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31989L0646

Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE

Diario Oficial n° L 386 de 30/12/1989 p. 0001 - 0013 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 3 p. 0027  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 3 p. 0027

SEGUNDA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 1989 para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica  la Directiva 77/780/CEE (89/646/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 57,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que la presente Directiva debe constituir el instrumento esencial para la consecución del mercado interior decidida por el Acta Única Europea y programada en el Libro blanco de la Comisión, bajo el doble aspecto de la libertad de  establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, en el sector de las entidades de crédito;  Considerando que la presente Directiva se inscribe en la obra legislativa comunitaria ya realizada, en particular, por la primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales,  reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (4), cuya última modificación la constituye la Directiva 86/524/CEE (5), la Directiva 83/350/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983,  relativa a la vigilancia de las enti dades de crédito basada en su situación consolidada (6), la Directiva 86/635/CEE, de 8 de diciembre de 1986, rela tiva a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (7) y la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito (8);  Considerando que la Comisión ha adoptado la Recomendación 87/62/CEE (9) sobre grandes riesgos de las entidades de crédito y la Recomendación 87/63/CEE sobre el establecimiento de un sistema de garantía de depósitos (10);  Considerando que el programa elegido consiste en la realización de la armonización esencial, necesaria y suficiente para llegar a un reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisión prudencial, que permita la concesión de una  autorización única, válida en toda la Comunidad, y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen;  Considerando que, en tales condiciones, la presente Directiva no puede ser aplicada más que simultáneamente con las armonizaciones técnicas complementarias, realizadas por medio de actos comunitarios específicos en materia de fondos propios y de  coeficiente de solvencia;  Considerando que, además, se pretende actualmente conseguir la armonización de las condiciones de saneamiento y de liquidación de las entidades de crédito;  Considerando que deberá emprenderse asimismo la armonización de los instrumentos necesarios para el control de los riesgos de liquidez, de mercado, de tipos de interés y de cambio, soportados por las entidades de crédito;  Considerando que los principios de reconocimiento mutuo y de la supervisión ejercida por parte del Estado miembro de  origen exigen que las autoridades competentes de cada uno  de los Estados miembros no concedan o retiren la autorización en casos en que se manifieste de forma inequívoca, por factores tales como el contenido del programa de actividad, la distribución geográfica o la actividad efectivamente realizada, que la  entidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de dicho Estado miembro con el propósito de eludir la normativa más rigurosa vigente en el Estado miembro en cuyo territorio proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades; que, para la  aplicación de la presente Directiva, se considera que una entidad de crédito está situada en el Estado miembro en que se encuentre su sede estatutaria y que los Estados miembros deberán exigir que la administración central esté situada en el Estado  miembro en el que esté fijada la sede estatutaria;  Considerando que el Estado miembro de origen puede dictar además normas más rigurosas que las señaladas en los artículos 4, 5, 11, 12 y 16 en lo que concierne a las entidades autorizadas por sus propias autoridades competentes;  Considerando que la responsabilidad en materia de supervisión de la solidez financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia, corresponde, en adelante, a la autoridad del Estado miembro de origen de la misma; que la autoridad del  Estado miembro de acogida mantiene sus responsabilidades en materia de supervisión de la liquidez y de política monetaria; que la supervisión del riesgo de mercado debe ser objeto de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los  Estados miembros de origen y de acogida;  Considerando que se persigue la armonización de determinados servicios financieros y de inversión, en la medida necesaria, mediante actos comunitarios específicos, con vistas, en particular, a garantizar la protección de los consumidores y de los  inversores; que la Comisión ha propuesto medidas de armonización del crédito hipotecario para permitir, entre otras cosas, el reconocimiento mutuo de las técnicas financieras propias de este sector;  Considerando que el método adoptado consiste, gracias al reconocimiento mutuo, en permitir a las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de origen el ejercicio en toda la Comunidad de todas o parte de las actividades señaladas en la lista  anexa, mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación de servicios;  Considerando que el ejercicio de las actividades que no figuran en dicha lista se beneficia de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios de acuerdo con las disposiciones generales del Tratado;  Considerando que conviene, sin embargo, extender el beneficio del reconocimiento mutuo a las actividades que figuran en la lista del Anexo, cuando sean ejercidas por una entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la condición de que esta  filial sea incluida en la vigilancia sobre base consolidada a la que está sujeta su empresa matriz y responda a condiciones estrictas;  Considerando que el Estado miembro de acogida podrá, para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la  libertad de prestación de servicios, imponer el cumplimiento de las disposiciones específicas de su legislación y regulacio nes nacionales a las entidades que no estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro de origen o a las actividades que no figuren en dicha lista, siempre que, por una parte, estas disposiciones sean compatibles con el Derecho  comunitario y estén motivadas por el interés general y que, por otra parte, dichas entidades o actividades no estén sometidas a normas equivalentes en función de la legislación o regulación del Estado miembro de origen;  Considerando que los Estados miembros deben velar por que no exista ningún obstáculo para que las actividades que se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a  las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro de acogida;  Considerando que la supresión de la autorización exigida para las sucursales de entidades de crédito comunitarias como consecuencia de las armonizaciones en curso implica necesariamente la supresión del fondo de dotación y que el apartado 2 del artículo  6 constituye un primer paso transitorio en este sentido, que, sin embargo, no afecta al Reino de España ni a la República Portuguesa, con arreglo a las disposiciones del Acta de adhesión de dichos Estados a la Comunidad;  Considerando que existe una vinculación necesaria entre el objetivo perseguido por la presente Directiva y la liberalización de los movimientos de capitales que se lleva a cabo mediante otros actos legislativos comunitarios; que, de cualquier modo, las  medidas de liberalización de los servicios bancarios deben estar en armonía con las medidas de liberalización de los movimientos de capitales; que en el caso de que los Estados miembros puedan invocar, en virtud de la Directiva 88/361/CEE del Consejo,  de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado (11), cláusulas de salvaguardia respecto a los movimientos de capitales, tendrán la posibilidad de suspender la prestación de servicios bancarios en la medida en que sea necesario  para la puesta en práctica de dichas cláusulas de salvaguardia;  Considerando que los procedimientos previstos en la Directiva 77/780/CEE, en particular, en materia de autorización de sucursales de entidades de crédito en terceros países, continuarán aplicándose a las mismas; que dichas sucursales no se benefician de  la libre prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que se hallen establecidas; que, no obstante, las solicitudes de autorización de  una filial o de adquisición de una participación por parte de una entidad de crédito regida por la ley de un país tercero están sujetas a un procedimiento que tiene como objetivo garantizar que una empresa de la Comunidad se beneficie de un régimen de  reciprocidad en los referidos países terceros;  Considerando que las autorizaciones de entidades de crédito que las autoridades nacionales competentes concedan de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva no serán de alcance nacional sino comunitario y que las cláusulas de  reciprocidad existentes quedarán sin efecto; que, en consecuencia, es necesario un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad sobre una base comunitaria;   que el objetivo de dicho procedimiento no es cerrar los mercados financieros de la Comunidad sino por el contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus mercados financieros abiertos al resto del mundo, mejorar la liberalización de los  mercados financieros globales en otros países terceros; que, para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociación con países terceros o prevé, en última instancia, la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de  nuevas solicitudes de autorización o en la limitación de las nuevas autorizaciones;  