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"Dedicado a Luis García Berlanga, autor de la serie Villarriba y Villabajo Un reportaje de este periódico sobre la fragmentación municipal ha puesto de manifiesto que los integristas unitarios que repudian las señas de identidad de determinadas nacionalidades, fundamentalmente las de Cataluña y Euskadi, defienden numantinamente los vínculos emocionales con su pueblo natal negándose a reconsiderar la disparatada división de España en 8.114 municipios. Los expertos en Derecho Administrativo señalan que nos enfrentamos a una realidad absolutamente irracional, ineficaz y costosa. No alcanzo a comprender cómo se puede hacer ostentación del rechazo a los signos identitarios de las nacionalidades y, al mismo tiempo, considerar intocables sus fragmentados territorios municipales. La consecuencia lógica es que el bienestar está insatisfactoriamente cubierto por entidades municipales atomizadas y con arcas paupérrimas, que frustran la gestión racional del territorio y el bien vivir de sus habitantes. Cuando se plantea la necesidad, más acuciante en tiempos de crisis, de agrupar municipios para mejorar sus prestaciones, no entiendo a los dirigentes políticos que declaran públicamente que plantear la supresión de municipios «es ofender a los ciudadanos y crear problemas». Admito que la tarea es problemática, pero de ninguna manera puede constituir una ofensa para los ciudadanos afectados. Otros políticos despachan la cuestión acudiendo a metáforas inmovilistas demasiado manidas: sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles. En una sociedad democrática los políticos deben afrontar los problemas en lugar de eludirlos y dilatarlos eternamente. En el reportaje al que me refería al principio, un profesor de Derecho Administrativo manifestaba: «Evidentemente, sobran municipios. Es imposible que municipios con 80 personas o menos puedan prestar servicios de calidad». No obstante, reconocemos que se necesita una fuerte voluntad política y que es posible que resulten afectados sentimientos y nostalgias. En el trabajo periodístico se citaba un caso que podría figurar en el imaginario de una España berlanguiana. La alcaldesa de un pequeño pueblo estaba orgullosa de haberse independizado de otro, no mucho más extenso, porque este empleaba los impuestos en su territorio. Conseguida la secesión, presumía de tener su propio pabellón deportivo y su biblioteca municipal. ¿Era imposible compartir ambas instalaciones? No me parece una buena política colocar un pabellón deportivo al lado de cada encina. Los pequeños Ayuntamientos manejan competencias y prestaciones que deben plantearse desde una perspectiva supramunicipal, como la planificación urbanística. Por encima de la autonomía municipal está la ordenación del territorio. Se trata de un interés general que potencia el Derecho Administrativo y protege el Derecho Penal. La Ley de Bases de Régimen Local confiere al Estado la potestad de «establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales». En el súmmum del surrealismo, el alcalde de San Sebastián de los Reyes ha llegado a afirmar que Alcobendas tiene una cultura diferente, por lo que carece de sentido hablar de unificación. Interesante trabajo para un sociólogo: encontrar los rasgos diferenciales entre los habitantes de estas dos localidades. Las consecuencias colaterales de esta fragmentación no pueden ser ignoradas. Los ciudadanos españoles deben saber que en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior están inscritos más de 1.000 formaciones a la espera de las elecciones municipales. Solo pretenden obtener un puesto para negociar su voto con el partido que lo necesite, a cambio de la Concejalía de Urbanismo. Las bases de la corrupción urbanística están servidas. La autonomía municipal en materia urbanística es nefasta y destructiva. Atenta contra el desarrollo sostenible y olvida que lo prioritario es la ordenación racional del territorio. Desde la perspectiva medioambiental resulta insostenible. Si se han creado mancomunidades para gestionar las basuras y residuos, ¿por qué no unificar y concentrar toda la actividad municipal de forma más eficiente y rentable? La fragmentación municipal genera una innecesaria proliferación de cargos técnicos y de personal administrativo. Apelar a los sentimientos identitarios y esgrimir que afrontar la irracionalidad crearía problemas, es tanto como renunciar a la política democrática. La Constitución exige a los poderes públicos la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico que incluye nada menos que la salud y la educación. Hace ya unos años, un divertido anuncio publicitario enfrentaba a dos municipios, Villarriba y Villabajo, con motivo de sus fiestas patronales. Cada uno cocinaba el arroz por separado. A la hora de lavar la paella, los de Arriba, al parecer más avispados, utilizaban un mágico detergente que, en unos minutos, les permitía comenzar el baile antes que los de Abajo, que manejaban utensilios más ineficaces. ¿No hubiera sido más sensato compartir la paella y que se encargase de comprar el detergente un solo municipio, por ejemplo Villaenmedio? José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión de Juristas de Ginebra."
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