El Presidente De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre libertad, seguridad y justicia, así como sobre inmigración, cuestiones todas ellas de candente actualidad, sobre todo después de la repercusión que han tenido las reuniones celebradas en Tampere este fin de semana. Se trata: - de la pregunta oral al Consejo sobre los progresos realizados en el espacio de libertad, seguridad y justicia (artículos 2 y 39 del Tratado de la Unión Europea), presentada por Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (O-0086/2006 - B6-0428/2006), y - de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la política común de inmigración. Jean-Marie Cavada (ALDE ), . – Señor Presidente, señor Rajamäki, señor Frattini, Señorías, antes de responder a la pregunta oral, permítanme que le dé las gracias públicamente, señor Rajamäki, por organizar la reunión ministerial de Tampere, que se ha desarrollado en unas condiciones realmente excelentes. Como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tengo interés en manifestar el firme apoyo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Presidencia y de la Comisión de activar la cláusula pasarela prevista en el artículo 42 del Tratado. Esta cláusula pasarela, repito, se creó en el mismo momento en que se confió a la Unión Europea la misión de favorecer la cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad, es decir, cuando se elaboró el Tratado de Maastricht de 1992. No se fijó ningún plazo para la activación de dicha cláusula. En términos generales, basta con que se reúnan las condiciones políticas adecuadas y la confianza recíproca para que se tome esta decisión. Sorprendentemente, hasta ahora la cláusula pasarela nunca se ha activado, porque con el Tratado de Amsterdam se decidió trasladar directamente al procedimiento legislativo ordinario las políticas de asilo e inmigración y la cooperación judicial en asuntos civiles, y después, con el Tratado de Niza, se facilitó el traspaso al procedimiento de codecisión de las políticas que se habían comunitarizado. Pero la cooperación policial y judicial en materia penal quedó excluida del ámbito de esta comunitarización. A partir de ahí se plantea la cuestión de saber si, catorce años después del Tratado de Maastricht, se reúnen por fin las condiciones políticas, en forma de confianza mutua, para que los Estados miembros acepten aplicar a este ámbito de cooperación tan sensible el procedimiento de toma de decisiones normal previsto desde Maastricht. Para el Parlamento Europeo, la respuesta es claramente afirmativa, y ello por tres razones. La activación de la cláusula pasarela permitiría, en primer lugar, reducir el déficit democrático; en segundo lugar, reforzar el Estado de Derecho y, por último, mejorar la efectividad de la toma de decisiones. Examinemos rápidamente esos tres puntos. Por lo que respecta al déficit democrático, me parece indispensable reforzar el principio democrático según el cual todos los actos de la Unión, sobre todo los que afecten a los derechos y las libertades de las personas, deben adoptarse en asociación con los representantes de los ciudadanos. Existe un déficit grave cuando no es así. A los partidarios del , que pretenden que este principio democrático no está ausente del tercer pilar, puesto que los Gobiernos actúan bajo el control de sus Parlamentos nacionales, quisiera responder claramente esto: ¿puede alguien sostener sinceramente que el control parlamentario nacional es suficiente para garantizar el equilibrio democrático cuando se adoptan decisiones, no a escala de una nación, sino de la Unión? Por otra parte, ¿qué pasa entonces con los casos en que no existe dicho control parlamentario, como va a suceder en particular con la renegociación los acuerdos con los Estados Unidos relativos, en particular, a los registros de nombres de pasajeros (PNR), una cuestión extremadamente seria que se decidirá al margen de cualquier control democrático? Pasemos a la segunda razón, que reside en el principio del refuerzo del Estado de Derecho. Según este principio, todo acto legislativo debe poder someterse a un control de legalidad por parte de un juez. Lógicamente, para la legislación de la UE, dicho juez debería ser el del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Pero el artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el artículo 35 del Tratado de la Unión Europea introducen tales limitaciones a la competencia de esta jurisdicción que los propios jueces han emitido dudas sobre el respeto del principio del Estado de Derecho para determinados actos legislativos del segundo y tercer pilar. Hay que resolver, pues, esta cuestión. Veamos, por último, el tercer punto, que es la eficacia de la toma de decisiones. El mantenimiento de la unanimidad impide una toma de decisiones rápida y eficaz, como todos sabemos, y ello incluso cuando la gravedad que las amenazas que se ciernen sobre la UE desde los atentados del 11 de septiembre, los de Madrid y Londres reclaman mucha más rapidez y celeridad en el proceso de toma de decisiones. Una vez constatados estos tres puntos débiles –difícilmente cuestionables de forma objetiva–, ¿cómo se puede seguir justificando el aplazamiento de una decisión que habría podido tomarse hace ya diez años? Algunos alegan, señor Presidente, que esta cuestión debería resolverse en el marco de la negociación de un nuevo Tratado Constitucional. Es una esperanza, pero ¿podemos permitirnos esperar el resultado de todo ese proceso, que va a durar por lo menos dos o tres años, cuando las amenazas para la seguridad y el control sobre las libertades son permanentes? Sin duda, la cláusula pasarela exigirá la ratificación de los Parlamentos nacionales y ello podría permitir a los más reticentes ganar algún tiempo. Pero esta dificultad puede superarse con un diálogo más profundo con los Parlamentos nacionales, a los que recibiremos, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, los días 3 y 4 de octubre próximos, es decir, la semana que viene, en un gran encuentro interparlamentario en el que tenemos muchas esperanzas de convencerles. Kari Rajamäki, . Señor Presidente, Señorías, antes de nada les traigo saludos de Tampere y de mi colega Leena Luhtanen. Quiero empezar dando las gracias al señor Cavada y al señor Gargani por su gran aportación en Tampere. En Tampere celebramos debates abiertos y concretos sobre el desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia. En Tampere hablamos también de ciclismo y el Comisario Frattini dijo que tenemos que seguir pedaleando para no caernos. Algo parecido le ocurre a la Unión Europea. Algunos de mis colegas más críticos dijeron que seguramente podríamos parar la bicicleta sin ningún riesgo, e incluso poner un pie en el suelo para apoyarnos. Finalmente tuve que decir que cuando se sale la cadena, resulta difícil seguir pedaleando. Quizá deberíamos adoptar la filosofía que el señor Cavada parecía abrazar en lo que fue una intervención excelente. La cooperación dentro de la Unión Europea es importante para reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. En este sentido, es crucial la capacidad de la Unión Europea para funcionar, tomar decisiones rápidas y responder a los retos en su entorno operativo. La línea política emprendida en el Consejo Europeo de Tampere en 1999 significa que tienen que seguir existiendo altos niveles de cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. La Presidencia finlandesa quiere promover el nuevo espíritu de Tampere. La protección de los derechos fundamentales es una prioridad. Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y el trabajo del Consejo demuestra constantemente la importancia de garantizar el respeto de los principios que establece. Eso se aplica también, por supuesto, a cuestiones tan delicadas como la lucha contra el terrorismo. Quiero insistir en que estos valores son reconocidos en todos los ámbitos, tanto en la acción interna como en las relaciones con terceros países. La creación de Agencia Europea de Derechos Fundamentales está recibiendo una especial atención. Los debates en torno a un Reglamento del Consejo por el que se cree la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europa propuesta han comenzado y el trabajo ha alcanzado ya una fase importante. La Presidencia Finlandesa hará un esfuerzo decidido para que esa agencia se cree antes de principios del año que viene. Una cuestión importante que se ha planteado es si la Agencia debe o no actuar en ámbitos actualmente acogidos al Título VI del Tratado de la Unión Europea. La Presidencia quiere prestar una especial atención al examen de las competencias de la Agencia en el marco del tercer pilar. A este respecto, esperamos que los Estados miembros se muestren flexibles y podamos encontrar una solución que satisfaga a todos. El pasado otoño mantuvimos conversaciones muy constructivas en torno a la Directiva sobre la retención de datos, en lo que era una difícil situación, para examinar sus aspectos técnicos, jurídicos y financieros. En seguida nos encontramos en situación de poder responder a las principales cuestiones planteadas por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Creo que se trata de un espléndido ejemplo de cómo pueden tomarse decisiones por mayoría cualificada, teniendo al mismo tiempo como objetivo el consenso. Siguiendo ese ejemplo, queremos que se apruebe lo antes posible la Decisión marco sobre la protección de datos personales dentro del tercer pilar. Queremos concluir la primera lectura de la propuesta durante este mandato de seis meses. El Consejo está ahora considerando a fondo la opinión que el Parlamento Europeo tiene de esta propuesta. La eliminación de controles en las fronteras interiores –es decir, la ampliación del espacio Schengen– es un objetivo político importante para la creación de un espacio de libertad en la Unión Europea. El proceso de evaluación de Schengen iniciado a principios de este año ha hecho ya posible realizar evaluaciones detalladas de la cooperación en materia policial y de visados en los nuevos Estados miembros, así como de la protección de datos en las fronteras terrestres y marítimas y en los aeropuertos. Los nuevos Estados miembros tienen que cumplir todas las condiciones para aplicar el acervo de Schengen. Esto implica también la existencia de un Sistema de Información de Schengen viable. Las inspecciones previstas para este año están ya en marcha. En diciembre evaluaremos sus resultados y decidiremos sobre la necesidad de adoptar medidas adicionales. Hace algún tiempo recibimos un informe de la Comisión sobre el retraso en el progreso técnico del sistema SIS II. A la vista de la última información disponible, debemos examinar con transparencia y honestidad las medidas y los calendarios relacionados con dicho sistema. La política del Consejo Europeo significa que tenemos la obligación y el deseo de examinar lo que podríamos hacer para acelerar los preparativos de cara a eliminar los controles en las fronteras interiores. La Presidencia finlandesa ha insistido en que se prepare la legislación sobre SIS II conjuntamente con el Parlamento Europeo, y espero que lleguemos a un consenso sobre esto en octubre. Quiero dar las gracias al ponente del Parlamento Europeo, señor Coelho, por su manera estricta pero decidida de enfocar la búsqueda de una solución conjunta. En un grupo de trabajo de alto nivel en el Consejo, decidimos adoptar también una serie de medidas prácticas para tratar de mejorar la coordinación del proyecto SIS II y la cooperación entre los proyectos nacionales y los preparativos del sistema central, que es responsabilidad de la Comisión. La Presidencia finlandesa del Consejo planteó esta controvertida cuestión ya en julio, debatiéndose también la semana pasada en Tampere. En la reunión del Consejo prevista para la semana que viene, debatiremos el nuevo calendario de preparativos técnicos para el proyecto SIS II y cualquier solución alternativa realista que podamos tener a nuestra disposición. Así realizaremos el trabajo preliminar para fijar una fecha de eliminación de los controles en las fronteras interiores en el Consejo de Diciembre y en el Consejo Europeo. En el Consejo de diciembre es posible que se examine también la situación general con respecto a las inspecciones Schengen. Haremos todo lo posible por ampliar el espacio Schengen lo antes posible, sin comprometer la seguridad. El Tratado contiene ya disposiciones sobre procedimientos para ayudar a evaluar interpretaciones de casos acogidos al Título IV del Tratado o la legalidad o interpretación de actos aprobados por las instituciones comunitarias. De conformidad con el artículo 67 del Tratado, el Consejo decidirá, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, la adaptación de las disposiciones relativas