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"Llevamos muchos a&ntilde;os hablando a todas horas de la constante judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica. Llevamos al menos tantos a&ntilde;os con ello como a&ntilde;os hace desde la presentaci&oacute;n del recurso de inconstitucionalidad que el PP formul&oacute; contra el nuevo Estatuto de Autonom&iacute;a de Catalu&ntilde;a que, tras su aprobaci&oacute;n previa por una amplia mayor&iacute;a por el Parlamento catal&aacute;n, su aprobaci&oacute;n por las Cortes Generales por otra mayor&iacute;a absoluta ya no tan amplia y despu&eacute;s de recortes y enmiendas, fue votado por la ciudadan&iacute;a de Catalu&ntilde;a en un refer&eacute;ndum legal, en el que tanto PP como ERC hicieron campa&ntilde;a por el no, aunque fuese por unos motivos radicalmente opuestos.\r\n\r\nAquel infausto y tan desafortunado recurso del PP --y m&aacute;s en concreto a&uacute;n su tan prolongado y tortuoso tr&aacute;mite por parte de un Tribunal Constitucional (TC) pendiente de la renovaci&oacute;n de buena parte de sus magistrados que segu&iacute;an con mandatos ya caducados y otros impugnados, y la definitiva sentencia del alto tribunal en la que se declaraba la inconstitucionalidad de buena parte del texto estatutario-- fue el ejemplo m&aacute;s claro y rotundo de la judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica.\r\n\r\nSus fatales consecuencias est&aacute;n a la vista: un crecimiento exponencial del voto secesionista en el conjunto de Catalu&ntilde;a, una profunda fragmentaci&oacute;n social en el seno de la ciudadan&iacute;a catalana y, en definitiva, la triste constataci&oacute;n del aumento de lo que el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Jos&eacute; Montilla, acert&oacute; en definir como &ldquo;desafecci&oacute;n&rdquo; de amplios sectores de la sociedad catalana respecto al proyecto com&uacute;n de una Espa&ntilde;a diversa y plural. Incluso algunas voces destacadas del PP --entre otras, Soraya S&aacute;enz de Santamar&iacute;a y Esperanza Aguirre--&nbsp;llegaron a reconocer despu&eacute;s en p&uacute;blico aquel grave error pol&iacute;tico de su partido. Pero el da&ntilde;o ya estaba hecho y, encima, los sucesivos gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy fueron persistentes e incluso contumaces en su error inicial.\r\n\r\nLa incesante judicializaci&oacute;n del grav&iacute;simo conflicto pol&iacute;tico, institucional y social planteado por el movimiento separatista catal&aacute;n, con un desaf&iacute;o basado en una hoja de ruta sin fundamento legal ni jur&iacute;dico en nuestro vigente ordenamiento&nbsp; constitucional, fue la constante permanente durante estos &uacute;ltimos a&ntilde;os. No obstante, en realidad lo que ha ocurrido tal vez no haya sido tanto la judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica como la politizaci&oacute;n de la justicia. Una justicia que ha vivido una renovaci&oacute;n muy extensa, intensa y profunda en sus estructuras b&aacute;sicas, aunque con evidentes faltas de dotaciones presupuestarias, de personal y de instalaciones y servicios, pero que en sus grandes estructuras de poder no ha experimentado todav&iacute;a una verdadera renovaci&oacute;n, esto es su correcta adecuaci&oacute;n a los tiempos actuales. Esto es muy evidente, de manera muy especial, en el Tribunal Supremo (TS), y lo es todav&iacute;a mucho m&aacute;s en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque en puridad este &oacute;rgano no sea judicial, como tampoco no lo es el TC.\r\n\r\nPor obvias razones generacionales, tanto el TS como el CGPJ, y en gran parte tambi&eacute;n el TC, est&aacute;n en gran parte integrados por magistrados y expertos que, al menos en muchos casos, iniciaron sus carreras profesionales todav&iacute;a en plena dictadura. No son pocos, entre ellos, los que tienen a&uacute;n algunos resabios franquistas y, se resisten a asumir plenamente la legislaci&oacute;n vigente, toda ella emanada de la Constituci&oacute;n de 1978, aunque es obvio que la respetan y la acatan. La politizaci&oacute;n de la justicia es la causa primera de la judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica, y todo ello tiene su expresi&oacute;n m&aacute;xima en las m&aacute;s altas instancias del sistema judicial espa&ntilde;ol.\r\n\r\nQue el PP diese como respuesta &uacute;nica al desaf&iacute;o del independentismo la v&iacute;a judicial&nbsp;fue un error de extrema gravedad pol&iacute;tica. Porque un conflicto pol&iacute;tico nunca se podr&aacute; resolver exclusivamente desde los tribunales de justicia. Si no se pudo hacer ni tan siquiera con el terrorismo etarra --cuya derrota final requiri&oacute; todo tipo de negociaciones y acuerdos, adem&aacute;s de contundentes acciones policiales, numerosas resoluciones judiciales e importantes colaboraciones extranjeras--, mucho menos podr&aacute; hacerse con un movimiento pol&iacute;tico y social que cuenta con el apoyo de cerca de la mitad de la ciudadan&iacute;a catalana.\r\n\r\nPoner fin a la judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica deber&iacute;a pasar por acabar de una vez por todas con la politizaci&oacute;n de la justicia. No obstante, las derechas hisp&aacute;nicas parecen empecinadas en mantener tanto la politizaci&oacute;n de la justicia como la judializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica. &iquest;C&oacute;mo, si no, se pueden entender sus anuncios, tan reiterados, de que bajo ning&uacute;n concepto est&aacute;n dispuestos a negociar con PSOE, UP y las restantes formaciones con representaci&oacute;n en las Cortes Generales la renovaci&oacute;n de los miembros del TC o del CGPJ que tienen ya sus mandatos caducados? Estos anuncios, explicitados de forma p&uacute;blica y repetida por los principales dirigentes de PP, Vox y C&rsquo;s, son una declaraci&oacute;n de guerra pol&iacute;tica al nuevo gobierno de coalici&oacute;n progresista presidido por Pedro S&aacute;nchez. El presidente reci&eacute;n investido as&iacute; lo ha entendido y ha dado una respuesta clara con la designaci&oacute;n de la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Si las derechas quieren guerra judicial y pol&iacute;tica, aqu&iacute; est&aacute;. Y esas diferencias se reflejaron en la votaci&oacute;n en el Consejo General del Poder Judicial, que respald&oacute; el nombramiento de Delgado con 12 votos a favor y siete en contra.&nbsp;"
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