Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 - Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT (con arreglo al artículo 205, apartado 2, primera parte) - Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) (debate) Presidente El siguiente punto es el debate conjunto de los informes sobre el Defensor del Pueblo Europeo y la aplicación del Derecho de la Unión Europea: el informe de Mariya Nedelcheva, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009, el informe de Chrysoula Paliadeli, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT, y el informe de Eva Lichtenberger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) -. Mariya Nedelcheva Señor Presidente, señor Diamandouros, señor Comisario, Señorías, creo que podemos considerar que la misión del Defensor del Pueblo Europeo comprende dos objetivos. En primer lugar, está el objetivo legal, que conlleva la garantía de que las instituciones europeas muestren respeto por el derecho fundamental a la buena administración. La garantía de este respecto es la esencia misma de la función del Defensor del Pueblo. Nos encontramos ahora en un momento clave en el sentido de que el Tratado de Lisboa, que ahora incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, confiere obligatoriedad legal en el artículo 41. Por tanto, el Defensor del Pueblo cuenta ahora con una base jurídica, que diría que se ha reforzado, para llevar a cabo sus actividades como es debido. Para lograr este objetivo de pleno respeto por la buena administración, el Defensor del Pueblo debe ser inflexible en lo referente a las instituciones. Los informes especiales son una herramienta que despliega su máximo potencial en este campo. Permiten al Defensor del Pueblo señalar casos de una mala administración flagrante cuando se han agotado todos los medios para resolver disputas. El asunto de Porsche resulta muy significativo en este sentido. En este punto me gustaría elogiar la determinación, si me lo permiten, del señor Diamandouros, en su empeño por obtener la información que está plenamente autorizado a solicitar. El segundo objetivo es de carácter moral. Para el Defensor del Pueblo comprende la promoción de la cultura de servicio, que no se menciona de manera explícita en los tratados, pero que sin duda forma parte de los compromisos aplicables a las instituciones. A fin de asegurar que se establece este tipo de cultura de servicio, hay dos aspectos necesarios. En primer lugar, el Defensor del Pueblo debe continuar alentando soluciones amistosas, como lo ha estado haciendo durante varios años. Reitero que el 56 % de las reclamaciones recibidas se resuelven de manera amistosa. Debe continuar con su empeño por respetar la comunicación, de modo que los ciudadanos europeos estén informados de sus derechos, así como de los procedimientos que existen para asegurar que se respetan estos derechos. A este respecto, la introducción de una guía interactiva es un importante paso adelante y creo que muchos de nuestros conciudadanos le están agradecidos por ello. Así, el resumen de las actividades del Defensor del Pueblo de 2009 es positivo por completo y eso es lo que he tratado de reflejar en mi informe. No obstante, también he incluido una serie de recomendaciones. Primero, creo que es indispensable reforzar los vínculos con los parlamentos nacionales y con los defensores del pueblo nacionales. Tomar medidas en Bruselas sin asegurarse de que existe un vínculo a nivel nacional es mucho menos efectivo. Por esta razón, le estoy pidiendo al Defensor del Pueblo Europeo que anime más a los defensores del pueblo nacionales a celebrar reuniones regulares para intercambiar impresiones con sus parlamentos, inspirándose en los intercambios mantenidos entre el Defensor del Pueblo Europeo y ustedes en el Parlamento Europeo. La Red Europea de Defensores del Pueblo es un instrumento importante para este fin. Creo que compartir información y buenas prácticas resulta esencial en este sentido. Quiero repetir aquí lo importante que es introducir un portal de intranet común para que los defensores del pueblo intercambien toda esta información. Señor Presidente, el ciudadano debe ser el centro de nuestras preocupaciones. Transparencia, proximidad, buena administración, una cultura de servicio: esas son las consignas. Pero esta proximidad también se refiere a nuestra institución; por eso me gustaría alabar al señor Diamandouros una vez más por dedicar tantos esfuerzos al mantenimiento de un vínculo constante con el Parlamento Europeo y, en particular, con la Comisión de Peticiones. Como subrayé en mi informe, creo que sería muy beneficioso para las dos instituciones y, por encima de ellas, para los ciudadanos europeos que se celebraran más intercambios cuando el Defensor del Pueblo lleva a cabo una investigación por propia iniciativa. Hasta ahora, el señor Diamandouros ha cumplido muy bien con su obligación de llamar al orden a las instituciones cuando vagan por el tortuoso camino de la opacidad y la mala administración. Señor Diamandouros, le deseo mucha suerte y espero con impaciencia poder leer su informe anual para 2010. Chrysoula Paliadeli Señor Presidente, en marzo de 2007 una organización de protección del medioambiente pidió que se divulgara la correspondencia entre la Comisión Europea y el sector automovilístico en el transcurso de las consultas para la preparación de una propuesta legislativa sobre las emisiones de dióxido de carbono. Ocho meses más tarde la Comisión concedió el acceso a dieciséis de las diecinueve cartas, denegando -sin justificación jurídica- la divulgación de las tres cartas de Porsche. La organización de protección del medioambiente recurrió al Defensor del Pueblo Europeo, quién preparó una propuesta de recomendación que se dirigió a la Comisión un mes después, en la que le pedía que contestase en el plazo de tres meses de acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión solicitó cinco aplazamientos para acabar declarando, en junio de 2009, que no se encontraba en situación, un año después de la propuesta de recomendación del Defensor del Pueblo, de divulgar la correspondencia con este fabricante de automóviles en particular debido a las continuas consultas. Hasta octubre de 2010 el