a las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este viernes, el grupo de trabajo del Tribunal de Justicia planteará la cuestión por primera vez y, dependiendo de las opiniones que allí expresen los Estados miembros, se decidirá si es necesario o no seguir debatiéndola más a fondo. La Presidencia considera que se trata de una cuestión importante. Como sabemos, los ciudadanos de la UE esperan con razón que la Unión Europea sea capaz de establecer una cooperación más eficaz en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar el respeto a los derechos y las libertades fundamentales. En virtud del Tratado de la Unión Europea, el Consejo decidirá, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, la aplicación de la cláusula pasarela contemplada en el artículo 42 del TUE y la incorporación al ámbito comunitario, en su totalidad o en parte, de la cooperación policial y la cooperación en la lucha contra la delincuencia. La semana pasada en Tampere se celebró un importante debate sobre este tema entre representantes de los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo, y quiero llamar su atención en particular sobre la opinión firmemente expresada allí por el señor Cavada en el Consejo de Ministros, que coincide no solo mi propia opinión, sino también la del Parlamento Europeo. Fue una contribución muy importante a nuestro debate. Por otra parte, todo el mundo se manifestó allí a favor de una toma de decisiones más eficaz. Estamos decididos a seguir trabajando en este ámbito de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo. Quiero insistir en que este debate no va en contra del Tratado Constitucional: queremos insistir expresamente en la importancia del Tratado para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para que el progreso en asuntos jurídicos y de interior sea visible también en lo que respecta a la seguridad pública, tenemos que asegurarnos de que esos actos se integren plenamente en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Durante nuestro mandato presidencial, trataremos de implantar sistemas para evaluar los asuntos jurídicos y de interior, sobre la base de la comunicación de la Comisión. Además, se han establecido una serie de métodos de evaluación mutua para asuntos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo. No todos los Estados miembros han ratificado todavía los Protocolos del Convenio de Europol. El Consejo ha recordado periódicamente a los Estados miembros la importancia de este asunto. Finlandia confía en que el Protocolo entre en vigor a finales de este año. La cooperación reforzada entre las autoridades policiales y aduaneras ha sido una forma de tratar de crear valor añadido en la seguridad interna en la Unión ampliada. La Presidencia puede anunciar que Finlandia aprobará en un futuro próximo acciones de ámbito nacional que la permitirán ratificar el Tratado de Prüm. Dentro de poco, al menos ocho Estados miembros habrán ratificado este Tratado. Con ello se cumple el requisito mínimo para iniciar una cooperación reforzada de conformidad con el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea. Como país que ostenta la Presidencia, trabajaremos para conseguir que el Tratado de Prüm se incorpore al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El Consejo seguirá debatiendo la Decisión marco sobre los derechos procesales partiendo de la iniciativa de la Comisión. En junio, el Consejo decidió continuar con su trabajo tomando como base la propuesta de compromiso presentada por la Presidencia. Dicha propuesta imponía más restricciones sobre el número y el alcance de los derechos que la propuesta conjunta y se centraba más en los requisitos generales. Estamos tratando también de concluir en el actual mandato de seis meses la primera lectura de la propuesta en lo que respecta a su contenido principal. En cuanto al racismo y la xenofobia, el Consejo ha sido informado de que los Estados miembros que habían expresado reservas generales respecto al proyecto de instrumento, ya no las tienen. Por tanto, se pueden volver a iniciar conversaciones lo antes posible. La Unión Europea ha formulado una política conjunta sobre inmigración, control de fronteras y asilo basada en el Consejo Europeo de Tampere y el Programa de la Haya. Dicha política se basa en la solidaridad de los Estados miembros, la confianza mutua y la responsabilidad compartida. Tiene plenamente en cuenta los derechos humanos y fundamentales, entre ellos el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados y el derecho a solicitar asilo en la Unión Europea. Los Estados miembros y sus autoridades competentes son responsables de controlar las fronteras exteriores y la inmigración y de llevar a cabo los procedimientos de solicitud de asilo. En lo que llevamos de Presidencia finlandesa, el Consejo ha tratado de debatir en profundidad cuestiones de inmigración. Así lo hizo tanto durante el Consejo de julio como en la reunión ministerial informal celebrada en Tampere la semana pasada. Los recientes acontecimientos ocurridos en las Islas Canarias y en el Mediterráneo ponen de manifiesto el destino que comparten los países de Europa y la necesidad de un compromiso por parte de todos los Estados miembros. Es fundamental que las instituciones de la Unión –el Parlamento Europeo, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), la Comisión y otras autoridades competentes– actúen con un espíritu de cooperación y coordinación. La Unión Europea tiene que intensificar sus esfuerzos para dar ayuda práctica a los Estados miembros que soportan la mayor carga en lo que respecta al número de inmigrantes ilegales que llegan a sus fronteras. En relación con esto, la Presidencia presentó en la reunión de Tampere su iniciativa para reforzar la solidaridad europea. En el marco de dicha iniciativa y a cambio de una contribución económica de la UE, se adoptarían procedimientos para garantizar que los Estados miembros respetasen una serie de normas establecidas conjuntamente y asumieran la responsabilidad de los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo que accedieran a su territorio. El debate sobre la iniciativa de la Presidencia debe continuar, teniendo en cuenta las constructivas conversaciones que hemos mantenido en Tampere. La ayuda al desarrollo de la Unión Europea y de los Estados miembros es fundamental para eliminar las causas de la migración ilegal. La