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31978L0686

Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios

Diario Oficial n° L 233 de 24/08/1978 p. 0001 - 0009 Edición especial en finés : Capítulo 16 Tomo 1 p. 0033  Edición especial griega: Capítulo 05 Tomo 3 p. 0012  Edición especial sueca: Capítulo 16 Tomo 1 p. 0033  Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0032  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0032

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 25 de julio de 1978    sobre reconocimiento recíproco de los diplomas ,   certificados y otros títulos de odontólogo , que   contiene además medidas destinadas a facilitar el   ejercicio efectivo del derecho de establecimiento   y de libre prestación de servicios     ( 78/686/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS :    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en particular , sus artículos 49 , 57 , 66 y   235 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (2) ,    Considerando que , en aplicación del Tratado , se   prohibe , a partir del final del período de transición ,   todo trato discriminatorio , por motivos de nacionalidad ,   en materia de establecimiento y de prestación de   servicios ; que el principio del trato nacional así   realizado se aplicará en particular a la   concesión de la autorización que pudiere exigirse para el   acceso a la práctica odontológica , así como a la   inscripción o afiliación a organizaciones u   organismos profesionales ;    Considerando que , sin embargo , parece indicado adoptar   determinadas disposiciones que faciliten el ejercicio   efectivo del derecho de establecimiento y de libre   prestación de servicios de los odontólogos ;    Considerando que , en aplicación del Tratado , los   Estados miembros se han comprometido a no prestar ninguna   ayuda que pudiere falsear las condiciones de   establecimientos ;    Considerando que el apartado 1 del artículo 57 del   Tratado dispone que se adopten directivas tendentes   al reconocimiento recíproco de diplomas , certificados   y otros títulos ; que la presente Directiva se refiere   al reconocimiento de los diplomas , certificados   y otros títulos de odontólogo que permitan   ejercer la ciencia odontológica y al de los diplomas ,   certificados y otros títulos de odontólogo especialista ;    Considerando que , en lo que se refiere a la formación de   los odontólogos especialistas , procede disponer el   reconocimiento recíproco de los títulos académicos   cuando éstos , sin ser una condición para el   acceso a la actividad del dentista especialista ,   constituyan , sin embargo , una condición para el   uso de un título de especialización ;    Considerando que , habida cuenta de las divergencias que   existen actualmente entre los Estados miembros en lo que se   refiere al número de especialidades odontólogas y a las   modalidades o los períodos de formación que permiten la   obtención de títulos , resulta necesario adoptar   determinadas disposiciones de coordinación que permitan que   los Estados miembros procedan al reconocimiento recíproco   de los diplomas , certificados y otros títulos ; que dicha   coordinación se realiza con la Directiva 78/687/CEE del   Consejo , de 25 de julio de 1978 , sobre coordinación de   las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas   referentes a la práctica odontológica (3) ;    Considerando que , dado que la coordinación antes   mencionada no es suficiente para armonizar todas las   disposiciones de los Estados miembros relativas a la   formación de odontólogos especialistas , en conveniente   proceder al reconocimiento recíproco de los diplomas ,   certificados y otros títulos de odontólogo especialista   que no sean comunes a todos los Estados miembros ,   sin que se excluya la posibilidad de una armonización   posterior en este ámbito ; que se ha estimado   necesario , al respecto , limitar el reconocimiento de   dichos diplomas , certificados y otros títulos de   odontólogo especialista a los Estados miembros que   reconozcan las especialidades de que se trata ;    Considerando que , puesto que una directiva que regule el   reconocimiento recíproco de los diplomas no implica   necesariamente una equivalencia material de los sistemas a   los que atañen esos diplomas , es conveniente autorizar el   uso del título solamente en la lengua del Estado miembro   de origen o de procedencia ;    Considerando que , para facilitar la aplicación de la   presente Directiva por las Administraciones nacionales , los   Estados miembros pueden ordenar que los beneficiarios que   reúnan las condiciones de formación requeridas por   éstas , presenten , junto con su título , un certificado   de las autoridades competentes del Estado miembro de origen   o de procedencia que acredite que dichos títulos son   efectivamente los mencionados en la presente Directiva ;    Considerando que , en caso de prestación de servicios ,   la exigencia de una inscripción o afiliación a las   organizaciones u organismos profesionales , la cual está   ligada al carácter estable y permanente de la actividad   ejercida en el Estado miembro de acogida , constituirá ,   sin lugar a dudas , una traba para el prestador de servicios   por razón del carácter temporal de su actividad ; que ,   por tanto , es conveniente suprimirla ; que , en ese caso ,   sin embargo , procede garantizar el control de la   disciplina profesional que compete a esas   organizaciones u organismos profesionales ; que , a tal fin ,   y sin perjuicio de la aplicación del artículo 62 del   Tratado , es conveniente prever la posibilidad de imponer al   beneficiario la obligación de que notifique la prestación   de servicios a la autoridad competente del Estado miembro   de acogida ;    Considerando que , en materia de moralidad y de   honorabilidad , es conveniente distinguir las condiciones   exigidas , por una parte , para el acceso a la profesión   y , por otra , para su ejercicio ;    Considerando que , en lo que se refiere a las actividades   asalariadas de los odontólogos , el Reglamento ( CEE )   n º 1612/68 del Consejo , de 15 de octubre de 1968 ,   referente a la libre circulación de los trabajadores dentro   de la Comunidad (4) , no contiene disposiciones específicas   para las profesiones reguladas en materia de morabilidad y de   honorabilidad , de disciplina profesional y de uso de un   título ; que , según los Estados miembros , las referidas   regulaciones son o pueden ser aplicables tanto a los   asalariados como a los no asalariados ; que la práctica   odontológica va a estar condicionada en todos los Estados   miembros a la posesión de un diploma , certificado u otro   título de odontólogo ; que dicha actividad es ejercida   tanto por profesionales independientes como por asalariados   e , incluso , por las mismas personas alternativamente   en calidad de asalariados y de no asalariados   durante su carrera profesional ; que , por consiguiente ,   para facilitar plenamente la libre circulación de esos   profesionales en la Comunidad , resulta necesario aplicar   también a los odontólogos asalariados la presente   Directiva ;    Considerando que la profesión de odontólogo no se ha   creado aún en Italia ; que , por consiguiente , resulta   necesario conceder a Italia un plazo suplementario para que   reconozca los diplomas de odontólogos concedidos por los   otros Estados miembros ;    Considerando , asimismo , que de estas circunstancias   resulta que los titulares de un diploma de médico concedido   en Italia no podrán disponer de una certificación que   responda a las exigencias del artículo 19 de la   presente Directiva ;    Considerando que , en estas condiciones , resulta necesario   aplazar , por una parte , la obligación de Italia de   reconocer los diplomas concedidos por los otros Estados   miembros y , por otra , la obligación de los Estados   miembros de reconocer los diplomas concedidos en Italia y   mencionados en el artículo 19 ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    CAPÍTULO I    ÁMBITO DE APLICACIÓN    Artículo 1    La presente Directiva se aplicará a las actividades de   los odontólogos , entendidas tal como se definen en el   artículo 5 de la Directiva 78/687/CEE y ejercidas con los   títulos siguientes :     - en Bélgica :     « Licencié en science dentaire » / « licentiaat   in tandheelkunde » ,     - en Dinamarca :     « tandlaege » ,     - en la República Federal de Alemania :     « Zahnarzt » ,     - en Francia :     « chirurgien-dentiste » ,     - en Irlanda :     « dentist » , « dental practitioner » o   « dental surgeon » ,     - en Italia :    el título cuya denominación notifique Italia   a los Estados miembros y a la Comisión en el plazo   previsto en el apartado 1 del artículo 24 ,     - en Luxemburgo :     « médecin-dentiste » ,     - en los Países-Bajos :     « tandarts » ,     - en el Reino Unido :     « dentist » , « dental practitioner » o   « dental surgeon » .    CAPÍTULO II    DIPLOMAS CERTIFICADOS Y OTROS TÍTULOS DE   ODONTÓLOGO    Artículo 2    Cada Estado miembro reconocerá los diplomas ,   certificados y otros títulos de odontólogo expedidos a   los nacionales de los Estados miembros por los otros Estados   miembros con arreglo al artículo 1 de la Directiva   78/687/CEE y enumerados en el artículo 3 de la   presente Directiva , y les dará en su   territorio , para el acceso a la práctica odontológica y   el ejercicio de la misma , igual efecto que a los diplomas ,   certificados y otros títulos por él concedidos .    Artículo 3    Los diplomas , certificados y otros títulos mencionados   en el artículo 2 serán :    a ) en Bélgica :     « diplôme légal de licencié en science   dentaire , wettelijk diploma van licentiaat in de   tandheelkunde » ( diploma expedido por las facultades   de medicina de las universidades o por el tribunal   central o los tribunales de Estado de la Enseñanza   universitaria ;    b ) en Dinamarca :     « bevis for tandlaegeeksamen ( kandidateksamen ) »   ( diploma de dentista ) , expedido por las escuelas   dentarias , acompañado de una certificación de ejercicio   de la función de ayudante durante el período requerido ,   expedida por el Sundhedsstyrelsen ( Oficina Nacional de   la Salud ) ;    c ) en la República Federal de Alemania :    1 . « Zeugnis ueber die zahnaerztliche   Staatspruefung » ( certificado de examen de Estado de   dentista ) , expedido por las autoridades competentes ;    2 . Las certificaciones de las autoridades competentes de   la República Federal de Alemania que acrediten la   equivalencia de los títulos académicos , expedidos a   partir del 8 de mayo de 1945 por las autoridades   competentes de la República Democrática Alemana   con los títulos enumerados en el punto 1 ;    d ) en Francia :    1 . « diplôme d'État de chirurgien-dentiste »   ( diploma de Estado de « chirurgien-dentiste » ) ,   expedido hasta 1973 por las facultades de medicina o las   facultades mixtas de medicina y farmacia de las   universidades ;    2 . « diplôme d'État de docteur en chirurgie   dentaire » ( diploma de Estado de doctor en cirugía   dentaria ) expedido por las universidades ;    e ) en Irlanda :    diplomas de :     - « Bachelor in dental Science ( B. Dent. Sc. ) »    o     - « Bachelor of Dental Surgery ( BDS ) »    o     - « Licentiate in Dental Surgery ( LDS ) »    concedidos por las universidades o por el « Royal   College of Surgeons in Ireland » ;    f ) en Italia :    diploma cuya denominación notifique Italia a los Estados   miembros y a la Comisión en el plazo establecido en el   apartado 1 del artículo 24 ;    g ) en Luxemburgo :     « diplôme d'État de docteur en médecine   dentaire » ( diploma de Estado de doctor en medicina   odontológica ) expedido por el tribunal de examen de   Estado ;    h ) en los Países Bajos :     « universitair getuigschrift van een met goed gevolg   afgelegd tandartsexamen » ( certificado universitario que   acredite la superación del examen de odontólogo ) ;    i ) en el Reino Unido :    diplomas de :     - « Bachelor of Dental Surgery ( BDS or B. Ch. D. ) »    o     - « Licentiate in Dental Surgery ( LDS ) »    expedidos por las universidades o por los Royal Colleges .    