Defensor del Pueblo no disponía de ninguna información. Este retraso injustificado dio lugar a un informe especial para el Parlamento Europeo en el que se acusaba a la Comisión de negarse a cooperar con honestidad y de buena fe y, al mismo tiempo, se indica el peligro de menoscabar la facilidad de las dos instituciones de supervisar a la Comisión. Como resultado de este informe especial del Defensor del Pueblo que se pide que el Parlamento apruebe hoy, el primero sobre la mala administración, las cartas de este fabricante de automóviles concreto se divulgaron, quince meses después de la solicitud inicial del Defensor del Pueblo. Entre septiembre de 2008 y febrero de 2010, la Comisión tomó una decisión que se había sugerido en la propuesta de recomendación del Defensor del Pueblo quince meses antes. Al mismo tiempo, se probó que este fabricante de automóviles en particular había aceptado al final, aunque fuera solo en parte, que se divulgaran sus cartas. Por lo dicho antes es evidente que la Comisión se vio obligada a tener en cuenta el artículo del reglamento del Parlamento Europeo que exige a las instituciones que denieguen el acceso a documentos si su divulgación pudiera menoscabar la protección de los intereses comerciales de particulares o entidades jurídicas. Sin embargo -dado que la oficina del Defensor del Pueblo revisó las cartas y consideró que no contenían información que pudiera dañar los intereses comerciales de este fabricante de automóviles concreto-, la Comisión debería haber divulgado al menos algunos de ellos, conforme a la sugerencia del Defensor del Pueblo. Si, no obstante, tenía dudas sobre la interpretación de la propuesta de recomendación, estaba obligada, para justificar sus decisiones, a presentar valoraciones jurídicas igual de significativas que confirmasen la posibilidad de que el fabricante de automóviles en cuestión recurriera a los tribunales de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo. No deseo comentar aquí el silencio absoluto que el fabricante de automóviles en cuestión ha mantenido en respuesta a la solicitud de la comisión. Sin embargo, sí considero inaceptable que el máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea se niegue, casi desdeñando a las instituciones europeas a favor de una empresa privada, a responder a una solicitud como una argumentación, en especial puesto que sus cartas no contienen información que pudiera activar la aplicación del artículo relevante del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y dar pie a que se lleve a la Comisión ante los tribunales. Eva Lichtenberger Señor Presidente, mi informe sobre la aplicación del derecho comunitario es de máxima importancia aquí, en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo contamos con un proceso legislativo que, aunque es muy complejo, es uno de los más transparentes en comparación con los de los parlamentos nacionales. Me gustaría destacar que he sido miembro de una asamblea nacional, así que sé de lo que hablo. Este extenso proceso que atañe a los gobiernos de los Estados miembros, así como al Parlamento Europeo, produce resultados que, a menudo, solo se hacen patentes una vez que se aplican en la legislación nacional. No obstante, si la aplicación en los distintos parlamentos nacionales no se lleva a cabo o resulta insuficiente, los diputados de esta Cámara, el propio Parlamento y toda la Unión Europea se enfrentan un gran problema de credibilidad. Me parece un asunto muy grave. Como diputados al Parlamento Europeo nos vemos constantemente confrontados con ciudadanos que nos cuentan las limitaciones del sistema. La Comisión recibe con regularidad quejas de ciudadanos por el modo en el que se aplica la ley. Me gustaría mencionar un par de ejemplos: vamos a analizar la crisis de la basura de Nápoles. Este es un problema recurrente que presenciamos no por primera o segunda, sino por tercera vez. Aun así vemos que las directivas europeas sobre eliminación de residuos, por ejemplo, no se han puesto en práctica. La Comisión ha intervenido, pero con su intervención no se ha logrado que se apliquen a nivel nacional los principios de eliminación de residuos que en Europa consideramos fundamentales. Analicemos mi país: Austria. Allí la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental se ha aplicado mal. Un caso que supuso el cierre de una estación de esquí demuestra con claridad que existen enormes carencias en este campo. Otro ejemplo lo encontramos en el ámbito del transporte, en el que se estipula que los Estados miembros han de respetar el tiempo de descanso de los conductores y en el que se exigen controles para asegurar su cumplimiento. La alarmante falta de controles en este sector está dando lugar a un número cada vez mayor de accidentes debidos a la fatiga del conductor. En este contexto debería decirse que hay que evitar que se frustre el deseo de los ciudadanos de ver aplicado el derecho comunitario. Deben recibir información oportuna acerca de la legislación y deberían poder confiar en que el proceso tenga lugar con transparencia. Nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, necesitamos con urgencia un procedimiento que nos permita recibir la opinión de nuestros ciudadanos y al mismo tiempo respetar los requisitos de confidencialidad. Me gustaría preguntarle, Comisario, si está preparado para respaldar el procedimiento que proponemos en nuestro informe. Constituiría un significativo paso adelante en dirección a la transparencia, la sinceridad y la claridad en el proceso europeo. Por último, me gustaría de nuevo recalcar que si perdemos nuestra credibilidad por no prestar la suficiente atención a la aplicación de una legislación comunitaria en los Estados miembros europeos, tendremos un problema de credibilidad en toda la Unión Europea. Nikiforos Diamandouros Defensor del Pueblo Europeo. - Señor Presidente, Señorías, gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Me gustaría darle las gracias a la Comisión de Peticiones y en especial a su presidenta, la señora Mazzoni. Siguen ofreciéndome apoyo y consejo, como muestran los excelentes informes presentados ante esta Cámara por la señora Nedelcheva y la señora Paliadeli, a las que les agradezco efusivamente sus amables