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31992L0121

Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito

Diario Oficial n° L 029 de 05/02/1993 p. 0001 - 0008 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 3 p. 0208  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 3 p. 0208

DIRECTIVA 92/121/CEE DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 1992 sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de créditoEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 57,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que la presente Directiva se inscribe dentro de los objectivos fijados en el Libro Blanco de la Comisión sobre la realización del mercado interior;  Considerando que es conveniente armonizar las normas esenciales de supervisión, que es importante que los Estados miembros tengan la facultad de adoptar disposiciones más estrictas que las contenidas en la presente Directiva;  Considerando que la presente Directiva ha sido objeto de consulta al Comité consultivo bancario, que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de  las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (4), es competente para hacer cualquier sugerencia a la Comisión para la coordinación de los coeficientes  aplicables en los Estados miembros;  Considerando que la supervisión y el control de los riesgos de las entidades de crédito son parte integrante de la supervisión de éstas; que una concentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo de clientes relacionados entre sí puede  conllevar una posibilidad inaceptable de pérdidas; que puede estimarse que tal situación perjudica a la solvencia de la entidad de crédito;  Considerando que las orientaciones comunes sobre la supervisión y control de los riesgos de las entidades de crédito fueron inicialmente introducidas por medio de la Recomendación 87/62/CEE de la Comisión (5); que tal instrumento se eligió porque  permitía adaptar de forma gradual los sistemas existentes y establecer nuevos sistemas sin causar, por ello, perturbaciones en el sistema bancario de la Comunidad; que, habiendo concluido esta primera fase, conviene ahora adoptar un acto vinculante  aplicable a todas las entidades de crédito de la Comunidad;  Considerando que, en un mercado bancario unificado, al competir directamente entre sí las entidades de crédito, las obligaciones aplicables en toda la Comunidad en materia de supervisión deben ser equivalentes; que, a tal fin, los criterios aplicados  para determinar la concentración de riesgos deben ser objeto de normas jurídicamente vinculantes en el plano comunitario y no pueden dejarse totalmente a la apreciación de los Estados miembros; que la adopción de normas comunes constituirá, por tanto,  el mejor modo de favorecer los intereses de la Comunidad, al evitar diferencias en las condiciones de competencia y reforzar, al mismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad;  Considerando que, en lo que se refiere al método contable preciso que debe utilizarse para la evaluación de los riesgos, se remite a las disposiciones de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a  las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (6);  Considerando que la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (7), contiene una nomenclatura de los riesgos de crédito a que están sujetas las entidades de crédito; que  resulta, por tanto, oportuno referirse a dicha nomenclatura para la definición de los riesgos a efectos de la presente Directiva; que, sin embargo, no resulta oportuno referirse por principio ni a las ponderaciones ni a los grados de riesgo establecidos  por la Directiva 89/647/CEE; que tales ponderaciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecer un requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo de crédito de las entidades de crédito; que, en el marco de una normativa sobre  las operaciones de gran riesgo, el objetivo perseguido consiste en limitar el riesgo máximo de pérdidas en que puede incurrir una entidad de crédito frente a un cliente o grupo de clientes relacionados entre sí; que, por consiguiente, procede adoptar un  enfoque prudente que permita tomar los riesgos, en general, por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni grados de riesgo;  Considerando que cuando una entidad de crédito contrae riesgos frente a su propia empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha empresa matriz, se impone una especial prudencia; que la gestión de los riesgos contraídos por las entidades de  crédito debe realizarse con absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana gestión bancaria, fuera de toda consideración ajena a dichos principios; que las disposiciones de la segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de  diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (8) disponen que cuando la influencia ejercida por las personas que  posean, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito pueda ir en detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad, las autoridades competentes adoptarán las medidas oportunas para poner fin a dicha situación;  que, en lo que se refiere a las operaciones de gran riesgo, procede, asimismo, establecer normas específicas para los riesgos contraídos por una entidad de crédito frente a las empresas de su propio grupo, y, en este caso, límites más severos para estos  riesgos que para los demás tipos de riesgo; que estos límites más severos no deben aplicarse, no obstante, cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito y las demás filiales sean entidades de crédito, entidades  financieras o empresas de servicios bancarios auxiliares, siempre que todas estas empresas estén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad de crédito; que, en este caso, la supervisión consolidada del conjunto así formado hace posible una  supervisión suficientemente eficaz, por lo que no resulta indispensable establecer normas más severas para la limitación de los riesgos; que, de este modo, además, se alentará a los grupos bancarios a organizar sus estructuras de manera que permitan una  supervisión consolidada, lo que resulta conveniente, puesto que ello posibilita una supervisión más completa;  Considerando que, con miras a garantizar una aplicación armoniosa de la presente Directiva, es conveniente permitir que los Estados miembros establezcan la aplicación de los nuevos límites en dos etapas, que puede estar justificado un período  transitorio más largo para las entidades de crédito más pequeñas, en la medida en que una aplicación más rápida de la norma del 25 % podría reducir de modo demasiado brusco la actividad crediticia de las mismas;  Considerando que en la Directiva 89/646/CEE se atribuyen a la Comisión competencias de ejecución de la misma naturaleza que las que el Consejo se ha reservado en la Directiva 89/299/CEE, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las  entidades de crédito (9);  Considerando que, dadas las particularidades del sector considerado, procede encomendar al Comité previsto el el artículo 22 de la Directiva 89/646/CEE la misión de asistir a la Comisión en el ejercicio de las competencias a ella atribuidas con arreglo  a la variante b) del procedimiento III de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).  Considerando que, en lo que se refiere a la supervisión de las operaciones de gran riesgo relativas a actividades qau estén fundamentalmente sometidas a los riesgos de mercado, la indispensable coordinación de los métodos de supervisión podrá quedar  garantizada por medio de un acto comunitario relativo a la adecuación de los fondos propios de las empresas de inversión y entidades de crédito; que esto supone que, mientras no exista normativa comunitaria relativa a dichas operaciones de gran riesgo,  la supervisión de operaciones de este tipo relacionadas con actividades que estén fundamentalmente sometidas a riesgos de mercado, como la carta de negociación, la suscripción en firme de compromisos para la emisión de valores y los créditos sobre  liquidación de transacciones de valores, podrá quedar a cargo de las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1  Definiciones A efectos de la presente Directiva se entenderá por:  a)   entidad de crédito: una entidad de crédito tal como se define en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, incluidas las sucursales en países terceros de dicha entidad de crédito, así como todas las empresas públicas o privadas,  incluidas sus sucursales, que respondan a la definición del primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE y hayan sido autorizadas en un país tercero;  b) autoridades competentes:  las autoridades competentes tal como se definen en el noveno guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada (11);   c) empresa matriz:  una empresa matriz tal como se define en el séptimo guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE;  d) empresa filial:  una empresa filial tal como se define en el octavo guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE;  e) sociedad financiera de cartera:  una empresa tal como se define en el tercer guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE;  f) entidad financiera:  una empresa tal como se define en el segundo guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE;  g) empresa de servicios bancarios auxiliares:  una empresa tal como se define en el quinto guión del artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE;  h) riesgos:  los activos y partidas de las cuentas de orden enumerados en el artículo 6 y en los Anexos I y III de la Directiva 89/647/CEE, sin aplicación de las ponderaciones ni grados de riesgo previstos en dichas disposiciones; los riesgos  mencionados en el Anexo III se calcularán con arreglo a uno de los métodos establecidos en el Anexo II de la misma Directiva, sin aplicación de las ponderaciones previstas en función de la contraparte, podrán excluirse de esta definición, con el acuerdo  de las autoridades competentes, todos los elementos cubiertos en un 100 % por fondos propios con tal de que estos últimos no entren en el cálculo del coeficiente de solvencia y de los demás ratios de vigilancia previstos por actos comunitarios; los  riesgos no incluirán:  -  en el caso de las operaciones de cambio de divisas, los riesgos contraídos en el curso normal de la liquidación durante las 48 horas siguientes a la realización del pago; o  - en el caso de las operaciones de compra o de venta de valores, los riesgos contraídos en el curso normal de la liquidación durante los cinco días laborables posteriores a la fecha del pago, o a la entrega de los valores, si ésta fuera anterior;  i) zona A:  la zona definida en el segundo guión del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/647/CEE;  j) zona B:  la zona definida en el tercer guión del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/647/CEE;  k) fondos propios:  los fondos propios de una entidad de crédito tal como se definen en la Directiva 89/299/CEE;  l) control:  la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;  m) grupo de clientes relacionados entre sí:  - dos o más personas, físicas o jurídicas, que, salvo prueba en contrario, constituyan un conjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que una de ellas posea directa o indirectamente sobre la otra o las otras un poder de control;   - dos o más personas, físicas o jurídicas, entre las cuales no exista ninguna relación de control como la que se describe en el primer guión, pero a las que se deba considerar como un conjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que, debido a  los vínculos existentes entre ellas, si una de ellas tuviera problemas financieros, la otra o las otras tendrían probablemente dificultades de reembolso. Artículo 2  Ámbito de aplicación La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito que hayan obtenido la autorización a que se refiere el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE.  No obstante, los Estados miembros podrán no aplicar la presente Directiva a:  a)  las entidades mencionadas en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE;  b) las entidades definidas en la letra a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE que, en un mismo Estado miembro, estén afiliadas a un órgano central establecido en dicho Estado miembro siempre y cuando, sin perjuicio de la aplicación  de la presente Directiva al órgano central, el conjunto formado por el órgano central y las entidades afiliadas esté sometido a supervisión global. Artículo 3  Notificación de las operaciones de gran riesgo 1.  Los riesgos contraídos por una entidad de crédito respecto de un cliente o de un grupo de clientes relacionados entre sí serán considerados como «grandes riesgos» cuando su valor sea igual o superior al 10 % de sus fondos propios.  2.  Las entidades de crédito notificarán a las autoridades competentes las operaciones de gran riesgo definidas en el apartado 1. Los Estados miembros dispondrán, a su elección, que esta notificación se haga con arreglo a una de las dos fórmulas  siguientes:  -  notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos una vez al año, junto con una comunicación continuada a lo largo del año de cualquier nueva operación de gran riesgo y de cualquier aumento de los grandes riesgos ya existentes en al menos  un 20 % con respecto a la última comunicación realizada;  - notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos cuatro veces al año.  3.  No obstante, podrán eximirse de la notificación mencionada en el apartado 2 los riesgos excluidos en virtud de las letras a), b), c), d), f), g) y h) del apartado 7 del artículo 4. La frecuencia de la notificación mencionada en el segundo guión del  apartado 2 del presente artículo podrá reducirse a dos veces por año para los demás riesgos contemplados en las letras e) e i) a s) del apartado 7 del artículo 4, así como en los apartados 8, 9 y 10 del artículo 4.  4.  