Considerando que el funcionamiento armonioso del mercado interior bancario requerirá, más allá de las normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular de las autoridades competentes de los Estados miembros; que en lo que concierne al examen  individual de los problemas relativos a una entidad de crédito individual, al marco del Comité de contacto creado entre las autoridades de control de los bancos y contemplado en el último considerando de la Directiva 77/780/CEE continúa siendo el más  apropiado; que este Comité constituye un foro adecuado para la información recíproca prevista en el artículo 7 de la mencionada Directiva;  Considerando que, en cualquier caso, este procedimiento de información recíproca no sustituye a la colaboración bilateral establecida en el artículo 7 de la Directiva 77/780/CEE; que la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá, sin  perjuicio de sus propias competencias de control, seguir verificando, por iniciativa propia en caso de urgencia o por iniciativa de la autoridad competente del Estado miembro de origen, que la actividad de una entidad en su territorio es conforme a las  leyes, así como a los principios de una buena organización administrativa y contable y de un control interno adecuado;  Considerando que a determinados intervalos puede ser necesaria la modificación técnica de las normas contenidas en la presente Directiva para responder a la evolución del sector bancario; que la Comisión deberá efectuar las modificaciones que sean  necesarias después de consultar al Comité consultivo bancario, dentro de los límites de las facultades de ejecución delegadas a la Comisión por las disposiciones del Tratado; que en tal caso dicho Comité actuará como Comité de regulación conforme a las  normas de procedimiento establecidas en el artículo 2, procedimiento III, variante b) de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la  Comisión (12),  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   TÍTULO I Definiciones y ámbito de aplicación Artículo 1 Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por:   1)  entidad de crédito: una entidad de crédito según se define en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE;    2)  autorización: una autorización según se define en el segundo guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE;   3)  sucursal: una sede de explotación que constituya una parte, desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito, que efectúe directamente, de modo total o parcial, las operaciones inherentes a la actividad de una entidad de crédito; se  considerarán como una sola sucursal varias sedes de explotación creadas en el mismo Estado miembro por una entidad de crédito que tenga su sede social en otro Estado miembro;   4)  fondos propios: los fondos propios definidos en la Directiva 89/299/CEE;   5)  autoridades competentes: las autoridades competentes definidas en el artículo 1 de la Directiva 83/350/CEE;   6)  entidad financiera: una empresa, distinta de una entidad de crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir participaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se enumeran en los puntos 2 a 12 de la lista anexa;   7)  Estado miembro de origen: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito ha sido autorizada, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE;   8)  Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito tiene una sucursal o presta servicios;   9)  control: la relación existente entre una empresa matriz y una filial tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE (13), o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;  10)  participación cualificada: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto o la posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de la empresa en la cual se posea una  participación.  A efectos de la aplicación de la definición precedente, en el marco de los artículos 5 y 11 y para la aplicación de los otros niveles de participación contemplados en el artículo 11, serán tomados en consideración los derechos de voto mencionados en el  artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE (14);  11)  capital inicial: el capital según se define en los puntos 1 y 2 del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE;  12)  empresa matriz: una empresa matriz según se define en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;  13)  filial: una empresa filial según se define en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE; cualquier  empresa filial de una empresa filial se considerará también como filial de la empresa matriz que dirija dichas empresas;  14)  coeficiente de solvencia: el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito calculado según la Directiva 89/647/CEE sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (15).  Artículo 2 1.  La presente Directiva será aplicable a todas las entidades de crédito.  2.  No se aplicará a las entidades contempladas en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE.  3.  Las entidades de crédito que, de la forma definida en la letra a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE, estén afiliadas a un organismo central situado en ese mismo Estado miembro, podrán ser eximidas de las disposiciones que  figuran en los artículos 4, 10 y 12 de la presente Directiva, siempre que, sin perjuicio de la aplicación de dichas disposiciones, el organismo central y el conjunto constituido por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo estén sometidos  a dichas disposiciones sobre una base consolidada.  En caso de exención, los artículos 6 y 18 a 21 se aplicarán al conjunto formado por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo.  Artículo 3 Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público. Dicha prohibición no se  aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por parte de un Estado miembro, las autoridades regionales o locales de un Estado miembro u organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, ni  en los casos expresamente contemplados en la legislación nacional o comunitaria, siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a las regulaciones y controles aplicables a la protección de los depositantes e inversores.   TÍTULO II Armonización de las condiciones de autorización Artículo 4 1.  Las autoridades competentes no concederán la autorización cuando el capital inicial sea inferior a cinco millones de ecus.   2.  No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros tendrán la facultad de conceder la autorización a categorías particulares de entidades de crédito cuyo capital inicial sea inferior al exigido en el apartado 1. En este caso:  a)  el capital inicial no será inferior a un millón de ecus;  b)  los Estados miembros interesados deberán notificar a la Comisión las razones por las que hacen uso de la facultad establecida en el presente apartado;  c)  en el momento de su publicación en la lista de que trata el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE, a continuación del nombre de la entidad de crédito se hará una anotación en la que se indique que ésta no alcanza el capital mínimo  exigido en el apartado 1;  d)  la Comisión, en el plazo de cinco años a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 24, realizará un informe sobre la aplicación del presente apartado en los Estados miembros, destinado al Comité consultivo bancario, contemplado en  el artículo 11 de la Directiva 77/780/CEE.  Artículo 5 Las autoridades competentes no concederán la autorización que permita el acceso a la actividad de una entidad de crédito antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o  jurídicas, que posean una participación cualificada, y el importe de dicha participación.  Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito, no estuvieren satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.  Artículo 6 1.  La autorización prevista en el artículo 4 de la Directiva 77/780/CEE y el capital de dotación ya no podrán ser exigidos por los Estados miembros de acogida respecto a sucursales de entidades de crédito autorizadas en otros Estados  miembros. El establecimiento y la supervisión de dichas sucursales seguirán las disposiciones fijadas en los artículos 13, 19 y 21.  2.  Hasta la entrada en vigor de las normas de aplicación del apartado 1, los Estados miembros de acogida no podrán exigir, como condición de autorización de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros, una dotación inicial  cuyo importe sea superior al 50% del capital inicial exigido por la normativa nacional para la autorización de una entidad de crédito de la misma naturaleza.  3.  Las entidades de crédito recobrarán el libre uso de los fondos cuya afectación ya no pueda ser exigida en virtud de las disposiciones de los apartados 1 y 2.  Artículo 7 Deberá ser objeto de consulta previa con las autoridades competentes del otro Estado miembro la autorización de cualquier entidad de crédito que sea:  - bien filial de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,  - bien filial de la empresa matriz de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,  - bien controlada por las mismas personas físicas o jurídicas que controlen a una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro.   TÍTULO III Relaciones con países terceros Artículo 8 1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la Comisión:  a)  de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, una o varias de cuyas empresas matrices se rijan por el Derecho de un país tercero. La Comisión informará de ello al Comité consultivo bancario;  b)  de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas, de participaciones en una entidad de crédito comunitaria que hiciera de esta última su filial. La Comisión informará de ello al Comité consultivo bancario.  