Con arreglo a la directiva propuesta, ahora se exige que los concursos públicos se abran a la competencia europea, con lo que una empresa proveedora de servicios de defensa – incluso un país – se queda sin forma de proteger sus puestos de trabajo y sus derechos de propiedad a nivel internacional.
En vertu de la directive proposée, les marchés publics doivent être ouverts à la concurrence européenne, laissant une société de défense, voire un pays, dépourvue de tout moyen de protection de ses droits de propriété internationaux et de ses emplois.