La denominada Ley de Redistribución del Gasto Social, impulsada por el mandatario, determina un incremento del bono estatal que reciben mensualmente alrededor de 1,9 millones de personas pobres en Ecuador, de los actuales US$35 a US$50 para cada beneficiario.

Para financiar dicho aumento, el texto legal plantea la obtención de recursos no solo desde el presupuesto general del Estado. Un 54% del monto requerido para el incremento del bono estatal surgiría de medidas administrativas y tributarias que impactan a la banca. Y allí entra la controversia.

“Antes se socializaban las pérdidas del sistema financiero, ahora se socializarán las ganancias”, ha dicho el presidente Correa, quien este fin de semana, durante un encuentro con emigrantes ecuatorianos en España, insistió en recordar el impacto en la población que tuvo en Ecuador la crisis bancaria de fines de los noventa.

Rafael Correa ha señalado que lo que busca su iniciativa es “traspasar los excedentes de la banca a los más pobres”... Continua el artículo. 
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Y en su habitual programa sabatino, a mediados de octubre pasado en Ecuador, llegó a advertir: “banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca” 
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“Al margen de la actividad política”

Frente a ello, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador no ha tardado en mostrar su preocupación.

“Solicitamos mantener a la banca privada al margen de la actividad política en la que nada tiene que ver, en beneficio de la tranquilidad y confianza de sus siete millones de clientes, quienes mantienen depósitos por más de US$20.000 millones”, dijo la Asociación en un comunicado.

En el mismo sentido, la semana pasada en un hecho inusual, varios bancos enviaron un correo electrónico a sus clientes en el que señalaron el riesgo de pretender que las entidades financieras “no se manejen con criterio técnico sino político”.

Y es que el factor político ha estado presente en la discusión del incremento del llamado Bono de Desarrollo Humano, ahora que se ha iniciado en Ecuador el proceso electoral con miras a los comicios presidenciales de febrero de 2013.

De hecho, todo empezó cuando el exbanquero Guillermo Lasso, al proclamar oficialmente su candidatura presidencial a nombre del movimiento CREO, lanzó la propuesta de incrementar el bono a US$50, señalando que financiaría aquello con la reducción del gasto estatal en propaganda gubernamental.

Acto seguido,por otros candidatos también ofrecieron alzas en el bono, hasta que Rafael Correa, quien busca la reelección presidencial, anunció el envío a la Asamblea del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social.

Relación Correa-banca

El exbanquero Guillermo Lasso, ahora candidato presidencial, prometió un bono para pobres financiado con dinero que se ahorre de propaganda gubernamental.

La relación de Correa con la banca ecuatoriana ha tenido su propia historia. El analista Jorge León recuerda que el mandatario llegó al poder en 2006 con un discurso de regulación a las entidades financieras. 
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