CAPÍTULO III    DIPLOMAS , CERTIFICADOS Y OTROS TÍTULOS DE   PRÁCTICO DENTISTA ESPECIALISTA COMUNES A DOS O MÁS   ESTADOS MIEMBROS    Artículo 4    Cada Estado miembro que tenga disposiciones legales ,   reglamentarias y administrativas en la materia , reconocerá   los diplomas , certificados y otros títulos de dentista   especialista en ortodoncia y en cirugía bucal expedidos a   los nacionales de los Estados miembros por los otros Estados   miembros con arreglo a los artículos 2 y 3 de la Directiva   78/687/CEE y enumerados en el artículo 5 de la presente   Directiva , y les dará en su territorio igual efecto que a   los diplomas , certificados y otros títulos por él   expedidos .    Artículo 5    Los diplomas , certificados y otros títulos mencionados   en el artículo 4 serán :    1 . Ortodoncia :     - en la República Federal de Alemania :     « fachaerztliche Anerkennung fuer   Kieferorthopaedie » ( certificado de ortodoncia ) ,   expedido por los « Landeszahnaerztekammern » ( Colegios   de prácticos dentistas de los « Laender » ) ,     - en Dinamarca :     « bevis for tilladelse til at betegne sig som   specialtandlaege i ortodonti » ( certificado que atribuye   el título de dentista especialista en ortodoncia ) ,   expedido por el « Sundhedsstyrelsen » ( Oficina Nacional   de la Salud ) ,     - en Francia :     « titre de spécialiste en orthodontie » ( título   de especialista en ortodoncia ) , expedido por la autoridad   competente reconocido a tal fin ,     - en Irlanda :     « certificate of specialist dentist in orthodontics »   ( diploma de dentista especialista en ortodoncia ) ,   expedido por la autoridad competente reconocida a   tal fin por el ministro competente ,     - en los Países Bajos :     « getuigschrift van erkenning en inschrijving als   orthodontist in het Specialistenregister » ( certificado   que acredita que el interesado está reconocido e   inscrito como ortodoncista en el registro de   especialistas ) , expedido por la   « Specialisten-Registratiecommissie ( SRC ) »   Comisión de registro de especialistas ) ,     - en el Reino Unido :     « certificate of completion of specialist training in   orthodontics » ( certificado de haber completado la   formación especializada en ortodoncia ) , expedido   por la autoridad competente reconocida a tal fin ;    2 . Cirugía bucal :     - en Dinamarca :     « bevis for tilladelse til at betegne sig som   specialtandlaege i hospitalsodontologi » ( certificado que   confiere el título de dentista especialista en   odontología hospitalaria ) , expedido por el   « Sundhedsstyrelsen » ( Oficina Nacional de la Salud ) ,     - en la República Federal de Alemania :     « fachzahnaerztliche Anerkennung fuer   Oralchirurgie/Mundchirurgie » ( certificado de cirugía   bucal ) , expedido por los Landeszahnaerztekammern   ( colegios de prácticos dentistas de los   « Laender » ) ,     - en Irlanda :     « certificate of specialist dentist in oral surgery »   ( diploma de odontólogo especialista en cirugía   bucal ) , expedido por la autoridad competente   reconocida a tal fin por el ministro competente ,     - en los Países Bajos :     « getuigschrift van erkenning en inschrijving als   kaakchirurg in het Specialistenregister » ( certificado que   acredita que el interesado está reconocido e inscrito   como especialista en cirugía bucal en el registro de   especialistas ) , expedido por la « Specialisten   Registratiecommissie ( SRC ) » Comisión de registro de   especialistas ) ,     - en el Reino Unido :     « certificate of completion of specialist training in   oral surgery » ( certificado de haber completado la   formación especializada en cirugía bucal , expedido por   la autoridad competente reconocida a tal fin .    Artículo 6    1 . Cada Estado miembro de acogida podrá exigir a los   nacionales de los otros Estados miembros que deseen obtener   uno de los diplomas , certificados y otros títulos de   odontólogo que no sean expedidos en un Estado miembro de   origen o de procedencia , que reúnan las condiciones de   formación previstas a este respecto por sus propias   disposiciones legales , reglamentarias y administrativas .    2 . El Estado miembro de acogida tendrá en cuenta , sin   embargo , en todo o en parte , los períodos de formación   realizados por los nacionales , mencionados en el apartado 1   y sancionados por un diploma , certificado u otro título de   formación expedido por las autoridades competentes del   Estado miembro de origen o de procedencia , cuando dichos   períodos correspondan a los exigidos en el Estado miembro   de acogida para la formación especializada de que se   trate .    3 . Las autoridades y organismos competentes del Estado   miembro de acogida , tras haber verificado el contenido y la   duración de la formación especializada del interesado que   demuestren los diplomas , certificados y otros títulos   presentados , la informarán del período de formación   complementaria necesario así como de las materias incluidas   en éste .    CAPÍTULO IV    DERECHOS ADQUIRIDOS    Artículo 7    1 . Cada Estado miembro reconocerá como prueba   suficiente para los nacionales de los Estados miembros cuyos   diplomas , certificados y otros títulos no respondan a   todas las exigencias mínimas de formación establecidas en   el artículo 1 de la Directiva 78/687/CEE , los diplomas ,   certificados y otros títulos de dentista expedidos por esos   Estados miembros antes de la aplicación de la Directiva   78/687/CEE , acompañados de una certificación que   acredite de que dichos nacionales se han consagrado efectiva   y oficialmente a las actividades de que se trate durante ,   por lo menos , tres años consecutivos en el transcurso de   los cinco años interiores a la concesión de la   certificación .    2 . Cada Estado miembro reconocerá como prueba   suficiente para los nacionales de los Estados miembros cuyos   diplomas , certificados y otros títulos de odontólogo   especialista no respondan a las exigencias mínimas de   formación establecidas en los artículos 2 y 3 de la   Directiva 78/687/CEE , los diplomas , certificados y otros   títulos de dentista especialista expedidos por esos   Estados miembros antes de la aplicación de la Directiva   78/687/CEE . Sin embargo , cuando los períodos de   formación no correspondan a la duración mínima   mencionada en el artículo 2 de la Directiva 78/687/CEE ,   el Estado miembro podrá , exigir que esos diplomas ,   certificados y otros títulos sean acompañados   de un certificado , expedido por las autoridades u   organismos competentes del Estado miembro de origen o de   procedencia , que acredite , en calidad de odontólogo   especialista , de la actividad de que se trate durante un   tiempo equivalente al doble de la diferencia que exista entre   la duración de la formación especializada del Estado   miembro de origen o de procedencia y la duración mínima   de formación mencionada en la Directiva 78/687/CEE .    No obstante , si en el Estado miembro de acogida , antes   de la aplicación de la presente directiva , se exigiere una   duración mínima del período de formación   inferior a la mencionada en el artículo 2 de la   Directiva 78/687/CEE , la diferencia mencionada   en el párrafo primero sólo podrá determinarse   en función de la duración mínima del período   de formación establecido en ese Estado .    CAPÍTULO V    USO DEL TÍTULO ACADÉMICO    Artículo 8    1 . Sin perjuicio del artículo 17 , los Estados   miembros de acogida velarán por que a los nacionales   de los Estados miembros que reúnan las condiciones   previstas en los artículos 2 , 4 , 7 y 19 se les   reconozca el derecho a utilizar un título   académico válido , expedido por el Estado miembro de   origen o de procedencia , en la medida en que dicho   título no sea idéntico al título profesional , y ,   eventualmente , su abreviatura , en la lengua   de ese Estado . Los Estados miembros de acogida   podrán ordenar que en dicho título consten   el nombre y el lugar de la institución o del   tribunal que lo haya expedido .    2 . Cuando el título académico del Estado miembro   de origen o de procedencia pueda ser confundido en el   Estado miembro de acogida con un título que exija ,   en este Estado , una formación complementaria no   adquirida por el beneficiario , dicho Estado miembro   de acogida podrá ordenar que el beneficiario   utilice el título académico expedido por el   Estado miembro de origen o de procedencia en la   fórmula pertinente que indique ese Estado miembro   de acogida .    CAPÍTULO VI    DISPOSICIONES DESTINADAS A FACILITAR EL EJERCICIO   EFECTIVO DEL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y DE   LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ODONTÓLOGOS    A . Disposiciones relativas al derecho de establecimiento    Artículo 9    1 . El Estado miembro de acogida que exija a sus   nacionales una prueba de moralidad o de honorabilidad   para iniciar la práctica de alguna de las   actividades mencionadas en el artículo 1 ,   aceptará como prueba suficiente , para los   nacionales de los otros Estados miembros , una   certificación , expedida por una autoridad   competente del Estado miembro de origen o de   procedencia , que acredite que se reúnen las   condiciones de moralidad o de honorabilidad exigidas en   ese Estado miembro para el acceso a la actividad de que   se trate .    2 . Cuando el Estado miembro de origen o de procedencia   no exija pruebas de moralidad o de honorabilidad para   iniciar las actividades de que se trate , el Estado   miembro de acogida podrá exigir a los nacionales   del Estado miembro de origen o de procedencia un   certificado de antecedentes judiciales o , a falta   de ello , un documento equivalente , expedido   por una autoridad competente del Estado miembro   de origen o de procedencia .    3 . Si el Estado miembro de acogida tuviere conocimiento   de hechos graves y precisos acaecidos con anterioridad al   establecimiento del interesado en dicho Estado y fuera de   su territorio y que puedan tener en él consecuencias   sobre el acceso de la actividad de que se trate , podrá   informar de ello al Estado miembro de origen o de   procedencia .    El Estado miembro de origen o de procedencia examinará   la veracidad de los hechos en la medida en que éstos   puedan tener en ese Estado miembro consecuencias sobre el   acceso a la actividad de que se trate . Las autoridades   de ese Estado decidirán por sí mismas la naturaleza   y amplitud de las investigaciones que deban llevarse   a cabo y comunicarán al Estado miembro de acogida las   medidas subsiguientes que tomen respecto de las   certificaciones o documentos por ellas concedidos .    4 . Los Estados miembros garantizarán el secreto de las   informaciones transmitidas .    Artículo 10    1 . Cuando en un Estado miembro de acogida haya en   vigor disposiciones legales , reglamentarias y   administrativas relativas al respeto de la moralidad y   de la honorabilidad , incluidas determinadas   disposiciones que establezcan sanciones disciplinarias   en caso de falta profesional grave o de condena   por delito y referentes al ejercicio de una de las   actividades mencionadas en el artículo 1 , el Estado   miembro de origen o de procedencia transmitirá al   Estado miembro de acogida las informaciones necesarias   relativas a las medidas o sanciones de carácter   profesional o administrativo adoptadas contra   el interesado y a las sanciones penales relacionadas   con el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de   origen o de procedencia .    2 . Si el Estado miembro de acogida tuviere conocimiento   de hechos graves y precisos acaecidos con anterioridad al   establecimiento del interesado en dicho Estado y fuera de su   territorio y que puedan tener en él consecuencias sobre   el ejercicio de la actividad de que se trate , podrá   informar de ello al Estado miembro de origen o de   procedencia .    El Estado miembro de origen o de procedencia examinará   la veracidad de los hechos en la medida en que éstos   puedan tener en ese Estado miembro consecuencias sobre   el ejercicio de la actividad de que se trate . Las   autoridades de ese Estado decidirán por sí mismas   la naturaleza y amplitud de las investigaciones   que deban llevarse a cabo , y comunicarán al   Estado miembro de acogida las medidas subsiguientes que   tomen respecto de las informaciones por ellas transmitidas   en virtud del apartado 1 .    3 . Los Estados miembros garantizarán el secreto   de las informaciones transmitidas .    Artículo 11    Cuando el Estado miembro de acogida exija de sus   nacionales un documento relativo a la salud física   o psíquica para acceso a una de las actividades   mencionadas en el artículo 1 o para su ejercicio ,   dicho Estado aceptará como suficiente , a   este respecto , la presentación del documento exigido   en el Estado miembro de origen o de procedencia .    