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"Los ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron en varios de los expedientes por recursos de inconstitucionalidad y hasta el momento est&amp;aacute;n empatados. Los magistrados Jorge Larrieux y Jorge Chediak se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley que cre&amp;oacute; el Impuesto a la Concentraci&amp;oacute;n de Inmuebles Rurales (ICIR),&amp;nbsp; mientras que Jorge Ruibal y Ricardo P&amp;eacute;rez Manrique fallaron a favor de la norma. Por lo tanto el ministro Julio C&amp;eacute;sar Chalar, qui&amp;eacute;n asumi&amp;oacute; hace dos semanas, ser&amp;aacute; quien defina.Seg&amp;uacute;n dijeron a El Observador fuentes de la corporaci&amp;oacute;n los ministros optaron por hacer su voto abierto y permitir que el resto de los magistrados conozca su posici&amp;oacute;n. &amp;nbsp;El ministro Chalar tiene 20 d&amp;iacute;as para estudiar los argumentos y puede pedir 20 d&amp;iacute;as m&amp;aacute;s de plazo si se trata de un tema complejo. Luego que tenga una posici&amp;oacute;n tomada, los cinco ministros se reunir&amp;aacute;n en el &amp;ldquo;acuerdo&amp;rdquo; para definir qu&amp;eacute; posici&amp;oacute;n tomar y redactar la sentencia. El presidente de la Corte, Ruibal no quiso hacer comentarios sobre el tema ni confirmar la informaci&amp;oacute;n pero sostuvo que es posible que la primera sentencia sobre el tema se conozca en febrero.El magistrado dijo a El Observador que puede pasar que en el momento en que se re&amp;uacute;nen para fallar alguno de los magistrados cambie su voto, por eso asegur&amp;oacute; que en este momento &amp;ldquo;no se debe&amp;rdquo; informar sobre la posici&amp;oacute;n personal de cada ministro.El abogado Gonzalo Aguirre, quien present&amp;oacute; hasta el momento m&amp;aacute;s de 100 recursos contra la ley, dijo el martes en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural que un ministro de la Corte le confirm&amp;oacute; el empate.Los recursos presentados plantean que los art&amp;iacute;culos 1, 2, 10 y 11 de la ley 18.876 del 29 de diciembre de 2011 violan los art&amp;iacute;culos 256 a 260 de la Constituci&amp;oacute;n. B&amp;aacute;sicamente plantean que se viola la autonom&amp;iacute;a financiera de los gobiernos departamentales y que la ley y que fija una superposici&amp;oacute;n de impuestos. Los ministros Larrieux y Chediak acogieron estos argumentos en algunos casos con matices.Si la Corte declarara la inconstitucionalidad se aplicar&amp;aacute; solo a los m&amp;aacute;s de cien contribuyentes que se presentaron. No obstante, la declaraci&amp;oacute;n de inconstitucionalidad obligar&amp;iacute;a al gobierno a revisar la norma y ajustarla.Los contribuyentes del Impuesto a la concentraci&amp;oacute;n de la tierra deben pagar la primera cuota del tributo generado en 2011 este mes de diciembre, de acuerdo a la reglamentaci&amp;oacute;n de la ley que se conoci&amp;oacute; en noviembre pasado. Seg&amp;uacute;n el mecanismo transitorio fijado en el decreto reglamentario, la primera cuota de 20% del impuesto correspondiente al ejercicio anterior vencer&amp;aacute; en diciembre; el 30% en febrero del a&amp;ntilde;o pr&amp;oacute;ximo y el restante 50% en el mes de marzo.Adem&amp;aacute;s, lo generado este a&amp;ntilde;o se deber&amp;aacute; abonar en las mismas condiciones pero con vencimientos de cuotas en los meses de mayo, junio y julio de 2013. Autonom&amp;iacute;a y superposici&amp;oacute;n Los argumentos manejados por el abogado Aguirre se&amp;ntilde;alan que la ley &amp;ldquo;colide el principio indiscutido de que los gobiernos departamentales gozan de una autonom&amp;iacute;a muy amplia, frente al Estado Central&amp;rdquo;. Aguirre present&amp;oacute; la mayor&amp;iacute;a de los expedientes que est&amp;aacute;n en la Suprema Corte (105 que ya est&amp;aacute;n en tr&amp;aacute;mite y otra veintena que se est&amp;aacute;n preparando).Seg&amp;uacute;n los escritos a los que El Observador accedi&amp;oacute;, el art&amp;iacute;culo 1 de la ley, al crear un nuevo impuesto a la propiedad de los inmuebles rurales &amp;ldquo;incurre en superposici&amp;oacute;n impositiva&amp;rdquo; y viola el art&amp;iacute;culo 298 de la Constituci&amp;oacute;n (prohibe las superposiciones impositivas).&amp;nbsp;Al respecto, se&amp;ntilde;alan que tanto el ICIR como la contribuci&amp;oacute;n inmobiliaria rural son impuestos departamentales que gravan una misma manifestaci&amp;oacute;n de riqueza por lo que se da una &amp;ldquo;superposici&amp;oacute;n impositiva&amp;rdquo;.&amp;ldquo;El art&amp;iacute;culo 7 al suprimir la exoneraci&amp;oacute;n legal a las explotaciones forestales y lesionar, derechos adquiridos vulnera el derecho constitucional a la seguridad jur&amp;iacute;dica y econ&amp;oacute;mica&amp;rdquo;, agregan. Tambi&amp;eacute;n cuestionan los art&amp;iacute;culos 10 y 11&amp;nbsp; por &amp;ldquo;lesionar la autonom&amp;iacute;a financiera de los gobiernos departamentales, consagrada por el art&amp;iacute;culo 297 de la Carta&amp;rdquo;. Ese art&amp;iacute;culo de la Constituci&amp;oacute;n asigna a los gobiernos departamentales la competencia de decretar y administrar las fuentes de los recursos.Con respecto a este argumento quienes defienden la norma sostuvieron que son los gobiernos departamentales los que debieron impugnar la norma y como no lo hicieron, los contribuyentes no est&amp;aacute;n legitimados para hacerlo. Pero quienes la cuestionan se&amp;ntilde;alan que los propietarios de tierras pueden plantearlo porque hoy el derecho constitucional admite el derecho a reclamar como un derecho humano.Los recursos concluyen que la administraci&amp;oacute;n del ICIR &amp;ldquo;se desplaza de cada gobierno departamental a una comisi&amp;oacute;n sectorial de la que forman parte delegados de los ministerios competentes y que depende de la OPP, la cual a su vez depender&amp;aacute; directamente de la Presidencia de la Rep&amp;uacute;blica (ni siquiera del Poder Ejecutivo)&amp;rdquo;.Otro aspecto cuestionado es que la recaudaci&amp;oacute;n del impuesto &amp;ldquo;se transfiere a un fondo constitucionalmente inexistente y de rebote a la multicitada comisi&amp;oacute;n sectorial de la OPP&amp;rdquo;.Por &amp;uacute;ltimo afirman que el ICIR &amp;ldquo;no es un adicional&amp;rdquo; como lo plantea la norma, &amp;ldquo;porque tiene un hecho generador propio, porque no se lo determina tomando como base la contribuci&amp;oacute;n inmobiliaria rural y porque su monto no es&amp;nbsp; inferior al del tributo departamental al que supuestamente accede&amp;rdquo;.l"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.elobservador.com.uy/nuevo-ministro-scj-definira-si-el-impuesto-la-tierra-es-constitucional-n239791>