programas de control o la verdadera magnitud de la amenaza del calentamiento mundial para las «generaciones futuras». El ignorar hoy en día lo que está considerado como una verdadera amenaza no hará más que dificultar aún más la posibilidad de conseguir una solución definitiva.
Me agrada que los Ministros de Medio Ambiente hayan convenido en reducir en la Unión Europea las emisiones de seis gases de invernadero en un ocho por ciento entre los años 2008 y 2012. Las cifras acordadas permitirán que Irlanda no aumente las emisiones más que en un 13 por ciento en relación con las cifras de 1990.
El Parlamento Europeo se ha esforzado mucho por promulgar legislación que reduzca la utilización de gases de dióxido de carbono. Por ejemplo, la nueva directiva de la UE sobre la regulación de agentes contaminantes obliga a las compañías petroleras a comprometerse a conseguir que el contenido de azufre del petróleo se reduzca en un 300 por ciento y que el contenido de azufre del gasoil quede reducido en un 700 por ciento para el año 2005.
Si queremos asegurar los beneficios generales sociales, humanos y medioambientales del hecho de contar con una atmósfera limpia entonces hay que atenerse estrictamente a los valores fijados en la reciente directiva de la UE sobre las emisiones de vehículos y la calidad del combustible.
Tiene que haber la máxima cooperación posible entre los gobiernos de los Estados miembros de la UE y todos los organismos interesados para que la reducción en el uso del dióxido de carbono sea una realidad en un futuro muy próximo.

Souchet
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones votó a favor del conjunto de las enmiendas que permiten mejorar la propuesta del Consejo relativa a un mecanismo de vigilancia de las emisiones de CO2 .
Efectivamente, el mecanismo de vigilancia debe constituir una de las partes esenciales de la estrategia general de la Unión Europea relativa a la estabilización de las emisiones de CO2 a su nivel de 1990. Esta estabilización permite mejorar la eficacia energética, al mismo tiempo que nos permite cumplir con nuestros compromisos en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, la vigilancia del CO2 no es suficiente. Es necesario vigilar y estabilizar las emisiones de metano (CH4 ) y óxido nitroso (N2 O), de gases que tienen efectos directos sobre la calidad del aire, así como las emisiones de gas que tienen efectos negativos sobre la capa de ozono (perflurocarburos -PFC-, hidrofluorocarburos -HFC- y el azufre hexafluoruro -SF6 ).
Esta ampliación, en términos de vigilancia, a gases que inicialmente no estaban previstos permitirá un análisis más fiable del conjunto de los elementos que perturban nuestra atmósfera. No obstante, quiero recordar que si la Unión Europea realiza esfuerzos tangibles en favor del mantenimiento de la calidad del aire, todos los países desarrollados deben realizar esfuerzos equivalentes. Nuestros esfuerzos serían vanos si otros países no controlan sus emisiones de gas de efecto invernadero. De allí la importancia de la acción llevada a cabo por los Estados miembros destinada a plantear el debate a escala mundial.
sobre el informe Hautala (A4-0002/99)
Lindqvist (ELDR)
La acidificación es uno de los problemas medioambientales más graves en los países nórdicos. Inglaterra, el continente y la Europa del Este contribuyen, igual que nosotros mismos, a estos problemas. La propuesta de la Comisión sobre límites para los contenidos de azufre en el fuel y en el gasóleo, es un paso en la dirección correcta. También constituyen pasos en la dirección adecuada las posibilidades de excepciones y el derecho a establecer reglas más severas en los países miembros.
Con todo, la propuesta es demasiado difusa. La demanda de la comisión sobre la eliminación del azufre como agente contaminante del aire es un claro adelanto. La exigencia del Parlamento de que la directiva debería comprender también fuelóleo para barcos y para motores diesel marinos ha sido aceptada por el Consejo. En el segundo tratamiento la comisión demanda una aplicación más rápida, acercando los plazos para el fuel. Doy mi apoyo tanto a la propuesta de la comisión como a aquella que menciona que los valores mínimos para el gasóleo deberían regir desde el año 2004 en lugar del año 2008.
sobre el informe Virgin (A4-0001/99)
Blak y Kirsten Jensen
Un día los residuos no tienen valor y al día siguiente se han convertido de repente en algo muy valioso. Este cambio se ha notado antes especialmente cuando los residuos de la UE se exportaban a terceros países. Estos países probablemente han podido utilizar una pequeña parte de los metales presentes en los residuos; sin embargo, este negocio no ha sido bueno para el medio ambiente. Ha habido ejemplos de terceros países que no han podido utilizar los residuos recibidos y que sólo han recibido dinero por ser país de destino. En otras palabras, hemos utilizado estos terceros países como vertederos porque han sido alternativas baratas frente a las exigencias europeas en materia ambiental.
Las nuevas normas han sido motivo de gran confusión y preocupación entre las organizaciones humanitarias que recaudan fondos para las personas necesitadas. Permítasenos recalcar que la recogida de ropa para su entrega a las personas de terceros países que la necesiten sigue siendo posible. Sin embargo, la novedad radica en que los países de destino deben notificar activamente a la Comisión que desean recibir los residuos. Ésta es la única forma en que podemos asegurarnos de que los países receptores se pronuncien realmente sobre si desean o no los residuos que les enviamos. Es también una garantía de que los países podrán tratarlos ordenadamente según sus propias normas. Nosotros debemos conservar todo lo que sean residuos propiamente dichos y su tratamiento debe seguir nuestras normas sobre vertederos respetuosos con el medio ambiente.

Caudron
El informe de nuestro compañero Ivar Virgin trata de dar una respuesta adecuada a los envíos de ciertos tipos de residuos a países no miembros de la OCDE.
En lo esencial, comparto el punto de vista del ponente, especialmente en lo relativo al abandono de una nueva lista de residuos prohibidos para la exportación. A mi juicio, ésta tendría por efecto hacer todavía más compleja la legislación existente.
Al igual que Ivar Virgin, considero que es necesario hacer un nuevo análisis de la definición de residuos. A este respecto, es preciso que la Comisión pueda tomar rápidamente una iniciativa en este ámbito.
En este sentido, comparto los temores de las organizaciones caritativas sobre la exportación de ciertos residuos y más particularmente de las prendas de vestir de segunda mano para su uso.
Estas actividades, además del hecho «de ofrecer» un determinado bienestar a las poblaciones interesadas en estos países, permiten a nuestros conciudadanos más vulnerables una inserción social efectiva. Poner en tela de juicio estas exportaciones de prendas de vestir de segunda mano tendría consecuencias sobre la viabilidad de esas organizaciones.
sobre el informe Jackson (A4-0028/99)
Caudron
Acojo con satisfacción este informe de nuestra compañera Caroline Jackson. No obstante, no puedo dejar de pensar que la génesis de este texto es mucho más larga.
Esta manifestación de mal humor no se dirige a la autora de este informe, sino más bien a la Comisión que, a mi juicio, ha demostrado negligencia ante un aspecto tan importante de las políticas medioambientales.
Ante el aumento de los residuos procedentes de las zonas urbanas, es preciso, como lo destaca la ponente, tomar medidas para hacer disminuir el volumen de vertidos. En este contexto, sería positivo que la Comisión tomara iniciativas de envergadura para promover las alternativas que son hacer abono y biogás a partir de residuos biodegradables.
Por otra parte, apoyo la propuesta de instauración de un impuesto sobre los residuos destinados al vertido. Efectivamente, ¿cómo imaginar que las superficies necesarias para los vertidos pueden ser infinitas? A esto se añaden las consideraciones sanitarias. Ya que nadie puede negar que estos vertidos son potencialmente peligrosos, no solamente para el medio ambiente sino también para el hombre.
Por último, no puedo apoyar la jerarquización introducida por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para el tratamiento de los residuos. Sin embargo, una vez establecida esta jerarquía, es preciso que la Comisión la tenga en cuenta para establecer programas comunitarios que aborden estas problemáticas.
¡Nos es preciso, en este ámbito, demostrar valor, ya que no puede admitirse que sean las generaciones futuras las que tengan que sufrir las consecuencias de nuestra actual inercia!

Lis Jensen
Como en la primera lectura del informe de la Sra. Jackson, elijo apoyar el informe porque sus puntos de vista fundamentales están bien meditados y son razonables. Sin embargo, quiero seguir llamando la atención sobre el hecho de que la mayor amenaza para los Estados miembros a la hora de establecer sistemas nacionales de tratamiento de residuos que vayan más lejos que las normas que puedan aprobarse en la UE, sigue siendo el mercado interior comunitario. Mientras que los residuos sigan siendo considerados en la terminología comunitaria un artículo, se animará a los grandes productores de residuos de los países de la UE con normas muy estrictas sobre el tratamiento de residuos a que transporten sus residuos a las plantas de los países comunitarios que sólo cumplen las normas mínimas.
Si no es posible, no sólo en principio, sino también en la realidad, detener este «turismo de residuos» dentro de los países de la UE, el medio ambiente seguirá sufriendo daños. Al mismo tiempo, tampoco deben olvidarse las negativas consecuencias económicas para las plantas de tratamiento de residuos situadas en los países comunitarios progresistas en materia medioambiental. Sus plantas perderían parte de los residuos en favor quizá del país vecino y de sus soluciones más baratas.

Nicholson
Me alegra poder apoyar el informe de la Sra. Jackson. El vertido de residuos en vertederos debe ser, como dice la ponente, el último recurso en materia de opciones. Los vertederos son necesarios en algunos casos. Hay que aceptarlo. El problema estriba en que en muchos Estados miembros de la UE el recurso al vertido de residuos ha constituido una opción fácil que tiene graves consecuencias para el medio ambiente. Es necesario imponer controles más rigurosos. Las personas que viven en zonas residenciales no tienen por qué quedar expuestas a emplazamientos potencialmente peligrosos y de aspecto desagradable en sus proximidades. Al mismo tiempo es preciso que contemos con un programa mucho mejor en cada país para animar a la gente a evacuar los residuos teniendo debidamente en cuenta al medio ambiente. Sé que en algunos países ya hay planes para la separación de los residuos domésticos, a fin de facilitar el reciclado. Confío en que este sistema sea, con el tiempo, un sistema de uso corriente en todos los Estados miembros.
Es responsabilidad de los Estados miembros el mejorar la eliminación de los residuos, utilizando alternativas diferentes al vertido, sin con ello penalizar a los contribuyentes. El impuesto sobre los vertederos de residuos en mi país es un buen ejemplo de la forma en que una idea mal concebida que no se enfrenta con el verdadero problema puede resultar onerosa para los bolsillos de los contribuyentes. Sin una estrategia del gobierno central que reconsidere la evacuación de residuos, el impuesto sobre el vertido de residuos lo único que significa es que las autoridades locales no tienen más remedio que transferir el costo a los contribuyentes. De qué forma puede contribuir esto a reducir la dependencia respecto del vertido de residuos es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo.
Confío en que en el futuro tengamos un enfoque mucho mejor de la cuestión de la eliminación de residuos en la UE. Es esencial que la utilización del recurso al vertido de residuos sea, en la medida de lo posible, algo del pasado. Para conseguirlo es esencial que se cumpla la legislación. Los Estados miembros tienen que regirse por esa legislación si queremos que tenga algún efecto.

McKenna
La posición común del Consejo de la UE sobre una propuesta de directiva relativa al vertido de residuos está encaminada a prevenir o reducir los daños medioambientales y los riesgos para la salud causados por los vertederos, pero desgraciadamente acusa deficiencias en algunas esferas.
Esta directiva tendrá importantes repercusiones para la cuestión de la evacuación de residuos en toda la UE y especialmente en Irlanda, en la que la gestión de los residuos ha tendido a centrarse exclusivamente en su utilización como materiales de vertido. A pesar de que dicha utilización está considerada como la opción menos favorecida para la evacuación de residuos en Europa, Irlanda va a la cabeza de los países de la UE que utilizan los vertederos para así eliminar sus enormes montañas de residuos.
Ésta es la segunda tentativa en favor de una directiva de la UE sobre el vertido de residuos. La Comisión presentó una primera propuesta en 1991, que fue retirada después de que el Parlamento, bajo la presión de grupos medioambientales, rechazase la posición común del Consejo en 1996.
Aunque desde algunos puntos de vista la propuesta es mucho mejor que la que se presentó en 1996, me inquieta que diversos aspectos de la legislación sean poco firmes y puedan dar lugar a que los gobiernos encuentren la forma de soslayar sus compromisos en materia de gestión de residuos y protección de la salud pública.
Un problema importante es la posibilidad de que los emplazamientos de vertederos que estaban cerrados en el momento de la transposición de esta directiva queden descartados del ámbito de la legislación. Las autoridades están pensando ya en clausurar a lo largo de los dos próximos años un importante número de vertederos de residuos que están en servicio en la actualidad. Algunos de esos emplazamientos son sumamente problemáticos. Como la vigilancia posterior al cierre constituye una parte importante de la directiva, es esencial que esos emplazamientos que van a cerrarse queden incluidos en el ámbito de la directiva.
Me desagrada mucho la actitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, del Parlamento Europeo, que no ha insistido en que haya una distancia mínima entre los límites del vertedero y las zonas residenciales.
La Comisión de la UE había propuesto originalmente que hubiera una distancia mínima de 0, 5 km desde el límite del emplazamiento hasta las zonas residenciales, pero el Consejo de Ministros eliminó esa estipulación en el texto del proyecto de directiva.
La cuestión de la distancia es importantísima para los grupos comunitarios de toda la UE, particularmente desde que las investigaciones (publicadas en The Lancet , en agosto de 1998) han mostrado que la mortalidad infantil y las taras natales aumentan en hasta un 33 por ciento en las comunidades que residen dentro de una distancia de 3 km a contar desde los vertederos de residuos.
El no haber fijado una distancia mínima que hubiera protegido a las comunidades locales contra los peligros de los vertederos de residuos va en contra de la política de enfoque cautelar y de la protección de la salud pública.
El Grupo de los Verdes presentó una enmienda sobre el particular y va a pedir que haya un voto nominal para que las comunidades locales del país vean lo mucho que preocupa a los diputados del Parlamento Europeo la protección de la salud pública. Nos parece increíble que tantos diputados del Parlamento Europeo rechacen medidas encaminadas a proteger la salud pública.
Vale la pena señalar que en la propuesta original de la Comisión se incluyó una distancia mínima hasta las zonas residenciales, distancia que luego fue suprimida por el Consejo. La Comisión debería haberse atenido a su posición original y los socialistas no hubieran debido cambiar radicalmente de posición acerca de esta cuestión. Han fracasado por completo en su responsabilidad de proteger la salud del público.

Souchet
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones es favorable a la armonización comunitaria de las medidas relativas al vertido de los residuos. Efectivamente, si uno de los Estados miembros tuviera una legislación laxista, podríamos encontrarnos ante la transferencia de residuos. Dicho claramente, los Estados miembros con una legislación más estricta transferirían sus residuos hacia los Estados miembros más laxistas.
No obstante, nuestro Grupo recuerda que los Estados miembros deben permanecer soberanos en cuanto a la fijación de un impuesto o de un canon. Por ello votamos en contra de las enmiendas que prevén una imposición europea relativa al vertido de los residuos.
Desde el punto de vista técnico, hemos votado en contra de la enmienda que reemplaza la definición de los residuos inertes por residuos no peligrosos. Sé por experiencia que en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, la mayoría de los miembros prefieren la definición de residuos no peligrosos. ¿A partir de qué nivel podemos considerar que un residuo no es peligroso? Algunos desean, en una primera etapa, establecer una definición suficientemente vaga para, en una segunda etapa, establecer normas cada vez más estrictas, incluso irrealistas y con consecuencias financieras importantes a la vez para los operadores económicos y las colectividades territoriales.
Por último, nuestro Grupo votó en contra de la enmienda destinada a reducir el plazo de aplicación de la directiva. Es importante dejar un plazo suficiente a las colectividades territoriales y a los operadores del sector de los residuos para acomodarse. Quiero recordar que toda norma y toda decisión se acepta únicamente si es realista y equitativa.
En conclusión, nuestro Grupo votó, claro está, en favor de las recomendaciones en segunda lectura y por el conjunto de las enmiendas que permiten favorecer los residuos biodegradables, que son los más respetuosos con el medio ambiente.
sobre el informe Cox (A4-0015/99)
Tappin
Señor Presidente, nos hallamos ahora en una dificilísima situación por lo que se refiere a este informe. El informe íntegro ha sido devuelto. Espero que este Parlamento tenga ahora en cuenta las repercusiones para la imposición fiscal de los productos que se fabrican utilizando energía. En particular en el sector de la cerámica tenemos una política de la Unión Europea que consiste en promover el empleo, y conseguir que se apruebe una resolución que impondrá impuestos unilateralmente a un solo sector va a ser dificilísimo. Ya nos hemos comido otro trozo del pastel. Me reservo el derecho de volver a referirme a esta cuestión cuando la directiva vuelva a la comisión parlamentaria.

Andersson, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
El Grupo socialdemócrata sueco opina que un canje de impuestos para mejorar el medio ambiente y generar más puestos de trabajo debe realizarse con un nivel básico alto para los impuestos mínimos. Por eso, optamos por votar por el impuesto mínimo más alto posible sobre la electricidad y los combustibles. Con respecto a exceptuar a las industrias que consumen mucha energía, vemos tanto ventajas como desventajas en la propuesta de la Comisión. Puede haber riesgo de que unos gravámenes muy altos sobre las empresas de alto consumo energético conlleven un deterioro de su competitividad frente a industrias similares establecidas fuera de la Unión. Al mismo tiempo, opinamos que hay que tener en cuenta que las industrias de gran consumo energético son un ámbito importante en relación con este impuesto si queremos alcanzar, entre otras cosas, los objetivos medioambientales que conlleva el cambio de impuestos.
Además, opinamos que las excepciones que se hagan respecto de las industrias de alto consumo energético pueden contribuir a crear desventajas en la competencia para aquellas actividades que se encuentran en el mismo segmento de competencia que las de alto consumo energético, pero que no producen bienes o materiales por medio de métodos que precisan tanta energía. En nuestra postura respecto a los impuestos a las industrias de alto consumo energético, hemos optado por equilibrar estos criterios.

Blak y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de que la Comisión revise los tipos mínimos de imposición de los aceites minerales. La propuesta originaria de la Comisión incluía una larga serie de complicadas posibilidades de exención y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha presentado una solución mejor. Ésta implica que las empresas que puedan demostrar que sufrirán una pérdida de competencia como consecuencia de los impuestos podrán ser liberadas del pago de la tasa. La propuesta es una continuación de la política activa de la UE sobre el empleo por la que se promueve razonablemente la reestructuración de los sistemas fiscales reduciendo la tributación de la mano de obra al tiempo que aumentan los impuestos sobre el consumo de recursos naturales. Ésta es una política verde que no pierde de vista la cuestión del empleo.

Blokland
Respaldamos plenamente el informe de nuestro colega, el Sr. Cox. Testimonia una postura valiente y original en un expediente lleno de cepos y trampas. La propuesta de la Comisión intentaba salvar todos los escollos, pero el complicado resultado de este ejercicio ha encallado en el banco de arena del statu quo . La Unión Europea no se puede permitir esto. Debe cumplir el compromiso alcanzado en el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
El ponente toma acertadamente como punto de partida el principio «quien contamina paga». No se trata aquí de fastidiar al contribuyente con nuevos gravámenes, sino de enfrentar al contaminador con las consecuencias de su conducta. Nuestro objetivo final es la reducción de las emisiones perjudiciales y la mejora del medio ambiente y de la salud pública. Los Estados miembros deben, por tanto, comenzar en serio por reducir los costes laborales secundarios.
Las posibilidades de exención deben, en nuestra opinión, ser desarrolladas tanto como sea posible por los Estados miembros, de modo que un Estado miembro pueda, por una parte, poner en práctica una política medioambiental más estricta que la media y, por otra parte, desarrollar su propia política de exenciones. Esta política, por supuesto, no debe frustrar los objetivos de la norma comunitaria.
Hemos votado contra las enmiendas 37 y 38 porque rompen la consistencia de las propuestas del ponente. Además, hay que darse cuenta de que en general el precio del transporte se sitúa en un nivel demasiado bajo en relación con los efectos externos que ocasiona. La enmienda 29 merece nuestro respaldo. Las exenciones internacionales respecto del queroseno de los aviones deben suprimirse cuanto antes. En tanto no se alcance un acuerdo sobre esta cuestión, una buena medida provisional podría ser una norma de la UE relativa a una tasa de sobrevuelo.
Por último, opinamos que la aceptación de estas normas aumentará mediante el establecimiento de un nivel mínimo de las tasas durante un período de cinco años. Las empresas sabrán con mucha antelación a qué atenerse. La indexación de tasas mínimas introducida por el Sr. Cox es un buen medio para lograr que la norma sea sencilla y fiable.

Deprez
Estoy totalmente de acuerdo con nuestro ponente al decir que un buen impuesto es sencillo de comprender, fácil de recaudar y difícilmente se presta al fraude. La propuesta de directiva del Consejo, tal y como ha sido enmendada, responde muy ampliamente a esta definición. Asimismo, apruebo la línea de conducta seguida por nuestro ponente cuando recomienda una aplicación estricta del principio «quien contamina paga».
Asimismo, es importante que todo incremento de las medidas fiscales destinadas a obtener una mejor protección del medio ambiente se acompañe de una reducción equivalente de las cargas que afectan al trabajo. A través del principio de neutralidad fiscal, el mejor respeto del medio ambiente contribuirá positivamente a la lucha en contra del paro y a la creación de esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. Todo ello, sin poner en peligro la financiación de la seguridad social, que es el orgullo del modelo europeo de desarrollo.
Lamentablemente, en último análisis, aparece que nuestro ponente no toma en consideración sino parcialmente los diferentes aspectos ecológicos de la cuestión. Así, se apunta, por ejemplo -y con toda razón- a un trato fiscal privilegiado en favor de los modos de transporte más respetuosos del medio ambiente, sin establecer diferencia entre la energía utilizada, ya sea que tenga o no efectos nocivos sobre el clima.
La propuesta implica «que el nivel común mínimo se aplicará de igual forma a la electricidad y al calor generados por formas de energía de origen solar, eólico o por una combinación de calor y electricidad, y a la generada por el carbón». Cabe pensar, al igual que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que allí existe una laguna importante que ha de llenarse a la mayor brevedad posible si se quiere que la Unión y sus Estados miembros cumplan con sus compromisos internacionales en materia de preservación del clima.
A mi juicio, es deseable que la propuesta se adentre aún más lejos en esta vía.

Lis Jensen
No puedo apoyar el informe del Sr. Cox, aunque no porque no comparta sus puntos de vista sobre la necesidad de gravar el uso de la energía y los combustibles, pensando sobre todo en las energías no renovables y en los combustibles. La razón por la que no apoyo el informe es que no quiero contribuir a decidir una política tributaria e impositiva cada vez más rigurosa y determinada por la UE. Pueden existir muchas razones para que los países tramiten normas mínimas comunes para la imposición, por ejemplo, del consumo energético -en atención al medio ambiente, además de también con miras a una competencia limpia entre países- bajo los auspicios de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, la OCDE, la OMC, etc.
En mi opinión, el informe del Sr. Cox y la propuesta de directiva que yace tras él, son ante todo un ejemplo de la soterrada armonización de las políticas tributarias y fiscales de los países miembros que se está produciendo actualmente bajo los auspicios de la UE. Una armonización sobre todo con vistas al mercado interior, aunque, también cada vez más con vistas a la UEM y al euro, la moneda única. Una armonización lógica y correcta si se es partidario de la UEM y del euro. Yo no soy partidaria ni del euro ni de la UEM ni del mercado interior -de ahí que no apoye el informe del Sr. Cox.

Lindqvist (ELDR)
La propuesta de la Comisión significa un primer paso hacia un cambio de impuestos, de impuesto al trabajo a impuesto a la energía mediante reglas mínimas. La propuesta de la Comisión contiene, no obstante, demasiadas excepciones para los sectores de alto consumo de energía, es decir, justamente aquellos que deberían gravarse. Esto hace que las normas sean complicadas y difíciles de entender y aplicar.
La propuesta de la comisión amplía la base impositiva eliminando la mayoría de las excepciones. La comisión propone que los Estados miembros tengan derecho a liberar de impuestos por un tiempo limitado a ciertas empresas que puedan demostrar que dicho impuesto constituye una desventaja real para la competencia. Solamente se podrán otorgar excepciones de carácter general respecto de las fuentes de energía renovable, tales como la bioenergía y la energía solar y eólica.
La comisión propone que las tasas de impuestos se reajusten automáticamente de acuerdo a la inflación más un dos por ciento cada año para facilitar la planificación por parte de las industrias. Es un buen método. No obstante, he votado a favor de un aumento del nivel hasta un 4 por ciento para que sea posible cumplir con las declaraciones sobre disminución de emisiones de gases de efecto invernadero de Río, Kioto y Buenos Aires.

Souchet
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, conjuntamente con la mayoría del Parlamento, ha rechazado el informe Cox.
Ante todo, porque corresponde a los Estados miembros y sólo a ellos definir la imposición de los productos energéticos que juzguen apropiada sus necesidades (especialmente en materia de independencia energética) y a sus especificidades.
Por otra parte, nuestro Grupo votó en contra de la propuesta de directiva tal como la presentó la Comisión, ya que ésta resultaba a la vez demasiado compleja y demasiado poco equitativa. Nuestro Grupo también votó en contra de las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo, ya que éstas últimas parecen a la vez excesivamente severas para algunos sectores de actividad y perfectamente contradictorias con los compromisos que hemos suscrito en el marco de la OMC.

El Presidente
El tiempo de las informaciones ha concluido.
La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15 horas

Reconocimiento de la conformidad de los equipos de telecomunicación
El Presidente
El orden del día prevé el debate sobre el informe de la Sra. Read (A4-0055/99), en nombre de la Vicepresidencia del Parlamento Europeo en la Comisión de Reconciliación, sobre el proyecto común aprobado por la Comisión de Reconciliación, sobre una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos de telecomunicación conectados y reconocimiento mutuo de la conformidad de los equipos (3635/98 - C4-0024/99-97/0149(COD)).

Read
Señor Presidente, me alegra comprobar que han llegado uno o dos colegas. Estaba a punto de comenzar mi intervención con una cita de la Elegía de Gray, escrita en una iglesia rural: «Muchas flores han nacido para florecer sin que nadie las vea/y desperdiciarán su dulzura en el aire del desierto». Espero que los intérpretes encuentren una buena traducción para lo que acabo de decir. Me parece que es un poco presuntuoso que me compare a una flor, pero, como tan a menudo sucede, los que tanto han trabajado para encontrar la pieza que faltaba al rompecabezas de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones están aquí con nosotros y podrán decir también lo que piensan.
Me alegra mucho poder comunicar que el trabajo ha finalizado con éxito. La Comisión y otros colegas se acordarán de que hace siete u ocho años procuramos conseguir lo que queríamos utilizando un sistema de certificación previo ensayo interno para la aprobación de todos los tipos de equipo terminal de telecomunicaciones. Por muchas y muy diversas razones, que no hacen ahora al caso, la cosa no dio los resultados que esperábamos y el Parlamento y la comisión parlamentaria opinaron que la Comisión tenía razón para preconizar un sistema de autocertificación por los fabricantes.
Hemos resuelto una serie de importantes cuestiones, particularmente en la fase de conciliación. Una de ellas fue la cuestión de la posibilidad de que el equipo terminal perjudicase a la red. Quisiera señalar a la atención de los diputados la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que se formuló al final del proceso de conciliación, porque es muy acertada y dice que la Comisión efectuará una evaluación continua y determinará si ese riesgo se presenta frecuentemente. Me esforcé sobremanera por tratar de determinar qué frecuencia iba a tener el riesgo, y me alegro sinceramente de que la Comisión vaya a ocuparse ahora de esa labor.
En la fase de conciliación adoptamos también algunas enmiendas que reforzaban el texto acerca de la cuestión de los derechos de los consumidores que esgrimían ante nosotros una y otra vez algunos Estados miembros, Portugal en particular. Gracias a todo eso la directiva es ahora mucho más firme. Durante la labor en la comisión parlamentaria y en el Parlamento consultamos también con la Comisión acerca de los requisitos esenciales y de los derechos de los usuarios con discapacidades, cosa que también reforzó la propuesta.
También hay clausulas sobre el uso eficaz del espectro de ondas radiofónicas y de los servicios de emergencia. En conjunto, confío en que podamos congratularnos de haber llevado a cabo una labor muy meritoria. Les recomiendo a todos tanto la opinión del Parlamento como el resultado del proceso de conciliación.

Paasilinna
Señor Presidente, señor Comisario, creo que la Sra. Read ha obtenido unos resultados excelentes. No he sabido hasta ahora que fuera tan buena diplomática en el campo de la política y el sector audiovisual. La Sra. Read ha logrado aunar todas estas cuestiones, tan distintas entre sí, por lo que me alegro en nombre de mi grupo de que se haya alcanzado un entendimiento tan positivo.
Ahora se abordan algunos aspectos muy importantes para el Parlamento, como la adaptación de los aparatos para su utilización por parte de personas discapacitadas. Se trata de un aspecto que merece la pena tener en cuenta en todas las cuestiones de carácter técnico. Se han mejorado las normas y se ha prestado atención también a la cuestión de los radioaficionados. Igualmente, se han sacado a relucir las responsabilidades de los fabricantes y los distribuidores. Todo ello es de gran importancia si tenemos en cuenta que, una vez que tenga lugar una propagación mucho más amplia de este procedimiento, las responsabilidades serán igualmente mucho más remotas. Por este motivo, el Parlamento ha actuado adecuadamente al resaltar este punto. Se ha encontrado un procedimiento aplicable que responde a los requisitos de los aparatos en situaciones de emergencia, por lo que el Parlamento naturalmente ha dejado de manifiesto, como acostumbra, la necesidad de transparencia.
Nos hemos dado cuenta asimismo de que se ha tenido en consideración la mayor parte de las exigencias que había planteado el Parlamento Europeo, lo cual ha propiciado un compromiso tan positivo como éste. De esta manera, tanto los clientes como los consumidores pueden sentirse seguros frente a estos aparatos, sabiendo que la adopción de sanciones y las actividades en este ámbito recaen en personas expertas. Por consiguiente, creo que estamos ante un acuerdo positivo que constituye un buen ejemplo de cómo se debe progresar y alcanzar, como debe ser, un buen entendimiento en un proceso de estas características. Es posible que la propia práctica nos muestre lo que ocurrirá en el futuro y, si se registran deficiencias, deberíamos volver a abordar esta cuestión.

Hoppenstedt
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, podría decirse que tomo la palabra por mera simpatía con el tema, ya que todo lo que se puede decir al respecto ya se ha dicho. Digo por simpatía porque se trata de una cuestión que desde 1992 ha venido desempeñando un papel fundamental. Ya nos hallamos en la última fase de la toma de decisiones, en la que participan el Parlamento y el Consejo, mientras que la Comisión y el conjunto de los servicios pusieron todo su empeño en la fase previa. Quiero subrayarlo porque -sobre todo por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con los equipos de telecomunicación- cuanto antes se comience a encauzar el trabajo de tal forma que vaya encaminado a un final que resulte eficaz, mejor. El ámbito de las telecomunicaciones reviste una especial importancia para nosotros. Sólo con pensar que gran parte de los productos finales del futuro serán productos teledirigidos, y por tanto inalámbricos, queda de manifiesto la importancia del tema y la relevancia del debate correspondiente.
A la vista de lo que dicen los expertos, según los cuales los avances técnicos que hoy día se logran en un año en el pasado requerían siete años, no cabe duda de que la decisión a la que hemos llegado era urgente. Solamente me queda felicitarnos a todos -al Parlamento, al Consejo y también a la Comisión- por haber alcanzado un acuerdo y haber concluido este tema con grandes perspectivas de futuro de una forma altamente satisfactoria.

Bangemann
Señor Presidente, si la Sra. Read se siente un poco solidaria en esta sesión plenaria quizá podría consolarse con las palabras del propio trovador de Inglaterra, Shakespeare: «Somos pocos, somos pocos y felices, somos un grupo de hermanos» (y quisiera añadir «hermanas»). La presencia de muchas personas no es siempre una señal de la importancia o de la seriedad del tema que se examina. Tanto la Comisión como yo, personalmente, hemos apreciado siempre mucho el trabajo del Parlamento. Contribuyendo a promulgar la legislación europea y defendiendo de esa manera los intereses de los ciudadanos me parece que es usted uno de los diputados más eficaces de este Parlamento. Confío en que mis observaciones no perjudiquen sus posibilidades de reelección.
Desgraciadamente los propios ciudadanos no siempre aprecian lo bueno del trabajo que se está realizando para ellos, especialmente aquí. Tanto el Parlamento como la Comisión tienen que demostrar que están luchando eficazmente contra la burocracia y contra el exceso de reglamentación. Hay un prejuicio según el cual producimos cada vez más normas pero, en realidad, la pieza de legislación que hemos estado produciendo aquí -y, gracias a los esfuerzos del Parlamento, hemos podido llevar a buen término y convencer al Consejo de ello- reemplazará a más de 1.000 reglamentos nacionales.
Estoy seguro de que todos escuchamos lo que dicen los demás. Las personas que tienen prejuicios no nos escucharán. Repetirán lo que han estado repitiendo siempre, es decir que el Parlamento Europeo y especialmente la Comisión se esfuerzan por producir nuevas normas por el mero placer de reglamentar. Si tenemos en cuenta las ventajas para las empresas pequeñas y medianas que esta directiva les brinda, creo que algunas de sus asociaciones elogiarían a la Sra. Read. La directiva es algo que hará más fáciles sus vidas. Quisiera decir a nuestros asociados comerciales, los Estados Unidos y el Japón en particular, que están atacando siempre a Europa y diciendo que somos una Europa atrincherada, que en la actualidad somos el mercado más abierto del mundo para esos productos. Quisiéramos esperar -y haremos todo lo que podamos por conseguirlo- que nuestros asociados comerciales sigan nuestro ejemplo.
Por lo tanto, doy muchas gracias a la Sra. Read y a todos los que han participado en la labor. La Comisión está muy satisfecha y respaldamos la declaración del Parlamento y del Consejo de que la introducción de esos equipos puede tener algún que otro efecto negativo.

El Presidente
El debate ha concluido.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía.

Derechos de autor en la sociedad de la información
El Presidente
El orden del día prevé el debate sobre el informe del Sr. Barzanti (A4-0026/99), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM(97)0628 - C4-0079/98-97/0359(COD)).

Barzanti
Señor Presidente, la propiedad intelectual no es un robo. El derecho de autor y los derechos afines no suponen obstáculos o remuneraciones injustificadas; además, sólo una protección rigurosa de las distintas formas de propiedad intelectual puede ofrecer seguridad y autonomía a todos los autores, intérpretes, ejecutantes, empresas y distribuidores que en Europa están implicados en actividades de creación, en el desarrollo de las artes y en la producción cultural.
Si la sociedad de la información va a estar dominada de forma desmedida por las grandes empresas de telecomunicación y si obedecerá al extendido impulso de una desregulación hasta llegar a la ausencia de cualesquiera normas, no podrá ser también una sociedad del conocimiento, no fomentará una más fluida y libre circulación de ideas auténticas, de imágenes reconocibles y de mensajes identificables. Son muchos los que consideran que para tener éxito es suficiente confiarse a las tecnologías sin controlarlas, orientarlas y gobernarlas.
Los difíciles y complejos problemas que se derivan de la necesidad de proteger los derechos de autor y los derechos afines en este nuevo entorno, caracterizado por la consolidación de las tecnologías digitales, se sitúan en el ámbito de este debate crucial. No se trata de cuestiones técnicas y marginales, sino de un capítulo importante en el gobierno de la sociedad de la información.
Como es sabido, ya están en vigor cinco directivas fundamentales que abordan estos temas, unas directivas en cuya elaboración el Parlamento ha participado con rapidez y determinación. La directiva que hoy nos ocupa afecta a aspectos que no se han abordado todavía: el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público y de puesta a disposición del público, el derecho de distribución y de protección de los sistemas tecnológicos para identificar y proteger las obras y, en consecuencia, para luchar contra la piratería difusa. La directiva de que se trata es asimismo necesaria de cara a una actuación coherente dirigida a armonizar las legislaciones nacionales con los principios y las orientaciones expresados en los dos recientes Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) firmados al final del año 1996.
Europa no puede quedarse atrás. Incluso en estas horas, numerosos equívocos envuelven el debate que nos ocupa. Quiero reiterar que los derechos de autor representan una garantía para los creadores y para los usuarios, representan una garantía de calidad y de integridad. Es inútil lamentarse de que el uso de las grandes redes informáticas se rinde ante fines oblicuos y maniobras perjudiciales que ofenden la ética y desprecian las leyes, si al mismo tiempo no se lucha por dotarse de normas rigurosas y claras y acabar con la piratería y la ilegalidad.
El ciberespacio no debe ser una tierra de nadie, en la que se eliminan derechos ya reconocidos y adquiridos. El informe que presento en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos es en su conjunto equilibrado y tiene en cuenta tanto los derechos de los autores como los derechos afines, las justas demandas de los operadores y el deseo de conocimiento de los ciudadanos. Me voy a limitar a subrayar algunos puntos críticos, algunas cuestiones extremadamente conflictivas empezando por la modificación del apartado 1 del artículo 5. La modificación más urgente y concreta figura en la enmienda 33, presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, una enmienda que ha planteado muchos ataques y debates y que, me interesa subrayarlo, fue aprobada por la comisión por amplia mayoría. Me pregunto qué puede haber de enrevesado o extraño en pedir que el uso de una obra para poder hacer copias temporales e indispensables desde el punto de vista técnico, esté autorizada o, de todos modos, permitida por la ley si carece, en sí misma, de valor económico para los titulares de los derechos, es decir, no les causa perjuicios. ¿Acaso no es un requisito útil para conseguir la transparencia? ¿No es una forma bastante segura de garantizar el uso correcto y consciente de las voluntades de los pequeños y grandes autores y editores? ¿Es escandaloso pedir que se pueda saber quién dispone de una imagen, de una ejecución musical o de una obra audiovisual, para poder controlar su distribución y garantizar su identificación?
Hay otras cuestiones como, por ejemplo, la distinción entre copia analógica y copia digital. En realidad, la copia digital es un clon. En el informe se apunta la necesidad de que para ambos tipos de copias se pague una remuneración equitativa, con arreglo a lo que establezca cada Estado. Por otra parte, un sistema de este tipo ya se aplica en 11 Estados miembros. Es evidente que si existen medidas técnicas de protección de las obras de las que no se podrá abusar, la copia no se realizará al menos durante un determinado período de tiempo; sin embargo, esto no debe perjudicar el derecho de acceso y, de hecho, no lo perjudica, sólo impide que haya una apropiación sin remuneración. Los derechos de autor, repito, no son un robo; la remuneración no es un gravamen exorbitante.
Asimismo se prevén excepciones adecuadas en beneficio de bibliotecas, archivos o demás instituciones pedagógicas, educativas y culturales, así como para reseñas de prensa, artículos periodísticos, actividades didácticas y actividades de investigación científica.
Se ha dedicado una atención especial a las fundaciones de discapacitados, para las cuales sigo considerando más claras y eficaces las enmiendas 17 y 42. Es necesario perseverar para intensificar la lucha contra la piratería y los actos ilícitos, así como contra la publicidad, el comercio y los instrumentos que sirven para realizarlos; en este sentido, estimo que la modificación del artículo 6 es especialmente útil para este fin. En realidad, existe una extraña alianza entre quien teoriza la anarquía y quien quiere disfrutar de la máxima libertad respecto a normas y derechos. Es justo que la navegación en Internet sea más segura; debería ser un objetivo compartido por todo el mundo y espero que lo sea. Por este motivo, les invito a que aprueben las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos que ha hecho suyas algunas propuestas de otras comisiones, en particular de la Comisión de Cultura, mientras que no estoy de acuerdo con la mayor parte de las enmiendas presentadas posteriormente a excepción de la enmienda 82. No obstante, considero -permítanme una valoración personal que no puedo dejar de hacer- que las enmiendas 30, 32, 48 y 56 son contradictorias, ambiguas o peligrosas.
Resulta bastante difícil hacer algo para valorizar las culturas y para impulsar y facilitar recursos a los programas europeos; por esto, la Unión debe promover, como lo ha venido haciendo en parte hasta ahora, buenas normas que protejan un mundo cada vez más expuesto a la banalización y a la comercialización, dominado por planes y proyectos que priman obsesiva y únicamente las razones del mercado. Pues bien, estas razones no han de trastocar derechos y tradiciones que forman parte integrante de la historia de nuestro continente. La actividad de los distintos grupos de interés en torno a esta directiva ha sido frenética y excesivamente insistente; se ha recibido una gran cantidad de fax con ordenes de voto. Señorías, creo que ha llegado el momento de olvidar invitaciones apremiantes o explicaciones tendenciosas; confío en que cada uno haga su elección con total libertad sin olvidar que están en juego cuestiones vitales entre las cuales ocupa el primer lugar el respeto del trabajo intelectual, de la creatividad artística, de su función autónoma y de su posibilidad de independencia. Sin garantizar recursos y derechos, todas las culturas de nuestra Europa serán más débiles y los protagonistas de un difícil y apasionante compromiso estarán más desprotegidos.

Cassidy
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar lo mucho que aprecio, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, la labor que ha realizado el Sr. Barzanti. Sus funciones como ponente de una cuestión tan sumamente complicada no han sido fáciles de llevar a cabo. Hablo ahora como la persona que redactó la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y he de decir que simpatizo con lo bien que ha sabido desenvolverse en su labor. He recibido esta semana en Estrasburgo un montón de cartas, mensajes fax y mensajes electrónicos en apoyo de esta cuestión. Supongo que el Sr. Barzanti ha recibido aún más que yo. Se trata de una cuestión sumamente problemática. Por una parte tenemos los casos meritorios de los artistas. Dentro de poco tendremos aquí esta tarde a Jean-Michel Jarre y a una o dos personalidades eminentes de la industria de la música. Ahora bien, detrás de ellos tenemos también a las poderosísimas compañías discográficas, la mayor parte de las cuales son americanas. Por las cartas que he recibido he podido descubrir también que otros muchos órganos sienten un legítimo interés por esta cuestión, particularmente los que tienen un interés en los resultados económicos de lo que está proponiendo la Comisión.
En el tiempo que llevo ocupándome de esta cuestión he descubierto con asombro que hay una enorme gama de intereses involucrados en este proyecto concreto: no solamente los artistas y las compañías de discos, sino los fabricantes de productos electrónicos de consumo; los servidores de Internet; representantes de compañías de telecomunicaciones y de las personas con discapacidad. He recibido incluso una carta de la Unión Europea para los Ciegos que está muy preocupada por las repercusiones que tienen para ellos algunas de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
No me queda más remedio que hacer una confesión. La confesión, como decimos en inglés, es buena para el alma. Tengo que admitir que, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, voté a favor de la opinión del Sr. Barzanti. Pero he de confesar también que fue una votación tan complicada que perdí el rastro de algunas de las enmiendas que mi comisión parlamentaria -la Comisión de Asuntos Económicos- había presentado. Algunas de ellas -particularmente las que se relacionan con las emisiones radiofónicas y televisivas- estaban incorporadas en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero otras muchas no lo estaban. Si puedo criticar un aspecto de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, diré que es demasiado unilateral. Se ocupa demasiado de los titulares de los derechos e ignora los intereses legítimos de esos otros grupos que ya he mencionado: las personas con discapacidad, los fabricantes de productos electrónicos de consumo, los servidores de Internet, las compañías de telecomunicaciones, etc.
Ni la Comisión ni la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se esfuerzan por hacer la vida demasiado difícil para las personas, pero lo cierto es que nos hemos -como sugeriré respetuosamente- dejado involucrar demasiado en los detalles de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Espero que, como resultado de la votación de mañana, podamos disponer de algo que sea más claro, que sea tecnológicamente neutral, por lo menos tan bueno para la industria como lo es la legislación americana, y que baste para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que hemos suscrito.

Whitehead
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, Roberto Barzanti, que ha contribuido siempre con elegancia y elocuencia a nuestros debates. Siendo como soy una persona que es casi contemporánea de él, me alarma que piense que éste va a ser su último Parlamento, lo que, evidentemente, significa también que éste va a ser su último informe. Quisiera rendirle homenaje por todo lo que ha hecho en esta esfera.
Es evidente que Roberto Barzanti ha quedado aprisionado en la balanza de fuerzas entre todos los grandes intereses que intervienen aquí y a los que se ha referido el Sr. Cassidy, y es evidente que ha quedado también aprisionado por el hecho de que los reglamentos que estamos procurando formular aquí tienen que encajar en el nuevo mundo de mensajes cifrados y de comercio electrónico, así como todas las demás esferas en las que los derechos de autor y la propiedad son elementos esenciales. Me hubiera gustado poder decir que todo en este debate ha sido claridad y suavidad, pero desgraciadamente no ha sido así y hay dudas que no queda más remedio que expresar.
En el breve minuto que me queda expondré algunas. Muchos de nosotros no estamos seguros de que tengamos que partir del supuesto de que el mundo ha cambiado radicalmente como consecuencia de la tecnología digital. Por el informe podemos ver que la Comisión tiene un parecer más cauteloso que el ponente, y tiene razón. La copia por medios digitales tiene sin duda alguna repercusiones importantes para algunos, especialmente en la esfera de la reproducción musical, que hemos de tener en cuenta y que hemos de proteger en todo lo posible. Tenemos que abordar también con mano de hierro el problema de la «piratería», pero cuando uno se sirve de la mano de hierro ha de tener mucho cuidado con lo que uno aplasta, y muchos de nosotros hemos presentado enmiendas que prestan cierta protección a otros intereses que pueden salir perdiendo con los nuevos instrumentos digitales lo que han disfrutado tradicionalmente en la esfera analógica, debido a las consecuencias de algunas de las sugerencias del ponente.
Mencionaré en particular a los grupos que están amparados por exenciones en virtud del derecho de reproducción y que pueden perderlas: todas las diversas categorías de personas con discapacidad que el ponente no ha mencionado específicamente y con suficiente detalle; y todas las instituciones de enseñanza que quedarán también desfavorecidas. Las enmiendas 89 a 96 que hemos presentado algunos de mis colegas y yo mismo, están encaminadas a reforzar su posición, no porque tengamos algo en contra de la definición de los derechos de autor y la protección de los titulares de esos derechos, sino porque tenemos también en cuenta otros aspectos culturales.
La última duda que quisiera mencionar en esta breve reseña se refiere al derecho a la libertad de palabra, que está enraizado en la protección de citas, críticas y reseñas. Tenemos que estar seguros de que esto no desaparece detrás de la afirmación del derecho de autor. He de reconocer que tengo intereses personales pues poseo algunos derechos en materia de emisiones radiofónicas y televisivas, pero no estoy hablando aquí como empresario: estoy hablando de mí mismo y en interés del acceso de los consumidores y los ciudadanos, que también hemos de tener muy seriamente en cuenta cuando discutimos acerca de esta directiva.