Cuando se conceda la autorización a una filial directa o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas al derecho de un país tercero, deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridades competentes dirijan a la  Comisión, de conformidad con el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE.  Artículo 9 1.  Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de carácter general que encuentren sus entidades de crédito para establecerse o desarrollar actividades bancarias en un país tercero.  2.  La Comisión elaborará por primera vez seis meses antes de la puesta en aplicación de la presente Directiva, a más tardar, y, posteriormente, de forma periódica, un informe en que se examine el trato concedido en los países terceros a las entidades  de crédito de la Comunidad, tal como aquél se entiende en los apartados 3 y 4 siguientes, por lo que se refiere al establecimiento y ejercicio de sus actividades, así como a la adquisición de participaciones en entidades de crédito de países terceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de propuestas adecuadas.  3.  Si basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero no concede a las entidades de crédito comunitarias un acceso efectivo al mercado comparable al que la Comunidad concede a  las entidades de crédito de dicho país tercero, podrá presentar al Consejo propuestas para que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtener condiciones de competencia comparables para las entidades de crédito comunitarias. El Consejo  decidirá por mayoría cualificada.  4.  Si basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprobare que las entidades de crédito de la Comunidad no se benefician en un país tercero del trato nacional que ofrezca las mismas posibilidades de  competencia que a las entidades de crédito nacionales y que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado podrá iniciar negociaciones con vistas a solucionar dicha situación.  En los supuestos del párrafo primero, como complemento al inicio de negociaciones, también podrá, en cualquier momento, decidirse, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 22, que las autoridades competentes de los  Estados miembros deben limitar o suspender sus decisiones en relación con las solicitudes de autorización presentadas a partir del momento en que se tome la decisión, y de adquisición de participaciones por parte de empresas matrices, directas o  indirectas, que se rijan por el Derecho del país tercero en cuestión. La vigencia de las medidas citadas no podrá ser superior a tres meses.  Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los resultados de la negociación, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose las citadas medidas.  Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de filiales por entidades de crédito o sus filiales debidamente autorizadas en la Comunidad, ni a la adquisición de participaciones por tales establecimientos o filiales en una entidad de  crédito de la Comunidad.  5.  Cuando la Comisión realice una de las comprobaciones a que se refieren los apartados 3 y 4, los Estados miembros le informarán, a petición suya:  a)  de cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta, una o varias de cuyas empresas matrices se rijan por el Derecho del país tercero de que se trate;  b)  de cualquier proyecto que les presente una de tales empresas, en virtud del artículo 11, para adquirir participaciones en una entidad de crédito comunitaria que pudiera convertir a ésta en su filial.  Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre un acuerdo con el país tercero contemplado en el apartado 3 o en el apartado 4 o cuando dejen de ser de aplicables las medidas contempladas en los párrafos segundo y tercero del  apartado 4.  6.  Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier convenio internacional, tanto bilateral como multilateral, que regule el acceso a la actividad de las  entidades de crédito y su ejercicio.  TÍTULO IV Armonización de las condiciones del ejercicio de la  actividad Artículo 10 1.  Los fondos propios de una entidad de crédito no podrán llegar a ser inferiores al importe del capital inicial exigido, en virtud del artículo 4, en el momento de su autorización.  2.  Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito existentes en el momento de la puesta en aplicación de la presente Directiva cuyos fondos propios no alcancen los niveles fijados para el capital inicial por el artículo 4 podrán  continuar sus actividades. En ese caso, los fondos propios no podrán descender de la mayor cuantía que hayan alcanzado a partir de la fecha de notificación de la presente Directiva.  3.  Si el control de una entidad de crédito, comprendida en la categoría contemplada en el apartado 2, fuese adquirido por una persona física o jurídica distinta de la que hubiese ejercido el control precedentemente, los fondos propios de dicha entidad  deberán alcanzar como mínimo el nivel fijado para el capital inicial por el artículo 4.  4.  No obstante, en determinadas circunstancias específicas y con el consentimiento de las autoridades competentes, cuando se produzca una fusión entre dos o más entidades de crédito que entren en la categoría contemplada en el apartado 2, los fondos  propios de la entidad resultante de la fusión no podrán caer por debajo del total de los fondos propios de las entidades fusionadas en la fecha de la fusión mientras no se hayan alcanzado los niveles adecuados en virtud del artículo 4.  5.  Sin embargo, si se llegara a producir una disminución de los fondos propios en los casos contemplados en los apartados 1, 2 y 4, las autoridades competentes podrán, cuando las circunstancias lo justifiquen, conceder un plazo limitado para que la  entidad regularice su situación o cese sus actividades.  Artículo 11 1.  Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que pretenda tener, directa o indirectamente,  en una entidad de crédito, una participación cualificada deba  informar de ello previamente a las autoridades competentes y comunicar la cuantía de dicha participación. También deberá informar a las autoridades competentes cualquier persona física o jurídica que pretenda incrementar su participación cualificada de  tal manera que la proporción de derechos de voto o de participaciones de capital poseídas por la misma alcance o sobrepase los niveles del 20%, 33% o 50%, o que la entidad de crédito se convierta en su filial.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3, las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de información prevista en el párrafo primero, para oponerse a dicha pretensión si, atendiendo a la necesidad  de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito, no se hallan satisfechas de la idoneidad de la persona contemplada en el párrafo primero. Cuando no exista oposición, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para la realización de  la pretensión contemplada en el párrafo primero.  2.  Si las participaciones contempladas en el apartado 1 fueren adquiridas por una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, o una empresa matriz de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, o una persona física o jurídica  que controla una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, y, si, en virtud de la adquisición, la entidad en la que el adquirente pretenda poseer una participación se convirtiere en una filial o quedare bajo su control, la apreciación de la  adquisición deberá ser objeto de la consulta previa contemplada en el artículo 7.  3.  Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que pretenda dejar de tener, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito, deba informar de ello previamente a las autoridades competentes y  comunicar la cuantía de la participación propuesta. Deberá también informar a las autoridades competentes cualquier persona física o jurídica que tuviere intención de disminuir su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de  voto o de participaciones de capital poseídas por la misma descienda por debajo de los niveles del 20%, 33% o 50%, o que la entidad deje de ser su filial.  4.  Las entidades de crédito comunicarán a las autoridades competentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en su capital que traspasen hacia arriba o hacia abajo alguno de los niveles contemplados en los  apartados 1 y 3.  Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas participaciones según resulten, en particular, del registro de asistencias a la junta general  anual de accionistas o socios, o de las informaciones recibidas en virtud de las obligaciones a que están sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.  5.  Los Estados miembros establecerán que, en caso de que la influencia ejercida por las personas contempladas en el  apartado 1 pueda resultar en detrimento de una gestión prudente y sana de la entidad, las autoridades competentes tomen las medidas apropiadas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán comprender, en particular, requisitorias, sanciones a  sus dirigentes o la suspensión del ejercicio del derecho de voto vinculado a las acciones o participaciones poseídas por los accionistas o socios correspondientes.  Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de información previa contemplada en el apartado 1. En el caso de que se adquiera una participación con la oposición de las autoridades competentes, los  Estados miembros, independientemente de las demás sanciones que hayan de adoptarse, establecerán bien la suspensión del ejercicio del derecho de voto correspondiente, bien la nulidad de los votos emitidos, bien la posibilidad de anularlos.  Artículo 12 1.  