Cuando esta medida se adoptó en 2002, fue con el acuerdo de todas las partes de que tendría como consecuencia que los ciudadanos de la UE pudiesen ser sometidos a juicio y encarcelados en otro Estado miembro, y de que a ella seguirían rápidamente otras medidas para garantizar sus derechos a un juicio justo y que no hubiese arbitrariedades judiciales.
Als der Europäische Haftbefehl 2002 beschlossen wurde, geschah dies von allen Seiten unter der Voraussetzung, dass auf diese Maßnahme für EU-Bürger, die sich in anderen Mitgliedstaaten vor Gericht verantworten müssen und inhaftiert sind, umgehend Maßnahmen folgen würden, die diesen Bürgern das Recht auf gerechte Verfahren gewährleisten und sie vor Fehlurteilen schützen würden.