Günther
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, porque, a mi modo de ver, el proyecto de informe, tal y como fue aprobado en la comisión competente, propone una modificación eficaz de la legislación que se ajusta a la nueva realidad tecnológica. Quisiera detenerme brevemente en los aspectos ya mencionados en relación con el artículo 5 que, durante los últimos meses, han sido una continua fuente de polémica y a los que remiten las numerosas cartas que se van apilando en nuestros despachos.
La pregunta es si las excepciones contempladas en el artículo 5 han de tener carácter obligatorio o voluntario para los Estados miembros. A este respecto, tanto la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se pronuncian a favor de una normativa no obligatoria, puesto que pretende dejar cierto margen de libertad a los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad. Ahora bien, en caso de que los Estados miembros decidan establecer excepciones en este ámbito, han de garantizar que los titulares de derechos pueden participar en los beneficios de una manera determinada por los propios Estados miembros o que reciben una compensación.
En opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, dichas normativas pueden o bien fundamentarse en el pago de una cantidad fija o bien ajustarse a los métodos que regulan la protección de los derechos de propiedad intelectual en los Estados miembros.
La realización de copias privadas en el entorno digital plantea otro problema. Opino que tan sólo conviene establecer una excepción para reproducciones llevadas a cabo por particulares que realizan copias para uso propio, privado y no comercial y que se comprometen a no difundirlas a terceras personas. Si resulta imposible atajar los comportamientos abusivos con la ayuda de medidas técnicas, considero necesario que se acuda a un sistema de compensación, por ejemplo mediante un impuesto sobre la posesión de aparatos o soportes sonoros, a fin de garantizar que los titulares de derechos perciben al menos en parte una compensación, tal y como ya sucede en el ámbito analógico en once de los quince Estados miembros.
A primera vista, uno podría tener la impresión de que esta postura atenta contra los intereses de los consumidores y de la industria de equipos físicos, ya que estos colectivos reclaman una extensión de las disposiciones existentes en el terreno analógico a la copia digital. Aunque dicha reclamación por parte de los colectivos mencionados me parece comprensible, considero que las únicas excepciones que se pueden establecer a los derechos exclusivos de autor son las que se fundamentan en un interés social general que, a su vez, ha de motivarse debidamente. Valoramos favorablemente que el número de colectivos que tenga acceso a las nuevas tecnologías de la información sea cada vez mayor. Pero por otra parte, no podemos olvidar que para satisfacer los deseos de los fabricantes y de los consumidores a largo plazo debemos garantizar una oferta variada en materia de contenidos. Y esta necesidad requiere una adecuada protección de aquellos que ofrecen dicha variedad.
Es muy de agradecer que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos haya adoptado una serie de ideas propuestas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. Gracias a ello, somos partidarios de que el informe sea aprobado tal y como lo presenta dicha comisión. En mi opinión, se trata de un informe equilibrado, aun cuando este término haya sido objeto de algunas críticas. Es una directiva que tiene por objeto proteger los derechos de autor así como los derechos de propiedad intelectual. Por eso mismo no podrá sino desempeñar un papel fundamental en este ámbito. Y, en mi opinión, lo hará con toda la razón del mundo.

Rothley
Señor Presidente, en el ámbito cultural al Parlamento Europeo le corresponde la tarea de proteger a los artistas, fomentar la creatividad, fortalecer las fuerzas de creación mostrando respeto por la actividad intelectual. Ése es nuestro compromiso con la cultura y no cabe duda de que el ponente ha sabido afrontarlo de forma excelente. En consecuencia, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos respaldará su postura.
Todos los indicios apuntan a que la propuesta de la Comisión es una solución de compromiso. Admito que resulta harto difícil trazar una línea común cuando los intereses son tan variados, pero también es cierto que la propuesta es mejorable. Me ceñiré a dos aspectos que para mí son fundamentales. El primer punto concierne a las limitaciones de los derechos de autor, para las cuales proponemos sistemáticamente una compensación. La limitación de los derechos de autor no es sinónimo de renuncia a la retribución. Sé que parte de la Comisión también lo entiende así. Quedaría, por tanto, muy agradecido si toda la Comisión adoptara estas propuestas.
El segundo punto atañe al famoso artículo 5.1. En este contexto no logro comprender la actitud de la Comisión, porque lo que hace la Comisión en su artículo 5.1. es abandonar a su suerte a los artistas. Los deja indefensos ante la piratería. Y al privar a los artistas de todo instrumento de defensa se fomenta precisamente la difusión ilegal de las obras. El que favorece manifiestamente los intereses de quienes se encargan de dicha difusión deja de actuar de forma objetiva.
No creo que lo que hemos podido escuchar al respecto en el debate sea cierto. Se ha dicho que Internet se colapsaría o que los servicios dejarían de funcionar correctamente. Estoy seguro de que no es así. Por tanto, les rogaría encarecidamente que rectifiquemos este punto, también en la propuesta modificada de la Comisión, por ser el más peligroso. Optemos por dotar a los artistas, a los titulares de derechos, de los instrumentos técnicos necesarios para que puedan defenderse de la piratería. En este momento, la Comisión no está en condiciones de decir cómo pretende hacerlo. Creo que, nosotros, el Parlamento Europeo, debemos ponernos del lado de los artistas, de los titulares de derechos, si pretendemos contribuir a la evolución intelectual de la Unión Europea.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, al menos tres grandes grupos de interés se dan cita en esta directiva con intereses, si no contrapuestos, desde luego no concurrentes.
En primer lugar los creadores. Una de las señas de identidad de la cultura europea es precisamente haber creado desde hace mucho tiempo el fundo intelectual, el fundo del creador, haber entendido colectivamente que había que remunerar la creación sobre la base de un reconocimiento colectivo -reconocimiento colectivo que, en última instancia, se hace a través de la remuneración. Así pues, está en primer lugar ese grupo de interés y no lo hemos de olvidar porque esa es seña de identidad cultural europea.
En segundo lugar están los consumidores.
Y en tercer lugar está ese gran grupo de interés que son los intermediarios, aunque con intereses también diferenciados.
Pues bien, señor Presidente, si hemos de sacar una conclusión, ésta es que nadie está contento con el informe del Parlamento. Lo cual, al menos por mi experiencia como abogada, sería una buena señal porque cuando, de tres partes encontradas, ninguna de las tres está de acuerdo con la solución, probablemente es que estamos en un buen punto de equilibrio entre unos y otros.
En ese sentido tengo que felicitar al ponente porque, no sólo su buen conocimiento del asunto tratado, sino su buen hacer han sido cruciales para esta cuestión. Y debo decir que, aunque controvertido tanto en nuestro Grupo como en el suyo, el Partido Popular Europeo apoyará este informe, así como todas las enmiendas, incluidas, señor Barzanti, algunas que usted ha señalado que no quiere, que, efectivamente son en algunos detalles técnicamente incorrectas y que puede que sean muy problemáticas, como la 30, la 31 o la 48.
Nuestro Grupo, haciendo un planteamiento global de carácter más político que técnico -sabemos que este informe tiene técnicamente muchos problemas pero para eso está la segunda lectura, para eso está la labor de la Comisión-, quiere lanzar un mensaje político: apoyamos este informe y creo que una buena señal ha sido que ninguno de los dos grandes Grupos políticos ha presentado enmiendas al Pleno como grupo.
Señor Presidente, permítame decir además que, en este informe, estamos siguiendo el mensaje lanzado por la Comisión. Esta directiva no pretende ser una directiva de armonización absoluta. Se dice de «armonización de determinados aspectos» y, sobre todo, es una directiva que pretende poner al día la normativa comunitaria en relación a otras directivas que ya existen, como es la directiva de alquileres o la directiva de bases de datos o la directiva de programas de ordenador. Y, sobre todo, en relación con los dos grandes acuerdos de la OMPI de 1996. Por lo tanto, hay que respetar esa estructura y creo que este informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos respeta perfectamente el difícil equilibrio que ya plantea la propuesta de la Comisión, que es una armonización basada sobre los tres principios fundamentales -reproducción, comunicación y distribución- con un artículo que ofrece márgenes de maniobra, que se mantienen para que los distintos Estados miembros puedan plasmar las diferencias, que muchas veces se arrastran desde hace mucho tiempo, y que no son problemáticas para el buen funcionamiento del mercado interior. Creo que esta es una directiva importante, y en ese sentido pionera de esas directivas de «armonización marco», para armonizar, no hasta el último detalle, sino sólo en la medida de lo necesario.
Por lo demás, señor Presidente, suscribo todas y cuantas cosas ha dicho el ponente y espero que mañana, con un voto muy mayoritario, se respalde su postura que, vuelvo a decir, es una postura de equilibrio y una señal clarísima para la Comisión.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, en repetidas ocasiones hemos dicho en esta Asamblea y en la UE que necesitamos reglas internacionales para la sociedad de la información y, también, asegurar la competitividad para nuestros países en nuevas ramas de producción que crecen justamente en el seno de la sociedad de la información.
Estimados amigos, si aprobamos la directiva en la forma propuesta por la comisión, me temo que no podamos cumplir lo que hemos dicho en otras ocasiones. Vamos a crear un sistema que dificulta la acción de muchos actores en la cadena de la sociedad de la información. Las reglas sobre distribución de las responsabilidades no son claras. Por eso, creo que una creciente proporción de actividades se va de Europa hacia otros destinos; «lo mejor es enemigo de lo bueno».
Durante el tratamiento de la propuesta de directiva me he formulado frecuentemente esta pregunta existencial: ¿No sería mejor ratificar rápidamente la Convención OMPI y aprobar la directiva sobre comercio electrónico? ¿Necesitamos algo más? ¿No es la directiva un producto de una época anterior a la del comercio electrónico, antes de que en nuestro mundo conceptual tuviésemos ideas para manejar las materias de responsabilidad en la red?
Es importante que la Convención OMPI se ratifique rápidamente. Todos en este sector lo piden. No es seguro que necesitemos esta directiva. De hecho, creo que la directiva retrasa la ratificación. ¿Favorece esto a alguien?
Somos muchos los que en Europa tenemos derecho a gozar de un derecho de servidumbre de paso de carácter general, esto es, de un derecho para que la gente transite por el terreno de otro sin dañar ni molestar. Mi opinión es que este derecho existente en algunas partes de Europa también tiene que regir en el mundo digital. La propuesta de la Comisión respetaba éste en cierta medida, pero no así la propuesta del ponente. Por este motivo, hemos presentado algunas enmiendas que establecen esta «servidumbre de paso digital». Estoy de acuerdo en lo que señala Whitehead: no tenemos que hacer tantas diferencias entre el mundo digital y el analógico.
Entre nosotros existen diferencias culturales. No entiendo por qué las excepciones no son obligatorias. Pero la lista de excepciones al derecho de autor sería, por otra parte, exhaustiva.
Es importante que combatamos las reproducciones ilegales. Tenemos que hacerlo junto con los países con los que comerciamos y tenemos acuerdos de asociación. No obstante, hay que instar a los actores para que creen una técnica que sea tecnológicamente neutral, que impida las reproducciones ilegales pero que no entorpezca la transparencia ni cree sistemas cerrados. Es lo que necesitamos. Me satisface ver que Cassidy ha despertado en este punto.
Estimados amigos, al mismo tiempo es importante que no despojemos a la gente de los derechos que les otorga la directiva.

Crowley
Yo también quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas al ponente por lo excelentemente que ha sabido ocuparse de este informe tan difícil. Aunque no suscribo todas las propuestas formuladas por el ponente, personalmente estimo que nos ofrece un enfoque muy equilibrado de la manera de resolver el problema.
Ahora bien, no estoy de acuerdo con algunos diputados que dicen que Internet y las nuevas tecnologías que nos ofrecen las comunicaciones digitales no representan un peligro ni entrañan un cambio radical en el futuro, pues ya podemos ver que, desde sus primeros momentos, la tecnología digital, Internet y la nueva sociedad de la información han modificado la forma en que hacemos negocios y en que nos comunicamos. En el futuro también modificarán la forma en que disfrutamos de nuestras aficiones, tanto si esas aficiones son la música como si son las obras de teatro, los programas de televisión, las películas o los libros. Por consiguiente, es esencial que establezcamos ahora un enfoque equilibrado de la mejor forma de proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores.
A menudo las personas que se dedican a la música, el arte o la literatura suscitan la irrisión general porque carecen de sentido comercial: tienden a cuidarse más de su arte y de la presentación pública de su arte que de las meras necesidades o realidades comerciales. Por eso nos incumbe a nosotros, que nos beneficiamos espiritualmente de los que esas personas producen, el instaurar una protección que garantice que sus derechos no serán usurpados por piratas u otras personas sin escrúpulos.
Hace tiempo discutimos acerca del reconocimiento de los derechos de los artistas que venden sus obras de arte. Hubo extensos debates en este Parlamento acerca de si las obras de arte vendidas en subastas irían a América en vez de quedarse en Europa si adoptábamos esa legislación. Desde que la legislación entró en vigor no se ha percibido ninguna diferencia tangible. Hay una forma equilibrada y apropiada de conseguir los derechos que todo el mundo prefiere aquí.
Aunque los consumidores merecen también la protección de sus derechos -hay que conseguir que tengan el acceso más amplio posible a la información al costo más razonable (a veces gratuitamente)- también recae en el consumidor la obligación de pagar algunos de esos derechos. Esa responsabilidad tiene que guardar equilibrio con los derechos de los autores y los creadores de esas obras para lograr que sus derechos estén protegidos.
He presentado diversas enmiendas de este informe para conseguir que no haya reducción en la difusión de información por la vía de bibliotecas públicas, servicios educativos, etc.; que la cultura autóctona se conserve y desarrolle; que las necesidades de las personas con discapacidades no sufran como consecuencia de esta legislación, y que se proteja la importancia cultural y social de los principales acontecimientos deportivos. En conjunto, mi grupo apoyará el informe Barzanti pero instamos a que se adopten nuestras enmiendas.
Por último, quisiera preguntar al Comisario si en el futuro próximo va a haber alguna otra propuesta de la Comisión acerca de los derechos de autor y otros derechos conexos de la sociedad de la información.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como consecuencia de la digitalización, la tecnología de la reproducción ha llegado al extremo de que puede aniquilar la diferencia entre original y copia. Si pretendemos preservar los avances obtenidos en el ámbito de los derechos de autor, el advenimiento de la era de la digitalización nos obliga a formularlos de nuevo, de acuerdo con las exigencias de las nuevas tecnologías y la industria que las aplica.
El hecho de que la propuesta que tenemos delante considere estas necesidades, entre otras razones porque pone énfasis en los derechos de autor, no se debe únicamente a los preparativos de la Comisión sino también a la precaución y la perseverancia, así como a la paciencia con la que ha actuado el ponente. Para evitar que peligren los logros alcanzados en esta materia es fundamental que aprobemos las enmiendas nº 33, 34 y 37 y que consideremos las consecuencias, como las que se formulan en las enmiendas nº 97 y 95.
Espero que todos estemos de acuerdo en que no queremos volver a los tiempos en los que el famoso compositor Johann Nepomuk Hummel, profesor de Chopin, tuvo que luchar por los derechos de autor para compositores y el gran filósofo Schelling perdió un juicio contra la reproducción ilícita de sus textos porque en aquella época no existían derechos de autor.

Sandbæk
Señor Presidente, el Movimiento de Junio considera el libre acceso a la información como la piedra angular misma de la democracia. La población debe conservar su derecho a ser informados y educados en bibliotecas y otras instituciones que cuenten con financiación pública. En este sentido, hay que tener en cuenta a los grupos más débiles de la sociedad. Por ello, el Movimiento de Junio ha presentado varias enmiendas que garantizarán que las personas, por ejemplo, con deficiencias de visión dispongan del mismo libre acceso que el resto de la población a los materiales de las bibliotecas, cuando sea con fines no comerciales.
Otro punto fundamental es que los artistas mantendrán todos los derechos en lo que respecta a la explotación de su obra. Ellos mismos podrán negociar la cuantía de su remuneración y qué derechos ceden a un productor. En los países nórdicos desde hace mucho tiempo es tradición, y hemos tenido buenas experiencias, para solucionar cuestiones jurídicas problemáticas recurrir a la ayuda de licencias contractuales. Debemos conservar este modelo.
Por último, me gustaría llamar la atención sobre la enmienda 56, que de una forma totalmente irrazonable exige para los periodistas los mismos derechos que los escritores cuando los periódicos hagan uso de sus artículos. Un principio semejante choca tanto con el derecho de propiedad intelectual como con los convenios e implicará un riesgo profesional irrazonable para los periódicos. También ésta es una cuestión que versa sobre el libre acceso a la información. Por lo demás, me gustaría decir que, en lo que respecta a esta directiva, estoy completamente de acuerdo con la Sra. Thors.

Hager
Señor Presidente, la propuesta de directiva tiene carácter orientativo. Es lo que da a entender el eco que ha tenido en la opinión pública. El derecho de los artistas a la protección de sus obras también debe estar garantizado en la era de Internet. Para ello es necesario crear un marco legislativo adecuado, cosa que ha logrado el ponente. La mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos merecen mi apoyo. Aparte de las disposiciones en favor de los artistas quisiera destacar la normativa que se propone en el ámbito del uso de material de archivo. Soy partidario de que se elabore una reglamentación atractiva que invite a muchos fabricantes -productores de fonogramas y entidades de radiodifusión- a ofrecer productos suyos o productos fabricados por encargo on-line. Gracias a esta nueva posibilidad tecnológica, el material visual y sonoro que antes estaba sepultado en el olvido puede darse a conocer a un público mucho más amplio.
Permítanme que concluya mi intervención con una nota crítica acerca de la calidad lingüística del informe. Es un claro ejemplo de un lenguaje jurídico ajeno al ciudadano y difícil de comprender que no respeta en absoluto el principio de la transparencia.

Berger
Señor Presidente, en todo el tiempo que llevo en el Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos nunca he vivido un proceso legislativo tan complejo como el de la adaptación de los derechos de autor a las necesidades de la sociedad de la información. A la vista de estas circunstancias, los esfuerzos del ponente por encontrar una salida y mantener una línea consistente en medio de esta jungla de múltiples y contradictorios intereses merecen mi más sincero agradecimiento. Aunque uno tal vez no suscriba todos los aspectos de la línea marcada por el ponente, disponemos de un esbozo que puede servir de orientación al Consejo y a la Comisión.
De todas formas, había un punto sobre el que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos estaba plenamente de acuerdo, a saber, la necesidad de elaborar un modelo de sociedad de la información europeo en el que las obras de alto nivel cultural y artístico ocupen un lugar central y las nuevas tecnologías no se utilicen para socavar los derechos existentes. Habida cuenta del carácter universal de los contenidos y de las tecnologías surge la pregunta de si para lograr este objetivo conviene crear un nivel de protección mayor a escala internacional o si esta medida, al contrario, perjudicaría hasta tal punto a los demás participantes en la sociedad de la información europea que acabaría teniendo consecuencias negativas para los titulares de derechos.
Si pretendemos ampliar la oferta de contenidos de alta calidad, debemos procurar no crear demasiados obstáculos o impedimentos para evitar que los content providers -como se dice ahora- y en concreto las entidades de televisión y radiodifusión experimenten dificultades a la hora de difundir dichos contenidos y buscar nuevas vías de publicación. Los consumidores, por su parte, esperan que la sociedad de la información les facilite el acceso a un mayor número de contenidos sin tener que pagar más dinero. Es sobre todo el caso de los colectivos de consumidores que requieren una protección especial, en concreto los minusválidos. Así las cosas, quisiera invitar una vez más al ponente a que suavice sus reservas respecto a las enmiendas nº 30, 32 y 48 que han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. A este respecto quisiera agradecer el apoyo que he recibido hasta ahora por parte de los oradores de esta Casa.

Perry
Señor Presidente, limitaré mi intervención a dos puntos. El primero es que en Europa necesitamos promover la utilización de Internet en vez de desaconsejarla. Tenemos que reconocer que la nueva tecnología requiere una nueva forma de ver las cosas y que una copia digital sencillamente no es lo mismo que una copia analógica. Es una reproducción fiel, y esto plantea un riesgo para la industria de la música si la posibilidad de efectuar reproducciones fieles está totalmente incontrolada.
No debemos subestimar a los jóvenes de Europa ni a sus posibilidades técnicas de producir reproducciones de ese tipo. En el Financial Times de hoy he visto una referencia a un producto de una compañía francesa que ha lanzado un duplicador de discos compactos para fines múltiples. Basta con apoyar el dedo en un botón y uno puede lograr una reproducción exacta del disco compacto original. No tengo la menor duda de que la solución a largo plazo de toda esta cuestión estriba en las nuevas tecnologías, pero es preciso que haya también restricciones jurídicas cuando sea necesario.
El segundo punto que quería plantear es la propuesta hecha en una serie de enmiendas, incluida la mía, acerca de la posibilidad de instituir un sistema de mediación para los casos en que haya controversias entre los productores y los distribuidores. Vamos a ser testigos de muchos litigios como resultado de esta legislación y eso, sin duda alguna, acabará en las manos de los abogados. Queremos que haya un sistema en el que, en los países que estén dispuestos a permitirlo, exista un derecho de recurso a un mediador independiente que pueda escuchar a las dos partes en el litigio y dictar una solución objetiva, sistema que no va a costar grandes cantidades de dinero de las que los pequeños usuarios, los pequeños productores y los músicos y otros artistas de ese tipo no pueden disponer.
El punto que he planteado es de poca importancia pero espero que el ponente y la Comisión lo acojan favorablemente como forma de ayudar a algunos de los que van a quedar perjudicados por esta legislación.

Monfils
Señor Presidente, el informe del Sr. Barzanti es excelente y perfectamente equilibrado. Defiende el derecho legítimo de los creadores, pero tiene en cuenta la preocupación de poner a la disposición del mayor número de personas las obras en su conjunto. Esta constatación es importante porque, en este debate técnico y complejo, algunos tratan de hacer creer que los intereses de los consumidores se ven perjudicados. Es totalmente inexacto. Ni el derecho del autor sobre su creación, ni la remuneración que tiene derecho a esperar de su difusión, constituyen obstáculos para poner las obras a disposición del público.
Si hay Estados que consideran que la política cultural exige, por ejemplo, la gratuidad de acceso a las obras, a ellos corresponde prever los medios necesarios, no a los creadores a pagar la nota. ¿Cabría imaginar, por ejemplo, en el sector de la enseñanza, pedir a los docentes que abandonaran la mitad de su remuneración para pagar el servicio público de la educación? Sería evidentemente absurdo. Por lo demás, los temores expresados por los operadores de televisión y los fabricantes de material electrónicos carecen, a mi juicio, de objeto.
El derecho de autor nunca ha sido, y nunca lo será, un obstáculo al progreso técnico, y ello desde que se inventó la imprenta. En cambio, sin una protección seria, el desarrollo técnico puede poner en tela de juicio los derechos de autor, y como consecuencia, agotar la creación.
Por último, considero que el sistema propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos en materia de copia privada numerada es bueno, puesto que antes de perfeccionar posibles técnicas destinadas a proteger a los derechohabientes habrá una participación financiera, una remuneración equitativa, probablemente como se la que existe actualmente en materia analógica.
Por último, Señorías, no estamos aquí solamente para organizar un territorio tecnológico de libre competencia y de libre cambio. También estamos aquí, ya lo dijo el Sr. Rothley, para mantener y desarrollar la creación cultural europea en su diversidad. Esta directiva, con sus enmiendas, confirma generalizándolo el modelo europeo del derecho de autor sin impedir la circulación de las obras de creación. Esta es la razón por la que votaré en favor, con una parte del Grupo de Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, del informe del Sr. Barzanti.

Svensson
Señor Presidente, tanto la propuesta de la Comisión como el informe demuestran deficiencias en la técnica legislativa de la Unión. Aquí se debería haber formado un comité internacional de expertos para estudiar los difíciles problemas relacionados con el derecho de autor y el derecho de publicidad desde sus fundamentos. A continuación, esto debió ser sometido a un amplio debate público antes de dictar las leyes.
Ahora tenemos textos legales que no son claros y tampoco hechos de forma idónea. La existencia de demasiadas palabras no aumenta la claridad de las normas. Son especialmente lamentables las deficiencias en relación con las normas de los países nórdicos sobre el derecho de los ciudadanos a conocer los documentos públicos. En éste y en otros campos se necesitará, de ahora en adelante, un análisis mucho más profundo de los temas.

De Clercq
Señor Presidente, Tony Blair dijo una vez que la industria cultural constituye una fuente de ingresos para su país más importante que la industria siderúrgica, pero las posibilidades de la tecnología digital, confieren una nueva dimensión a la piratería. Según estimaciones, alrededor de un millón de cds son robados diariamente de Internet. Por tanto, ya es hora de que se adopte un régimen legal sobre esta cuestión. Esto no es sólo aplicable a la música, sino a todas las formas audiovisuales. Debemos procurar que el autor o el titular de un derecho cuente con el derecho exclusivo de reproducción, distribución o de todo tipo de comunicación de su obra al público. Ésta es la única posibilidad de establecer un entorno favorable que estimule la creatividad y las inversiones.
Una protección transfronteriza seria de la propiedad intelectual ofrece grandes ventajas. En el terreno económico, permitirá una ampliación del mercado. En el terreno social, esta ampliación del mercado conducirá a un mayor empleo y, last but not least, figura la dimensión cultural. Se debe garantizar a los consumidores una buena calidad. La creatividad e innovación artística, no lo olvidemos, constituyen para los autores su fuente de ingresos. Hay que incentivar más a nuestros artistas a fin de proteger nuestro patrimonio artístico y enriquecerlo aún más. Debemos preocuparnos sobre todo de los jóvenes talentos que ahora hacen trabajillos que, quizá mañana, sean célebres, pero que carezcan de protección.
Se nos ha pedido que nos ocupemos de una regulación adecuada. También en nombre de quien todavía carece de él. Nosotros, en tanto legislador europeo, debemos ocuparnos de semejante cuestión. Por ello, votaré a favor del informe de nuestro colega, el Sr. Barzanti, a quien además felicito por el mismo.

Lindholm
Señor Presidente, esta compleja directiva comprende tres niveles, a saber, uno técnico, uno legal y uno político. La comisión y el ponente Barzanti han hecho un excelente trabajo. Sin embargo, insto a la Asamblea a votar en contra de la enmienda 48 en la que se propone una licencia obligatoria, llamada presunción legal.
Los países nórdicos tienen una larga y provechosa experiencia en materia de licencias contractuales y contratos colectivos. Éstos valen también para los autores que están fuera de las organizaciones que han celebrado los contratos y garantizan derechos y niveles de remuneraciones. Este modelo, que favorece a todas las partes, merece ser conservado y no debe reemplazarse por las licencias obligatorias. Estaría en contra de la Convención de Berna y de la Convención OMPI.
En el fondo, este es un asunto de política cultural. No obstante, también se trata de proteger los derechos de las instituciones públicas como, por ejemplo, los hospitales, los colegios, las bibliotecas, los museos, los archivos y las cárceles, sin olvidar las posibilidades y derechos de los minusválidos. Para que la sociedad se desarrolle democráticamente es necesario el libre acceso de todos a la información, a la cultura y a los documentos públicos. La directiva tiene que garantizarlo.

Oddy
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente por su buen humor y su entereza al hacerse cargo de este difícil informe: difícil, en primer lugar, porque tiene que establecer un equilibrio entre los derechos de los autores y las necesidades de los consumidores, y, en segundo lugar, porque la tecnología cambia con gran rapidez y es difícil anticipar problemas legislativos en ese contexto. Permítanme que ponga de relieve tres cuestiones: derechos de las personas con discapacidad; necesidad de poder actuar en el plano parlamentario y judicial; y la cuestión de la debida compensación.
Por lo que se refiere a la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, he presentado una enmienda para el Grupo Laborista Británico que tiene la preferencia de los grupos de presión que favorecen a las personas con discapacidad porque tiene carácter obligatorio y no facultativo, como la enmienda adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Philip Whitehead y yo hemos presentado también una enmienda que permitiría el desarrollo de un proceso justo en materia parlamentaria y judicial.
En cuanto a la cuestión de la debida compensación, y hablo también en nombre de los diputados del Partido Laborista Británico, se trata de una cuestión que plantea un problema para el Reino Unido. Aunque las exenciones son facultativas y se pueden adaptar a la legislación nacional si los Estados miembros lo desean, las enmiendas tal como están redactadas en la actualidad establecerían la obligación de introducir un sistema de compensaciones adecuadas. En Gran Bretaña la gente está acostumbrada a copiar sus programas de televisión favoritos y a verlos después cuando les resulte más oportuno. Éste es un derecho que no entraña consecuencias financieras. El público británico se sentiría muy descontento si ese derecho se restringiera por obligársele a hacer un pago. Por eso mi Grupo no puede aceptar ese concepto.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, la cuestión de los derechos de autor no se limita exclusivamente a saber a quién le corresponden las indemnizaciones y cómo se pueden obtener de la manera más eficaz. En el informe Barzanti se deberían abordar fundamentalmente los principios del libre desarrollo y del aprovechamiento comercial de las redes informáticas o, lo que es lo mismo, las posibilidades de los consumidores para hacer uso de Internet con el menor gasto posible.
La protección de los derechos de autor redunda en interés de todos las partes implicadas, si bien esta protección no tiene por qué necesariamente ajustarse a los criterios más estrictos ya existentes. Se trata de saber cuál es el objetivo primordial, la defensa de los derechos de los detentadores de los derechos de autor o las libertades de los usuarios de Internet y las posibilidades operativas de los operadores que proveen los servicios. Desde el punto de vista de la futura sociedad de la información, el segundo objetivo resulta más esencial.
El planteamiento básico del informe, de acuerdo con el cual la mejor manera de proteger los derechos de autor de carácter digital es la prohibición de realizar las copias provisionales del material necesarias para su posterior transmisión, se presenta en plena contradicción con los principios operativos, ampliamente aceptados, de Internet. Si prosperan la prohibición de realizar copias intermedias y los monopolios técnicos, sería posible prohibir también «surfear» por Internet o considerar cualquier ordenador como un aparato ilegal para esquivar los sistemas de protección de los derechos de autor.
Uno de los objetivos más importantes del informe Barzanti es el de mejorar las posibilidades de los derechohabientes europeos para ver publicadas sus obras. Sin embargo, más del 80 % del mercado de los productos musicales actualmente en venta en Europa va a parar a manos no europeas. Una mayor severidad en el ámbito de los derechos de autor de carácter electrónico conllevaría una concentración comercial aún mayor en manos de las grandes empresas de Hollywood. Esta medida, contraria a las opiniones expresadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no mejoraría las posibilidades con que cuentan los artistas europeos para publicar y vender sus obras.

Ryynänen
Señor Presidente, garantizar los derechos de autor de carácter digital en el mundo de las redes informáticas constituye un objetivo de fundamental importancia. La copia ilegal representa una amenaza para los intereses legítimos de los derechohabientes y, por consiguiente, para toda la producción de contenidos y la productividad de las actividades creativas. No obstante, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y el desarrollo transparente de la sociedad de la información son aspectos igualmente importantes y justificados.
En numerosos Estados miembros se ha logrado crear un entorno jurídico donde funcionan los derechos de autor, donde se garantizan de manera equilibrada tanto la utilización flexible del material como los intereses de los derechohabientes. La directiva de la UE sobre los derechos de autor y, en especial, su actual formulación -más rigurosa tras su examen por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- representan una amenaza para este equilibrio. Tal como ha quedado formulada en la propuesta, la directiva restringiría considerablemente la libre circulación de la información y las posibilidades de que disponen los proveedores de servicios públicos para prestar dichos servicios a los ciudadanos.
Este equilibrio en el ámbito de los derechos de autor presupone que cada firme medida comunitaria en defensa de los derechos de autor ha de contrarrestarse con el establecimiento obligatorio de excepciones mínimas relacionadas con la accesibilidad de la información, el estudio o la investigación que hayan sido reconocidas y ratificadas en todos los acuerdos internacionales de este sector. Además de las excepciones obligatorias, es necesario también regular en el ámbito nacional las prácticas que sean adecuadas con arreglo a la tradición y a la cultura propias, por ejemplo en el marco de convenios colectivos.
En especial, sería una fatalidad que, tal como se establece en la presente propuesta de directiva, los servicios de las bibliotecas pasaran a depender exclusivamente de los hipotéticos permisos que les concedieran los derechohabientes. En una sociedad de la información marcada por el aprendizaje continuo, el derecho a la información no puede depender de permisos o autorizaciones en momentos en que se están generalizando el trabajo a distancia y los servicios en red. No creo que queramos llegar a una situación de atraso en la que fuera imposible ver, ojear o copiar material electrónico sin contar con autorización previa o sin haber pagado un canon específico. En una sociedad de la información democrática es correcto garantizar la copia con fines educativos, para la investigación o para su uso privado precisamente por medio de las bibliotecas, ya que las bibliotecas, los archivos y los museos tienen el deber de garantizar la conservación y la facilidad de acceso al material y las tradiciones culturales también en formato electrónico.

Tongue
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Barzanti. Ha sabido equilibrar muy bien intereses muy diferentes. Permítanme que diga muy sencillamente que la creación intelectual reviste importancia vital para el futuro de nuestra economía, pero que es también la savia de nuestra sociedad, tanto si se trata de música, de películas, de fotografías o de libros, como si se trata de programas informáticos. Se nos dice que tenemos que encontrar un equilibrio de los intereses pero, con toda franqueza, diré que todos los intereses no son iguales. Las grandes compañías de telecomunicaciones sobrevivirán, pero un creador individual al que estrangulemos y condenemos al silencio nunca volverá a poner pie en el escenario. Nuestra sociedad no se enriquecerá con pantallas sin imágenes.
Tenemos que conseguir que los creadores reciban suficientes incentivos y recompensas por su trabajo. La Comisión nos propone un sistema firme de derechos de autor y el Sr. Barzanti se esfuerza por conseguir dignidad, independencia y supervivencia para los creadores. Muchos son los que siguen viviendo como pueden en un desván como el de La Bohème . Solamente el 7 % de los autores de Francia ganan más que el salario mínimo. No lo olvidemos. Tengo amigos que son autores y que sobreviven como pueden gracias a las regalías, y que tienen que vender sus propias pertenencias para escribir el próximo libro o para crear la próxima película. Nunca podré apoyar una enmienda que disponga el traslado forzado de los derechos de los autores a otras personas.
Es absolutamente esencial que haya exenciones en favor de las personas con discapacidad, de las instituciones docentes o de investigación, de los archivos, del periodismo de investigación y de las bibliotecas. Algunos dirán que puede haber uso decente sin la debida compensación. ¿Qué pedimos a los autores y a los artistas que no pidamos a otros trabajadores de nuestra economía? En 11 de nuestros 15 países hay sistemas de compensación leal que funcionan gracias a un impuesto sobre la cinta magnética virgen. Todos los creadores del Reino Unido y sus sindicatos son partidarios de que haya un impuesto sobre la cinta magnética virgen. Todo lo que puedo decir a los diputados británicos de este Parlamento es lo siguiente: no voten en contra de las enmiendas 34, 36, 37 y 41. Permitan que los creadores y otras personas del Reino Unido puedan discutir razonablemente sobre si debemos o no debemos tener un impuesto aplicable a la cinta magnética virgen.
Permítanme que deje bien sentado que no se trata de exenciones obligatorias. El hecho de votar en favor de esas enmiendas no obligará al Gobierno británico a introducir un impuesto sobre la cinta magnética virgen. Como ha dicho nuestra gran autora Maureen Duffy, hagamos que todos estos debates culminen en una frondosa selva cultural.

Ebner
Señor Presidente, a mi modo de ver, el informe elaborado por el Sr. Barzanti es un documento muy equilibrado. La confrontación entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y quienes poseen el acceso a la información es una fuente permanente de conflictos. Creo que la cuestión de la propiedad es un tema fundamental que va más allá del problema del medio de transporte de la información. Por esta razón considero que los principios básicos que el ponente Barzanti ha incorporado y señalado en su informe son los correctos. Evidentemente, deben introducirse excepciones, pero solamente excepciones limitadas que confirmen la regla, es decir, la protección de los derechos de propiedad intelectual.
En los casi veinte años que llevo ejerciendo mi cargo de diputado -a escala nacional y aquí- no ha habido ningún otro tema con motivo del cual los grupos de presión se hayan preocupado tanto por ganarme para su causa. Espero que a la hora de la votación este Parlamento no convierta los nuevos medios -que tienen su función y, por tanto, deben cumplirla- en un nuevo Oklahoma en detrimento de los autores.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, Señorías, Comisario, hay tres sectores de la economía que tienen importancia en una directiva sobre derechos de autor fuerte y clara, a saber, la industria de contenidos, los proveedores de telecomunicaciones y servicios y los proveedores de electrónica de consumo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta a nuestros consumidores, bibliotecas, colegios, etc.
En el informe Barzanti, la balanza se ha inclinado claramente a favor de las ventajas para la industria de contenidos a costa de otros sectores económicos y, particularmente, de los consumidores. Después de todo, los titulares de los derechos de autor logran un derecho absoluto de protección, conforme al cual, por ejemplo, se prohíben las copias para uso privado. Las empresas americanas intentan ahora que se legisle en Europa de tal forma que se vaya mucho más lejos que en América, puesto que en los Estados Unidos, ese derecho absoluto es fuertemente rechazado. Con éste, las empresas americanas colocan deliberadamente a Europa en una situación de retraso y Europa lo acepta si aprobamos el informe Barzanti. Nos colocamos en una situación de retraso, sobre todo, la industria. Va a suponer la pérdida de empleos.
Señor Presidente, Comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos mantiene un combate especialmente en la retaguardia, puesto que la industria establecida intenta conservar mediante esta directiva su actual posición en el mercado en cuanto a los medios de comunicación tradicionales a costa de los nuevos. Los avances tecnológicos actuales, como Internet, se frenarán con la directiva, los artistas serán manipulados y podrán ser utilizados por la industria, que ataca con artillería pesada como, por ejemplo, Claudia Cardinale. Sin embargo, las nuevas generaciones de artistas que difundan y vendan sus productos a través de Internet, carecerán de protección.
Por último, tengo una pregunta para el Comisario Monti: ¿cómo se relacionan la directiva relativa a los derechos de autor y la directiva relativa al comercio electrónico? En otras palabras, si existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la protección de los derechos de autor, ¿se aplica el principio del país de origen o el del país de destino? En la directiva relativa al comercio electrónico que está ante nosotros, el punto de partida es el país de origen. Espero con agrado la respuesta del Comisario Monti a esta pregunta.

Mann
Estimados colegas, estamos debatiendo una directiva compleja y acojo con satisfacción el informe elaborado por el colega Roberto Barzanti. No obstante, hay algunos aspectos que no me convencen, como bien sabe el ponente y como bien saben muchos colegas de esta Casa. Nos hallamos en la fase de la primera lectura -aún hay tiempo para rectificar- y espero que nos encontremos en el buen camino.
Pero tengamos una cosa clara y no nos hagamos ilusiones. No estamos librando una batalla cultural. No se trata de los pobres artistas. Carol, tú sabes hasta qué punto comparto tu postura en contra de las grandes empresas de telecomunicaciones. No se trata de la industria del software, no se trata de Microsoft contra las empresas europeas. No se trata de favorecer a un sector industrial en detrimento de otro. Seamos sinceros. Se trata de conquistar el mercado electrónico y ahí fuera se ha entablado una lucha feroz. Nosotros nos hallamos en medio de los intereses, como se desprende de las numerosas publicaciones que nos llegan todos los días.
No nos aventuremos en situaciones difíciles accediendo a las peticiones de una industria determinada en el convencimiento de que ello redundará en beneficio de los artistas y de los creadores de obras y de que está en línea con un buena tradición europea para luego encontrarnos en un callejón sin salida americano. Por favor, no cometamos este error. Es lo único que pido. En Estados Unidos se ha logrado un compromiso aceptable desde diversos puntos de vista. Europa no puede quedarse atrás. Yo soy partidaria de que examinemos la ley. La virtud está en el término medio. Está en la propuesta de la Comisión. Está en la propuesta que ha formulado Roberto. Está en la propuesta que ha elaborado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y en la que yo he colaborado -ustedes saben que he formulado muchas propuestas-. Estará en la segunda lectura y en lo que aporte el Consejo. Solamente les pido que no nos equivoquemos de rumbo, que no nos hagamos ilusiones, sino que optemos por una solución realista y pragmática que conduzca la industria europea al buen camino, que proteja los intereses de los autores y que proteja los intereses de cuantos participan en este mercado, los grandes y los pequeños, y también la industria de telecomunicaciones y los proveedores de Internet. Ésta es la vía que yo defiendo y, por tanto, les ruego seamos sensatos y examinemos una vez más las enmiendas de cara a mañana, en especial los artículos 5 y 6. El artículo 6 salvaguarda asimismo los intereses de la industria europea.

Vaz da Silva
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay muy pocas esferas en que estén en juego la calidad y el futuro del proceso de integración europea. La del derecho de autor es una de ellas. Podría parecer que la Política Agraria Común o la red transeuropea y de transportes son prioridades mayores. No lo son.
La política europea de derechos de autor trata también de alimentos y transportes. Trata de la producción y la circulación de los libros y los periódicos, de la música, del sector audiovisual y multimedios. Si faltaran esos alimentos o perdieran calidad, sería la muerte segura de Europa. Mientras no haya conseguido ocupar la parte del mercado de la cultura a que tiene derecho natural, la sociedad europea no afirmará su diferencia, no reforzará su vitalidad, no equilibrará su balanza comercial. Con el advenimiento de la red Internet, lo digital y lo demás que viene y que aún no sabemos, con la mundialización del mercado y la ampliación de la Unión, con la intensificación de los tratados multilaterales, una política de derechos de autor es una prioridad europea. Entre otras cosas, porque los creadores y artistas son nuestras antenas para el futuro, nuestra conciencia crítica y nuestra tarjeta de visita. Y en ese sentido interesa a todos nosotros que vivan y se multipliquen.
¿De qué se trata, a fin de cuentas? Básicamente, de facilitar la circulación de las obras, remunerar a todas las partes intervinientes en el proceso, los que crean y los que invierten, y evitar la piratería. ¿Qué conviene hacer? Crear una estructura permanente de concertación entre Estados miembros, garantizar la compatibilidad internacional de la legislación europea y su permanente actualización, automatizar al máximo los sistemas de remuneración, reforzar la utilización de las tecnologías de protección.
El informe Barzanti es excelente, porque, además de tener una perspectiva cultural, es todo él un llamamiento para que las consignas sean «compatibilizar» y «armonizar». De hecho, ésa es la única forma de defender los intereses contrapuestos. La de mostrar tanto a los Estados miembros como a los artistas, productores y utilizadores que están todos en el mismo barco y deben remar conjuntamente y con fuerza para que el barco llegue a buen puerto.

Garosci
Señor Presidente, en la presente propuesta relativa a los derechos de autor se presta atención a la protección de los autores e intérpretes, así como de los productores discográficos y de las emisoras de radio que deben beneficiarse de una lógica remuneración. Sin embargo, en este momento se pide al Parlamento que apruebe una legislación que limita la facultad de acceso a Internet a los operadores europeos, en contra de lo previsto en el reciente Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la ley americana titulada Digital Millennium Copyright Act. Esto sucede precisamente para proteger los derechos de autor, pero bajo la presión de las grandes multinacionales discográficas que son todas americanas no por su origen, sino por intereses económicos.
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha impuesto una autorización para las copias técnicas que no se entiende cómo puede fortalecer los derechos del autor. Dichos derechos, en efecto, ya están ampliamente protegidos por el artículo 2 de la Directiva que establece el principio de que nadie puede introducir en la red obras sin la autorización de los derechohabientes. ¿De qué forma esta autorización ulterior fortalece a los autores? No es así que se lucha contra la piratería, al menos según la ley americana que considera los procedimientos de indicación y cierre de los sitios sospechosos como la manera más eficaz para luchar contra esta plaga. Imponer a los operadores de la red la carga de controlar todos los «paquetes» enviados por los proveedores de servicios, supone imponer que se reduzca su número concentrándolos en pocas manos. No es esto lo que quiere la industria discográfica independiente europea, la misma industria que invierte en la mayor parte de las grabaciones realizadas en Europa, que crea empleo y desarrollo, que cree en los artistas jóvenes y exporta el producto musical europeo al extranjero. Quien quiere todo esto tiene intereses que están al otro lado del océano. Quien está pidiendo que se cierren los accesos a Internet importa en Europa música producida en otros lugares. También esa pequeña parte de música producida en Europa adopta estándares comerciales que imponen ventas masivas que se consiguen a través de campañas de promoción sumamente costosas que en Italia la autoridad garante ha condenado recientemente en su sentencia contra las Big Five, es decir, las cinco grandes industrias musicales.
Y termino mi intervención recordando que la industria discográfica independiente y los manager que son los auténticos representantes de los artistas, nos piden que frenemos antes que sea demasiado tarde. Propongo que sigamos su consejo y que aprobemos las enmiendas del Sr. Cassidy y de la Sra. Thors, unas enmiendas que se ajustan a las necesidades de los artistas. De esta forma, protegeremos realmente el futuro de la sociedad de la información, de la música y de sus usuarios.