Una entidad de crédito no podrá poseer una participación cualificada cuyo importe sobrepase el 15% de sus fondos propios en una empresa que no sea una entidad de crédito, una entidad financiera o una empresa cuya actividad esté  contemplada en la letra f) del apartado 2 del artículo 43 de la Directiva 86/635/CEE.  2.  El importe total de las participaciones cualificadas en empresas que no sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas cuya actividad esté contemplada en la letra f) del apartado 2 del artículo 43 de la Directiva 86/635/CEE, no podrá  superar el 60% de los fondos propios de la entidad de crédito.  3.  Los Estados miembros podrán no aplicar a las participaciones en las compañías de seguros, tal como se definen en la Directiva 73/239/CEE (16), modificada en último lugar por la Directiva 88/357/CEE (17), y en la Directiva 79/267/CEE (18), modificada  en último lugar por el Acta de adhesión de 1985, los límites fijados en los apartados 1 y 2.  4.  Las acciones o participaciones poseídas temporalmente a causa de una operación de asistencia financiera con vistas al saneamiento o reflotamiento de una empresa o a causa de la suscripción de una emisión de títulos, durante el período normal de  dicha suscripción, o en nombre propio pero por cuenta de terceros, no se incluirán entre las participaciones cualificadas sujetas al cálculo de los límites fijados en los apartados 1 y 2. Las acciones o participaciones que no tengan el carácter de  inmovilizaciones financieras de acuerdo con el apartado 2 del artículo 35 de la Directiva 86/635/CEE no se incluirán.  5.  Los límites fijados en los apartados 1 y 2 sólo podrán sobrepasarse en circunstancias excepcionales. En tales casos, las autoridades competentes exigirán, no obstante, que la  entidad de crédito aumente el volumen de sus fondos propios o tome otras medidas de efecto equivalente.  6.  El respeto de los límites fijados en los apartados 1 y 2 será objeto de una vigilancia y de un control consolidados de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 83/350/CEE.  7.  Las entidades de crédito que, en la fecha de entrada en vigor de las normas de aplicación de la presente Directiva, superen los límites fijados en los apartados 1 y 2, dispondrán, a partir de dicha fecha, de un plazo de diez años para ajustarse a  dichos límites.  8.  Los Estados miembros podrán establecer que las autoridades competentes no apliquen los límites fijados en los apartados 1 y 2 si establecieren que el exceso de las participaciones cualificadas respecto a dichos límites debe cubrirse en un 100%  mediante fondos propios, y que éstos no entren en el cálculo del coeficiente de solvencia. Si existieren excedentes con respecto a los límites fijados en los apartados 1 y 2, el importe que debe cubrirse mediante fondos será el más elevado de los  excedentes.  Artículo 13 1.  La supervisión prudencial de una entidad de crédito, incluida la de las actividades que ejerza con arreglo a las disposiciones del artículo 18 corresponderá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, sin perjuicio de las  disposiciones de la presente Directiva que establezcan la competencia de las autoridades del Estado miembro de acogida.  2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que cada entidad de crédito cuente con una buena organización administrativa y contable y con procedimientos de control interno adecuados.  3.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no impedirán la supervisión sobre una base consolidada en virtud de la Directiva 83/350/CEE.  Artículo 14 1.  En el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 77/780/CEE, el final de la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «así como todas las informaciones que puedan facilitar el control de dichas entidades, en particular en materia  de liquidez, de solvencia, de garantía de depósitos, de limitación de grandes riesgos, de organización administrativa y contable y de control interno.» 2.  Hasta una coordinación posterior, el Estado miembro de acogida seguirá encargándose, en colaboración con la autoridad competente del Estado miembro de origen, de la supervisión de la liquidez de la sucursal de la entidad de crédito. Sin perjuicio de  las medidas necesarias para el fortalecimiento del Sistema Monetario Europeo, dicho Estado conservará la total responsabilidad de las medidas resultantes de la aplicación de su política monetaria. Estas medidas no podrán establecer un trato discriminatorio o restrictivo por el hecho de que la entidad de crédito haya sido autorizada en otro Estado miembro.  3.  Sin perjuicio de una coordinación posterior de las medidas encaminadas a controlar los riesgos derivados de las posiciones abiertas en los mercados, cuando dichos riesgos se deriven de operaciones efectuadas en mercados financieros de otros Estados  miembros, las autoridades competentes de estos últimos aportarán su colaboración a las autoridades competentes del Estado miembro de origen a fin de que las entidades implicadas deban tomar las medidas necesarias para cubrir los riesgos mencionados.  Artículo 15 1.  Los Estados miembros de acogida establecerán que, cuando una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber  informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, puedan proceder, por sí mismas o por mediación de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de las informaciones contempladas en  el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 77/780/CEE.  2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen podrán igualmente recurrir, para la verificación de las sucursales, a uno de los otros procedimientos previstos en el apartado 4 del artículo 5 de la Directiva 83/350/CEE.  3.  El presente artículo se entiende sin perjuicio del derecho de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de proceder a la verificación in situ de las sucursales establecidas en su territorio para el ejercicio de las responsabilidades  que les incumben en virtud de la presente Directiva.  Artículo 16 El artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE se sustituye por el texto siguiente:  «Artículo 12 1.  Los Estados miembros establecerán que todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos encargados por las autoridades competentes, tengan que guardar el secreto  profesional. Este secreto implica que las informaciones confidenciales que reciban a título profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las entidades individuales no puedan ser  identificadas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal.  No obstante, cuando se trate de entidades de crédito que se hayan declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada por un tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran a terceras partes implicadas en intentos de  reflotar la empresa podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.  2.  El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambios de información previstos en las Directivas aplicables a las entidades de crédito. Dichas informaciones estarán  sujetas al secreto profesional contemplado en el apartado 1.  3.  Los Estados miembros sólo podrán celebrar acuerdos de cooperación, con las autoridades competentes de países terceros, que establezcan intercambios de información, en la medida en que las informaciones comunicadas queden protegidas por garantías de  secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en el presente artículo.  4.  La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:  - bien para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de las entidades de crédito y para facilitar el control, sobre base individual y sobre base consolidada, de las condiciones del ejercicio de la actividad, en particular en materia de  supervisión de la liquidez, de la solvencia, de los grandes riesgos, de la organización administrativa y contable y del control interno;  - bien para la imposición de sanciones;  - bien en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente;  - bien en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud del artículo 13 o de disposiciones especiales previstas en las Directivas adoptadas en el ámbito de las entidades de crédito.  5.  Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre autoridades competentes:  - cuando existan más de una en un mismo Estado miembro;  - y las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las otras instituciones financieras y de las compañías de seguros, así como las autoridades encargadas de la supervisión de los mercados financieros;  - y los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las entidades de crédito y otros procedimientos similares;  - y las personas encargadas del control legal de las cuentas de la entidad de crédito y de las demás entidades financieras.  Dichos intercambios se limitarán a lo necesario para el cumplimiento de su función de supervisión, así como para la transmisión, a los organismos encargados de la gestión de los sistemas de garantías de depósitos, de la información necesaria para el  cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, organismos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1.  6.  Las disposiciones del presente artículo tampoco serán obstáculo para que una autoridad competente transmita a los bancos centrales que no ejerzan la supervisión individual de las entidades de crédito las informaciones que, como autoridades monetarias, les sean necesarias. Las informaciones recibidas en este marco estarán amparadas por el secreto  profesional contemplado en el apartado 1 del presente artículo.  7.  Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de sus administraciones centrales responsables de la  aplicación de la legislación de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras, los servicios de inversión y las compañías de seguros, así como a los inspectores comisionados por dichos departamentos.  