crisis en el Mediterráneo nos demuestra ahora por fin lo importantes que son las relaciones exteriores en la lucha contra la migración ilegal. El Enfoque Global de la Migración y las medidas principales centradas en África y la región mediterránea, aprobados por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre, proporcionan un marco común para la acción de la UE. De esta forma se reforzará la cooperación entre los Estados miembros y se aumentará el diálogo con los países de África y la cooperación en el conjunto de la región mediterránea. El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que le vuelva a informar sobre el progreso realizado a finales de este año. El Enfoque Global ha dado lugar a una serie de importantes iniciativas. Entre ellas están la reunión ministerial celebrada en Rabat en julio, las iniciativas de Frontex para intensificar la vigilancia de las costas en el Mediterráneo, y operaciones especiales para ayudar a España y a Malta. La Presidencia está apoyando estas iniciativas, así como la importantísima propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento para crear equipos de intervención rápida en las fronteras (el Reglamento «Rabit»). Una de las grandes prioridades de la Presidencia finlandesa es crear un sistema para el control integrado de las fronteras exteriores y la aprobación de una estrategia al respecto. Además, la Comisión examinará a fondo y con coherencia las cuestiones pertinentes en la comunicación sobre inmigración ilegal presentada en julio. Para cumplir los objetivos de la inmigración ilegal acordados en Tampere, se han aprobado ya una serie de disposiciones aplicables al estatuto de los residentes de larga duración en un país, el reagrupamiento familiar, la concesión de permisos de residencia a las víctimas del tráfico de seres humanos y la admisión para fines de estudio, formación profesional, voluntariado e investigación científica. El pasado mes de enero, la Comisión aprobó un plan político sobre inmigración legal de conformidad con el mandato contemplado en el Programa de la Haya. Dicho plan tiene también en cuenta el Programa de Lisboa aprobado en julio el año pasado. Otro avance importante es el programa marco sobre solidaridad y control de los flujos de migración para el período 2007-2013 y los cuatro fondos que se crearán en el marco de dicho programa: el Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo para las Fronteras Exteriores, el Fondo Europeo de Repatriación y el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. El Consejo está trabajando para llegar a un acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo respecto a estos importantes instrumentos. La Presidencia es consciente de que la propuesta de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establezcan normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para la repatriación de nacionales de terceros países que estén residiendo ilegalmente es muy importante para una política común de repatriación, pero somos también conscientes de los problemas que tienen que resolverse para llegar a un compromiso sobre las propuestas en un plazo de tiempo razonable. Con el apoyo del Parlamento Europeo y la Comisión, el Consejo ha decidido ya intensificar el debate para concluir las deliberaciones sobre la propuesta. En cuanto al tema del asilo, está previsto que se inicie un debate sobre la posible manera de mejorar la normativa europea vigente en materia de asilo. La Comisión va a preparar un Libro Verde sobre el futuro del sistema común europeo de asilo. Esto se ha debatido también en Tampere. La Presidencia se ha marcado como objetivo asegurar que las normas mínimas actuales se transformen en unas verdaderas normas comunes sobre asilo y protección subsidiaria. Tiene que reforzarse la cooperación práctica entre los Estados miembros en cuestiones relacionadas con el asilo. El Consejo espera que la Comisión presente una propuesta sobre esta cuestión. El Consejo espera también que la Comisión presente una propuesta legislativa en un futuro próximo sobre la ampliación del estatuto de los residentes de larga duración a los refugiados y a los que obtengan la condición de protección subsidiaria. El aumento de la transparencia en el trabajo de la Unión es un objetivo fundamental. En junio, el Consejo Europeo decidió la adopción de una serie de medidas para aumentar la transparencia. La Presidencia finlandesa insiste en la importancia fundamental de la transparencia, y propone activamente seguir adelante con el debate sobre la transparencia tomando como base el Libro Verde. La bandera de la transparencia ha ondeado también con fuerza en Tampere. Por último, con respecto a los centros de detención secretos mencionados por el Presidente de los Estados Unidos de América en unas declaraciones hechas a principios de septiembre, quiero asegurar al Parlamento que el Consejo es consciente de las posibles implicaciones. En una sesión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrada en septiembre, los ministros expresaron su compromiso de combatir eficazmente el terrorismo con todos los medios y herramientas legales a su alcance. El terrorismo es simplemente una amenaza para un sistema de valores basado en el Estado de Derecho. Los derechos humanos y las normas humanitarias tienen que ser respetados en la lucha contra el terrorismo. Como ya dije en una reunión celebrada en agosto en Londres, no podemos permitir ni una sola victoria al terrorismo y a sus esfuerzos por socavar nuestros derechos y valores fundamentales. En el Consejo de Justicia y Asuntos de interior celebrado en julio dije que me parecía fundamental que los Estados miembros insistieran también en la necesidad de elaborar un informe sobre los vuelos de la CIA que transportan presos, con el fin de fortalecer la base de una cooperación más confidencial y viable en materia de seguridad. Señorías, lamento que mi intervención haya durado tanto, pero llevo 24 años dedicado al trabajo parlamentario. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar ante una audiencia tan agradable, puede pensar que ha hablado demasiado, pero solo quiero decir para terminar que nuestros ciudadanos esperan de la Unión Europea seguridad, más eficacia en la toma de decisiones y capacidad para responder rápidamente a los nuevos retos. Insistirán además en que debemos ser capaces de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo, y de controlar eficazmente los flujos de migración y nuestras fronteras externas comunes. Es responsabilidad nuestra y un reto para la competencia de los parlamentarios, tanto en el Parlamento Europeo como en los Parlamentos nacionales, responder conjuntamente a la demanda impuesta a Europa de convertirse en un espacio de justicia y seguridad para todos. El Presidente. Muchas gracias, señor Rajamäki. El Consejo y la Comisión no tienen límite de tiempo. Por lo tanto, pueden aprovechar la oportunidad para extenderse todo lo que crean necesario y oportuno, pero el día sigue teniendo veinticuatro horas. Franco Frattini, . Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi profunda satisfacción por la excelente cooperación con la Presidencia finlandesa, sobre todo con el señor Rajamäki y la señora Luhtanen, así como con el Parlamento Europeo, especialmente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y el señor Cavada. Aplicar y seguir desarrollando el Programa de La Haya es un objetivo común. Ello requiere una toma de decisiones eficaz y prioridades políticas claras para marcar realmente la diferencia. El objetivo político estratégico sigue siendo encontrar el equilibrio adecuado entre la mejora de la seguridad de los ciudadanos y la defensa de los derechos individuales de las personas. Como bien saben, la semana pasada en Tampere discutimos los principales desafíos en materia de libertad, seguridad y justicia, y la mejor forma de abordarlos. Está claro que la lucha contra el terrorismo y la gestión de los flujos migratorios son en la actualidad las principales prioridades de la Unión Europea. Como destaqué en Tampere, considero que nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo a escala europea deben concentrarse en ámbitos clave como la lucha contra la radicalización y el reclutamiento, el mal uso de Internet por parte de los terroristas, la prevención y la detección de la utilización ilegal de explosivos, la protección de infraestructuras fundamentales, la preparación biológica y la seguridad en el transporte. También estoy convencido de que cualquier nueva medida de seguridad, en especial en relación con el transporte aéreo, no debería generar una reacción desproporcionada, puesto que, desde mi punto de vista, ello supondría una victoria para el terrorismo. La seguridad ocupa un lugar central en mi acción y evaluaremos cuidadosamente los efectos y la proporcionalidad de cada decisión tomada en este ámbito. La lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos individuales deben ir de la mano. En lo que respecta a la inmigración, la Comisión ha decidido establecer un Grupo de Comisarios sobre Cuestiones de Migración. Tengo el privilegio de coordinar dicho grupo, que aúna todos los ámbitos políticos relevantes para la gestión de las migraciones: desde la justicia y los asuntos interiores hasta el desarrollo, el empleo, la educación y la formación, la política regional, los asuntos económicos, las relaciones exteriores y la política de vecindad europea. Un planteamiento tan amplio como este incluye la inmigración legal e ilegal, así como la integración. La solidaridad, en forma de apoyo financiero y el despliegue de expertos y equipamientos en nuestras fronteras compartidas, también es un elemento esencial de este planteamiento. Aunque el aspecto central es claramente la inmigración procedente de África, este planteamiento debe tomar en consideración los movimientos migratorios de otras regiones del mundo, en particular de nuestros vecinos orientales, algunos de los países donde se originan muchas clases de tráfico ilegal. Como bien saben, en materia de inmigración ilegal hemos tomado recientemente muchas medidas prácticas, sobre todo en relación con los flujos migratorios que afectan a los Estados miembros del sur de la Unión Europea. En particular, Frontex ha demostrado ser muy activa en la coordinación de la asistencia a los Estados miembros en cuestión, por ejemplo en las Islas Canarias, y se están planeando operaciones adicionales a corto plazo en la zona mediterránea central. Solidaridad significa prestar ayuda práctica a los Estados miembros bajo presión. Necesitamos fondos, equipamientos, barcos, helicópteros y aeroplanos. Por ejemplo, para el periodo 2007-2013, la Agencia Frontex contará con 272 millones de euros, una cifra que considero insuficiente para hacer frente al fenómeno creciente de la inmigración. El año que viene, el presupuesto de la agencia será de aproximadamente 21 millones de euros. Espero que el Parlamento esté de acuerdo en un incremento adicional de la dotación financiera. A través del programa ARGO se ha proporcionado ayuda financiera adicional a los Estados miembros más afectados, en particular España, Malta e Italia. En este sentido, quisiera mencionar que la semana pasada la Comisión decidió financiar seis proyectos de emergencia en dichos países. La Comisión también ha aprobado un paquete de medidas para ayudar a Mauritania en sus esfuerzos por contener el flujo de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias en virtud del Mecanismo de Reacción Rápida. Y haremos lo mismo respecto a otros socios importantes del África subsahariana, como Senegal. Por lo que respecta a la gestión de la frontera marítima exterior en el sur, en el Consejo informal de Tampere presenté un conjunto de recomendaciones para la adopción inmediata de medidas operativas, es decir, antes del verano de 2007. Entre dichas recomendaciones destacan: en primer lugar, la creación de un centro de mando operativo en las regiones relevantes para coordinar una red de patrullas costeras en el Mediterráneo; en segundo lugar, el análisis del establecimiento de un sistema de vigilancia europeo con el fin de enlazar los sistemas de vigilancia nacionales vigentes; en tercer lugar, la creación de un fondo común de equipos mediante la puesta a disposición por parte de todos los Estados miembros de equipos que puedan facilitarse rápidamente al Estado miembro que solicite ayuda; en cuarto lugar, estudiar opciones para la creación de un equipo de expertos en solicitudes de asilo que actúe en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, sobre todo con las Naciones Unidas; en quinto lugar, aprovechar al máximo los instrumentos financieros actuales y futuros. Las medidas anteriores tienen por objeto el refuerzo de la capacidad comunitaria de gestionar y