title: Directiva 2010/90/UE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2010 , por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa piridabeno y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               8.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 322/38

         DIRECTIVA 2010/90/UE DE LA COMISIÓN
   de 7 de diciembre de 2010
   por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa piridabeno y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la mencionada Directiva. Dicha lista incluye el piridabeno.

               (2)

               De conformidad con el artículo 11 sexies del Reglamento (CE) no 1490/2002, el solicitante retiró su apoyo a la inclusión de dicha sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE antes de transcurridos dos meses desde la recepción del proyecto de informe de evaluación. En consecuencia, se adoptó la Decisión 2008/934/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (4), que prevé la no inclusión del piridabeno.

               (3)

               Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificante original (en lo sucesivo «el solicitante») presentó una nueva solicitud en la que pedía que se aplicara el procedimiento acelerado, tal como se prevé en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (5).

               (4)

               La solicitud se remitió a los Países Bajos, que el Reglamento (CE) no 451/2000 había designado Estado miembro ponente. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa y los usos argumentados son los mismos que fueron objeto de la Decisión 2008/934/CE. La solicitud cumple asimismo el resto de los requisitos sustantivos y de procedimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

               (5)

               Los Países Bajos evaluaron los datos adicionales presentados por el solicitante y prepararon un informe suplementario. El 15 de junio de 2009, comunicaron dicho informe a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») y a la Comisión. La Autoridad comunicó el informe suplementario a los demás Estados miembros y al solicitante para que formularan sus observaciones y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008 y a petición de la Comisión, el 28 de mayo de 2010, la Autoridad presentó su conclusión sobre el piridabeno a la Comisión (6). Los Estados miembros y la Comisión examinaron, en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, el proyecto de informe de evaluación, el informe suplementario y la conclusión de la Autoridad, y el 28 de octubre de 2010 los finalizaron en forma de informe de revisión de la Comisión relativo al piridabeno.

               (6)

               Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan piridabeno satisfagan, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Por tanto, es procedente incluir el piridabeno en el anexo I para garantizar que las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan concederse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

               (7)

               Sin perjuicio de esta conclusión, es conveniente obtener información complementaria sobre algunos puntos concretos. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE establece que la inclusión de una sustancia en el anexo I puede estar sujeta a condiciones. Por tanto, procede pedir al solicitante que presente más información para confirmar los resultados de la evaluación del riesgo sobre la base de los conocimientos científicos más recientes relativos a la exposición a los metabolitos W-1 y B-3 procedentes de la fotólisis en medio acuoso, el riesgo a largo plazo para los mamíferos y la evaluación de los residuos liposolubles.

               (8)

               Antes de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, debe permitirse que transcurra un plazo razonable a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se vayan a derivar de dicha inclusión.

               (9)

               Sin perjuicio de las obligaciones definidas en la Directiva 91/414/CEE como consecuencia de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, debe permitirse que, tras la inclusión, los Estados miembros dispongan de un plazo de seis meses para revisar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan piridabeno, con el fin de garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, así como las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar, según proceda, las autorizaciones vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado anteriormente, procede conceder un plazo más largo para la presentación y evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III para cada producto fitosanitario y cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en dicha Directiva.

               (10)

               La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (7), pone de manifiesto que pueden surgir problemas a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por lo tanto, para no añadir nuevas dificultades, es necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de comprobar que el titular de una autorización demuestre tener acceso a un expediente que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. No obstante, esta aclaración no impone a los Estados miembros ni a los titulares de autorizaciones nuevas obligaciones además de las previstas en las de directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.

               (11)

               Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

               (12)

               La Decisión 2008/934/CE prevé la no inclusión del piridabeno y la retirada de las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan esa sustancia, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. Es necesario suprimir la línea relativa al piridabeno en el anexo de dicha Decisión.

               (13)

               Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/934/CE en consecuencia.

               (14)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Se suprime la línea relativa al piridabeno en el anexo de la Decisión 2008/934/CE.
   Artículo 3
   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de octubre de 2011. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de noviembre de 2011.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 4
   1.   Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, las autorizaciones vigentes para productos fitosanitarios que contengan piridabeno como sustancia activa, a más tardar, el 1 de noviembre de 2011.
   Antes de dicha fecha comprobarán, en particular, que se cumplen las condiciones previstas en el anexo I de la Directiva por lo que se refiere al piridabeno, con excepción de los requisitos indicados en la parte B de la entrada relativa a dicha sustancia activa, y que el titular de la autorización dispone de una documentación —o tiene acceso a ella— que reúne los requisitos del anexo II de dicha Directiva de conformidad con las condiciones de su artículo 13.
   2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo producto fitosanitario autorizado que contenga piridabeno como única sustancia activa, o entre otras sustancias activas incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE no más tarde del 30 de abril de 2011, será objeto de una nueva evaluación por parte de los Estados miembros de acuerdo con los principios uniformes previstos en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, basándose en una documentación que reúna los requisitos establecidos en su anexo III y que tenga en cuenta la parte B de la entrada de su anexo I por lo que respecta al piridabeno. En función de esta evaluación, determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE.
   A raíz de dicha determinación, los Estados miembros deberán:

               a)

               en el caso de un producto que contenga piridabeno como única sustancia activa, cuando sea necesario, modificar o retirar la autorización, a más tardar, el 30 de abril de 2015; o

               b)

               en el caso de un producto que contenga piridabeno entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar, el 30 de abril de 2015, o, si es posterior, en la fecha límite que establezca la Directiva o las Directivas por las que se hayan incluido las sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

         Artículo 5
   La presente Directiva entrará en vigor el 1 de mayo de 2011.
   Artículo 6
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 7 de diciembre de 2010.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

      (2)  DO L 55 de 29.2.2000, p. 25.

      (3)  DO L 224 de 21.8.2002, p. 23.

      (4)  DO L 333 de 11.12.2008, p. 11.

      (5)  DO L 15 de 18.1.2008, p. 5.

      (6)  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa piridabeno utilizada como plaguicida. EFSA Journal 2010; 8(6):1632. [70 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1632. Disponible en línea en: www.efsa.europa.eu

      (7)  DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

      ANEXO
      Al final del cuadro del anexo I de la Directiva 91/414/CEE se añade la entrada siguiente:

                     No

                     Denominación común y números de identificación

                     Denominación UIQPA

                     Pureza (1)

                     Entrada en vigor

                     Caducidad de la inclusión

                     Disposiciones específicas

                     «318

                     Piridabeno
                     No CAS: 96489-71-3
                     No CIPAC: 583

                     2-tert-butil-5-(4-tert-butilbenziltio)-4-cloropirididazin-3(2H)-ona

                     > 980 g/kg

                     1 de mayo de 2011

                     30 de abril de 2021

                     PARTE A
                     Solo se podrán autorizar los usos como insecticida y acaricida.
                     PARTE B
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión del piridabeno, y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como se ultimó en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal el 28 de octubre de 2010.
                     En esta evaluación general, los Estados miembros deberán prestar especial atención a los siguientes aspectos:

                                 —

                                 la seguridad de los usuarios, a cuyo efecto debe estipularse en las condiciones de uso la utilización de equipos de protección individual adecuados cuando sea conveniente;

                                 —

                                 el riesgo para los organismos acuáticos y los mamíferos;

                                 —

                                 el riesgo para los artrópodos no destinatarios del producto, incluidas las abejas.

                           Las condiciones de autorización deben incluir medidas de reducción del riesgo y deberán iniciarse programas de seguimiento para verificar la exposición real de las abejas al piridabeno en zonas comúnmente utilizadas por las abejas para libar o por apicultores, cuando y según proceda.
                     Los Estados miembros afectados pedirán que se presente información confirmatoria con respecto a:

                                 —

                                 los riesgos para el compartimento de aguas derivados de la exposición a los metabolitos W-1 y B-3 procedentes de la fotólisis en medio acuoso;

                                 —

                                 el riesgo potencial a largo plazo para los mamíferos;

                                 —

                                 la evaluación de los residuos liposolubles.