No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello sea necesario por razones de supervisión prudencial.  Sin embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5 y las obtenidas por medio de las verificaciones in situ contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 15 de la Directiva 89/646/CEE (19)  no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de la autoridad competente que haya comunicado las informaciones o de la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya  efectuado la verificación in situ.  (20) DO Nº L 386 de 30. 12. 1989, p. 1.» Artículo 17 Sin perjuicio de los procedimientos de revocación de la autorización y de la responsabilidad penal, los Estados miembros establecerán que sus respectivas autoridades competentes podrán adoptar sanciones contra las entidades de crédito o sus  directivos responsables, por infracción de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de supervisión o de ejercicio de la actividad, o adoptar a su respecto sanciones o medidas cuya aplicación tenga por objeto poner fin a las  infracciones comprobadas o a sus causas.  TÍTULO V Disposiciones relativas al libre establecimiento y a la libre prestación de servicios Artículo 18 1.  Los Estados miembros establecerán que las actividades enumeradas en el Anexo puedan ser ejercidas en su territorio, según las disposiciones de los artículos 19, 20 y 21, tanto mediante el establecimiento de una sucursal como mediante  prestación de servicios por cualquier entidad de crédito autorizada y supervisada por las autoridades competentes de otro Estado miembro, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, siempre que la autorización cubra dichas  actividades.  2.  Los Estados miembros establecerán igualmente que las actividades enumeradas en el Anexo puedan ser ejercidas en  su territorio de acuerdo con las disposiciones de los artícu los 19, 20 y 21, tanto mediante el establecimiento de una sucursal como mediante prestación de servicios por cualquier entidad financiera de otro Estado miembro, filial de una entidad de crédito o filial común de varias entidades de crédito, cuyo  estatuto legal permita el ejercicio de tales actividades, que cumpla todas las condiciones siguientes:  - que la o las empresas matrices estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro a cuyo Derecho esté sujeta la filial;  - que las actividades de que se trata se ejerzan efectivamente en el territorio del mismo Estado miembro;  - que la o las empresas matrices posean el 90% o más de los derechos de voto vinculados a la posesión de participaciones o acciones de la filial;  - que la o las empresas matrices hayan demostrado, a satisfacción de las autoridades competentes, que efectúan una gestión prudente de la filial y se hayan declarado, con el consentimiento de las autoridades competentes del Estado miembro de origen,  solidariamente garantes de los compromisos asumidos por la filial;  - que la filial esté incluida de forma efectiva, en especial para las actividades referidas, en la supervisión sobre base consolidada a la que está sometida su empresa matriz o cada una de sus empresas matrices, de conformidad con la Directiva  85/350/CEE, en particular para el cálculo del coeficiente de solvencia, para el control de grandes riesgos y la limitación de las participaciones prevista en el artículo 12 de la presente Directiva.  Estos requisitos deberán ser verificados por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, quienes facilitarán después una certificación a la filial, que deberá adjuntarse a las notificaciones señaladas en los artículos 19 y 20.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizarán la supervisión de la filial de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 10, de los artículos 11 y 13, del apartado 1 del artículo 14 y de los artículos 15 y 17 de la  presente Directiva, y del apartado 1 del artículo 7 y del artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE.  Las disposiciones contempladas en el presente apartado se aplicarán mutatis mutandis a las filiales. En particular, sustituyendo la expresión «entidad de crédito» por «entidad financiera que responda a las condiciones señaladas en el apartado 2 del  artículo 18» y la palabra «autorización» por «estatuto legal».  El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 19 queda redactado del modo siguiente:  «La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará asimismo el importe de los fondos propios de la entidad financiera filial y del coeficiente de solvencia consolidado de la entidad de crédito que sea su empresa matriz.» Si la entidad financiera que se beneficie de las disposiciones del presente apartado dejare de cumplir alguno de los  requisitos fijados, el Estado miembro de origen informará de ello a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, y la actividad llevada a cabo por dicha entidad en el Estado miembro de acogida quedarán sometidas a su legislación.  Artículo 19 1.  Cualquier entidad de crédito que se proponga establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen.  2.  Los Estados miembros exigirán que la entidad de crédito que se proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente, junto con la notificación mencionada en el apartado 1, las informaciones siguientes:  a)  el Estado miembro en cuyo territorio se propone establecer una sucursal;  b)  un programa de actividades en el que se indique, en particular, el género de las operaciones previstas y la estructura de la organización de la sucursal;  c)  la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puedan serle requeridos los documentos;  d)  el nombre de los directivos responsables de la sucursal.  3.  Salvo que la autoridad competente del Estado miembro de origen tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la adecuación de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la entidad de crédito, dicha autoridad  comunicará las informaciones contempladas en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de todas las informaciones, a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, e informará de ello a la entidad de que se trate.  Asimismo, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará el importe de los fondos propios y del coeficiente de solvencia de la entidad de crédito y, hasta una coordinación posterior, facilitará información detallada sobre cualquier  sistema de garantía de depósitos que tenga por finalidad asegurar la protección de los depositantes de la sucursal.  Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se niegue a transmitir las informaciones contempladas en el apartado 2 a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, comunicará las razones de la denegación a la entidad  correspondiente en los tres meses siguientes a la recepción de todas las informaciones. Esta denegación o la ausencia de resolución podrá ser objeto de un recurso jurisdiccional en el Estado miembro de origen.  4.  Antes de que la sucursal de la entidad de crédito comience a ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro de acogida dispondrá de dos meses a partir de la recepción de la comunicación contemplada en el apartado 3 para  organizar la supervisión de la entidad de crédito de conformidad con el artículo 21 y para indicar, en su caso, en qué condiciones, por razones de interés general, deben ejercerse dichas actividades en el Estado miembro de acogida.  5.  Desde la recepción de una comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de acogida o, en caso de  silencio por parte de ésta, a partir del vencimiento del plazo previsto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse y comenzar sus actividades.  6.  En caso de modificación del contenido de alguna de las informaciones notificadas de conformidad con las letras b), c) y d) del apartado 2, o de los sistemas de garantía de depósitos contemplados en el apartado 3, la entidad de crédito notificará por  escrito dicha modificación a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, al menos un mes antes de efectuar el cambio, a fin de que la autoridad competente del Estado miembro de origen pueda pronunciarse con  arreglo al apartado 3 y la autoridad competente del Estado miembro de acogida pueda pronunciarse sobre dicha modificación con arreglo al apartado 4.  Artículo 20 1.  Cualquier entidad de crédito que desee ejercer, por primera vez, sus actividades en el territorio de otro Estado miembro en el marco de la libre prestación de servicios, notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen  qué actividades, de las comprendidas en la lista del anexo, se propone llevar a cabo.  2.  La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida la notificación mencionada en el apartado 1, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma.  Artículo 21 1.  Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadísticos, que toda entidad de crédito que tenga una sucursal en su territorio dirija a sus autoridades competentes un informe periódico sobre las operaciones efectuadas en su  territorio.  Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumban en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 14, los Estados miembros de acogida podrán exigir a las sucursales de entidades de crédito originarias de otros Estados miembros las mismas  informaciones que exijan a tal fin a las entidades de crédito nacionales.  2.  Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una entidad que tenga una sucursal u opere en prestación de servicios en su territorio no respeta las disposiciones legales dictadas por dicho Estado miembro en  aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que impliquen una competencia de las autoridades de acogida, exigirán a dicha entidad que ponga fin a tal situación irregular.  