El acuerdo especifica que todos los procedimientos judiciales contra sospechosos de terrorismo deben tener lugar en un marco jurídico apropiado que garantice que se respetará el Derecho procesal vigente, así como un juicio justo que, en la medida de lo posible, es accesible al público y funciona eficientemente.
Die Vereinbarung sieht vor, dass alle Gerichtsverfahren gegen Terrorverdächtige in einem rechtlichen Rahmen stattfinden, der die Achtung der einschlägigen Verfahrensrechte sicherstellt und ein faires, so weit wie möglich öffentliches und effizientes Verfahrens garantiert.