Hemos impuesto restricciones a la concesión de préstamos, asesoramiento y seguros a sectores y actividades controvertidos y socialmente sensibles como: el sector energético, la financiación de proyectos, las actividades relacionadas con las armas, los cultivos de estupefacientes, el juego, las pieles, la producción de aceite de palma, la minería, la deforestación, la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario de poblaciones indígenas, el tabaco, la minería, el bienestar animal y la prostitución.