3.  Si la entidad en cuestión no realizare lo necesario a tal fin, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstas tomarán, en el más breve plazo, todas las  medidas apropiadas para que la entidad de que se trate ponga fin a tal situación irregular. La naturaleza de estas medidas será comunicada a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.  4.  Si, a pesar de las medidas tomadas por el Estado miembro de origen o debido a que estas medidas resulten inadecuadas o no estén previstas en dicho Estado, la entidad siguiera infringiendo las disposiciones legales contempladas en el apartado 2  vigentes en el Estado miembro de acogida, este último podrá, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas apropiadas para evitar y reprimir nuevas irregularidades y, en la medida en que sea  necesario, impedir que la entidad inicie nuevas operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que los documentos necesarios para la adopción de tales medidas puedan ser notificados en su territorio a las entidades de crédito.  5.  Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los Estados miembros de acogida de adoptar medidas adecuadas para prevenir o reprimir las irregularidades cometidas en su territorio que sean contrarias a las disposiciones legales que  hayan dictado por razones de interés general. Ello implica la posibilidad de impedir que dicha entidad inicie nuevas operaciones en su territorio.  6.  Cualquier medida adoptada en aplicación de las disposiciones de los apartados 4 y 5, que implique sanciones y restricciones al ejercicio de la prestación de servicios deberá ser debidamente motivada y comunicada a la entidad afectada. Cada una de  dichas medidas podrá ser objeto de recurso jurisdiccional en el Estado miembro que la haya adoptado.  7.  Antes de seguir el procedimiento previsto en los apartados 2, 3 y 4, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, en caso de urgencia, tomar las medidas cautelares apropiadas para proteger los intereses de los depositantes,  inversores u otros destinatarios de los servicios. La Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados deberán ser informadas de tales medidas en el más breve plazo posible.  La Comisión podrá decidir, una vez consultadas las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro en cuestión modifique o anule tales medidas.  8.  Los Estados miembros de acogida podrán adoptar las medidas adecuadas para prevenir o reprimir las irregularidades que se produzcan en su territorio, ejerciendo las competencias que se les atribuyen en virtud de la presente Directiva. Ello implica la  posibilidad de impedir que una entidad inicie nuevas operaciones en su territorio.  9.  En caso de retirada de la autorización por parte de las autoridades del Estado miembro de origen, se informará de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida que tomarán las medidas adecuadas para impedir que la entidad afectada  inicie nuevas operaciones en su territorio y para salvaguardar los intereses de los depositantes. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité consultivo bancario.  10.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número y la naturaleza de los casos en los que haya habido denegaciones al amparo del artículo 19 o en los que se hayan adoptado medidas de conformidad con lo previsto en el apartado 4. Cada dos años, la Comisión dirigirá un informe sobre estos casos al Comité consultivo bancario.  11.  El presente artículo no impedirá que las entidades de crédito cuya sede se sitúe en otro Estado miembro hagan publicidad de sus servicios por todos los medios de comunicación disponibles en el Estado miembro de acogida, siempre que se ajusten a las  normas eventualmente aplicables a la forma y al contenido de dicha publicidad adoptadas por motivos de interés general.  TÍTULO VI Disposiciones finales Artículo 22 1.  Las adaptaciones de carácter técnico a aportar a la presente Directiva, relativas a los guiones siguientes se aprobarán con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2:  - la ampliación del contenido de la lista mencionada en el artículo 18, que figura en el Anexo, o la adaptación de la terminología de la lista a fin de tener en cuenta el desarrollo de los mercados financieros;  - la modificación de la cuantía de capital inicial previsto en el artículo 4 a fin de tener en cuenta los desarrollos económicos y monetarios;  - los ámbitos en los que las autoridades competentes deben intercambiar informaciones, enumerados en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 77/780/CEE;  - la clarificación de las definiciones con vistas a una aplicación uniforme de la presente Directiva en la Comunidad;  - la clarificación de las definiciones a fin de tener en cuenta, en la aplicación de la presente Directiva, el desarrollo de los mercados financieros;  - la adecuación de la terminología y la formulación de las definiciones atendiendo a los actos ulteriores relativos a las entidades de créditos y materias afines.  2.  La Comisión estará asistida por un Comité formado por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.  El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia de la cuestión planteada. El dictamen será adoptado por la  mayoría prevista, en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado, para la adopción de las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. En las votaciones en el seno del Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros  se ponderarán del modo previsto en dicho artículo. El presidente no participará en la votación.  La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se ajusten al dictamen del Comité.  Cuando las medidas contempladas no se ajusten al dictamen del Comité, o en ausencia de tal dictamen, la Comisión someterá sin tardanza al Consejo una propuesta relativa a las medidas a tomar. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.  Si, al final de un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación al Consejo, éste no se hubiere pronunciado al respecto, la Comisión adoptará las medidas propuestas, excepto cuando el Consejo se haya pronunciado en contra de dichas medidas  por mayoría simple.  Artículo 23 1.  Se considerará que las sucursales que hayan comenzado su actividad, con arreglo a las disposiciones del Estado miembro de acogida, antes de la entrada en vigor de las normas de aplicación de la presente Directiva, han cumplido el  procedimiento previsto en los apartados 1 a 5 del artículo 19. A partir de la entrada en vigor antes señalada, se regirán por las disposiciones de los artículos 15 y 18, del apartado 6 del artículo 19 y del artículo 21. Se beneficiarán de la disposición  del apartado 3 del artículo 6.  2.  El artículo 20 no afectará a los derechos adquiridos por las entidades de crédito que operaban por la vía de la prestación de servicios antes de la entrada en vigor de las normas de aplicación de la presente Directiva.  Artículo 24 1.  Salvo lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva en la fecha posterior de las dos  previstas para la adopción de las medidas destinadas a dar cumplimiento a lo dispuesto en las Directivas 89/299/CEE y 89/647/CEE y, a más tardar, el 1 de enero de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  2.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 antes del 1 de enero de 1990.  3.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 25 Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.   Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1989.  Por el Consejo El Presidente P. BÉRÉGOVOY  (1) DO Nº C 84 de 31. 3. 1988, p. 1. (2) DO Nº C 96 de 17. 4. 1989, p. 33 y Decisión de 22 de noviembre de 1989 (no publicada aún en el Diario Oficial). (3) DO Nº C 318 de 17. 12. 1988, p. 42. (4) DO Nº L 322 de 17. 12. 1977, p. 30. (5) DO Nº L 302 de 4. 11. 1986, p. 15. (6) DO Nº L 193 de 18. 7. 1983, p. 18. (7) DO Nº L 372 de 31. 12. 1986, p. 1. (8) DO Nº L 124 de 5. 5. 1989, p. 16. (9) DO Nº L 33 de 4. 2. 1987, p. 10. (10) DO Nº L 33 de 4. 2. 1987, p. 16. (11) DO Nº L 178 de 8. 7. 1988, p. 5. (12) DO Nº L 197 de 18. 7. 1987, p. 33. (13) DO Nº L 193 de 18. 7. 1983, p. 1. (14) DO Nº L 348 de 17. 12. 1988, p. 62. (15) Véase la página 14 del presente Diario Oficial. (16) DO Nº L 228 de 16. 8. 1973, p. 3. (17) DO Nº L 172 de 4. 7. 1988, p. 1. (18) DO Nº L 63 de 13. 3. 1979, p. 1.   ANEXO   LISTA DE ACTIVIDADES QUE SE BENEFICIAN DEL RECONOCIMIENTO MUTUO   1.  Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.   2.  Préstamos (;).   3.  Arrendamiento financiero («leasing»).   4.  Operaciones de pago.   5.  Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viaje, cartas de crédito).   6.  Concesión de garantías y suscripción de compromisos.   7.  Transacciones por cuenta propia de la entidad o por cuenta de su clientela que tengan por objeto:  a)  instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.);  b)  mercados de cambios;  c)  instrumentos financieros a plazo y opciones;  d)  instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés;  e)  valores negociables;   8.  Participaciones en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios correspondientes.   9.  Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia industrial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el ámbito de la fusión y la compra de empresas.  10.  Intermediación en los mercados interbancarios.  11.  Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios.  12.  Custodia de valores negociables.  13.  Informes comerciales.  14.  Alquiler de cajas fuertes.  (;) comprenden en especial:  - crédito al consumo,  - crédito hipotecario,  - «factoring» con o sin recurso,  - financiación de transacciones comerciales (incluido el «forfaiting»).


