Además, determinadas leyes medioambientales exigen responsabilidades a los propietarios u operadores actuales o anteriores de bienes inmuebles por los costes de investigación, eliminación o saneamiento de sustancias o materiales peligrosos en sus propiedades o en propiedades en las que hayan vertido sustancias peligrosas. Además de las acciones de limpieza emprendidas por las autoridades gubernamentales, los particulares podrían interponer demandas por daños personales o de otro tipo debido a la presencia de sustancias peligrosas o a la exposición a las mismas. El coste final de la limpieza del emplazamiento y el calendario de las futuras salidas de efectivo son difíciles de predecir, dadas las incertidumbres sobre el alcance de la limpieza requerida, la interpretación de las leyes y normativas aplicables y los métodos de limpieza alternativos.