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La Corte Constitucional (CC) efectuó el control de constitucionalidad del estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo 493, del 02 de enero de 2025, que rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha, el cantón La Troncal en Cañar, el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay y los centros de privación de la libertad (CPL), ubicados en los cantones y provincias de la declaratoria. 

Luego de su análisis, la CC dictaminó la constitucionalidad de decreto ejecutivo, exclusivamente respecto de la causal de grave conmoción interna en la mayoría de localidades dispuestas por el Ejecutivo, con excepción de La Troncal y de las cárceles. Hace dos días el Gobierno renovó el estado de excepción por 30 días en las poblaciones mencionadas, aunque ya excluyó a La Troncal.

La Corte declaró la inconstitucionalidad, como en dictámenes anteriores, de la causal de conflicto armado interno. Al respecto, la entidad de control argumentó "que los argumentos presentados por el Presidente de la República no permiten verificar (…) la configuración de un conflicto armado no internacional entre el Estado y los dos grupos criminales".

Entre otros puntos, la Corte consideró también la inconstitucionalidad de la orden de movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya que esta acción "puede efectuarse a través del régimen ordinario ya que este contempla herramientas suficientes para combatir el crimen organizado".
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