Avis juridique important

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32004L0081

Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes

Diario Oficial n° L 261 de 06/08/2004 p. 0019 - 0023

 Directiva 2004/81/CE del Consejo  de  29 de abril de 2004  relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el punto 3 de su artículo 63,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

Considerando lo siguiente:

(1) La elaboración de una política común de inmigración, incluida la definición de las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros así como las medidas de lucha contra la inmigración ilegal, es un elemento constitutivo del objetivo de la Unión Europea de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2) El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión extraordinaria de los días  15  y  16 de octubre de 1999 , se declaró decidido a hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, centrándose por ejemplo en quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los migrantes. Hizo un llamamiento a los Estados miembros para que concentrasen sus esfuerzos en detectar y desmantelar las redes de delincuencia, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.

(3) Reflejo del carácter cada vez más preocupante de este fenómeno creciente a escala internacional fue la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, completado por un Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y un Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. La Comunidad y los quince Estados miembros los firmaron en diciembre de 2000.

(4) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la protección concedida a los refugiados, a los beneficiarios de una protección subsidiaria y a los solicitantes de protección internacional de acuerdo con el Derecho internacional relativo a los refugiados, y sin perjuicio de otros instrumentos sobre derechos humanos.

(5) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de otras disposiciones relativas a la protección de las víctimas, testigos o personas especialmente vulnerables. No afecta tampoco a las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto al derecho de residencia concedido por razones humanitarias u otras.

(6) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(7) Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

(8) A escala europea se han adoptado, para reforzar la prevención y lucha contra los delitos anteriormente citados, la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de  28 de noviembre de 2002 , destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares(4), y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de  19 de julio de 2002 , relativa a la lucha contra la trata de seres humanos(5).

(9) La presente Directiva establece un permiso de residencia destinado a las víctimas de la trata de seres humanos o, en el caso de los Estados miembros que decidan ampliar el alcance de dicha Directiva, a aquellos nacionales de terceros países que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, para quienes el permiso de residencia constituye un incentivo suficiente para cooperar con las autoridades competentes, e incluye al mismo tiempo determinadas condiciones para evitar abusos.

(10) Con este objetivo es necesario establecer los criterios de expedición de los permisos de residencia, las condiciones de estancia y los motivos de no renovación o retirada. El derecho de estancia con arreglo a la presente Directiva está sujeto a determinadas condiciones y tiene carácter provisional.

(11) Los nacionales de terceros países de que se trate deben ser informados de la posibilidad de obtener este permiso de residencia y poder disponer de un plazo de reflexión. Lo anterior debe ayudarlos a estar en condiciones de decidir con conocimiento de causa si desean o no cooperar -habida cuenta de los riesgos que ello puede entrañar- con las autoridades competentes, ya sean autoridades policiales, fiscales o judiciales, para que su cooperación sea libre y en consecuencia más eficaz.

(12) Dada su vulnerabilidad, los nacionales de terceros países de que se trate deben recibir la asistencia que establece la presente Directiva. Dicha asistencia debe permitirles recuperarse y librarse de la influencia de los autores de los delitos. El tratamiento médico que ha de proporcionarse a los nacionales de terceros países cubiertos por la presente Directiva incluye asimismo, si procede, un tratamiento psicoterapéutico.

(13) Las autoridades competentes deben adoptar una decisión sobre la concesión de un permiso de residencia de seis meses como mínimo o sobre su renovación, y considerar si se cumplen las condiciones pertinentes.

(14) La presente Directiva ha de aplicarse sin perjuicio de las actividades llevadas a cabo por las autoridades competentes en todas las fases de los procedimientos nacionales pertinentes, y en particular al investigar los delitos de que se trate.

(15) Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de autorizar la estancia por otros motivos, con arreglo a sus legislaciones nacionales, a aquellos nacionales de terceros países que queden cubiertos por la presente Directiva, pero que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones que ésta establece, a los miembros de sus familias o a las personas que reciban un trato similar a los miembros de sus familias.

(16) Para que los nacionales de terceros países de que se trate puedan recuperar su independencia y no volver a caer en redes delictivas, debe autorizarse a los titulares de un permiso de residencia, con arreglo a las condiciones de la presente Directiva, a tener acceso al mercado de trabajo, a la formación profesional y a la enseñanza. Al autorizar a los titulares de un permiso de residencia el acceso a la formación profesional y a la enseñanza, los Estados miembros deben considerar en especial la probable duración de la estancia.

(17) La participación de los nacionales de terceros países de que se trate en programas o proyectos que ya existan o vayan a introducirse debe contribuir a que recuperen una vida social normal.

(18) Si los nacionales de terceros países de que se trate presentan una solicitud para otro tipo de permiso de residencia, los Estados miembros adoptan una decisión en virtud de la legislación nacional de extranjería ordinaria. Al examinar dichas solicitudes, los Estados miembros deben tener presente el hecho de que a los nacionales de terceros países de que se trate se les ha concedido el permiso de residencia expedido con arreglo a la presente Directiva.

(19) Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión, con respecto a la aplicación de la presente Directiva, la información conseguida en el marco de las actividades de recogida y tratamiento de datos estadísticos sobre temas que entran en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

(20) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, introducir un permiso de residencia para los nacionales de terceros países que cooperen en la lucha contra la trata de seres humanos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión de la acción pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, ésta no les será vinculante ni aplicable.

(22) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, ésta no le será vinculante ni aplicable.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto definir las condiciones para la concesión de permisos de residencia de duración limitada, en función de la duración de los procedimientos nacionales pertinentes, a nacionales de terceros países que cooperen en la lucha contra la trata de seres humanos o contra la ayuda a la inmigración ilegal.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva:

a) se entenderá por  «nacional de tercer país»  toda persona que no sea ciudadano de la Unión conforme lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Tratado;

b) la  «acción de ayuda a la inmigración ilegal»  abarcará casos como los contemplados en los artículos 1 y 2 de la Directiva 2002/90/CE;

c) la  «trata de seres humanos»  abarcará casos como los contemplados en los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión marco 2002/629/JAI;

d) se entenderá por  «medida de ejecución de una decisión de expulsión»  cualquier medida adoptada por un Estado miembro con el fin de aplicar la decisión de las autoridades competentes por la que se ordena la expulsión de un nacional de tercer país;

e) se entenderá por  «permiso de residencia»  cualquier autorización expedida por un Estado miembro que permita a un nacional de un tercer país que cumpla las condiciones establecidas por la presente Directiva permanecer legalmente en su territorio;

f) se entenderá por  «menores no acompañados»  los nacionales de terceros países menores de 18 años que lleguen al territorio del Estado miembro sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de ellos, o los menores que dejen de estar acompañados después de haber entrado en el territorio del Estado miembro.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a los nacionales de terceros países que sean o hayan sido víctimas de delitos relacionados con la trata de seres humanos, aun cuando hayan entrado ilegalmente en el territorio de los Estados miembros.

2. Los Estados miembros podrán aplicar la presente Directiva a los nacionales de terceros países que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal.

3. La presente Directiva se aplicará a los nacionales de terceros países interesados que hayan alcanzado la mayoría de edad establecida por la legislación del Estado miembro de que se trate.

No obstante lo que antecede, los Estados miembros podrán decidir aplicar la presente Directiva a los menores en las condiciones establecidas en su legislación nacional.

Artículo 4

Disposiciones más favorables

La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros adoptar o mantener disposiciones más favorables para las personas cubiertas por la presente Directiva.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA

Artículo 5

Información a los nacionales de terceros países interesados

Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros consideren que un nacional de un tercer país puede entrar en el ámbito aplicación de la presente Directiva, informarán a la persona interesada de las posibilidades que ofrece la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán decidir que dicha información también pueda ser facilitada por una organización no gubernamental o una asociación designada específicamente por el Estado miembro de que se trate.

Artículo 6

Período de reflexión

1. Los Estados miembros garantizarán que se conceda a los nacionales de terceros países interesados un período de reflexión que les permita recuperarse y librarse de la influencia de los autores de los delitos, de forma que puedan decidir con conocimiento de causa si cooperan con las autoridades competentes.