prevenir el tipo de situaciones de las que hemos sido testigos este año, y deberían adoptarse paralelamente a la aplicación del planteamiento global sobre inmigración adoptado por el Consejo Europeo en diciembre pasado. Se trata de garantizar una respuesta política inmediata, basada en una solidaridad europea tangible, y subrayo la palabra , así como en un reparto de responsabilidades y cargas. Ello significa, como recientemente destacamos el Presidente Barroso y yo en Tampere, que es de suma importancia que todos los Estados miembros continúen trabajando juntos en un espíritu de solidaridad, sobre todo para ayudar a los Estados miembros meridionales más afectados en estos momentos por la inmigración ilegal procedente de África. Debe quedar absolutamente claro que es tarea de los Estados miembros proporcionar los equipos necesarios para que las operaciones conjuntas sean un éxito. Hemos dado el primer paso, pero solo el primero; la magnitud del problema es tal que todavía queda mucho por hacer. En este sentido, también espero que la primavera próxima la Unión Europea pueda hacer uso de los equipos de intervención rápida fronteriza, que serán equipos de expertos nacionales que, coordinados por Frontex, prestarán asistencia técnica y operativa urgente a los Estados miembros que la necesiten. Abordar la inmigración desde una perspectiva integral también implica desarrollar un planteamiento estructural y el refuerzo de la inclusión de la inmigración en las políticas exteriores europeas. Ello incluye examinar las causas profundas de la inmigración y las cuestiones de desarrollo. La Comisión está realizando grandes esfuerzos por convertir la inmigración en una parte integral de su política de desarrollo y está colaborando en especial con países africanos en esta cuestión. Sobre todo debemos dar prioridad a la aplicación del plan de acción acordado en Rabat en julio pasado y a la preparación de una conferencia europeo-africana útil y efectiva sobre inmigración con la Unión Africana, que se espera celebrar en noviembre en Trípoli, Libia. También debemos reforzar nuestra cooperación con los países del norte de África, en particular Argelia, Marruecos y Libia, sobre cuestiones migratorias, incluido el asunto de la protección internacional, que requiere una respuesta regional. En este sentido, tanto los Estados miembros de la UE como los países del norte de África deben asumir la responsabilidad de aquellos que necesiten protección internacional, incluidos los solicitantes de asilo. La protección de los refugiados es otra parte importante de mi cartera, y me complace anunciarles que en las próximas semanas se dará inicio a dos programas regionales específicos. También debemos garantizar que los inmigrantes ilegales sean repatriados a sus países. En este sentido, la Comisión está dispuesta a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros desde el punto de vista político, diplomático y financiero, respetando a la vez plenamente la dignidad individual de las personas. Tampoco debemos olvidar otro importante elemento de la lucha contra la inmigración ilegal: la necesidad de intensificar la lucha contra el trabajo ilegal, pues se trata de un factor clave del efecto llamada de la inmigración ilegal. Como se mencionó en la comunicación de la Comisión relativa a la inmigración ilegal del mes de julio, en la actualidad estamos planteándonos la posibilidad de elaborar un instrumento legislativo con miras a armonizar las sanciones contra las empresas que contraten a inmigrantes ilegales. Por supuesto, los Estados miembros deberían tomar medidas inmediatas en este sentido para hacer frente a la cuestión del trabajo ilegal. En relación con la migración económica legal, debo hacer hincapié en que la aplicación del Plan de Política en Materia de Migración Legal es una prioridad para la Comisión y para mí personalmente. Mediante la eliminación del trabajo ilegal y la creación de procedimientos de admisión para los inmigrantes legales, Europa establecerá un círculo virtuoso o, por decirlo de otra forma, una estructura de incentivos positiva. La Comisión está convencida de la necesidad de un planteamiento común para gestionar la migración económica como un medio adicional de alcanzar los objetivos de Lisboa y contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento demográfico, con el fin de fomentar la economía y la competitividad europeas. En particular, para contribuir al crecimiento económico, es fundamental que ante todo Europa se convierta en un polo de atracción real para inmigrantes altamente cualificados. La idea de proponer una directiva relativa a las condiciones de admisión a la Unión Europea para trabajadores altamente cualificados, incluida la posibilidad de una tarjeta verde europea, responde a esta necesidad económica. Europa sigue recibiendo únicamente mano de obra poco cualificada o carente de cualificación alguna, mientras que los Estados Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo, son capaces de atraer a inmigrantes con talento. No obstante, al mismo tiempo considero que es preciso tomar medidas apropiadas para evitar el riesgo creciente de una fuga de cerebros de los países más pobres. Una propuesta de directiva relativa a los derechos laborales de los inmigrantes legales constituye el otro pilar de la política de la Comisión en este ámbito para el año próximo. Ambas propuestas se presentarán en la segunda mitad de 2007 bajo la Presidencia portuguesa. Por último, quisiera destacar otro elemento importante de la política de inmigración europea: la integración de los inmigrantes. Como se ha puesto de relieve en la Agenda Común para la Integración, que presenté en septiembre de 2005, es fundamental realizar un mayor esfuerzo de integración para que la política común europea de inmigración dé sus frutos. Espero firmemente que, una vez que el Consejo aprobó en Luxemburgo este planteamiento europeo global respecto a la inmigración, el mismo planteamiento común europeo sea aprobado también en el máximo nivel político por el Consejo Europeo en Lahti. Permítanme que me refiera a la «cláusula pasarela». En Tampere, como acaban de decir el Ministro Rajamäki y el señor Cavada, también discutimos cómo mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia, sobre todo mediante la «cláusula pasarela». Como bien saben, la posición de la Comisión siempre ha sido muy cercana a la del