Una de sus consecuencias son unos costes de producción más elevados, así como una posible distorsión de la competencia por parte de Estados cuya legislación es menos estricta a este respecto.
Sie haben höhere Produktionskosten zur Folge und können den Wettbewerb mit Staaten, in denen die Gesetzgebung diesbezüglich weniger strikt ist, verzerren.