Cuando el Estado miembro de origen o de procedencia no   exija documentos de esta naturaleza para el acceso a la   actividad de que se trate o para su ejercicio , el Estado   miembro de acogida aceptará que los nacionales del Estado   miembro de origen o de procedencia presenten una   certificación expedida por una autoridad competente   de este Estado que corresponda a las certificaciones del   Estado miembro de acogida .    Artículo 12    Los documentos mencionados en los artículos 9 ,   10 y 11 no podrán tener , en el momento de su   presentación , más de tres meses de antigueedad .    Artículo 13    1 . El procedimiento por el que se autoriza al beneficiario   a ejercer una de las actividades mencionadas en el   artículo 1 , con arreglo a los artículos 9 , 10 y   11 , deberá finalizar en el más breve plazo posible y ,   a más tardar , tres meses después de la   presentación del expediente completo del interesado ,   sin perjuicio de los retrasos que puedan resultar del   recurso que pueda incoarse al término de este   procedimiento .    2 . En los casos mencionados en el apartado 3 del   artículo 9 y en el apartado 2 del artículo 10 , la   solicitud de nuevo examen suspenderá el plazo   mencionado en el apartado 1 .    El Estado miembro consultado deberá transmitir su   respuesta en un plazo de tres meses .    El Estado miembro de acogida proseguirá el procedimiento   mencionado en el apartado 1 tan pronto como se produzca   la recepción de esa respuesta o la expiración de dicho   plazo .    Artículo 14    Cuando un Estado miembro de acogida exija a sus   nacionales una prestación de juramento o una   declaración solemne para el acceso a una de las   actividades mencionadas en el artículo 1   o para su ejercicio , y en caso de que la fórmula del   juramento o de la declaración no pueda ser utilizada   por los nacionales de los otros Estados miembros , el   Estado miembro de acogida cuidará de que se ofrezca   a los interesados una fórmula pertinente y equivalente .    B . Disposiciones relativas a la prestación de   servicios    Artículo 15    1 . Cuando un Estado miembro exija a sus nacionales ,   bien una autorización bien la inscripción o la   afiliación a una organización o a un organismo   profesional para el acceso a una de las actividades   mencionadas en el artículo 1 o para su ejercicio ,   dicho Estado miembro dispensará de esta exigencia   a los nacionales de los otros Estados miembros en caso de   prestación de servicios .    El beneficiario ejercerá la prestación de servicios   con los mismos derechos y obligaciones que los nacionales   del Estado miembro de acogida ; estará sometido , en   particular , a las disposiciones disciplinarias de   carácter profesional o administrativo aplicables   en ese Estado miembro .    A este fin y como complemento de la declaración relativa   a la prestación de servicios mencionada en el apartado 2 ,   los Estados miembros , con objeto de permitir la   aplicación de las disposiciones disciplinarias que   estén en su territorio podrán disponer una   inscripción temporal que se efectúe automáticamente   o la adhesión pro forma a una organización o a un   organismo profesionales o la inscripción en un registro ,   siempre que dicha inscripción no retrase ni complique   de modo alguno la prestación de servicios y no implique   gastos suplementarios para quien los preste .    Cuando el Estado miembro de acogida adopte una medida   en aplicación del párrafo segundo o tenga conocimiento   de hechos que vulneren esas disposiciones , informará   de ello inmediatamente al Estado miembro en que se halle   establecido el beneficiario .    2 . El Estado miembro de acogida podrá ordenar que el   beneficiario haga ante las autoridades competentes una   declaración previa relativa a su prestación de   servicios en caso de que llevar a cabo dicha prestación   implique una estancia temporal en su territorio .    En caso de urgencia , esta declaración podrá   hacerse en el plazo más breve posible después de la   prestación de servicios .    3 . En aplicación de los apartados 1 y 2 , el Estado   miembro de acogida podrá exigir del beneficiario uno   o varios documentos que contengan las indicaciones   siguientes :     - la declaración mencionada en el apartado 2 ,     - una certificación que acredite que el beneficiario   ejerce legalmente las actividades de que se trate en el   Estado miembro donde se halle establecido ,     - una certificación de que el beneficiario posee   el diploma o diplomas , certificados u otros títulos   que se requieran para la prestación de servicios   de que se trate y que se mencionan en la presente   Directiva .    4 . El documento o los documentos mencionados en el   apartado 3 no podrán tener , en el momento de su   presentación , más de doce meses de antigueedad .    5 . Cuando un Estado miembro prive , total o   parcialmente y de forma temporal o definitiva , a uno   de los nacionales o a un nacional de otro Estado miembro ,   establecido en su territorio , de la facultad de   ejercer una de las actividades mencionadas en el   artículo 1 , procederá , según los casos , a   retirar temporal o definitivamente la certificación   mencionada en el segundo guión del apartado 3 .    Artículo 16    Cuando en un Estado miembro de acogida sea preciso estar   inscrito en un organismo de seguridad social de   Derecho público para poder liquidar con un organismo   asegurador las cuentas relacionadas con las actividades   ejercidas en beneficio de asegurados sociales , dicho   Estado miembro , en caso de prestación de servicios   que implique el desplazamiento del beneficiario ,   dispensará de esta exigencia a los nacionales de   los Estados miembros establecidos en otro Estado   miembro .    En todos los casos de prestación de servicios que   impliquen el desplazamiento del beneficiario , el   Estado miembro de acogida podrá exigir que el   beneficiario informe , previamente o , en caso de   urgencia , en el más breve plazo posible , a ese   organismo de su prestación de servicios .    C . Disposiciones comunes al derecho de establecimiento   y a la libre prestación de servicios    Artículo 17    1 . Cuando en un Estado miembro de acogida esté   regulado el uso de un título profesional relativo a   una de las actividades mencionadas en el artículo 1 ,   los nacionales de los otros Estados miembros que   reúnan las condiciones previstas en el artículo 2 ,   en el apartado 1 del artículo 7 y en el   artículo 19 , usarán el título profesional del   Estado miembro de acogida que en este Estado corresponda   a esas condiciones de formación y utilizarán su   abreviatura .    2 . El apartado 1 se aplicará asimismo al uso del   título de odontólogo especialista por aquellos que   reúnan las condiciones previstas , respectivamente ,   en el artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 .    Artículo 18    1 . Los Estados miembros adoptarán las medidas   necesarias con objeto de que los beneficiarios puedan   estar informados de las legislaciones sanitaria y social y ,   en su caso , de la de deontología del Estado miembro   de acogida .    A tal fin , podrán crear servicios de información   en los que los beneficiarios puedan recibir las   informaciones necesarias .    En caso de establecimiento , los Estados miembros de   acogida podrán obligar a los beneficiarios a entrar   en contacto con esos servicios .    2 . Los Estados miembros podrán crear los servicios   mencionados en el apartado 1 ante las autoridades y   organismos competentes que designen en el plazo   previsto en el apartado 1 el artículo 24 .    3 . Los Estados miembros harán de forma que , en su   caso , los beneficiarios puedan adquirir , en su interés   y en el de sus pacientes , los conocimientos lingueisticos   necesarios para el ejercicio de su actividad profesional   en el Estado miembro de acogida .    CAPÍTULO VII    DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA   SITUACIÓN PARTICULAR DE ITALIA    Artículo 19    Desde el momento en que Italia adopte las medidas   necesarias para cumplir la presente Directiva , los   Estados miembros reconocerán , con vistas al ejercicio   de las actividades mencionadas en el artículo 1 de   la presente Directiva los diplomas , certificados y   otros títulos de médico expedidos en Italia a   personas que hayan iniciado su formación universitaria   de médico en un plazo máximo de dieciocho meses a   partir de la notificación de la presente Directiva ,   siempre que se presenten con una certificación , expedida   por las autoridades competentes italianas , que acredite   que esas personas se han dedicado en Italia , efectiva   y lícitamente y con carácter principal , a las   actividades mencionadas en el artículo 5 de la   Directiva 78/687/CEE durante , por lo menos , tres   años consecutivos en el transcurso de los cinco años   anteriores a la concesión de la certificación y que   esas personas están autorizadas para ejercer dichas   actividades en las mismas condiciones que los poseedores   del diploma , certificado u otro de los títulos   mencionados en la letra E ) del artículo 3 de   la presente Directiva .    Quedarán dispensados de la obligación de realizar   una práctica de tres años , mencionada en el párrafo   primero , las personas que hayan aprobado los estudios de ,   por lo menos tres años , que las autoridades   competentes acrediten como equivalentes a la formación   mencionada en el artículo 1 de la Directiva   78/687/CEE .    CAPÍTULO VIII    DISPOSICIONES FINALES    Artículo 20    Los Estados miembros que exijan a sus propios   nacionales la realización de un período de prácticas   preparatorio para reconocerlos como odontólogos de   un seguro de enfermedad , podrán imponer la misma   obligación a los nacionales de los otros Estados   miembros durante un período de ocho años   a partir de la notificación de la presente Directiva .   La duración máxima del período de prácticas será   de seis meses .    Artículo 21    El Estado miembro de acogida , en caso de duda   justificada , podrá exigir a las autoridades   competentes de otro Estado miembro una confirmación   de la autenticidad de los diplomas , certificados   y otros títulos expedidos en este otro Estado   miembro y mencionados en los capítulos II , III y IV , y   la confirmación de que el beneficiario ha cumplido   todas las condiciones de formación previstas en la   Directiva 78/687/CEE .    Artículo 22    Los Estados miembros designarán en el plazo establecido   en el apartado 1 del artículo 24 , las autoridades y   organismos facultados para conceder o recibir los diplomas ,   certificados y otros títulos , así como los   documentos e informaciones mencionados en la presente   Directiva e informarán de ello inmediatamente   a los otros Estados miembros y a la Comisión .    Artículo 23    La presente Directiva se aplicará asimismo a los   nacionales de los Estados miembros que , con arreglo al   reglamento ( CEE ) n º 1612/68 , ejerzan o vayan   a ejercer por cuenta ajena , una de las actividades   mencionadas en el artículo 1 .    Artículo 24    1 . Los Estados miembros adoptarán , en un plazo de   dieciocho meses a partir del día de su notificación ,   las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva   e informarán de ello inmediatamente a la Comisión . No   obstante , Italia adoptará esas medidas en un plazo   máximo de seis años y , en todo caso , en el momento   en que adopte las necesarias para cumplir la Directiva   78/687/CEE .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno   que adopten en el ámbito regulado por la presente   Directiva .    Artículo 25    En caso de que , en la aplicación de la presente   Directiva , se le presenten a un Estado miembro   dificultades graves en determinadas materias , la Comisión   examinará dichas dificultades en colaboración con ese   Estado y obtendrá el dictamen del Comité de altos   funcionarios de la salud pública , creado por la   Decisión 75/365/CEE (6) , modificada en último   lugar por la decisión 78/689/CEE (7) .    En su caso , la Comisión presentará al Consejo   las propuestas pertinentes .    Artículo 26    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 15 de julio de 1978 .    Por el Consejo    El Presidente    K. von DOHNANYI    (1) DO n º C 101 de 4 . 8 . 1970 , p. 19 .    (2) DO n º C 36 de 28 . 3 . 1970 , p. 17 .    (3) DO n º L 233 de 24 . 8 . 1978 , p. 10 .    (4) DO n º L 257 de 19 . 10 . 1968 , p. 2 .    (5) DO n º L 167 de 30 . 6 . 1975 , p. 19 .    (6) DO n º L 233 de 24 . 8 . 1978 , p. 17 .