La duración y el comienzo del período a que se hace referencia en el párrafo primero se determinarán de acuerdo con la legislación nacional.

2. Durante el período de reflexión y a la espera de la decisión de las autoridades competentes, los nacionales de terceros países interesados tendrán acceso al trato previsto en el artículo 7 y no se ejecutará en su contra ninguna orden de expulsión.

3. El período de reflexión no creará ningún derecho de residencia en virtud de la presente Directiva.

4. El Estado miembro podrá poner fin en cualquier momento al período de reflexión si las autoridades competentes comprueban que la persona interesada ha reanudado de manera activa y voluntaria y por iniciativa propia el contacto con los autores de los delitos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 2, o por motivos relacionados con el orden público y la protección de la seguridad nacional.

Artículo 7

Trato dispensado antes de la expedición del permiso de residencia

1. Los Estados miembros velarán por que los nacionales de terceros países interesados que no posean suficientes recursos disfruten de un nivel de vida que les garantice la subsistencia y el acceso a tratamiento médico de urgencia. Los Estados miembros satisfarán las necesidades especiales de los más vulnerables, incluyendo, en su caso y si así lo dispone su legislación nacional, la asistencia psicológica.

2. Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta las necesidades en materia de seguridad y protección de los nacionales de terceros países interesados cuando apliquen la presente Directiva, de conformidad con su legislación nacional.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición de los nacionales de terceros países interesados, si procede, servicios de traducción y de interpretación.

4. Los Estados miembros podrán facilitar a los nacionales de terceros países interesados asistencia jurídica gratuita, si así lo dispone su legislación nacional y en las condiciones establecidas por ésta.

Artículo 8

Expedición y renovación del permiso de residencia

1. A la expiración del período de reflexión, o antes si las autoridades competentes estiman que el nacional del tercer país interesado ya cumple los criterios establecidos en la letra b), los Estados miembros considerarán:

a) la conveniencia que presenta la prórroga de la estancia de dicha persona en su territorio a efectos de investigaciones o de acciones judiciales;

b) si dicha persona ha mostrado una clara voluntad de cooperación, y

c) si dicha persona ha roto todas las relaciones con los presuntos autores de hechos que pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 2.

2. Para que se expida el permiso de residencia, y sin perjuicio de los motivos relacionados con el orden público y la protección de la seguridad nacional, se requerirá el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el apartado 1.

3. El permiso de residencia, sin perjuicio de las disposiciones sobre la retirada establecidas en el artículo 14, tendrá una validez de seis meses como mínimo. Se renovará si se siguen cumpliendo las condiciones del apartado 2 del presente artículo.

CAPÍTULO III

TRATO A LOS TITULARES DEL PERMISO DE RESIDENCIA

Artículo 9

Trato dispensado tras la expedición del permiso de residencia

1. Los Estados miembros velarán por que a los titulares de un permiso de residencia que no posean suficientes recursos se les dispense por lo menos el mismo trato que el previsto en el artículo 7.

2. Los Estados miembros prestarán la necesaria asistencia médica o de otro tipo a los nacionales de terceros países interesados que no posean suficientes recursos y tengan necesidades especiales, como mujeres embarazadas, personas discapacitadas o víctimas de violencia sexual u otras formas de violencia y, en el supuesto de que los Estados miembros hagan uso de la posibilidad contemplada en el apartado 3 del artículo 3, a los menores.

Artículo 10

Menores de edad

Cuando los Estados miembros hagan uso de la posibilidad contemplada en el apartado 3 del artículo 3 se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta el interés superior del niño al aplicar la presente Directiva. Velarán por la adecuación del procedimiento a la edad y madurez del niño. En particular, podrán prolongar la duración del período de reflexión si consideran que ello redunda en el interés superior del niño;

b) los Estados miembros velarán por que los menores tengan acceso al sistema de enseñanza en las mismas condiciones que los nacionales. Los Estados miembros podrán disponer que este acceso deba limitarse al sistema de enseñanza pública;

c) cuando los nacionales de terceros países sean menores no acompañados, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer su identidad y nacionalidad y el hecho de que no están acompañados. Pondrán todos los medios para encontrar cuanto antes a su familia y adoptarán cuanto antes las medidas necesarias para garantizar su representación jurídica, incluida, en caso necesario, la representación en un proceso penal, de acuerdo con la legislación nacional.

Artículo 11

Trabajo, formación profesional y educación

1. Los Estados miembros definirán las normas por las que se autorizará a los titulares del permiso de residencia a acceder al mercado de trabajo, a la formación profesional y la educación.

Dicho acceso se limitará a la duración del permiso de residencia.

2. Las condiciones y procedimientos de autorización del acceso al mercado de trabajo, a la formación profesional y a la educación serán determinadas, en virtud de la legislación nacional, por las autoridades competentes.

Artículo 12

Programas o planes en favor de los nacionales de terceros países interesados

1. Los nacionales de terceros países interesados podrán acceder a los programas o planes existentes, ofrecidos por los Estados miembros o por organizaciones o asociaciones no gubernamentales que tengan acuerdos específicos con los Estados miembros, dirigidos a que recuperen una vida social normal, en los que se incluirán, en su caso, cursos concebidos para mejorar sus aptitudes profesionales, o a que preparen su retorno asistido a sus países de origen.

Los Estados miembros podrán ofrecer a los nacionales de terceros países interesados programas o planes específicos.

2. En caso de que un Estado miembro decida introducir y aplicar los programas o planes a que se refiere el apartado 1, podrá condicionar la expedición del permiso de residencia o su renovación a la participación en dichos programas o planes.

CAPÍTULO IV

NO RENOVACIÓN Y RETIRADA

Artículo 13

No renovación

1. El permiso de residencia expedido de conformidad con la presente Directiva no se renovará si las condiciones del apartado 2 del artículo 8 dejan de cumplirse o si una decisión adoptada por las autoridades competentes ha puesto fin al procedimiento pertinente.

2. Cuando expire el permiso de residencia expedido de conformidad con la presente Directiva, se aplicará la legislación de extranjería ordinaria.

Artículo 14

Retirada

El permiso de residencia podrá retirarse en cualquier momento si dejan de cumplirse las condiciones para su expedición. En particular, el permiso de residencia podrá retirarse en los siguientes casos:

a) si el titular reanuda de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores de los delitos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 2, o

b) si la autoridad competente considera que la cooperación de la víctima es fraudulenta o su denuncia es fraudulenta o infundada, o

c) por motivos relacionados con el orden público y la protección de la seguridad nacional, o

d) cuando la víctima deje de cooperar, o

e) cuando las autoridades competentes decidan desistir de la acción.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

Cláusula de salvaguardia

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las normas nacionales específicas sobre protección de víctimas y testigos.

Artículo 16

Informe

1. A más tardar el  6 de agosto de 2008 , la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información apropiada para la elaboración de este informe.

2. Una vez presentado el informe citado en el apartado 1, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo, al menos una vez cada tres años, sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros.

Artículo 17

Adaptación del Derecho interno

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del  6 de agosto de 2006 . Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el  Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 19

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Luxemburgo, el  29 de abril de 2004 .

 Por el Consejo

 El Presidente

M. Mc Dowell

(1) DO C 126 E de 28.5.2002, p. 393.

(2) Dictamen emitido el  5 de diciembre de 2002  (no publicado aún en el Diario Oficial).

(3) DO C 221 de 17.9.2002, p. 80.

(4) DO L 328 de 5.12.2002, p. 17.

(5) DO L 203 de 1.8.2002, p. 1.