                           Velarán por que el solicitante proporcione esta información confirmatoria a la Comisión, a más tardar, el 30 de abril de 2013.»

         (1)  En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de la sustancia activa.


title: Directiva 2011/4/UE de la Comisión, de 20 de enero de 2011 , por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa cicloxidim y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               21.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 18/30

         DIRECTIVA 2011/4/UE DE LA COMISIÓN
   de 20 de enero de 2011
   por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa cicloxidim y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la mencionada Directiva. Dicha lista incluye el cicloxidim.

               (2)

               De conformidad con el artículo 11 sexies del Reglamento (CE) no 1490/2002, el solicitante retiró su apoyo a la inclusión de dicha sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE antes de transcurridos dos meses desde la recepción del proyecto de informe de evaluación. En consecuencia, se adoptó la Decisión 2008/934/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (4), que prevé la no inclusión del cicloxidim.

               (3)

               Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificante original (en lo sucesivo, «el solicitante») presentó una nueva solicitud en la que pedía la aplicación del procedimiento acelerado previsto en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, pero que no figuran en su anexo I (5).

               (4)

               La solicitud se remitió a Austria, que el Reglamento (CE) no 451/2000 había designado Estado miembro ponente. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa y los usos argumentados son los mismos que fueron objeto de la Decisión 2008/934/CE. La solicitud cumple asimismo el resto de los requisitos sustantivos y de procedimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

               (5)

               Austria evaluó los datos adicionales presentados por el solicitante y preparó un informe complementario. El 2 de noviembre de 2009, transmitió dicho informe a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la EFSA») y a la Comisión. La EFSA comunicó el informe complementario a los demás Estados miembros y al solicitante para que formularan sus observaciones y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. De acuerdo con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008 y a petición de la Comisión, el 30 de junio de 2010, la EFSA presentó a la Comisión su conclusión sobre el cicloxidim (6). El proyecto de informe de evaluación, el informe complementario y la conclusión de la EFSA fueron revisados por los Estados miembros y la Comisión en el marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y finalizados el 23 de noviembre de 2010 como informe de revisión de la Comisión relativo al cicloxidim.

               (6)

               Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan cicloxidim satisfagan, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, pues, incluir el cicloxidim en el anexo I para garantizar que los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan autorizarse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

               (7)

               Sin perjuicio de esta conclusión, es conveniente obtener información complementaria sobre algunos puntos concretos. En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia en el anexo I puede estar sujeta a condiciones. Por tanto, procede pedir al solicitante que presente a la Comisión más información sobre los métodos de análisis de los residuos de cicloxidim en los productos vegetales y animales.

               (8)

               Antes de incluir una sustancia activa en el anexo I, debe dejarse que transcurra un período de tiempo razonable con el fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que resulten de la inclusión.

               (9)

               Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Directiva 91/414/CEE como consecuencia de la inclusión de una sustancia activa en su anexo I, debe concederse a los Estados miembros un plazo de seis meses después de la inclusión para revisar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan cicloxidim, a fin de garantizar que se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, así como las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar, según proceda, las autorizaciones vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado anteriormente, procede conceder un plazo más largo para la presentación y evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III para cada producto fitosanitario y cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en dicha Directiva.

               (10)

               La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (7), pone de manifiesto que pueden surgir problemas a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por lo tanto, para evitar nuevos problemas, es necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de comprobar que el titular de una autorización demuestre tener acceso a un expediente que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. Esta aclaración, no obstante, no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros o los titulares de autorizaciones respecto a las de Directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.

               (11)

               Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

               (12)

               La Decisión 2008/934/CE prevé la no inclusión del cicloxidim y la retirada de las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan esa sustancia, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. Es necesario suprimir la línea relativa al cicloxidim en el anexo de dicha Decisión.

               (13)

               Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/934/CE en consecuencia.

               (14)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Se suprime la línea relativa al cicloxidim en el anexo de la Decisión 2008/934/CE.
   Artículo 3
   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de noviembre de 2011. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán las disposiciones a partir del 1 de diciembre de 2011.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 4
   1.   Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan cicloxidim como sustancia activa a más tardar el 30 de noviembre de 2011.
   Antes de dicha fecha comprobarán, en particular, que se cumplen las condiciones previstas en el anexo I de la citada Directiva en relación con el cicloxidim, salvo las indicadas en la parte B de la entrada relativa a dicha sustancia activa, y que el titular de la autorización dispone de documentación, o tiene acceso a ella, conforme con los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva, de acuerdo con las condiciones del artículo 13 de la misma.
   2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo producto fitosanitario autorizado que contenga cicloxidim como única sustancia activa, o junto con otras sustancias activas incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE no más tarde del 31 de mayo de 2011, será objeto de una nueva evaluación por parte de los Estados miembros de acuerdo con los principios uniformes previstos en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, basándose en una documentación que reúna los requisitos establecidos en su anexo III y que tenga en cuenta la parte B de la entrada de su anexo I por lo que respecta al cicloxidim. En función de esta evaluación, determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE.
   A raíz de dicha determinación, los Estados miembros deberán:

               a)

               en el caso de un producto que contenga cicloxidim como única sustancia activa, cuando sea necesario, modificar o retirar la autorización el 31 de mayo de 2015 a más tardar, o

               b)

               en el caso de un producto que contenga cicloxidim entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de mayo de 2015, o, si es posterior, en la fecha límite que establezca la Directiva o las Directivas por las que se hayan incluido las sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

         Artículo 5
   La presente Directiva entrará en vigor el 1 de junio de 2011.
   Artículo 6
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 20 de enero de 2011.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

      (2)  DO L 55 de 29.2.2000, p. 25.

      (3)  DO L 224 de 21.8.2002, p. 23.

      (4)  DO L 333 de 11.12.2008, p. 11.

      (5)  DO L 15 de 18.1.2008, p. 5.

      (6)  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cycloxydim» (Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa cicloxidim utilizada como plaguicida). Resumen: EFSA Journal 2010; 8(7):1669. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1669. Disponible en línea en: www.efsa.europa.eu

      (7)  DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

      ANEXO
      Al final del cuadro del anexo I de la Directiva 91/414/CEE se añade la entrada siguiente:

                     No

                     Denominación común y Números de identificación

                     Denominación UIQPA

                     Pureza (1)

                     Entrada en vigor

                     Caducidad de la inclusión

                     Disposiciones específicas

                     «321

                     Cicloxidim
                     No CAS: 101205-02-1
                     No CICAP: 510

                     (5RS)-2-[(EZ)-1-(etoxiimino)butil]-3-hidroxi-5-[(3RS)-tian-3-il]ciclohex-2-en-1-ona

                     ≥ 940 g/kg

                     1 de junio de 2011

                     31 de mayo de 2021

                     PARTE A
                     Solo se podrán autorizar los usos como herbicida.
                     PARTE B
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión del cicloxidim, y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como se ultimó en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal el 23 de noviembre de 2010.
                     En esta evaluación global, los Estados miembros deberán atender especialmente al riesgo para las plantas no diana.
                     Cuando proceda, las condiciones de uso deberán incluir medidas de reducción del riesgo.
                     Los Estados miembros afectados solicitarán la presentación de más información sobre los métodos de análisis de los residuos de cicloxidim en los productos vegetales y animales.
                     Los Estados miembros afectados velarán por que el solicitante presente a la Comisión dichos métodos de análisis a más tardar el 31 de mayo de 2013.»

         (1)  En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de la sustancia activa.


