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"LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado que el Gobierno de la Comunidad Aut\u00F3noma deber\u00E1 indemnizar a la empresa Dehesa de Jand\u00EDa S.A. por la Ley de Moratoria aprobada en 2001, seg\u00FAn una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.En concreto sobre el importe de la indemnizaci\u00F3n, el fallo indic\u00F3 que la cantidad a abonar por el Ejecutivo deber\u00E1 fijarse en ejecuci\u00F3n de sentencia.Por su parte, la defensa de Dehesa de Jand\u00EDa pidi\u00F3 como indemnizaci\u00F3n al Ejecutivo auton\u00F3mico &amp;quot;una suma no inferior a 41.580.000 m\u00E1s lo que resulte de las inversiones realizadas actualizada a la fecha del pago y con las modulaciones que resulten de las valoraciones que se realicen en periodo probatorio&amp;quot;.Dicha empresa era propietaria de cuatro parcelas que conformaban un total de 99.061 metros cuadrados y dispon\u00EDa de la licencia apropiada para poder llevar a cabo la construcci\u00F3n de 1.980 camas.Posteriormente, el Gobierno de Canarias aprob\u00F3 la Ley de la formulaci\u00F3n de las Directrices de Ordenaci\u00F3n General y de Turismo de Canarias, cuya entrada en vigor determin\u00F3 la imposibilidad de obtener autorizaci\u00F3n tur\u00EDstica previa y licencia de edificaci\u00F3n para el desarrollo de la parcela.   Esta decisi\u00F3n del Ejecutivo regional orden\u00F3 la &amp;quot;congelaci\u00F3n indefinida&amp;quot; del desarrollo de las obras porque la Ley no permit\u00EDa la construcci\u00F3n de nuevas camas en el archipi\u00E9lago canario, pero orden\u00F3 a la empresa a continuar con los trabajos de adecentamiento de la zona.En este sentido, la sentencia consider\u00F3 que el suelo &amp;quot;del que trae causa la presente reclamaci\u00F3n no estaba afectado por la Disposici\u00F3n adicional cuarta de la Ley 19/2003 porque el propietario hab\u00EDa cumplido con los deberes urban\u00EDsticos concretos a los que se condicionaba el mantenimiento de la clasificaci\u00F3n originaria: como el suelo de la actora contaba con Plan Parcial aprobado, con proyecto de compensaci\u00F3n y con proyecto de urbanizaci\u00F3n, mantuvo su clasificaci\u00F3n&amp;quot;.Por tanto, la empresa afectada consider\u00F3 que la indemnizaci\u00F3n solicitada al Gobierno de Canarias &amp;quot;no se debe a los aprovechamientos urban\u00EDsticos de la entidad demandante, por cuanto tales aprovechamientos siguen inc\u00F3lumes, sino que realmente el perjuicio indemnizable ser\u00EDa la suspensi\u00F3n cuasi indefinida de tales aprovechamientos&amp;quot;.Para el TSJC, &amp;quot;la tesis del Gobierno de Canarias no puede ser siquiera atendida por vulnerar abiertamente la doctrina de los actos propios y el principio de la confianza leg\u00EDtima&amp;quot; ya que el Ejecutivo &amp;quot;que es quien aprob\u00F3 el Plan Parcial, no puede sostener la nulidad de ese instrumento de planeamiento sin haber iniciado jam\u00E1s actuaci\u00F3n alguna conducente a declarar la nulidad del sedicente Plan&amp;quot;.  &amp;quot;A\u00FAn cuando ese Plan Parcial fuese v\u00E1lido, nunca lleg\u00F3 a entrar en vigor porque su normativa no se public\u00F3&amp;quot;, indic\u00F3 la sentencia ya que &amp;quot;como norma jur\u00EDdica, un Plan Parcial necesita la publicaci\u00F3n tanto del acuerdo de aprobaci\u00F3n definitiva como de su normativa para iniciar su eficacia&amp;quot;, indic\u00F3 el escrito. &amp;quot;Y en este supuesto que analizamos, la normativa no se lleg\u00F3 a publicar por razones que desconocemos pero que evidentemente, no son imputables a mi representada, que no es la responsable de realizar esa publicaci\u00F3n&amp;quot;, concluy\u00F3 el abogado de la defensa."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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