palabras. Tanto el Parlamento y como el Defensor del Pueblo trabajamos para asegurar que los ciudadanos y residentes de la UE puedan disfrutar al máximo de sus derechos, pero lo hacemos de maneras diferentes. El ámbito de competencias del Defensor del Pueblo es más limitado. Sólo me encargo de las reclamaciones contra las instituciones de la UE, en tanto que ustedes pueden también examinar lo que están haciendo los Estados miembros. Es más, el Parlamento, como organismo político soberano, puede encargarse de peticiones que solicitan cambios en la legislación o en las nuevas leyes. En cambio, mi papel consiste en ayudar a destapar la mala administración y en tratar de enmendarla. A diferencia de las resoluciones judiciales, las decisiones del Defensor del Pueblo no son jurídicamente vinculantes. Sólo puedo emplear el poder de la persuasión para convencer a las instituciones de la UE de que sigan mis recomendaciones o para alcanzar soluciones amistosas que satisfagan a ambos bandos. Cuando las instituciones de la UE se niegan a seguir mis recomendaciones, es esencial que el Defensor del Pueblo pueda acudir al Parlamento en busca de respaldo y, como es natural, estoy muy agradecido al Parlamento por que siga haciéndolo, como se evidencia en los informes Nedelcheva y Paliadeli. Este es el primer informe anual que se ha presentado ante ustedes desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Seguiré trabajando en estrecha cooperación con el Parlamento con el objeto de lograr nuestra meta común de ofrecer a los ciudadanos europeos los máximos beneficios posibles que se deriven de sus derechos en virtud del tratado, y para ello actuaré siempre de acuerdo con mi ámbito de competencias como investigador independiente e imparcial de las alegaciones de mala administración -una independencia e imparcialidad que se aplica por igual al demandante y a la institución de la que se queja. En 2009 el Defensor del Pueblo cerró 318 investigaciones, el 70 % de ellas se concluyó en un año y el 55 % se concluyó en tres meses. De media nos llevó nueve meses finalizar las investigaciones, con la que cumplimos de sobra nuestro objetivo normal de concluir las investigaciones en un año. Me complace ver que en 2009 el 56 % de todas las investigaciones fueron resueltas por la institución o acabaron con una solución amistosa. Esto representa una gran mejora con respecto al año 2008, en el que el porcentaje fue del 36 %. En 35 casos realicé una observación crítica. Esa es una mejora significativa en comparación con 2008, cuando realicé 44 observaciones críticas, o incluso respecto a 2007, cuando formulé 55. La reducción continua es una nueva noticia, pero aún quedan demasiadas. Señorías, me esfuerzo por ayudar a cada demandante que recurre al Defensor del Pueblo, incluso en los casos en los que el demandante no pertenece a mi ámbito de competencias. En 2009 recibí un total de 2 392 reclamaciones de este tipo, un descenso del 6 % con respecto a 2008. La disminución es una noticia alentadora. La reducción del número de reclamaciones inadmisibles ha sido desde hace tiempo una petición de este Parlamento. Atribuyo este resultado, al menos en parte, al hecho de que más ciudadanos están encontrando la dirección adecuada a la que dirigirse la primera vez. En enero de 2009 comencé una guía interactiva en mi nuevo sitio web, al que se puede acceder en los veintitrés idiomas de la UE. Esta guía aspira a dirigir a los demandantes al organismo más indicado para ayudarlos, ya sean mis propios servicios, los servicios de un defensor del pueblo nacional o regional de los Estados miembros o mecanismos de solución de problemas como la red en línea transfronteriza Solvit. Durante 2009 la guía la usaron más de 26 000 personas. Para los ciudadanos es importante que se les guíe hacia el organismo más apropiado de tramitación de reclamaciones desde el inicio y que se les eviten las frustraciones y demoras asociadas a la identificación por sí mismos de la institución adecuada. Eso también significa que las reclamaciones se resuelven con mayor rapidez y eficiencia, y garantiza de este modo que los ciudadanos puedan disfrutar al máximo de sus derechos conforme a la legislación de la UE y también que la legislación de la UE se aplique como es debido. En los últimos tres años también he realizado un esfuerzo denodado por llamar la atención sobre los servicios que puedo ofrecer a empresas, asociaciones, ONG, autoridades regionales y otros grupos destinatarios, es decir, a cualquiera que esté participe en programas o proyectos de la UE y que trate directamente con la administración de la UE. Para seguir con la concienciación sobre el trabajo del Defensor del Pueblo, incrementé la cooperación en 2009 con otras redes de información y solución de problemas como Europe Direct y Solvit. También he intensificado mi empeño por llegar a posibles demandantes organizando una serie de acontecimientos públicos; todas estas actividades de divulgación, combinadas con los notables resultados que han obtenido los demandantes, tuvieron como consecuencia un aumento de hasta el 85 % de la cobertura del trabajo del Defensor del Pueblo por parte de los medios d comunicación. El número de investigaciones abiertas, basado en las reclamaciones recibidas en 2009, creció de 293 a 335. Este aumento se debe atribuir, al menos en parte, a las actividades de divulgación. También he continuado con la labor de mejorar la calidad de la información ofrecida a ciudadanos y posibles demandantes en relación con sus derechos conforme a la legislación de la UE a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que facilita mucho la rápida transferencia de reclamaciones al Defensor del Pueblo o a un organismo similar. Asimismo sigo esmerándome por garantizar que las instituciones de la UE adopten un enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus actividades. Este es un cometido que debe abordarse en colaboración con las instituciones. Para promover este objetivo con respecto a la Comisión, estoy en contacto frecuente con el Vicepresidente de la Comisión responsable de las relaciones con el Defensor el pueblo, el Comisario Šefčovič, al que agradezco su presencia hoy aquí y al que estoy agradecido por su estrecha cooperación y respaldo hasta la fecha. La alegación más común que observé en 2009 fue la falta de transparencia. Surgió en el 36 % de todas las investigaciones. En cierto grado, me inquieta el alto porcentaje de estas reclamaciones. Una administración de la UE responsable y transparente es sin duda la clave para construir la confianza de los ciudadanos. También lamento los largos retrasos de la Comisión al responder acerca del acceso a la documentación. El caso más escandaloso se trata en el informe de la señora Paliadeli, que deja claro que el Parlamento espera una mejora sustancial de la Comisión en este sentido. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa fue el acontecimiento crucial de 2009. El tratado realiza nuevas promesas a los ciudadanos sobre los derechos fundamentales, la transparencia mejorada y las mejores oportunidades de participación en la toma de decisiones de la Unión. También convierte la Carta de los Derechos Fundamentales, que incluye el derecho a la buena administración, en un documento jurídicamente vinculante. La reforma del Reglamento financiero brinda otra excelente oportunidad de poner en práctica el derecho a la buena administración. Creo que las reglas pertinentes deberían servir de guía a las autoridades sobre el modo de asegurar tanto la gestión financiera como la buena administración. Señorías, he desarrollado y adoptado hace poco una estrategia para cubrir todo el periodo de mi mandato. El documento que la contiene se ha distribuido las últimas semanas por la Mesa, la Conferencia de Presidentes y la Comisión de Peticiones con fines informativos. La estrategia está diseñada para poner en práctica la declaración de objetivos de mi institución, que adopté en 2009 y que dice lo siguiente: "El Defensor del Pueblo trata de lograr una solución aceptable a las reclamaciones presentadas contra las instituciones de la Unión Europea, fomenta la transparencia y promueve una cultura administrativa de servicio. Su objetivo es generar confianza a través del diálogo entre los ciudadanos y la Unión Europea y promover los más elevados niveles de comportamiento en las instituciones de la Unión". Con este espíritu, señor Presidente, Señorías, este espíritu de la declaración de la Comisión, seguiré trabajando para llevar a cabo el mandato que este augusto organismo me ha encomendado. Maroš Šefčovič Vicepresidente de la Comisión. - Señor Presidente, tenga paciencia conmigo porque voy a tratar de responder a nuestras tres ponentes y al Defensor del Pueblo. Me gustaría empezar por agradecer a la señora Nedelcheva, la señora Paliadeli y la señora Lichtenberger sus informes. Es evidente que compartimos las mismas metas: es decir, que la administración sea eficiente y profesional y que la legislación europea se respete. Esa es la base sobre la que pretendemos tratar estos asuntos y, estoy seguro, lograr resultados positivos. En cuanto al señor Diamandouros, me gustaría expresar mi agradecimiento por su estrecha cooperación con la Comisión. Creo que este es un día especial para él porque puede ver que el Parlamento Europeo aprecia mucho su trabajo. Puedo asegurar que la comunicación con nuestros servicios es muy intensa. Apenas pasa una semana sin que envíe una carta de explicación al Defensor del Pueblo y reciba una respuesta suya. Así es como encontramos las soluciones adecuadas en nuestro trabajo. Por supuesto, hay algunos asuntos pendientes de los que nos estamos ocupando, pero creo es simplemente una prueba de nuestra fructífera comunicación. Me gustaría destacar que la Comisión acoge de buen grado el informe de la señora Nedelcheva, que ofrece una visión de conjunto clara y exhaustiva de las actividades del año pasado del Defensor del Pueblo. De hecho, en el informe del Defensor del Pueblo relativo a sus actividades de 2009, los resultados de sus distintas investigaciones se han presentado con claridad, ilustrados con ejemplos y clasificados en categorías de acuerdo con la naturaleza de los casos de mala administración o con la institución afectada. Como ya ha indicado el señor Diamandouros, en 2009 el Defensor del Pueblo registró un total de 3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008. Esto representa un descenso anual del 9 %, pero tenemos plena conciencia de que el 56 % de las investigaciones se centraban en la Comisión. También somos conscientes de que las reclamaciones más frecuentes por mala administración tienen que ver con la falta de transparencia e incluso con negarse a proporcionar información, y estoy comprometido a seguir abordando este tipo de casos. La Comisión agradece los esfuerzos que ha hecho el Defensor del Pueblo por seguir reduciendo la duración media de sus investigaciones a nueve meses. No obstante, la Comisión hace hincapié en que el Defensor del Pueblo debería tener en cuenta, al tratar una reclamación, los propios límites de plazo de la Comisión para la consulta interna y para que el Colegio de Comisarios apruebe sus respuestas. El Colegio confirma y aprueba cada respuesta, y lleva algún tiempo que esta llegue al Colegio. Tengan presente que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo una campaña de información intensiva, que ha dado lugar a una mayor concienciación de los derechos de los ciudadanos y a una mejor comprensión de sus ámbitos de competencia. En este sentido, el Defensor del Pueblo tiende a emitir comunicados de prensa de inmediato y estos se publican a menudo en una fase en la que el Defensor del Pueblo acaba de enviar una propuesta de comunicación a la Comisión, sin dejar margen para que esta se defienda, puesto que su respuesta aún está en curso. En algunos casos se puede encontrar una solución amistosa si la institución ofrece reparación al demandante. Esta solución se ofrece con total libertad, sin que acarree cuestiones de responsabilidad ni se siente un precedente jurídico. Si no se puede hallar una solución amistosa, el Defensor del Pueblo puede efectuar recomendaciones para resolver la situación. Si la institución no acepta sus recomendaciones, puede elaborar un informe especial para el Parlamento. En 2009 el Defensor del Pueblo no envió informes especiales al Parlamento. En 2010 se envió un informe especial al Parlamento relativo a