Avis juridique important

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32000L0046

Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades

Diario Oficial n° L 275 de 27/10/2000 p. 0039 - 0043

Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejode 18 de septiembre de 2000sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidadesEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y tercera del apartado 2 de su artículo 47,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),Considerando lo siguiente:(1) Las entidades de crédito tal como se definen en la letra b) del párrafo primero del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE(5) tienen un ámbito de actividad limitado.(2) Es necesario tener en cuenta las características específicas de estas entidades y disponer las medidas apropiadas para coordinar y armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión cautelar de dichas entidades.(3) A efectos de la presente Directiva, se considerará el dinero electrónico como un substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, almacenado en un soporte electrónico como, por ejemplo, una tarjeta inteligente o la memoria de un ordenador y que, en general, está pensado para efectuar pagos electrónicos de cuantía limitada.(4) El enfoque adoptado resulta adecuado para alcanzar únicamente el grado necesario y suficiente de armonización con objeto de asegurar el reconocimiento mutuo de la autorización y la supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico, de tal modo que sea posible conceder una única licencia reconocida en el conjunto del territorio comunitario y concebida para dar confianza al portador y aplicar el principio de que la supervisión cautelar compete al Estado miembro de origen.(5) En el contexto más amplio del comercio electrónico, que evoluciona rápidamente, conviene establecer un marco normativo que permita aprovechar plenamente todas las ventajas derivadas del dinero electrónico, evitando, en particular, obstaculizar la innovación tecnológica; por consiguiente, la presente Directiva introduce un marco jurídico neutro desde el punto de vista tecnológico que armoniza la supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico en la medida necesaria para garantizar su gestión responsable y prudente, así como su integridad financiera en particular.(6) En virtud del punto 5 del anexo I de la Directiva 2000/12/CE, las entidades de crédito ya pueden emitir y gestionar medios de pago, incluido el dinero electrónico, así como desarrollar tales actividades en todo el territorio comunitario, estando sujetas al reconocimiento mutuo y al sistema global de supervisión cautelar que se les aplica de conformidad con las Directivas bancarias europeas.(7) La introducción de un régimen específico de supervisión cautelar para las entidades de dinero electrónico que, aunque basado en el régimen aplicable a otras entidades de crédito, y particularmente en la Directiva 2000/12/CE, excepto los capítulos 2 y 3 de su título V, difiera de tal régimen, está justificada y es conveniente por el hecho de que la emisión de dinero electrónico no constituye por sí misma, dado su carácter específico de substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, una actividad de recepción de depósitos con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2000/12/CE, si los fondos recibidos se cambian de inmediato por dinero electrónico.(8) La recepción de fondos del público a cambio de dinero electrónico, que se plasma en un saldo acreedor con la institución emisora y disponible en una cuenta, constituye la recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables a los efectos de la Directiva 2000/12/CE.(9) Es necesario que el dinero electrónico pueda reembolsarse para dar confianza al portador; la posibilidad de obtener el reembolso no supone, en sí misma, que los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico se consideren como depósitos u otros fondos reembolsables a los efectos de la Directiva 2000/12/CE.(10) El reembolso deberá entenderse siempre hecho al valor nominal.(11) A fin de afrontar los riesgos concretos inherentes a la emisión de dinero electrónico, este régimen de supervisión cautelar debe ser más específico y, por consiguiente, menos oneroso que el régimen de supervisión cautelar aplicable a las entidades de crédito, especialmente en lo que se refiere a los requisitos reducidos de capital inicial y a la inaplicación de la Directiva 93/6/CEE(6) y de las secciones II y III del capítulo 2 del título V de la Directiva 2000/12/CE.(12) No obstante, es necesario mantener la igualdad de condiciones entre las entidades de dinero electrónico y las demás entidades de crédito que emiten dinero electrónico, para garantizar así una competencia leal entre una gama más amplia de entidades en beneficio de los portadores. Esto se logra siempre que los aspectos menos onerosos del régimen de supervisión cautelar aplicable a las entidades de dinero electrónico estén compensados por disposiciones más restrictivas que las aplicables a las otras entidades de crédito, especialmente en lo que se refiere a la limitación de las actividades comerciales que pueden llevar a cabo las entidades de dinero electrónico y, en particular, a las limitaciones de sus inversiones dictadas por la prudencia encaminadas a garantizar que sus obligaciones financieras relacionadas con el dinero electrónico en circulación estén respaldadas en todo momento por activos con un grado de liquidez suficiente y bajo riesgo.(13) Hasta tanto tenga lugar la armonización de la supervisión cautelar de las actividades subcontratadas de las entidades de crédito, resulta conveniente que las entidades de dinero electrónico dispongan de unos procedimientos de gestión y control que sean responsables y prudentes. Teniendo en cuenta la posibilidad de que las funciones operativas y otras funciones auxiliares relacionadas con la emisión de dinero electrónico sean efectuadas por empresas no sometidas a la supervisión cautelar, resulta esencial que las entidades de dinero electrónico dispongan de estructuras internas que puedan asumir los riesgos financieros y no financieros a los que están expuestas.(14) La emisión de dinero electrónico puede afectar a la estabilidad del sistema financiero y al buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Debe existir una estrecha cooperación para evaluar la integridad de los sistemas de dinero electrónico.(15) Es adecuado ofrecer a las autoridades competentes la posibilidad de eximir de algunas o de la totalidad de las exigencias impuestas por la presente Directiva a entidades de dinero electrónico que operen únicamente dentro del territorio de los respectivos Estados miembros.(16) La adopción de la presente Directiva constituye el medio más indicado para alcanzar los objetivos perseguidos y no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.(17) Debería preverse una revisión de la presente Directiva a la luz de la experiencia obtenida a partir de la evolución del mercado y la protección de los portadores de dinero electrónico.(18) Se ha consultado al Comité consultivo bancario sobre la adopción de la presente Directiva.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Ámbito de aplicación, definiciones y limitación de actividades1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de dinero electrónico.2. No se aplicará a las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 2000/12/CE.3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:a) "entidad de dinero electrónico": una empresa o cualquier otra persona jurídica distinta de una entidad de crédito tal como se define en la letra a) del párrafo primero del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE, que emita medios de pago en forma de dinero electrónico;b) "dinero electrónico": un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor:i) almacenado en un soporte electrónico,ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario emitido,iii) aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor.4. Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito, tal como se definen en el párrafo primero punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE, el ejercicio de la actividad comercial de emitir dinero electrónico.5. Las actividades comerciales de las entidades de dinero electrónico distintas de la emisión de dinero electrónico se limitarán a las siguientes:a) la prestación de servicios financieros y no financieros estrechamente relacionados con la emisión de dinero electrónico, tales como la gestión de dinero electrónico mediante el ejercicio de funciones operativas y otras funciones auxiliares en relación con su emisión, y la emisión y gestión de otros medios de pago, con exclusión de la concesión de cualquier forma de crédito; yb) el almacenamiento de información en el soporte electrónico en nombre de otras empresas u organismos públicos.Las entidades de dinero electrónico no deberán tener participaciones en otras empresas salvo en el caso de que estas últimas ejerzan funciones operativas u otras funciones suplementarias en relación con el dinero electrónico emitido o distribuido por la entidad de que se trate.Artículo 2Aplicación de las Directivas bancarias1. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, únicamente las referencias a entidades de crédito que figuran en la Directiva 91/308/CEE(7) y en la Directiva 2000/12/CE, excepto el capítulo 2 de su título V, se aplicarán a las entidades de dinero electrónico.2. No se aplicarán los artículos 5, 11, 13 y 19, el apartado 7 del artículo 20, y los artículos 51 y 59 de la Directiva 2000/12/CE. Los acuerdos de reconocimiento mutuo previstos en la Directiva 2000/12/CE no se aplicarán a las actividades comerciales de las entidades de dinero electrónico distintas de la emisión de dinero electrónico.3. La recepción de fondos a que se hace referencia en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 1 no constituirá un depósito u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2000/12/CE, si los fondos recibidos se cambian inmediatamente por dinero electrónico.Artículo 3Reembolso1. El portador de dinero electrónico podrá, durante el período de validez, solicitar al emisor que se lo reembolse al valor nominal por monedas y billetes de banco o por transferencia a una cuenta sin otros gastos que aquéllos que resulten estrictamente necesarios para realizar la operación.2. El contrato entre el emisor y el portador estipulará claramente las condiciones de reembolso.3. El contrato podrá prever un límite mínimo para el reembolso. El límite no podrá superar los diez euros.Artículo 4Requisitos relativos al capital inicial y a los fondos propios permanentes1. El capital inicial de las entidades de dinero electrónico, tal como se define en los puntos 1 y 2 del apartado 2 del artículo 34 de la Directiva 2000/12/CE, no será inferior a un millón de euros. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 siguientes, sus fondos propios, tal como se definen en la Directiva 2000/12/CE, no podrán reducirse por debajo de dicho importe.2. De forma permanente, los fondos propios de las entidades de dinero electrónico serán equivalentes o superiores al 2 % del importe corriente de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación o de la media de los seis meses precedentes del importe global de dichas obligaciones financieras, si esta última magnitud fuese superior.3. Cuando una entidad de dinero electrónico no haya completado un ejercicio de actividad de seis meses, incluido el día del inicio de la misma, sus fondos propios deberán ser iguales o superiores al 2 % del importe corriente de sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación, o del importe global de dichas obligaciones financieras previsto para el período de seis meses si este último importe fuese superior. Este importe global será el que conste en su plan de actividades, sin perjuicio de cualquier ajuste de dicho plan que puedan exigir las autoridades competentes.Artículo 5Limitación de inversiones1. Las entidades de dinero electrónico podrán invertir por un importe no inferior a sus obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación únicamente en los activos que figuran a continuación:a) activos que, conforme a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la letra a) del apartado 1 del artículo 43 y al apartado 1 del artículo 44 de la Directiva 2000/12/CE, tengan una ponderación del riesgo de crédito del 0 % y un grado de liquidez suficiente;b) depósitos a la vista mantenidos en entidades de crédito de la zona A tal como se definen en la Directiva 2000/12/CE; yc) instrumentos de deuda que cumplan los requisitos siguientes:i) que tengan un grado de liquidez suficiente,ii) que no estén cubiertos por lo dispuesto en la letra a) del apartado 1,iii) que estén reconocidos por las autoridades competentes como elementos cualificados conforme a lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 2 de la Directiva 93/6/CEE, yiv) que sean emitidos por empresas distintas de aquéllas que tengan una participación cualificada, según se define en el artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE, en la entidad de dinero electrónico de que se trate, o que deban ser incluidos en las cuentas consolidadas de tales empresas.2. Las inversiones mencionadas en las letras b) y c) del apartado 1 no podrán exceder en veinte veces el volumen de los fondos propios de la entidad de dinero electrónico de que se trate y estarán sujetas a limitaciones por lo menos tan estrictas como las aplicables a las entidades de crédito de conformidad con la sección III del capítulo 2 del título V de la Directiva 2000/12/CE.3. A efectos de la cobertura de los riesgos de mercado derivados de la emisión de dinero electrónico y de las inversiones a que se refiere el apartado 1, las entidades de dinero electrónico podrán utilizar cuentas de orden relacionadas con tipos de interés y tipos de cambio con un grado de liquidez suficiente en forma de productos derivados negociados en mercados organizados sujetos a límites legales diarios o los contratos sobre tipos de cambios de divisas con un vencimiento inicial igual o inferior a catorce días naturales. La utilización de productos derivados con arreglo a lo dispuesto en la primera frase sólo será admisible cuando se procure eliminar en su totalidad los riesgos de mercado y, en la medida de lo posible, se consiga este objetivo.4. Los Estados miembros impondrán limitaciones apropiadas a los riesgos de mercado en que puedan incurrir las entidades de dinero electrónico como consecuencia de las inversiones a que se refiere el apartado 1.5. A efectos de la aplicación del apartado 1, los activos se valorarán al precio de coste o, en caso de ser menor, al precio de mercado.6. Si el valor de los activos a que se hace referencia en el apartado 1 es inferior al importe de las obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación, las autoridades competentes habrán de garantizar que la entidad de dinero electrónico considerada toma las medidas apropiadas para poner remedio rápidamente a la situación. Con este fin, y únicamente durante un período transitorio, las autoridades competentes podrán permitir que las obligaciones financieras de la entidad derivadas del dinero electrónico en circulación sean respaldadas por activos distintos de los contemplados en el apartado 1, y ello por un importe no superior al 5 % de estas obligaciones, o por el importe total de los fondos propios de la entidad en caso de que esta cifra sea inferior.Artículo 6Verificación de los requisitos específicos por parte de las autoridades competentesLas autoridades competentes velarán por que, como mínimo dos veces al año, los cálculos que justifican el cumplimiento de los artículos 4 y 5 sean efectuados bien por las propias entidades de dinero electrónico, quienes los comunicarán a las autoridades competentes junto con todos los elementos de cálculo necesarios, bien por las autoridades competentes, utilizando los datos facilitados por las entidades de dinero electrónico.Artículo 7Gestión responsable y prudenteLas entidades de dinero electrónico llevarán a cabo una gestión y aplicarán procedimientos administrativos y contables responsables y prudentes y adoptarán mecanismos de control interno adecuados. Éstos deberán responder a los riesgos financieros y no financieros a los que estén expuestas dichas entidades, incluidos los riesgos técnicos y de procedimiento, así como los riesgos relativos a su cooperación con cualquier empresa que ejerza funciones operativas u otras funciones auxiliares relativas a sus actividades comerciales.Artículo 8Exenciones1. Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones de la presente Directiva y de la aplicación de la Directiva 2000/12/CE a las entidades de dinero electrónico en los casos siguientes:a) cuando todas las actividades comerciales del tipo indicado en la letra a) del apartado 3 del artículo 1 que lleve a cabo dicha entidad generen unas obligaciones financieras derivadas del dinero electrónico en circulación cuyo importe total no exceda normalmente de 5 millones de euros y en ningún caso exceda de 6 millones de euros; ob) cuando el dinero electrónico emitido por la entidad sea aceptado como medio de pago únicamente por cualquier filial de la entidad que realice funciones operativas u otras funciones auxiliares relativas al dinero electrónico emitido o distribuido por la entidad, cualquier empresa matriz de la entidad o por cualquier otra filial de dicha empresa matriz; oc) cuando el dinero electrónico emitido por la entidad sea aceptado como pago únicamente por un reducido número de empresas que puedan identificarse claramente por:i) su ubicación en las mismas instalaciones u otras zonas locales delimitadas, oii) su estrecha relación financiera o comercial con la entidad emisora, por ejemplo, un régimen de comercialización o distribución común.Las cláusulas contractuales deberán estipular que el dispositivo electrónico de almacenamiento a disposición de los portadores a los efectos de realizar pagos estará sujeto a un importe máximo de aprovisionamiento que no excederá de 150 euros.2. Las entidades de dinero electrónico a las que se haya concedido una exención en virtud del apartado 1 del presente artículo no se beneficiarán de las disposiciones en materia de reconocimiento mutuo previstas en la Directiva 2000/12/CE.3. Los Estados miembros exigirán que todas las entidades de dinero electrónico eximidas de la aplicación de la presente Directiva y de la Directiva 2000/12/CE informen periódicamente de sus actividades, incluido el importe total de obligaciones financieras relacionadas con el dinero electrónico.Artículo 9Derechos adquiridosSe presumirá que están autorizadas las entidades de dinero electrónico sujetas a la presente Directiva que hayan iniciado sus actividades de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el que tengan su domicilio social antes de la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, o bien de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 10, si ésta ocurriese con anterioridad. Los Estados miembros obligarán a tales entidades de dinero electrónico a presentar toda la información pertinente a las autoridades competentes, con objeto de que éstas puedan determinar, dentro de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, si dichas entidades se ajustan a los requisitos de la presente Directiva, qué medidas han de adoptarse para garantizar su cumplimiento o si procede retirar la autorización. Si, dentro de un plazo de seis meses desde la fecha contemplada en eI apartado 1 del artículo 10, no se ha garantizado el cumplimiento, la entidad de dinero electrónico no se beneficiará del reconocimiento mutuo una vez transcurrido dicho plazo.Artículo 10Aplicación1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 27 de abril de 2002. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 11RevisiónA más tardar el 27 de abril de 2005, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, y en particular sobre:- las medidas para proteger a los portadores de dinero electrónico, incluyendo la posible necesidad de establecer un sistema de garantía,- los requisitos de capital,- las exenciones, y- la posible necesidad de prohibir el pago de intereses por los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico,acompañado, en su caso, de propuestas para su revisión.Artículo 12Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 13Los destinatarios de Ia presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 18 de septiembre de 2000.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaN. FontainePor el ConsejoEl PresidenteH. Védrine(1) DO C 317 de 15.10.1998, p. 7.(2) DO C 101 de 12.4.1999, p. 64.(3) DO C 189 de 6.7.1999, p. 7.(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 15 de abril de 1999 (DO C 219 de 30.7.1999, p. 415), confirmado el 27 de octubre de 1999; Posición común del Consejo de 29 de noviembre de 1999 (DO C 26 de 28.1.2000, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 11 de abril de 2000 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 16 de junio de 2000.(5) Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. (DO L 126 de 26. 5.2000, p. 1); Directiva modificada por la Directiva 2000/28/CE (véase la página 37 del presente Diario Oficial).(6) Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de 11.6.1993, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29).(7) Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77).


