Este vacío entre las competencias de los gobiernos y los derechos civiles se está volviendo cada vez más pronunciado, especialmente en lo que concierne al intercambio de datos personales entre la UE y terceros países.
Insbesondere beim Austausch persönlicher Informationen zwischen der EU und Drittstaaten wird diese Kluft zwischen staatlichen Befugnissen und bürgerlichen Rechten immer deutlicher.