Las autoridades competentes exigirán que las entidades de crédito dispongan de procedimientos administrativos y contables seguros y de mecanismos internos de control adecuados que permitan identificar y registrar todas las operaciones de gran riesgo  y las modificaciones de las mismas, conforme a las definiciones y exigencias de la presente Directiva, así como supervisar dichos riesgos, habida cuenta de la política de la entidad de crédito en materia de riesgos.  Cuando una entidad de crédito se acoja a lo dispuesto en el apartado 3, conservará las pruebas de los motivos invocados durante un año a partir del hecho causante de la exención para permitir que las autoridades competentes puedan verificar el  fundamento de la misma. Artículo 4  Límites aplicables a las operaciones de gran riesgo 1.  Una entidad de crédito no podrá contraer riesgos cuyo valor total supere el 25 % de sus fondos propios respecto de un mismo cliente o de un grupo de clientes relacionados entre sí.  2.  Cuando el cliente o el grupo de clientes relacionados entre sí sean la empresa matriz o la empresa filial de la entidad de crédito y/o una o más filiales de dicha empresa matriz, el porcentaje establecido en el apartado 1 deberá reducirse al 20 %.  No obstante, los Estados miembros podrán no aplicar este límite del 20 % a las operaciones de riesgo adquiridas frente a dichos clientes si establecen un control específico de tales riesgos por otros medios o procedimientos. Informarán a la Comisión y  al Comité consultivo bancario del contenido de dichas medidas o procedimientos.  3.  Las entidades de crédito no podrán contraer grandes riesgos cuyo valor acumulado supere el 800 % de los fondos propios.  4.  Los Estados miembros podrán fijar límites más estrictos que los valores límite mencionados en los apartados 1, 2 y 3.  5.  Las entidades de crédito deberán respetar los límites fijados en los apartados 1, 2 y 3 en todo momento respecto a los riesgos que contraigan. No obstante, si en algún caso excepcional los riesgos contraídos superasen dichos límites, la entidad de  crédito deberá informar de ello inmediatamente a las autoridades competentes, que podrán concederle, si así lo justifican las circunstancias, un período de tiempo limitado para ajustar los riesgos a los límites establecidos.  6.  Los Estados miembros podrán excluir total o parcialmente de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos contraídos por una entidad de crédito respecto de su empresa matriz, respecto de las demás filiales de la empresa matriz y respecto de  sus propias filiales, siempre y cuando dichas empresas estén incluidas en la supervisión en base consolidada a que estuviera sometida la propia entidad de crédito, de conformidad con la Directiva 92/30/CEE o con normas equivalentes vigentes en un país  tercero.  7.  Los Estados miembros podrán excluir total o parcialmente de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos siguientes:  a)   los activos que constituyan créditos sobre las administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A;  b) los activos que constituyan créditos sobre las Comunidades Europeas;  c)  los activos que constituyan créditos expresamente garantizados por administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A, así como por las Comunidades Europeas;  d) otros riesgos contraídos sobre, o garantizados por, las administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A, o las Comunidades Europeas;  e) los activos que constituyan créditos y otros sobre las administraciones centrales o los bancos centrales de la zona B, nominados y, en su caso, financiados en la moneda nacional del prestatario;  f) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en valores emitidos por las administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A, por las Comunidades  Europeas o por las administraciones regionales o locales de los Estados miembros para las cuales el artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE dispone, en materia de solvencia, una ponderación del 0 %;  g) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en un depósito en efectivo constituido en la entidad acreedora o en una entidad de crédito que sea la empresa  matriz o una filial de la entidad acreedora;  h) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en valores representativos de depósitos emitidos por la entidad acreedora o por una entidad de crédito que sea  empresa matriz o filial de la entidad acreedora y depositada en cualquiera de ellas;  i) los activos que constituyan créditos y otros riesgos sobre entidades de crédito, con vencimiento igual o inferior a un año, y que no constituyan fondos propios de dichas entidades, tal como éstos se definen en la Directiva 89/299/CEE;  j) los activos que constituyan créditos y otros riesgos, con vencimiento igual o inferior a un año, sobre entidades que no sean de crédito pero que se ajusten a lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 