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31994L0057

Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas

Diario Oficial n° L 319 de 12/12/1994 p. 0020 - 0027 Edición especial en finés : Capítulo 7 Tomo 5 p. 0178  Edición especial sueca: Capítulo 7 Tomo 5 p. 0178

DIRECTIVA 94/57/CE DEL CONSEJO de 22 de noviembre de 1994 sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimasEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 84,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (3),Considerando que, mediante una Resolución de 8 de junio de 1993 relativa a una política común de seguridad marítima, el Consejo fijó el objetivo de retirar de las aguas comunitarias todos aquellos buques que no cumplieran las normas y dio prioridad a la acción comunitaria destinada a asegurar la aplicación de forma efectiva y uniforme de las normas internacionales mediante la elaboración de normas comunes para las sociedades de clasificación (4);Considerando que la seguridad y la prevención de la contaminación marítima podrán mejorar de forma real, aplicando estrictamente los convenios, códigos y resoluciones internacionales y promoviendo al mismo tiempo el objetivo de la libertad de prestación de servicios;Considerando que es responsabilidad de los Estados de pabellón y del puerto controlar que los buques cumplan la normativa internacional uniforme en materia de seguridad y prevención de la contaminación marítimas;Considerando que los Estados miembros son responsables de la expedición de los certificados de seguridad y contaminación establecidos por Convenios como SOLAS 74, Load Lines 66 y MARPOL 73/78, y de la aplicación de sus disposiciones;Considerando que, de conformidad con dichos Convenios, todos los Estados miembros pueden autorizar a organizaciones técnicas, en distinta medida, para la certificación de este cumplimiento, y que pueden delegar la expedición de los correspondientes certificados de seguridad;Considerando que, a escala mundial, gran parte de las sociedades de clasificación no garantizan ni el adecuado cumplimiento de la normativa ni una adecuada fiabilidad cuando actúan en nombre de las administraciones nacionales, dado que no poseen estructuras ni experiencia adecuada que les permitan desempeñar sus deberes de forma altamente profesional;Considerando que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente, actuando por separado, el objetivo consistente en someter a las sociedades de clasificación a normas adecuadas, objetivo que la Comunidad puede alcanzar mejor;Considerando que el proceder adecuado consiste en una Directiva del Consejo que establezca criterios mínimos para el reconocimiento de las organizaciones, dejando el propio reconocimiento, los medios para su aplicación y el desarrollo de la Directiva a los Estados miembros;Considerando que los estándares EN 45004 y EN 29001, junto con los de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), constituyen una adecuada garantía de la calidad de las organizaciones;Considerando que la expedición del certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga debe confiarse a organismos privados que cuenten con conocimientos técnicos y personal cualificado suficientes;Considerando que las organizaciones que deseen ser reconocidas a efectos de la presente Directiva deberán presentar a los Estados miembros una completa información y pruebas de que cumplen los criterios mínimos, y que los Estados miembros deberán notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros las organizaciones que hayan reconocido;Considerando que la Comisión podrá conceder un reconocimiento de tres años a organizaciones que no cumplan los criterios que fijan el número y tonelaje mínimos de los buques clasificados y el número mínimo de peritos de dedicación exclusiva que estipula el Anexo, pero que cumplan todos los demás criterios; que deberá concederse a dichas organizaciones una prórroga del reconocimiento tras el período de tres años, siempre que sigan cumpliendo iguales criterios; que los efectos del reconocimiento de tres años deben limitarse a los Estados requirentes y sólo durante dicho período;Considerando que el establecimiento del mercado común supone la libre circulación de servicios, de forma que no podrá impedirse a las organizaciones que cumplan una serie de criterios comunes que garanticen su profesionalidad y fiabilidad, prestar sus servicios dentro de la Comunidad, siempre que un Estado miembro haya delegado dichos deberes oficiales; que dicho Estado miembro podrá, no obstante, limitar el número de organizaciones que autorice con arreglo a sus necesidades basándose en razones objetivas y transparentes, con supeditación al control que ejerza la Comisión mediante los procedimientos de comitología;Considerando que la aplicación del principio de la libre prestación de servicios de inspección y examen de buques podrá ser gradual, pero no superar los plazos prescritos;Considerando que es necesaria una más rigurosa participación de las administraciones nacionales en la vigilancia de los buques y en la expedición de los correspondientes certificados con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa internacional de seguridad, aun en el caso de que los Estados miembros confíen a organizaciones ajenas a su administración la realización de sus deberes oficiales; que es conveniente, por lo tanto, establecer una estrecha relación funcional entre las administraciones y las organizaciones, que puede requerir que la organización cuente con una representación local en el territorio del Estado miembro por cuyo encargo realiza sus tareas;Considerando que procede establecer un comité de reglamentación integrado por representantes de los Estados miembros con el fin de asistir a la Comisión en su labor de garantizar efectivamente la aplicación de la actual normativa sobre seguridad marítima y medio ambiente, tomando en cuenta asimismo los procedimientos nacionales de ratificación;Considerando que la Comisión deberá actuar de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 13 para tener debidamente presentes los progresos alcanzados en los foros internacionales y actualizar los criterios mínimos;Considerando que, sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros, de conformidad con el artículo 11, sobre la actuación de las organizaciones que operan en su nombre, la Comisión decidirá si va a pedir a los Estados miembros que retiren el reconocimiento a organizaciones que hayan dejado de cumplir los criterios comunes mínimos, de conformidad con el procedimiento del artículo 13;Considerando que, no obstante, los Estados miembros deberán tener la posibilidad de suspender su autorización a una organización por motivos de peligro grave para la seguridad o el medio ambiente; que la Comisión deberá decidir con rapidez, de conformidad con el citado procedimiento, si procede anular una medida nacional de este carácter;Considerando que cada Estado miembro deberá evaluar periódicamente la actuación de las organizaciones que operan en su nombre y facilitar a la Comisión y a los demás Estados miembros una información precisa sobre esta actuación;Considerando que los Estados miembros, en calidad de autoridades portuarias, tienen la obligación de mejorar la seguridad y la prevención de la contaminación de las aguas comunitarias mediante la inspección prioritaria de los buques dotados de certificados de organizaciones que no cumplan los criterios comunes, asegurando con ello que los buques que enarbolen pabellón de un país tercero no reciban un trato más favorable;Considerando que el procedimiento adecuado para el funcionamiento del Comité es el procedimiento III a) del artículo 2 de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5);Considerando que las sociedades de clasificación deben actualizar y hacer cumplir sus normas técnicas, con objeto de armonizar las normas de seguridad y asegurar el cumplimiento uniforme de la normativa internacional de la Comunidad;Considerando que en la actualidad no existe una normativa internacional uniforme a la que deban adecuarse todos los buques en la fase de construcción y a lo largo de su vida útil en lo que se refiere al casco, a la maquinaria y a las instalaciones eléctricas y de control; que dicha normativa puede establecerse de conformidad con las normas de sociedades de clasificación reconocidas o con estándares equivalentes que deberán decidir las administraciones nacionales de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (6),HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 La presente Directiva establece medidas que deberán seguir los Estados miembros y las organizaciones encargados de la inspección, el peritaje y la certificación de los buques en cumplimiento de los Convenios internacionales sobre seguridad en el mar y prevención de la contaminación marítima, avanzando al mismo tiempo en el objetivo de la libertad de prestación de servicios. Este proceso comprende el desarrollo y aplicación de requisitos de seguridad para el casco, la maquinaria y las instalaciones eléctricas y de control de los buques comprendidos en el ámbito de aplicación de los Convenios internacionales.Artículo 2 A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:a) «buque»: todo buque comprendido en el ámbito de aplicación de los Convenios internacionales;b) «buque que enarbola pabellón de un Estado miembro»: un buque registrado en un Estado miembro y que enarbole pabellón de dicho Estado miembro, de conformidad con la legislación de este último, incluidos los buques registrados en Euros, una vez aprobado dicho Registro por el Consejo. Los buques que no correspondan a la presente definición se asimilarán a buques que enarbolan pabellón de un país tercero;c) «inspecciones y peritajes»: las inspecciones y peritajes obligatorios en virtud de los Convenios internacionales;d) «Convenios internacionales»: el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 1974, el Convenio internacional sobre líneas de carga de 1966 y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973/78, junto con sus protocolos y modificaciones, así como los correspondientes Códigos de carácter obligatorio en todos los Estados miembros, vigentes en el momento de la adopción de la presente Directiva;e) «organización»: una sociedad de clasificación u otra entidad privada que efectúe labores de evaluación de la seguridad en nombre de una administración;f) «organizaciones reconocidas»: las organizaciones reconocidas de conformidad con el artículo 4;g) «autorización»: el acto por el cual un Estado miembro acredita a una organización reconocida o delega en ella;h) «certificado»: un certificado expedido por o en nombre de un Estado miembro de conformidad con los Convenios internacionales;i) «certificado de clasificación»: un documento expedido por una sociedad