Paasilinna
Señor Presidente, el Sr. Barzanti ha dado grandes muestras de habilidad en la elaboración de este importante informe. Es cierto que al tratarse de la primera lectura estamos aún en condiciones de corregir más tarde muchos de los errores que puedan surgir en esta fase. Sin embargo, me gustaría señalar que en numerosos Estados, como es el caso de Finlandia, se ha logrado alcanzar mediante distintos acuerdos un equilibrio muy positivo sin necesidad de directiva alguna.
En este ámbito hay tres aspectos encontrados entre sí: en primer lugar, el derecho de los ciudadanos a la información, que se refleja en las bibliotecas, la educación a lo largo de toda la vida, etcétera. Se trata de un importante principio que ha de ser respetado. La segunda cuestión fundamental estriba en el derecho de los autores a beneficiarse de su producción intelectual. En tercer lugar, tenemos que crear y mantener unas condiciones para el funcionamiento del mercado electrónico, ya que se trata de una cuestión de empleo en Europa. Es necesario, pues, compatibilizar estas tres cuestiones.
Todos consideramos que el pirateo es una actividad delictiva que debemos combatir. Por este motivo, creo que, una vez que haya tenido lugar la votación a este respecto, deberíamos afrontar la siguiente fase de esta directiva y reflexionar desde la perspectiva del empleo las actividades tanto de los derechohabientes como de la industria, con el fin de lograr el mejor modelo posible para Europa desde el punto de vista del empleo, la industria y los autores, lo cual implica tener presentes las actividades del sector de la radio y la televisión y de otros ámbitos tecnológicos.
Según parece, nos pasamos mucho tiempo discutiendo entre nosotros, lo cual actúa en perjuicio del empleo y de la producción de contenidos en Europa. Estamos hablando de las dos cuestiones más importantes en nuestra agenda o, lo que es lo mismo, de la identidad europea, de la cultura europea y de la situación del empleo en Europa.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, para clausurar este debate me gustaría hablar de algo que no se suele mencionar, esto es, de algunos considerandos. He dicho antes que este informe daba una dirección política pero que técnicamente era mejorable. De ello hay casos clarísimos en los considerandos. Considerandos que no se corresponden con ninguna enmienda en la parte dispositiva y que, desde ese punto de vista, técnicamente son incorrectos pero que, políticamente, dan tres direcciones claras: la primera -la ha mencionado el Sr. Barzanti-, es la de los pueblos indígenas y los derechos culturales de los pueblos indígenas; la segunda -mencionada por el Sr. Perry-, indica que la OMPI ha hecho una importante promoción de la mediación como solución de conflictos, y hay dos enmiendas -la 82 y la 91, creo recordar- al considerando 21 que el Partido Popular Europeo apoyará en ese sentido; y la última dirección clara, se refiere a un punto -que se ha dejado de lado pese a haber suscitado mucha controversia- que paso a mencionar.
Es cierto que esta directiva está relacionada con otra directiva importante que se está tramitando en estos momentos -la directiva sobre el comercio electrónico- e incluso con una directiva sobre responsabilidad en términos generales, pero tiene su propia personalidad. Tiene su propia personalidad y tiene que seguir su curso y aprobarse cuanto antes. Sin embargo, hay una enmienda planteada, que también apoya el Grupo del Partido Popular Europeo, en el sentido de decir que si bien cada una de estas directivas tiene su individualidad propia, deberían ir parejas y deberían entrar en vigor lo más pronto posible.
He de decir para terminar, señor Presidente, que me ha encantado escuchar a alguien tan autorizado como la Sra. Mann poner un punto de equilibrio frente a esa contraposición, tantas veces tan demagógica, que se hace entre la industria europea y la industria americana y suscribo sus palabras. Creo que esta es una directiva equilibrada. Habrá que buscar mejorarla en segunda lectura pero aquí hemos dado una señal política. Ahora la Comisión tiene que jugar.

Amadeo
Señor Presidente, las empresas italianas son las promotoras de un 80 % de la producción original europea, mientras que las grandes multinacionales abarcan el 80 % del mercado importando productos no europeos, en particular americanos. Al principio, casi todos los mayores éxitos discográficos europeos se logran a través de un productor independiente que cree en ellos. Sólo después, por necesidades de distribución, dichos éxitos terminan en una multinacional. Por esto nuestro enfoque en cuanto a la directiva discrepa del de las grandes multinacionales discográficas que han creado un estrangulamiento a nivel de distribución y de promoción, gracias al cual controlan todos los sistemas de acceso a las tiendas, a los medios de comunicación y a las listas de éxitos.
En nuestra opinión, Internet representa una manera eficaz para obviar este estrangulamiento. La verdadera apuesta en juego en esta batalla no es la protección de los derechos de autor que ya garantiza el artículo 2 de la Directiva, sino el mantenimiento de la actual situación de libertad de acceso a Internet para todo el mundo y no sólo para los grandes grupos.
La obligación de la autorización para las copias técnicas, aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, tendría, por el contrario, el efecto de ampliar la supremacía de las multinacionales de la distribución tradicional de la música a la digital. Consideramos, por lo tanto, que es necesario volver a formular el apartado 1 del artículo 5 con el objeto de no limitar el acceso a la red a los operadores independientes. Asimismo consideramos oportuno fomentar las inversiones de los proveedores de accesos independientes que son el interlocutor natural de los productores musicales independientes en Europa. En realidad, los productores europeos necesitan, en primer lugar, un acceso libre y a bajo coste a la red para poder proponer la música que las grandes multinacionales consideran que no resulta económica de cara a sus estándares comerciales. Al proponerse en Internet, la empresas tienen también la necesidad de utilizar sistemas compatibles con las interfaces más utilizadas por los usuarios y no pueden correr el riesgo de invertir en sitios web que luego podrían ser incompatibles con las nuevas versiones de software dominantes. En segundo lugar, los productores europeos necesitan programas de apoyo similares a los que, a través de los medios de comunicación, respaldan el sector audiovisual. Por último, necesitan programas estratégicos de investigación y de desarrollo que permitan a la industria musical y a la industria tecnológica europeas establecer, de mutuo acuerdo, unos estándares para la difusión comercial, segura y eficaz de la música en alternativa a los estándares americanos análogos.
Por estos motivos, el Grupo de Alianza Nacional considera oportuno volver a valorar la situación y, en consecuencia, pide la devolución a comisión de la Directiva.

Monti
Señor Presidente, las actividades de creación e innovación desempeñarán un papel determinante en el desarrollo de la sociedad de la información. Esta propuesta de directiva es un elemento importante del marco jurídico, actualmente en fase de elaboración a escala europea y mundial, que sirve para garantizar un desarrollo armonizado de la sociedad de la información. En realidad, la sociedad de la información se desarrolla en un contexto global. En el año 1996 la comunidad internacional se dotó de dos Tratados al amparo de la OMPI: uno sobre el derecho de autor, y el otro sobre las interpretaciones y ejecuciones y sobre los fonogramas.
La Unión Europea, quiero recordarlo, ha desempeñado un papel clave en la elaboración de estos dos Tratados. La misma puede adherirse a ellos como Comunidad Europea y estará entre los primeros a la hora de ratificarlos. Los Estados Unidos ya han cumplido sus obligaciones. Deben presentarse treinta instrumentos de ratificación a fin de que los Tratados entren en vigor. La Unión Europea representa a 42, dados los acuerdos que la vinculan a los países del Espacio Económico Europeo, a los países de Europa central y oriental y dada también la existencia de acuerdos de asociación con otros países. La ratificación de los Tratados por parte de la Comunidad y de sus Estados miembros pasa por su incorporación en los ordenamientos nacionales; dicha incorporación en el ordenamiento comunitario es, entre otras cosas, el objeto de la presente propuesta.
Junto con el respeto de las obligaciones internacionales, el objetivo prioritario de la propuesta es crear un marco jurídico armonizado de los derechos de autor y derechos afines. Esperamos que un mayor grado de seguridad jurídica que garantizará las inversiones en actividades de creación e innovación y en infraestructuras de red, fomentará el crecimiento y la competitividad de la industria europea, así como la creación de puestos de trabajo. Somos nosotros quienes mediante un marco jurídico adecuado debemos conseguir que este gran potencial cultural y económico aflore.
Al elaborar y adoptar esta propuesta que nace, como recordarán, de una amplía consulta realizada en 1994, la Comisión ha prestado la máxima atención al mantenimiento de un justo equilibrio entre los distintos derechos e intereses en juego que, con frecuencia, están en abierto conflicto. Sé perfectamente que éste ha sido también el objetivo de los trabajos parlamentarios. En nombre de la Comisión quiero dar las gracias a su ponente, Sr. Barzanti, por haber realizado su labor tan eficazmente. Ha sabido combinar el profundo conocimiento del asunto, adquirido también a raíz de los anteriores trabajos acerca del Libro Verde de 1995 y de la Comunicación de 1996, con la gran determinación que es necesaria cuando se está implicado en propuestas tan sensibles.
Se han presentado 58 enmiendas, 30 se refieren a la parte dispositiva del texto y 28 a los considerandos: de estas 58 enmiendas la Comisión está en situación de admitir 28, de tomar en consideración 14, aunque debe rechazar 16 de ellas. La Comisión está en situación de admitir las siguientes enmiendas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 55 y 57.
La Comisión tomará en consideración, aunque con algunas modificaciones a menudo de redactado, las siguientes enmiendas: 9, 11, 16, 22, 33, 39, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58 y las nuevas enmiendas 82 y 91.
En lo que respecta a los considerandos, la Comisión rechaza la enmienda 3 que, en nuestra opinión, confunde las obras protegidas con las informaciones en general y se opone a los principios del acervo comunitario; la primera parte de la enmienda 13 que va en contra del Tratado OMPI; aceptamos, por el contrario, la segunda parte de la misma; la enmienda 14 que, según nosotros, no cumple el objetivo de definir la noción de público, tarea que corresponde, a nuestro entender, a los Estados miembros, a los cuales les es más fácil determinar el sentido de este término tan variable; la enmienda 19 que no corresponde a las enmiendas propuestas en el ámbito de la letra b) del apartado 2 del artículo 5; la enmienda 23 porque vuelve a cuestionar el enfoque de la propuesta en lo que a las excepciones de refiere; las enmiendas 27 y 28 que ya están contempladas en el considerando 3 de la propuesta; las enmiendas 15, 25 y 26 porque no se ajustan al ámbito de aplicación de la misma.
En cuanto al articulado, la Comisión rechaza la enmienda 30 porque el problema afrontado se aborda en el apartado 1 del artículo 5; las enmiendas 32 y 48 que tienden a introducir nuevas excepciones en beneficio de las entidades de radiodifusión -quisiera tratar aparte, dentro de unos instantes, el rechazo de la enmienda 56 al apartado 1 del artículo 5-; la enmienda 40, presentada por ustedes, pues la preocupación que está en su origen se toma ampliamente en consideración en la letra c) del apartado 3 del artículo 5; la enmienda 47 porque la cuestión se aborda en el ámbito del considerando 27, enmendado por la enmienda 20.
En cuanto a las enmiendas presentadas con ocasión de esta sesión, dado que las mismas reflejan puntos de vista y preocupaciones ya tenidas en cuenta por el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos o son enmiendas rechazadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión se alinea con dicho informe. Por lo tanto, entre las nuevas enmiendas podemos tomar en consideración sólo la 82 y la 91 que se refieren a la mediación, punto señalado por el Sr. Perry y retomado por la Sra. Palacio.
Por lo tanto, en conjunto, la Comisión coincide con el Parlamento en muchos puntos. Repito: rechazamos 16 enmiendas, tomamos en consideración 14 y aceptamos 28.
Para terminar, dos observaciones acerca de dos aspectos concretos. En lo que se refiere a las entidades de radiodifusión, ustedes proponen añadir tres nuevas excepciones en beneficio de dichas entidades. Les recuerdo nuestro interés por el respeto del equilibrio entre los derechos y los intereses en juego. La Comisión admite la enmienda 39 que introduce una excepción en favor de las entidades de radiodifusión para los actos de reproducción específicos necesarios para transmitir un acto de radiodifusión legítimo, ya que responde a una verdadera necesidad tecnológica. Por el contrario, para preservar el equilibrio de los intereses en juego, la Comisión tiene que rechazar las enmiendas 32 y 48. La primera introduce una excepción que permitiría a las entidades de radiodifusión ofrecer programas «a la carta» que comprenderían principalmente fonogramas.
Ahora vamos a abordar el apartado 1 del artículo 5 que levanta tantas polémicas. ¿Cuál es la ratio de la norma? Es la de establecer una excepción al derecho de reproducción de algunos actos técnicos de reproducción que forman parte integrante de un proceso tecnológico, cuya única finalidad consiste en facilitar otro uso de un material protegido. Se trata de la única excepción obligatoria de toda la propuesta y, en consecuencia, su formulación es muy precisa. Esta norma permitirá a los operadores de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios ejercer, con la necesaria seguridad jurídica, sus actividades cuyo objeto consiste en la utilización de los servicios en línea que a menudo tienen un carácter transnacional.
Hemos efectuado una subdivisión de sus propuestas en esta materia y podemos tomar en consideración algunas de ellas.
En lo que se refiere a la definición del ámbito de aplicación de las excepciones, podemos aceptar la inclusión de los términos «provisional» y «accesorio» como términos que aclaran la noción «temporal» que figura en nuestra propuesta y del término «esencial» que establece la dependencia del acto al proceso tecnológico de transmisión. En consecuencia, rechazamos las enmiendas 65 y 88 que debilitan esta última condición.
Por contra, no podemos aceptar la noción de «significación económica» para el titular del derecho. La referencia a nuestra noción de «significación económica independiente» es coherente con el objetivo de la excepción y, por tanto, en la práctica es funcional de cara a la aplicación de la excepción. De todos modos, conviene tener en cuenta que la protección del injustificado perjuicio económico del derechohabiente está prevista en el apartado 4 del artículo 5.
Finalmente, no podemos admitir el inciso «uso autorizado o, de todas maneras, permitido por la ley» con el cual la excepción prevista valdría sólo para los contenidos cuyo uso está autorizado por los titulares de los derechos o está permitido por la ley. Somos conscientes de las preocupaciones de los titulares de los derechos que temen que la red termine sirviendo de vehículo de transmisión de contenidos copiados ilícitamente -contenidos piratas- pero a fin de acertar el objetivo es necesario preguntarse antes que nada cuál es el medio más adecuado y proporcional al objeto. En nuestro caso la búsqueda de este medio debe realizarse asegurando un correcto equilibrio entre los derechos y las excepciones a estos derechos.
Por último, llamo su atención sobre un grupo de enmiendas muy importante, o sea, las que se refieren a la copia privada. Sus enmiendas sancionan dos principios importantes: el derecho a una remuneración equitativa para los titulares de los derechos y la distinción respecto a la copia privada digital. El primer principio reconoce la protección a una exigencia de equidad; es un calibrado paso adelante en la búsqueda de la seguridad jurídica en este sector. La aceptación por la Comisión de la enmienda relativa a la copia privada digital debe enmarcarse en la lógica ya expresada en los considerandos 26 y 27 de nuestra propuesta. Precisamente a la vista de lo manifestado en esos pasajes de la propuesta, la Comisión acepta el reconocimiento del principio que, en el contexto digital, la posibilidad de efectuar una copia privada debe subsistir, sin perjuicio de los medios técnicos eficaces y operativos capaces de proteger los intereses de los derechohabientes. Nos amoldamos, por lo tanto, a la solución sugerida por ustedes, previa la reformulación de la enmienda para facilitar una exacto enunciado del principio.
Señorías, ustedes no solo vinculan la copia privada analógica y digital, sino también las excepciones en materia de reprografía y en favor de la educación al principio de una compensación equitativa de los titulares de los derechos. Se trata de una fórmula que permite una armonización más amplia y que respeta las tradiciones y las prácticas de los Estados miembros. En este punto la Comisión está en condición de seguirles y, por tanto, acepta la enmiendas 36 y 37, así como las enmiendas 35 y 41.
La protección de las medidas tecnológicas es el objeto del artículo 6 de la propuesta que sus enmiendas 49, 50, 51, 52, 53 y 54 han modificado sustancialmente. Podemos tomar en consideración estas enmienda con reserva de algunas matizaciones muy importantes para la Comisión.
Elogiando el exhaustivo y determinado trabajo del Sr. Barzanti, me satisface que sus Señorías apoyen la propuesta de la Comisión tanto en su enfoque global como en lo que se refiere -creo que puedo decirlo- a sus elementos principales. En el pasado el Parlamento ejerció una influencia decisiva en favor de la adopción de las cinco directivas actualmente en vigor; la cooperación que existe entre el Parlamento y la Comisión constituye, en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines, una constante por la que me congratulo sinceramente.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta concreta acerca de la compatibilidad de esta directiva revisada de derechos de autor con la propuesta de directiva sobre el comercio electrónico que la Comisión formuló al Parlamento y al Consejo. En la propuesta sobre el comercio electrónico el país de origen es el principal elemento. En esta directiva sobre los derechos de autor se trata más bien del país de destino. Por eso he formulado mi pregunta pero el Comisario no la ha contestado.

Monti
Señor Presidente, sé perfectamente bien que no he contestado. La razón era que disponía de poco tiempo. Ahora bien, en vista de las circunstancias voy a contestar ahora con mucha brevedad. La Comisión presentó su propuesta sobre el marco jurídico del comercio electrónico el año pasado. Las dos propuestas son independientes y cada una de ellas tiene su propia importancia decisiva. Según la propuesta sobre el comercio electrónico el principio del país de origen no se aplica a la propiedad intelectual e industrial, de conformidad con la legislación internacional vigente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Organización común del mercado vitivinícola
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede a examinar el informe (A4-0261/98) del Sr. P. Martin, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (CE) sobre la organización común del mercado vitivinícola (COM(98)0370 - C4-0497/98-98/0126(CNS)).

Martin, Phillipe-Armand
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la organización común del mercado vitivinícola es sin duda alguna la más compleja de todas las OCM, ya que, además de los aspectos relativos al control del viñedo y a las condiciones de producción de la uva, se incluye el conjunto de la reglamentación relativa a las prácticas enológicas, es decir, a la transformación del vino, así como la reglamentación sobre el etiquetado.
La propia estructura del texto de la OCM «vino» nos demuestra que el vino es un producto agrícola y no un producto industrial. En el tiempo que se me ha asignado no voy a presentar el conjunto de las 248 enmiendas que incluye mi informe como resultado de la votación en comisión de cerca de 600 enmiendas presentadas por el conjunto de los diputados. En este punto de mi presentación, desearía dar las gracias ante todo al conjunto de funcionarios de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a todos los compañeros que me han facilitado la tarea y me han permitido elaborar un informe coherente.
¿Cuáles son los principales ejes de mi informe? Primeramente, un número significativo de enmiendas se relacionan con el procedimiento de decisión. La Comisión, en su propuesta, quería tener todo el conjunto de los poderes de modificación de la reglamentación. En mi informe, pedimos el restablecimiento del procedimiento llamado del artículo 43, es decir, que el Consejo tome la decisión con arreglo a las propuestas de la Comisión y después de que el Parlamento Europeo haya expresado su opinión. Personalmente, pienso que este procedimiento, aunque pesado, permitirá preservar una reglamentación específica para el vino, favoreciendo su condición de producto agrícola. Ante el vino de los países terceros y ciertas veleidades que conocemos, el vino europeo debe conservar su condición de producto tradicional y de calidad. A este respecto, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó una enmienda que yo había puntualizado, en la que prohíbe la vinificación de mostos importados de países terceros. Si esta propuesta es aceptada por el Consejo, tal como la adoptamos, se preservará la imagen de calidad de los vinos europeos.
En el plano estructural, hemos adoptado en Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el principio del derecho al crecimiento, mediante un aumento del 3 % del viñedo, sin dejar de preservar la limitación de las plantaciones. Los viñedos que tengan un mercado en desarrollo podrán, por su parte, obtener otros derechos con la condición de que los Estados miembros y, llegado el caso, sus regiones, tengan un seguimiento real de sus derechos. Esta es la razón que nos hizo adoptar una enmienda específica, relativa al mantenimiento de la reglamentación sobre el registro vitícola informatizado.
La duración de vida de los derechos de plantación se prolongó con el fin de preservar el descanso necesario del suelo. Se adoptaron otras medidas estructurales relativas a la renovación y el rejuvenecimiento del viñedo. Incluimos medidas relativas al instrumento de vinificación. Efectivamente, si financiamos medidas que permitan mejorar la calidad de la uva, es necesario que se adapte el instrumento de vinificación para que el vino sea de calidad. Por último, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, preocupada por el porvenir de la profesión de viticultor, ha deseado que el conjunto de las medidas estructurales se dediquen prioritariamente a los jóvenes, ya sea en el curso de su instalación, o en el período de crecimiento de su explotación.
En el ámbito de la gestión de mercado, hemos deseado establecer una destilación para los alcoholes de boca, con la finalidad de que la viticultura europea pueda preservar este mercado que le es propio. Además, en relación con la destilación de excedentes, hemos adoptado una enmienda precisando que debe ser obligatoria y no facultativa, a condición de que se dirija únicamente a las regiones y únicamente a los productos excedentarios. Esta posición ha sido apoyada por razones presupuestarias y equitativas. En relación con las agrupaciones de productores, nuestra comisión modificó poco la propuesta de la Comisión. No obstante, suprimió las medidas relativas a la extensión de sus poderes y reservó únicamente a sus miembros las misiones que se les confieren.
En lo concerniente a las organizaciones interprofesionales que nosotros hemos llamado «organismos del sector» hemos modificado completamente la propuesta de la Comisión que nos parecía más adaptada al sector de las frutas y hortalizas. A solicitud mía y del Presidente de nuestra comisión, Sr. Colino Salamanca, la Dirección General de estudios del Parlamento Europeo llevó a cabo un estudio analizando el papel de los organismos del sector en el sector vitícola.
Quisiera saludar aquí el notable trabajo realizado bajo la batuta de los Sres. Ramsay y Angelidis, ya que éste nos ha permitido redactar un artículo 42 precisando el principio de delegación de competencias así como el papel de los organismos del sector. Pienso que la enmienda que hemos adoptado retoma los intereses de todos, es decir, los de los Estados miembros productores y de los Estados miembros no productores, sin dejar de preservar el conjunto de las normas relativas a la competencia y el mercado interior.
En relación con las prácticas enológicas, hemos adoptado, señor Presidente, enmiendas que permiten rehabilitar el conjunto de la legislación comunitaria actualmente en vigor. En nuestra comisión, desconfiamos de los reglamentos de aplicación que podrían ser demasiado laxistas. Por último, en relación con los controles, hemos querido establecer un cuerpo de control comunitario dotado de medios humanos suficientes y encargado de verificar si los controladores de los Estados miembros aplican de manera equitativa y armonizada la reglamentación comunitaria.
Para concluir con mi informe, señor Presidente, desearía precisar que, en mi calidad de ponente, daría una opinión positiva al conjunto de las enmiendas adoptadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con excepción, no obstante, de la enmienda 121 que es contradictoria con la enmienda 124. Pienso que es necesario preservar la producción de orujo, tales como el orujo de Borgoña o el orujo de Gewurztraminer. Esta es la razón por la que votaré en favor de la 124 y en contra de la 121. Algunos compañeros también han presentado enmiendas. Daré una opinión favorable a las que sean totalmente complementarias con mi informe, tal y como fue adoptado en comisión.
Esta es la razón por la que daré mi conformidad a algunas enmiendas, y especialmente a las enmiendas 250 y 251 del Sr. Arias Canete, a las enmiendas 256, 257, 259, 261 y 268 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, así como la enmienda 273 de los Grupos de Coalición Radical Europea y de los Verdes en el Parlamento Europeo y la enmienda 274 de los Grupos de Coalición Radical Europea y de los Independientes por la Europa de las Naciones. Seré desfavorable a la enmienda 249, ya que no podemos conocer la evolución del mercado del alcohol de boca. Asimismo, mi voto será desfavorable para las enmiendas 252, 253, 260, 262, 264, 265, 266, 267 y 269 que son contrarias, ya sea al principio del statu quo que adoptó nuestra comisión en términos de enriquecimiento y adición de azúcar al mosto antes de que fermente, o bien a una enmienda tal como fue adoptada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Görlach
Señor presidente, quisiera comenzar mi intervención dando las gracias al Sr. Martin. Merced a su espíritu de trabajo y su gran sentido del compromiso ha logrado un excelente compromiso entre las diferentes regiones europeas -algo que, evidentemente, también queda reflejado en el seno de nuestro Grupo-. Insisto, un excelente compromiso. Nada tiene que ver con esos compromisos precipitados a los que se llega cuando ya no se ve el final del túnel y lo único que se pretende es acabar con los problemas. ¡Éste ciertamente no es el caso! Muchas gracias, señor Martin.
Lo más importante es que al tratar la cuestión del sector vitivinícola en la Unión Europea no nos limitemos a enfocar el vino y las regiones de producción desde el punto de vista del producto final. Existe una diferencia abismal entre considerar el vino -ya sea directamente del barril, ya sea en botella- como producto sin más y considerarlo como parte integrante de una cultura, una región, un paisaje. Por eso mismo, estoy convencido de que merece la pena que Europa dedique la debida atención a su vino. Por lo que a este punto se refiere -hablo en nombre de mi Grupo, pero al mismo tiempo vengo de un país nórdico-quisiera manifestar mi gratitud hacia el Sr. Martin, porque ha sabido captar perfectamente las peculiaridades de las tradiciones vitivinícolas y los tratamientos enológicos que se han venido desarrollando a lo largo de los siglos y porque, gracias a sus propuestas, hemos podido relegar al pasado la lucha que durante mucho tiempo ha dividido a los países del norte, del sur y del centro de Europa. No obstante, seguirá habiendo problemas y surgirán nuevas dificultades. Así, por ejemplo, tendremos que instar a la Comisión a que vigile el problema de la cada vez mayor importación de mostos de uva concentrados rectificados en la Unión Europea.
Considero muy positivo que se preserve la flexibilidad en el ámbito de los nuevos derechos de plantación y que se haya podido alcanzar un compromiso justo en esta materia. Hasta el año 2010 se propone un incremento máximo de la superficie vitícola del 3 %. Mientras que a unos les parece poco, a otros les parece excesivo. La vía elegida en el ámbito de la destilación, que ya había sido iniciada por la Comisión, es la correcta. Insiste en que demos marcha atrás en lo que a la destilación obligatoria se refiere y que también a este respecto abramos un poco más el mercado, aunque debemos conservar dicho instrumento en el futuro para poder aplicarlo ahí donde ello sea necesario.
Valoramos muy favorablemente -tanto en cuanto a las propuestas de la Comisión como en lo que respecta a las propuestas discutidas y aprobadas en comisión- las imprescindibles medidas de apoyo a los jóvenes viticultores, uno de los objetivos prioritarios de la presente normativa. Todo lo que es importante en el ámbito de los jóvenes agricultores adquiere una relevancia aún mayor en el ámbito de los jóvenes viticultores. Quisiera dejar claro que el ponente gozará del pleno apoyo de mi Grupo a la hora de defender en comisión el compromiso alcanzado y controlar minuciosamente todas las enmiendas que puedan obstaculizarlo. Hay toda una serie de enmiendas que se enmarcan en la línea de dicho compromiso, pero también son muchas las que pueden socavarlo.
Nuestro Grupo lo apoyará con mucho gusto a fin de que esta larga colaboración en comisión con el Sr. Martin pueda verse coronada por una amplia mayoría en la votación del Pleno. De esta forma, respaldaríamos a la Comisión, y el Consejo dispondría por fin de una buena base para sus debates si hiciera suyo este excelente informe del Parlamento, puesto que ya han pasado más de tres años y aún no ha cumplido sus deberes.

Langen
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar agradeciendo al ponente y a sus colaboradores el excelente trabajo que han realizado. Con esta nueva propuesta de la Comisión iniciamos una vía distinta a la de 1994 y 1995. En aquel entonces, el Parlamento estaba dividido. Y aquella propuesta, señor Comisario Fischler, no era ni mucho menos tan buena como ésta. Algunos puntos del marco general han sido modificados, otros se han mantenido tal como estaban. En comparación con los años ochenta, los excedentes han disminuido. Desafortunadamente, el consumo per cápita ha bajado en los principales países productores, Italia y Francia. Como consecuencia de la ronda del GATT tenemos nuevos competidores en el ámbito de los vinos de calidad y por fin -y éste es el mayor logro que se ha conseguido bajo la dirección del Sr. Martin- hemos aceptado en este Parlamento las peculiaridades regionales del sector vitivinícola en el norte y el sur de Europa. Es éste el avance más importante que hemos logrado. Por todo ello, mi Grupo como tal, el Grupo del Partido Popular Europeo, no ha presentado enmiendas a la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ni a los compromisos del Sr. Martin.
Quisiera explicar brevemente el porqué de la ausencia de enmiendas. Creo que en el informe que tenemos delante hemos conseguido suavizar los puntos críticos de la anterior organización común del mercado vitivinícola. Fijémonos por ejemplo en el tema de la destilación. No ha sobrevivido la antigua norma de la destilación obligatoria. Es correcto optar por la voluntariedad. Por otra parte, también es positivo -y, por eso, hemos suscrito varios compromisos- que se garantice el abastecimiento del mercado de alcohol de boca con vino, por ejemplo en el caso del coñac, el brandy y otros productos regionales tradicionales.
En segundo lugar disponemos por primera vez de un marco jurídico apropiado para las organizaciones de productores e interprofesionales. A este respecto pretendemos simplificar la propuesta de la Comisión. Por esta razón, respaldamos la petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de crear un marco comunitario. Solamente hay un punto -todo nuestro Grupo está de acuerdo con ello- en relación con el cual nos distanciamos del compromiso. Se trata del primer guión de la enmienda nº 179. Señor ponente, hemos llegado al acuerdo de que el problema del envase obligatorio en la zona vitícola de origen, tal y como lo hemos venido debatiendo hasta ahora, se abordará en el marco del informe Lulling, no previamente, y que antes que nada vamos a esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia. Por lo tanto, votaremos contra el primer guión de la enmienda mencionada.
Para todos los demás aspectos hemos logrado compromisos sumamente sensatos, como por ejemplo el statu quo en el ámbito de la sacarosa o las soluciones propuestas para los tratamientos enológicos o la diversidad de las tradiciones. Estimo que, en general, podemos aprobar este proyecto de informe. Es la primera vez que el Parlamento tiene la oportunidad de hablar con una sola voz en esta materia tan polémica y de ejercer influencia sobre la Comisión y el Consejo de Ministros de Agricultura.
Aplausos

Vallvé
Señor Presidente, creo que hemos logrado esta vez una OCM positiva en un sector tan complicado como el vitivinícola. Creo también que la propuesta de la Comisión -válida- ha sido sustancialmente mejorada por el informe del Parlamento.
Nos encontramos con que la producción vitivinícola tiene lugar en unos territorios determinados en los que tradicionalmente se cultiva la vid, en los que difícilmente puede ser sustituida por otro tipo de producciones, con unos productores que llevan a cabo esta elaboración del vino y un consumo que durante muchos fue años tradicional y prácticamente el único consumo de bebidas alcohólicas de los ciudadanos pero que hoy, en la sociedad globalizada, ha cambiado absolutamente.
Esta OCM busca la regularización de la producción con el mercado y, en este sentido, me parece positivo. Me parece positiva la autorización de un pequeño incremento de nuevas plantaciones; me parecen positivas las medidas para la incorporación de nuevas personas, de jóvenes, en la producción de este producto tradicional.
No voy a abordar la cuestión de los sistemas de producción enológicos, que en algunos Estados tienen una tradición de muchos años. Cada lugar tiene su propia manera de elaborar el vino.
Creo que hay un aspecto fundamental en nuestra sociedad: el relativo a los consumidores. No es suficiente poner el vino a disposición del mercado. Es necesaria una comunicación, una investigación sobre los efectos positivos del vino y una educación para un consumo inteligente de este producto. El vino produce efectos beneficiosos en la salud y es un producto que debe ser considerado un producto alimentario. Vino y salud creo que es una buena definición, pero esto no puede sencillamente ser fruto de la tradición, sino que las asociaciones de productores deben llevar a cabo esta información a los consumidores.

Jové Peres
Señor Presidente, no es frecuente que este Parlamento aborde el mismo expediente dos veces en la misma legislatura. Afortunadamente, el escenario que rodea a la reforma de la organización común del mercado del vino en esta ocasión es radicalmente distinto al que existió al principio de esta legislatura.
La diferencia entre ambas ocasiones reside en la propuesta de la Comisión. La propuesta que examinamos a principios de la legislatura se basaba en la hipótesis de unos excedentes que yo llamaría apocalípticos.
Según la Comisión, este riesgo sólo podría ser conjurado mediante el recurso a arranques masivos de viñedo. Dicha propuesta tuvo la virtud de provocar la aparición de posiciones encontradas en el seno del Consejo de modo que el expediente quedó bloqueado.
Cinco años después, la situación es radicalmente distinta y lo es porque la propuesta de la Comisión es absolutamente diferente. La realidad es tozuda y, en cinco años, los temidos excedentes estructurales no han hecho aparición y, por lo tanto, las draconianas propuestas de la Comisión se han visto privadas de sentido. Por cierto, que este tipo de propuestas suelen ser frecuentes en la Comisión cuando abordamos reformas que afectan básicamente a los países del Sur.
Pero hoy lo fundamental es el rigor y la calidad exigible en los análisis de la Comisión como institución competente para la presentación de propuestas legislativas. Este aspecto cobra la máxima importancia cuando está en discusión el paquete de reformas agrícolas contenidas en la Agenda 2000 y, muchas veces, el problema no reside tan sólo en los análisis efectuados, sino en lo que no se dice o no se ha efectuado.
Yo espero que las propuestas de la Comisión no tengan hoy los efectos negativos que tuvo la reforma de 1992 en la desaparición de explotaciones y en la destrucción de empleo agrario.
En cuanto al informe del Sr. Martin, yo quiero reconocer el excelente trabajo realizado por el mismo. Su informe tiene la virtud de ser coherente y esto cobra importancia por haber gestionado correctamente un gran número de enmiendas. En cambio, me gustaría también señalar -con todo mi elogio y él lo sabe muy bien- un problema de fondo que sigue subsistiendo: se pretende seguir autorizando el enriquecimiento con sacarosa y podemos perder una oportunidad valiosa de sustituir la sacarosa por mostos concentrados. Esta sustitución permitiría respetar las prácticas enológicas tradicionales y permitiría producir vino a partir del viñedo.
Finalmente, señor Martin, le quiero recordar y agradecer vivamente un viaje que usted hizo a mi país, donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con las organizaciones agrarias, y yo, en estos momentos, quiero recordar esto y estarle vivamente agradecido. Pienso que, de alguna manera, aquel viaje fue útil.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, espero que no haya sido por influencia del vino por lo que haya surgido aquí un acuerdo tan amplio en todo este Parlamento. Pero si Dioniso nos ha ayudado a encontrar un punto de acuerdo, ¡tanto mejor! La verdad es que el informe de mi colega el Sr. Philippe-Armand Martin, al defender un status quo , consigue al mismo tiempo modernizarlo, adaptarlo, adaptarlo a las circunstancias nuevas de la mundialización del mercado, flexibilizarlo, liberarlo también de ese dirigismo un poco congénito que existe en la Comisión y responsabilizar simultáneamente a los Estados miembros, a las organizaciones de productores, a las comisiones vitivinícolas y, por último, a la producción y a los Gobiernos de los Estados miembros.
También ha tenido en cuenta la necesidad que tenemos de aumentar nuestra producción vinícola, en caso de que el mercado lo permita, pero al mismo tiempo responsabilizar a quien lo permita con una mayor coordinación en el nivel de los países miembros. Para eso, no me cabe la menor duda de que son necesarias medidas muy sencillas, tales como un catastro fiable, que no existe. Por otro lado, también es necesario impedir el fraude con el mosto concentrado y, por eso, en ciertas negociaciones con terceros países y debe haber poca tolerancia con el fraude que así se produce. En cuanto a la cuestión de la destilación obligatoria, es preciso dar mayor flexibilidad. Todo ello con una gran responsabilidad por parte de quienes, según el mercado, van a destilar o no. Pero que no sea una destilación obligatoria, sin cabeza, sin dirección. Otro imperativo importante es el de respetar las identidades enológicas, los métodos enológicos de las regiones, y no entrar en litigios que a nada conducen: confieso que ya estoy harto de litigios que, de hecho, no han mejorado el entendimiento entre los viticultores europeos.
También me parece importante -y confieso que Portugal es, en ese ámbito, extraordinariamente sensible- la cuestión del embotellamiento en origen, la cuestión de la responsabilización, la cuestión de los vinos de calidad, que, de hecho, son nombres muchas veces conocidos en el nivel mundial. Por eso, no estamos de acuerdo con las enmiendas núms. 171 y 179 y votaremos, al menos los que más próximos están a mí, contra ellas. Por lo demás, considero este informe extraordinariamente positivo, porque, sin caer en el consenso, hemos conseguido lograr buenos acuerdos. Y eso es lo que interesa: consenso es una forma previa de traición, acuerdo es la palabra que se da, es un contrato que a todos interesa.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, la reforma de la organización común del mercado vitivinícola es uno de los ámbitos en los que la UE debería erradicar la causa de los problemas en lugar de tomar medidas cuando el mal ya esté hecho. La destilación y la prima por arranque de las superficies plantadas no son sino típicas soluciones de emergencia. En principio deberían suprimirse, porque la destilación conduce a producciones masivas de vinos de baja calidad y la prima por arranque fomenta la sustitución de las zonas vitícolas de regiones problemáticas desde un punto de vista económico-laboral, pero significativas desde un punto de vista territorial, por una producción racional orientada a la exportación. La única forma de combatir la sobreproducción consiste en establecer nuevos criterios de calidad. Les advierto que aquí no sirve la tecnología de los genes.
Nuestro objetivo es conservar los paisajes histórico-culturales y garantizar que los viticultores tengan una renta apropiada. Pero a largo plazo todo gira en torno a la calidad. Me tomo muy en serio este tema porque creo que en la próxima ronda de la OMC sólo lograremos defender la viticultura europea si nos amparamos en argumentos ecológicos, sociales y de calidad, porque no cabe duda de que los norteamericanos pretenden eliminar nuestras denominaciones de origen para pasar a las marcas comerciales. Ello significa que Coca Cola podría comprar la marca Bordeaux para luego vender los vinos más baratos del mundo con este nombre. ¿Cómo vamos a admitir eso? Por tanto, necesitamos argumentos contundentes para demostrar que la denominación de origen implica más que alcohol, grados y color.
La única forma de dar cuerpo y peso al modelo agrícola comunitario que tantas protestas suscita pasa por inventariar las características regionales, sociales y ecológicas de cada vino para luego poder entablar unas negociaciones firmes sobre esta base. Respaldamos el informe de nuestro colega y exigimos calidad en vez de cantidad.

Chesa
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero agradecer vivamente a nuestro ponente, Philippe Martin, por la calidad de su informe que tiene en cuenta el conjunto de los viñedos europeos.
A principios de agosto, se entrevistó en mi presencia, en mi Ayuntamiento de Carcasona, con representantes de la viticultura y del sector comercial de la región «Languedoc-Roussillon». Fue una satisfacción comprobar que las principales reivindicaciones de nuestros profesionales habían sido retomadas tanto en el informe como en la votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones? En relación con el potencial vitícola, es necesario preservar el principio de la limitación de los derechos previendo un derecho al crecimiento del 3 % a corto plazo, con la posibilidad de reactualización en función de las necesidades del mercado después del inventario real de los derechos de plantación.
En relación con la mejora del viñedo, quiero precisar la importancia de este aspecto estructural. Siendo un cargo electo de la región vitícola europea más importante que ha experimentado una renovación considerable de su viñedo, puedo afirmarle, señor Comisario, que el porvenir de la viticultura ha de incluir la calidad.
Por ello, hemos pedido que el conjunto del aspecto «reconversión» esté abierto al rejuvenecimiento del viñedo y a los instrumentos de vinificación. Todas estas medidas estructurales, tanto a nivel del potencial vitícola como a nivel de la mejora del viñedo, deben orientarse prioritariamente hacia los jóvenes viticultores.
En relación con la gestión del mercado, es necesario mantener la obligación de la destilación de los subproductos, y hacerlo además de las derogaciones actuales. Los alcoholes así producidos han de poder ser orientados hacia el mercado del alcohol de boca, con el fin de disminuir el coste presupuestario de esta medida.
En cuanto a la destilación en tiempos de crisis, para ser eficaz, es necesario que siga siendo obligatoria únicamente en las regiones excedentarias.
En relación con la autorización del sector, es necesario reconocer la misión y las funciones de las agrupaciones de productores, y ello, sin que haya posibilidad de extensión de la norma. Por tanto, el informe, tal y como fue adoptado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, me conviene perfectamente.
En relación con las prácticas enológicas, es necesario prever una lista exhaustiva de las prácticas admitidas y preservar el propio principio del statu quo incluido para las ayudas al enriquecimiento mediante mostos concentrados.
Llamo especialmente su atención en la enmienda 274, relativa a las producciones de vino dulce natural. En relación con el etiquetado, también en este caso es necesario preservar una lista positiva de menciones obligatorias.
Por último, señor Presidente, en relación con el régimen de intercambio con terceros países, es preciso preservar la reglamentación actual precisando la prohibición de vinificar los mostos procedentes de terceros países. Si se suprime esta prohibición, tal como lo propone la Comisión, existe un riesgo de debilitamiento considerable de la imagen de los vinos producidos en la Unión Europea así como un descenso real de la calidad y ello, contrariamente a los objetivos perseguidos por la OCM.
Para concluir, quiero hablar del procedimiento propuesto por la Comisión tanto a nivel de la gestión de los derechos de plantación como a nivel del etiquetado de las prácticas enológicas y las medidas de gestión del mercado. Es necesario preservar, contrariamente a las propuestas de la Comisión, el procedimiento actual denominado «artículo 43».

Barthet-Mayer
Señor Presidente, deseo vivamente que el conjunto de los diputados voten en favor de lo esencial de las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, propuestas que son el resultado de un considerable trabajo de compromiso llevado a cabo en un espíritu de equidad, de realismo y apertura por parte de nuestro compañero, al que felicito.
Se trata esencialmente del mantenimiento del vino como producto agrícola con una definición reforzada, la prohibición de las importaciones de mostos procedentes de terceros países, la posibilidad de expansión de los viñedos en función de los mercados, el statu quo sobre las prácticas enológicas, el agregar azúcar al mosto antes de que fermente, la destilación en tiempos de crisis, obligatoria solamente en las regiones excedentarias. Visto que el texto no mencionaba directamente los vinos dulces naturales, presenté, conjuntamente con otros compañeros, la enmienda 274 para que se mencionara expresamente, lo que es indispensable para permanecer en nuestra lógica común de respeto de la diversidad de los productos tradicionales, soportes de la calidad y la especificidad de los vinos europeos.
Concluyo diciéndole, Sr. Martin, que me permitiré presentar dos o tres enmiendas, especialmente sobre las OGM, esperando que esta nueva formulación convenga al ponente y a los diputados en su conjunto.