Parlamento en esta cuestión, pues consideramos que la «cláusula pasarela» es un instrumento apropiado e importante para que la Unión y los Estados miembros garanticen una mayor eficacia, transparencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones, además de una mayor legitimidad democrática, dado el papel más importante del Parlamento. El debate en Tampere ha sido muy abierto y constructivo. Todos los Estados miembros, incluso aquellos que todavía se muestran reacios, estuvieron de acuerdo en la necesidad de seguir adelante. Aunque algunos de ellos expresaron su temor por el hecho de que ahora una decisión sobre la «cláusula pasarela» adelantaría el debate sobre el relanzamiento del proceso constitucional, considero que este no es el caso. Estaremos entre los primeros en acoger con satisfacción un resultado positivo del estudio que la Presidencia alemana pretende llevar a cabo en 2007 y le prestaremos nuestro pleno apoyo. No obstante, debemos prepararnos para una situación en la que posiblemente la «cláusula pasarela» sea la única forma de abordar la necesidad urgente que todos compartimos. Estoy de acuerdo en que necesitamos la Constitución, pero si esperamos es posible que nos encontremos paralizados. En cualquier caso, como bien saben, cuando la Constitución entre en vigor la «cláusula pasarela» se incorporará a ella de forma automática. Estuve de acuerdo con el Ministro Rajamäki cuando en Tampere dijo que Europa es como un ciclista: o sigue pedaleando o se cae a suelo. Y es que mi compatriota Bettini ganó hace unos días el Campeonato Mundial de Ciclismo únicamente porque pedaleó más rápido que los demás. En consecuencia, debemos continuar esta discusión política tan importante, a partir de la buena voluntad común mostrada por todos los Estados miembros en Tampere. En el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que tendrá lugar dentro de unos días en Luxemburgo, tendremos la oportunidad de decidir cómo hacer avanzar este importante expediente. Finalmente, los ciudadanos sí quieren más Europa, pues entonces podría ser más eficaz en la toma de decisiones. Profesionales, jueces, abogados y autoridades policiales también quieren instrumentos más eficaces para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Hablando claro, no podemos permitir que la sociedad civil avance más rápido que nuestras estrategias y políticas. Si queremos ser creíbles, debemos responder ahora y no solamente después de sucesos trágicos, tal y como ha ocurrido en el pasado. El Presidente. Agradecemos al Vicepresidente de la Comisión su explicación de lo sucedido en Tampere y la visión optimista de lo allí ocurrido que nos transmite. Vamos a conocer ahora las opiniones de los Grupos políticos. Recuerden que los diputados sí tienen limitado el uso del tiempo. Eva Klamt, . Señor Presidente, Señorías, la gestión de los flujos migratorios y, por consiguiente, el control de la inmigración en la Unión Europea, se encuentra entre los problemas más acuciantes a que tenemos que enfrentarnos, y no hace falta decir que hacerlo implica mirar más allá de nuestros estrechos horizontes nacionales, pero que eso no significa que podamos limitarnos a un análisis europeo y a enfoques europeos. La cooperación con los países de tránsito y los países de origen y la ayuda que se les da son parte de la solución, pero lo que se necesita también es un enfoque integrado, porque hay que regular la inmigración y esto no puede ser un asunto solo de política interior; únicamente se podrán encontrar soluciones con los esfuerzos conjuntos en varios ámbitos políticos. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha reclamado durante mucho tiempo una política de inmigración que tenga en cuenta las necesidades y derechos de otros Estados miembros. Por ejemplo, no se puede llevar a cabo una legalización masiva sin informar o consultar a otros, para después buscar ayuda de la Unión Europea una vez que la acción comience a atraer emigrantes. Es fundamental que la política de inmigración nacional tenga en cuenta sus efectos en otros Estados miembros. Hay que decir, sin embargo, que convertir un ámbito político –en este caso el de la inmigración– en parte de la política de la Comunidad, lo que implica someterla a codecisión, no es una panacea. Hay seguramente muchos problemas que nos afectan a todos, pero hay por lo menos otros tantos que son de carácter específicamente nacional, regional o incluso local. Para muchos, uno de los atractivos de una política comunitaria sobre emigración económica es que no solo extiende sus propios poderes, sino que también puede ayudar en la aplicación de una política de inmigración para la que no ha habido un apoyo mayoritario a escala nacional, pero esta motivación no tiene en cuenta el derecho de los Estados miembros a que se aporten soluciones adecuadas; ninguna política puede tener éxito a menos que los ciudadanos de nuestros Estados miembros puedan contribuir a elaborarla. Martin Schulz, – Señor Presidente, Señorías, nosotros, en nuestro Grupo, hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo vamos a enfocar el debate de hoy. La última vez que tomé la palabra en esta Cámara para intervenir en un debate sobre política interior y de seguridad fue cuando hablé de la orden de detención europea y el plan de instauración de la figura del Fiscal europeo, después de lo cual tuve una enorme bronca con el Presidente en ejercicio del Consejo. No deseo repetir la experiencia hoy, pero tengo que decir al Presidente en ejercicio y al Comisario que tampoco voy a tener pelos en la lengua. Mirando alrededor puedo ver al señor Kirkhope, al señor Pirker, a la señora Klamt, al señor Watson, a la señora Lambert y a la señora Roure; como yo, todos ellos se sentaban aquí hace seis años, cuando todos nosotros decíamos exactamente las mismas cosas. Por aquel entonces, el señor Watson era el presidente de la comisión parlamentaria y el Comisario era un tal señor Vitorino, quien, como continuación de Tampere, nos presentó lo que se llamaba un marcador, que incorporaba todas las medidas que usted, señor Presidente en ejercicio, y usted, señor Comisario, han descrito. El marcador debía su nombre al hecho de que especificaba explícitamente plazos de tiempo, con la medida A que los Estados miembros tenían que transponer en el periodo B, y el informe de la Comisión que debe llegar al Consejo en el periodo C, y así