de clasificación, en el que se certifica la capacidad estructural y mecánica de un buque para un uso o servicio particular de conformidad con sus normas y reglamentos;j) «certificado de seguridad radiotelefónica para buque de carga»: el certificado introducido por los Reglamentos de Radiocomunicaciones SOLAS 74/78 revisados, adoptados por la OMI, que incluye durante un período transitorio que finalizará el 1 de febrero de 1999, el Certificado de seguridad radiotelegráfica para buque de carga y el Certificado de seguridad radiotelefónica para buque de carga.k) «establecimiento»: el lugar del domicilio social, de la administración central o del principal centro de operaciones de una organización.Artículo 3 1. En cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones en virtud de los Convenios internacionales, los Estados miembros deberán garantizar que sus administraciones competentes puedan asegurar un cumplimiento adecuado de las disposiciones de los Convenios internacionales, especialmente en lo que se refiere a la inspección y peritaje de los buques y a la expedición de certificados y de certificados de exención.2. Cuando, a efectos del apartado 1, un Estado miembro decida, en relación con los buques de su propio pabellón:i) autorizar a organizaciones a efectuar, total o parcialmente, las inspecciones y peritajes relacionados con los Certificados, incluidos los necesarios para la evaluación del cumplimiento del artículo 14 y cuando proceda, a extender o renovar los Certificados correspondientes, oii) confiar a organizaciones la realización total o parcial de las inspecciones y peritajes mencionados en el punto i),sólo podrá confiar estas tareas a organizaciones reconocidas.La Administración competente aprobará en todos los casos la primera concesión de los certificados de exención.No obstante, en el caso del Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga, estas tareas podrán confiarse a entidades privadas reconocidas por una Administración competente y que tengan experiencia y personal cualificado suficientes para llevar a cabo en su nombre trabajos específicos de evaluación de seguridad en materia de radiocomunicaciones.3. El presente artículo no se refiere a la certificación de componentes específicos de los equipos marinos.Artículo 4 1. Los Estados miembros sólo podrán reconocer a aquellas organizaciones que cumplan los criterios establecidos en el Anexo. Las organizaciones presentarán a los Estados miembros a los que se haya solicitado el reconocimiento una información completa, con el fin de probar que reúnen estos criterios. Los Estados miembros notificarán su reconocimiento a las organizaciones en la forma que proceda.2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros las organizaciones que haya reconocido.3. Los Estados miembros podran presentar a la Comisión una solicitud de reconocimiento de tres años para organizaciones que respondan a todos los criterios del Anexo con excepción de los enumerados en los puntos 2 y 3 de la sección «Generales» del mencionado Anexo.Este reconocimiento se concederá de conformidad con el procedimiento del artículo 13. Los efectos del reconocimiento se limitarán a los Estados miembros que hayan presentado una solicitud de reconocimiento.4. Todas las organizaciones a las cuales se conceda el reconocimiento serán examinadas estrechamente por el Comité creado en virtud del artículo 7, incluso con miras a resolver sobre prórrogas del reconocimiento de organizaciones a que se refiere el apartado 3. Las decisiones relativas a la prórroga de dicho reconocimiento no tendrán en cuenta los criterios que recogen los puntos 2 y 3 de la sección «Generales» del Anexo. Dejará de ser aplicable la limitación de los efectos del reconocimiento que estipula el apartado 3.5. La Comisión elaborará y actualizará una lista de las organizaciones que los Estados miembros hayan notificado en cumplimiento de los apartados 1, 3 y 4. Dicha lista se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 5 1. Al aplicar el punto i) del apartado 2 del artículo 3, los Estados miembros no podrán negarse en principio a autorizar a una organización reconocida establecida en la Comunidad el ejercicio de dichas funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 11. No obstante, podrán limitar el número de organizaciones a las que conceda dicha autorización en función de sus necesidades, a tenor de razones objetivas y transparentes. A petición de un Estado miembro, la Comisión adoptará medidas apropiadas de conformidad con el procedimiento que estipula el artículo 13.2. Con carácter de excepción, los Estados miembros podrán quedar temporalmente exentos de la aplicación de las disposiciones del apartado 1 hasta el 31 de diciembre de 1997.3. Para que un Estado miembro acepte que una organización establecida en un país tercero lleve a cabo las tareas mencionadas en el artículo 3, o parte de ellas, podrá pedir al país tercero el reconocimiento recíproco de las organizaciones reconocidas establecidas en la Comunidad.Artículo 6 1. Los Estados miembros que decidan actuar en la forma descrita en el apartado 2 del artículo 3, establecerán una relación de trabajo entre la administración competente y las organizaciones que actúen en su nombre.2. Esta relación de trabajo estará regida por un acuerdo formal por escrito y no discriminatorio o régimen jurídico equivalente que establezca los deberes y funciones específicos asumidos por la organización, y que incluirá, al menos:- las disposiciones establecidas en el apéndice II de la Resolución IMO A.739 (18) sobre directrices para la autorización de organizaciones que actúen en nombre de la administración, en su versión vigente en la fecha de adopción de la presente Directiva;- a una auditoría periódica, efectuada por la administración o por una entidad externa imparcial designada por ésta, de las tareas que las organizaciones realicen en nombre de la administración;- la facultad de inspeccionar al azar y pormenorizadamente los buques;- disposiciones sobre la comunicación de informaciones esenciales sobre su flota clasificada, los cambios de clasificación o la desclasificación de buques.3. Dicho acuerdo o régimen jurídico equivalente podrá imponer el requisito de que la organización reconocida cuente con una representación local en el territorio del Estado miembro en cuyo nombre desempeña las funciones mencionadas en el artículo 3. Las representaciones locales de carácter jurídico que tengan personalidad jurídica de acuerdo con la legislación del Estado miembro y la competencia de sus tribunales nacionales podrán satisfacer dicho requisito.4. Cada Estado miembro facilitará a la Comisión información precisa sobre la relación funcional estable establecida de conformidad con el presente artículo. La Comisión informará seguidamente a los demás Estados miembros.Artículo 7 La Comisión estará asistida por un Comité integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Este Comité será convocado por la Comisión al menos una vez al año y siempre que sea necesario en el caso de la suspensión de la autorización de una organización por parte de un Estado miembro en virtud de las disposiciones del artículo 10.El Comité establecerá su propio reglamento interno.Artículo 8 1. La presente Directiva podrá ser modificada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 13, con el fin de:- aplicar a efectos de la presente Directiva modificaciones posteriores que hayan entrado en vigor de los Códigos internacionales y de la Resolución mencionados en la letra d) del artículo 2 y en el apartado 2 del artículo 6;- actualizar los criterios del Anexo, en particular teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la OMI.2. Tras la adopción de nuevos instrumentos o protocolos de los Convenios a que se refiere la letra d) del artículo 2, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determinará, teniendo en cuenta los procedimientos parlamentarios de los Estados miembros así como los procedimientos correspondientes de la OMI, las modalidades de ratificación de esos nuevos instrumentos o protocolos, velando por que sean aplicados de manera uniforme y simultánea en los Estados miembros.Artículo 9 1. Se podrá solicitar a los Estados miembros que, con arreglo al procedimiento que establece el artículo 13, retiren el reconocimiento de las organizaciones reconocidas contempladas en el artículo 4 que hayan dejado de cumplir los criterios establecidos en el Anexo, cuando ello sea de aplicación.2. En la preparación de los proyectos de una decisión relativa a las materias a que se refiere el apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta los informes y datos mencionados en los artículos 11 y 12. En la preparación de dichos proyectos de decisión, la Comisión prestará particular atención a los datos sobre la actuación de las organizaciones en materia de seguridad y prevención de la contaminación. Los proyectos de decisión relacionados con las materias a que hace referencia el apartado 1 serán también presentados al Comité por la Comisión por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro.Artículo 10 No obstante los criterios especificados en el Anexo, cuando un Estado miembro considere que una organización reconocida no puede seguir siendo autorizada a desempeñar en su nombre las tareas especificadas en el artículo 3, podrá suspender dicha autorización.En tales circunstancias, se aplicará el siguiente procedimiento:a) el Estado miembro informará de inmediato a la Comisión y a los demás Estados miembros de su decisión y expondrá sus motivos;b) la Comisión estudiará si la suspensión está justificada por razones de peligro grave para la seguridad o el medio ambiente;c) actuando con arreglo al procedimiento que establece el artículo 13, la Comisión notificará al Estado miembro si su decisión de suspender la autorización está o no justificada por razones de peligro grave para la seguridad o el medio ambiente y, cuando no esté justificada, pedirá al Estado miembro que la retire.Artículo 11 1. Cada Estado miembro velará por que las organizaciones reconocidas que actúen en su nombre a efectos del apartado 2 del artículo 3, lleven a cabo efectivamente las funciones mencionadas en dicho artículo de forma satisfactoria para las administraciones competentes, y por que dichas organizaciones cumplan los criterios especificados en el Anexo. El Estado miembro podrá, para ello, hacer que su administración competente supervise directamente a las organizaciones reconocidas, o bien, en el caso de organizaciones establecidas en otro Estado miembro, contar con la supervisión efectuada por la administración de otro Estado miembro.2. Cada Estado miembro efectuará esta supervisión con carácter bienal y facilitará a los demás Estados miembros y a la Comisión un informe de los resultados de la supervisión antes del 31 de marzo del año siguiente a los años evaluados.3. Cuando un Estado miembro opte, para llevar a cabo dicha tarea, por contar con la supervisión efectuada por otro Estado miembro, presentará su informe a más tardar el 30 de junio del año siguiente al año evaluado.4. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión y a los demás Estados miembros toda información pertinente para la valoración de la actuación de las organizaciones.Artículo 12 1. En el ejercicio de sus derechos y obligaciones de inspección en calidad de Estados portuarios, los Estados miembros:a) garantizarán que los buques con pabellón de un país tercero no reciban un trato más favorable que los buques autorizados para navegar bajo pabellón de un Estado miembro. En este sentido, se adoptará como uno de los criterios primordiales para seleccionar los buques que se vayan a inspeccionar el hecho de saberse que los certificados del buque, y el certificado de clasificación, hayan sido expedidos por una organización que no se ajuste a los criterios del Anexo, a excepción de las organizaciones reconocidas en virtud de los apartados 3 y 4 del artículo 4;b) adoptarán las medidas adecuadas en el caso de que los buques no cumplan con la normativa internacional y comunicarán a la Comisión y a la Secretaría del Memorándum de acuerdo sobre el control de los buques por el Estado del puerto el descubrimiento de cualquier expedición de certificados válidos por organizaciones que actúen en nombre de un Estado de pabellón a un buque que no cumpla los requisitos pertinentes de los convenios internacionales, o cualquier incumplimiento de un buque provisto de un certificado de clasificación válido y que afecte a elementos cubiertos por dicho certificado.2. Cada Estado miembro establecerá un registro de actuaciones de las organizaciones que actúen en nombre de los Estados de pabellón. Este registro será actualizado anualmente y distribuido a los restantes Estados miembros y a la Comisión.Artículo 13 En los asuntos cubiertos por los apartados 3 y 4 del artículo 4, del apartado 1 del artículo 5, de los artículos 8, 9 y 10 y del apartado 2 del artículo 14 se aplicará el siguiente procedimiento:a) El representante de la Comisión presentará al Comité a que se refiere el artículo 7 un proyecto de medidas.b) El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente mencionado. El presidente no tomará parte en la votación.c) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes con el dictamen del Comité.d) Cuando las medidas previstas no sean conformes con el dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a la medida que deba tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. Si, transcurrido un plazo de tres meses desde el momento en el que la propuesta se haya presentado al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará la medida propuesta.Artículo 14 1. Cada Estado miembro garantizará que todo buque que enarbole su pabellón esté construido y mantenido de conformidad con los requisitos sobre casco, maquinaria e instalaciones eléctricas y de control establecidos por una organización reconocida.2. Un Estado miembro sólo podrá decidir la utilización de normas que considere equivalentes a las de una organización reconocida a condición de que las notifique inmediatamente a la Comisión, de conformidad con el procedimiento de la Directiva 83/189/CEE, y a los demás Estados miembros, y de que no hayan sido cuestionadas por otro Estado miembro o por la Comisión y consideradas no equivalentes con arreglo al procedimiento del artículo 13.Artículo 15 1. Las organizaciones reconocidas se consultarán mutuamente, con carácter periódico, para mantener la equivalencia de sus estándares técnicos y de la aplicación de los mismos. Las organizaciones facilitarán a la Comisión informes periódicos sobre progresos fundamentales en estos estándares.2. Cuando se trate de un buque de su clase, las organizaciones reconocidas deberán demostrar su disposición a cooperar con las administraciones de control del Estado portuario, en particular con el fin de facilitar la rectificación de las deficiencias u otras discrepancias notificadas.3. Las organizaciones reconocidas deberán facilitar todos los datos pertinentes a la Administración en caso de cambio de clase o desclasificación de buques.4. Las organizaciones reconocidas no expedirán certificados a un buque desclasificado o que cambie de clase por motivos de seguridad sin haber consultado a la administración competente del Estado de pabellón para determinar si es necesaria una inspección completa.Artículo 16 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1995.2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión toda disposición de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.Artículo 17 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 22 de noviembre de 1994.Por el ConsejoEl PresidenteM. WISSMANN(1) DO n° C 167 de 18. 6. 1993, p. 13.(2) DO n° C 34 de 2. 2. 1994, p. 14.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 (DO n° C 91 de 28. 3. 1994, p. 9), posición común del Consejo de 19 de septiembre de 1994 (DO n° C 301 de 27. 10. 1994, p. 75) y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de noviembre de 1994 (no publicada aún en el Diario Oficial).(4) DO n° C 271 de 7. 10. 1993, p. 1.(5) DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.(6) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/10/CE (DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30).ANEXO CRITERIOS MÍNIMOS PARA LAS ORGANIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3 A. GENERALES 1. La organización reconocida deberá acreditar una amplia experiencia en la evaluación del diseño y construcción de los buques mercantes.2. La organización deberá tener en su clase una flota de al menos 1 000 buques oceánicos (de más de 100 TRB), con un total no inferior a 5 millones de TRB.3. La organización contará con una plantilla técnica acorde con el número de buques clasificados. Como mínimo, se necesitarán 100 peritos con dedicación exclusiva para cumplir los requisitos del apartado 2.4. La organización contará con reglas y normas completas para el diseño, construcción y control periódico de buques mercantes, publicadas y permanentemente actualizadas y mejoradas mediante programas de investigación y desarrollo.5. La organización deberá publicar anualmente su registro de buques.6. La organización no estará controlada por armadores o constructores de buques ni por otras personas o entidades que se dediquen comercialmente a la construcción, equipamiento, reparación o explotación de buques. Los ingresos de la organización no deberán depender esencialmente de una sola empresa comercial.B. ESPECÍFICOS 1. La organización contará con:a) una importante plantilla técnica, de gestión, de apoyo y de investigación, proporcional a las tareas y a los buques clasificados y que se ocupe también del desarrollo de las competencias y del respeto de las normas y reglamentos;b) una cobertura mundial, con su propio personal técnico en dedicación exclusiva, o recurriendo al personal técnico en dedicación exclusiva de otras organizaciones reconocidas.2. La organización estará regida por un código ético.3. La organización estará gestionada y administrada de forma que garantice la confidencialidad de la información exigida por la administración.4. La organización estará dispuesta a facilitar la información pertinente a la administración.5. La dirección de la organización definirá y documentará sus políticas y objetivos y su compromiso en materia de calidad, y garantizará que esta política es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la organización.6. La organización desarrollará, aplicará y mantendrá un eficaz sistema interno de calidad basado en las secciones pertinentes de los estándares de calidad internacionalmente reconocidos y de conformidad con EN 45004 (organismos de inspección) y EN 29001, interpretados por los IACS Quality System Certification Scheme Requirements, sistema de calidad que, entre otros puntos, garantizará que:a) las reglas y normas de la organización son elaboradas y mantenidas de forma sistemática;b) se respetan las reglas y normas de la organización;c) se cumplen los requisitos de la función oficial para la que está autorizada la organización;d) se definen y documentan las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal cuyo trabajo afecta a la calidad de los servicios de la organización;e) todo el trabajo se realiza en condiciones controladas;f) existe un sistema de supervisión que vigila las actuaciones y las labores efectuadas por los peritos y por el personal técnico y administrativo directamente empleado por la organización;g) los requisitos de los principales trabajos oficiales para los que esté autorizada la organización sólo serán puestos en práctica o supervisados directamente por sus propios peritos en dedicación exclusiva o por los peritos en dedicación exclusiva de otras organizaciones reconocidas;h) se aplica un sistema de cualificación de los peritos y una actualización permanente de sus conocimientos;i) se llevan registros que prueben el cumplimiento de los estándares exigidos en los elementos cubiertos por los servicios realizados, así como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad; yj) existe un sistema global de auditorías internas, planificadas y documentadas, de las actividades relacionadas con la calidad en todos los lugares de trabajo.7. La organización deberá acreditar su capacidad para:a) desarrollar y mantener al día una serie completa y adecuada de reglas y normas propias sobre el casco, la maquinaria y el equipo eléctrico y de control, que posean la calidad de estándares técnicos internacionalmente reconocidos, sobre la base de las cuales se puedan expedir certificados de seguridad del Convenio SOLAS y de seguridad para buque de pasaje (en lo que se refiere a la adecuación de la estructura del buque y de los sistemas vitales de maquinaria a bordo) y certificados de línea de carga (en lo que se refiere a la adecuación de la resistencia del buque);b) efectuar todas las inspecciones y peritajes exigidos por los Convenios internacionales para la expedición de certificados, incluidos los medios para valorar, mediante un personal profesional cualificado, la aplicación y el mantenimiento de los sistemas de gestión de seguridad, tanto basados en tierra como a bordo de los buques que se pretende incluir en el certificado.8. La organización estará sujeta a la certificación de su sistema de calidad por el cuerpo independiente de auditores reconocido por la Administración del Estado en que esté establecida.9. La organización permitirá la participación en el desarrollo de sus reglas o normas de representantes de la Administración y otras partes interesadas.