title: Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  26 de octubre de 2005 , relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital   (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               25.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 310/1

      DIRECTIVA 2005/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 26 de octubre de 2005
   relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 44,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las sociedades de capital de los diferentes Estados miembros tienen necesidad de cooperación y reagrupamiento. Sin embargo, en lo que concierne a las fusiones transfronterizas de sociedades, dichas sociedades encuentran en la Comunidad numerosas dificultades a nivel legislativo y administrativo. Por tanto, para garantizar la realización y el funcionamiento del mercado interior, resulta necesario establecer disposiciones comunitarias con el fin de facilitar la realización de fusiones transfronterizas entre sociedades de capital de distintos tipos que entren en el ámbito de las legislaciones de Estados miembros diferentes.

               (2)

               La presente Directiva debe facilitar la fusión transfronteriza de sociedades de capital tal como se definen en la misma. La legislación de los Estados miembros debe permitir la fusión transfronteriza de una sociedad de capital nacional con una sociedad de capital de otro Estado miembro si la legislación nacional de los Estados miembros afectados permite las fusiones entre dichos tipos de sociedades.

               (3)

               Con el fin de facilitar las operaciones de fusión transfronteriza, resulta oportuno establecer que, si la presente Directiva no dispone lo contrario, cada sociedad que participe en la fusión transfronteriza, así como cada tercero interesado, sigan estando sometidos a las disposiciones y los trámites de la legislación nacional que serían aplicables en caso de una fusión nacional. Las disposiciones y trámites de la legislación nacional a que se refiere la presente Directiva no deben en ningún caso imponer restricciones a la libertad de establecimiento o de circulación de capital, a menos que dichas restricciones se puedan justificar de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, por razones de interés general, y sean necesarias y proporcionadas para el respeto de dichas exigencias imperativas.

               (4)

               El proyecto común de fusión transfronteriza debe realizarse en los mismos términos para cada una de las sociedades afectadas en los distintos Estados miembros. Procede, por lo tanto, precisar el contenido mínimo de este proyecto común, manteniendo las sociedades en cuestión su libertad para ponerse de acuerdo sobre otros elementos del proyecto.

               (5)

               Para proteger los intereses tanto de los socios como de los terceros, resulta oportuno que, para cada una de las sociedades que se fusionan, tanto el proyecto común de fusión transfronteriza como la realización de la misma sean objeto de una publicidad efectuada en el registro público correspondiente.

               (6)

               La legislación de todos los Estados miembros prevé un informe sobre el proyecto común de fusión transfronteriza redactado por uno o más peritos para cada una de las sociedades que se fusionan a escala nacional. Para limitar los gastos de peritos en el marco de una fusión transfronteriza, hay que prever la posibilidad de un informe único destinado a todos los socios de las sociedades que participen en una operación de fusión transfronteriza. El proyecto común de fusión transfronteriza debe ser aprobado por la junta general de cada una de estas sociedades.

               (7)

               Para facilitar las operaciones de fusión transfronteriza hay que prever que la autoridad nacional de cada una de las sociedades que se fusionen efectúe el control de la terminación y la legalidad del proceso de toma de decisiones de cada una de estas sociedades, mientras que la autoridad nacional competente para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza debe encargarse de efectuar el control de la terminación y la legalidad de la realización de la fusión transfronteriza. Esta autoridad nacional puede ser un tribunal, un notario o cualquier otra autoridad competente designada por el Estado miembro en cuestión. Resulta, por otro lado, necesario establecer en virtud de qué legislación nacional debe determinarse la fecha efectiva de la fusión transfronteriza; esta legislación debe ser la correspondiente a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

               (8)

               Para proteger los intereses de los socios y terceros, deben indicarse los efectos jurídicos de la fusión transfronteriza distinguiendo las situaciones en que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza sea una sociedad absorbente o una nueva sociedad. En beneficio de la seguridad jurídica, debe estar prohibida la declaración de la nulidad de una fusión transfronteriza después de la fecha de efectividad de la misma.

