This report sets out to open even wider the floodgates to legal and illegal immigration into the European Union, and fails to place the citizen ’ s right to safety at the heart of its policy, but considers instead that it is the rights of criminals that should be recognised as so-called fundamental rights.
Este informe propone abrir aún más las compuertas para permitir la entrada en la Unión Europea de la inmigración tanto legal como ilegal y no sitúa en el núcleo de su política el derecho de los ciudadanos a la seguridad, sino que considera que son los derechos de los delincuentes lo que deben ser reconocidos como supuestos derechos fundamentales.