Martinez
Señor Presidente, hace seis años que estamos en este expediente vitícola. Ello quiere decir cuán importante es, diría incluso doblemente importante. Importante, primeramente, porque nuestros viticultores son importantes: el 7 % del PIB agrícola en relación con el 2, 5 % solamente de gastos presupuestarios, lo que quiere decir que un viticultor hace ganar mucho y cuesta poco. Importante también para la economía en general, visto que la viticultura es una partida clave de nuestra balanza comercial. Por lo demás, sobre ese punto, la balanza comercial, señor Comisario, tengo miedo de que su proyecto nos ponga un poco en peligro.
El proyecto de la Comisión, ya se conoce. Por lo demás, se basa, como siempre en materia agrícola, en la mentira de la sobreproducción. En el horizonte del año 2000, habría habido, según usted, 180 millones de hectolitros de vino. Se consumen 150 millones. Por tanto, habría habido 30 millones de hectolitros de vino de sobreproducción. De ahí las medidas que propuso en 1993, la vendimia verde, las cuotas vitícolas, los excesos que conocemos.
Felizmente, hoy día, se sabe que 1998 fue un año equilibrado y usted moderó sus pretensiones. Por tanto, técnicamente, hubo cambios positivos. Sin embargo, creo que, bajo las apariencias, las perversiones filosóficas de su Comisión subsisten.
En primer lugar, los cambios positivos. Es verdad que del informe Sierra Bardaji, en 1993, al informe Fantuzzi en 1998, y ahora al informe Martin, se ha logrado a golpe de enmiendas -600- mejorar las cosas: enmiendas sobre la destilación ahora obligatoria, sobre los nuevos derechos de plantación al 3 %, sobre el rejuvenecimiento del viñedo, sobre el descanso sanitario de las tierras, sobre los alcoholes de boca, sobre las ayudas al mosto concentrado -y no sencillamente para la región CIII, lo que inquietada a mis viticultores del Languedoc-Roussillon y a los de Raymond Chesa- enmiendas también sobre los controladores, puesto que no se tenían sino dos inspectores para toda Europa, e incluso quizás también sobre las organizaciones interprofesionales que remontan al Mariscal Pétain y que cuentan con el apoyo de la izquierda. Pero allí no está lo esencial. Quizás también se han hecho progresos en la guerra de religión de agregar azúcar al mosto.
No obstante, tengo miedo de que bajo las melosas concesiones técnicas se escondan las amargas desviaciones filosóficas. Las desviaciones filosóficas, las perversiones filosóficas, veo cuatro: el malthusianismo, el integrismo, el mundialismo y la deshumanización. Ante todo, el malthusianismo. Al igual que con la carne, los cereales, la leche, e incluso con el carbón y el acero no se tiene, cada vez, sino un solo instrumento de gestión: la amputación de la oferta. Jamás se plantea el desarrollo de la demanda. Es verdad que hay que preparar la apertura vitícola al Este, la llegada del viñedo húngaro, rumano, búlgaro e incluso la Organización Mundial del Comercio para el año 2000, con nuestros amigos australianos, californianos y de Sudáfrica.
El integrismo, es el integrismo fiscal antivino de la Europa del norte, con 3 euros de derecho de impuestos al consumo por litro de vino en Dinamarca o en Gran Bretaña. Es el integrismo sanitario de Suecia o Finlandia, laxista para la jeringa, pero puritana para la botella, cuando el vino es, sin embargo, un producto para la salud, con efectos cardiovasculares positivos, sin hablar de los efectos mentales que bien habrían podido probar los hooligans del Heisel, los que se encontraban, por su parte, bajo los efectos de la cerveza.
El mundialismo, son seis millones de hectolitros de importación, un décimo de euro de derecho de aduana y los famosos mostos concentrados procedentes de terceros países que se prepara usted a autorizar. Felizmente, la Comisión ha podido resistir. Por lo demás, ya no quedaba sino autorizar los vinos a granel y no el embotellado en la región de explotación para que el mundialismo fuera perfecto, lo que me lleva a la cuarta y última desviación, la deshumanización, que querría que el vino fuera un producto industrial y no un producto agrícola. Y ese es el conflicto entre la Europa del norte, la civilización de la cerveza, y la Europa del vino, y tengo miedo del equilibrio en el Consejo de Ministros. Sin embargo, recuerdo a nuestros compañeros que si hubiera habido viñas en Arabia Saudí, este hecho hubiera cambiado la cara estratégica del mundo. Me temo que hay allí una complicidad entre el integrismo del Norte y el integrismo del Sur. En ambos casos, no consumen vino.

El Presidente
Aplazamos el debate y pasamos al turno de preguntas. El debate se reanudará a las 21 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0020/99). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

El Presidente

Pregunta nº 38 formulada por Paul Rübig (H-1252/98): Asunto: Paso al euro en los libros de texto
La introducción sin problemas de la moneda común y su aceptación por los ciudadanos europeos dependerá también en muy gran medida de lo rápida y completa que sea la información que se ofrezca en el ámbito de la enseñanza. Debe prestarse naturalmente una atención particular a aquellos tipos de escuelas y asignaturas en los que en general se estudian intensivamente las cuestiones monetarias como son las escuelas de comercio y la contabilidad o la facturación.
¿Podría indicar la Comisión cuál es actualmente el estado de avance del paso al euro en el ámbito de la enseñanza y, en particular, en lo que respecta a la remodelación de los libros de texto y de los medios docentes?
Doy la bienvenida a la Sra. Cresson y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. Tiene usted la palabra, señora Cresson.

Cresson
La Comisión es consciente del aspecto tan importante que representa para el sector de la enseñanza el paso al euro. Para favorecer la adaptación de los padres a la moneda única, sus hijos desempeñarán un papel de esencial importancia. Sin dejar de respetar la competencia exclusiva de los Estados miembros en este sector, la Comisión financia, en el marco del programa SOCRATES, varios proyectos que contribuyen a difundir en el medio escolar informaciones relativas al euro y a integrar este tema en la distintas disciplinas escolares.
Merecen mencionarse aquí varias medidas. Se ha establecido un grupo de trabajo denominado «Educación para el euro». Reúne representantes de los ministros de la Educación y de las agencias nacionales del programa SOCRATES. Los programas de este grupo versan sobre la promoción de iniciativas con carácter pedagógico sobre el euro y el intercambio de informaciones y de buenas prácticas en este ámbito.
Los trabajos de este grupo han llevado especialmente al establecimiento de un recuento de las iniciativas e instrumentos pedagógicos sobre el euro, tanto a escala nacional como comunitaria, accesible por Internet en la página del servidor EUROPA titulada «El euro en la escuela». Se está elaborando un manual describiendo las iniciativas de los Estados miembros en este campo, especialmente en lo relativo a la formación de los docentes y la adaptación de los programas y manuales escolares. Este documento también estará disponible en Internet y será difundido entre los agentes interesados.

Rübig
Señora Comisaria, quisiera hacerle la siguiente pregunta complementaria. En el momento en que dicho documento se ofrezca en Internet y se disponga asimismo de contenidos multimedia ¿considera la posibilidad de invitar a la gente a que se familiarice con esta temática a través de un learning entertainment o learning adventure , porque al fin y al cabo también se trata de que los padres de los niños se den cuenta de las posibilidades que todo ello ofrece para el futuro?
Por lo que a los programas de investigación se refiere, me gustaría saber si se han desarrollado programas que estudian cuál es la mejor manera de introducir el euro y cuáles son los problemas que pueden acompañar a dicha introducción a fin de paliarlos facilitando información previa con la debida antelación.

Cresson
Esta actividad o esta acción no concierne directamente el sector de la investigación, sino más bien al de la educación, y como ya lo señalé, vamos efectivamente a divulgar en Internet las informaciones adaptadas a un público escolar y, por tanto, se presentarán de la manera más atractiva posible. De ninguna manera se excluye que pueda innovarse en materia de programas informáticos y juegos educativos.
Por lo demás, quisiera señalar que cada año llevamos a cabo una acción en lo relativo a la difusión de Internet y los multimedia durante la semana llamada los net days . Asimismo, durante la próxima semana de net days , que tendrá lugar al inicio del próximo curso académico, recomendaré la introducción del euro en los intercambios que tienen lugar entre las escuelas europeas, de manera que este tema, de verdadera actualidad, pueda figurar en los programas que se establecerán en esa ocasión.
Por otra parte, pienso que una sensibilización de los docentes es totalmente indispensable. Se inició ya hace tres años, a iniciativa mía en lo relativo al uso de los multimedia y de Internet. No obstante, cuando sea necesario tratar con mayor precisión el tema del euro, podrá llevarse efectivamente a cabo una acción dirigida a los docentes. Eso es lo que puedo decirles acerca de este tipo de actividad.
En lo relativo a la investigación, a solicitud y sugerencia mía, la arquitectura del Quinto Programa Marco de investigación ha sido modificada de manera sumamente sustancial en relación con el Cuarto Programa Marco y el segundo capítulo se refiere, como los principales capítulos de este Quinto Programa Marco, a las tecnologías de la información. En el interior de las tecnologías de la información hay, como en los demás capítulos del programa marco, varias acciones clave, es decir, acciones horizontales que se ocupan a la vez de las disciplinas de las ciencias puras, pero también de las ciencias humanas. En lo relativo al tema de los programas informáticos educativos y los multimedia, también sería muy útil introducir los incentivos y las licitaciones que hacen referencia al euro, de manera que tengamos respuestas a nuestras propuestas y podamos retener algunas, si son buenas, para poder difundirlas.

El Presidente

Pregunta nº 39 formulada por Richard Stuart Howitt (H-0094/99): Asunto: Las tasas de transferencia bancaria internacional y el mercado único en los servicios financieros
¿Comparte la Comisión el parecer del Sr. Vaughan, de Rochford, mi circunscripción electoral, en el sentido de que no es razonable que los bancos del Reino Unido cobren 20 libras esterlinas por una transferencia directa a un banco de otro país de la UE cuando el banco ABN/AMRQ, de los Países Bajos, ejecuta la misma operación por sólo 15 florines (equivalentes a 6, 50 libras esterlinas)? En una Unión en la que tratamos de suprimir los obstáculos al comercio y a la libre circulación del trabajo, ¿no se contradicen estos elevados costes de transferencia de dinero de un Estado miembro a otro con los principios de la Comisión, y no desalientan activamente a los ciudadanos que se propongan emprender actividades laborales o de negocio en otros países? ¿Puede examinar la Comisión si los bancos del Reino Unido incurren de esta manera en un comportamiento contrario a las reglas de competencia y quebrantan el artículo 85 del Tratado, o si la práctica mencionada constituye una violación de los principios del mercado único en el ámbito de los servicios financieros?
Doy la bienvenida al Sr. Van Miert y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Howitt. Tiene usted la palabra, señor Van Miert.

Van Miert
El distinguido diputado ha preguntado en primer lugar si la cuantía de las comisiones cargadas por bancos británicos por las transferencias de fondos internacionales dentro de la Unión Europea podría constituir una infracción del artículo 85 del Tratado de Roma. Ese famoso artículo proscribe todo acuerdo o práctica concertada entre empresas en la medida en que posea efectos restrictivos para la competencia y afecten al mercado entre Estados miembros. Mientras la determinación de los precios sea resultado de una decisión independiente y no coordinada de un banco determinado no hay infracción del artículo 85, pero si la situación es diferente es muy posible que entonces nos enfrentemos con un verdadero problema.
En segundo lugar, el distinguido diputado ha preguntado si la cuantía de las comisiones mencionadas constituye una infracción del mercado único de servicios financieros. En su comunicación de 1992 sobre la posibilidad de facilitar los pagos transfronterizos, la Comisión exponía su opinión de que la totalidad de los beneficios del mercado único y de la Unión Económica y Monetaria sólo se podría conseguir si las empresas y las personas podían transferir dinero de una parte de la Comunidad a otra con la rapidez, la fiabilidad y la baratura que caracterizan actualmente a las transferencias en la mayor parte de los Estados miembros.
La Comisión sigue sustentando esa opinión. Ahora bien, en el Tratado no hay base jurídica para utilizar la legislación a fin de eliminar los costos más elevados que han de abonar los usuarios que efectúan transferencias transfronterizas, en comparación con las transferencias en el marco del país.
Indirectamente la Comisión ha ejercido presión respecto de los sistemas de pagos y bancarios afectados, notablemente al proponer una directiva sobre transferencias transfronterizas. Esa directiva ha sido adoptada y va a entrar en vigor el 14 de agosto de 1999. En ella se anima a los bancos a revisar sus sistemas y a hacerlos más eficientes para poder cumplir los requisitos de la directiva, especialmente en materia de transparencia, plazos de tiempo garantizados para las transferencias y garantía de reembolso del dinero para los que lo han enviado. Hay ya pruebas de que algunos bancos han reducido sus comisiones en estos cinco últimos años, desde que la propuesta apareció en el orden del día de la Comisión. Ahora bien, la política de precios es, en última instancia, de la incumbencia de los que prestan los servicios de que se trate, tanto si las transferencias tienen lugar dentro de un país como si son entre países.
Por último, en el Libro Verde sobre la introducción de la moneda única, la Comisión renovó su llamamiento a los bancos para que considerasen a la introducción del euro como una oportunidad única de prever una zona única de pagos, al menos por lo que se refiere a los pagos en euros. La Comisión está revisando actualmente su política en materia de pagos transfronterizos al por menor a fin de ocuparse, entre otras cuestiones, del problema de lo que siguen siendo precios excesivamente elevados.
No hace falta decir que la situación actual no es satisfactoria, pero pueden confiar ustedes en que la Comisión seguirá esforzándose por remediarla.

Howitt
Doy gracias al Comisario por su respuesta, realmente detallada, y por coincidir conmigo en que la situación es insatisfactoria. ¿Va a explayarse el Comisario y decir que el estudio de 1992 indicó que la mayor parte de los Estados miembros -la mayor parte, no todos- tienen sistemas de pago que son eficientes y baratos? ¿Acaso el estudio hecho por una persona de mi circunscripción, el Sr. Vaughan -que ha demostrado que los bancos británicos cargan hasta tres veces más que sus homólogos neerlandeses-, no demuestra que el problema que tenemos en Gran Bretaña es muy particular? ¿Se compromete usted concretamente a ocuparse del problema?
Cuando dice usted que seguirá promoviendo los esfuerzos voluntarios no dice si tendrá en cuenta los compromisos contraídos por sus propio colega, el Comisario Monti, que cuando se reunió con la Federación Bancaria Europea el 29 de enero dijo lo siguiente: «Tengo la intención de examinar en una comunicación lo que queda por hacer para mejorar el funcionamiento del sistema de pagos al por menor en el mercado único». De manera análoga, el Comisario de Silguy formuló una advertencia el 7 de mayo de 1988 dirigida a las instituciones financieras europeas en las que les instaba a ocuparse de nuevo de esta cuestión. ¿Va a haber nuevas iniciativas, o vamos a seguir como hasta ahora?

Van Miert
Por lo que se refiere a la última parte de la pregunta, la respuesta es afirmativa, pero déjennos que utilicemos los instrumentos de la mejor manera que podamos y de conformidad con lo prescrito. No debe haber duda alguna acerca de la determinación que tenemos de obrar de esa manera a todos los respectos. En cuanto a lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, lo que procede es formulársela a las autoridades británicas para enterarse de lo que está sucediendo en Gran Bretaña. En la medida en que pueda afectar a la Comisión Europea, aunque sea en su calidad de autoridad en materia de competencia, es evidente que estamos dispuestos a ocuparnos de la cuestión.

McIntosh
Quisiera agradecer al Comisario su visita de esta tarde al Parlamento. Me gustaría que me dijera si no está de acuerdo conmigo en que, en realidad, es muy difícil velar por la transparencia del costo de las transferencias mientras el euro no se utilice en todos los Estados miembros. Quizá esté también de acuerdo conmigo en que las posibilidades de elección son escasas en el Reino Unido si se desea buscar intermediarios financieros para ingresar en el mercado de capitales de riesgo, particularmente en el caso de las empresas pequeñas y medianas. Me preocupa mucho, y quiero que así conste en acta, que para tener acceso a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones no haya más que un sólo intermediario en el Reino Unido. ¿Hay algo que el Comisario o las autoridades británicas puedan hacer para estimular la competencia en esta esfera?

Van Miert
Por lo que se refiere a los intermediarios, si pudiera darme usted más detalles no hay duda de que nos ocuparíamos de la cuestión. Es algo que se relaciona con la responsabilidad de mi colega, Mario Monti, pero diré una vez más que somos muy receptivos a la cuestión y que estudiaremos cualquier dato que pueda usted facilitarnos.
En cuanto al resto de la pregunta diré que me sorprende realmente que haya tan grandes diferencias entre las comisiones por las transferencias que se siguen cargando en Gran Bretaña y en algunos otros países europeos. Tiene que haber una explicación para ello aunque, por lo que veo, será muy difícil dar una explicación satisfactoria. No cabe duda de que hay que hacer algo. Como ya he indicado anteriormente, la situación justificaría que las autoridades británicas tomaran medidas sobre el particular o estudiaran lo que está sucediendo realmente. Sea como fuere, no hay duda de que, desde nuestro punto de vista, la situación actual es muy insatisfactoria.

El Presidente

Pregunta nº 40 formulada por Willy C.E.H. De Clercq (H-0091/99): Asunto: Grandes diferencias nacionales respecto a la autorización, procedimiento de autorización, calificación y control de los medicamentos
Respecto a los medicamentos, parece que la realización del mercado interior está todavía lejos. Las empresas encuentran dificultades para la autorización de nuevos medicamentos en los distintos Estados miembros, debido a las diferencias en cuanto a autorización, procedimientos y calificaciones de lo que se considera o no como medicamento.
Esta situación no afecta sólo a las empresas, sino también a los consumidores. Los pacientes pueden utilizar un medicamento en un Estado miembro, pero no en otro. Además, las diferencias de controles en los Estados miembros provocan a menudo una inseguridad jurídica y una protección insuficiente. Con ello tampoco se garantiza plenamente la seguridad para los pacientes.
¿Puede indicar la Comisión cuál es el estado de la cuestión respecto a la realización de un mercado uniforme y armonizado para los productos farmacéuticos en la UE, y qué medidas se propone adoptar a corto plazo?
Damos la bienvenida al Sr. Papoutsis y le invito a que responda a la pregunta del Sr De Clercq. Tiene usted la palabra, señor Comisario.

Papoutsis
Señor Presidente, el avance del mercado interior en lo relativo a los medicamentos es considerable. La imagen descrita por el honorable miembro del Parlamento, el Sr. De Clercq, se corresponde en realidad a la situación que reinaba hace algunos años. Sin embargo, desde 1995 en adelante, es cierto que se han dado pasos importantes en el mercado interior. La armonización técnica casi se ha completado. Básicamente, la obra realizada en dicho sector sigue tres ejes estratégicos: El desarrollo de un procedimiento europeo para la concesión de permisos de circulación, el desarrollo de una protección de alto nivel de la propiedad intelectual y el desarrollo del propio mercado farmacéutico.
En lo que se refiere ahora a los permisos de circulación de medicamentos, en 1995 se adoptaron dos nuevos procedimientos comunitarios que hoy permiten el rápido acceso a todo el mercado europeo con un único procedimiento basado en la evaluación central común por parte del Organismo para la Evaluación del Medicamento, que tiene como resultado la emisión de un único permiso de circulación concedido por la Comisión Europea, y en el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, que da lugar en una serie de permisos nacionales de circulación armonizados.
En lo relativo a la propiedad intelectual, debo decir que Europa ya dispone, a través de la legislación aprobada por los órganos comunitarios, de disposiciones más que suficientes a nivel mundial en lo que a productos farmacéuticos se refiere. La legislación aprobada en 1998 por los órganos comunitarios estableció la oportunidad de consolidar las innovaciones en dicho sector de la biotecnología mediante patentes, poniendo fin a un asunto pendiente de vital importancia en dicho sector. El Procedimiento de concesión de permisos de circulación protege los datos utilizados en las peticiones de concesión durante seis años y, de forma más general, durante diez.
La tercera parte de la estrategia para el desarrollo del mercado interior en lo que a productos farmacéuticos se refiere es el desarrollo del propio mercado único y, más especialmente, el desarrollo de los principios de libre circulación y de la competencia en el marco de la regulación económica de dicho sector, en el que los productos se someten a fuertes controles en materia de fijación de precios y devolución. En mayo de 1998, el Consejo de Mercado Interior aprobó las conclusiones para el desarrollo de un mercado único de productos farmacéuticos. El noviembre pasado, la Comisión emitió una comunicación en la que se intenta revisar el avance registrado hasta el momento en lo referente a la construcción de un mercado interior para los productos farmacéuticos.
Naturalmente, Señor Presiente, el honorable parlamentario, Sr, De Clercq, plantea un interrogante en lo relativo a la existencia, en el futuro cercano, de ciertos proyectos sobre la mejora del funcionamiento del mercado interior. Y aquí quiero asegurarles que la Comisión presenta propuestas en el sector de los denominados «medicamentos huérfanos», es decir, de los medicamentos destinados a enfermedades poco frecuentes, así como para la demarcación reglamentaria del sector farmacéutico. La finalidad es, precisamente, mejorar el acceso de los enfermos a medicamentos de calidad y mejorar la competitividad de la industria farmacéutica.

De Clercq
Agradezco esa respuesta, lo verificaré con aquéllos que me han pedido que efectuara la pregunta.

El Presidente

Pregunta nº 41 formulada por Ludivina García Arias (H-0080/99): Asunto: Neutralidad del Director General de Energía de la Comisión Europea
¿No cree la Comisión que, en vista de las declaraciones realizadas con motivo del debate de la Fundación Europea de la Energía sobre «La Aplicación de la Directiva eléctrica en España», que si el Director General de Energía de la Comisión Europea, de nacionalidad española, ha intervenido en los documentos que concretan e interpretan el artículo 24 de la Directiva 96/92 CE sobre los regímenes transitorios a la competencia, se pueden plantear serias dudas sobre su neutralidad en el tema de la legalidad de la titulización de los Costes de Transición a la Competencia del sector eléctrico español?
Señor Papoutsis, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. García Arias.

Papoutsis
Señor Presidente, en respuesta a la pregunta planteada por el honorable miembro del Parlamento, la señora Ludivina García Arias, la Comisión Europea desea aclarar que el Director General de Energía nos aseguró que las publicaciones relativas a las declaraciones que realizó en el marco de una reunión organizada por la Fundación Europea de la Energía con representantes de la industria no se corresponden con el contenido de sus discursos. Por consiguiente, la Comisión Europea considera que no se pone en duda la neutralidad del Director General de Energía.
En lo referente a lo esencial del tema, lo esencial de la pregunta formulada por la señora García, la Comisión Europea desearía señalar que:
Primero, el coste de la transición a la competencia, en España y también en otros Estados miembros que han declarado gastos al respecto, constituye hoy objeto de análisis por parte de los servicios de la Comisión de conformidad con el artículo 24 de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica.-Segundo, aclaramos que, hasta ahora, la Comisión no ha adoptado ninguna posición oficial en cuanto a la naturaleza de los gastos controvertidos en lo relativo a las probables desviaciones del artículo 24 de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica y las posibles ayudas estatales.-Tercero, Europa debe, de conformidad con lo dispuesto en la directiva y sobre la base de una decisión expresa de los Estados miembros, realizar los análisis correspondientes observando de forma estricta el principio de la confidencialidad.El procedimiento de trasposición de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica en España se ha desarrollado hasta hoy a un nivel satisfactorio; El grado de apertura del mercado, el número de los clientes a elegir, la creación de un gestor del mercado y de un gestor de la red independiente, así como la orden relativa a la producción paralela de fuentes renovables de energía. Las declaraciones efectuadas por el Director General de Energía a las que se refería la honorable señora parlamentaria deben interpretarse en dicho marco.

García Arias
Señor Comisario, en cuanto a la primera parte de su respuesta, me temo que no se ajusta a lo que realmente sucedió. Yo misma estaba en la cena de la Fundación Europea de la Energía, junto con otros periodistas y, por el tenor de algunas de las cosas que allí se dijeron, yo salí con la idea de que estaba, como española, cometiendo un delito de lesa patria. Pero la presencia de otros periodistas avala lo que efectivamente se ha sabido y yo -que estaba presente- lo suscribo.
En segundo lugar, esto me lleva a tener serias dudas sobre la neutralidad, ecuanimidad y objetividad en el tratamiento de este expediente por parte del Director General de la Energía, puesto que en esta reunión avaló, con su presencia y con su intervención, la legalidad de los costes de transición a la competencia españoles. Pero le hago una pregunta concreta en vista de que el tema de la titularización no ha motivado posiciones unánimes en España. Al contrario, hay una gran discusión al respecto, hay un recurso de anticonstitucionalidad y recursos de las asociaciones de consumidores para garantizar que este procedimiento se haga de forma objetiva. ¿Estaría dispuesto el señor Comisario a dar audiencia a todas esas partes de los consumidores y de los partidos políticos en España que son contrarios al procedimiento elegido para estas ayudas?

Papoutsis
Señor Presidente, yo también desearía insistir en eso. El coste de la transición a la competencia es un tema que los servicios de la Comisión Europea realmente examinan en condiciones de total confidencialidad y, en ningún caso, desearía, ni yo ni nadie en la Comisión Europea, prejuzgar dicho resultado, respetando lo dispuesto en el Tratado, que insiste precisamente en la confidencialidad de dicho procedimiento.
Por esa razón realizaremos todos los esfuerzos para lograr la estimación más objetiva, neutral y real del caso concreto. En dicha marcha, todos tenemos la obligación, también, naturalmente, los Comisarios, los Directores Generales y todos cuadros de la Comisión Europea, de mantener el régimen de neutralidad y objetividad en lo relativo a la estimación de los diferentes asuntos. Desearía asegurar a todos los partidos políticos de España que, de cualquier forma, la Comisión Europea se moverá en esa dirección.

Estevan Bolea
Los costes de transición a la competencia no procederán de los presupuestos públicos. Los pagarán los consumidores y serán una parte más del coste del kw/h.
Mi pregunta tiene que ver con la naturaleza de los costes, pero quiero decirle que, al hilo de lo que ha dicho la Sra. García Arias, yo también estuve en esa cena y estoy completamente de acuerdo con usted, con la neutralidad del Director General. Es muy normal que altos funcionarios de la Comisión vayan a cenas: ¡faltaría más que ustedes no les permitieran ir! Nosotros queremos escucharles. Y también estoy convencida de que ustedes trabajan con prudencia y con confidencialidad.
Pero mi pregunta es ¿son estos costes de que hablamos ayudas públicas? ¿O es un coste más del kw/h que se internaliza como otro cualquiera, puesto que deriva de inversiones que se hicieron para garantizar potencia, para garantizar los suministros en unos mercados muy regulados, muy intervenidos?

Papoutsis
Señor Presidente, desearía asegurarles que el gobierno español, tras los contactos mantenidos con la Comisión Europea, tanto conmigo como con mi colega Van Miert, admite que investigue el caso español, permitiendo así a nuestros servicios el examen de que dichos costes, adecuados según las autoridades, son realmente gastos relacionados con obligaciones de los servicios públicos impuestos mucho antes por las autoridades públicas a sus empresas y que, ahora, en el proceso de liberalización, corren el riesgo de generar pérdidas a las empresas interesadas.
Ese es justamente el marco en el que se encuadra el tema. Sin embargo, por ahora, no puedo decir más y, en ningún caso, puedo prejuzgar la conclusión a la que llegarán nuestros servicios. Pero lo que sí puedo asegurarles -una vez más- es que nuestros servicios serán, en su proceso de valoración, totalmente neutrales, estimando única y exclusivamente los datos objetivos. Y querría, además, asegurarles que dicho procedimiento, debido a que ya se integra en el funcionamiento del mercado interior de la energía, deberá constituir una prueba para la fiabilidad del sistema. Y por eso la Comisión tiene una razón adicional para insistir en la objetividad de dicho procedimiento.

Pérez Royo
Si los llamados costes de transición a la competencia son costes reales y se incluirán en el recibo de la luz o, por el contrario, serán considerados ayudas de Estado es algo que tendrá que examinar la Comisión. Y aprovecho la ocasión para decir que antes de que este debate se planteara, el Gobierno se había negado a plantear el tema ante la Comisión.
En segundo lugar, he formulado una pregunta similar a la de la Sra. García Arias en relación con la actitud del Sr. Benavides, que considero francamente inadmisible. Me considero afectado. El Sr. Benavides habló de exhibicionismo político en una referencia que no podía entenderse más que como referencia o a diputados del Parlamento español o a diputados de este Parlamento, referencia que considero francamente inadmisible.
Y aprovecho esta ocasión para indicar lo siguiente al Sr. Papoutsis: dentro de poco tiempo la cuestión de la energía -y esta cuestión en concreto- estará dentro del ámbito de competencias de la Comisión, al ponerse en marcha el mercado único de la energía. En relación con esto quiero llamar la atención sobre el hecho de que a mi juicio -a nuestro juicio- el Sr. Benavides ha perdido la imparcialidad objetiva indispensable para tratar de un asunto de esta naturaleza.

Papoutsis
Señor Presidente, desearía asegurar una vez más al honorable señor parlamentario, así como al Parlamento, que, tanto yo personalmente, como mis servicios en la Comisión Europea realizaremos todos los esfuerzos posibles para garantizar que la aplicación de la directiva sobre la liberalización del mercado interior de la electricidad se realice de la forma más neutral y objetiva. Y repito que es un tema que afecta a la propia fiabilidad del funcionamiento del sistema del mercado interior y a las responsabilidades asumidas por la Comisión Europea sobre la aplicación de dicha directiva. Sobre esa base, pues, desearía pedirles por favor que valoraran la respuesta que les he dado anteriormente relativa al Director General de Energía.
Señor Presidente, de acuerdo con las disposiciones del Parlamento que rigen el funcionamiento del mismo, el señor parlamentario recibirá por escrito la misma respuesta que he dado a la señora García Arias, según prevé el reglamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Papoutsis. Le agradecemos sus respuestas y su presencia.

El Presidente

Pregunta nº 42 formulada por Jan Andersson (H-0020/99): Asunto: Condiciones para la participación de Suecia en la moneda común
Con la introducción del euro al iniciarse el año, el debate sobre la eventual participación de Suecia en la moneda común cobró un nuevo impulso. Uno de los principales temas de debate se refiere al posible momento de una eventual adhesión. En este sentido, es importante clarificar las condiciones formales para la adhesión al euro.
¿Puede clarificar la Comisión la manera en que debe interpretarse la condición de tiempo de participación en el MTC? ¿Esta condición de tiempo de participación en el MTC es una exigencia irreversible y absoluta o existen circunstancias que puedan permitir la entrada de Suecia en el euro antes de la fecha que implicaría la aplicación de las condiciones de tiempo de participación en el MTC?
Señor de Silguy, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andersson.

de Silguy
Para responder al Sr. Andersson, quisiera hacer un primer comentario, a saber, que el Tratado no prevé ninguna condición de tiempo para la entrada de un Estado miembro en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Le recuerdo que de conformidad con el artículo 109 K.2, que precisa el procedimiento de entrada en la UEM para los países que, en el momento actual, no pertenecen a ella, la Comisión y el Banco Central Europeo presentan un informe al Consejo, por lo menos, una vez cada dos años, o bien a la solicitud del Estado miembro interesado.
Por tanto, para entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es preciso haber alcanzado un elevado grado de convergencia durable. Es el Tratado. Para ello, la Comisión examina los siguientes criterios: realización de un elevado grado de estabilidad de los precios, carácter sostenible de la situación de las finanzas públicas, trátese de los déficit o de la deuda, respecto de los márgenes de fluctuación normales previstos por el mecanismo de cambio del sistema monetario europeo durante, por lo menos, dos años. El carácter durable de la convergencia que ha alcanzado el Estado miembro y su participación en los mecanismos de cambio del sistema monetario europeo se reflejan, por lo demás, en el nivel de los tipos de interés a largo plazo.
En relación con Suecia, la Comisión consideró, en su informe del 25 de marzo de 1998, que este país no cumplía con las condiciones necesarias para la adopción de una moneda común. Efectivamente, primeramente, en Suecia, la legislación nacional, incluidos los estatutos del Banco Central nacional, no eran compatibles con los artículos 107 y 108 del Tratado ni con el estatuto del sistema europeo de los bancos centrales. Por otra parte, Suecia no cumplía el criterio relativo a la estabilidad de los cambios. La corona sueca nunca ha participado en el mecanismo de cambio y, además, en el curso de los dos años examinados por la Comisión, 1996 y 1997, la corona sueca ha fluctuado en relación con las monedas que participan en el mecanismo de cambio, reflejando, entre otros aspectos, la inexistencia de un objetivo en relación con los tipos de interés.
En relación con el criterio de estabilidad de los cambios previstos en el tercer inciso del artículo 109 J.1 del tratado, la Comisión consideró en su informe del mes de marzo del año pasado que, para las monedas finlandesas e italianas, aunque sólo hayan entrado en el mecanismo de cambio en octubre de 1996 y noviembre de 1996, respectivamente, éstas, es decir las monedas finlandesas e italianas habían, cito, demostrado una estabilidad suficiente en el curso de los dos años anteriores.
Para concluir, diría que no hay condiciones de plazo y recordaré que las condiciones de entrada, para los Estados que hoy día se encuentran «previamente dentro» son las mismas que para los Estados que participan actualmente en la Unión Económica y Monetaria.

Andersson
Quisiera empezar dando las gracias al Comisario por su respuesta. El motivo por el cual he formulado esta pregunta es porque la principal razón de Suecia para no participar en la unión monetaria ha sido la situación de la opinión pública. Puedo decirles que esta opinión ha cambiado drásticamente en Suecia. Según las últimas encuestas de opinión, una gran mayoría de los suecos está hoy en favor del euro y de la participación en la moneda común. Esto implica también que en los próximos años, o quizá un poco más adelante, puede haber una decisión de Suecia, mediante plebiscito, para participar en la unión monetaria. Por este motivo quiero dar las gracias porque los plazos no sean tan rígidos. En el parlamento sueco se adoptó el año pasado una decisión acerca de la posición del banco central. Además, creo que podemos esperar un período de mayor estabilidad.
Por eso formulo una vez más la pregunta al Comisario. El objetivo principal tiene que ser, en cualquier caso, la economía sueca y su capacidad para «estar a la altura» del grupo en cuanto a inflación, rentas, etcétera. Esto se ve relativamente bien.

de Silguy
Ya he tenido ocasión de expresarme sobre este tema y recordar que sólo hay dos países que se benefician, en el Tratado, de una facilidad de opting-out , son Dinamarca y el Reino Unido. Queda claramente de manifiesto que no va a hacerse adoptar por la fuerza la moneda única a un país si éste no quiere adoptarla.
Por lo demás, efectivamente deseo y espero que las ventajas, en términos económicos y políticos de la adhesión a la moneda única que se constatan en el momento actual puedan hacer evolucionar las opiniones en los países que no se adhieren a ésta por el momento. Espero que las opiniones podrán cambiar rápidamente y, en estas condiciones, la excelencia del programa de estabilidad presentado ayer por el Gobierno sueco, y aceptado por el Consejo de Ministros, es un elemento alentador.
No obstante, añado que en materia de cambio, el criterio de cambio es importante. Se trata de un criterio que tiene fuerza jurídica y, por tanto, que será aplicado exactamente en las mismas condiciones. Haré llegar al señor diputado, si lo desea, el texto de mi intervención de ayer relativa al programa de convergencia del Gobierno sueco.

Sandberg-Fries
Solamente quisiera cerciorarme de que hemos entendido correctamente la respuesta. El motivo es que el Ministro de Asuntos Europeos de Francia escribió un largo artículo en un periódico sueco acerca de su visión de Suecia en relación con el euro. El titular era: «El euro se fortalece si Suecia participa». Él también escribe que Suecia, de momento, ha utilizado su derecho a no instaurar el euro.
Como expresara mi colega de Suecia anteriormente, ha habido un considerable cambio. Creo que es muy importante que la opinión favorable que hoy existe en Suecia también sienta que hay interés en los países que están en la colaboración del euro para que nosotros, los suecos, participemos y seamos bienvenidos.
Quiero ratificar que la respuesta a la pregunta debe ser entendida como que hay conformidad entre la opinión del Comisario y la del Ministro de Asuntos Europeos francés en este asunto.

de Silguy
No me corresponde comentar las declaraciones o los artículos de los ministros de la Unión Europea, sin importar, por lo demás, de quién se trate. Lo que puedo decir es que la Comisión desea evidentemente que Suecia, al igual que los demás países que no están en la Unión Económica y Monetaria, se incorporen o puedan incorporarse a la zona euro lo más rápidamente posible, ya que según nuestro análisis, es en el interés de los países y en el interés de la Unión en su conjunto.

El Presidente

Pregunta nº 43 formulada por Astrid Thors (H-0042/99): Asunto: El sistema de pagos Target
El nuevo sistema Target para las transacciones financieras entre bancos europeos se empezó a utilizar al iniciarse el año simultáneamente al paso al euro. Este sistema, al menos durante la fase inicial, ha resultado especialmente defectuoso y dio lugar a grandes retrasos en las transacciones entre bancos de la UE. Estos retrasos han producido pérdidas importantes para los bancos.
¿Qué medidas considera la Comisión que deben adoptarse para asegurar que el nuevo sistema Target facilite las transacciones financieras entre los bancos en lugar de complicarlas, como ha ocurrido hasta ahora?
Señor de Silguy, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Thors.

de Silguy
Señor Presidente, el sistema de pago Target pertenece al sistema europeo de bancos centrales. Asegura el funcionamiento de éstos. Por tanto, no entra en la competencia de la Comisión reglamentar cuestiones relativas al funcionamiento propiamente dicho de Target ni tampoco le corresponde aconsejar al sistema europeo de los bancos centrales en la materia.
No obstante, la Comisión está al tanto de los diferentes informes que han expuesto las dificultades iniciales con las que se encontró el sistema. Insisto en el hecho de que esas dificultades son raras, son limitadas y que no se puede, en ningún caso, hablar de funcionamiento defectuoso.
Según las informaciones de las que dispone la Comisión, el sistema Target propiamente dicho no ha planteado prácticamente problemas y parece haber funcionado normalmente desde el primer día. Las dificultades mencionadas se deberían más bien a la inexperiencia de algunos bancos comerciales al principio, lo que me parece normal, con un nuevo sistema. Por ejemplo, estos bancos han introducido datos que no eran conformes con las modalidades del sistema; asimismo, algunas veces, por costumbre, algunos bancos concentraron lo esencial de sus operaciones en las últimas horas del día, provocando con ello un atasco en el sistema.
Por último, tiene que darse el rodaje necesario de las conexiones -especialmente informáticas- de los sistemas de pago nacionales en Target, lo que explica también algunos de los errores de juventud constatados. No obstante, habida cuenta de la envergadura y la complejidad del sistema, estas dificultades resultan menores. Actualmente, el sistema europeo de bancos centrales parece haberlas dominado perfectamente. Tengo como prueba un comunicado de prensa del 21 de enero en el que el Banco Central Europeo indicaba que los problemas experimentados durante los primeros días en el mercado monetario de la zona euro, respecto a los flujos de liquidez transfronterizos, se habían atenuado considerablemente y que, en conjunto, al cabo de sólo tres semanas de su creación, la integración de dicho mercado podía considerarse satisfactoria.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, estoy bastante de acuerdo con usted. Creo que ha explicado usted bien que el objeto de mi pregunta eran las dificultades iniciales.
Lo que yo creo que es importante comprobar es que se produjeron algunos problemas debido a que ciertos sistemas no funcionaron todo el día, lo cual implica que los pagos se concentraron al final de la jornada. ¿Es consciente la Comisión de que todavía existe este tipo de problemas? De acuerdo con la información que he obtenido, la situación a fines de enero era tal, que algunos bancos todavía no estaban conectados al sistema Target durante todo el día. Por eso se han producido problemas.
Simultáneamente, quisiera preguntar al Comisario si ha participado en alguna de las discusiones que han surgido sobre la regulación de las remuneraciones en torno a estos retrasos. Entiendo que en ciertos casos se ha dicho que se deberían tratar esos asuntos. Además, quisiera aprovechar para dar las gracias al Comisario por una carta que recibí hoy en relación con otro asunto.

El Presidente
Señor de Silguy, como trabajamos con interpretación, resulta que la intervención de la Sra. Thors en sueco todavía no había llegado al final, al menos, de la cabina española y, como es natural, yo estaba interesado en escucharla hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, le ruego que espere usted a que le dé la palabra, no para reafirmar mi autoridad sino para el buen funcionamiento de nuestros trabajos. Tiene usted ahora la palabra para responder a la pregunta complementaria de la Sra. Thors.

de Silguy
Le ruego me disculpe, señor Presidente, quizás hay interpretaciones que son más rápidas en un sentido que en el otro. En todo caso, felicito a la Sra. Thors por su francés, yo soy totalmente incapaz de expresarme en sueco o en finés.
Respecto a los dos aspectos que ha planteado, Señora, quiero señalar primeramente que se trataba de un sistema sumamente complejo, sumamente pesado y que las dificultades registradas fueron mínimas en relación con lo que hubiera podido pasar, aunque todo se haya preparado. Una vez más, se trata de una cuestión de costumbre. Usted alude a los pagos al final del día: también en ese caso se trata de una cuestión de costumbre y conforme el mercado vaya unificándose y rodándose, todos estos problemas van a desaparecer. Creo que actualmente sólo se producen a veces pequeños problemas técnicos o de tipo eléctrico, pero éstos se arreglan muy rápidamente y diría que de la mejor manera, para todo el mundo. En todo caso, el sistema funciona.
Segunda observación, durante la puesta en práctica del sistema, la Comisión participó en algunos aspectos que entran en sus competencias, especialmente en las cuestiones relacionadas con la competencia, que quizás podían plantear problemas en el momento de su puesta en práctica. Ahora ya está arreglado y, una vez más, entra dentro de las competencias del Banco Central Europeo y podría usted formular la pregunta al Sr. Duisenberg en una próxima audición.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 44 decae.

El Presidente

Pregunta nº 45 formulada por Anna Terrón i Cusí (H-0082/99): Asunto: Comisiones abusivas de la banca española
¿Tiene conocimiento la Comisión de que, con motivo de la introducción del euro, la banca española está cobrando comisiones abusivas, en torno al 3 %, en el cambio entre divisas de los Once y que pueden llegar al 10 % en los cambios inferiores a 30.000 pesetas? ¿Cree la Comisión que estas medidas entusiasmarán a los ciudadanos con la introducción del euro?
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Terrón.

de Silguy
Ambas preguntas están estrechamente vinculadas y es difícil separarlas porque atañen, con toda razón, al problema del coste de las transacciones bancarias en el momento de introducir el euro. Se trata de un expediente de esencial importancia, capital para la Comisión, ya que de éste depende la aceptación del euro por el conjunto de los ciudadanos.
Es preciso ser claro, y distinguir bien entre las transacciones bancarias nacionales y las transacciones transfronterizas en el seno de la zona euro. En relación con las operaciones nacionales, la Comisión adoptó, el 15 de abril, una recomendación en la que se prevé la igualdad de trato entre el euro y la moneda nacional y, por otra parte, la gratuidad de las operaciones obligatorias. Según este principio, el conjunto de los servicios bancarios debe tener la misma tarifa, ya sea que la cuenta esté en euros o en moneda nacional. Que nosotros sepamos, las transgresiones a la recomendación sobre este punto son bastante raras.
En cambio, en lo relativo a las transacciones transfronterizas, la situación es diferente. Por una parte, están las operaciones de cambio manuales, billetes contra billetes y, por otra, las transferencias transfronterizas. Para ambas, la Comisión considera esencial una presentación clara y detallada del nivel y la estructura de los gastos bancarios con el fin de promover la competencia y, por tanto, la reducción del cobro de comisiones, y ello para el mayor beneficio de los consumidores.
Efectivamente, con el euro, el riesgo de cambio ha desaparecido. Los tipos de cambio entre las monedas de la zona euro han quedado fijados de manera irrevocable, lo que prohíbe la práctica del spread , es decir, un precio de compra y de venta diferentes. Sin embargo, el euro no suprime todos los costes, especialmente ciertos costes de manipulación y de transacción.
En total, según nuestras informaciones y nuestros cálculos, el nacimiento del euro debe corresponder como media a un ahorro en torno al 20 % en los costes de transacciones en relación con el período previo al euro, y éste debe repercutirse lógicamente, claro está, en el cliente.
En lo que concierne más precisamente a los sistemas de pago transfronterizos de pequeños importes, la introducción del euro no tiene como efecto unificar automáticamente estos sistemas. Por tanto, van a continuar funcionando según las arquitecturas nacionales y sin vínculo entre ellas. En cuanto a la cuestión del cambio manual, ésta quedará definitivamente resuelta, por definición, el 1 de enero de 2002. Para las transferencias, no habrá un progreso automático. Por ello, el objetivo debe ser realizar lo más rápidamente posible un Target del ciudadano, de manera que las transferencias de pequeños importes, que interesan a los particulares -cuando el sistema Target del que se habló hace un momento interesa a los bancos-, entre los países de la zona euro alcancen un nivel de seguridad y rapidez idéntico y un nivel de coste comparable al de las transferencias nacionales.
Esta es la situación. Visto lo anterior, la Comisión ha tomado un determinado número de medidas para incitar a los bancos a facilitar la utilización del euro, reduciendo los gastos bancarios excesivos. En primer lugar, se ha pedido a los bancos que refuercen la transparencia. Para ello, deben publicar la estructura de gastos bancarios que aplican desde el 1 de enero de 1999. Irlanda, sobre todo, procedió, sobre este punto, publicando comunicados en la prensa nacional, y creo que éste es un ejemplo para los demás países.
Las federaciones bancarias europeas deben presentar a la Comisión un balance completo de la situación para el 31 de marzo a más tardar, y en ese momento, la Comisión procederá a una evaluación completa de la situación.
En segundo lugar, la Comisión acaba de introducir un sistema de fax y de correo electrónico, bautizado Euro-signal , al que los ciudadanos pueden dirigirse directamente, y ha hecho públicas, por vía de prensa, las direcciones de estas mensajerías electrónicas en las que se pueden dejar mensajes que responderemos sin falta.
En tercer lugar, se pide a los Estados miembros que introduzcan rápidamente los observatorios del euro, cuya creación ha sido recomendada por la Comisión. Por último, ésta acaba de incitar a los bancos a desarrollar sistemas de pagos transfronterizos que señalaba hace un momento, seguros, rápidos, eficaces y con un coste razonable.
En la primavera, la Comisión publicará una comunicación que nos permitirá hacer la síntesis de todos estos elementos y proponer un marco para la realización de un espacio único en materia de pagos. Esta comunicación examinará a la vez los medios de pago existentes -cartas, cheques- pero también los medios futuros, y pienso en el monedero electrónico.
Mi objetivo es que, este verano, todos los turistas, y Dios sabe si los hay en Europa, se den cuenta de que con el euro, les resulta menos costoso, en 1999, ir a otro país europeo y cambiar dinero, que lo que les costaba el año pasado. La Comisión no ha esperado para actuar, está determinada a obtener una verdadera mejora de la situación, y es preciso que sea visible aquí a más tardar en el verano.