               (9)

               La presente Directiva no prejuzga la aplicación de la legislación sobre el control de las concentraciones entre empresas, tanto a la escala comunitaria, Reglamento (CE) no 139/2004 (3) como a la de los Estados miembros.

               (10)

               La presente Directiva no afecta a la legislación comunitaria aplicable a los intermediarios de crédito y otras empresas financieras ni a las normas nacionales establecidas o introducidas de conformidad con dicha legislación comunitaria.

               (11)

               La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la legislación de un Estado miembro que requiera información sobre el lugar donde se encuentra el centro de su efectiva administración o el principal establecimiento de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

               (12)

               Los derechos de los trabajadores distintos de los derechos de participación seguirán organizándose de acuerdo con las disposiciones de los Estados miembros contempladas por la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a los despidos colectivos (4), la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, relativa a la protección de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (5), la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (6), así como la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, relativa a la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (7).

               (13)

               Si los trabajadores ejercen derechos de participación en una de las sociedades que se fusionan, con arreglo a los supuestos contemplados en la presente Directiva, y si la legislación nacional del Estado miembro en que tenga su domicilio social la sociedad resultante de la fusión transfronteriza no prevé el mismo nivel de participación que el aplicado en las correspondientes sociedades que se fusionan —también en los comités del órgano de control con poderes decisorios—, o no prevé la misma facultad para ejercer derechos a trabajadores de sociedades resultantes de la fusión transfronteriza, la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza así como su implicación en la definición de tales derechos debe regularse. A tal fin, deben tomarse como base los principios y procedimientos del Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, relativo al estatuto de la sociedad anónima europea (8) y de la Directiva 2001/86/CE del Consejo de 8 de octubre de 2001 por la que se completa el estatuto de la sociedad anónima europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (9), supeditados no obstante a las modificaciones que resulten necesarias al estar sujeta entonces la sociedad resultante a las legislaciones nacionales de los Estados miembros en que tengan su domicilio social. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/86/CE, los Estados miembros pueden velar por el inicio inmediato de las negociaciones con arreglo al artículo 16 de la presente Directiva con objeto de no retrasar innecesariamente las fusiones.

               (14)

               A fin de determinar el nivel de participación de los trabajadores aplicado en las correspondientes sociedades que se fusionan, se debe tener en cuenta también la proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano directivo competente dentro de las sociedades para decidir el reparto de los beneficios.

               (15)

               Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, establecer una normativa que contenga elementos comunes aplicables a nivel transnacional, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

               (16)

               De conformidad con lo dispuesto en el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (10), los Estados miembros deben ser alentados a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de incorporación al Derecho nacional, y a hacerlos públicos.

         HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Ámbito de aplicación
   La presente Directiva se aplicará a las fusiones de sociedades de capital constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tengan su domicilio social, su centro de efectiva administración o su principal establecimiento dentro de la Comunidad, si al menos dos de ellas están sujetas a la legislación de Estados miembros diferentes (en lo sucesivo, «las fusiones transfronterizas»).
   Artículo 2
   Definiciones
   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

               1)

               «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»:

                           a)

                           una sociedad como la mencionada en el artículo 1 de la Directiva 68/151/CEE (11), o

                           b)

                           cualquier otra sociedad con capital social que goce de personalidad jurídica, que posea un patrimonio separado que responda por sí solo de las deudas de la sociedad y sujeta por su legislación nacional a condiciones de garantías tales como las previstas por la Directiva 68/151/CEE para proteger los intereses de socios y terceros.

               2.

               «fusión», la operación mediante la cual:

                           a)

                           una o varias sociedades transfieren a otra sociedad ya existente —la sociedad absorbente—, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus socios de títulos o participaciones representativos del capital social de la otra sociedad y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos títulos o participaciones, o

                           b)

                           dos o más sociedades, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, transfieren a una sociedad constituida por ellas —la nueva sociedad— la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus socios de títulos o participaciones representativos del capital social de esta nueva sociedad y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos títulos o participaciones, o

                           c)

                           una sociedad transfiere, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio activo y pasivo a la sociedad que posee la totalidad de los títulos o participaciones representativos de su capital social.

         Artículo 3
   Disposiciones complementarias al ámbito de aplicación
   1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, la presente Directiva se aplicará también a las fusiones transfronterizas cuando la legislación de al menos uno de los Estados miembros afectados permita que la compensación en efectivo a que se refieren el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), supere el 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, del valor contable de los títulos o participaciones que representen el capital de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.
   2.   Los Estados miembros podrán decidir que la presente Directiva no sea aplicable a las fusiones transfronterizas en las que participe una sociedad cooperativa incluso cuando ésta se vea cubierta por la definición de «sociedad de capital» que figura en el artículo 2, apartado 1.
   3.   La presente Directiva no se aplicará a las fusiones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público y cuyo funcionamiento esté sometido al principio de reparto de los riesgos cuyas participaciones, a petición del tenedor de las mismas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimila a semejantes readquisiciones o reembolsos el hecho de que dicha sociedad de inversión colectiva actúe de manera que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.
   Artículo 4
   Condiciones relativas a las fusiones transfronterizas
   1.   Salvo que la presente Directiva disponga lo contrario:

               a)

               las fusiones transfronterizas sólo podrán efectuarse entre tipos de sociedades, que tengan derecho a fusionarse con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros de que se trate, y

               b)

               una sociedad que participe en una fusión transfronteriza deberá cumplir con las disposiciones y trámites de la legislación nacional a la que esté sujeta. Las disposiciones legislativas de un Estado miembro que permitan a sus autoridades nacionales oponerse a una fusión interna determinada por motivos de interés público también serán aplicables a una fusión transfronteriza cuando al menos una de las sociedades que se fusionen esté sujeta a la legislación de dicho Estado miembro. En la medida en que resulte aplicable el artículo 21 del Reglamento (CE) no 139/2004, no se aplicará la presente disposición.

         2.   Las disposiciones y trámites a que se refiere el apartado 1, letra b), incluirán, en particular, los relativos al proceso de toma de decisiones sobre la fusión y, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de la fusión, a la protección de los acreedores de las sociedades que se fusionen, de los obligacionistas y tenedores de títulos o acciones, así como de los trabajadores en lo relativo a los derechos distintos de los regulados por el artículo 16. Los Estados miembros podrán adoptar, respecto de las sociedades participantes en una fusión transfronteriza constituidas con arreglo a su ordenamiento jurídico, disposiciones encaminadas a garantizar una protección adecuada a los socios minoritarios que se hayan pronunciado en contra de la fusión transfronteriza.
   Artículo 5
   Proyecto común de fusión transfronteriza
   Los órganos de dirección o de administración de cada una de las sociedades que se fusionen concebirán un proyecto común de fusión transfronteriza. Este proyecto contendrá, al menos:

               a)

               la forma, denominación y domicilio social de las sociedades que se fusionen y los previstos para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               b)

               la proporción aplicable al canje de los títulos o participaciones del capital social y, en su caso, el importe de cualquier pago en efectivo;

               c)

               las formas de entrega de los títulos o participaciones representativos del capital social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               d)

               las posibles consecuencias de la fusión transfronteriza sobre el empleo;

               e)

               la fecha a partir de la cual estos títulos o participaciones representativos del capital social darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial que afecte a este derecho;

               f)

               la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se fusionen se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               g)

               los derechos conferidos por la sociedad resultante de la fusión transfronteriza a los socios que tuviesen derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las medidas propuestas que les conciernan;

               h)

               todas las ventajas particulares atribuidas a los peritos que estudien el proyecto de fusión transfronteriza, así como a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que se fusionen;

               i)

               los estatutos de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               j)

               si procede, información sobre los procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicación de los trabajadores en la definición de sus derechos de participación en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16;

               k)

               información sobre la evaluación del patrimonio activo y pasivo transferido a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               l)

               las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión transfronteriza.

         Artículo 6
   Publicidad
   1.   El proyecto común de fusión transfronteriza será objeto de publicidad en la forma prescrita por el ordenamiento de cada Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE, para cada una de las sociedades que se fusionen, como mínimo un mes antes de la fecha de la reunión de la junta general que deba pronunciarse al respecto.
   2.   Sin perjuicio de otras condiciones adicionales impuestas por el Estado miembro a cuyo ordenamiento esté sujeta la sociedad, deberán publicarse, para cada una de las sociedades que se fusionen, los siguientes datos en el boletín oficial de dicho Estado miembro:

               a)

               la forma, denominación y domicilio social de las sociedades que se fusionen;

               b)

               el registro en el que se hayan entregado los documentos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 68/151/CEE de cada una de las sociedades que se fusionen así como su número de inscripción en dicho registro;

               c)

               una indicación, para cada una de las sociedades que se fusionen, de las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores y, cuando proceda, de los socios minoritarios de las sociedades que se fusionen, así como la dirección donde pueda obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva sobre dichas condiciones.

