Resume esta noticia jurídica sobre el derecho a huelga.
Imponer los servicios mínimos de modo intimidatorio y unilateral a los abogados de la empresa, además afiliados al propio sindicato, vulnera el derecho a la huelga, sin que sirva de justificación que estos servicios jurídicos se irroguen como una especie de garante de la tutela judicial efectiva de terceros ya que el sujeto garante son los tribunales y no los sindicatos, cuya actividad principal es la sindical, no la prestación de servicios jurídicos.
 
 En su sentencia, 1704/2023, de 27 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia incide especialmente en la forma en que fueron impuestos los servicios mínimos: con advertencias de incurrir en responsabilidades profesionales colegiales, laborales y civiles, olvidando la orden empresarial que la responsabilidad profesional en el ámbito colegial no es competencia ni potestad suya, ni tampoco en el ámbito civil.
 
 Tal y como indican los afectados, el requerimiento resultó premeditado y tendente a evitar que los abogados ejercieran su derecho a la huelga. No cabe una vulneración a medias del derecho de huelga, ya que éste se vulnera o no, de modo que da igual el tiempo que estuvieran trabajando como consecuencia del requerimiento, porque no fue un requerimiento razonable ni proporcionado.
 
 En la forma en que el sindicato empleador impuso los servicios mínimos, los letrados se vieron conminados a asumir tareas que, en ejercicio legítimo de su derecho de huelga pudieran, cuando menos, no haber sido realizadas en todo o en parte, siendo precisamente dicha no realización, el modo en que se ejerce legalmente el derecho de huelga.
En la sentencia 1704/2023, de 27 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el sindicato empleador impuso unos servicios mínimos de mono intimidatorio y unilateral a los abogados de la empresa: con advertencias de incurrir en responsabilidades profesionales colegiales, laborales y civiles si lo incumplían. Tal y como indican los afectados, el requerimiento resultó premeditado y tendente a evitar que los abogados ejercieran su derecho a la huelga.