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"La Corte Suprema de Mendoza acept\u00F3 un recurso de h\u00E1beas corpus colectivo que implicar\u00E1 la liberaci\u00F3n de m\u00E1s de 800 presos encarcelados sin orden judicial.  La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, advirti\u00F3 que el  fallo \"crea un ambiente de indefensi\u00F3n en la poblaci\u00F3n\" mendocina y  anticip\u00F3 que intentar\u00E1 impedir que se cumpla la sentencia.  El  recurso fue presentado por la Asociaci\u00F3n Civil Xumex, el procurador de  las personas privadas de su liberad en Mendoza, Fabricio Imparado, la  integrante del comit\u00E9 provincial para la prevenci\u00F3n de la tortura Mar\u00EDa  Mercedes Duverti y el abogado Diego Lavado. Pidieron poner fin al  hacinamiento y que se cumpla con el C\u00F3digo Procesal Penal, que establece  que los fiscales tienen 10 d\u00EDas para pedir una prisi\u00F3n preventiva y los  jueces, 24 horas para concederla. \"Nadie cumpl\u00EDa, ya que se estiraban  en promedio unos 4 meses, e incluso un a\u00F1o\", explicaron desde la ONG  sobre los fiscales. Y agregaron que los magistrados \"se tomaban hasta  dos semanas\".  Frente a ese panorama, seg\u00FAn public\u00F3 el portal MDZ,  los jueces Omar Palermo, Jorge Nanclares, Alejandro P\u00E9rez Hualde y  Julio G\u00F3mez consideraron que el 50 por ciento de los presos est\u00E1 en una  situaci\u00F3n legal precaria. Y tomaron una decisi\u00F3n que se traducir\u00E1 en una masiva liberaci\u00F3n de presos.   El  Poder Ejecutivo provincial cuestion\u00F3 la decisi\u00F3n. La vicegobernadora  Laura Montero tild\u00F3 el fallo de \"inconsulto, inoportuno y riesgoso para  toda la poblaci\u00F3n\", mientras que el ministro de Seguridad, Gianni  Venier, dijo que es \"una sentencia sacapresos\".   Desde la  Fundaci\u00F3n Xumec les contest\u00F3 Lucas Lecour, uno de sus integrantes. \"Me  llamaron la atenci\u00F3n las declaraciones. El Gobierno esta semana se  reuni\u00F3 con la Corte por los hacinamientos en las c\u00E1rceles, se inform\u00F3  que se estaba por salir el fallo y lo tomaron como una muy buena  decisi\u00F3n de empezar a exigir m\u00E1s trabajo a los jueces y fiscales\",  rebati\u00F3.En  tanto, la ministra Bullrich, y otros funcionarios de su cartera  mantuvieron una teleconferencia con el gobernador Alfredo Cornejo y el  ministro de Seguridad provincial para \"definir las l\u00EDneas de acci\u00F3n para  evaluar la inconveniencia y la imposibilidad de la puesta en marcha del  fallo\", seg\u00FAn explicaron en un comunicado.  \"El objetivo  planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma  material este fallo y, adem\u00E1s, buscar que dicte una acordada de  suspensi\u00F3n o pr\u00F3rroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y  legislativos de la provincia\", sostuvieron, pese a que no explicaron  c\u00F3mo har\u00E1n para frenar la aplicaci\u00F3n de la sentencia.   \"A la vez  se eval\u00FAa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior, a la  mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser  Mendoza una provincia de frontera esta decisi\u00F3n podr\u00EDa alterar la  pol\u00EDtica de seguridad dictada a nivel nacional, y disponer de una  cantidad de recursos que deber\u00EDan ir a la lucha contra el narcotr\u00E1fico a  la ejecuci\u00F3n del mencionado fallo\", agregaron.   Seg\u00FAn los  funcionarios, la decisi\u00F3n posee diversos efectos, entre los cuales  destacaron: \"Crear un ambiente de indefensi\u00F3n en la poblaci\u00F3n de la  provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como  testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro  estado de ''gravedad institucional'' al provocar una situaci\u00F3n de  emergencia de seguridad\". "^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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