Terrón i Cusí
Señor Comisario, gracias por su exhaustiva información sobre cómo tienen que desarrollarse las cosas en el espacio euro, pero yo le preguntaba exactamente si sabe usted que en España, a partir del 4 de enero, se ha observado que el conjunto de las entidades financieras ha comenzado a aplicar, al mismo tiempo, elevadas comisiones por la compra de divisas comprendidas en el euro.
Este hecho, y el que esto haya sucedido en el mismo momento y en todas las entidades, hace sospechar que ha habido algún acuerdo detrás de esta política, algún acuerdo que contravendría las normas elementales del mercado.
En contra de lo que usted dice, señor Comisario, de que los turistas se van a encontrar con que viajar en el espacio euro es más barato este verano, los que vengan a España y pretendan cambiar dinero de bolsillo se pueden encontrar con que tienen hasta un 10 % menos del dinero que cambiaron, sin haber sido informados previamente.
¿Tienen ustedes conocimiento de esto y van a tomar alguna medida concreta en relación con ello?

de Silguy
Para mayores detalles, me permito decirle que el Sr. Van Miert va a venir a hablar ante la subcomisión monetaria la semana próxima. Estoy seguro de que en el caso preciso que usted menciona, podrá darle todos los elementos de información que usted desee y que sea posible dar. Por lo demás, quiero decirle que la Comisión asumirá plenamente su responsabilidad y aplicará los poderes que están en su mano y que ha de aplicar tomando como base el Tratado. Por último, desde hace ahora un mes y medio estamos en contacto directo y permanente con los bancos, precisamente para hacer evolucionar las cosas. Creo que están evolucionando. No podía arreglarse todo el primer día. Pienso que de ahora en adelante la sensibilización del conjunto del mundo bancario es buena y que las cosas han mejorado ya en un gran número de casos. Espero que esta situación se generalizará en las próximas semanas y meses.

Pérez Royo
Señor Comisario, usted recordará que cuando este Parlamento aprobó el informe sobre el euro y el consumidor -del que yo mismo fui ponente- aprobó una recomendación para que la Comisión propusiera una iniciativa legislativa para poner coto o poner límites a ese tipo de prácticas. Desgraciadamente no se hizo y, desgraciadamente, la historia nos está dando la razón y ahora estamos obligados a hablar y a elevar nuestra voz de protesta en nombre de los consumidores por las diferentes prácticas que existen en los diversos países y que, en definitiva, están determinando que el ciudadano, el consumidor, no perciba que el euro ya está aquí y que, en consecuencia, los costes deberían desaparecer.
En España ha habido una iniciativa, laudable, del Banco de España que se ha ofrecido a cambiar gratuitamente todas las monedas de las divisas de la «zona euro», pero, desafortunadamente, el Banco de España tiene una red pequeña y su iniciativa no impide que las bancas particulares -las bancas privadas, en definitiva- estén llevando a cabo una política que posiblemente sea una política concertada -tendría algo que decir el Sr. Karel van Miert en este caso-, que, en todo caso, nos da la razón en cuanto a nuestros temores sobre la posibilidad de abusos en este campo.

de Silguy
Primeramente, creo que no hay que generalizar algunos casos que ha podido producirse. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que la Comisión no tiene los poderes legislativos necesarios para obligar mediante vía reglamentaria a los bancos y a las oficinas de cambio a cambiar los billetes sin gastos o según una tarifa tope. Esto también es cierto para los gastos relativos a las transferencias transfronterizas. La Comisión vela por que los bancos respeten las obligaciones legales existentes: conversión entre euro y unidad monetaria nacional sin gastos, el paso sin gastos de las cuentas hacia el euro, no discriminación entre el euro y la unidad monetaria nacional en la tarificación por servicios idénticos.
Por lo demás, gracias a nuestra acción, estamos haciendo evolucionar las cosas. Lo he dicho y lo repito: creo que lo que pasó al principio probablemente ha sido excesivamente ventilado por los medios de comunicación. No hay que generalizarlo a escala de la Unión Europea. Es preciso ser vigilantes. Esta es la razón por la que mantenemos la presión sobre los bancos. Es preciso que esta presión se traduzca en los hechos. Si, efectivamente, en el término de un plazo razonable no se comprobara ningún cambio, quizás se haría preciso prever otras disposiciones. Sin embargo, creo que no hemos llegado allí por ahora: los resultados de las acciones emprendidas estas últimas semanas nos permiten pensar que las cosas evolucionan.
Han sido necesarios cuarenta años para poner esta moneda única en circulación, y no hay que esperarse que desaparezcan de un sólo golpe los obstáculos y las limitaciones a las que se enfrentan nuestros conciudadanos, nuestros consumidores. Por lo demás, estos obstáculos generalmente no tienen nada que ver con la moneda y dependen de otros factores; pienso especialmente en la interconexión de los sistemas bancarios.
Como consecuencia, una vez más, puedo tranquilizarlos: la Comisión es consciente de los problemas. La Comisión es vigilante. Trabaja en estrecha concertación con los bancos y los consumidores. Ha puesto a disposición un número para recoger las quejas, las situaciones difíciles que se presentan. Responderemos a todas las llamadas.

García Arias
Yo creo en la construcción europea, igual que usted, y creo que, efectivamente, hemos dado un paso histórico. Y, de hecho, nos estamos gastando millones de euros en campañas de información a los ciudadanos respecto a algo que va a suceder y que les va a traer beneficios dentro de dos años. Sin embargo, la aparición de las comisiones de gasto en los bancos la han empezado a sufrir a partir del primer día hábil de apertura de los bancos, y, además, con la extraña intuición de que las entidades bancarias se hubieran puesto de acuerdo, lo cual es muy fácil porque no son tantas.
Entonces, yo creo que no se puede decir «se han planteado algunos casos», y hay demasiada mediatización respecto a esto. En la práctica, el ciudadano normal, cuando va a viajar, se va a encontrar con que le obligan a desembolsar una comisión.
¿No cree, señor Comisario, que debería hacer un llamamiento público? Porque entiendo que usted está teniendo conversaciones con los bancos, pero ¿no podría ser más claro en beneficio de los ciudadanos que han presentado recursos?

de Silguy
Creo que ya respondí hace un momento a los diversos puntos formulados por la Sra. Thors, salvo uno. Me pregunta usted si podía hacerlo públicamente. Lo hemos hecho: hemos publicado el 5 de febrero un comunicado sumamente preciso que menciona las preguntas que acaban de formularse. Les haré llegar inmediatamente este comunicado, que haré distribuir en todo el Parlamento para demostrarles que nos ocupamos del problema.
De todas maneras tengo en cuenta -porque estos debates tienen un interés muy especial para mí- que existe una sensibilidad especial por parte de los españoles.

El Presidente

Pregunta nº 46 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0002/99): Asunto: Amnistía Internacional y la política de derechos humanos de la Unión Europea
¿Tiene conocimiento la Comisión de que Amnistía Internacional ha conmemorado el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la publicación de un informe sobre la política de derechos humanos de la UE? ¿Qué medidas está adoptando la Comisión Europea a fin de evaluar este informe con la idea de utilizar sus principales recomendaciones para dar cuerpo a la política de derechos humanos de la UE?
Doy la bienvenida al Sr. van den Broek y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Oddy. Tiene usted la palabra, señor Comisario.

Van den Broek
Me satisface confirmar que la Comisión ha recibido el informe al que alude su Señoría. Este informe de Amnistía contiene algunas propuestas interesantes que deben ser examinadas más detalladamente. La Comisión ha invitado a Amnistía Internacional y a algunas otras organizaciones de derechos humanos a intercambiar ideas con los miembros del grupo interservicios de derechos humanos de la Comisión, del que son miembros los representantes de todas nuestras Direcciones Generales implicadas en la materia.
Quiero señalar con motivo de esta pregunta que la Unión europea desarrolla en el ámbito de la política exterior de derechos humanos, de la que hemos hablado más veces en el Parlamento y sobre la que hemos intercambiado ideas, una política de derechos humanos ciertamente muy activa. Creo, sin embargo, que debemos intensificar las propuestas para prestar más atención a la situación de los derechos humanos en la propia Unión Europea.
A ese respecto, quiero decir algo sobre el Tratado de Amsterdam. Durante las negociaciones también se habló mucho de los párrafos relativos a los derechos humanos. Así mismo, quiero referirme a una propuesta de la Presidencia alemana que circula en este momento a fin de establecer un convenio sobre derechos humanos. Hablaremos mañana sobre ella con los representantes del Consejo de Europa, sobre todo para ver cómo se puede relacionar esta iniciativa con el actual Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Volviendo a la política exterior de derechos humanos, les recuerdo una importante declaración que el Consejo de Ministros realizó en Viena con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la declaración figuran, así mismo, algunas iniciativas y estudios anunciados en el ámbito de la política de derechos humanos, me gustaría mencionar una explícitamente. Se trata de la sugerencia de estudiar si la propia Unión Europea podría redactar un informe anual relativo a los derechos humanos, deseo que especialmente el Parlamento Europeo ha manifestado en varias ocasiones.
Por último, quiero señalar que la Comisión considera que, cuando se logre esa ambiciosa iniciativa, sería muy importante establecer un informe anual que se limite a analizar un número determinado de cuestiones relativas a los derechos humanos, y que, quizá, resulte menos interesante, elaborar un informe anual que abarque toda la geografía mundial. Aparte de los recursos humanos y financieros que serían necesarios, el Departamento de Estado americano ya emite semejante informe. Me temo que en caso contrario, se produciría fácilmente una duplicación.
Se están discutiendo todas estas iniciativas. Nos alegramos de ello. Así mismo, quisiera decirle a la Sra. Oddy que tenemos la clara impresión de que el interés por la problemática relativa a los derechos humanos no sólo aumenta en la Unión Europea, sino que también se profundiza, y eso constituye, ciertamente, un motivo de alegría.

Oddy
Agradezco al Comisario su útil respuesta. Como se trata de un tema sumamente amplio, me referiré únicamente a uno de sus aspectos. En el código de conducta de la Unión Europea sobre el comercio de armamentos, ¿hay ya una lista común de equipo militar abarcado por el código? ¿Cuántos países se han negado a conceder licencias de exportación de armas? ¿Y qué hacen ustedes para cerciorarse de que los Estados miembros cumplen debidamente las obligaciones contraídas con arreglo a ese código?

Van den Broek
La Sra. Oddy recordará que durante la Presidencia británica se alcanzó finalmente un acuerdo respecto del código de conducta en materia de exportación de armas. Su contenido fue resultado, por supuesto, de un compromiso entre los Estados miembros sobre esta difícil cuestión, que durante tantos años se ha discutido. La Presidencia alemana se ha propuesto examinar si los términos de este código de conducta se pueden endurecer más y si se puede elevar algo el nivel acordado respecto del control de la exportación de armas. Debemos esperar el resultado, pero la Comisión Europea, por descontado, respalda totalmente estas aspiraciones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Retengo su atención sobre esta misma pregunta. Tiene la palabra para una pregunta complementaria el Sr. Truscott.

Truscott
La Comisión ha expresado su satisfacción por los recientes cambios legislativos en Letonia y Estonia que aceleran el proceso de naturalización de personas no ciudadanas nacidas en esos países, pero ¿estima la Comisión que es preciso adoptar nuevas medidas con arreglo a los criterios de Copenhague en materia de derechos humanos para conseguir la plena integración de las personas de Letonia y Estonia que hablan ruso?

Van den Broek
También el Consejo y la Comisión se alegran de la legislación adoptada no hace mucho por Estonia y Letonia facilitando la naturalización. Creo poder decir de memoria que, en aquel momento, acordamos que debían satisfacerse las recomendaciones emitidas por el Alto Comisariado de la OSCE; en cuanto a esta cuestión, y especialmente respecto de la política relativa a los niños apátridas, podemos decir, desde luego, que las recomendaciones se han cumplido. Lo que todavía nos ocupa, de forma conjunta y mediante un buen y constructivo diálogo con estos países, es la manera en que se ha formulado el régimen lingüístico de las minorías y los principios que se aplican respecto del conocimiento de las lenguas para las candidaturas a puestos de representación popular, bien en el ámbito nacional, bien en el regional. No obstante, creo que existen muchos motivos para el optimismo, ya que las difíciles decisiones políticas adoptadas en este terreno afortunadamente han logrado, sobre todo en Letonia, un apoyo muy amplio a través del referéndum celebrado sobre esta cuestión.

Sandbæk
Señor Van de Broek, usted habló de una Declaración comunitaria de derechos fundamentales; sin embargo, todos los países miembros han incluido los derechos humanos en sus constituciones y también existen decisiones internacionales sobre derechos humanos, ¿qué conseguiría, entonces, la UE con una Declaración comunitaria específica sobre derechos humanos?

Van den Broek
Ésa es por sí una pregunta interesante. Así mismo, ése es el motivo por el que he señalado antes que es necesario comprobar concienzudamente qué podría significar precisamente ese convenio respecto del refuerzo de la situación relativa a los derechos humanos dentro de la Unión. Su Señoría tiene toda la razón, al margen de las constituciones nacionales de los Estados miembros, que, en general, garantizan una protección adecuada de los derechos y libertades fundamentales, existe, por supuesto, el singular Convenio Europeo relativo a la Protección de los Derechos Humanos del Consejo Europa, que, en este sentido, es realmente el único convenio en el mundo relativo a los derechos humanos que contiene un mecanismo de imposición por el que se puede hacer un llamamiento especial al Tribunal de Estrasburgo para que se pronuncie sobre las infracciones y violaciones de este Convenio.
Tomando en consideración todo ello, su Señoría recordará también que por aquél entonces tuvo lugar una detallada discusión sobre si no sería posible que la Comunidad europea, en tanto persona jurídica, contrajera este Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El Tribunal de Luxemburgo determinó que conforme al actual Tratado de la UE no era posible. Por tanto, como eso no puede ser, surge la pregunta de qué otra forma puede ser viable para regular la protección de los derechos humanos en el ámbito comunitario, otorgando también una eventual competencia al Tribunal de Luxemburgo.
Ésta es la discusión que nos ocupa en este momento y también se ha consultado con el Consejo de Europa. Nos complacerá mantenerles informados del desarrollo de estas conversaciones.

El Presidente

Pregunta nº 47 formulada por Giorgos Dimitrakopoulos (H-0007/99): Asunto: Seguridad en Chipre
Toda vez que la UE, y en particular algunos Estados miembros, expresaron objeciones al plan inicial del gobierno chipriota de instalar en la isla un sistema de misiles tierra-aire, consistente en misiles del tipo S-300, y posteriormente se felicitaron al gobierno por la decisión de cancelar el plan, ¿de qué manera piensa la Comisión que se podría mejorar la seguridad de Chipre?
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos.

Van den Broek
Mis expertos han preparado una respuesta larga a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos. Con todos los respetos hacia todas las verdades que en ella figuran y que al Sr. Dimitrakopoulos no le resultarán desconocidas, quisiera intentar dar una respuesta más espontánea, puesto que estoy totalmente de acuerdo con él en que la evolución de Chipre ha experimentado un impulso positivo por la decisión del Presidente, el Sr. Clerides, de renunciar a colocar los misiles de defensa antiaérea en la isla. Decisión que ha contribuido considerablemente a la reducir las tensiones en la isla, y, realmente, no sólo en ella, sino también a reducir la tensión que amenazaba con afectar a Grecia y a Turquía y que, en consecuencia, también podía afectar fácilmente a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía.
Además, sabemos que Chipre está inmerso en un intenso proceso de cooperación con nosotros en cuanto al ingreso. Creo que esta sabia y valiente decisión del Presidente Clerides contribuye a que este proceso se desarrolle en un clima mejor.
En tercer lugar, y no es lo menos importante, su Señoría es consciente de que la Unión Europea, tanto el Consejo como la Comisión, respalda totalmente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas, y más concretamente, de su representante especial, Herkus, quien ahora reside en la isla, para intentar lograr una solución cercana del problema chipriota.
Asímismo, podemos decir que este proceso no se ha facilitado, por supuesto, mientras la amenaza de este conflicto sobre los misiles antiaéreos se mantenía. El paso positivo dado por el Presidente Clerides -no sin que, por otra parte, también haya provocado tensiones dentro de su Gobierno- no ha sido sólo un acto sabio sino también valiente ¿Que implicaciones tiene esto para todo el desarrollo político de Chipre como tal? Aunque no puedo ser muy optimista -no contamos con suficientes indicios positivos de que el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas conduzca a resultados concretos dentro de un plazo razonable-, en todo caso debo decir que han aumentado las posibilidades de que, por ejemplo, el diálogo que sigue la ONU sobre la seguridad y la situación militar de la isla bajo la forma de diplomacia confidencial tenga éxito. Allí donde veamos que se desarrollan estas posibilidades, su Señoría puede contar con que la Unión Europea, mediante la Presidencia, los contactos de los Estados miembros y también la Comisión Europea, intentará colaborar.
Concluyendo esta respuesta, todos sabemos lo enormemente positivo que resultaría para la integración de Chipre en la Unión Europea que los problemas políticos fundamentales de la isla, todavía numerosos, se resolvieran.

Dimitrakópoulos
Deseo dar las gracias al señor Comisario y, por supuesto, a sus colaboradores por su espontánea respuesta.
Tengo dos cuestiones complementarias.
Primero, ¿si el señor Comisario está en posición de darnos, si quiera, algunas muestras de los gestos que esperamos de la otra parte, esto es, Turquía, que ya figuraban en la comunicación de la Comisión sobre el tema de los S-300?, y-Segundo, debido a que el señor Comisario utilizó un lenguaje hipotético -si, si, si-, quiero preguntarle si no sucede todo lo que ha dicho, ¿qué camino seguirá la Comisión para que tengan éxito las soluciones políticas que la Comisión considera indispensables para la seguridad de Chipre?.
Van den Broek
Mi respuesta debe siempre -cuando expreso esperanza- estar condicionada, en el sentido de que se pueda esperar que las dos partes den pasos positivos cuando se trata de la solución de conflictos políticos. He señalado claramente qué ha supuesto la contribución del Presidente Clerides, tanto más cuando la situación relativa a la seguridad de la propia isla -y me refiero a asuntos como la militarización o desmilitarización de la misma- tiene mucho que ver con la decisión adoptada por el presidente Clerides, ése constituye un extraordinario motivo de júbilo y deberíamos alentar a la comunidad turco-chipriota y, por tanto, a Ankara a que precisamente den un paso adelante en esta cuestión.
Ese esfuerzo también ha animado últimamente a Herkus a estudiar si se puede llegar a una progresiva desmilitarización de la isla, teniendo en cuenta el muy positivo clima que esto supondría para las restantes conversaciones políticas que, como muy bien sabe su Señoría, en este momento se encuentran realmente en un callejón sin salida.
Repito, siempre que la Unión Europea, incluida la Comisión Europea, en sus contactos con el Gobierno turco pueda alentarle en este sentido, lo hará con toda seguridad. Creo que quizá también debamos ser igual de realistas a la hora de reconocer que en este momento Turquía se encuentra en vísperas de las elecciones parlamentarias, período que en la política no se caracteriza generalmente por la puesta en práctica de los actos de más valentía. No obstante, esperemos que cuando estas elecciones queden atrás, surjan nuevas posibilidades.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Retengo su atención porque, reglamentariamente, me ha pedido la palabra para una pregunta complementaria el Sr. Hatzidakis que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. Con él terminaremos el tiempo de las preguntas dirigidas al Sr. van den Broek.

Hatzidakis
Señor Presidente, desearía preguntarle dos cosas.
Primero, existía antes una propuesta del gobierno turco para una desmilitarización total de la isla que -en mi opinión, erróneamente- rechazan los Turcochiprotas, pero, en cualquier caso, dado que la rechazan, existe una nueva propuesta del gobierno Turcochipriota para desarrollar una fuerza pacificadora de la OTAN, con la retirada paralela de las tropas turcas de ocupación y de la fuerza griega que hay en la isla. ¿Cuál es su posición sobre ese asunto?
Segundo, dados los gestos positivos del gobierno turco, dado que se ha paralizado el proyecto de instalación de los S-300, que ha propuesto la participación de los turcochipriotas en el grupo de integración, participación a la que éstos se niegan, y dada, en general, la disposición conciliadora del gobierno chipriota, ¿no creen que la Comisión y el Consejo deben decir ya de forma clara que, independientemente de la postura de los turcochipriotas, de su participación o no en las negociaciones, Chipre entrará en la Unión Europea?

Van den Broek
No es precisamente la Comisión Europea quien debe hacer una declaración sobre si es o no conveniente que el actual contingente de la ONU en Chipre sea sustituido por una fuerzas armadas para el mantenimiento de la paz más numerosas, pero estoy convencido de que si en un determinado momento, las partes se pusieran de acuerdo sobre los requisitos para llegar a la desmilitarización y el representante especial del SGNU considerara útil y necesario cumplir con el deseo de establecer unas fuerzas armadas de la ONU para el mantenimiento de la paz, eso se llevaría, por supuesto, al Consejo de Seguridad. Allí debería adoptarse en su momento tal decisión. Por tanto, no creo que se trate de falta de buena voluntad por parte de la comunidad internacional en cuanto a contribuir de cualquier forma a la solución del conflicto. No obstante, debe existir un acuerdo básico de principio entre las propias partes.
En lo que respecta a las negociaciones, conoce la postura de la Comisión, hemos dicho más de una vez que ahora -las negociaciones llevan desarrollándose unos nueve o diez meses- no es de hecho el momento de hablar sobre cuál sería la situación si las negociaciones se cerraran y no se hubiera encontrado todavía una solución política respecto de la división de la isla. Cualquier especulación de este tipo nos parece proco productiva en este momento y, por ello, nos abstenemos de efectuarla. Al mismo tiempo, la Comisión ha hecho en cualquier caso todo lo necesario para mantener el ritmo de las negociaciones y también hará eso si la situación actual no varía.

El Presidente
Muchas gracias, señor van den Broek.
Señorías, como ya les he anunciado, hemos agotado el tiempo de las preguntas destinadas al Comisario Sr. van den Broek. Por lo tanto, les anuncio que las preguntas 48 a 56 se contestarán por escrito.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 57 y 58 decaen.

El Presidente

Pregunta nº 59 formulada por Alex Smith (H-0045/99): Asunto: Mala gestión de residuos nucleares
¿Ha examinado la Comisión el informe sobre mala gestión de residuos nucleares en las centrales del Reino Unido, elaborado por la Inspección de Instalaciones Nucleares y publicado en diciembre de 1998, en que se indica que la mala gestión de los residuos nucleares sólidos en Dounreay y Sellafield podría repercudir en la salud de los ciudadanos del Reino Unido y en el medio ambiente de otros Estados de la UE como consecuencia de las fugas de radiactividad hacia el mar?
Señora Bjerregaard, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Smith.

Bjerregaard
Señor Presidente, la Comisión no estaba enterada de que la Inspección de Instalaciones Nucleares hubiera publicado en diciembre de 1998 un informe sobre la cuestión de los residuos nucleares sólidos de Dounreay y Sellafield. La Comisión ha solicitado este informe a las autoridades británicas. No está claro si el informe al que hace referencia el Sr. Smith trata sólo de la seguridad de las plantas o si se ocupa también de las consecuencias para el medio ambientes en los casos de fugas de radioactividad hacia el mar. Si se trata de esto último, la tramitación del informe girará en torno al cumplimiento de las normas básicas de seguridad para proteger a la población de la radiación ionizada, sobre la base, llegado el caso, de un control conforme al artículo 35 del Tratado Euratom. La Comisión proyecta volver a llevar a cabo un control en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom en marzo del año 1999 en Dounreay y probablemente en el año 2000 en Sellafield.

Smith
Veo que el Sr. Fitzsimons está en esta sala. Quizá la Comisaria desee contestar también a su pregunta.
He de confesar que me sorprende profundamente que la Comisión no esté al tanto de este informe, en vista de la sensibilidad de que da pruebas en estos momentos concretos. Es posible que se refiera a las cosas acerca de las que habla la Comisaria, o puede muy bien suceder que trate de algo totalmente diferente. Ahora bien, lo importante es lo siguiente: yo hubiera dado por supuesto que la Comisión, en vista de las obligaciones que le impone el artículo 35, estaría al tanto de esta cuestión concreta. Diré con toda franqueza que empieza a aburrirme que la Comisión venga aquí y nos diga lo que se le ocurre. Cuando planteamos estas cuestiones al Consejo, el Consejo dice siempre que se trata de cuestiones de la incumbencia de la Comisión, de la responsabilidad de la Comisión. Venimos aquí para preguntar algo a la Comisión y la Comisión nos dice: «No sabemos nada de eso».
No voy a hacer ninguna pregunta complementaria, lo único que quiero es dejar constancia de mi protesta.

Bjerregaard
Señor Presidente, yo en cambio estoy muy sorprendida del comentario del Sr. Smith, pues ha sido a raíz de la pregunta del Sr. Smith que me he visto obligada a explicar ante la sesión plenaria del Parlamento que no conocíamos el informe y que, tan pronto como se llamó nuestra atención sobre él, solicitamos este informe a las autoridades británicas. Damos por sentado naturalmente que lo obtendremos y que entonces lo tramitaremos, tal como dije, en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom. Puesto que no habíamos tenido noticia de este informe, habría sido muy difícil en mi opinión responder de forma diferente a como lo hice aquí hoy.

Sandbæk
Me gustaría preguntarle a la Sra. Bjerregaard si la comunicación entre los ministros de Medio Ambiente y la Comisión es tan mala que la Comisión tampoco tiene conocimiento del punto sobre el que llama la atención la pregunta de la Sra. Ahern, es decir, la queja presentada por los ministros de Medio Ambiente nórdicos en diciembre de 1998 al gobierno británico relativa a la contaminación radioactiva que también afecta a los mares nórdicos, si en vista de esto esperar al año 2000 no es esperar demasiado tiempo para poner en marcha una investigación y si no sería más adecuado enviar inmediatamente al equipo de investigadores a Dounreay, tal y como la Sra. Ahern le pide a la Comisión que haga.

Bjerregaard
Señor Presidente, voy a utilizar la respuesta que estaba preparada para la Sra. Ahern, quien no está presente hoy aquí, para contestar en su lugar a la Sra. Sandbæk, pues las dos tocan la misma cuestión, tal como yo lo veo.
La Comisión tampoco tiene conocimiento de que los ministros de Medio Ambiente nórdicos hubieran presentado quejas de la contaminación marina causada por los vertidos radioactivos de las plantas de desarrollo de Sellafield y Dounreay. Realmente, no nos sorprende demasiado, pues son circunstancias que forman parte de las relaciones bilaterales o multilaterales entre estos países y el Reino Unido. La Sra. Sandbæk dijo también que el destinatario había sido el Reino Unido. No obstante, la Comisión está al corriente de que se han localizado concentraciones elevadas de tecnecio 99 en las costas de los mares nórdicos y en el Océano Ártico. La Comisión tomó parte activa en la reunión de ministros celebrada en Sintra en julio de 1998. En esta ocasión, donde yo misma, además, estuve presente, fue discutida la cuestión de los vertidos radioactivos, aprobándose una importante reducción de la cantidad de residuos con vistas a llegar a una concentración próxima a cero antes del año 2000 - y ahora, por tanto, hablamos mirando al futuro. El gobierno británico ha asegurado que prestará la máxima atención al problema del tecnecio 99, especialmente en la tramitación de las autorizaciones de vertidos. En vista de esto, creo que puedo decir que nos mantenemos al corriente del curso de los acontecimientos y que tenemos los contactos necesarios, y que por supuesto hemos de incluir este asunto en nuestro programa de trabajo y tener en cuenta el número de personas disponibles cuando haya que llevar a cabo las investigaciones de control.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bjerregaard. Les recuerdo que estamos dentro de la pregunta 59 formulada por el Sr. Smith y que esta era una pregunta complementaria a la pregunta 59. Tiene ahora, para otra pregunta complementaria, la palabra el Sr. Fitzsimons.

Fitzsimons
Mi pregunta se relaciona con la del Sr. Smith. Agradezco a la Comisaria las respuestas que nos ha dado hasta ahora, pero hace años que la Comisión viene soslayando toda la cuestión de Sellafield que el Sr. Smith, otros muchos y también yo hemos planteado una y otra vez. Nunca se ha enfrentado con el verdadero problema, que es el cierre de Sellafield. Recientemente el Gobierno alemán ha cambiado varias veces de dirección y ha hecho todo tipo de acrobacias en relación con la cuestión nuclear.
Puesto que la reelaboración de desechos nucleares es algo que no tiene futuro, ¿no le parece, Comisaria, que ya es hora de clausurar Sellafield y que ya hay motivos para hacerlo?

Bjerregaard
Señor Presidente, estoy encantada naturalmente de ver al Sr. Fitzsimons y poder así también zanjar esta parte de la pregunta. Podemos tener opiniones muy distintas sobre la energía atómica, y para el caso, sobre Sellafield y otros temas. Entiendo perfectamente que el Sr. Fitzsimons y otras personas consideren insatisfactorias algunas de las respuestas; sin embargo, me veo obligada a atenerme a nuestras competencias. Y la Comisión no tiene competencias en lo relativo a la seguridad de las plantas nucleares. Este control corresponde a las autoridades nacionales competentes. El gerente y el Estado miembro en cuestión son también quienes deben valorar la viabilidad económica de las plantas. Por este motivo, cada vez que se nos ha planteado una pregunta en esta dirección, hemos tenido que ver dónde somos competentes y dónde no y si se desea -como me parece que lo desean el Sr. Fitzsimons y otros- hacer algo más, yo naturalmente llevo la peor parte, pues no puedo salirme de las competencias que se me han otorgado en este campo.

Ewing
Señor Presidente, quisiera formular una pregunta complementaria. Indiqué al principio del turno de preguntas que iba a hacerlo. He estado sentada esperando pacientemente y me parece bastante curioso que no me haya llamado usted. Dounreay está en mi circunscripción.

El Presidente
Señora Ewing, no es que yo no le conceda una pregunta complementaria sino que el Reglamento autoriza a dos preguntas complementarias y han sido realizadas ya y, por lo tanto, yo no puedo vulnerar el Reglamento desde la Presidencia. Han sido ya formuladas las dos preguntas complementarias sobre la pregunta del Sr. Smith. Ahora, debo pasar a la pregunta nº 60. Diga, señora Ewing.

Ewing
Señor Presidente, el Sr. Fitzsimons ha podido formular su pregunta. Lo corriente es que cuando alguien está retrasado, por ejemplo uno o dos minutos, se le permita que formule su pregunta. Eso es lo que sugirió el Sr. Smith. En vez de ello, ha dado usted la palabra al Sr. Fitzsimons como si su pregunta fuera complementaria de la del Sr. Smith. Mi solicitud, que se registró a su debido tiempo, no se ha tenido en cuenta. Soy la persona que más tiempo lleva prestando servicios en este Parlamento y he de decirle que no vale la pena de venir al turno de preguntas si va usted a tratar de esa manera al diputado que representa a esa zona. Estoy realmente disgustada.

El Presidente
Señora Ewing, yo también estoy muy apenado. Pero, en todo caso, al Sr. Fitzsimons yo no le he dado la palabra para su pregunta sino para una pregunta complementaria porque el Sr. Fitzsimons ha llegado tarde, señora Ewing.

El Presidente

Pregunta nº 60 formulada por Antonios Trakatellis (H-0026/99): Asunto: Enlace del Golfo Maliakós - vulneración del Derecho ambiental comunitario
En el proyecto de la «red viaria Patras-Atenas-Salónica-Evzoni», en fase de ejecución, se prevé la licitación del enlace del Golfo Maliakós, consistente en la construcción de un túnel subterráneo de 4, 5 km de longitud y 4 m de anchura a 18 m de profundidad bajo el fondo marino del Golfo. Las autoridades y representantes de la región así como de las provincias circundantes se oponen rotundamente a la obra propuesta, mientras que diversos estudios han demostrado lo inadecuado del Golfo Maliakós para la construcción de una obra semejante (golfo cerrado pequeño y poco profundo, presencia de una falla geológica y elevado riesgo sísmico, piscifactoría).
¿Está informada la Comisión de que la ubicación y la licitación del proyecto se efectuaron contraviniendo las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE , sin haberse llevado a cabo previamente un estudio completo y específico de las repercusiones en el medio ambiente, una campaña de información de la opinión pública y una búsqueda de soluciones alternativas?
Teniendo en cuenta que el Golfo Maliakós y el biotopo acuático del río Sperjiós han sido propuestos como zonas protegidas del programa Natura 2000, ¿es posible que se lleve a cabo el citado proyecto, cuando sus repercusiones amenazan el ecosistema de la región y pueden suponer la desaparición de todo tipo de vida marina?
¿Puede cofinanciarse el proyecto mediante fondos comunitarios, cuando se vulneran normas del Derecho comunitario? ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión con miras a que se cumplan las normas citadas?
Señora Bjerregaard, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Trakatellis.

Bjerregaard
Señor Presidente, el proyecto en cuestión forma parte de la nueva autopista entre Atenas y Tesalónica. Grandes tramos de esta autopista son cofinanciados con la Comisión. El tramo al que se refiere el estimado miembro no está incluido dentro de esta financiación. Al contrario, va ser construido, financiado y explotado por inversores privados. Sin embargo, - y quiero recalcarlo - naturalmente debe seguir cumpliéndose la legislación comunitaria. Sólo los estudios preliminares relativos al túnel, entre los que figuran también los estudios medioambientales, han sido cofinanciados a través del programa operativo para la red viaria incluido dentro de los marcos de la ayuda comunitaria destinada a Grecia para el período 1994-1999.
Tengo la impresión de que el estimado miembro piensa que la oferta de licitación pública del túnel ya se ha iniciado. No son éstas las informaciones de que dispongo. Las informaciones que tenemos en la Comisión son que éste no es el caso y que el único paso dado hasta ahora por las autoridades griegas ha sido dar a conocer que el proyecto se llevará a cabo, y así han brindado la posibilidad a la iniciativa privada de que señale sus intereses. Antes de que la oferta pública tenga lugar, habrá una evaluación de su impacto sobre el medio ambiente de acuerdo con las disposiciones recogidas en la Directiva 85/337. Es verdad que la vega del río Sperjiós y la desembocadura del Maliakos Kolpos son algunos de los lugares propuestos por las autoridades griegas para entrar dentro de la Red Natura 2000 de acuerdo con la Directiva sobre hábitat. La vega del río Sperjiós es señalada como zona de especial protección de acuerdo con la Directiva sobre aves. Según el artículo 6 de la Directiva sobre hábitat, sólo puede otorgarse el permiso a un proyecto que dañe la integridad ecológica de una zona del programa Natura 2000 y para el que no haya otras alternativas posibles, si éste es necesario de cara a intereses sociales fundamentales y si se adoptan las adecuadas medidas compensatorias. Estas disposiciones son ya de aplicación para las zonas de especial protección, incluida la vega del río Sperjiós, pero no para el lugar en su conjunto. Esto se producirá automáticamente cuando la localidad pase a formar parte de la red Natura 2000.
Por lo tanto, las autoridades griegas deben abstenerse, de acuerdo con la Directiva 92/43 y el Tratado de la Unión Europea, de autorizar o realizar cualquier actividad que pueda dañar de manera importante la integridad ecológica de este lugar. Los servicios de la Comisión harán gestiones ante las autoridades griegas a fin de asegurarse de que éstas han cumplido sus compromisos según la legislación vigente, también en lo que respecta al proyecto en cuestión. Según las autoridades griegas, el proyecto no afectará a la zona del río Sperjiós; sin embargo, la Comisión quiere asegurarse de ello completamente.

Trakatellis
Señor Presidente, para empezar me gustaría agradecer a la señora Comisaria por su respuesta y poner en su conocimiento -y creo que lo tendrá en cuenta- que ya se ha enviado una queja de todos los gobiernos civiles y municipios.
Treinta y dos agentes oficiales de toda la región que se quejan y a los que no se les ha preguntado por la obra han recurrido al Consejo Nacional, en el sistema judicial Griego. De conformidad con la directiva comunitaria, dichos agentes oficiales deberían también participar en la materialización de la obra. Por consiguiente, hay un gran revuelo en la región y nadie quiere la obra. Por el contrario, existen alternativas. Dicha obra, el tendido, puede realizarse de otra forma -no a través del Golfo Maliakós- y es curioso que mientras el Ministerio de Medio Ambiente integra la región en el programa Natura 2000, con el comienzo de las obras se viene a destruir lo que ha integrado al querer trazar un tendido que transformará de hecho dicho golfo, que es profundo, en un golfo inapropiado para la vida marina. Por tanto, pediré a la señora Comisaria que, por favor, siga este asunto, que es muy importante para todas las comarcas y habitantes de la región.

Bjerregaard
Sí, soy consciente de que éste es un asunto que ha despertado gran expectación en Grecia y de que han surgido protestas ante el proyecto. También por ello puedo decirle al Sr. Trakatellis que preguntaremos a las autoridades griegas sobre este asunto. Hay normas tanto con respecto a la Directiva sobre hábitat como con relación al programa Natura 2000 que son de aplicación en este asunto y naturalmente vamos a estudiar atentamente las respuestas que se nos den, pues nuestra labor es garantizar un buen tratamiento de la naturaleza y eso vamos a hacer también en este asunto.

McMahon
Son las 7 y 14 minutos de la tarde, y como la Comisaria Bjerregaard tiene 20 minutos para responder a las preguntas y hemos empezado a las 6.55 de la tarde, calculo que aún queda tiempo.
Me permite que señale a su atención el Reglamento de este Parlamento y en particular el anexo del Artículo 7 -turno de preguntas- y que le sugiera respetuosamente que, así como interrumpe usted a los diputados cuando lo estima necesario, interrumpa usted también a los comisarios a veces, por que son ellos los que nos dejan sin tiempo. La última respuesta de la Comisaria Bjerregaard llevó tres minutos y cincuenta y seis segundos. A los diputados se les interrumpe al cabo de un minuto, mientras que algunas de las respuestas del Comisario van den Broek han sido verdaderamente prolijas. Una buena solución sería que los comisarios dieran instrucciones para que su personal facilitara respuestas más concisas y más agudas a las preguntas de los diputados, lo que a su vez permitiría que un número mayor de diputados tuvieran la posibilidad de exponer las preocupaciones de su electorado.
He estado a punto de referirme a un gravísimo incidente relacionado con un corte de electricidad en una central nuclear, que, si hubiera tenido lugar, podría haber tenido repercusiones catastróficas. Quisiera que lo tuviera usted en cuenta.

El Presidente
Escúcheme, señor McMahon. Yo agradezco siempre todas las ayudas y las advertencias que se me hacen desde el hemiciclo porque creo que, para presidir, hay que escuchar a todo el mundo. Ahora bien, tenga en cuenta, señor McMahon, que hoy hemos empezado exactamente a las cinco y media de la tarde. Eso quiere decir que a las siete debiéramos haber agotado el turno de preguntas a la Comisión porque no sólo es una cuestión de los diputados y diputadas sino de los servicios de la Asamblea y, en este momento, por ejemplo, estamos excediendo en 16 minutos al trabajo previsto para los servicios de la Asamblea, todos los servicios, incluyendo los servicios de interpretación, que usted sabe muy bien que es un trabajo extraordinariamente pesado.
Señor McMahon, el Presidente intenta ir administrando las muchas preguntas complementarias que van apareciendo, pero no puede, en ningún caso, hacer milagros. Entonces, hoy nos hemos alargado en este momento 16 minutos sobre el horario previsto y la Sra. Bjerregaard ha gastado el tiempo que, efectivamente, le correspondía a ella. Yo debo cerrar el turno de preguntas en este momento después de agradecer a la Sra. Bjerregaard sus respuestas, su presencia aquí e incluso su paciencia y debo advertirles que las preguntas 61 a 104 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas

Organización común del mercado vitivinícola (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe del Sr. P. Martin (A4-0046/99), en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0370 - C4-0497/98-98/0126(CNS)) por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

Colino Salamanca
Señor Presidente, creo que hay que comenzar por reconocer a la Comisión Europea las importantes rectificaciones que hace a la propuesta de 1994. De aquella propuesta -afortunadamente hoy superada- sólo quedó el mensaje de un sector vinícola extraordinariamente excedentario y cuya única bandera era el arranque masivo de viñas.
El enfoque de la presente reforma -sin duda también hoy objeto de discusión y controversia- es, sin embargo, mejorar el actual equilibrio entre oferta y demanda pero, sobre todo, ofrecer a los productores la posibilidad de adaptarse y explotar unos mercados en expansión.
Sin embargo, no deberíamos caer en un excesivo optimismo. Personalmente, y en relación con uno de los temas de debate -los derechos de nuevas plantaciones-, me parecen más ajustadas las propuestas de la Comisión Europea que la opinión de la Comisión de Agricultura. A mi juicio, las propuestas de la Comisión aseguran mejor esa garantía de equilibrio dinámico. El 1 % de los nuevos derechos de plantación en relación con las superficies dedicadas a viñedo para zonas cuya demanda está en expansión me parece un mensaje más positivo que abrir hasta el 2010 este límite.
Las medidas de arranque definitivo para regiones con excedentes estructurales y una ajustada regulación de los derechos de replantación, superando posiblemente hasta 13 campañas posteriores a aquella en que se produjo el arranque, pueden ser medidas complementarias en esa misma dirección.
El capítulo dedicado a la reconversión y orientado a una adaptación de la producción a la demanda del mercado en su momento ha sido completado en sentido positivo, tanto para recoger los supuestos de renovación como para incluir la posibilidad de financiar medidas específicas destinadas a sostener la viticultura de regiones desfavorecidas por la sequía. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la autorización para financiar nacionalmente hasta un 25 % en las regiones no incluidas en el objetivo nº 1.
En relación con los mecanismos de mercados, apoyamos decididamente la elevación al 15 % del volumen de alcohol en las prestaciones vínicas del 7 % a partir de la vinificación del mosto de uva. Asimismo, nos parece un importante paso las destilaciones específicas para alcohol de boca que permitan garantizar el abastecimiento del sector comunitario, que cada año demanda casi 15 millones de hectolitros.
Finalmente, desearíamos que la aplicación de la legislación de crisis en situaciones extraordinarias mantenga su carácter voluntario conforme a la propuesta de la Comisión en su artículo 30. Nos parece imprescindible la incorporación al nuevo reglamento de un nuevo título dedicado a ayudas específicas y a las medidas de promoción del consumo de vino, incluida la información a los consumidores.
Desde el punto de vista competencial parece excesivo el número de decisiones trascendentes que se encomiendan al comité de gestión regulado en el artículo 74 y siguientes y en este sentido apoyamos las enmiendas que tratan de reequilibrar los procedimientos decisorios.
Finalmente, debemos volver a insistir en nuestra oposición a las prácticas enológicas relativas al aumento del grado alcohólico mediante la adición de sacarosa, que cuestiona directamente la definición del vino que se hace en el anexo 1 como producto obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto de uva.

Cunha
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, comienzo felicitando a la Comisión por haber tomado la iniciativa de presentar una propuesta de reforma de la Política Común para el sector del vino. En verdad, si contemplamos el mundo, a nuestra vez, comprobamos que Europa ha perdido peso económico y comercial en el sector en beneficio de los nuevos países productores, como los Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Argentina, Brasil, Australia o la propia Nueva Zelanda. Estamos ante países que han ampliado enormemente sus superficies de viña, que han aumentado exponencialmente su producción y que, sin lugar a dudas, han mejorado la calidad de sus vinos.
En contraste con esa política expansionista, la Comisión propone que continuemos en la Unión Europea con una política de condicionamiento de la plantación y de la viña en los diez próximos años. La propuesta de la Comisión merece algunas críticas fundamentales:
Primera: el aumento de 1 % en los derechos de plantación para nuevas viñas es demasiado corto para el desarrollo de nuestro potencial vinícola y vitícola en la Unión Europea. La propuesta de 3 %, aprobada por la Comisión de Agricultura y que este Parlamento va a proponer, resulta bastante más realista, pese a que, en mi opinión, es poco ambiciosa.-Segunda: el programa de reestructuración de las viñas ha excluido las más antiguas, cosa que es inaceptable ante la elevada edad media de la mayoría de las viñas europeas. Doy como ejemplo el caso de Portugal, mi país, donde el 60 % de las viñas tienen más de 40 años. También a este respecto se propone el Parlamento corregir ese fallo de la propuesta de la Comisión incluyendo explícitamente el rejuvenecimiento de las viñas como una de las prioridades de los programas de reestructuración del sector.-Tercera: la propuesta es demasiado rígida sobre el modelo de las organizaciones sectoriales e interprofesionales. A ese respecto, es preciso dar más fuerza a la subsidiariedad y respetar las tradiciones organizativas de los diferentes Estados miembros. Por ejemplo, la enmienda nº 171, en el segundo guión, debe ser rechazada.Para terminar, quiero felicitar al Sr. Philippe-Armand Martin por la transacción que ha sido capaz de negociar, de lo que ha resultado, con su mérito y su trabajo, una propuesta claramente mejor que la que la Comisión nos presentó. Ahora bien, quiero subrayar que el artículo 42 bis, que ha incluido en el texto, es una violencia para la mayoría de los países productores, pues impide a los Estados miembros hacer obligatorio el embotellamiento en origen. No tiene sentido examinar ese asunto en el ámbito de este reglamento, dado que la Comisión ha presentado una propuesta específica para ello que se está tratando en el ámbito del informe de la Sra. Lulling. Por eso, hay que rechazar la enmienda nº 179, so pena de que cometamos una gran injusticia y una jugada, en mi opinión, poco transparente. Sólo en ese ámbito debemos analizar esta cuestión. Además, el Tribunal de Justicia aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre esta cuestión, a propósito del «Rioja», por lo que hay toda clase de razones y argumentos para que sólo se pueda examinar esto más adelante en el ámbito del informe Lulling.

