los funcionarios de prisiones anuncian movilizaciones si el ministerio del interior no recoge sus reivindicaciones en el texto de la nueva ley de función pública penitenciaria, según fuentes del sindicato acaip. "los empleados públicos penitenciarios nos merecemos que de una vez se reconozca públicamente y se ponga en valor la labor constitucional que realizamos, algo que no recoge la norma presentada por la administración". recuerdan que el pasado 24 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa delegada de instituciones penitenciarias, en la que se informó de la remisión del borrador al ministerio de interior, sin que se haya aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces. en julio del año pasado se inició el grupo de trabajo entre los sindicatos representativos y la administración penitenciaria. el objetivo era sacar adelante un texto con rango de ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, que, "reconociendo las especificidades del colectivo, supusiera una modernización de nuestra institución y la unificación de una legislación dispersa, a la vez que mejorara las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios", agregan. en una reunión mantenida el 3 de diciembre el ministro grande marlaska dio un impulso a la negociación de la futura ley e indicó a la administración penitenciaria la necesidad de iniciar los trabajos para adjuntar una memoria económica que debería acompañar a la norma. también declaró que el proyecto debía estar cerrado en el primer trimestre de este año. por su parte, acaip-ugt, cig y csif presentaron la memoria económica que recoge los costos necesarios para llevar a cabo los objetivos de la ley, además de distintas propuestas para llegar a un acuerdo en beneficio de la institución. después de varias reuniones, la administración penitenciaria presentó un borrador de la ley de función pública penitenciaria el pasado 17 de febrero que "no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo". las organizaciones sindicales presentaron alegaciones al texto y solicitaron una reunión extraordinaria de la mesa delegada, que se celebró el 24 de febrero. en dicha reunión, la administración penitenciara expuso que el texto presentado no era definitivo, que se iban a realizar las gestiones necesarias para que la futura ley tuviera memoria económica dotada presupuestariamente, y que se había remitido al ministerio del interior para subsanar las posibles dificultades técnicas. el 26 de marzo, los sindicatos remitieron un escrito al ministro del interior en el que le pedían un esfuerzo para solucionar la situación y una reunión en la que se aclare la situación y el recorrido de este proyecto normativo. finalmente, subrayan que el conflicto colectivo en prisiones se inició en abril de 2017, son ya cuatro años y tres gobiernos.