el juez que investiga el supuesto acoso a la vivienda de pablo iglesias e irene montero ha prohibido al vecino de galapagar (madrid) denunciado por ese "hostigamiento" que se acerque a menos de 500 metros del domicilio de ambos durante dos años, tal y como había solicitado la fiscalía.españa.tan solo cuatro personas las que e concentran cerca del chalet de iglesias en galapagar a la petición del ministerio público se había adherido la defensa del vicepresidente del gobierno y de la ministra de igualdad, pero en su caso solicitaron al titular del juzgado de instrucción número 1 de villalba que prohibiese al vecino denunciado, miguel frontera, acercarse a menos de tres kilómetros de su domicilio, invocando el interés superior de los hijos menores de edad de la pareja, según han confirmado fuentes jurídicas. el ministerio público también había reclamado que el magistrado impidiese al denunciado comunicarse con iglesias y montero.la decisión judicial se ha producido tras la declaración ante el juez de frontera, que ha negado que haya acosado a los políticos de podemos y ha asegurado al instructor que se ha limitado a ejercer "una protesta política" por la gestión del gobierno, en especial la de iglesias en relación con las residencias de mayores, y para expresar su malestar por las consecuencias económicas del cierre de la hostelería como profesional del sector.frontera -que ha denunciado haber sufrido amenazas y ha explicado que le han llegado a hacer pintadas en el coche- ha calificado de ridículo que iglesias sienta miedo, como manifestó ayer en su declaración, cuando dispone de escoltas y de una vigilancia policial en la puerta de su domicilio. asimismo, ha defendido que él nunca ha vigilado la vivienda ni se ha comunicado nunca con iglesias o montero y que ni acude todos los días ni lo suele hacer solo. el denunciado ha insistido en que jamás se ha acercado al domicilio y que nunca ha tenido la intención de grabar imágenes del interior de la finca. la defensa de frontera, que ejerce la abogada polonia castellanos, ha pedido al juez el archivo de las actuaciones -esgrimiendo el principio de intervención mínima del derecho penal- al considerar que no se han acreditado los delitos que se le imputan, entre ellos los de acoso y desobediencia a la autoridad, ni tampoco el miedo que dicen sentir iglesias y montero. ahora, según fuentes jurídicas, el juez examinará los vídeos grabados por frontera y archivados en su móvil, incautado por orden judicial, para comprobar si efectivamente contienen imágenes del interior de la vivienda de iglesias y montero.