sucesivamente. ¿Por qué entonces, seis años después, estamos sentados nuevamente en esta Cámara discutiendo las mismas cuestiones, por ejemplo la cláusula pasarela? Hace seis años, estábamos llenos de optimismo cuando discutíamos las disposiciones del Tratado de Niza en el sentido de que, de 1999 en adelante, y entrando en vigor cinco años más tarde –es decir, en 2004–, previa votación unánime del Consejo, las áreas políticas que discutimos hoy deberían estar sujetas al procedimiento de codecisión, pero, dos años más tarde, todavía no ha pasado nada. La señora Klamt ha abordado una cuestión importante al decir que no debemos, en lo que se refiere a la integración o a la tramitación de las peticiones de asilo, interferir con los poderes de las autoridades nacionales, locales y regionales, pero tampoco podemos tolerar una situación en la que las normas y reglamentos de la Comunidad sean indispensables pero no avancen. Los flujos de migrantes que llegan a las costas del sur de Europa, que discutimos hoy, no deben tratarse solo con medidas restrictivas; exigen un enfoque que combine medidas contra el crimen organizado, medidas que confieran a los inmigrantes un estatuto legal y una política de integración coordinada. Esto no es nuevo para ninguno de nosotros. ¿Por qué, entonces, se niegan los Estados miembros a aplicar las propuestas que el Comisario Frattini acaba de describir? Creo que sé la respuesta a esta pregunta. La razón por la que se niegan a hacerlo es que estos ámbitos políticos –la seguridad de las fronteras exteriores, el asilo, la legislación en materia de ciudadanía, la libertad de establecimiento y de circulación, la política en materia de policía y justicia– les dan la oportunidad de decir a sus ciudadanos: «Somos nosotros –y nadie más– los que mantenemos las riendas del poder en este Estado.» Durante quince años, los Estados han retrocedido desde la cesión de soberanía que suponía la transferencia de esos derechos a la Unión Europea, y puedo entender por qué lo hacen, ya que implica, en cierto modo, la entrega de poder nacional, pero esta entrega de un poco de poder debe contraponerse a la perspectiva de la migración, la trata de personas, la inmigración incontrolada y los problemas que acarrea el hecho de dejarlos prolongarse en el tiempo. Durante diez años, los Ministros de Interior de la Unión Europea no han hecho nada de esto, y hay que acabar con esta situación. Por esta razón el enfoque al que se refiere nuestra pregunta, y las respuestas que nos han dado –especialmente por el Comisario Frattini– son correctos, pero es hora de ponernos manos a la obra. Graham Watson, . – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Cavada por su pregunta oral, la oportunidad de celebrar este debate y el excelente trabajo que él y sus colegas realizan en su comisión. Tuve el honor de presidir dicha comisión en la época de la reunión del Consejo de 1999 en Tampere. He observado el proceso de Tampere a Tampere, han sido siete años de vacas flacas. Algo similar a lo que dijo una vez un crítico sobre la obra de teatro de Samuel Beckett : «Es una obra en dos actos en la que no pasa nada dos veces». Saludo los esfuerzos del Comisario Frattini y de la Presidencia finlandesa por seguir intentando convencer y engatusar a los Estados miembros. El señor Rajamäki ha hablado de inyectar nueva vida al espíritu de Tampere, cosa que es urgentemente necesaria. Pero el hecho es que el país que conozco mejor lo fastidió todo cuando insistió en disponer de tres pilares. Ahora otros países bloquean el proceso de reparación. A menos que seamos capaces de introducir la «cláusula pasarela», no contaremos nunca con una política creíble de justicia y asuntos de interior. Seguiremos teniendo una política que se asemeja a una bicicleta cuando lo que necesitamos es una Ducati. Los Estados miembros están ahí sentados, en sus fortalezas medievales, con los puentes levadizos recogidos. En nombre de la soberanía nacional están reforzando la anarquía global. Nuestros ciudadanos exigen algo mejor. En el primer periodo de construcción de la Unión Europea, los líderes políticos iban por delante de la opinión pública. Su idea de liderazgo consistía en dibujar la visión de la Europa que deseaban, dirigiendo a las personas hacia ella. Puede tratarse de una estrategia peligrosa, pero mucho menos peligrosa que, como ha destacado usted, señor Comisario, ir por detrás de la opinión pública. Nuestros ciudadanos se preguntan: ¿por qué no hay una política de inmigración para evitar la tragedia humana de la que somos testigos en nuestras costas meridionales? ¿Por qué no compartimos datos de nuestros servicios de inteligencia sobre actividades criminales en la lucha contra el terrorismo o las drogas? ¿Por qué no hay ningún acceso a la justicia para las víctimas de la delincuencia transfronteriza o las crisis conyugales transfronterizas? Cuando los Ministros se reúnen, como dijo una vez Abba Eban en un contexto diferente, nunca «pierden la oportunidad de perder una oportunidad». Queremos que se preste mayor atención a los valores europeos. Puede que no tengamos Constitución, pero disponemos de la Carta de los Derechos Fundamentales. Señor Rajamäki, usted dijo que los derechos humanos son asuntos prioritarios del Consejo y que se tomarán plenamente en consideración. ¿Está usted seguro? ¿Qué sucede con la saga de las prisiones secretas de la CIA, una cuestión para la que esta Cámara iba a establecer una comisión sobre entregas extraordinarias para ver si es necesario aplicar el artículo 7? ¿Qué hay acerca de la cuestión del PNR (registro de nombres de los pasajeros), donde el acuerdo de 2007 para sustituir la solución parche que ha ideado usted este mes debe formar tándem con la decisión marco sobre la protección de los datos personales? ¿Y qué nos dice sobre las garantías mínimas de procedimiento para sospechosos en procedimientos penales? ¿Por qué está esa cuestión todavía en el fondo de la bandeja de asuntos pendientes? Por supuesto que se han hecho algunos avances, pero con demasiada frecuencia la Unión se parece al mimo Marcel Marceau, quien da la impresión de estar escalando una pared pero que en realidad no se dirige a ninguna parte. Quiero que el señor Frattini y la Presidencia lleven al Consejo del 6 de octubre el mensaje de que Europa exige algo mejor. Monica Frassoni, . – Señor Presidente, Señorías, el Grupo de
{'language': 'es'}