el senado aprobará mañana el último trámite de la proposición de ley impulsada por psoe y unidas podemos que impedirá ejercer al consejo general del poder judicial una de sus funciones más relevantes una vez haya vencido su mandato de cinco años realizar nombramientos discrecionales. los socios de gobierno volverán a contar con el apoyo de los representantes de erc, junts, bildu y pnv, entre otros, lo garantiza su aprobación, mientras que partido popular, ciudadanos y vox se opondrán. una vez aprobada y publicada en el boletín oficial del estado entrará en vigor y, a partir de ahí el cgpj no podrá realizar ya ningún nombramiento discrecional. se da la circunstancia de que esta reforma quedará definitivamente aprobada un día antes de que el consejo general del poder judicial celebre su sesión plenaria, donde no figurará en el orden del día cubrir las vacantes que todavía están pendientes, como sendas plazas de magistrados en la sala civil y social del tribunal supremo. esta decisión había sido adoptada con anterioridad al constatar los vocales y el propio presidente del consejo, carlos lesmes, que "no ha cambiado nada" que facilitase la mayoría necesaria para proceder a la designación de los magistrados que ocupasen las vacantes existentes. pero, por otro lado, su aprobación abre también la vía a más que probables recursos ante el tribunal constitucional. de hecho, vox ya anunció durante el debate en el congreso, a través de su diputada macarena olona, que recurrirá ante el alto tribunal una reforma que tildó de "infame". también todas las asociaciones judiciales, excepto jueces para la democracia, han criticado duramente esta reforma por eliminar una de las funciones principales del consejo pero no sólo eso, sino que, como denunció recientemente la asociación judicial francisco de vitoria, esta reforma provocará que "muchos tribunales que resuelven asuntos muy importantes para los ciudadanos permanezcan paralizados durante varios años".