Querbes
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos de felicitarnos a propósito de este informe de nuestro colega Martin, no solamente por la importancia y la calidad del trabajo realizado por el ponente, sino también por el hecho de que el tiempo que se ha dedicado a la elaboración, al debate, a la organización de este trabajo, ha permitido a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural proporcionar a esta Asamblea un buen informe, completo y coherente, que se ha aprobado por una amplia mayoría.
Es importante saber que un informe así sólo ha sido posible gracias a la estrecha concertación realizada con los productores, y también porque la filosofía del informe se inspira en el informe general sobre la reforma de la PAC ya aprobado por esta Asamblea. Eso quiere decir también que este informe no sigue en algunos puntos las propuestas liberales de la Comisión.
Así, el informe mantiene una definición de calidad del vino, producto de la agricultura y de la viticultura, rechazando por lo mismo cualquier forma de industrialización. Afirma también la voluntad de la producción europea de ocupar una plaza creciente en una producción mundial de calidad, que combina consumo moderado y salud. Por ello, propone un crecimiento controlado del viñedo, principalmente en beneficio de los jóvenes agricultores, y un dispositivo más eficaz para la replantación y mejora. Finalmente, todo esto ha de quedar asegurado mediante una gestión controlada, que incluya promoción y mecanismos de ajuste como la destilación obligatoria, que no ha de dejarse a la responsabilidad de la Comisión.
En un marco como ése, defiendo la prioridad concedida al enriquecimiento a través de los mostos antes que a través de los azúcares, la prohibición de importación de mostos procedentes de países terceros, que sería el caballo de Troya contra la calidad de la producción europea, la prohibición de las mezclas para los vinos tintos y blancos y, finalmente, la definición clara de cada especificidad vitícola, por ejemplo los vinos dulces naturales que representan el único producto que puede mantener una actividad humana de producción en algunas zonas de la Unión.
Cualquiera puede constatar que los proyectos de reforma de la PAC tienen una tendencia a atascarse en los hábitos trazados por las orientaciones demasiado liberales de la Comisión. Nuestra Comisión de Agricultura está muy atenta a las exigencias de los profesionales y de la sociedad. Ésta es la razón por la cual daremos nuestra aprobación al informe que se nos ha presentado.

Lambraki
Señor Presidente, hoy concluye el ciclo de debates sobre la revisión de la PAC en el marco de la Agenda 2000. Debates que han demostrado las enormes dificultades de hallar un denominador común que comprometa las intensas y ya evidentes contradicciones de los intereses nacionales.
Espero que el debate sobre el sector vitivinícola conduzca a una contribución positiva en beneficio tanto de los productores como del producto y de los consumidores. En ese sentido también ha ayudado nuestro ponente, el Sr. Martin. Porque el vino, ¿qué otra cosa si no?, ha unido a los hombres desde tiempos inmemoriales constituyendo un elemento importante de la vida social, política y religiosa.
Al examinar la propuesta de la Comisión, señalamos que, para empezar, constituye un paso en la dirección acertada en relación con los problemas a los que se enfrenta el sector. El complejo marco reglamentario elaborado hasta la fecha constituye un elemento disuasorio para el equilibrio del mercado, el desarrollo del potencial productivo, la mejora de la calidad del vino y el impulso de los productos en el mercado europeo y mundial.
La política de arrancado de viñas aplicada hasta ahora tuvo como resultado la disminución en alrededor de un 20 % de las extensiones de viñedos de la Unión Europea, al tiempo que la Unión se inundó de vinos procedentes de terceros países que siguieron una política hostil de producción y comercialización. En Grecia concretamente, el porcentaje de disminución alcanzó el 35 %, amenazando al potencial de calidad del viñedo griego, puesto que se arrancaron principalmente viñedos de variedades locales con pequeña producción pero de alta calidad.
Por dicha razón, es necesario prever un porcentaje de al menos el 3 % para los derechos de plantación, para que sea posible la adaptación cualitativa del viñedo europeo y, en especial, de las regiones más afectadas por la política de arrancado. Al mismo tiempo, y en relación con negocios realizados con terceros países, no se puede admitir la propuesta para permitir la importación de mostos de terceros países destinados a la vinificación.
En lo relativo a las prácticas enológicas y a la posibilidad de enriquecer el grado alcohólico mediante la utilización de azúcar, se deberá mantener la situación vigente hasta ahora, permitiendo la continuidad histórica de un producto por excelencia tradicional.
Desearía terminar refiriéndome a un tema específico; Se trata de los problemas a los que se enfrentan los viñedos de las islas y de las zonas montañosas. Este problema afecta sobre todo a Grecia, que tiene una producción dispersa en pequeños viñedos situados en las islas y en las regiones montañosas. Las específicas condiciones climáticas y del suelo permiten la producción de productos de alta calidad, cosa que necesita el consumidor, sin embargo, el elevado coste constituye un factor disuasorio. La nueva OCM deberá prever alguna forma especial de apoyo para dichos cultivos.

Arias Cañete
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, quiero unirme a las felicitaciones al Sr. Martin no sólo por el excelente informe que ha elaborado, sino, además, por sus incansables esfuerzos en la búsqueda de acuerdos y compromisos.
Quiero felicitar también a la Comisión porque ha presentado en esta ocasión una propuesta sustancialmente distinta de la tristemente célebre presentada en el año 1994. Esta vez la propuesta se adecua mejor a las necesidades y preocupaciones del sector en los momentos actuales y constituye, por tanto, un punto de partida aceptable para lograr acuerdos importantes de Parlamento y Consejo.
En esta intervención quiero centrarme en tres de los temas fundamentales aprobados por este Parlamento.
En primer lugar, en la incorporación de cláusulas de salvaguardia en los considerandos, articulado y disposición derogatoria, que, pese a la derogación de más de 23 reglamentos del Consejo, tienen por objeto garantizar en el futuro el respeto del acervo comunitario en materia de vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
En segundo lugar, respecto a la destilación de vinos de mesa con destino a la obtención de alcoholes para usos de boca, agradezco al ponente que haya aceptado nuestras enmiendas, integrándolas en el compromiso. Gracias a ello se ha garantizado que el establecimiento de las ayudas para vinos de mesa con destino a su destilación para alcoholes de boca no sea una facultad discrecional de la Comisión, sino una obligación para la misma en congruencia con la importancia de las necesidades de aprovisionamiento de alcohol de boca por parte de aquellos sectores que, reglamentariamente, están obligados a utilizarlo. Ello va a permitir la supervivencia del brandy y de los vinos de licor, manteniendo la producción de más de 300.000 hectáreas de viñedo y miles de empleos en viñas, bodegas, industrias y servicios auxiliares.
Es fundamental que estas ayudas se establezcan en un nivel que permita que los destilados de vino para usos de boca sean competitivos, puesto que, si desaparecieran las destilaciones de vino y sus ayudas, el coste de los destilados que emplea el brandy se incrementaría en un 300 %, mientras que los alcoholes de melazas y cereales se mantendrían estables, aumentando los diferenciales existentes con el precio de los alcoholes de vino, lo cual desplazaría del mercado a las bebidas que, reglamentariamente, están obligadas a emplearlos.
El Parlamento ha mejorado, además, la propuesta de la Comisión estableciendo la forma de revisar anualmente las ayudas y regulando con detalle la ayuda principal y secundaria, y pretendo, en ulteriores enmiendas que he presentado al Pleno, que se garantice la competitividad del precio de los alcoholes de boca, así como un volumen mínimo anual de destilación de 15 millones de hectolitros.
Finalmente, me congratulo de la aceptación por parte de la Comisión de Agricultura de definiciones técnicas separadas para los vinos generosos y generosos de licor en el anexo 1. Las particularidades de la elaboración y las características organolépticas de estos tipos de vino hacen de ellos un producto diferenciado y distinto que merece una definición propia y separada.
La propuesta de reforma ofrece la ocasión adecuada para el establecimiento reglamentario de una definición propia y separada de estos vinos generosos, que no eran ni son los vinos de licor contemplados en la versión inicial de la OCM en 1970 y que, en términos de denominación de origen, superficie de viñedo, elaboración y crianza, comercio y generación de mano de obra, suponen más que otros productos con definición separada en el reglamento de base de la OCM inicial.

Ephremidis
Señor Presidente, la propuesta anima, impulsa la liberalización de las importaciones de terceros países de vinos y mostos para su mezcla con vinos comunitarios. El Consejo y la Comisión olvidan que hay vinos comunitarios de calidad especial y que no es necesario que vengan de terceros países.
Por otra parte, también olvidan la locura, la locura del acoso, la manía persecutoria por los viñedos. Se han arrancado decenas de miles de hectáreas y, especialmente en Grecia, en un porcentaje muy desfavorable. Aquí hay una trágica contradicción sobre la forma de actuación, si es que no oculta otras intenciones y un servicio a intereses sospechosos.
Impulsan la congelación de las plantaciones, van a limitar el cultivo de viñas, a llegar a puntos límite para que resulte deficitaria y justificar la apertura de la puerta a las importaciones, queriendo de nuevo servir intereses en el círculo OMC, GATT, etc., para obtener compensaciones en otros sectores que les interesan. Permiten añadir azúcar a los vinos comunitarios, sobre todo en los alemanes, para mejorar el contenido alcohólico. Eso se contradice con la reducción de la producción y con la calidad que desean. Si quieren favorecer a Alemania, entonces que se indique, al menos en el producto, su contenido en azúcar.
Por último, señor Presidente, la propuesta mejora esa institución de los grupos interprofesionales, etc. y quiere presionar al viticultor pobre para que viva en el mismo redil con las fieras denominadas reconversiones, los industriales de ese preciado producto. Lo han sacrificado, señor Comisario, y lo han sacrificado a intereses anónimos y sospechosos. Olvidan que no se trata sólo de un producto, es, desde siempre, un alimento popular, da empleo a mucha gente y, por último, el vino es cultura, tradición, educación. No lo olviden, hay países que desde los tiempos de Homero vivieron y se educaron con esa cultura del vino. Y ustedes la sacrifican en aras de esos sospechosos intereses multinacionales.

Filippi
Señor Presidente, yo también creo que el Sr. Martin ha llevado a cabo una excelente labor de síntesis, sobre todo si se compara con otros el resultado alcanzado en la Comisión de Agricultura en este sector. Sin embargo, no me sumo al coro de los que están satisfechos por el trabajo realizado y por este motivo mi voto no fue afirmativo en la Comisión de Agricultura. Considero que se puede hacer más y por ello me centraré en dos aspectos que estimo incompletos y respecto a los cuales expreso mi insatisfacción.
El primero se refiere a la reincorporación de la destilación obligatoria que, en cambio, fue suprimida en la propuesta de la Comisión. La propuesta presenta una contradicción, ya que, sobre la base de un equilibrio de mercado ya alcanzado, no podemos reivindicar la posibilidad de aplicar una política de replantación y de reestructuración de las instalaciones volviendo a proponer al mismo tiempo la destilación obligatoria. A mi entender, nos encontramos ante una contradicción que ha de eliminarse con la votación en el Pleno, actuando -como propuse en el paquete de precios del año 1997- sobre todo a través de una política de nuevas instalaciones o de arranque inteligente gestionada en las regiones de la Unión Europea. Considero que ésta es la política que se ha de llevar adelante con esa elasticidad, flexibilidad y creatividad que también otros colegas han recordado. Estimo que éste es un punto que ha de corregirse. Así y todo, todos los diputados italianos actuaremos al unísono, incluso en la votación en el Pleno.
El segundo punto se refiere a nuestro concepto de calidad. En este Pleno muchos diputados han intervenido a propósito de la calidad y de la necesidad de defender el origen agrícola del vino y del producto; sin embargo, no se ha hecho nada para tratar de conseguir la armonización, incluso de las técnicas de producción y de vinificación. Reconozco que es difícil suprimir la chaptalización, no obstante, se podía haber hecho algo para mejorar la calidad: se podía intervenir en el aumento del grado alcohólico mínimo de los mostos o en el etiquetado o se podía dejar la situación tal como estaba asignando, de alguna manera, una prima a los países con más méritos desde este punto de vista. Sin embargo, no se ha hecho nada significativo en este sentido. Por esto -sin querer levantar barricadas- volvemos a proponer el tema de la calidad en términos algo más serios y coherentes.
Por último, conviene recordar que este sector está penalizado en lo que a recursos de refiere; se asigna al sector la mitad de lo que el mismo representa en términos de producto interior bruto de la agricultura europea. Es necesario hacer algo más para promover el producto en los mercados internacionales.

Novo
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Philippe-Armand Martin modifica en algunos aspectos la propuesta de la Comisión. Esas modificaciones son, en lo esencial, positivas y entrañan enmiendas que presentamos y subscribimos en la Comisión de Agricultura. Citemos, entre otras, la posibilidad de renovar la viña y las ayudas para el fomento del consumo en el mercado interior/exterior, la imposibilidad de considerar el producto resultante de la utilización de mostos de terceros países o la prohibición de su importación para la vinificación de vinos. Citemos, por último, la aceptación de la destilación en tiempos de crisis de producción o la introducción de algunas ayudas, aunque insuficientes, destinadas a las organizaciones de productores y a la viña plantada en zonas desfavorecidas.
Pero no podemos seguir aceptando que se financie el vino -un producto mediterráneo-, que representa cerca del 7 % de la producción agrícola comunitaria, con sólo el 2, 5 % de su presupuesto, mientras que los cultivos arables, que interesan sobre todo los países del centro y del norte de la Unión Europea, reciben el 43 % de ese presupuesto, a pesar de que no representan más del 15 % de la producción agrícola comunitaria.
Éste es un ejemplo, entre otros, que revela la discriminación que existe y sigue existiendo entre producciones y que continúa con esta reforma. Consideramos también inaceptable que se siga pudiendo considerar vino el producto resultante de tratamientos que permiten la adición de azúcar para elevar su contenido alcohólico. Para evitar esa posibilidad, presentamos enmiendas al Pleno -y esperamos que se aprueben- que obligan a un etiquetado de los productos que se produzcan de esa forma, con lo que se informará y defenderá a los consumidores, o que, en otro plano, establecen un período de cinco años al final del cual se abandone definitivamente la posibilidad de añadir azúcar al vino.

Fantuzzi
Señor Presidente, señor Comisario, hace al menos 7 u 8 años que hablamos del vino y de su famosa reforma. En particular, como usted sabe, señor Comisario, ya en el período de 1993-1994 se presentaron propuestas para las cuales tuve el honor de ser ponente en este Pleno en el año 1995. El asunto del vino, por lo tanto, se ha alargado demasiado. Esto demuestra, por un lado, lo compleja y controvertida que es la reforma del sector, sin embargo, por otro, demuestra que no hay mal que por bien no venga. Y es bueno que haya sido así, porque la no realización de la vieja idea de reforma del año 1994 ha sido un regalo para los viticultores europeos. En efecto, dicha reforma acabó en un cajón y hoy, como han mencionado los oradores que me han precedido, sobre la mesa hay otras ideas que, sin duda, suponen un avance con respecto al pasado.
De hecho, los presupuestos ideológicos del pasado eran erróneos. Recuerdo que su antecesor, el señor Comisario Steichen, calculó que en el 2000 habría un excedente de 40 millones de hectolitros de vino; esto justificaba la adopción de medidas drásticas muy penalizadoras e inspiradas en un pesimismo notarial que habrían sido sumamente perjudiciales para los viticultores europeos. En realidad, desde hace algunos años ya no hay excedentes. Considero que esta situación no obedece a un golpe de suerte del dios Baco sino al hecho de que, en estos años, los arranques masivos y el bloqueo de las nuevas instalaciones han empobrecido y envejecido notablemente el viñedo europeo.
Europa, en consecuencia, ha ido perdiendo terreno en un arte en que fue y sigue siendo una maestra en el mundo. Naturalmente esto ha disparado alguna alarma. La competencia de los nuevos productores europeos se empieza a sentir gravemente también en Europa. En pocos años, se han doblado las importaciones de vinos no europeos. Hay países cuyos costes son mucho más bajos que los nuestros, países que gozan de mayor libertad de movimiento y que no están sujetos a las obligaciones y a las trabas burocráticas que, desde siempre, sufren los viticultores europeos. Por tanto, bienvenida sea esta nueva sabiduría; se lo reconozco, señor Comisario Fischler.
Considero que con la nueva propuesta de la Comisión se está adoptando un nuevo enfoque basado en el supuesto de que hoy es preciso secundar un mercado que ha alcanzado su propio equilibrio en estos años evitando, por lo tanto, tomar medidas que podrían destruirlo. Creo que el mejor remedio es una buena dosis de liberalización. Entiendo que esta afirmación, hecha por un socialista, puede sorprender, pero precisamente en el caso del vino tenemos la prueba de que con una reglamentación excesiva se puede correr el riesgo de morir. En consecuencia, son necesarias una mayor dinámica del viñedo europeo, nuevas plantaciones anticipadas, una amplia reestructuración del viñedo, así como ayudas más consistentes que las previstas en la propuesta de la Comisión. De hecho, considero, como otros colegas ya han sostenido, que sería deseable un reequilibrio aún mayor.
Tenemos una política agrícola que continúa protegiendo sus productos con dos pesos y medidas, una política que presenta grandes, abismales diferencias entre la ayuda asignada a los productos continentales y la asignada a los productos mediterráneos. Estimo que el trabajo del ponente ha sido bueno, pero no suficiente: bueno en lo que a algunos puntos controvertidos se refiere, como la importación de los mostos, las facultades de la Comisión y el esfuerzo realizado para ampliar las dinámicas del viñedo europeo. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el señor Comisario Fischler en dos puntos que ya ha señalado el Sr. Filippi, a saber, la destilación obligatoria y la cuestión del enriquecimiento con sacarosa. No coincido en el punto relativo a la destilación obligatoria porque la Comisión presentaba la propuesta de una destilación facultativa de crisis que, en mi opinión, es apropiada para responder a la nueva dinámica del mercado. En cuanto al punto relativo a la sacarosa, soy plenamente consciente de que quien afronta este problema corre enormes riesgos, en particular, el de bloquear todo el resto de la reforma. No obstante, habría sido de agradecer que se hubieran tenido en cuenta las diferencias y las iniquidades existentes y lanzar una señal en pos de la igualdad de dignidad y solidaridad entre los productores europeos que invocamos en todo momento. Se habla siempre de calidad, pues bien, creo que la calidad implica primar el producto obtenido enteramente con productos derivados del viñedo.

Lulling
Señor Presidente, señor Comisario, esperemos que algo que se ha hecho esperar tanto tiempo tenga un final feliz. Aunque la Comisión ha necesitado mucho tiempo para preparar una nueva propuesta de reforma de la organización común del mercado vitivinícola, después del fracaso de la propuesta de 1994 y nuestras propuestas de modificación de 1995, no se puede negar que el resultado actual es mucho más positivo. No podemos admitir que el potencial de la viticultura europea, tan rica en tradiciones y extraordinariamente diversa, se venga abajo y que la competencia de terceros países se apodere del mercado interior europeo y del mercado mundial, independientemente de lo que diga la Organización Mundial del Comercio.
La salud de la humanidad saldría ganando si un mayor número de personas pudiera permitirse el lujo de tomarse entre una y tres copas de vino al día. Para cubrir esta necesidad no necesitamos ni destilación obligatoria ni arranque, sino una producción mucho más elevada de vinos de calidad, especialmente en la Comunidad, y evidentemente un nivel de impuestos sobre el consumo mucho más bajo del que existe actualmente en gran parte de los Estados miembros, sobre todo en el norte de la Unión. Así las cosas, me felicito de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros merced a los esfuerzos sobrehumanos de nuestro ponente, el Sr. Martin, a quien doy las gracias por ello, haya conseguido introducir notables mejoras en la propuesta de la Comisión a través de un excelente compromiso en el que cada cual ha tenido que hacer algunas concesiones.
Lamento profundamente que a pesar de estos esfuerzos algunos colegas del sur hayan vuelto a la carga con sus enmiendas en las que arremeten contra las prácticas enológicas que se aplican desde hace muchos siglos en el norte de la Comunidad. Son igual de absurdas las extrañas reflexiones de quienes pretenden que los viticultores que no aumentan artificialmente el grado de alcohol deben poder optar a derechos de plantación suplementarios. Yo suscribo el compromiso que tanto trabajo ha costado. A mí no me causa ningún problema, puesto que en líneas generales aboga por el mantenimiento y la ampliación de las producciones de vino de fácil comercialización y la preservación de los maravillosos paisajes, asimismo en mi país. Pero también por lo que se refiere a los tratamientos enológicos, los derechos de nueva plantación, la flexibilidad de las medidas en caso de que se produzcan condiciones climatológicas adversas o cosechas excepcionalmente buenas -aquí entran el juego los rendimientos máximos-, las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presentan un gran equilibrio y sentido común.
Quisiera instar a la Comisión en general, y al Sr. Fischler en particular, a que adopte nuestras propuestas relativas al capítulo complementario «Ayudas específicas y medidas de promoción de los productos de la vid» y la correspondiente colaboración de las organizaciones profesionales. Me gustaría que nos diera su consentimiento ahora. Se trata entre otras cosas de medidas destinadas a fomentar un consumo moderado de vino y a lanzar campañas publicitarias fuera de la Comunidad. ¡Éste es el buen camino! Espero que la Comisión y el Consejo de Ministros decidan seguir por esta misma vía y confío en que reciba el apoyo mayoritario de esta Casa, porque si nosotros aprobamos este excelente compromiso por amplia mayoría, tenemos más probabilidades de que el Consejo de Ministros nos haga caso.

Alavanos
Señor Presidente, quiero hacer hincapié en que, por un lado, los viñedos salen de la conmoción del arrancado masivo. Por otra, sufren una fuerte discriminación. Según los datos del señor Comisario, de la Comisión, una empresa lechera recibía en 1994, por término medio, 13.140 ECU anualmente, una empresa mixta de productos lácteos y de carne 11.536 ECU, los cultivos de arado 11.207 ECU, mientras que una empresa productora de vino recibía por término medio 4.590 ECU. Eso da muestra de la situación.
Nosotros estamos preocupados por lo que sucede y quiero hacer hincapié en los siguientes puntos que consideramos importantes:
Primero, el azúcar es para hacer bizcochos o milhojas, no para hacer vino. Y las regulaciones que existen y su prevista ampliación creo que es algo que adultera la verdadera propuesta de producción de vino y la posición de la Unión Europea.
Segundo, deseamos un enriquecimiento cualitativo de los vinos. Hay mosto en la Comunidad, en el seno de la Unión Europea, y no es necesario recurrir a importaciones de terceros países.
Tercero, ante dicha conmoción del arrancado debe haber un aumento que puede comenzar con el 3 % que se debate.
Cuarto, creemos que la destilación es algo que no podemos imponer, de buenas a primeras, al productor. El productor produce vino. Si desea hacer destilación, esta habrá de ser voluntaria, como hasta ahora, y no institucionalizar la destilación obligatoria.
Por último, señor Presidente, creo que son necesarias medidas especiales para los viñedos de las regiones montañosas e insulares.

Hallam
Señor Presidente, lamento que la idea de insistir en que el embotellamiento tenga lugar en el punto de origen se haya deslizado en el informe del Sr. Martin, que por lo demás es excelente. La insistencia en el embotellamiento en el punto de origen es una tentativa bienintencionada y cándida de proteger los puestos de trabajo y la reputación de los vinos de determinadas regiones vitivinícolas. Con todo respeto diré que, desgraciadamente, es prueba de una enorme ignorancia de lo que realmente sucede al vino en los países a los que se envía. Tampoco reconoce las muy diversas formas en que el vino se distribuye, se comercializa o se consume, especialmente en Europa septentrional.
A su llegada los vinos se acondicionan según lo requieran las necesidades de los diversos mercados. Se vierten en recipientes o en botellas que se colocan en cajas que llevan las etiquetas de los supermercados o se colocan en contenedores especialmente refrigerados para que los restaurantes y los bares puedan venderlos fácilmente por copas o vasos. Estoy convencido de que las importaciones a granel en el Reino Unido están protegidas cuidadosamente para cerciorarse de que las etiquetas se colocan en las botellas de vino a que corresponden. Nunca pondrán la palabra «Bordeaux» en una botella de vino o en un recipiente que provenga de un tercer país. Velan cuidadosamente por que sus sistemas informáticos respeten la calidad. Los embotelladores tienen interés en que se vea que venden vinos de calidad.
Es posible que necesitemos asegurarnos de que esos sistemas de control son transparentes y evidentes para todos. Quizá sea ésta una cuestión que podamos discutir detalladamente cuando estudiemos en algún momento futuro el informe de la Sra. Lulling. Ahora bien, no corramos el riesgo de perder puestos de trabajo en nuestras propias zonas vitivinícolas o de crear problemas para nuestros propios embotelladores al levantar entre productores, distribuidores y consumidores barreras que son artificiales y que perjudicarán el comercio dentro de la Unión.

Bébéar
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la importancia del sector vitivinícola en la economía agraria de la Unión Europea está reconocida por todos. Pero es preciso aclarar que se debe, señor Comisario, al lugar preponderante de Europa en el mundo: el porcentaje de la producción europea en este sector representa el 60 % y, sobre todo, un 80 % de esta producción está destinado a la exportación. Entonces, me dirán ustedes, ¿por qué una organización del mercado? Pues bien, simplemente porque la economía se globaliza y hemos de fijar reglas comunitarias para organizarnos convenientemente frente a este mundo económico. Por ello, me parece bueno señalar algunos aspectos del informe que presentan una importancia capital para la viticultura europea.
En materia de plantaciones, hemos hecho muchos esfuerzos desde hace diez años para reducir la superficie de viñedos; en lo sucesivo, si bien es preciso saber arrancar de nuevo en algunas zonas frágiles, conviene también saber replantar tomando en consideración las necesidades y la demanda de calidad. Por ello es necesario dar prueba de flexibilidad y permitir a las regiones en desarrollo que satisfagan la demanda replantando, limitando los excedentes en algunas regiones.
Por lo que respecta a las prácticas enológicas, lo que acabo de oír me preocupa mucho. Yo, que soy francés, en medio de Europa, les digo: detengamos esta Guerra de las Galias, detengamos la guerra de los sudistas contra los nordistas y respetemos las tradiciones ancestrales que están reconocidas y son eficaces. Con actitudes tan rígidas estamos luchando contra nosotros mismos.
Con respecto a los sectores vitivinícolas, es evidente que ha sido la cooperación estrecha entre la producción y el comercio lo que ha permitido la instauración de corrientes de intercambios satisfactorios para el consumidor y para la calidad de los vinos que éste aprecia. Ésta es la razón por la que es necesario respetar los organismos de los que están dotadas nuestras regiones y, sobre todo, la función primordial que desempeñan en la adaptación de los recursos a las necesidades.
En el plano de la exportación, hemos de saber abrirnos al mundo exterior y darnos los medios para favorecer la comunicación sobre la calidad de los productos europeos.
Finalmente, ha sido en este espíritu y sobre la base de una propuesta de la Comisión que nos parece pusilánime, a veces maltusiana, otras demasiado administrativa, como la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha estudiado este informe sobre la OCM del vino. Numerosas reuniones y debates nos han permitido alcanzar el compromiso que refleja el texto que se les ha presentado. Es preciso, señorías del Norte y del Sur, que lo votemos. Constituye un progreso considerable con respecto a la posición de 1994. Este informe debería permitir que el Consejo tomara en consideración nuestra opinión. En todo caso, eso es lo que deseo encarecidamente.

Klaß
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la diversidad, la variedad, los rasgos peculiares, los sabores y también la identificación con la región de origen son inherentes a nuestro vino. Todos estos factores le confieren un carácter especial. Y ahora nos corresponde integrar esta diversidad en una organización común de tal forma que no se pierda, porque no queremos un vino europeo uniforme, pero sí necesitamos un marco jurídico que establezca normas viables.
Yo soy originaria de una de las zonas de plantación del norte de Europa, de la región del Mosela. Nuestros vinos nacen en condiciones climatológicas distintas. Nuestros vinos se presentan de otra manera, pero también tienen sus aficionados y su mercado.
Quisiera manifestar mi gratitud a la Comisión y al ponente Martin, así como a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por haber alcanzado un compromiso para la organización común del mercado vitivinícola que reconoce las peculiaridades regionales y mantiene los tratamientos enológicos tradicionales. Gracias a este compromiso, el vino, tal y como lo conocemos y apreciamos en las diferentes regiones de Europa, podrá sobrevivir. También se han salvado los puestos de trabajo en los sectores que se ocupan de las labores previas y posteriores al almacenamiento, así como los paisajes dominados por los viñedos. Podemos regular el mercado, pero no la naturaleza, el clima, la cosecha.
Soy partidaria de que cada año se determine la cantidad de vino que pueda comercializarse. En nuestras zonas vitícolas ya se ha elaborado una normativa similar que fija el rendimiento máximo por hectárea. Pero a este respecto estoy absolutamente en contra de la propuesta de la Comisión que pretende retirar la denominación «vino de calidad» a la cosecha en su conjunto en caso de que se rebase en un 120 % el rendimiento máximo por hectárea previsto. Hasta hora el vino de calidad no obedecía a estos criterios. Todos los agricultores, todos los viticultores dependen de las condiciones climatológicas. Años malos han de ser compensados con años buenos. Las buenas cosechas se comercializan en momentos de menor rendimiento. Es la única manera de que las empresas pueden mantener a las familias que dependen de ellas. Por todo ello, no podemos privarles de la posibilidad de almacenamiento. Quisiera invitarles a que tengan en cuenta este punto.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe y por el grado de consenso alcanzado en esta Asamblea, cosa que no ha sido fácil. Esta es una asignatura pendiente de la reforma de la PAC de 1992 y la propuesta presentada por la Comisión es de una importancia capital para el presente -y, sobre todo, para el futuro- de nuestro sector, especialmente en la encrucijada actual en que se halla la viticultura europea. Necesitamos los instrumentos que nos permitan ser competitivos en el mercado que ya hoy está abierto y preservar, para la Unión Europea, su puesto de líder mundial en este sector; sector que aporta un valor añadido enorme en términos tanto sociales como económicos.
Está claro que este consenso alcanzado respeta las singularidades históricas y las distintas prácticas enológicas y que concede una gran importancia a la calidad y a la promoción, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y permite, además, un crecimiento moderado y controlado de nuestra viticultura.
Sobre el tema de los alcoholes, etc., voy a tratar de no repetir lo que ya se ha dicho, pero sí quisiera decir que hay que mantener un equilibrio entre el progreso técnico y el mantenimiento de la especificidad de los vinos europeos. Es otra tarea que debe resolver esta reforma.
Por todo ello, con una competitividad mejorable, no limitada sólo a los viñedos sino aplicada también a la mejora de las instalaciones -como ya se ha dicho- y a la promoción del vino, unida a la divulgación de los conocimientos científicos sobre el vino, aumentaría la demanda de nuestros caldos en un mercado cada vez más abierto. Estamos también a favor de la creación de un consejo superior de exportaciones. Creemos que esto es imprescindible.
Pero, señor Comisario, me queda un pequeño fleco: el de la fabricación de vino, teóricamente europeo, con mostos importados de terceros países. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto?
Señor Comisario, tiene usted una ocasión de oro -diría yo- para hacer suyas las enmiendas que apruebe esta Asamblea y, en el fondo, hacer suyo el consenso alcanzado aquí, donde todos hemos dado un gran paso al frente, unos con más esfuerzo que otros -hay que reconocerlo-, en beneficio, creo yo, de la viticultura europea.

Santini
Señor Presidente, señor Comisario, compruebo que soy el último orador. Pues bien, hemos llegado hasta el fondo de esta botella y, como sucede con frecuencia, encontramos algo de poso que incluso habría podido enturbiarla. Menos mal que soy, repito, el último en intervenir: sí, porque considero buena la propuesta de la Comisión y encomiable el esfuerzo de nuestro ponente que ha actuado más como diplomático que como técnico, sin embargo, no puedo lanzar las campanas al vuelo y saludar esta reforma y el resultado de este trabajo.
En política se tiende a evaluar todos los problemas desde una óptica de derechas o de izquierdas. Señora Lulling, cuando se habla de agricultura volvemos fatalmente a las viejas posiciones de un problema visto desde el norte o desde el sur. Pese a la buena voluntad, esta divergencia no se ha paliado todavía; antes bien, las posiciones están aún alejadas. Ésta habría podido ser una ocasión para tratar de acercarlas, sin embargo, por los motivos que ya han explicado los diputados italianos, no podemos considerar que hemos enfilado el camino hacia la recuperación -que, algo pomposamente, me atrevo a definir casi histórica- de un handicap histórico que se sufre en esta comparación y que quizás sólo en los próximos años será posible superar parcialmente.
Sin embargo, no quiero enturbiar totalmente este vino. Existe algún aspecto positivo y quiero señalar dos de ellos: primero, el impulso hacia la calidad y la promoción del vino como bebida absolutamente inofensiva y digerible, apta para todas las edades y todas las mesas; segundo, las ayudas a la reestructuración de los viñedos con la sustitución de los vinos de mesa con vinos de calidad, y las ayudas en favor de los jóvenes y las zonas desventajadas de montaña. Los aspectos que, por el contrario, no puedo valorar son: una escasa protección frente a los vinos de los terceros países; una excesiva atención por los aspectos técnicos de la elaboración y del envase y, por el contrario, una insuficiente atención por los aspectos de la producción; no es satisfactorio el impulso hacia la sustitución de la sacarosa con mosto concentrado y rectificado, con todos los incentivos oportunos, y esto por los motivos ya explicados por otros colegas.
Por último, la destilación obligatoria: yo también quiero tirar de las orejas a mi viejo amigo Martin. La idea del señor Comisario y de la Comisión de eliminarla y de dejar sólo una destilación de crisis era una idea excelente. Nuestro amigo Martin -todavía no he entendido por qué- ha querido introducirla de nuevo. Señor Comisario, trate usted de restablecer el equilibrio.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos ustedes por el empeño que han puesto en examinar la propuesta de la Comisión sobre el vino. Pero sobre todo quiero manifestar mi gratitud al ponente, el Sr. Martin, quiero agradecerle su capacidad de análisis y, muy en particular, sus continuados esfuerzos por lograr un compromiso, algo que ya ha sido reiteradamente elogiado hoy. Gracias a su perseverancia, hemos conseguido que en el marco de la Agenda 2000 la propuesta para el sector vitivinícola no quede relegada a la retaguardia en comparación con las demás propuestas de reforma.
Como ustedes saben, la presente propuesta pasará a ocupar el lugar de los 23 reglamentos que el Consejo ha aprobado hasta la fecha. Pretende introducir simplificaciones y cubrir todos los aspectos básicos del sector, desde la vid hasta el producto etiquetado. Aunque hayan presentado una lista de enmiendas muy larga, me alegra poder comprobar que hay toda una serie de temas en los que nuestros puntos de vista coinciden. Muy en especial compartimos la opinión de que la única forma de garantizar la competitividad de los vinos comunitarios pasa por la calidad y de que las medidas de reforma previstas han de contribuir a alcanzar dicho objetivo.
Por lo demás, también coincidimos en que la situación del mercado exige una gestión flexible del potencial de productos. Estamos asimismo de acuerdo en que es preciso preservar el carácter específico de todos los vinos comunitarios y conferirle una base jurídica mediante el establecimiento de una normativa para los tratamientos tradicionales de la elaboración del vino.
Permítanme que, antes de que me detenga en algunas otras enmiendas, les recuerde los siete objetivos que la Comisión se dispone a perseguir con su propuesta de reforma. En primer lugar pretendemos incrementar la competitividad del sector vitivinícola. En segundo término, queremos salvaguardar el equilibrio mejorado entre la oferta y la demanda en el mercado comunitario. En tercer lugar, tenemos la intención de suprimir el mecanismo de la intervención como salida artificial para la producción excedentaria. El cuarto objetivo consiste en seguir manteniendo todas las salidas tradicionales, también las del alcohol de boca y otros productos de la viticultura. En quinto término pretendemos respetar la diversidad regional. Nuestra sexta meta es fortalecer el papel desempeñado por las organizaciones de productores e interprofesionales. Y por último, consideramos fundamental que se simplifiquen las disposiciones legales y que acaben siendo más transparentes.
Sobre estos objetivos existe un amplio consenso. Algunas de las enmiendas por ustedes presentadas contribuyen de manera significativa a mejorar las medidas que nosotros hemos diseñado para alcanzar las metas mencionadas. En concreto, estimamos especialmente constructiva la propuesta encaminada a crear un marco jurídico para las organizaciones de productores e interprofesionales. Espero que con esto haya formulado una respuesta satisfactoria a la pregunta de la Sra. Lulling. Ya hemos comenzado a hablar del tema.
Otras enmiendas fructíferas son las que se refieren a la introducción de un criterio para la solución del problema de la destilación de crisis, nuevas normas para los licores y un abanico de mejoras técnicas. Sin embargo, también hay cuestiones en las que nuestras opiniones divergen y en las que quisiera detenerme un poco más. A fin de que aquellas regiones cuya producción vaya a la zaga de la demanda del mercado puedan proceder a una expansión, aunque controlada, la Comisión propone concederles nuevos derechos de plantación por un valor de 35.000 hectáreas. Distribuyéndolos a lo largo de un período de tres años suponen prácticamente el doble que los derechos complementarios que se garantizan en el marco de los dos últimos paquetes de precios agrícolas.
Además de ello, la propuesta según la cual los productores que se comprometan a arrancar las superficies plantadas podrán optar a los derechos de replantación tendrá asimismo como consecuencia una ampliación considerable del potencial de producción. Dicha ampliación de hecho puede ser superior a las 35 hectáreas que pretendemos obtener mediante este porcentaje suplementario. Por tanto, no me parece viable que vayamos más allá. De lo contrario, no sabremos preservar el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Otra de las enmiendas tiene por objeto incorporar en las medidas de reforma la renovación de los viñedos sin más. A este respecto, quisiera recordarles que el objetivo de las medidas de reforma consiste en ajustar la producción de determinadas regiones problemáticas a los cambios en la demanda del mercado. No podemos olvidar que los medios que tenemos a nuestro alcance tienen sus límites y que no podemos permitirnos el lujo de seguir financiando medidas que siempre han formado parte de la explotación normal de los viñedos.
Por lo que a las medidas de reforma se refiere también se ha formulado la propuesta de que los costes ocasionados por la reforma fuera de las zonas contempladas en el objetivo 1 sean cofinanciados hasta un 25 % por los Estados miembros. Reconozco que el problema de la cofinanciación sigue siendo objeto de discusión, aunque se deberá tomar una decisión definitiva al respecto en el contexto del paquete integrado de la Agenda 2000. Es, por tanto, un tema que también ha de tratarse fuera del marco de la organización común del mercado vitivinícola en el contexto de la financiación global de la Agenda.
Hay otras enmiendas que ponen en tela de juicio el statu quo relativo a las prácticas de aumento artificial del grado alcohólico y especialmente a la concentración de azúcar. En este sentido no puedo sino dar la razón al diputado Bébéar. Creo que llegamos con un retraso de 150 años si ahora nos planteamos si debemos iniciar una nueva guerra entre los Estados del sur y los del norte. Por todo ello, considero legítimo que conservemos las diferentes tratamientos tradicionales de aumento artificial del grado alcohólico así como las muy variadas prácticas enológicas.
En cuanto a las enmiendas relativas a la propuesta de imponer la destilación de crisis estoy convencido de que la opción de la Comisión es la solución correcta. En el mercado abierto que nació a raíz de la Ronda Uruguay y en el que ya no pueden ser establecidos precios mínimos, las medidas obligatorias no vienen a cuento, puesto que la retirada de vino del mercado sólo tendrá como consecuencia que abriremos un hueco a importaciones complementarias. Por otra parte, sí acepto la propuesta de que en el texto del Consejo se integren criterios complementarios, concretamente los relacionados con los precios de mercado, para la aplicación de esta medida.
Otra enmienda aboga por incorporar en la organización común del mercado vitivinícola medidas encaminadas a fomentar la salida a los mercados interiores y exteriores de los productos del sector. A este respecto quiero dejar claro lo siguiente. En mi opinión, la salida a los mercados exteriores surtirá mayor efecto en el marco de un reglamento de índole horizontal, aunque, obviamente, soy partidario de que se prevean medidas para fomentar este tipo de promoción del producto. Habida cuenta del desacuerdo de los Estados miembros respecto al fomento de las salidas en el mercado interior y su divergente postura acerca de las salidas de las bebidas alcohólicas y el fomento de las mismas en general, me lleva a pensar que aquí estamos ante un problema que dificultaría seriamente la incorporación de una enmienda de estas características en la organización común del mercado vitivinícola.
La eliminación de la actual prohibición de elaborar vinos sobre la base de mosto de uva procedente de terceros países es otro tema que ha sido mencionado con frecuencia. Gracias a ello he podido hacerme una idea de hasta qué punto algunos Estados miembros se sienten afectados por esta disposición. Con respecto a esta cuestión hemos consultado a numerosos expertos y, según nos han explicado los asesores jurídicos, las obligaciones estipuladas por la OMC de hecho imponen la eliminación de la actual prohibición general. Ello no obstante, los servicios de la Comisión han explicado a los Estados miembros que nuestra propuesta prevé claras disposiciones de control y etiquetado que incluyen una reglamentación para la creación de una garantía de importación a fin de asegurar que el vino elaborado a partir de mosto de uva procedente de terceros países no puede ser considerado como vino comunitario.
Por último, se han presentado toda una serie de enmiendas que se refieren a los vinos de calidad producidos en determinadas regiones. Quisiera dejar claro que tenemos la intención de adoptar íntegramente las disposiciones contempladas en los reglamentos del Consejo actualmente vigentes, con la salvedad de que pretendemos ceñirnos a las estipulaciones generales de los reglamentos del Consejo incorporando las demás especificaciones en las disposiciones de aplicación. En cuanto a los rendimientos máximos establecidos para los vinos de calidad, la Comisión ha aprovechado la ocasión para diseñar una normativa comunitaria que pretende regular los casos en los que dichos rendimientos máximos se rebasan, garantizando condiciones idénticas para todos los productores comunitarios de vinos de calidad.
En el supuesto de que los Estados miembros se encarguen ellos mismos de regular eficazmente esta cuestión mediante la aplicación de disposiciones transparentes y de carácter nacional, tenemos tiempo para seguir reflexionando sobre este problema, de este modo accedemos a la solicitud de la Sra. Klaß.
Para finalizar quisiera comentar una enmienda que se reitera en más de una ocasión a lo largo de la propuesta. Dicha enmienda pretende imponer la obligación de que determinadas decisiones del Consejo relativas a la regulación del mercado tan sólo puedan tomarse previo dictamen del Parlamento Europeo. Aun cuando, en mi opinión, se trate de un instrumento excelente a la hora de decidir cambios importantes y sobre todo políticos, lo considero demasiado lento y complejo para medidas puramente técnicas destinadas a regular el mercado. En este ámbito se requieren decisiones que permitan una inmediata reacción ante la situación del mercado. Es ésta la razón por la que nos hemos decidido a reservar los principios básicos para el Consejo, en tanto que la Comisión se hará cargo de las decisiones en el terreno de la regulación del mercado. De esta forma, pretendemos garantizar un elevado grado de flexibilidad y capacidad de reacción. Por eso mismo, no puedo aceptar otras enmiendas que hacen peligrar este objetivo.
Espero que mis observaciones hayan despejado las dudas acerca del punto de vista adoptado por la Comisión con respecto a las enmiendas contenidas en el informe. Para concluir quisiera subrayar una vez más el amplio consenso que existe entre nosotros sobre un gran número de cuestiones importantes.

Cunha
Señor Presidente, he quedado profundamente confuso con la explicación que ha dado el Comisario Fischler sobre la importación de mostos de terceros países para vinificación. No he comprendido su explicación y pregunto al Comisario si ya se ha dado cuenta de la «bomba» que representa sentar ese precedente.

