La ley, como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, redujo significativamente las restricciones en la recopilación de inteligencia de las agencias de aplicación de la ley dentro de los Estados Unidos; amplió la autoridad del Secretario del Tesoro para regular las transacciones financieras, particularmente aquellas que involucran a personas y entidades extranjeras; y ampliaron la discreción del cumplimiento de ley y las autoridades de inmigración en detener y deportar a inmigrantes sospechosos de actos relacionados con el terrorismo.