Avis juridique important

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32000L0084

Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano

Diario Oficial n° L 031 de 02/02/2001 p. 0021 - 0022

Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejode 19 de enero de 2001relativa a las disposiciones sobre la hora de veranoEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),Considerando lo siguiente:(1) La Octava Directiva 97/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 1997, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano(4), fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del período de la hora de verano durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001.(2) Habida cuenta de que los Estados miembros aplican disposiciones relativas a la hora de verano, resulta importante para el funcionamiento del mercado interior seguir fijando una fecha y una hora comunes para el comienzo y el fin del período de la hora de verano aplicables en toda la Comunidad.(3) El período de la hora de verano considerado más apropiado por los Estados miembros es el comprendido entre el final de marzo y el final de octubre. Procede, por consiguiente, mantener ese período.(4) El buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable a largo plazo. Resulta por consiguiente apropiado establecer por un período indeterminado disposiciones relativas al período de la hora de verano. El artículo 4 de la Directiva 97/44/CE establece a este respecto que el régimen aplicable a partir de 2002 debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes del 1 de enero de 2001.(5) En aras de la claridad y de la precisión de la información, es preciso publicar cada cinco años el calendario de aplicación del período de la hora de verano para los cinco años siguientes.(6) Es preciso, además, supervisar la aplicación de la presente Directiva sobre la base de un informe que la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre las repercusiones de las presentes disposiciones en todos los sectores afectados. Dicho informe se deberá basar en la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión con tiempo suficiente para permitir la presentación del informe en el plazo fijado.(7) Dado que el objetivo de la armonización completa del calendario de la hora de verano con el fin de facilitar los transportes y las comunicaciones no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y por consiguiente puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede tomar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. La presente Directiva no excederá de lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo.(8) Por motivos de carácter geográfico, es preciso que las disposiciones comunes relativas a la hora de verano no se apliquen a los territorios de ultramar de los Estados miembros.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1A efectos de la presente Directiva, se entenderá por "período de la hora de verano" el período del año durante el cual la hora se adelanta en sesenta minutos respecto a la hora del resto del año.Artículo 2A partir del año 2002, el período de la hora de verano comenzará en todos los Estados miembros a la 1 de la madrugada, hora universal, del último domingo de marzo.Artículo 3A partir del año 2002, el período de la hora de verano terminará en todos los Estados miembros a la 1 de la madrugada, hora universal, del último domingo de octubre.Artículo 4La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(5), por primera vez en el momento de la publicación de la presente Directiva y en lo sucesivo cada cinco años, una comunicación que incluirá el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes.Artículo 5La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, a más tardar el 31 de diciembre de 2007, un informe en el que dará cuenta de la incidencia de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en los sectores afectados.Dicho informe se elaborará sobre la base de la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión a más tardar el 30 de abril de 2007.La Comisión presentará, en su caso, las propuestas adecuadas, siguiendo las conclusiones del informe.Artículo 6La presente Directiva no se aplicará a los territorios de ultramar de los Estados miembros.Artículo 7Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 8La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 9Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaN. FontainePor el ConsejoEl PresidenteB. Ringholm(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 136.(2) Dictamen emitido el 29 de noviembre de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000.(4) DO L 206 de 1.8.1997, p. 62.(5) DO C 35 de 2.2.2001.