89/647/CEE y garantizados de  conformidad con lo dispuesto en dicho apartado;  k) los efectos de comercio y otros efectos análogos, con vencimiento igual o inferior a un año, que lleven la firma de otra entidad de crédito;  l) las obligaciones definidas en el apartado 4 del artículo 22 de la Directiva 85/611/CEE (12);  m) hasta posterior coordinación, las participaciones en las compañías de seguros mencionadas en el apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 89/646/CEE hasta un máximo del 40 % de los fondos propios de la entidad de crédito tomadora de la  participación;  n) los activos que constituyan créditos sobre entidades de crédito regionales o centrales a las que, en virtud de disposiciones legales o estatutarias, la entidad de crédito acreedora esté asociada dentro de una red, y a las que, en aplicación de dichas  disposiciones, corresponda efectuar la compensación de los activos líquidos dentro de dicha red;  o) los riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en valores distintos de los contemplados en la letra f), siempre que no hayan sido emitidos por la propia entidad de crédito, por  su empresa matriz o por una de sus filiales, ni por el cliente o el grupo de clientes relacionados entre sí en cuestión. Los valores entregados como garantía pignoraticia deberán ser evaluados al precio del mercado, tener un valor superior al de los  riesgos garantizados y bien estar cotizados en una bolsa de valores, o bien ser efectivamente negociables y cotizarse de forma regular en un mercado que funcione por mediación de operadores profesionales reconocidos y que garantice, a satisfacción de  las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la entidad de crédito, la posibilidad de determinar un precio objetivo que permita verificar en todo momento el exceso de valor de los mismos. El exceso de valor exigido será del 100 %; sin  embargo, deberá ser del 150 % en el caso de las acciones y del 50 % en el caso de obligaciones emitidas por entidades de crédito, o por administraciones regionales o locales de los Estados miembros que no sean las contempladas en el artículo 7 de la  Directiva 89/647/CEE, por el Banco Europeo de Inversiones y por los bancos multilaterales de desarrollo tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 89/647/CEE. Los valores aportados como garantía pignoraticia no podrán constituir fondos propios  de entidades de crédito según se definen en la Directiva 89/299/CEE;  p) préstamos garantizados, a satisfacción de las autoridades competentes, por hipotecas sobre viviendas y operaciones de arrendamiento financiero en virtud de las cuales el arrendador mantenga la plena propiedad de la vivienda alquilada mientras el  arrendatario no haya ejercido su opción de compra, en ambos casos hasta el 50 % del valor de la correspondiente vivienda. El valor de dicho bien se calculará, a satisfacción de las autoridades competentes, sobre la base de rigurosas normas de tasación  establecidas por ley o mediante disposiciones reglamentarias o administrativas. La tasación se realizará como mínimo una vez por año. A efectos de la presenta letra, se entenderá por bien inmobiliario cualquier vivienda que el prestatario ocupe o que  vaya a ceder en régimen de arrendamiento;  q) 50 % de las cuentas de orden de riesgo medio/bajo mencionadas en el Anexo I de la Directiva 89/647/CEE;  r) con el acuerdo de las autoridades competentes, las garantías distintas de las establecidas sobre créditos distribuidos, que tengan fundamento legal o reglamentario y que las sociedades de garantía recíproca con estatuto de entidad de crédito conforme  a la letra a) del artículo 1 ofrezcan a sus clientes afiliados, sin perjuicio de que se establezca una ponderación de su importe del 20 %;  Los Estados miembros informarán a la Comisión del uso que hagan de esta facultad, a fin de que no se creen distorsiones de competencia. En un plazo máximo de cinco años tras la adopción de la presente Directiva, la Comisión presentará al Consejo un  informe acompañado, en su caso, de propuestas pertinentes;  s) las cuentas de orden con riesgo bajo mencionadas en el Anexo I de la Directiva 89/647/CEE, siempre que se haya suscrito con el cliente o grupo de clientes relacionados entre sí un acuerdo en virtud del cual sólo se pueda contraer el riesgo una vez  que se haya comprobado que ello no conducirá a que se superen los límites aplicables con arreglo a los apartados 1, 2 y 3.  8.  A efectos de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los activos que constituyan créditos sobre las administraciones regionales y locales de los Estados miembros, así como a cualesquiera  otros riesgos asumidos sobre dichas administraciones, o garantizados por ellas; los Estados miembros podrán, no obstante, reducir la ponderación al 0 % en las condiciones contempladas en el artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE.  9.  