         Artículo 7
   Informe de los órganos de dirección o administración
   Los órganos de dirección o de administración de cada una de las sociedades que se fusionen elaborarán un informe destinado a los socios, en el que se explicarán y justificarán los aspectos legales y económicos de la fusión transfronteriza y se explicarán las implicaciones de dicha fusión para los socios, los acreedores y los trabajadores.
   El informe se pondrá a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores o, en su defecto, de los propios trabajadores, en un plazo no inferior a un mes antes de la fecha de la junta general a que se refiere el artículo 9.
   Cuando los órganos de dirección o de administración de cualquiera de las sociedades que se fusionan reciban a tiempo una opinión de los representantes de los trabajadores con arreglo a la legislación nacional, dicha opinión se anexará al informe.
   Artículo 8
   Informe pericial independiente
   1.   Un informe pericial independiente destinado a los socios y disponible al menos un mes antes de la fecha de la reunión de la junta general contemplada en el artículo 9 para cada una de las sociedades que se fusionen. Estos peritos podrán ser, según la legislación de cada Estado miembro, personas físicas o jurídicas.
   2.   Como alternativa a peritos que operen por cuenta de cada una de las sociedades que se fusionen, uno o más peritos independientes, designados para ello, previa petición conjunta de dichas sociedades, por una autoridad judicial o administrativa del Estado miembro del que dependa una de las sociedades que se fusionen o la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, o autorizados por dicha autoridad, podrán estudiar el proyecto común de fusión transfronteriza y redactar un informe escrito único destinado a la totalidad de los socios.
   3.   El informe de los peritos contendrá como mínimo los datos previstos en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (12). Los peritos estarán facultados para pedir a cada una de las empresas que se fusionen cualquier información que consideren necesaria para poder llevar a cabo su cometido.
   4.   No se exigirá un examen del proyecto común de fusión transfronteriza por parte de peritos independientes ni un informe pericial cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios de cada una de las sociedades que intervienen en la fusión transfronteriza.
   Artículo 9
   Aprobación por la junta general
   1.   Después de haber tenido conocimiento de los informes contemplados en los artículos 7 y 8, la junta general de cada una de las sociedades que se fusionen se pronunciará sobre el proyecto común de fusión transfronteriza.
   2.   La junta general de cada una de las sociedades que se fusionen podrá condicionar la realización de la fusión transfronteriza a la ratificación expresa de las disposiciones decididas para la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.
   3.   El ordenamiento jurídico de los Estados miembros no deberá exigir la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 8 de la Directiva 78/855/CEE.
   Artículo 10
   Certificado previo a la fusión
   1.   Cada Estado miembro designará al tribunal, notario o cualquier otra autoridad competente para controlar la legalidad de la fusión transfronteriza para la parte del procedimiento relativa a cada una de las sociedades que se fusionen y que estén sujetas a su legislación nacional.
   2.   En cada Estado miembro en cuestión, la autoridad a que se refiere el apartado 1 entregará sin demora a cada una de las sociedades que se fusionen y que estén sujetas a su legislación nacional un certificado que demuestre de forma concluyente la correcta realización de los actos y trámites previos a la fusión.
   3.   Cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro al que esté sujeta una sociedad que se fusione establezca un procedimiento para controlar y modificar la proporción aplicable al canje de los títulos o las participaciones o un procedimiento para compensar a los socios minoritarios, sin impedir la inscripción de la fusión transfronteriza, tal procedimiento sólo se aplicará cuando las demás sociedades participantes en la fusión, situadas en Estados miembros que no lo prevean, acepten explícitamente, al aprobar el proyecto de fusión transfronteriza de conformidad con el artículo 9, apartado 1, la posibilidad de que los socios de dicha empresa recurran a tal procedimiento, que se incoará ante el tribunal a cuya jurisdicción esté sometida la empresa que se fusiona. En esos casos, la autoridad a que se refiere el apartado 1, podrá expedir el certificado a que se refiere el apartado 2, aun cuando se haya iniciado un procedimiento de este tipo. No obstante, en el certificado se indicará que está en curso el procedimiento. La decisión a que se llegue en el procedimiento será vinculante para la empresa resultante de la fusión transfronteriza y para todos sus socios.
   Artículo 11
   Control de la legalidad de la fusión transfronteriza
   1.   Cada Estado miembro designará al tribunal, notario o cualquier otra autoridad competente para controlar la legalidad de la fusión transfronteriza para la parte del procedimiento relativa a la realización de la fusión transfronteriza y, cuando proceda, a la constitución de una nueva sociedad resultante de la fusión transfronteriza cuando esta sociedad resultante de la fusión transfronteriza esté sujeta a su legislación nacional. Esta autoridad controlará en especial que las sociedades que se fusionen hayan aprobado el proyecto común de fusión transfronteriza en los mismos términos y, en su caso, que las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.
   2.   A tal fin, cada sociedad que se fusione remitirá a la autoridad a que se refiere el apartado 1 el certificado mencionado en el artículo 10, apartado 2, en el plazo de seis meses a partir de su expedición, así como el proyecto común de fusión transfronteriza aprobado por la junta general contemplada en el artículo 9.
   Artículo 12
   Efectividad de la fusión transfronteriza
   La legislación del Estado miembro a la que esté sujeta la sociedad resultante de la fusión transfronteriza determinará la fecha de efectividad de la fusión transfronteriza. Esta fecha deberá ser posterior a la realización del control contemplado en el artículo 11.
   Artículo 13
   Registro
   La legislación de cada uno de los Estados miembros a la que estaban sujetas las sociedades objeto de la fusión determinará, por lo que se refiere a su territorio, las formas de publicidad de la realización de la fusión transfronteriza, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE, en el registro público en el que cada una de estas sociedades había sido requerida a proceder a la entrega de los documentos.
   El registro en el que se inscribe la sociedad resultante de la fusión transfronteriza notificará sin demora al registro en el que cada una de estas sociedades había sido requerida a proceder a la entrega de los documentos, que se ha realizado la fusión transfronteriza. La baja en el registro anterior, si procede, se producirá al recibo de dicha notificación, y en ningún caso con anterioridad a la misma.
   Artículo 14
   Efectos de la fusión transfronteriza
   1.   La fusión transfronteriza realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, letras a) y c), producirá, a partir de la fecha contemplada en el artículo 12, los siguientes efectos:

               a)

               la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida se transferirá a la sociedad absorbente;

               b)

               los socios de la sociedad absorbida se convertirán en socios de la sociedad absorbente;

               c)

               la sociedad absorbida dejará de existir.

         2.   La fusión transfronteriza realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, letra b), producirá, a partir de la fecha contemplada en el artículo 12, los siguientes efectos:

               a)

               la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionen se transferirá a la nueva sociedad;

               b)

               los socios de las sociedades que se fusionen se convertirán en socios de la nueva sociedad;

               c)

               las sociedades que se fusionan dejarán de existir.

         3.   Cuando la legislación de los Estados miembros imponga, en el caso de fusión transfronteriza de sociedades contempladas por la presente Directiva, trámites especiales para que la transferencia de determinados bienes, derechos y obligaciones aportados por las sociedades que se fusionen sea oponible a terceros, dichos trámites se aplicarán y serán efectuados por la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.
   4.   Los derechos y obligaciones de las sociedades que se fusionen procedentes de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en la que surta efecto la fusión transfronteriza se transferirán, en razón de este hecho, a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza en la fecha en que la fusión transfronteriza surta efecto.
   5.   No se intercambiarán participaciones de la sociedad absorbente por participaciones de la sociedad absorbida en poder de:

               a)

               la propia sociedad absorbente o a través de una persona que actúe en su nombre pero por cuenta propia;

               b)

               la propia sociedad absorbida o a través de una persona que actúe en su nombre pero por cuenta propia.

         Artículo 15
   Simplificación de formalidades
   1.   Cuando una fusión transfronteriza por absorción sea realizada por una sociedad que posea todas las participaciones y todos los demás títulos que confieran derechos de voto en la junta general de la sociedad o sociedades absorbidas,

               —

               no serán aplicables las disposiciones del artículo 5, letras b), c) y e), del artículo 8 y del artículo 14, apartado 1, letra b),

               —

               no será aplicable el artículo 9, apartado 1, a la sociedad o sociedades absorbidas.

         2.   Cuando una fusión transfronteriza por absorción sea realizada por una sociedad que posea el 90 % o más, pero no la totalidad de los títulos o participaciones representativos del capital social que confieran derechos de voto en una junta general de la sociedad o sociedades absorbidas, se exigirán los informes de uno o varios peritos independientes, así como los documentos necesarios para el control, sólo en la medida en que sean exigidos por la legislación nacional a la que esté sujeta la sociedad absorbente o la sociedad absorbida.
   Artículo 16
   Participación de los trabajadores
   1.   Sin perjuicio del apartado 2, la sociedad resultante de la fusión transfronteriza estará sujeta a las normas relativas a la participación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social.
   2.   No obstante, no se aplicarán las normas relativas a la participación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, si al menos una de las sociedades que se fusionan emplea, durante el período de seis meses que precede a la publicación del proyecto de fusión transfronteriza con arreglo al artículo 6, un número medio de trabajadores superior a 500 y está gestionada en régimen de participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, o bien si la legislación nacional aplicable a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza

               a)

               no prevé al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que el aplicado en las correspondientes sociedades que se fusionan, medido en función de la proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o control, o sus comités, o en el órgano directivo competente dentro de las sociedades para decidir el reparto de los beneficios, o

               b)

               no prevé que los trabajadores de los establecimientos de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro donde se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

         3.   En los casos a que se refiere el apartado 2, la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de los apartados 4 a 7 siguientes, de conformidad con los principios y modalidades previstos en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento (CE) no 2157/2001 y en las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE:

               a)

               artículo 3, apartados 1, 2 y 3, párrafo primero, primer guión, apartado 4, párrafo segundo, y apartados 5 y 7;

               b)

               artículo 4, apartados 1 y 2,, letras a), g) y h), y apartado 3;

               c)

               artículo 5;

               d)

               artículo 6;

               e)

               artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3. Sin embargo, a efectos de la presente Directiva, los porcentajes establecidos en el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2001/86/CE para la aplicación de las normas de referencia recogidas en la parte 3 del anexo de dicha Directiva se incrementarán del 25 % al 33 1/3 %;

               f)

               artículos 8, 10 y 12;

               g)

               artículo 13, apartado 4;

               h)

               parte 3, letra b), del anexo.

