La cuestión de la inmigración ilícita tendría que ser una prerrogativa nacional y el asunto de las sanciones a los empleadores de personas que entran de forma ilícita en la Unión Europea debería reservarse, desde luego, a los Estados miembros.
Fragen illegaler Einwanderung – und ganz bestimmt Sanktionen gegen Arbeitgeber, die illegale Einwanderer beschäftigen – sind Sache der Mitgliedstaaten.