sin excusas los términos de la misiva enviada por la la vicepresidenta de valores de la comisión europea, vera jourová, en respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por la eurodiputada de ciudadanos maite pagazaurtundua, son sencillamente los esperados. aunque la carta se dirige a una eurodiputada, en realidad lo que hace es recordarle o enseñarle al actual gobierno de españa, porque parece que lo ignora, en qué consiste el estado de derecho en la europa actual y cuáles son sus exigencias en relación con el poder judicial, al menos en los dos aspectos que el gobierno, por sí o a través de la pantalla parlamentaria, parece empeñado en incumplir toda reforma del poder judicial debe hacerse contando con la oposición y oyendo a todos los sectores implicados, incluido el cgpj y la comisión de venecia, y debe asegurarse que los vocales jueces sean elegidos por sus pares. la excusa que pretende escudar la negativa a respetar los estándares europeos en la autonomía o la soberanía del parlamento es ridículamente pobre y dice poco de quien la emplea, sea quien sea. eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de los rudimentos básicos de nuestro sistema constitucional o desde la entrega más absoluta al planteamiento partidista. nadie niega esa soberanía, faltaba más, pero esa soberanía es perfectamente compatible con que el gobierno y parlamento cumplan con la constitución y, en lo que se refiere a la unión europea, cumplan con los compromisos asumidos con la unión europea, que incluye respetar su derecho. el estado español (que incluye tanto a su parlamento, como a su gobierno y a su poder judicial) se comprometió en los tratados de la unión europea a respetar su derecho, y en punto alguno de esos tratados se permite a los estados miembros que puedan incumplirlos bajo la excusa de una soberanía parlamentaria no sujeta a reglas. esa concepción de la soberanía parlamentaria no rige en ningún estado de derecho civilizado, al menos en europa, donde se asume que los parlamentos actúan, mientras no se modifique, sujetos a su constitución y, en todo caso, respetando los compromisos internacionales asumidos. que esos compromisos los incumpla nuestro parlamento o el gobierno es indiferente al final, quien los incumple es españa y los responsables sólo son quienes, incapaces de vislumbra los impactos de sus actos a medio o largo plazo, abordan cuestiones de una relevancia abrumadora con un tacticismo lamentable.