Fischler
Señor Presidente, pensaba que mi intervención no dejaba ninguna duda al respecto. He puesto de manifiesto que las actuales disposiciones del GATT no permiten mantener la prohibición de importar mosto. Debemos suprimir esta prohibición si pretendemos cumplir la normativa impuesta por el GATT. Lo que sí podemos hacer es garantizar que el mosto importado -incluso el que se mezcle con mosto de origen comunitario-, todo producto que responda a esta definición, esté debidamente etiquetado para que todo el mundo sepa a ciencia cierta que se trata de un vino elaborado sobre la base de mosto extranjero.
Debemos procurar, pues, que el consumidor pueda reconocer los vinos con mosto extranjero como tal, como vinos elaborados parcial o íntegramente a partir de mosto extranjero. Pero lo que no podemos hacer es prohibir a priori la importación de mosto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Cruce de las fronteras de la Unión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
informe (A4-0450/98) de la Sra. Lindeperg, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre armonización de las formas de protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea-segundo informe (A4-0045/99) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobreI. la propuesta de acto del Consejo (COM597)0387 - C4-0681/97-97/0227(CNS)) por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembrosyII. el proyecto de Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros-informe (A4-0043/99) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobrela propuesta de Reglamento del Consejo (COM(93)0684 - C4-0665/97-97/0922(CNS)) por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembrosyla orientación del Consejo acerca de la propuesta de Reglamento del Consejo (11323/97) (COM(93)0684 - C4-0665/97-97/0922(CNS)) por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros.
Lindeperg
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, señorías, los dirigentes de los Estados miembros están convencidos de que la política de asilo ya no se puede dirigir sólo a escala nacional.
El Tratado de Amsterdam ha reafirmado esta visión de las cosas dando la posibilidad, a medio plazo, de hacer del asilo una política comunitaria, con votación por mayoría cualificada en el Consejo. Pero el tiempo apremia y no es posible esperar un plazo tan incierto para armonizar las prácticas. Algunos intentos se han realizado en el marco del tercer pilar, y es de esperar que se vean trasladados al derecho comunitario con rapidez.
El Convenio de Dublín ha entrado en vigor, pero se constatan numerosos fallos de funcionamiento. La resolución sobre las garantías mínimas contiene avances positivos, pero es de lamentar que sus disposiciones no sean obligatorias. La posición común de marzo de 1996 sobre la definición del refugiado confirma una interpretación restrictiva, que excluye del estatuto a las personas perseguidas por grupos terceros, y crea situaciones difíciles de gestionar y dramáticas desde el punto de vista humano. Los proyectos sucesivos de acción común en materia de protección temporal, para responder a los casos de afluencias masivas de personas desplazadas, chocan con dificultades en el Consejo.
Hay un sector en el que la armonización no ha progresado, aunque el punto figura en el programa del Consejo desde hace varios años, es el de las formas de protección complementarias al Convenio de Ginebra. Éste no abarca todas las situaciones de personas que han huido de sus países y no pueden regresar ya que alimentan temores fundados de ser perseguidos. Incluso si el Convenio de Ginebra se interpretara de acuerdo con las recomendaciones del ACNUR, algo que solicitamos firmemente en este informe, persistiría una zona de nadie entre la protección asegurada por el Convenio de Ginebra y la protección temporal actualmente a debate, que afecta exclusivamente a los flujos masivos de población, con exclusión de los casos individuales.
En la actualidad, las soluciones, cuando las hay, se dejan a la apreciación de las autoridades nacionales, y lo menos que puede decirse es que esas soluciones son de una extrema diversidad. Por lo que hace referencia a los que han visto denegadas sus peticiones del Convenio de Ginebra que corren riesgos serios en caso de retorno a sus países, ¿qué pasa? La mayoría, afortunadamente, sigue en el territorio de la Unión, veremos en qué condiciones. Pero no se debe olvidar que algunos son repatriados, despreciando el peligro, con el riesgo de sus vidas, como han demostrado algunos casos dramáticos.
La situación toma un rumbo tan preocupante que en mi país por ejemplo, al no ser mejor la situación en los demás Estados miembros, algunas ONG, que por otra parte, no tienen fama de que no se les pone nada por delante o de que son irresponsables, han dado la alarma denunciando las exigencias insensatas de la administración frente a personas que sufren torturas o tratos degradantes. Estas asociaciones deploraban la bajada de los niveles de reconocimiento del estatuto Convenio y la situación dramática de las personas abandonadas, de las cuales, algunas, convencidas de ser rechazadas, ya no se atrevían a solicitar el estatuto. Proponían un cambio de lógica y el retorno a una ética de precaución.
Por lo que respecta a los rechazados y no devueltos a sus países, ¿qué situación se les ofrece? Están sometidos a las disposiciones nacionales del país de acogida que son muy diversas. Esto va desde los que tienen la suerte de disfrutar de verdaderos estatutos de protección complementaria hasta los que son simplemente tolerados, sin estatuto, sin derecho, en la inestabilidad y la precariedad más absolutas, y cuya situación está constantemente puesta en tela de juicio.
Las actuales disposiciones nacionales, cuando existen, son totalmente diferentes de un Estado miembro a otro y con frecuencia incluso en el interior de un mismo Estado miembro. ¿Quién puede sacar provecho de esta jungla inextricable? Los interesados no, evidentemente, pero tampoco los mismos Estados, que no pueden esperar un reparto coherente de los solicitantes y que están enfrentados a los problemas sociales que plantean unas personas en situación de precariedad.
El objetivo de mi informe es llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre la urgente necesidad de progresar en la armonización de esas protecciones complementarias, de definir un estatuto y unos derechos que permitan a esas personas, que de todos modos quedarán en el territorio, salir de la precariedad y de la angustia. Estas formas de protección complementaria no han de poner en crisis la aplicación plena e íntegra del Convenio de Ginebra, y al mismo tiempo, han de distinguirse claramente de la protección temporal.
Por lo que respecta a las enmiendas, la mayoría de las que se han propuesto tienden a modificar considerablemente la filosofía del texto y dan fe de hecho de un desacuerdo con el objeto mismo del informe. Todo el mundo comprenderá, por tanto, que yo las rechace.
Me hubiera gustado aceptar las del Grupo ARE relativas a las persecuciones con respecto a los homosexuales. Pero he comprendido que la aceptación de estas enmiendas corre el riesgo de reducir a la nada las largas concertaciones con miembros de otros grupos y, en definitiva, poner en peligro la votación final. Pediré por tanto a mi grupo que las rechace.
Quisiera terminar dando las gracias a los muchos colegas que han participado en este trabajo colectivo, del que espero desembocará al final en una práctica del asilo en la Unión Europea más conforme a los compromisos internacionales que han suscrito los Estados miembros y los principios humanistas sobre los que está basada la Unión.

Lehne
Señor Presidente, señoras y señores, hoy presento dos informes. El primero se refiere al Convenio relativo a los nacionales de terceros países y el segundo se centra en la armonización de la política de visados en la Unión Europea. Permítanme que dedique la primera parte de mi intervención al Convenio relativo a los nacionales de terceros países, que sin duda es un tema más complejo desde el punto de vista legislativo.
Considero fundamental que el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea vaya acompañado de una estrecha colaboración en materia de inmigración y, evidentemente, en todo lo que a los derechos de los nacionales de terceros países residentes en la Unión se refiere. No tiene sentido suprimir las fronteras con medidas como Schengen y otras disposiciones por el estilo cuando, por otro lado, convivimos con numerosos nacionales de terceros países que ni mucho menos pueden aprovechar todas las posibilidades que ofrece la libre circulación dentro de dicho mercado interior, y cuando en los diferentes Estados miembros existen normativas muy diversas en materia de inmigración. Así se llega a la situación de que los inmigrantes acogidos por determinados Estados miembros entran en el mercado laboral del mercado interior en su conjunto y, por tanto, su acogida puede acabar teniendo consecuencias -no quiero utilizar la palabra carga- para otros Estados miembros.
Es por lo que me congratulo de que la Comisión haya puesto sobre la mesa una propuesta para un Convenio relativo a nacionales de terceros países. Lo considero ya en sí como un enorme avance.
Desafortunadamente, en este Parlamento el debate sobre el Convenio relativo a nacionales de terceros países ha tenido una trayectoria poco feliz. Se acordarán de que el debate en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores quedó cerrado el pasado verano y que estaba previsto celebrar el debate final sobre dicho Convenio en el Pleno en el mes de septiembre. En aquel entonces, el Grupo socialista solicitó -yo respaldé esta solicitud- la devolución del informe a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. El origen de todo ello fue simplemente que la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores había aprobado y, por lo tanto, presentado al Parlamento toda una serie de medidas enormemente controvertidas, por ejemplo una extensión prácticamente ilimitada del derecho a la reagrupación familiar a todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos. La existencia de relaciones de pareja se consideraba razón suficiente para justificar la reunificación familiar. Se ampliaron las posibilidades de conceder contratos indefinidos a trabajadores temporales. La mera oferta de un puesto de trabajo bastaba para justificar el derecho a la inmigración. Se suprimió la expulsión por delitos graves. De haberse llevado a la práctica, todos estos elementos hubieran significado una carga excesiva para los mercados laborales y los regímenes sociales de los Estados miembros de la Unión Europea.
Aparentemente, los que en aquel momento presentaron enmiendas recelaban de su propia valentía y para mayor seguridad tomaron la sagaz decisión de solicitar la devolución a comisión. Siendo yo el ponente, a partir de aquel momento puse todo mi empeño en buscar compromisos. A mi modo de ver se puede decir con toda razón que el informe que debatimos hoy es un verdadero compromiso y que ha logrado conciliar las distintas posturas existentes en comisión en un resultado común.
Por lo que a la reunificación familiar se refiere nos hemos limitado a adoptar lo que propone la Comisión. Respecto al tema de los trabajadores temporales nos hemos guiado por el principio de la subsidiariedad, concediendo un margen de libertad a los diferentes Estados miembros. La puesta a disposición de puestos de trabajo en los Estados miembros se fundamenta igualmente en el principio de subsidiariedad. Al mismo tiempo -siempre he sido partidario de esta opción-, hemos eliminado del conjunto del Convenio la cuestión tratada en el capítulo 8, a saber, el derecho de los nacionales de terceros países residentes en la Unión Europea, en el convencimiento de que el Convenio tiene por objeto regular la cuestión de la inmigración y no el problema del derecho de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
Pero a la vez instamos a la Comisión a que prepare una nueva propuesta que se centre precisamente en el derecho de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, recogido en un proyecto complementario, puesto que no cabe duda de que estos asuntos también requieren una reglamentación.
Por lo demás, de las conversaciones que mantuvimos previamente en comisión con los funcionarios de la Comisión se desprendió que la Comisión tenía de todas formas la intención -una vez que se conociera la postura del Parlamento respecto al Convenio relativo a los nacionales de terceros países, y después de que también el Consejo formulara su opinión al respecto- de retirar formalmente el proyecto de Convenio en aras de perfeccionarlo y con idea de volver a ponerlo sobre la mesa como propuesta de directiva tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Esta iniciativa también mereció mi apoyo, así como el de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. Estimo que la entrega por parte de la Comisión de un proyecto aún más elaborado nos permitiría discutir esta cuestión con mayor conocimiento de causa de lo que hemos podido hacer hasta la fecha.
Quisiera dejar claro que rechazaré las enmiendas propuestas por el Grupo ARE, el Grupo GUE y el Grupo socialista lisa y llanamente por la razón de que, en principio, recogen ideas del debate inicial de septiembre que no puedo aceptar por los argumentos que he alegado antes y que me veo obligado a invocar de nuevo aquí. Hablando claro, en caso de que las enmiendas de estos Grupos se aprueben, mi calidad de ponente me obligará a hacer un llamamiento al final de la votación en el Pleno para que se rechace mi propio informe. Por tanto, les ruego no acepten dichas enmiendas.
Pasemos ahora al segundo informe. Se trata de la denominada directiva del visado. También se caracteriza por una historia poco honrosa. Recordarán sin duda que el Parlamento Europeo adoptó hace años un punto de vista con respecto a esta directiva, que finalmente fue adoptada por el Consejo. No estuvimos de acuerdo con el resultado del Consejo, sencillamente porque la Comisión había presentado una propuesta vinculante para la elaboración de una lista de países que precisan de visado que fue aceptada por el Parlamento, mientras que el Consejo aprobó posteriormente una lista que en el fondo no suponía ningún compromiso, puesto que cada uno de los Estados miembros podía introducir otras obligaciones de visado para países no contemplados en la lista con la única condición de que comunicara sus decisiones al respecto a la Comisión.
Por esta razón, el Parlamento Europeo interpuso una denuncia contra esta directiva ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la ganó con el argumento de que nuestra opinión no se había tenido suficientemente en cuenta.
El debate de los últimos meses, desde el momento en que se dio a conocer la sentencia, se ha centrado casi exclusivamente en problemas de procedimiento, más en concreto en la pregunta de cuál debe ser el objeto de discusión: ¿la decisión modificada del Consejo que ha sido anulada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o la propuesta inicial de la Comisión? Podría decirse que al final hemos encontrado un compromiso en el que si bien la propuesta de la Comisión constituye el punto de partida de nuestros debates, el nuevo informe también ofrece una respuesta a las propuestas abordadas y contempladas en la decisión del Consejo.
Ahora quisiera llamar su atención sobre un problema fundamental de carácter político con respecto al cual como ponente siempre he mantenido la postura adoptada por la mayoría del Parlamento en los debates anteriores. Se trata de la pregunta de si Bulgaria y Rumanía han de incluirse en la lista de los Estados que precisan de visado. Represento a quienes estiman que Bulgaria y Rumanía han de ser suprimidos de dicha lista, y ello por dos razones. En primer lugar porque las conversaciones con los funcionarios de la Comisión expertos en la materia, y especialmente con los miembros de la Dirección General Ia, han demostrado que estos dos países ya han cumplido parte de los requisitos previos a la anulación de la obligación de visado. Aunque todavía no reúnan todas las condiciones, ya cumplen buena parte de ellas.
En segundo término, considero que ya va siendo hora de que el Parlamento Europeo emita una señal. Ustedes saben perfectamente que en el marco de las negociaciones sobre la ampliación hacia el este y los preparativos para las mismas algunos Estados creen haber empezado con buen pie, mientras que otros temen haber comenzado mal. Opino que corresponde a nosotros, en tanto que Parlamento, hacer un gesto de aproximación a los búlgaros y rumanos suprimiendo la obligación de visado para estos países.
No voy a agotar el tiempo que me ha sido concedido. Para concluir mi intervención sobre los dos informes que tenía que presentar hoy en el Parlamento sólo me queda agradecerles su atención.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y también de mi Grupo, quisiera empezar esta intervención señalando algo que me llama la atención. Después de la aprobación del Tratado de Amsterdam, nuestra comisión ha recibido varios documentos que indican el avance en la comunitarización en los ámbitos de la inmigración y también en los del asilo y refugio, además de todos los trabajos que se llevan a cabo en el ámbito del tercer pilar.
Todo esto nos alegra y nos parece un paso en la buena dirección. Pero no me llamaría tanto la atención si no fuese fácil ver en dichos avances que no siempre tienen el mismo contenido ni la misma estrategia. Esta propuesta que nos presenta la Comisión sobre admisión de ciudadanos de terceros países y otros documentos, por ejemplo el de estrategia del Consejo que ha llegado hace poco a este Parlamento para su consulta, son muestra de ello.
Como creo que este Parlamento no es una máquina de emitir dictámenes ni de hacer enmiendas a cualquier documento que nos llegue, sino que tiene que tener una cierta visión de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que las instituciones nos proponen en relación con este tema, a mí me gustaría mucho poder saber, por parte del Consejo y de la Comisión, cuál es su estrategia, si ésta existe, y hacia dónde estamos avanzando.
En relación con el convenio que nos ocupa, quisiera decir, en calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que somos conscientes de la importancia que la gestión de la inmigración tiene para la relación con los terceros países. Hay tres aspectos que quisiera señalar en este sentido: en primer lugar, la conciencia de que el control de fronteras no lo podemos hacer solos, hay que contar con estos terceros países como viene demostrándose claramente en las fronteras mediterráneas y en los dramas que allí se viven. También pensamos que el tema de la inmigración es un factor importante de codesarrollo y que hay que facilitar, por ejemplo -y así nos gustaría verlo reflejado en este informe-, la posibilidad de que ciudadanos de terceros países estudien en la Unión Europea y que esto sea tenido en la consideración debida.
Entrando ya en el contenido de la propuesta de convenio que se nos presenta, quiero decir, de entrada, que no me parece muy afortunada la referencia del ponente al debate anterior. Creo que devolvimos este informe a comisión de acuerdo con él, y me parece que hemos hecho un esfuerzo para seguir adelante en este debate porque nos parece, como decía antes, que va en la buena dirección. No me han parecido muy oportunas, pues, estas palabras.
Quisiéramos -y así lo hemos intentado- que este informe evite, sobre todo, algunas cosas. En primer lugar, la inseguridad jurídica de los inmigrantes y de los que pretenden entrar; en segundo lugar, la tendencia a la ilegalidad a causa de una excesiva burocratización o de trabas burocráticas, es decir, debemos evitar que gente que podría residir legalmente entre nosotros se vea abocada a la calidad de sans papiers , como dicen en Francia, y también debe evitarse la excesiva rigidez porque la emigración cero ni existe ni va a existir, y me parece que pensar con una excesiva rigidez es condenar a la gente a caer en manos de las redes de tráfico de personas.
Por eso, hemos introducido algunas modificaciones y hemos llegado a un compromiso, lo cual me parece bueno en algunas cosas importantes. En lo que hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena, nos parece muy importante vincular la admisión a una oferta de empleo y el contrato a la posibilidad de residencia o el permiso de residencia, y no vincular, tanto la admisión como la residencia, a un contrato de trabajo. Esto me parece bastante utópico. Algunos países, como Italia, han avanzado en propuestas imaginativas en este sentido.
En relación con el trabajo temporal, como señalaba el ponente, se trata de ceñirse a la subsidiariedad.
Y en cuanto al ingreso por actividades económicas independientes, me parece importante señalar que hay que excluir los países que tienen cupos de la norma que prevé este informe.
Me salto algunos puntos por no disponer de más tiempo, pero quiero señalar que hemos introducido, en el tema de la reagrupación familiar, la cuestión de las excepciones y que no vamos a poder aceptar en ningún caso la enmienda del Grupo Popular rebajando a 16 años la edad de los hijos que tienen derecho a la reagrupación familiar.
Para terminar, quisiera hacer una referencia al capítulo 8. Nosotros creemos que es muy importante que haya una propuesta de la Comisión que señale cuáles son los derechos de los ciudadanos que viven aquí, para darles un estatuto y resolver su situación legal, derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea que vivimos aquí. No queremos una Comunidad con dos tipos de ciudadanos, unos con unos derechos y otros con otros. Pero, efectivamente, los derechos de ciudadanía que se desprenden de ser ciudadano de un Estado miembro -valga la redundancia- no sirven para estos ciudadanos y, por eso, creemos que la Comisión debe presentarnos una propuesta que incluya a éstos y que resuelva también el tema de la libre circulación para los residentes legalmente instalados.

Aelvoet
Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa abogó ya hace dos años, fue en diciembre de 1997, en el marco del Informe Oostlander, por la supresión de la obligación de visado tanto para Rumanía como para Bulgaria. Por otra parte, el Pleno apoyó también este punto de vista y también en marzo de 1998 se adoptó la misma postura en un informe posterior. Por lo tanto, el Parlamento Europeo ha defendido con mucha continuidad el punto de vista de que se debería suprimir la obligación de visado para estos países. Naturalmente, todos los que están aún aquí esta noche y que todavía aguantan saben de sobra que esto causa muchas dificultades en sendos países porque justo en el marco de la ampliación, muchísima gente toma la iniciativa para buscar, con motivo de este proceso, cursos de estudio, seminarios, intercambio de contactos etcétera, y cada vez más, oportunidades para poder estar presentes aquí en la Unión Europea. Eso provoca colas enormes delante de las embajadas de la Unión Europea en las que la gente tiene que aguantar, a menudo después de haber hecho un largo viaje. En resumen, esto requiere mucho esfuerzo y bloquea por lo tanto las posibilidades de un contacto más directo. De ahí que deseemos insistir en que hay que poner fin a esto.
Además, sobre todo los países del grupo de cabecera, como los hemos denominado, países que están ya en una posición más adelantada con respecto a las negociaciones con la Unión Europea, están empezando a urdir planes para formular los mismos requisitos en el marco de la adquisición del «acquis communautaire». O sea, en vez de integrarse más, no solamente se ven cada vez más excluidos de la Unión, sino que también se hacen más difíciles para ellos los contactos con los antiguos países del Este.
Por último, en la opinión, que ha sido apoyada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, presto atención al hecho de que es negativo que se establezca la obligación de visado para Hong-Kong dado que vice versa no se requiere. Los ciudadanos de la UE pueden entrar sin problemas en Hong-Kong sin visado. Además, es también una señal política importante que desde la Unión Europea sigamos considerando a Hong-Kong como una región administrativa autónoma.

Lulling
Señor Presidente, soy el ponente, o debería decir la ponente, de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre esta iniciativa de nuestra Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que pretende establecer una reglamentación mínima armonizada, destinada a aplicarse de manera uniforme a los solicitantes de asilo no amparados por el Convenio de Ginebra. Esta iniciativa, loable en sí misma, ciertamente no debe culminar abriendo unas puertas anchas y de par en par de la Unión Europea para conceder un derecho de asilo a casi todos los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo. Pero si se limita a una armonización justificada y necesaria, mi propósito es llamar la atención sobre los problemas específicos de algunas mujeres refugiadas de algunos países en condiciones especiales.
La armonización preconizada para completar el Convenio de Ginebra debería, en opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, incluir, en situaciones particulares, las persecuciones de carácter sexual, los diferentes tipos de violencia y la explotación sexual, el tráfico de mujeres, desde el momento en que constituyen una amenaza para la vida y la salud de las mujeres afectadas. El objetivo no es sin duda el de pretender conceder un derecho de asilo a todas las mujeres de todos los países ya que se trata de seres humanos de sexo femenino que temen ser objeto de violencia sexual. Además, casos como estos se encuentran en los Estados miembros de la Comunidad. Pero cuando las mujeres pueden invocar legítimamente el derecho de asilo para situaciones particulares de este tipo en sus países de origen, nosotros estamos insistiendo principalmente para que consigan un estatuto propio, independiente del de su marido y su familia, e insistimos para que puedan disfrutar también de ayuda médica y psicológica particular, todo ello en el sentido de las conclusiones de mi informe de opinión.

Lindholm
Señora Presidenta, la historia de este informe ha sido más que extraña. Ésta es la razón por la que también ha tardado en llegar hasta el Pleno, pero ahora está aquí.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, entre otras cosas, ha recomendado, por ejemplo, -y quisiera ver que el Parlamento les da su apoyo- enmiendas que dicen que los criterios para ser incorporado a la lista común -negra o gris o como se le quiera llamar- tienen que ser objetivos, iguales para todos los países, y públicos. No obstante, estos criterios de incorporación también tienen que contener normas acerca de cómo se procede para borrarse de la lista. También ésta debe evaluarse y actualizarse regularmente. No debe ser algo que dure eternamente.
Ya se ha nombrado la obligación de visados para Bulgaria y Rumania. En este punto hay unanimidad en la comisión jurídica. Se trata de países candidatos que negocian su adhesión pero que son discriminados durante este tiempo. No es aceptable. También quisiéramos ver los informes que sirven de fundamento para la obligatoriedad de visados para Bulgaria y Rumania, informes presentados por comisiones de expertos que han visitado estos países. Desearíamos que esos informes se presentasen ante el Parlamento. Sería interesante ver en qué se fundamentan. Por esto quisiéramos tener apoyo para las enmiendas 28 y 29.
En cuanto a la política de refugiados -éste es un debate común- quisiera decir en nombre de los Verdes que nos inquieta la política de refugiados de la UE, no menos a la luz del Tratado de Schengen, y el hecho de que cada vez menos refugiados se atreven a pensar en un refugio en la UE. Por eso disminuye también su número cada año. ¿Están siendo demasiado altos los muros de la UE? Para los Verdes es una exigencia terminante que se siga una política de refugiados conforme a las convenciones de la ONU sobre esta materia.

d'Ancona
Señora Presidenta, permítame decirle que, muy a mi pesar, el asilo y la investigación son temas poplíticamente sensibles. Sobre todo en la recta final hacia las elecciones. Es extraordinariamente lamentable que nos veamos obligados a constatar que se abusa de estos temas por razones electorales, y eso a pesar de que muchos partidos políticos han firmado el manifiesto contra el racismo, redactado por nuestro observatorio en Viena. Por lo visto es muy tentador acaparar el favor del electorado demonizando el peligro de los incontrolables flujos de solicitantes de asilo y apelando al miedo de la gente de que la entrada de demasiados extranjeros amenazaría nuestro bienestar o nuestra identidad.
Por lo tanto, no sólo para evitar el peligro de este tipo de abusos a nivel nacional, sino también por el aspecto transfronterizo de esta problemática, se deberían regular estas cuestiones -el asilo y la inmigración- a nivel europeo. Pero en este aspecto el Consejo nos está defraudando contínuamente. Eso sí, cuando se trata de medidas restrictivas, cuando se trata de construir la fortaleza Europa, cuando se trata de pasar los problemas a un estado vecino, entonces nuestras posturas están perfectamente alineadas. Entonces sí podemos llegar a acuerdos. Pero cuando se trata de la construcción, de la armonización de una política de asilo e inmigración humana y justa, entonces eso resulta ser casi imposible.
Por esta razón, señora Presidenta, es positivo que la Comisión y nuestro Parlamento siempre incluyan estas cuestiones en la agenda política. El informe de la Sra. Lindeperg sobre la armonización de las formas de protección complementaria es una necesidad, ahora que muchas personas salen con una mano detrás y otra delante, a veces porque se interpreta la Convención de Ginebra de forma demasiado limitada, y a veces porque es verdad que la gente no cumple con los criterios de un auténtico refugiado pero que tampoco pueden volver a su país de origen.
Señora Presidenta, se dice muchas veces que se abusa de la Convención de Ginebra, que no se trata de auténticos refugiados los que nos piden protección; que la problemática sobre el asilo está infestada de mentiras y criminalidad. Pero nosotros mismos somos en gran medida los causantes de esa situación porque realmente no hay otra posibilidad de entrar en Europa más que basándose en esa Convención. Por esta razón, Presidenta, es tan positivo que la Comisión se haya ocupado de esa parte de la cuestión y que haya estudiado con qué condiciones se puede admitir a ciudadanos de terceros países. Apreciamos muchísimo que la comisión, en especial la Comisaria Gradin, haya pedido nuestra opinión al respecto. Pero para llegar a este tipo de opinión, hemos tenido que hacer un sacrificio. Porque sólo se podía llegar a una mayoría en nuestra Comisión eliminando el capítulo 8. Nos podemos imaginar que esto supone una decepción para la Comisión. También para nosotros. Porque en el fondo se corta de raíz la ambición, que no podemos dejar de apreciar.
La enmienda 49, en la que se pide un estatuto para los ciudadanos de terceros países, sirve para eliminar este inconveniente. Espero que la Comisión comprenda que por lo menos mi grupo parlamentario la apoya en su propósito de mejorar la situación de las personas que residen aquí ilegalmente. Por consiguiente, miramos con esperanza la adopción de un estatuto así, en el que queden fijados los derechos de nuestros conciudadanos de terceros países.

Pirker
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, en la exposición de mi punto de vista quisiera prestar especial atención a las propuestas, orientaciones básicas y enmiendas procedentes del ala izquierda de esta Casa. Todas ellas comparten uno o varios objetivos en el sentido de que reclaman una mayor acogida de nacionales de terceros países y, sobre todo, una ampliación de la acogida de familiares y reunificación familiar con tendencia a que se entienda por familia cualquier fórmula de pareja -independientemente del sexo- y que se aproveche la ocasión para incluir asimismo a los parientes en línea ascendente. No creo que deba explicarles cuál sería el efecto de todo lo anterior.
Las propuestas a las que me refiero tienden asimismo a facilitar la entrada al mercado laboral de la Unión Europea, por ejemplo la propuesta de una enmienda según la cual una mera oferta de un contrato laboral es motivo suficiente para conceder un permiso de residencia de cuatro años en la Unión Europea.
La extensión del estatuto de refugiado también produce quebraderos de cabeza. Soy partidario de que intercambiemos opiniones y busquemos soluciones adecuadas. De todas formas, está claro que no vamos a ningún lado con las definiciones difusas que manejamos en la actualidad para identificar a los colectivos que pueden optar a dicho estatuto. Éstas se refieren por ejemplo a los grupos de personas que ven amenazados sus derechos fundamentales, en cuyo caso suele surgir la duda de si el derecho a la salud o al trabajo ha de considerarse como un derecho humano y, por tanto, como un derecho fundamental, o a los colectivos en cuyos países se producen graves alteraciones del orden público, y también hay quien alega la homosexualidad como motivo de asilo. Me parece que llegaríamos a una situación rocambolesca si decidimos incorporar todos estos colectivos en el nuevo estatuto de refugiado.
Habida cuenta del enorme alcance de los nuevos instrumentos jurídicos en el sentido de que todos estos grupos tendrán derecho a interponer un recurso con efectos suspensivos al ser rechazada su solicitud, también en casos de claro abuso, toparemos con problemas similares a los que les he expuesto antes. En relación con la política de asilo me parece positivo que emitamos señales positivas a los Estados que hacen serios esfuerzos, como Bulgaria y Rumanía, pero por otra parte sé por experiencia propia que el ministerio de Interior de dichos países tiene enormes dificultades con la justicia, la policía y la seguridad fronteriza. Somos conscientes de que todos los días llegan personas ilegales que entran en los Estados de la Unión Europea tras atravesar esos países. Es nuestro deber ayudar a estos dos Estados a crear una mayor seguridad, pero no podemos eliminar la obligación de visado mientras no esté garantizada la seguridad de Europa.
El resultado de todas estas reclamaciones es que cada vez hay más inmigrantes, que se fomenta el abuso del asilo y que se crea la impresión de que no hacemos todo lo que deberíamos hacer por los refugiados. En otras palabras, así conseguimos un resultado inaceptable y una impresión falsa. Lo que necesitamos -y ahí se concentran los esfuerzos del Grupo del Partido Popular Europeo- es una solución integrada que abarque la migración laboral, el ámbito del asilo y el colectivo de los refugiados, que prevea un reparto de los gastos y que considere medidas encaminadas a combatir el abuso. Nuestro objetivo debe ser ayudar a los refugiados, aunque limitando y regulando la inmigración y luchando contra el abuso y la ilegalidad, para que en beneficio del ciudadano Europa pueda seguir gozando de seguridad y estabilidad en el futuro.

Goerens
Señor Presidente, en el debate conjunto sobre los informes Lindeperg y Lehne, quisiera hacer cuatro observaciones.
La primera tiene relación con la oportunidad de mantener el debate sobre el informe Lehne ahora; el mismo Sr. Lehne lo escribió en su informe: se puede plantear la cuestión, desde el momento en que el Tratado de Amsterdam, una vez en vigor, permitirá abordar unos problemas vinculados a la admisión de los nacionales de países terceros en un marco más apropiado. Pero, en este caso, la Comisión ha ejercido por primera vez su derecho de iniciativa al elaborar una posición en esta materia. La Asamblea, que la ha invitado en repetidas ocasiones a impulsar aquellas políticas que dependen del tercer pilar, no desearía impedir un curso favorable. Además, la urgente necesidad de armonizar en este ámbito ya no hay que demostrarla.
Segunda observación: la admisión de nacionales no comunitarios afecta a problemas tan importantes como el mercado de trabajo, la formación profesional, el agrupamiento familiar, cuestiones que pueden dar lugar a controversias a veces muy agudas; en resumen, estamos abordando en ese caso una temática extremadamente sensible que, llegado el caso, levanta pasiones y que además está con mucha frecuencia en el origen de reflexiones y comportamientos irracionales.
Las palabras tienen, por tanto, su importancia, por las ideas que expresan y por los mensajes que vehiculan o, más bien, que sugieren. Algunos acontecimientos recientes nos recuerdan que la concepción ética de la nacionalidad, por ejemplo, puede despertar viejos demonios y permite, a los partidos que se comprometen en esta vía, obtener victorias electorales. Es toda la clase política la que se ve interpelada en la forma como ha de enfrentarse a estos desafíos.
Para resumir mi pensamiento diré que, con respecto a la admisión de no nacionales comunitarios en el territorio de la Unión Europea en particular, y a las relaciones entre ciudadanos europeos y no nacionales comunitarios, en general, hay razón para reflexionar más que nunca sobre la forma de organizar el debate, de comprometer la reflexión, de convencer a los escépticos. Hay que dar prueba de comprensión, de paciencia a veces, de imaginación y de generosidad con respecto a las personas que están afectadas por las políticas que proponen los informes Lehne y Lindeperg.
Dicho de otro modo, tenemos dos planteamientos posibles. Uno, populista y electoralista, tiende a enviar señales fuertes a los fuertes, por una parte, y señales débiles a los débiles, por otra. El segundo, que consiste en enviar señales fuertes a los débiles y señales débiles a los fuertes, me parece con toda evidencia más compatible con nuestro deber de solidaridad, tal como está estipulado por el Convenio de Ginebra en lo que respecta a los solicitantes de asilo.
Tercera observación, y doy las gracias especialmente al Sr. Lehne por haber mencionado este aspecto, es que hay que felicitarse por la coherencia de este Parlamento en su actitud a propósito del mantenimiento de la obligación de visado para los nacionales rumanos y búlgaros. Bien entendido, es probable que los Estados miembros no sigan las conclusiones del Parlamento, que los invita a retirar a Bulgaria y a Rumanía de la famosa lista común.
Si el Consejo de los Estados miembros tuviera que perseverar en su actitud, sería una lástima. Pero, sin hacerme demasiadas ilusiones, espero que dé curso favorable a nuestra reivindicación. Haciéndolo no haría más que reconocer los progresos realizados por ambos países; y además, no haría más que poner fin a una discriminación que perjudica a dos países asociados a la Unión Europea.
Última observación: las políticas que están en el centro de nuestro debate forman parte de un todo. También soy el primero en lamentar que no se hayan realizado progresos en el tema del reparto de cargas, al que dedicamos un debate anterior. Tales progresos nos permitirían avanzar más rápido en las políticas sobre las que estamos debatiendo en la actualidad.

Mohamed Alí
Señora Presidenta, una vez más volvemos a tratar del importante tema del asilo y, más concretamente, de la protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea. Sin embargo, tenemos que volver a recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos -declaración muy manoseada y, presumiblemente, asumida por todos- reconoce a toda persona el derecho de protegerse contra la persecución y de obtener asilo en cualquier país, y que la Convención de Ginebra, sin interpretaciones restrictivas, debe ser el marco de referencia de toda regulación nacional o comunitaria sobre el derecho de asilo y el estatuto de refugiado.
Basándonos en el contenido de estos textos, tenemos que criticar enérgicamente las condiciones, cada vez más rigurosas, que imponen los Estados miembros a las personas que buscan protección en los países de la Unión. La entrada, la estancia y el estatuto de las personas que buscan protección internacional en el territorio de los Estados miembros no se pueden reducir bajo ningún concepto a meras cuestiones de seguridad interior de dichos Estados y deben basarse en el respeto de los convenios internacionales y en una política solidaria de ayuda al desarrollo y de cooperación económica.
En los últimos años tenemos que constatar, con preocupación, un endurecimiento de las legislaciones en materia de asilo, lo que se ha traducido en una tendencia a la baja de las solicitudes de asilo en la Unión Europea y un estancamiento en los índices de reconocimiento del estatuto de refugiado en muchos países cuando no se puede decir que el respeto de los derechos humanos en el mundo haya mejorado considerablemente.
En materia de protección complementaria al estatuto de refugiado, compartimos con la ponente las medidas propuestas, centradas en la protección de las personas amenazadas por situaciones violentas generalizadas, conflictos internos o violaciones de los derechos humanos, haciendo especial hincapié en el reconocimiento, a nivel internacional, de las mujeres que sufren violaciones sexuales. Igualmente, consideramos imprescindible la adopción de medidas que tiendan a la integración en la vida social de los refugiados y que se les permita desarrollarse como personas de acogida.
Por último, me gustaría recordar el caso del líder kurdo Abdulá Ocalan para solicitar al Consejo una intervención enérgica en este tema.

Schaffner
Señora Presidenta, los derechos del hombre y del ciudadano no son principios de geometría variable. Deben conocer una aplicación estable, coherente en todos nuestros países. No han de constituir una red agujereada, que deje zonas de sombra e incertidumbre. En este sentido, el informe de la Sra. Lindeperg se inclina por incrementar la protección de los refugiados y de las personas perseguidas en todos los territorios de la Unión Europea. Propone un complemento útil a los dispositivos de protección de los derechos humanos. Con algunas reservas aprobamos la necesidad de armonizar en el ámbito de la Unión Europea las reglas que se aplican a los refugiados a quienes no se aplica el Convenio de Ginebra y que, sin embargo, no pueden regresar a sus países de origen bajo pena de perder la vida o sufrir tratos degradantes o humillantes.
El Convenio de Ginebra da una definición del estatuto del refugiado, definición interpretada en un sentido restrictivo mediante una decisión del Consejo: únicamente las persecuciones comprometidas o estimuladas por los poderes públicos dan derecho al estatuto de refugiado. En la hipótesis de que los poderes públicos continuaran inactivos, las personas afectadas pueden disfrutar de formas de protección conformes al derecho nacional, y ahí es donde aprieta el zapato, ahí es donde el dispositivo puede revelarse como incompleto. La protección complementaria puede variar de un estado a otro, instituyendo casi una desigualdad de oportunidades según el lugar donde el perseguido haga su demanda. Esta desigualdad de trato puede tener graves consecuencias, por ejemplo, cuando un refugiado está amenazado de muerte en su país de origen.
La armonización es por tanto deseable. Permitirá, además, el establecimiento de un estatuto que favorezca el examen de los medios de protección extraídos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Sin embargo, los refugiados que pueden disfrutar de la protección complementaria no deben confundirse con los inmigrantes. La miseria, la pobreza de un país pueden provocar acontecimientos que perturben gravemente el orden público o generar un conflicto interno. El que huye de estos desórdenes, ¿es un refugiado, que disfruta de protección complementaria, o un inmigrante? Ahí es donde se encuentra el riesgo de confusión. La armonización de estas formas de protección complementaria tampoco debe constituir, por supuesto, un fin en sí misma. No solamente hemos de llevar a cabo una política pedagógica denunciando sin tregua los ataques a los derechos humanos, sino proporcionar una ayuda al desarrollo de esos países, de esas regiones en los que los derechos se ven escarnecidos. El informe de la señora Lindeperg responde a esta filosofía generosa que nosotros suscribimos y propone soluciones que pretenden una mejora de los derechos de los perseguidos haciendo progresar el estado de derecho y, en este caso, la Europa del derecho. Sin embargo, por supuesto, nuestra votación final tendrá en cuenta posibles enmiendas que se presentarán y aprobarán en sesión plenaria.

Ceyhun
Señora Presidenta, en un momento en que en muchos países de la Unión Europea los refugiados no son siempre considerados como personas bienvenidas en busca de protección, el informe de la Sra. Lindeperg adquiere una especial relevancia. Es una diputada que se destaca por su valentía civil. Podría decirse que en la Unión Europea la inmigración es una realidad social. Manifestamos nuestra preocupación ante la tendencia de algunos Estados miembros a sustituir el reconocimiento de un verdadero estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra por una protección precaria. La armonización europea de las fórmulas de protección que sustituyen a la Convención de Ginebra no puede llevarse a cabo sin considerar la posibilidad de una interpretación liberal de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados.
En este sentido, coincidimos con la ponente en que es necesario reorientar el enfoque del documento estratégico sobre la política de inmigración y de asilo de la Presidencia austríaca. El informe pone de manifiesto que el llamado documento estratégico austríaco no permite afrontar de forma contundente los problemas relacionados con los movimientos migratorios y los solicitantes de asilo ya que tiende a mezclar las dos cuestiones, tanto en cuanto a sus causas como en lo que a las respuestas y las soluciones se refiere. Está claro que necesitamos urgentemente un marco de acción adecuado. A este fin debemos crear para los refugiados condiciones de acogida comparables en todos los Estados miembros de la Unión mediante un régimen de protección jurídica común basado en una definición uniforme de los criterios de acogida. El informe de la Sra. Lindeperg constituye un importante paso en esta dirección.
Por último, quisiera comentar dos enmiendas presentadas por mi Grupo. Opinamos que las enmiendas nº 16 y 17 no deben ser tratadas en este debate. No nos parece oportuno que al abordar el futuro o incluso el destino de los refugiados discutamos del destino del Sr. Ocalan. Debemos tratar este problema por separado.

Maes
Señora Presidenta, estimado señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quiero dar las gracias sobre todo a la Sra. Lindeperg. El grupo parlamentario ARE siempre la ha apoyado en su esfuerzo por encontrar una solución humana a los problemas que se les presentan a los solicitantes de asilo y a los muchos que se sienten oprimidos y amenazados. Compartimos su preocupación y la seguiremos apoyando. En principio estamos a favor de la armonización de la legislación a nivel europeo, pero nos tememos que se convierta en una armonización alrededor de la fortaleza Europa, que provoque una aplicación cada vez más estricta de la legislación y de la Convención. Deseamos que haya comprensión por los grandes flujos de refugiados en todo el mundo. Deseamos que haya comprensión por las personas amenazadas.
Lamentamos que el Parlamento Europeo quede reducido a un órgano de consulta al respecto y que no podamos colaborar con carácter decisorio. Constatamos que los Estados miembros son los únicos en la toma de decisión. Lo hacen a menudo de forma hipócrita, señora Presidenta. Muy a menudo se refieren a soluciones que hay que adoptar a nivel europeo, mientras que de hecho rechazan las soluciones europeas para dar paso a su propia política restrictiva. No estamos en absoluto felices con que esta tendencia continúe en los diferentes países. En cambio, somos de la opinión de que el Convenio debe ser actualizado mediante una interpretación moderna del concepto de refugiado político. Deseamos que se incorporen nuevas categorías a este obstáculo que hasta ahora ha sido muy difícil de salvar. Deseamos que las personas que son perseguidas por motivo de su sexo y de su sexualidad, sean reconocidas. Deseamos que se extiendan los derechos a una nueva generación. Después de todo, somos conscientes de que Europa no puede eludir sus responsabilidades. Sabemos que somos realmente muy débiles cuando se trata de proteger la democracia en el mundo. Y por otro lado nosotros mismos creamos ilegalidad. Con el tiempo será más difícil entrar en Europa por la vía legal - eso ya es así ahora - que por la vía ilegal. Y esta ilegalidad causa distorsiones en nuestra propia sociedad y condena a la gente a llevar una vida, en efecto, de sans papiers . No queremos colaborar con este tipo de política miope. Deseamos que se regulen las cuestiones de forma decente, y que se dominen los fenómenos. No queremos ser un estado totalitario, tampoco nos queremos convertir en uno, sino que queremos seguir un camino pragmático para afrontar los problemas actuales de un modo realista.
Hemos propuesto dos enmiendas que probablemente pueden contar con el apoyo de muchos si he escuchado bien las muestras de aprobación. Señora Van Lancker, estoy seguro de que junto con usted hay muchos que en su interior están de acuerdo con esto, pero esperamos que voten, de hecho, a favor. Porque ¿qué sentido tiene ir buscando una mayoría conservadora cuando se puede encontrar una mayoría progresista en esta Casa, compuesta por los diferentes representantes tanto de los liberales como de estos grupos parlamentarios?
Señora Presidenta, ya termino. Le indico que con respecto al Informe Lehne estamos de acuerdo con el primero pero que en absoluto podemos aprobar las decisiones del segundo informe en el cual los textos de la Comisión eran mucho mejores que los que ahora se han incorporado.

Berthu
Señora Presidenta, los tres informes sobre el cruce de las fronteras exteriores de la Unión que son objeto de este debate conjunto parecen muy diferentes. De ellos, dos proceden de lo que se ha convenido en llamar el método intergubernamental de negociación: se trata del proyecto de convenio relativo a las reglas de admisión de los nacionales de los países terceros y de la propuesta de reglamento, negociada también por consenso en el Consejo, que determina la lista de países cuyos nacionales están sometidos a visado para entrar en la Unión. El tercer texto señala una categoría diferente: se trata de un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo que propone una interpretación extensiva del estatuto de refugiado definido por el Convenio de Ginebra de 1951.
Ahora bien, cuanto más rigurosos se pretendan los dos primeros textos en el capítulo del cruce de las fronteras exteriores, tanto más se ve el tercero y se inspira en consideraciones de las que sería difícil decir que son compartidas por la mayoría de nuestros conciudadanos. Volveré sobre este punto en mi explicación de voto.
De hecho, todo sucede como si este debate conjunto hubiera estado maliciosamente organizado para llevarnos a la conclusión siguiente: las negociaciones intergubernamentales concluidas por unanimidad en el Consejo son las que producen los textos más próximos a las realidades del terreno.
Por ello, por todas las cuestiones muy graves vinculadas a la circulación internacional de las personas, mi grupo desea que nos atengamos a este método y rechaza la posibilidad de bascular hacia la mayoría con codecisión del Parlamento Europeo, prevista por el Tratado de Amsterdam.

Elliott
Señora Presidenta, antes que nada quisiera felicitar a los ponentes de los dos informes por lo bien que han sabido tratar cuestiones sumamente complejas. Por lo que se refiere al Informe Lindeperg, se trata de una tentativa muy positiva de proporcionar asistencia suplementaria a los solicitantes de asilo, y de estimular la prestación de ese tipo de asistencia. Hay mucho que decir en favor de armonizar disposiciones sociales que son tan diversas en los Estados miembros, y de esforzarse por contar con un enfoque común y armonizado. Hay algunas enmiendas, a las que ya se ha referido la Sra. Lindeperg, con las que no me identifico con alegría, pero si aceptamos este informe esencialmente como ha sido redactado creo que aportaremos una contribución muy positiva al estudio de esta cuestión.
Por lo que se refiere al Informe Lehne, he de decir que también en este caso tengo algunas reservas: expone lo inadecuadas que son las propuestas de convención, que son sumamente restrictivas desde algunos puntos de vista pero no en otros casos; como explica el informe Lehne, no es un buen conjunto de propuestas.
Básicamente quisiera referirme al informe sobre los requisitos de visado para nacionales de terceros países. La cuestión me plantea una serie de problemas y de dificultades. Estoy totalmente de acuerdo con los oradores de mi Grupo que han puesto de relieve la inconveniencia de introducir normas complejas y de difícil aplicación en materia de condiciones de empleo, así como la reducción de la edad a que los familiares pueden entrar en el país. La referencia en las propuestas de la Comisión a la mayoría de edad es correcta y no deberíamos introducir otro factor, pero he de decir -y en este caso hablo en nombre de la mayoría de los diputados laboristas británicos- que nos resulta realmente difícil aceptar que el derecho de los Estados miembros a reaccionar si las circunstancias cambian y a introducir el requisito de visado deba suprimirse. La difícil situación con que nos hemos encontrado en Gran Bretaña con las personas procedentes de Eslovaquia que han llegado a nuestras fronteras estos últimos meses ha obligado al Gobierno británico a introducir el requisito del visado, cosa prácticamente inevitable. Es prematuro hablar de suprimir el requisito del visado para personas de Rumania y de Bulgaria cuando algunos países de Europa occidental están recibiendo ya un número considerable de solicitantes de asilo de esos países, algunos de ellos en una situación que justifica realmente la solicitud. Aún queda mucho por hacer en esos países: tienen que instituir la debida protección de los derechos de sus minorías antes de que podamos pensar en suprimir esas restricciones.
En todos los casos que he mencionado no podré aceptar el informe en su forma actual y votaré en contra de las partes del informe que he mencionado.