la reclamación del acceso a los documentos de la Comisión. La relación con el Defensor del Pueblo ha motivado en ocasiones diferencias de opinión. Ese ha sido el caso con las investigaciones relativas a procedimientos de infracción. El Defensor del Pueblo a menudo argumenta que la Comisión no ofrece una explicación suficiente de su posición, lo que, desde luego, requiere una respuesta de la Comisión sobre el contenido fundamental de su razonamiento y se acerca a un debate sobre los méritos de la postura de la Comisión. Sin embargo, la Comisión ha sido propensa a extenderse en sus respuestas al Defensor del Pueblo, en la que expone en detalle y respalda las interpretaciones de la ley que se han aplicado, al mismo tiempo que añade un descargo de responsabilidad sobre las diferencias de interpretación de la ley y subraya que el árbitro final es el Tribunal de Justicia Europeo. Dados los progresos de los últimos años en el registro y la tramitación de las reclamaciones (el proyecto "Pilot UE"), como se confirma en su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario de 2009, a la Comisión le gustaría, en un futuro cercano, actualizar su Comunicación del 23 de marzo de 2002 sobre las relaciones con el demandante con respecto a las infracciones del derecho comunitario. Me he reunido en persona con el Defensor del Pueblo y he podido informarle de estos progresos. En el campo de la transparencia y el acceso a los documentos, la Comisión examina con detenimiento todas las reclamaciones que el Defensor del Pueblo le dirige. Uno de estos expedientes llevó al Defensor del Pueblo a presentar en 2010 un informe especial y este es el tema del informe de la señora Paliadeli. Lamento que este informe especial se enviara poco después de que la Comisión hubiese tomado una decisión final sobre el caso. A pesar de todo, reconozco que el tiempo dedicado a tomar la decisión fue excesivo, incluso aunque se debiese a que un tercero no respondió a la propuesta de la Comisión. Me gustaría recalcar que la Comisión está comprometida de lleno con la cooperación sincera con el Defensor del Pueblo. No es una cuestión de falta de disposición a cooperar por parte de la Comisión y, desde luego, no hay intención de obstruir el trabajo del Defensor del Pueblo de ninguna manera. Sin embargo, algunas peticiones de acceso a los documentos son especialmente complejas o voluminosas y no se pueden atender en los márgenes de tiempo normales. La Comisión tramita alrededor de 5 000 peticiones de acceso por año, de las que solo 15 o 20 dan lugar a reclamaciones al Defensor del Pueblo. La entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha hecho posible que se empezara a pensar acerca del modo de lograr un enfoque común a fin de establecer una administración europea abierta, eficaz e independiente. Por eso la Comisión considera necesario un diálogo interinstitucional antes de presentar cualquier propuesta legislativa. Un resultado positivo en este sentido parece posible y la cooperación entre las dos instituciones en este asunto debería asegurarlo. Si me lo permite, señor Presidente, también contestaré a la señora Lichtenberger, ya que ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí esta mañana. Me gustaría asegurarle que la Comisión concede una gran importancia a la correcta aplicación del derecho de la UE y, como sabe, esa era una de las prioridades de la Comisión Barroso. Ya en nuestra comunicación "Una Europa de resultados" de 2007, la Comisión se comprometió a mejorar sus métodos de trabajo con el objeto de asegurar la localización más eficaz de los problemas que surgen al aplicar el derecho de la UE, para ellos se debe centrar en las cuestiones que causan más problemas a los ciudadanos y las empresas. Dije en esta comunicación que el informe anual representa más bien una evaluación estratégica de la aplicación del derecho de la UE e identifica los principales retos, establece las prioridades y programa el trabajo de acuerdo con esas prioridades. La Comisión agradece la respuesta del Parlamento a este informe. En las siguientes observaciones se retoman algunos de los asuntos fundamentales. Con respecto a la provisión de información sobre las infracciones, la Comisión está en vías de aplicar el nuevo acuerdo marco con el Parlamento. Está comprometida a proporcionar al Parlamento la información expuesta en ese acuerdo. La Comisión también está deseando que el Parlamento se asocie a su trabajo en el portal "Tu Europa" para asegurar que los ciudadanos sepan dónde encontrar la información que buscan. Recibimos con agrado el reconocimiento por parte del Parlamento de la contribución del proyecto Pilot UE a una Unión Europea que funciona bien y se centra en los ciudadanos, conforme al Tratado de Lisboa. Este proyecto se ha diseñado para garantizar que se realiza un seguimiento de las preocupaciones y reclamaciones de los ciudadanos sobre la aplicación de la legislación de la UE y eso, por supuesto, es una cuestión muy significativa para nosotros. En el desempeño de sus cometidos, la Comisión tiene que respetar la confidencialidad a la que tienen derecho los Estados miembros, como ha confirmado el Tribunal de Justicia, en cuanto a la investigación de supuestas solicitudes y procedimientos de infracción potenciales. Por consiguiente, aunque la Comisión facilitó información detallada en el informe adoptado en marzo de este año sobre el funcionamiento del proyecto Pilot UE, no permite el acceso a los expedientes concretos que se abordan en Pilot UE ni divulga información sobre ellos. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce la importancia de garantizar la provisión oportuna a los ciudadanos de una evaluación completa y clara del resultado del trabajo realizado con los Estados miembros en Pilot UE y está comprometida a asegurar que los demandantes tengan la oportunidad de comentar el resultado. Sobre la cuestión de la adopción de un código de procedimiento de acuerdo con el artículo 298, la Comisión tiene entendido que en el Parlamento se ha establecido un grupo de trabajo destinado al estudio del contenido y el alcance potencial de tal iniciativa. La Comisión también cree que resulta apropiado sopesar el trabajo inicial sobre la cuestión general antes de considerar elementos más específicos. Por el momento, por lo tanto, nos reservamos nuestra posición en todos los aspectos. La Comisión también está preparando la provisión de información actualizada sobre los recursos dedicados a la aplicación del derecho de la UE. El proyecto de resolución que se está debatiendo hoy abarca un amplio abanico de asuntos y, en su respuesta a la resolución, la Comisión dará más explicaciones que sería muy difícil ofrecer hoy, más que nada por falta de tiempo. Señor Presidente, Señorías, nos alegramos de compartir el interés común por la aplicación actual del derecho de la UE en beneficio de las empresas y los ciudadanos europeos. La puesta en práctica eficaz del derecho de la UE es una de las piedras angulares de la UE, así como un componente de regulación inteligente. Me gustaría pedir perdón a los intérpretes por hablar tan rápido. Muchas gracias por su paciencia y gracias a todos por su atención. Presidente Sí, me temo que sí ha mostrado una leve tendencia a acelerar. Gracias. Rainer Wieland Señor Presidente, señor Diamandouros, Comisario, el que estamos manteniendo hoy aquí es un debate conjunto. Hablo en nombre de la Vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, que por desgracia está enferma, y me gustaría limitarme a comentar el informe de la señora Paliadeli. Esta Cámara ha debatido y discutido con frecuencia el tema del acceso a los documentos y los beneficios de la transparencia, así como la cuestión de dónde debería fijarse el límite entre los derechos e intereses legítimos del público en general, por un lado, y los intereses legítimos de particulares y empresas, por el otro. Por cierto, señora Paliadeli, también se le puede dar la vuelta a la tortilla, es decir, la información se pone a disposición de una ONG y una empresa o un particular tratan entonces de averiguar qué información concreta se ha compartido. No estamos planteándonos quién es el bueno y quién es el malo, solo hablamos del asunto de los plazos y las fechas límite. Estas fechas límite deben respetarse en tanto que tienen que ver con ciudadanos particulares y, por supuesto, con el Defensor del Pueblo. Eso es, por así decirlo, el fundamento de la buena administración. Esperamos que la Comisión, que ha mostrado tanto interés en acelerar, como ya ha mencionado el Vicepresidente, estudie con más detenimiento este asunto y realice una mejora. Elena Băsescu Señor Presidente, me gustaría intervenir como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) para el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo. Desearía empezar resaltando que el consenso logrado entre todos los grupos políticos ha facilitado la redacción de este informe. Debo mencionar que no se ha presentado ni una sola corrección y me gustaría, al mismo tiempo, felicitar a la señora Paliadeli por este resultado. Es preocupante que la actitud poco colaboradora de la Comisión con respecto al Defensor del Pueblo pueda crear una falta de confianza significativa de los ciudadanos en las instituciones de la UE. La ausencia de una buena cooperación pone en peligro la capacidad del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo de supervisar la Comisión de forma efectiva. También me gustaría recordar el principio de cooperación sincera estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Comporta la consolidación de las relaciones de buena fe entre las instituciones de la UE. Por desgracia el Defensor del Pueblo tiene que hacer frente muy a menudo a que la Comisión no cumpla los plazos para conceder acceso público a los documentos. Otro aspecto preocupante es que el Defensor del Pueblo tuvo que compilar un informe especial como último recurso para persuadir a la Comisión de que se muestre más dispuesta a cooperar. Estos incidentes no deben repetirse en el futuro. En este sentido, me gustaría pedir a la Comisión Europea que se esfuerce más por cooperar con eficiencia con el Defensor del Pueblo. No debe pasarse por alto que en las ocasiones que la Comisión no asuma este compromiso, el Parlamento podrá aplicar sanciones. La situación que se ha dado a conocer en el informe crea un problema sistemático: priva a los ciudadanos de uno de los principales beneficios que esperaban obtener como consecuencia del derecho básico a presentar una reclamación. Monika Flašíková Beňová Señor Presidente, quiero dar las gracias a las tres diputadas por los informes que estamos debatiendo hoy aquí en el debate conjunto y me gustaría particularmente hablar del informe de la señora Lichtenberger, ya que, en mi opinión, exhibe un rigor excepcional, y estoy de acuerdo con la mayor parte de su contenido. Por lo tanto, a mí también me gustaría ser hoy un poco más crítica, señor Vicepresidente. Por lo general, se puede decir que la Comisión, en su conjunto, no cuenta a los ciudadanos o al Parlamento lo suficiente acerca de como controla la aplicación del derecho comunitario. Al mismo tiempo, el Tratado de la Unión Europea establece de manera explícita un papel activo para los ciudadanos de la UE, por ejemplo, con la Iniciativa Ciudadana Europea. También me llena de alegría, señor Vicepresidente, que usted esté aquí hoy en este debate, ya que no solo es usted una persona competente, sino que además se implica mucho en la iniciativa ciudadana. Pero, a pesar de ello, los informes anuales de la Comisión Europea sobre el control de la aplicación del derecho comunitario en su estado actual no proporcionan al Parlamento o a los ciudadanos suficiente información sobre la situación hoy. Hasta ahora la Comisión se ha centrado demasiado en la trasposición del derecho europeo al derecho nacional, descuidando en gran medida su aplicación real. Una referencia concisa a los procedimientos formales en el caso de un Estado miembro que aún no ha traspuesto una ley de la UE al nivel nacional no dice demasiado a nuestros ciudadanos. Debemos y queremos saber más de los casos en los que la Comisión investiga trasposiciones imprecisas o del todo erróneas. Solo si contamos con toda la información sobre este tipo de casos podremos hablar acerca de un control coherente de la aplicación del derecho de la UE. Como sin duda todos sabemos, Señorías, el Parlamento Europeo tiene ciertas funciones y