Es competencia de la legislación de cada Estado miembro decidir si las personas drogodependientes deberían responder a acusaciones penales y la UE no debería tratar de debilitar y ocupar el lugar de los sistemas judiciales de los Estados miembros.
Saber se os consumidores de droga devem ser sujeitos a processo penal é matéria a resolver pelo direito de cada Estado-Membro e a UE deve abster-se de subverter e substituir os sistemas jurídicos dos Estados-Membros.