Reding
Seora Presidenta, el derecho de asilo es sacrosanto. Éste es un importante y hermoso principio. Pero este derecho de asilo no debe en ningún caso ser deformado, ni por una interpretación restrictiva del Convenio de Ginebra por los Estados miembros, ni por abusos por parte de los interesados. Es necesario, por el contrario, una extensión de los preceptos del Convenio de Ginebra en virtud un régimen de protección complementaria para hacer frente a situaciones excepcionales. Pero una apertura así no debe en ningún caso servir a aquellos que pretenden desnaturalizar el derecho de asilo y que intentan abrir de par en par la puerta a todos los abusos.
Si queremos ser eficaces necesitamos soluciones pragmáticas y humanitarias. Hemos de promover en primer lugar soluciones transparentes a nivel europeo y, a continuación, no liberalizar sino buscar soluciones de sentido común, que preserven el derecho de asilo impidiendo los abusos.
No creo que los Estados miembros se cierren a los solicitantes de asilo, como sugiere el informe Lindeperg, pero se cierran con toda razón a los abusos de aquellos que emigran ilegalmente, no por razones políticas sino por razones económicas. Al combatir la emigración salvaje y descontrolada, los Estados miembros preservan el derecho de asilo e impiden un rechazo de los solicitantes de asilo por nuestros ciudadanos.
Derecho de asilo: ¡Sí! Protección complementaria: ¡Sí! Pero laxismo e ideologismo en torno a este tema: ¡No!

Pailler
Señora Presidenta, doy mi total aprobación al Informe Lindeperg ya que refuerza el derecho de asilo y ofrece una buena respuesta al documento estratégico de la Presidencia austríaca, que ponía en tela de juicio el derecho internacional de los refugiados garantizado por el Convenio de Ginebra.
Me opongo, por el contrario, al proyecto de convenio de la Comisión sobre las reglas de admisión de nacionales de países terceros. En efecto, éste propone un dispositivo de admisión y de estancia que se alinea con las reglas más restrictivas de los Estados miembros. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al empleo, ya que hace de la preferencia nacional y comunitaria una de las claves del dispositivo de admisión.
¿La Comisión, no ha tenido nunca conocimiento del estudio de la OCDE que reconoce que no hay, y cito a la propia OCDE, «correlación estrecha entre los flujos de entrada de extranjeros en un país y la evolución del desempleo»? Reconozco sin embargo que la adopción de algunas enmiendas corrige de forma positiva este proyecto. Pero estoy consternada por la enmienda de compromiso PSE/PPE en el artículo 7-1 relativa al empleo. No solamente esta enmienda acepta implícitamente la noción de preferencia comunitaria, sino que justifica explícitamente el sistema de cuotas que permitiría a cada Estado tomar en países pobres los brazos y cerebros que necesita.
Mi grupo ha presentado por tanto una enmienda para corregir lo que yo esperaba que no fuera más que un paso en falso hasta que oiga a la Sra. Terrón i Cusí. La votación final de mi grupo dependerá del destino de esta enmienda y yo solicitaré una votación nominal.
El proyecto de convenio de la Comisión no predice nada bueno sobre el contenido de la futura política comunitaria de la inmigración y del asilo, prevista por el Tratado de Amsterdam. Hemos de alertar a las asociaciones sobre sus peligros y actuar con ellas para transformar estas condiciones obstaculizantes en verdaderas condiciones de acogida. Estoy esforzándome por ello.
Rechazo esta Europa fortaleza, replegada en sí misma. Es preciso terminar con esta estrategia de cabeza de turco, que estaba igualmente en boca del Ministro del Interior, Otto Schily, en la Comisión de Libertades, hace quince días. Pero nuestro ministro francés no es mejor en esta materia. Nunca ha hablado de inmigrantes en términos de derecho. Ha vinculado sistemáticamente la inmigración al desempleo, a la inseguridad, a la delincuencia, como si el mal viniera siempre de otra parte. El peligro de esta xenofobia - no se le puede llamar de otra manera - es grande ya que, como escribía Gorki: «Vale más esperar lo mejor del hombre, esperar lo peor es pervertirlo».

Voggenhubber
Señora Presidenta, hubiera preferido que la Sra. Lindeperg hubiese podido presentar su informe en un momento más oportuno y ante un hemiciclo más lleno. No se trata solamente de uno de los informes más importantes de los últimos tiempos, sino también de uno de los trabajos más excelentes. Dando muestras de un abrumador sentido de la realidad y un enorme poder explicativo, la ponente nos hace ver que estamos a punto de entrar en una situación conflictiva o incluso en un estado de emergencia en lo que a los derechos humanos se refiere. Después de estudiar el presente informe, muchos de los diputados que hoy no están presentes tendrán que dejar de engañar a la opinión pública asegurando que los derechos humanos y el Derecho internacional en materia de asilo se respetan plenamente. No se respetan. Pero como se desprende de la intervención del Sr. Pirker, no hay ningún impedimento para que alguien escuche todos estos datos y, a pesar de todo, persevere en sus prejuicios agresivos.
Comienzo a preguntarme cómo uno puede huir hacia Europa. Creo que pronto se necesitará un manto que haga invisible a quien lo lleve o no quedará más remedio que saltar desde un satélite, porque dentro de nada las demás vías de acceso a este continente del derecho y de los derechos humanos quedarán cerradas. Hemos suprimido el derecho de asilo en el seno de la Unión Europea, contra la Convención de Ginebra, contra el Derecho internacional vigente, simplemente por iniciativa propia. No se inmuta nadie. Fuera de la UE hemos creado un cordón de Estados que hemos proclamado terceros Estados seguros, contra la Convención de Ginebra, contra el Derecho internacional vigente.
Hemos modificado el derecho de asilo, que según la Convención de Ginebra se aplica cuando se puede alegar un temor fundado de persecución. Ahora es preciso aportar pruebas de una persecución fáctica. Las barreras son cada vez más altas, por todas partes surgen obstáculos, los requisitos se multiplican. Entrar en Europa es prácticamente imposible. El resultado final son expulsiones masivas, niños recluidos, familias destrozadas, repatriación de refugiados a países donde su vida está en peligro. Ésta es la situación en la que se halla la Unión Europea que, cuando se propone algo, es capaz de remover cielo y tierra para conseguirlo, como es el caso del mercado interior, del euro o del derecho en materia de competencia, pero desafortunadamente se esfuerza cada vez menos por aplicar el principio de esta Unión, a saber, derechos humanos y democracia.

Stirbois
Señora Presidenta, el informe del Sr. Klaus Lehne me da una vez más ocasión para denunciar las derivas migratorias de Europa. La política de inmigración es competencia de cada Estado y ha de seguir siéndolo. Rechazo la voluntad sistemática de armonización de las políticas de inmigración, del derecho de asilo y de los procedimientos penales y judiciales propuesta por Bruselas. Un Estado sano es ante todo un Estado que gestiona sus flujos migratorios y permite a sus nacionales poder trabajar y salir por la noche con toda seguridad.
Votaremos contra este informe que defiende al nacional extracomunitario y lesiona al nacional europeo, que estimula el agrupamiento familiar fuera incluso de cualquier familia legal o reconocida como tal, ya que se habla de parejas de hecho. Además, se pretende ofrecer empleos a los extranjeros, mientras siete millones de personas sufren en nuestro propio país el desempleo o viven por debajo del umbral de la pobreza. Debo recordar que en este informe bastará con un contrato de trabajo para obtener el estatuto de refugiado. Son muchas las enmiendas que, si se adoptan, permitirán sin duda transformar esta Europa, que es ya un coladero en materia de inmigración, en una «Europa-grifo» en la que la inmigración se volcará esta vez en oleadas.
Algunos miembros de este Parlamento nos hablan de populismo, de electoralismo, de racismo. Pero ellos no viven en esos barrios llamados sensibles. Son los más pobres, los más débiles, los que soportan este tipo de situaciones, y eso ya no es tolerable. Resulta impensable que aquellos que proponen una Europa de la seguridad y del empleo puedan salir fiadores de tales iniciativas destructoras de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Por mi parte, no lo haré. Permítanme que les recuerde una frase célebre de uno de nuestros colegas: «No podemos acoger toda la miseria del mundo.»

Zimmermann
Señora Presidenta, señoras y señores, me alegro profundamente de que la mayoría de los miembros de este Parlamento no compartamos la opinión de la Sra. Stirbois, sino que adoptemos mayoritariamente otro punto de vista respecto a los refugiados. Debo admitir que ahora me cuesta hablar de lo que quiero hablar, es decir, del informe del Sr. Lehne sobre la política de visados. Llevamos tratando este tema desde que entré a formar parte del Parlamento Europeo. Durante todo el período legislativo pasado nos hemos preocupado por encontrar una reglamentación que permita a los nacionales de terceros países acceder legalmente a la Unión Europea.
Ni siquiera con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -el Sr. Lehne ya ha dicho que el Parlamento ha acudido a los tribunales- quedaba claro de qué forma debíamos afrontar dicho problema. Mi Grupo también era partidario de que nos pronunciáramos tanto sobre la propuesta del Consejo como sobre la propuesta de la Comisión si al menos queríamos salvar nuestra credibilidad. A la vista de la situación creada por la inminente ratificación del Tratado de Amsterdam instamos a la Comisión a que después de la ratificación y la entrada en vigor de dicho Tratado presente lo antes posible el nuevo informe que ha anunciado y que en él incorpore las propuestas de enmienda presentadas por el Parlamento, a cuya votación se procederá mañana.
De todos modos, coincido con el ponente en que la política de visados de los diferentes Estados miembros debe fundamentarse en los mismos requisitos y en los mismos procedimientos. El hecho de que se establezca un régimen de visados para los nacionales de determinados terceros países no implica que los trámites correspondientes sean necesariamente injustos o incluso discriminatorios, aunque en la actualidad a menudo sucede así. Quienes necesiten un visado para familiares o visitantes comerciales o para el intercambio de jóvenes, de estudiantes, deben recibir en el momento de la solicitud toda la información necesaria sobre los documentos que han de aportar y el plazo previsto para la entrega del visado. Ya sabemos que en más de una ocasión el tiempo de espera llega al medio año y que los gastos relacionados con la tramitación pueden ser elevados.
En este sentido, es importante que las autoridades de los Estados miembros se comprometan a respetar plazos preestablecidos a fin de dotar el procedimiento de una mayor dosis de transparencia y humanidad. El artículo 62 del Tratado de Amsterdam contempla una reglamentación uniforme de estas características. Es de esperar que la incorporación del Acuerdo de Schengen permita de una vez por todas elaborar una lista europea uniforme de terceros Estados cuyos nacionales precisan de un visado para entrar en la UE.
Quisiera subrayar asimismo que muchos miembros de mi Grupo opinan -compartiendo la opinión que ha venido adoptando este Parlamento durante los últimos cuatro años y medio- que tanto Rumanía como Bulgaria han de ser borrados de la lista. No es aceptable que sigamos perjudicando a países con los que hemos firmado un acuerdo de asociación incluyéndolos en esta lista. Voy a menudo a Rumanía y a Bulgaria. Si uno ve todo lo que se está haciendo allí no puede sino llegar a la conclusión de que aquí estamos obligados a introducir cambios, puesto que ambos países ya han realizado muchos esfuerzos...
La Presidenta le retira la palabra al orador

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, me voy a referir únicamente al informe Lindeperg -aunque los dos informes Lehne son importantísimos-, ya que referirme a todos ellos en dos minutos sería imposible.
Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer la capacidad de diálogo de la ponente, que ha intentado siempre buscar soluciones y, desde luego, cuando no las hemos encontrado, ha buscado una situación de discrepancia que yo llamaría discrepancia constructiva.
La ponente sabe que somos muchos -yo creo que una mayoría amplísima de esta Asamblea- los que compartimos sus objetivos. Hay que armonizar esos sistemas complementarios de protección para que, como ella dice, no haya situaciones en que personas que realmente merecen protección de un determinado tipo, pero que no cumplen las condiciones establecidas en el Convenio de Ginebra, la reciban. Pero eso, señora Presidenta, no nos debe hacer caer en la demagogia. Porque la demagogia es en última instancia el peor enemigo de aquellos que están o que deben ser acogidos bajo el manto de la Convención de Ginebra y de éstos para quienes tenemos que encontrar unas formas complementarias de protección.
Y el ejemplo nos lo dan esas dos enmiendas del Grupo ARE que la Sra. Lindeperg querría aceptar y espero que no acepte. Y espero que no se aprueben porque son auténticamente el epítome de lo que este Parlamento no puede hacer. Queramos o no, Ginebra dice lo que dice y, señora Lindeperg, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hay otros legitimados para interpretar la Convención de Ginebra. Entre otros, todos nuestros altos tribunales en los distintos Estados miembros. Pero eso no hace al caso.
Indudablemente, lo que no podemos es intentar cambiar el Convenio de Ginebra y decir que por el Convenio de Ginebra se proteja a los homosexuales. Pues no, porque no lo podemos conseguir ya que, para cambiar el Convenio de Ginebra, tenemos que seguir todos los instrumentos clásicos del Derecho internacional público y porque, en definitiva, con todo ello lo único que hacemos es perjudicar a aquellos colectivos -eventualmente incluso pueden ser los colectivos de homosexuales- a los que habrá que buscar una adecuada protección que no está en el marco del Convenio de Ginebra y para quienes son realmente estas medidas complementarias que ahora buscamos.

Van Lancker
Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, en primer lugar, y sobre todo, quisiera decir algo sobre el Convenio de admisión de nacionales de terceros países. El informe del Sr. Lehne y la propuesta de la Comisión son partes extraordinariamente importantes de lo que debería ser una política de inmigración común. Ese enfoque europeo es aún más importante porque en este momento las diferencias en nuestros Estados miembros no solamente hipotecan, como dijo nuestro colega Lehne, la libre circulación de personas, sino también a mi juicio los derechos que concedemos a los inmigrantes. De ahí que un enfoque europeo tenga una particular importancia.
He de admitir que la visión hoy dada por el Parlamento no me llena de entusiasmo. Tampoco en este Parlamento hay una mayoría para abrir un poco más la puerta hacia una nueva inmigración. Por supuesto me doy cuenta de que se trata de una materia particularmente sensible. Tiene connotaciones de paro, de exclusión social. Pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que haya gente, también en esta Asamblea, que consigue hacer creer que inmigración es el sinónimo de amenaza y criminalidad y que consigue avivar de esta forma la xenofobia, por lo cual el debate se hace inviable. Espero que alguna vez exista una mayoría a favor de la opinión de que los inmigrantes no solamente necesitan a Europa, sino que Europa necesita también a los inmigrantes, aunque fuera para nuestro propio mercado laboral, para nuestro propio desarrollo demográfico.
Sin embargo, me gustaría decir que es importante que este informe exista, ya que por medio de estas propuestas impedimos que la armonización europea se realice en el sentido de una armonización a la baja. La referencia a los cupos y a las medidas deja justo a los Estados miembros que tienen una política más amplia la posibilidad de poder llevarla a cabo. No defendemos esos cupos. Algunos países tienen simplemente cupos. Por lo tanto, es importante que los sigamos respaldando. También garantiza los derechos de reagrupación familiar. Hemos de aprender a aceptar que la gente no emigra temporalmente, que se trata de hombres y mujeres y niños y que ellos tienen derecho a una vida familiar.
También me gustaría decir algo sobre el informe de nuestra colega Lindeperg. Quisiera felicitarla enérgicamente y estoy muy contenta de que por fin haya habido un amplio apoyo para su informe en este Parlamento; un estatuto complementario es absolutamente necesario. En muchos países, como por ejemplo en Bélgica, existe solamente un estatuto de tolerancia para las formas de protección complementaria. Esto, estimados colegas, tiene por lo tanto unas consecuencias particularmente nefastas. Esto conduce a una inseguridad para los refugiados en cuestión. También conduce a una inseguridad en la sociedad, porque carecer de derechos y sufrir de precariedad no es bueno para ninguna sociedad; por consiguiente, ese estatuto europeo complementario tiene que llegar.
Sólo quisiera añadir una cosa: el Consejo de Ministros de Justicia y de Interior puso en diciembre de 1998 estas dos importantes cuestiones, que estamos debatiendo hoy, en la agenda para el próximo periodo, pero con un plazo tan poco razonable, que existe el peligro de que llegue a figurar en la agenda griega, que se dé largas al asunto o que incluso desaparezca del todo. Por lo tanto, me parece muy importante que demos ahora en este Parlamento una señal política a la Comisión, y a través de la Comisión al Consejo, de que nosotros como Parlamento sí queremos abordar estos dos temas difíciles y sensibles. Espero que esto conduzca a que, no dentro de cinco años ni de veinte años, sino ya en la Cumbre de Tampere, se dé una clara señal de que estos temas requieren una decisión.

Nassauer
Señora Presidenta, señoras y señores, mi contribución al problema del asilo y de los refugiados en Europa me recuerda la famosa obra de teatro de Bertold Brecht «El buen hombre de Sezuan» en la que la vertiente realista del protagonista ha de poner todo su empeño en enderezar durante la noche los estragos que ha causado durante el día su vertiente de buena persona. Se recomienda anular la obligación de visado para Rumanía y Bulgaria en tanto que todo experto en materia de seguridad advierte que esta decisión fomentará el crimen organizado, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. ¿Alguien me puede decir dónde está nuestra preocupación por la seguridad de nuestros ciudadanos?
Europa hace bien en acoger a refugiados y personas perseguidas por razones políticas. Es algo que para una persona con sentido común no tiene vuelta de hoja. Ahora bien, hay asimismo muchos refugiados económicos que a largo plazo no podrán ni venir ni quedarse con nosotros, y frente a este problema la Sra. Lindeperg propone que acojamos a todos los refugiados procedentes de países azotados por la violencia, donde existen conflictos internos, donde se producen graves alteraciones del orden público.
Esta definición, estimada señora Lindperg, afecta a tres cuartas partes de África y a la mitad de Asia. Llegado el momento, también querremos tomar medidas enfocadas a garantizar la integración de todas estas personas en el sistema social y económico -no olvidemos que Europa tiene aproximadamente 20 millones de parados- y además, les conferimos el derecho a apelar con efectos suspensivos contra cualquier decisión que implique el rechazo de su solicitud. Estimada señora Lindeperg, todo esto merece nuestro respeto y todas aquellas personas merecen nuestra simpatía, pero su informe no merece nuestro apoyo. Debemos limitar la inmigración en Europa. Es la única manera de que podamos dedicarnos seriamente a la integración de los inmigrantes que ya viven con nosotros, y creo que ésta es nuestra primera tarea.

Ford
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a los dos ponentes, el Sr. Lehne y la Sra. Lindeperg, por el enorme volumen de trabajo que han representado para ellos los tres informes que estamos examinando conjuntamente esta tarde. Puedo apoyar el informe de la Sra. Lindeperg sin dudarlo. Las cuestiones de protección subsidiaria representan una esfera de creciente importancia para la Unión Europea, y es importante que los Estados miembros puedan seguir procedimientos análogos y establecer un nivel similar de disposiciones sociales para todos los refugiados.
Por lo que se refiere al informe del Sr. Lehne sobre la admisión de nacionales de terceros países, uno no tiene más remedio que compartir la opinión del informe: el proyecto de convención no está bien equilibrado, pues adolece de una rigidez innecesaria en muchas esferas y contiene elementos inviables en otras. Sin embargo, a pesar de que he reconocido el enorme volumen de trabajo que ha desarrollado el Sr. Lehne, he de decir que su informe me plantea problemas en lo que se refiere a los visados para nacionales de terceros países. Las principales esferas de dificultad son las siguientes: en primer lugar, el hecho de que a la lista de visados requeridos añada una lista de excepciones de visado; en segundo lugar, la supresión del derecho de los Estados miembros a imponer regímenes nacionales de visado en determinadas circunstancias como las que hemos experimentado recientemente en el Reino Unido; en tercer lugar, aunque reconozco los progresos efectuados por las autoridades búlgaras y rumanas en la lucha contra la inmigración ilegal, lo cierto es que un número considerable de nacionales rumanos y búlgaros siguen formulando solicitudes de asilo escasamente fundadas en Estados miembros de la Unión Europea.
A pesar de todo lo que he dicho, tengo la intención de apoyar el informe, principalmente porque estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ponente de que no debe exigirse visado a las personas que poseen permisos de residencia en cualquier Estado de la Unión. Mientras siga insistiendo en que los residentes en la Unión Europea deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ciudadanos, seguiré estando a favor de este informe.

Gradin
Señora Presidenta, el ponente Lehne y la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores han empleado mucho tiempo en estudiar las propuestas de convención de la Comisión sobre reglas para la inmigración, cosa que me satisface. He seguido con especial interés los diversos trámites en la comisión en relación con el tratamiento de esta propuesta. Se ha presentado una gran cantidad de enmiendas, muchas de las cuales se relacionan con el capítulo más esencial de la propuesta, que yo con mucho gusto quiero comentar.
En primer lugar: la reunión familiar es un derecho fundamental reglado por el derecho internacional. Los Estados de la Unión Europea han reconocido en acuerdos internacionales la importancia de la familia para el bienestar de los individuos. Las condiciones para ponerse de acuerdo en torno a una postura común debieran ser buenas. El asunto es siempre saber hasta dónde se puede llegar. El concepto de familia varía de un país a otro. Lo mismo ocurre con los límites de edad. En ambos aspectos mi propuesta implica un paso hacia un mayor acercamiento en el ámbito de la UE. Las discusiones en el Consejo de Ministros nos mostrarán si hay espacio para avanzar aún más. En cualquier caso, es algo a lo que la Comisión, obviamente, da la bienvenida.
En segundo lugar: la integración requiere estabilidad y metas a largo plazo. El objetivo tiene que ser que los inmigrantes puedan vivir en condiciones similares a las de los ciudadanos de la Unión. Por eso, esta idea tiene que estar presente en todas las iniciativas que se tomen en el campo de la política de inmigración. Por eso nuestra propuesta también destaca el asunto de los derechos que hay que ofrecer a los inmigrantes de Europa. En primer lugar, pienso en los ciudadanos de terceros países que han vivido legalmente desde hace mucho tiempo en Europa. En la propuesta hemos identificado algunos campos fundamentales, en los cuales estimamos que debe haber un tratamiento de igualdad para los ciudadanos y para los inmigrantes, y que son los siguientes: acceso al mercado de trabajo y posibilidades de vivir de sus actividades como empresarios por cuenta propia, educación básica, formación profesional, derechos sindicales, libertad de asociación, acceso al mercado de viviendas y acceso a ayudas sociales. Además, hemos tratado el asunto de la libre circulación de los ciudadanos de terceros países. Por ejemplo, es razonable que un inmigrante con domicilio establecido también pueda buscar trabajo en otro país miembro. La alternativa es una Europa segregada, con toda la discriminación, inquietud social e inestabilidad que ello implicaría.
En el Consejo de Ministros las opiniones están divididas en esta materia. Por eso tenía la esperanza de contar con un claro apoyo del Parlamento Europeo. Ahora parece que no va a ser así, cosa que lamento profundamente. Sin embargo, no pienso retirar la propuesta.
Los motivos principales de la inmigración actual son en gran medida invariables. La gente busca una vida mejor para sí mismos y para sus hijos. Actualmente no quedan continentes desiertos. Los emigrantes se desplazan por eso a lugares que puedan alcanzar físicamente. Europa va a continuar siendo un destino atractivo. Tenemos que aceptar esto como una situación normal y permanente y no como algo provisional y dramático.
Una estrategia común de política de migración es, además, una consecuencia natural del proceso de integración y de la idea de que Europa tiene que desarrollarse con las mismas condiciones para todos, que nadie quede rezagado. Parto de la base de que las ideas contenidas en el Informe Lehne se tomarán en cuenta cuando se realicen las negociaciones. Obviamente, la Comisión hará lo posible para que el trabajo avance.
Señora Presidenta, Lindeperg menciona en su informe el asunto de la protección para las personas que huyen pero que no cumplen con las exigencias de la Convención de Ginebra sobre refugiados, es decir, lo que a veces llamamos formas complementarias de la protección internacional. La ponente insta a la Comisión a que ésta empiece el trabajo de armonización de la política de asilo en el seno de la Unión. Puedo satisfacer a la Asamblea diciéndole que este trabajo ya ha comenzado.
En primer lugar ya estoy preparando una propuesta de directiva sobre los procedimientos de asilo en la Unión. A petición de la Presidencia alemana presentaré dentro de poco un borrador sobre esta materia. La intención es iniciar una discusión sobre materias concretas ya en esta primavera.
En segundo lugar hemos iniciado un trabajo para adecuar al nuevo tratado las propuestas de la Comisión sobre protección provisional y distribución de las cargas. Como todos saben, ha habido un intenso trabajo desde que la Comisión presentó su propuesta original en 1997. El asunto se debate ahora por tercera vez en el ámbito ministerial, en la reunión informal del Consejo en Berlín a fines de esta semana. A pesar de esto, a los Estados miembros les falta mucho para tomar decisiones. Si aún falta un acuerdo cuando entre en vigor el nuevo tratado, no tendremos más remedio que presentar instrumentos totalmente nuevos. Mi opinión es que va a ser así.
Una tercera tarea importante es la adecuación de la Convención Eurodac. En la sesión de diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros acordó congelar el texto de Eurodac. El Consejo quiere esperar y no continuar las negociaciones hasta que el Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor. También en esa reunión se pidió a la Comisión que presentase una nueva propuesta en forma de reglamento. La exigencia de adecuación de Eurodac supone mucho trabajo y es obvio que éste debe empezarse inmediatamente.
Señora Presidenta, el trabajo solamente en estas materias va a tomarnos mucho tiempo durante lo que queda de este semestre. En una perspectiva más larga, el nuevo tratado estipula también reglas mínimas para las formas de protección complementaria. Esto se menciona también como un punto central en el plan de acción sobre libertad, seguridad y justicia aprobado por el Consejo el 4 de diciembre.
La política de asilo en general y el asunto de la protección complementaria en especial van a estar en el punto de mira durante los próximos años. Por eso, el informe Lindeperg constituye un aporte constructivo a la discusión sobre la orientación futura de la política de asilo en Europa.

Monti
Señora Presidenta, agradezco al Sr. Lehne su excelente informe. Esta consulta al Parlamento Europeo completa el proceso emprendido a raíz de que el Tribunal de Justicia declarara, en junio de 1997, la nulidad del Reglamento nº 2317/95 que establecía la lista de terceros países cuyos nacionales debían estar provistos de un visado. Conviene recordar antes que nada en qué contexto se sitúa la misma.
El reglamento anulado se basaba en el artículo 100 C del Tratado de Maastricht. En virtud de dicho artículo, la competencia comunitaria en el ámbito de los visados se limita, primero, a determinar cuales son los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado para el cruce de las fronteras exteriores y, segundo, a la adopción de un modelo uniforme de visado.
El nuevo reglamento sobre los visados, en el caso de que su aprobación se produjera antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, será adoptado por el Consejo todavía sobre la base del artículo 100 C. Este elemento, del cual no se puede prescindir, hace que las cosas sean aún más complejas. El Sr. Lehne ha plasmado perfectamente esta delicada situación y algunas de las enmienda de sus Señorías son su reflejo.
Mi punto de vista se basa en este contexto cambiante. Quiero señalar asimismo la perspectiva de la integración en la Unión de lo que se ha adquirido a través del Acuerdo de Schengen y las consiguientes consecuencias en el ámbito de la política en materia de visados.
Paso ahora a las enmiendas que yo distinguiría en dos categorías. En primer lugar, un gran número de ellas encuentran su razón de ser en el marco jurídico cambiante que acabo de describir. Algo esquemáticamente, yo las calificaría de enmiendas precursoras, a saber, la enmienda 1 que atañe al título, considera el reglamento como provisional; las enmiendas 3, 7 y 11 que atañen a los considerandos, incluyen algunas referencias a las modificaciones que va a introducir el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, cuando se refieren a los artículos del reglamento, estas enmiendas que he definido como precursoras son contrarias a lo que dispone el actual artículo 100 C. A título de ejemplo puedo señalar las enmiendas 18, 19, 20 y 21 que se refieren a los distintos aspectos de la expedición de los visados, una materia que, por el momento, repito, por el momento, sobrepasa las competencias comunitarias. En estas condiciones para la Comisión es jurídicamente imposible aceptar todas esas enmiendas que anticipan una competencia comunitaria que existirá sólo cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam.
En segundo lugar, el Parlamento Europeo propone algunas enmiendas que se circunscriben al ámbito del artículo 100 C, ya que respetan el marco de este artículo; no obstante y aunque esto pueda parecer una paradoja, es necesario considerarlas en la perspectiva de la próxima entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Voy a explicarme mejor tomando como ejemplo la enmienda 5 que se refiere a los criterios para la determinación de la lista de países sometidos al visado. La forma de abordar esta materia, contemplada en el actual artículo 100 C, será notablemente diferente cuando el artículo 62.2 del Tratado de Amsterdam atribuirá a la Comunidad la competencia suplementaria para elaborar también la lista de los países cuyos nacionales están exentos de visado. La perspectiva de llegar a una total armonización de la política de los visados, por otra parte preconizada por el Parlamento, impone reconsiderar las materias contempladas en el artículo 100 C, y hacerlo desde el punto de vista del Tratado de Amsterdam. No quisiera, sin embargo, limitarme a formular una conclusión negativa en función de la imposibilidad de aceptar las enmiendas propuestas por el Parlamento en el marco de la nueva consulta sobre el reglamento bis. La perspectiva de la ya inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam modificará profundamente la materia de los visados; se transferirán nuevas competencias a la Comunidad con respecto a las medidas a adoptar en estos ámbitos. El Tratado de Amsterdam ha fijado algunos plazos estrictos, mientras que el reciente plan de acción de la Comisión y del Consejo sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia prevé incluso la adopción más rápida de algunas medidas en materia de visados.
La Comunidad deberá cumplir las obligaciones derivadas de sus nuevas competencias y la Comisión tendrá que asumir sin demora sus responsabilidades. Puedo asegurarles que los trabajos que el Parlamento ha realizado en el marco de esta nueva consulta ciertamente no serán inútiles. Estoy seguro, además, de que algunas de las enmiendas propuestas serán sustancialmente tomadas en consideración en la nueva propuesta de reglamento que la Comisión ha incluido en su programa de trabajo, sobre el cual el Parlamento se ha pronunciado recientemente.
Y termino, señora Presidenta, con una referencia a la ya apuntada cuestión de Bulgaria y Rumania. La presencia de un tercer país en la lista común de los países cuyos nacionales han de estar provistos de visado se debe a la valoración de los criterios prioritarios basados en los riesgos relacionados con la seguridad y la inmigración ilegal. Dicho esto, la valoración hecha en el momento de la adopción del reglamento no es un dato inmutable. En esta perspectiva, la Comunidad, así como Bulgaria y Rumania han tenido varias veces la oportunidad de abordar esta cuestión que tiene diversas implicaciones. A raíz de estos contactos, en el marco de los Consejos de Asociación tanto a nivel de los Ministros como documentalmente queda patente que Bulgaria y Rumania están realizando considerables esfuerzos, especialmente gracias a la ayuda de la Unión en el marco del programa PHARE, en toda una serie de ámbitos clave, con vistas a una decisión a tomar con respecto a su inclusión en la lista común. Sin entrar en detalles, quisiera mencionar el fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores, la celebración de acuerdos de readmisión con otros Estados, la seguridad de los documentos de viaje, los trámites de expedición de los visados, la lucha contra la criminalidad, etcétera.
Los progresos realizados, puedo asegurarlo, son seguidos con atención, gracias también a la presencia de expertos sobre el terreno. La posición del Parlamento Europeo será probablemente un elemento decisivo para la Comisión a su tiempo, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.

El Presidente
Doy las gracias al Comisario Monti por su intervención y por las precisiones que ha aportado a esta Asamblea.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas.

Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0020/99) de la Sra. Baldi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común adoptada por el Consejo (8956/98 - C4-0537/98-96/0200(COD)) con vistas a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Baldi
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, mediante la propuesta de directiva que nos ocupa se pretende sustituir, ampliar y reexaminar la Directiva 88/379 con miras a armonizar la normativa en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos comercializados en el mercado europeo. En consecuencia, se permite la libre circulación y se intenta evitar la creación de obstáculos al comercio garantizando de esta forma un nivel de protección elevado de la salud del ser humano y del medio ambiente.
El 26 de junio de 1997 el Parlamento Europeo emitió en primera lectura su dictamen con 26 enmiendas. Posteriormente, el 23 de septiembre de 1997, la Comisión presentó una propuesta modificada y el 24 de septiembre de 1998 el Consejo adoptó por unanimidad su posición común e incorporó sin modificaciones 12 enmiendas, 2 se aceptaron en principio y 12 fueron rechazadas.
Esta segunda lectura, aunque retoma los puntos esenciales aprobados en primera lectura, contiene una serie de nuevos e interesantes elementos, a saber, la referencia expresa al bienestar de los animales, la obligación de recurrir, siempre y cuando sea posible, a unas alternativas convenientes de experimentación animal, la ampliación a los plaguicidas de la obligación de especificar los riesgos en la clasificación y en el etiquetado debiendo figurar en la etiqueta la advertencia «Respeten las instrucciones de uso», al objeto de evitar riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Asimismo se prevé un procedimiento más claro y menos complicado para conseguir la autorización de confidencialidad de los nombres de sustancias irritantes y nocivas permitiendo a la industria proteger su know-how y, por ende, defender su competitividad en el mercado global, con la garantía de un nivel de protección elevado del consumidor. En la propuesta se señala asimismo la obligación de facilitar fichas y datos de seguridad, una obligación que, en consecuencia, debe ampliarse a los preparados no clasificados como, por ejemplo, los detergentes industriales que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente. Este punto es importante porque las fichas de seguridad sirven sobre todo a los usuarios y a los expertos del sector.
La advertencia obligatoria en la etiqueta está prevista también para los preparados que contengan al menos una sustancia clasificada como sensibilizante, existente en concentraciones iguales o superiores al 0, 1 %. Este límite, más bajo respecto al pasado, va a imponer el etiquetado del preparado en que figurará una advertencia para las personas ya sensibilizadas. Por último, figura la introducción de las disposiciones transitorias para Finlandia, Suecia y Austria que, en primera lectura, habían expresado objeciones. El objetivo de las disposiciones transitorias es conceder a dichos países una moratoria hasta la entrada en vigor de la directiva.
En consecuencia, se ha pretendido seguir un proceso de racionalización y de armonización de la legislación aplicable a las sustancias químicas y, aunque la propuesta es difícilmente comprensible para los legos en la materia, es necesario tomar conciencia del papel de nuestro Parlamento. Sin embargo, la evaluación de los riesgos de un preparado se basa en la determinación de las características partiendo de sus propiedades físicas y químicas, de sus propiedades en función de los efectos en la salud y de sus propiedades medioambientales.
Quisiera recordar que, respecto a la del año 1988, la propuesta actual introduce unas modificaciones tendentes a ampliar el ámbito de aplicación de la directiva sobre los preparados peligrosos a los cinco nuevos sectores siguientes: clasificación y etiquetado en función de los riesgos para el medio ambiente, productos fitosanitarios y biocidas, preparados peligrosos no clasificados, explosivos y etiquetado de algunos sensibilizantes.
En la segunda lectura he considerado oportuno volver a presentar 3 de las 12 enmiendas rechazadas por el Consejo. Dichas enmiendas, aprobadas por unanimidad por la Comisión de Medio Ambiente el 20 de enero del año pasado, son: la enmienda 1 relativa a la comitología, a través de la que se pretende reiterar uno de los principios fundamentales del Parlamento Europeo. En este caso, hace referencia a la consulta de un comité de tipo A, integrado por un representante por cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión, que puede adoptar, previa consulta, las medidas propuestas en el caso de no haber respuesta por parte del Consejo. En lo que respecta, por el contrario, al comité de tipo B, este último no podrá adoptar medida alguna sin el visto bueno del Consejo. He vuelto a presentar la enmienda 2 que contempla la posibilidad de utilizar los ensayos ya existentes para la evaluación de eventuales efectos peligrosos para el medio ambiente evitando así la elaboración de nuevos métodos y, por último, la enmienda 3 relativa a una simplificación del texto que figura en la etiqueta de los preparados que contengan sustancias sensibilizantes.
Si dichas enmiendas fueran aprobadas por el Pleno, será necesario, puesto que la Directiva se basa en el artículo 100 A del Tratado, crear cuanto antes la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación de conformidad con el artículo 75 del Reglamento.
Es indudable que el trabajo realizado para alcanzar el mayor consenso posible ha sido especialmente laborioso y complicado, sin embargo, considero prioritario formular una directiva que tenga en cuenta la salud de los consumidores, las diferentes legislaciones de los Estados miembros y las necesidades de los fabricantes de productos peligrosos. En consecuencia, el etiquetado de las sustancias y de los preparados peligrosos es un instrumento fundamental para facilitar una información más rápida y fácilmente comprensible sobre los riesgos del producto. Por lo tanto, es importante proteger al consumidor en el momento de la compra y del uso de ciertos productos previendo informaciones claras, correctas y simples que indiquen sus riesgos.
El informe que nos ocupa se fija el objetivo de agrupar en un solo acto toda la legislación comunitaria existente en materia de preparados peligrosos y afectará a cientos de miles de productos destinados tanto a los consumidores europeos como a los operadores más especializados. A través de la aprobación de este nuevo etiquetado que atañe asimismo a la clasificación y al envasado en función de la peligrosidad, resultará más fácil identificar y emplear más correctamente cualquier tipo de producto.

Hulthén
Señora Presidenta, nuevamente es hora de discutir importantes asuntos medioambientales y de salud en un momento que difícilmente satisface a los afectados por la directiva y a nosotros que estamos involucrados en el debate. Es extraña esta coincidencia que siempre ocurre los martes por la noche en Estrasburgo: se combina el trabajo nocturno con el debate medioambiental.
Ante nosotros tenemos esta noche un informe bastante importante. Afecta a muchos ciudadanos de Europa, ya que trata de la clasificación y etiquetado de preparados peligrosos. Para países como Finlandia, Suecia y Austria es especialmente importante puesto que estos países tenían serias dudas respecto a las sustancias químicas cuando negociaron su adhesión. Se crearon normas transitorias para estos tres países a fin de que, al menos durante un tiempo, pudiesen mantener sus leyes sobre sustancias químicas, más estrictas que las existentes en la Unión.
Tengo que reconocer que tenía grandes dudas cuando se inició el tratamiento de la directiva. La ponente, y después también la Comisión, tenían una postura que en mi opinión era demasiado débil frente a los riesgos que encierran las sustancias químicas. Por eso tuvimos una discusión bastante intensa en el primer tratamiento de este asunto. Con todo, el resultado ha sido bastante bueno.
Muchas de las enmiendas propuestas anteriormente han hecho considerablemente más riguroso el texto del documento, intensificando los aspectos de salud de los ciudadanos de la Unión. Esto es importante para aquellos que trabajan cada día con este tipo de preparados. Ahora, mediante las hojas de información sobre seguridad de los productos, se les da la posibilidad de obtener información completa, tanto de los componentes de los preparados como de la forma de manipularlos. Es importante que esas hojas informativas estén al alcance de todos, independientemente de la dimensión de las industrias. Todos tenemos derecho a un ambiente de trabajo seguro. La clasificación y el etiquetado no sólo deberán hacerse cuando el peligro sea evidente o cuando amenace nuestras vidas. También deberán hacerse cuando los preparados causan alergias, irritaciones o sean peligrosos para el medio ambiente. Éstas son consideraciones importantes que aumentan la seguridad de los usuarios.
En otras palabras, el informe ha llegado a ser un buen producto y la ponente merece un elogio por su trabajo. No es fácil discutir la clasificación de preparados, pero Baldi lo ha hecho bien. Sin embargo, nos guardamos un pequeño comentario para el final. Aunque ha habido unanimidad en la comisión, no me queda totalmente claro el provecho de la enmienda 1. Tal vez complicamos este proceso aún más en un asunto que debió haber dejado el Parlamento inmediatamente después de que se hubiese adoptado una decisión. Pero las cartas ya están echadas y ahora le toca a la Comisión manipular esta carta.
Es hora de que, pensando en el futuro, se encuentren cada vez más sustancias alternativas a esos preparados peligrosos, para que en vez de discutir reglas encontremos productos sustitutivos. No se puede decir que alguno de estos preparados beneficie al medio ambiente o a la salud a largo plazo. Por eso, en primer lugar, debemos esforzarnos por encontrar buenos productos de reemplazo.

Blak
Señora Presidenta, el título de este debate es tan aburrido que muchos piensan seguramente que carece de importancia. Sin embargo, detrás de las palabras etiquetado, clasificación y marcado de preparados peligrosos hay normas importantes para el medio ambiente y sobre todo para el ambiente de trabajo. Concretamente, la posición común implica que los pintores sepan ahora con que trabajan. A partir del 1 de julio del año 2000, los disolventes orgánicos volátiles deben ser etiquetados por sus efectos narcóticos. Uno puede preguntarse si este tipo de información no debería ser un derecho de la persona. El uso indebido de disolventes orgánicos causó problemas ya hace veinte años. En Dinamarca lo llamamos el síndrome del pintor. Ahora llegan las hojas con datos de seguridad, que llevamos propugnando por parte danesa desde hace décadas. Finalmente, conseguimos tapar la boca a la industria petrolífera que trató de detener la directiva con todos sus medios. La idea de que los pintores fueran a ser más tontos que otras personas ha sido rebatida para siempre y a partir de ahora podrá emplearse en los libros de historia para ilustrar cómo la discusión algunas veces puede degenerar por causa de intereses económicos. A todo el mundo debería quedarle claro que la UE progresa en la dirección correcta, que el ambiente de trabajo y la salud pública quedan ahora reforzados y que ésta es la única forma de que el proyecto comunitario reciba el apoyo popular. Ahora debemos proseguir este trabajo logrando reconocer los efectos a largo plazo de los disolventes sobre el sentido del equilibrio, el oído y la vista y poner de manifiesto los efectos de las sustancias semejantes a las hormonas. Los productos químicos siguen en nuestro orden del día en la UE.

Gradin
Señora Presidenta, la Comisión aprecia los valiosos esfuerzos de la ponente Baldi. La colaboración en torno a esta propuesta altamente técnica ha fluido muy bien. Gracias a esto, hemos alcanzado la última etapa antes de la votación. La propuesta es de especial importancia para Finlandia, Suecia y Austria. Ofrece una buena solución para los problemas de esos países cuando negociaron la adhesión en relación con la legislación vigente sobre preparados y pesticidas. Como es sabido, esto llevó también a que estos países obtuviesen algunas normas transitorias.
En la primera lectura el Parlamento Europeo apoyó los principios fundamentales de la propuesta. Simultáneamente, el Parlamento tenía que decidir acerca de 26 enmiendas, las cuales fueron aceptadas. La mayoría de ellas pudieron ser incorporadas directamente en la postura común y las discusiones en el Consejo también han sido provechosas. La Comisión estima que la postura común del Consejo cubre totalmente los dos objetivos que se mencionan en el artículo 100a del Tratado de la CE, es decir, el establecimiento del mercado interno y un alto grado de protección. Además, la proposición toma en consideración las necesidades de los nuevos países miembros. Por eso, la Comisión trabaja para que la directiva sea aprobada rápidamente.
Ahora el Parlamento ha presentado, durante esta segunda lectura, tres nuevas enmiendas. Las tres también pueden recibir el apoyo de la Comisión. La primera tiene por objeto cambiar el procedimiento de comité tipo 3b por el tipo 3a. De esta modo, volvemos a la propuesta originaria de la Comisión. Así fue como presentamos esta postura en el Consejo, pero fue rechazada unánimemente. Por eso, todavía opinamos que este cambio facilitaría una aplicación eficiente de la directiva. La finalidad de la segunda enmienda es aclarar y mejorar una norma específica, lo cual también podemos aceptar. La tercera enmienda ya ha sido aprobada por la Comisión en la primera lectura, pero, como es sabido, la rechazó el Consejo, y por eso volvemos gustosos a ella.
La Comisión ve con gran beneplácito la postura pragmática demostrada por el Parlamento al presentar sólo tres enmiendas en este tratamiento. Como ya lo he señalado, las tres pueden aceptarse. Obviamente que esperamos que el Consejo también les dé su apoyo para evitar así una conciliación. La decisión está ahora en manos del Parlamento y del Consejo de Ministros.

El Presidente
Doy las gracias a la Sra. Comisaria Gradin. Yo también lamento, señora Hulthén, que no haya habido más colegas para seguir el debate sobre este tema tan importante, pero es así.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Se levanta la sesión a las 0.10 horas


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