vox ha denunciado ante el tribunal supremo al ministerio de derechos sociales y agenda 2030, que dirige el vicepresidente segundo del gobierno, pablo iglesias, al entender que ha actuado con "opacidad" respecto al reparto de los 26 millones de euros en ayudas urgentes al tercer sector que fueron aprobadas en noviembre pasado para hacer frente a los efectos de la covid-19.según informó vox este martes, el ministerio de iglesias se ha negado a explicar cómo se han repartido esos 26 millones en subvenciones nominativas y les ha dado una respuesta "inaceptable" a 19 peticiones de información que le han hecho al respecto desde el congreso.el partido de santiago abascal indicó que, ante estas peticiones de información, el ministerio de derechos sociales se ha limitado a responder que la "iniciativa, el criterio de oportunidad y capacidad del gasto en la ejecución del presupuesto corresponde al gobierno de españa". vox indicó que esta falta de transparencia sobre las ayudas al tercer sector les ha llevado a plantear un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del supremo, al que piden que se pueda acceder a los expedientes de estas subvenciones.estas asignaciones eran consecuencia del real decreto-ley 33 2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptaban "medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal", cuyos ingresos se habían visto muy afectados por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. el partido de abascal recordó este martes que sus diputados apoyaron la convalidación de este decreto en el congreso, pero advirtieron durante el debate de que pedirían al ministerio de iglesias que posteriormente facilitase los expedientes de cómo se había repartido del dinero, ya que eran subvenciones nominativas.vox recordó que, cuando se analizó este asunto en el pleno del congreso, ya se destacó que el departamento de derechos sociales había incluido como entidades del tercer sector a "asociaciones poco o nada relacionadas" con el objeto del decreto, como la unión de jubilados y pensionistas de ugt o la asociación de mujeres ‘libres y combativas’. estas organizaciones se incluyeron junto a otras que vox entiende que tenían justificado solicitar estas subvenciones, como banco de alimentos, cáritas o entidades de la discapacidad. en este sentido, durante el debate de estas ayudas en el congreso, la diputada de vox maría ruiz anticipó que su partido exigiría información sobre las ayudas para garantizar que iban al tercer sector y no a colectivos afines a iglesias y que podían tener "pocos escrúpulos" para solicitarlos.