atribuciones en cuanto a la Comisión; entre las que se incluyen control y evaluación. En el Parlamento Europeo estamos sinceramente interesados en la evaluación sensata del progreso de la Comisión en el cumplimiento de sus tareas, la protección de los acuerdos y el cumplimiento del derecho de la UE. Pero no tenemos suficiente acceso a la información en función de la que la Comisión aborda las infracciones de los reglamentos. Esta no es una petición nueva, señor Vicepresidente. En febrero, en la resolución sobre el acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión, pedimos a la Comisión y cito: "que pusiera a disposición del Parlamento Europeo un resumen de todos los procedimientos sobre violación de reglamentos sobre la base de una solicitud oficial, si el Parlamento Europeo así lo desea.", fin de la cita. Me gustaría hacer un llamamiento firme a la Comisión para que nos facilite información a nosotros y, a través de nosotros, se la facilite a los ciudadanos de la UE. Para concluir, señor Vicepresidente, he dicho muchas veces en mis discursos que el Parlamento Europeo tiene un interés sincero por asistir a la Comisión e incluso respaldarla frente al Consejo. Ahora estamos pidiéndole que la Comisión, a cambio, proporcione al Parlamento Europeo la información que estamos solicitando, no solo para nosotros, sino también para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Margrete Auken Señor Presidente, en la Comisión de Peticiones, en otras palabras, la comisión que se encarga de las reclamaciones de los ciudadanos, el respeto por la legislación de la UE es indispensable. Los ciudadanos recurren a nosotros porque las autoridades nacionales o locales no acatan la legislación de la UE, por ejemplo, en cuanto a la protección de la salud humana o el medioambiente. No tenemos más que mirar las muchas reclamaciones que hemos recibido relacionadas con la crisis de residuos que lleva tiempo afectando a Campania, a pesar del claro fallo del Tribunal de Justicia Europeo, y con la congelación de fondos. En realidad no se ha hecho nada por solucionar el problema. Tanto los ciudadanos como el entorno protegido están sufriendo. La llamábamos "Campania Felix", ¡madre mía! La Comisión debe hacer uso de inmediato de todos los medios a su disposición en este sentido. El tratado asigna a la Comisión una función principal: controlar el acatamiento de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros. En la comisión prestamos por ello más atención al modo del que la Comisión trata las infracciones de las normas. En vista de ello, me complace el informe de la señora Lichtenberger. La autora deja muy claro que no basta con devolver a los Estados miembros las reclamaciones sobre sus infracciones para que ellos las resuelvan. Las reclamaciones tratan sobre la Comisión. Esa actitud deja a los ciudadanos en la estacada. A este respecto me gustaría aplaudir al Defensor del Pueblo Europeo por llevar a cabo un estudio por iniciativa propia precisamente sobre la nueva forma en la que la Comisión aborda las reclamaciones e infracciones, en particular sobre el modo en el que la Comisión registra, o quizás no registra, las reclamaciones contra los Estados miembros por desacatar el derecho comunitario. El Defensor del Pueblo también tiene la competencia para dar su opinión sobre el fondo de la cuestión cuando se acusa a la Comisión de no realizar un seguimiento de las infracciones, incluso aunque en última instancia sea, por supuesto, el Tribunal el que deba tomar una decisión sobre la cuestión. De todas formas, constituiría un progreso que hoy aprobáramos la propuesta del informe de la señora Nedelcheva de disponer de una ley apropiada sobre los procedimientos de administración de la UE, que por fin tienen fundamento en el artículo 298 del Tratado de Lisboa. Es bueno que el informe anual del Defensor del Pueblo muestre varios signos de mejora, pero todavía resulta preocupante que más de un tercio de las reclamaciones estén relacionadas con la falta de transparencia y acceso a los documentos y la información. A este respecto, es vergonzoso que tanto la Comisión como varios Estados miembros estén tratando de proteger de los ciudadanos a los grandes grupos de presión por medio de algo que parece una violación de las normas de protección de datos. Un ejemplo terrible en este sentido lo proporciona el informe especial del Defensor del Pueblo sobre Porsche y la correspondencia relacionada con la protección de los límites de CO2 de los automóviles. ¿Alguno de los presentes cree que la Comisión consultó a una pequeña o mediana empresa sobre el acceso a las cartas o que la Comisión quería retrasar el caso quince meses por el bien de una pequeña empresa? ¡Por supuesto que no! Es porque se trataba de Porsche y, por supuesto, quizás también porque se trataba del señor Verheugen. El informe especial del Defensor del Pueblo cuenta una historia más larga y les recomiendo a todos que lean tanto el excelente informe de la señora Paliadeli como el informe del propio Defensor del Pueblo. Es muy entretenido; no dejará de sorprenderles. Pero el aspecto más grave de este caso es la falta de cooperación leal de la Comisión con el Defensor del Pueblo. Este es un informe importante. El Parlamento tiene que realizar una declaración clara sobre este asunto. Me gustaría dar las gracias al Defensor del Pueblo y a la señora Paliadeli. Oldřich Vlasák Señor Presidente, el informe anual del Defensor del Pueblo es un buen ejemplo de cómo deberíamos presentar al público nuestras actividades. El informe es comprensible, conciso y directo. Por lo tanto, aplaudo sus esfuerzos y las dificultades que ha atravesado y me gustaría felicitarle por ello. No obstante, me gustaría decir en este momento que veo un problema sistemático en las actividades del organismo del Defensor del Pueblo: el problema es la concienciación de los ciudadanos. Reconozcamos, por ejemplo, que la Unión Europea, como organización internacional resulta, en gran medida, difícil de entender y no solo en cuanto a sus subvenciones, sino también en lo que respecta a sus competencias, instituciones, procesos de toma de decisiones y políticas y legislación adoptadas. Lo que quiero decir con esto es que es difícil de entender