Los ayuntamientos firmantes de la Declaración que se presenta en Nueva York apelan al principio de subsidiariedad para abordar la problemática de la vivienda en las ciudades.
Los ayuntamientos firmantes de la Declaración que se presenta en Nueva York apelan al principio de subsidiariedad para abordar la problemática de la vivienda en las ciudades. Para ello piden más competencias jurídicas y fiscales para regular el mercado inmobiliario. Esto incluye instrumentos que pongan límites a las plusvalías inmobiliarias, como por ejemplo las regulaciones de los precios de los alquileres que se están implementando en Nueva York, París o Berlín. También se apunta a fórmulas para que estas plusvalías se puedan, en parte, canalizar hacia el interés general. En Londres y Nueva York se están discutiendo gravámenes sobre la propiedad más focalizados en capturar el incremento del valor del suelo producido por una mejora pública. Otra vía que se ha desarrollado en ciudades como París es la de los impuestos “en especie” en forma de un porcentaje de reserva de vivienda social en nuevas promociones privadas. En Barcelona también se está intentando implementar una reforma parecida para que en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones se incluya obligatoriamente un 30% de vivienda protegida.