         4.   Al regular los principios y procedimientos contemplados en el apartado 3, los Estados miembros:

               a)

               otorgarán a los órganos competentes de las sociedades que participen en la fusión el derecho de optar, sin negociación previa, por estar directamente sujetas a las disposiciones de referencia para la participación contempladas en la letra h) del apartado 3, fijadas por la legislación del Estado miembro en que se establezca el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, y de respetar dichas disposiciones a partir de la fecha de registro;

               b)

               conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, incluidos los votos de los miembros que representen a los trabajadores en al menos dos Estados miembros diferentes, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas, y basarse en las normas de participación vigentes en el Estado miembro en el que vaya a establecerse el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

               c)

               podrán, cuando las disposiciones de referencia para la participación sean de aplicación, a raíz de negociaciones previas, no obstante dichas disposiciones, decidir limitar el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza. No obstante, si en una de las sociedades que participan en la fusión figura entre los representantes de los trabajadores al menos una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación no podrá tener por efecto que el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración sea inferior a una tercera parte.

         5.   La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales de efectivos que den lugar a los derechos de participación en virtud de la legislación nacional.
   6.   Cuando al menos una de las sociedades que participan en la fusión está gestionada en régimen de participación de los trabajadores y la sociedad resultante de la fusión transfronteriza se rige por dicho sistema, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, esta última estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.
   7.   Cuando la sociedad resultante de la fusión transfronteriza esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad deberá tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones nacionales durante un plazo de tres años después de que la fusión transfronteriza haya surtido efecto, y aplicarán mutatis mutandis las disposiciones establecidas en el presente artículo.
   Artículo 17
   Validez
   No podrá declararse la nulidad de una fusión transfronteriza que se realice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.
   Artículo 18
   Revisión
   Cinco años después de la fecha fijada en el párrafo primero del artículo 19, la Comisión revisará la presente Directiva a la luz de la experiencia adquirida en su aplicación y, en caso necesario, propondrá su modificación.
   Artículo 19
   Incorporación al Derecho nacional
   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente Directiva a más tardar el 15 de diciembre de 2007.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, en ellas figurará una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 20
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 21
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 26 de octubre de 2005.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. ALEXANDER

      (1)  DO C 117 de 30.4.2004, p. 43.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 19 de septiembre de 2005.

      (3)  Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).

      (4)  DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

      (5)  DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

      (6)  DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.

      (7)  DO L 254 de 30.9.1994, p. 64. Directiva modificada por la Directiva 97/74/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 22).

      (8)  DO L 294 de 10.11.2001, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

      (9)  DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.

      (10)  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

      (11)  Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado (DO L 65 de 14.3.1968, p. 8). Directiva modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.

      (12)  DO L 295 de 20.10.1978, p. 36. Directiva modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.


Avis juridique important

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31968L0151

Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros

Diario Oficial n° L 065 de 14/03/1968 p. 0008 - 0012 Edición especial en finés : Capítulo 17 Tomo 1 p. 0003  Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1968(I) p. 0041  Edición especial sueca: Capítulo 17 Tomo 1 p. 0003  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1968(I) p. 0041  Edición especial griega: Capítulo 06 Tomo 1 p. 0080  Edición especial en español: Capítulo 17 Tomo 1 p. 0003  Edición especial en portugués: Capítulo 17 Tomo 1 p. 0003

 PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 9 de marzo de 1968    tendente a coordinar , para hacerlas equivalentes ,   las garantías exigidas en los Estados miembros   a las sociedades definidas en el segundo párrafo del   artículo 58 del Tratado , para proteger los intereses   de socios y terceros     ( 68/151/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , la letra g ) del   apartado 3 del artículo 54 ,    Visto el Programa general para la supresión de las   restricciones a la libertad de establecimiento (1) y ,   en particular , su Título VI ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (3) ,    Considerando que la coordinación prevista por la   letra g ) del apartado 3 del artículo 54 y por el   Programa general para la supresión de las restricciones   a la libertad de establecimiento es urgente , en   particular con respecto a las sociedades por acciones y   a las sociedades de responsabilidad limitada , ya que   la actividad de estas sociedades con frecuencia se   extiende más allá de los límites del territorio   nacional ;    Considerando que la coordinación de las disposiciones   nacionales relativas a la publicidad , la validez de los   compromisos de estas sociedades y la nulidad de éstas   reviste una importancia especial , en particular con   miras a asegurar la protección de los intereses de   terceros ;    Considerando que , en estos ámbitos , deberán   adoptarse simultáneamente disposiciones comunitarias   para estas sociedades , ya que solamente ofrecen como   garantía ante terceros el patrimonio social ;    Considerando que la publicidad deberá permitir a los   terceros conocer los actos esenciales de la sociedad y   ciertas indicaciones relativas a ella , en particular la   identidad de las personas que tienen el poder de   obligarla ;    Considerando que la protección de terceros deberá   quedar garantizada por disposiciones que limiten , en   tanto sea posible , las causas de invalidez de los   compromisos contraídos en nombre de la sociedad ;    Considerando que es necesario , con el fin de garantizar   la seguridad jurídica en las relaciones entre la   sociedad y los terceros , así como entre los socios ,   limitar los casos de nulidad , así como el efecto   retroactivo de la declaración de nulidad y fijar un   plazo breve para la oposición de terceros a esta   declaración ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    Las medidas de coordinación prescritas por la   presente Directiva se aplicarán a las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas de los Estados   miembros relativas a las siguientes formas de sociedades :     - En Alemania :    die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft   auf Aktien , die Gesellschaft mit beschraenkter   Haftung ;     - En Bélgica :    de naamloze vennootschap ; la société anonyme ,    de commanditaire vennootschap op aandelen ; la   société en commandite par actions ,    de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;   la société de personnes à responsabilité   limitée ;     - En Francia :    la société anonyme , la société en commandite   par actions , la société à responsabilité   limitée ;     - En Italia :    società per azioni , società in accomandita per   azioni , società a responsabilità limitata ;     - En Luxemburgo :    la société anonyme , la société en commandite   par actions , la société à responsabilité   limitée ;     - En los Países Bajos :    de naamloze vennotschap , de commanditaire   vennootschap op aandelen .    SECCIÓN I    Publicidad    Artículo 2    1 . Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias   para que la publicidad obligatoria relativa a las   sociedades se refiera al menos a los actos e indicaciones   siguientes :    a ) la escritura de constitución y los estatutos , si   fueran objeto de un acto separado ;    b ) las modificaciones de los actos mencionados en la   letra a ) , comprendida la prórroga de la sociedad ;    c ) después de cada modificación de la escritura de   constitución o de los estatutos , el texto íntegro   del acto modificado , en su redacción actualizada ;    d ) el nombramiento , el cese de funciones , así como   la identidad de las personas que , como órgano legalmente   previsto , o como miembros de tal órgano ;    i ) tengan el poder de obligar a la sociedad con   respecto a terceros y representarla en juicio ,    ii ) participen en la administración , la vigilancia o   el control de la sociedad .    Las medidas de publicidad deberán precisar si las   personas que tengan poder de obligar a la sociedad pueden   hacerlo por sí o deben hacerlo conjuntamente .    e ) al menos anualmente , el importe del capital   suscrito , cuando la escritura de constitución o los   estatutos mencionen un capital autorizado , a menos que   todo aumento de capital suscrito implique una modificación   de los estatutos ;    f ) el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias   de cada ejercicio . El documento que contenga el balance   deberá indicar la identidad de las personas a quienes   incumbe , en virtud de la ley , certificarlo .   No obstante , para las sociedades de responsabilidad   limitada de Derecho alemán , belga , francés ,   griego , italiano o luxemburgués , mencionadas en el   artículo 1 , así como para las sociedades anónimas   cerradas de Derecho neerlandés , la aplicación   obligatoria de esta disposición se aplazará hasta   la fecha de aplicación de una directiva relativa a la   coordinación del contenido de los balances y de las   cuentas de pérdidas y ganancias , y que exima a aquellas   sociedades cuya suma del balance sea inferior a la cifra   fijada en dicha directiva , de la obligación de   publicar total o parcialmente estos documentos . El   Consejo adoptará esta directiva dentro de los dos años   siguientes a la adopción de la presente Directiva ;    g ) todo cambio de domicilio social ;    h ) la disolución de la sociedad ;    i ) la resolución judicial que declare la nulidad   de la sociedad ;    j ) el nombramiento y la identidad de los liquidadores ,   así como sus poderes respectivos , a menos que estos   poderes resultasen expresa y exclusivamente de la ley o   de los estatutos ;    k ) el cierre de la liquidación y la cancelación del   registro en los Estados miembros en que ésta   produzca efectos jurídicos .    2 . Para la aplicación de la letra f ) del apartado 1 ,   se considerarán como sociedades anónimas cerradas   aquellas que respondan a las siguientes condiciones :    a ) no puedan emitir acciones al portador ;    b ) no puede ponerse en circulación , por ninguna   persona , ningún « certificado al portador de acciones   nominativas » en el sentido del artículo 42 c ) del   Código de Comercio neerlandés ;    c ) las acciones no podrán cotizarse en bolsa ;    d ) los estatutos contendrán una claúsula de   aceptación de la sociedad para toda cesión de acciones   a terceros , con excepción de las transmisiones por   causa de muerte y con excepción , si lo hubieren previsto   los estatutos , de las transmisiones al cónyuge , a los   ascendientes y a los descendientes ; la cesión deberá   efectuarse , con exclusión de todo documento en blanco ,   por documento privado firmado por el cedente y el   cesionario , o bien mediante documento público ;    e ) los estatutos indicarán el carácter de sociedad   anónima cerrada ; la denominación social incluirá   las palabras « Besloten Naamloze Vennottschap » o   las siglas « BNV » .    Artículo 3    1 . En cada Estado miembro se abrirá un expediente ,   en un registro central o bien en un registro mercantil   o registro de sociedades , por cada una de las sociedades   inscritas .    2 . Todos los actos y todas las indicaciones que se   sometan a la publicidad en virtud del artículo 2 se   incluirán en el expediente o se transcribirán en el   registro ; el objeto de las transcripciones al registro   deberá aparecer en todo caso en el expediente .    3 . Deberá poderse obtener copia íntegra o parcial   de todo acto o toda indicación de las mencionadas en el   artículo 2 , por correspondencia y sin que el costo   de esta copia pueda ser superior al costo administrativo .    Las copias entregadas serán   certificadas « conformes » , a menos que el   solicitante renuncie a esta certificación .    Artículo 4    Los Estados miembros prescribirán que las cartas   y notas de pedido lleven las siguientes indicaciones :     - un registro ante el que se hubiera abierto el   expediente mencionado en el artículo 3 , así como el   número de inscripción de la sociedad en este registro ;     - la forma de la sociedad , su domicilio social y , en   su caso , el estado de liquidación en que se   encuentra .    Si en estos documentos se hiciera mención al capital   de la sociedad , la indicación deberá referirse al   capital suscrito y desembolsado .    Artículo 5    Cada Estado miembro determinará las personas que   deberán cumplir las formalidades de la publicidad .    Artículo 6    Los Estados miembros preverán sanciones apropiadas   en caso de :     - falta de publicidad del balance y de la cuenta de   pérdidas y ganancias tal como se ordena en la letra f )   del apartado 2 del artículo 2 ;    4 . Los actos y las indicaciones que se mencionan en el   apartado 2 serán objeto , de una publicación   íntegra o en extracto , o bien bajo la forma de una   mención que señale el depósito del documento en el   expediente o su transcripción en el registro en el   boletín nacional designado por el Estado miembro .    5 . Los actos e indicaciones no serán oponibles frente   a terceros por la sociedad hasta después de la   publicación mencionada en el apartado 4 , salvo si la   sociedad demuestra que estos terceros ya tenían   conocimiento de los mismos . No obstante , para las   operaciones realizadas antes del decimosexto día   siguiente al de esta publicación , estos actos e   indicaciones no serán oponibles frente a terceros que   prueben la imposibilidad de haber tenido conocimiento de   los mismos .    6 . Los Estados miembros tomarán las medidas   necesarias para evitar cualquier discordancia entre el   contenido de la publicación en la prensa y el del   registro o expediente .    No obstante , en caso de discordancia , no podrá   oponerse a terceros el texto publicado en la   prensa ; estos , sin embargo , podrán invocarlo ,   a menos que la sociedad demuestre que hayan tenido   conocimiento del texto recogido en el expediente o   transcrito al registro .    7 . Los terceros podrán valerse siempre de los actos   e indicaciones cuyas formalidades de publicidad aun   no se hubieran cumplimentado , a menos que la falta de   publicidad les privase de efecto .     - ausencia en los documentos comerciales de las   indicaciones obligatorias mencionadas en el artículo 4 .    SECCIÓN II    Validez de los compromisos de la sociedad    Artículo 7    Si se hubieran realizado actos en nombre de una sociedad   en constitución , antes de la adquisición por ésta   de la personalidad jurídica , y si la sociedad no asumiese   los compromisos resultantes de estos actos , las personas   que los hubieran realizado serán solidaria e   indefinidamente responsables , salvo acuerdo contrario .    Artículo 8    El cumplimiento de las formalidades de publicidad   relativas a las personas que , en calidad de órgano ,   tengan el poder de obligar a la sociedad , hará que   cualquier irregularidad en su nombramiento no pueda   oponerse a terceros a menos que la sociedad demuestre   que estos terceros ya tenían conocimiento de la misma .    Artículo 9    1 . La sociedad quedará obligada frente a terceros   por los actos realizados por sus órganos , incluso si estos   actos no corresponden al objeto social de esta sociedad ,   a menos que dichos actos excedan los poderes que la ley   atribuya o permita atribuir a estos órganos .    No obstante , los Estados miembros podrán prever   que la sociedad no quedará obligada cuando estos actos   excedan los límites del objeto social , si demuestra   que el tercero sabía que el acto excedía este objeto   o no podía ignorarlo , teniendo en cuenta las   circunstancias , quedando excluido el que la sola   publicación de los estatutos sea suficiente para   constituir esta prueba .    2 . Las limitaciones a los poderes de los órganos   de la sociedad , resultantes de los órganos competentes ,   no se podrán oponer frente a terceros , incluso si se   hubieran publicado .    3 . Si la legislación nacional previera que el poder   de representación de la sociedad puede atribuirse ,   no obstante la regla legal en la materia , por los estatutos   a una o a varias personas que actúen conjuntamente , esta   legislación podrá prever la oponibilidad de esta   disposición de los estatutos frente a terceros , a   condición de que se refiera al poder general de   representación ; la oponibilidad de tal disposición   estatutaria frente a terceros estará regulada por las   disposiciones del artículo 3 .    SECCIÓN III    Nulidad de la sociedad    Artículo 10    En todos los Estados miembros cuya legislación no   prevea un control preventivo , administrativo o   judicial , en el momento de la constitución , la   escritura de constitución y los estatutos de la   sociedad , así como las modificaciones de estos   documentos , deberán constar en escritura pública .    Artículo 11    La legislación de los Estados miembros sólo podrá   organizar el régimen de nulidades de sociedades en las   condiciones siguientes :    1 . la nulidad deberá ser declarada por resolución   judicial ;    2 . los únicos casos en que podrá declararse la   nulidad son :    a ) la falta de escritura de constitución o la   inobservancia de las formalidades de control preventivo ,   o bien de la forma pública ;    b ) el carácter ilícito o contrario al orden público   del objeto de la sociedad ;    c ) la ausencia , en la escritura de constitución o   en los estatutos , de indicaciones relativas a la   denominación de la sociedad , o a las aportaciones , o   al importe del capital suscrito , o al objeto social ;    d ) la inobservancia de las disposiciones de la   legislación nacional relativas al capital social   mínimo desembolsado ;    e ) la incapacidad de todos los socios fundadores ;    f ) el hecho de que , contrariamente a la legislación   nacional que regule la sociedad , el número de socios   fundadores sea inferior a dos .    Aparte de estos casos de nulidad , las sociedades no   estarán sometidas a ninguna causa de inexistencia ,   de nulidad absoluta , de nulidad relativa o de   anulabilidad .    Artículo 12    1 . La oponibilidad a terceros de una resolución   judicial que declare la nulidad estará regulada por   las disposiciones del artículo 3 . La oposición a   terceros cuando esté prevista por el derecho nacional ,   sólo será admisible durante un plazo de seis meses   a partir de la publicación de la resolución judicial .    2 . La nulidad provocará la liquidación de la   sociedad , en la misma forma que la disolución .    3 . La nulidad no afectará por si misma a la validez   de los compromisos de la sociedad o de los contraídos   hacia ella , sin perjuicio de los efectos del estado de   liquidación .    4 . La legislación de cada Estado miembro podrá   regular los efectos de la nulidad entre los socios .    5 . Los portadores de participaciones o de acciones   seguirán estando obligados al desembolso del   capital suscrito y no desembolsado , en la medida en que   los exijan los compromisos contraídos ante los   acreedores .    SECCIÓN IV    Disposiciones generales    Artículo 13    Los Estados miembros pondrán en vigor , en un plazo   de dieciocho meses a partir de la notificación de la   directiva , las modificaciones de sus disposiciones   legales , reglamentarias o administrativas necesarias   para adaptarse a las disposiciones de la presente   Directiva e informarán de ello inmediatamente a la   Comisión .    La obligación de publicidad prevista en la letra f )   del apartado 1 del artículo 2 , entrará en vigor ,   para las sociedades anónimas de derecho neerlandés   distintas de las mencionadas en el actual artículo 42 c )   del Código mercantil neerlandés , treinta meses   después de la notificación de la presente Directiva .    Los Estados miembros podrán prever que la publicidad   relativa al texto íntegro de los estatutos , en la   redacción resultante de las modificaciones sobrevenidas   desde la constitución de la sociedad , se exija , por   primera vez , en el momento de la siguiente modificación   de los estatutos o , en su defecto , a más tardar , el   31 de diciembre de 1970 .    Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones esenciales de derecho interno   que adopten en el ámbito regulado por la presente   Directiva .    Artículo 14    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 9 de marzo de 1968 .    Por el Consejo    El Presidente    M. COUVE de MURVILLE    (1) DO n º 2 de 15 . 1 . 1962 , p. 36/62 .    (2) DO n º 96 de 28 . 5 . 1966 , p. 1519/66 .    (3) DO n º 194 de 27 . 11 . 1964 , p. 3248/64 .