para el ciudadano de a pie. Lo mismo se aplica, como es lógico, al cargo del Defensor del Pueblo. Estoy seguro de que si realizáramos una encuesta a los ciudadanos europeos sobre la función del Defensor del Pueblo y sus competencias y actividades, advertiríamos por desgracia que se le percibe como una figura lejana y muchos ciudadanos ni siquiera sabrían que existe. Los hechos están más o menos claros. Una gran mayoría de las reclamaciones enviadas por mis compatriotas checos no incumben al Defensor del Pueblo Europeo. La situación no es distinta con otros Estados miembros. Cuando debatimos el informe de 2008 en este lugar, todos solicitamos una mayor concienciación ciudadana. Se propusieron campañas de información de gran alcance y se estaba pensando en abrir sitios web. Sin embargo, yo mismo trate de publicar una reclamación en su sitio web ayer. Tengo que decir que la guía interactiva es demasiado complicada y, a decir verdad, incomprensible para el ciudadano de a pie. El propio formulario de reclamación es igual de lioso. Me recuerda un poco a los formularios de declaración tributaria de la República Checa, que los ciudadanos no pueden cumplimentar sin un asesor fiscal. La verdad sea dicha, su sitio web disuade a los ciudadanos de presentar reclamaciones. Por ello, hago un llamamiento a la simplificación. Otro aspecto que considero fundamental es la reducción del tiempo necesario para gestionar los casos. A fin de cuentas, sabemos que si alguien escribe una reclamación es primordial, desde la perspectiva de la confianza, que la reclamación se tramite de la manera más rápida posible y que el denunciante reciba una respuesta cuanto antes. Además, si una cuestión determinada no se encuentra entre las competencias del organismo al que se ha dirigido la reclamación, esta debe remitirse directamente al defensor del pueblo nacional o regional con las atribuciones pertinentes. Señorías, demasiada comunicación acaba con la información. Demasiada información acaba con los ciudadanos europeos. En mi opinión, la prioridad del Defensor del Pueblo no solo debería ser resolver, sino también prevenir los procedimientos burocráticos incorrectos. Por lo tanto, creo que es esencial que no se saque provecho de esta institución para las campañas mediáticas y que no se amplíen sus competencias. Tras su elección, el Defensor del Pueblo, el señor Diamandouros, dijo: "Continuaré esforzándome por mejorar la calidad de la administración de la Unión Europea". Por eso, me gustaría preguntar, para concluir, qué problema sistemático concreto ha logrado mejorar y en qué va a centrar su atención el año que viene. Le deseo mucho éxito en su búsqueda de soluciones sistémicas. Willy Meyer en nombre del Grupo GUE/NGL. - (ES) Señor Presidente, mi grupo querría agradecer a la Señora Nedelcheva este informe, que nos permite disponer de toda una información, desde la Comisión de Peticiones, sobre el trabajo del Defensor del Pueblo. Se trata de un informe muy descriptivo de toda la actividad del año 2009 y recoge gran número de todas las quejas, que se han reducido, por cierto, en un 9 % respecto al año anterior, y están relacionadas, en más de la mitad de los casos, con la Comisión Europea. Creo que las quejas que se han presentado al Defensor del Pueblo denuncian malas prácticas administrativas, como la falta de transparencia y la denegación de acceso a documentos. Podemos estar satisfechos de que una gran parte de estas quejas son resueltas por la propia gestión del Defensor y que, por lo tanto, vamos en un camino acertado. En relación con los objetivos para el 2010, que se resumían en 5 objetivos, el escuchar abierto a sugerencias para identificar mejores prácticas, el cumplir para encontrar formas de lograr resultados más rápidos, el persuadir para poder tener un impacto más favorable en la cultura administrativa de las Instituciones, el comunicar en la información puntual, útil, de acceso rápido, el adaptarse para hacer una gestión buena de recursos, de eficacia y de eficiencia. Creo que estos objetivos que se plantearon para el 2010 tienen tremenda actualidad. Tenemos por delante la necesidad de actualizar mecanismos que nos permitan resolver casos de opacidad, de falta de información, que sin duda alguna se están dando. Tenemos el ejemplo del informe Paliadeli, en relación con el caso de la empresa Porsche, y, como la empresa Porsche de automóviles se negó, o la Comisión se negó, mejor dicho, a publicitar algunas de las cartas de esta empresa, se nos hace necesario, al Parlamento Europeo, apoyar al Defensor, y al Defensor también apoyarse en el Parlamento Europeo para conseguir una mayor información sobre estos asuntos. Es muy preocupante la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión de publicar la lista de destinatarios de las ayudas de la PAC. Es decir, esta decisión va en contra de los principios de transparencia, básicos, que deben regir todo lo relacionado con el presupuesto europeo y supone un ataque directo contra el derecho de los ciudadanos a saber a quién se destinan sus impuestos. Creo que esta es una mala práctica que deberíamos intentar resolver a través del Parlamento con los cambios legislativos que fueran precisos. Nikolaos Salavrakos Señor Presidente, tras leer el informe del Defensor del Pueblo de 2009, me veo obligado a elogiar al señor Diamandouros porque representa y sirve con honor a la institución que une a los ciudadanos europeos y les hace sentirse seguros. Por supuesto, la labor del Defensor del Pueblo Europeo consiste en asegurar que cualquier particular o entidad jurídica que tenga problemas con las instituciones de la Unión Europea relacionados con el abuso de poder o cualquier otra forma de mala administración pueda recurrir a él. He leído el informe y me he dado cuenta de que el éxito de esta institución y de sus funcionarios se debe, en primer lugar, a que la mayoría de las investigaciones -la cifra ya asciende a 70 %- concluye en un año y más de la mitad -el 55 %, de hecho- concluye en tres meses. Esto refleja la gran velocidad a la actúan que el Defensor del Pueblo Europeo y sus compañeros y lo bien que funciona esta operación. En segundo lugar, en el 80 % de los
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