A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a las partidas del activo que constituyan créditos y a otros riesgos sobre entidades de crédito que tengan un plazo de vencimiento superior a un año  pero inferior o igual a tres y una ponderación del 50 % a las partidas del activo que constituyan créditos sobre entidades de crédito con un vencimiento superior a tres años, siempre que estos últimos estén representados por instrumentos de deuda  emitidos por una entidad de crédito y siempre que dichos instrumentos de deuda sean, a juicio de las autoridades competentes, efectivamente negociables en un mercado constituido por operadores profesionales y se coticen en él diariamente, o cuya emisión  haya sido autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la entidad de crédito emisora. En ninguno de estos casos dichos elementos podrán constituir fondos propios según se definen en la Directiva 89/299/CEE.  10.  No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 7 y en el apartado 9, los Estados miembros podrán asignar una ponderación del 20 % a los elementos de activo que constituyan créditos y otros riesgos sobre entidades de crédito, con independencia  de su vencimiento.  11.  Cuando un tercero garantice un riesgo respecto de un cliente, o dicho riesgo esté garantizado por una garantía pignoraticia en valores emitidos por un tercero en las condiciones definidas en la letra o) del apartado 7, los Estados miembros podrán:   -  considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el cliente, si dicho tercero garantizara el riesgo, a satisfacción de las autoridades competentes, directa e incondicionalmente;  - considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el cliente, si el riesgo definido en la letra o) del apartado 7 está garantizado por una garantía pignoraticia en las condiciones allí mencionadas.  12.  En un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha que se menciona en el apartado 1 del artículo 8, el Consejo examinará, basándose en un informe de la Comisión, el tratamiento de los riesgos interbancarios definido en la letra i) del apartado 7  y en los apartados 9 y 10. El Consejo decidirá, en su caso, basándose en una propuesta de la Comisión, las modificaciones que deberán hacerse. Artículo 5  Supervisión en base consolidada y no consolidada 1.  Cuando la entidad de crédito no sea ni empresa matriz ni filial, la observancia de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 o en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito se supervisará sobre una base no  consolidada.  2.  En los demás casos, la observancia del cumplimiento de las obligaciones que figuran en los artículos 3 y 4 o en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito se supervisará sobre una base consolidada con arreglo a la Directiva  92/30/CEE.  3.  Los Estados miembros podrán no someter a supervisión sobre base individual o subconsolidada el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 o en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito, por parte de  una entidad de crédito que, como empresa matriz, esté sujeta a supervisión sobre una base consolidada y de toda empresa filial de tal entidad de crédito que esté sujeta a la autorización y supervisión de los Estados miembros y esté incluida en la  supervisión consolidada.  Podrán igualmente no ejercer aquella supervisión cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera establecida en el mismo Estado miembro que la entidad de crédito, siempre que dicha sociedad esté sujeta a la misma supervisión que la que  se ejerce con respecto a entidades de crédito.  Si se ejercen las facultades previstas en los supuestos contemplados en los párrafos primero y segundo, deberán tomarse medidas que garanticen una distribución de riesgos satisfactoria dentro del grupo.  4.  Cuando una entidad de crédito cuya empresa matriz sea asimismo una entidad de crédito, haya recibido autorización y tenga su domicilio en otro Estado miembro, las autoridades competentes que hayan concedido dicha autorización deberán exigir el  cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4, o en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito sobre una base individual o, en su caso, sobre una base subconsolidada.  5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades competentes responsables de la autorización de la entidad de crédito filial de una empresa matriz que sea una entidad de crédito que haya recibido autorización y que tenga su domicilio en  otro Estado miembro podrán,  en virtud de un acuerdo bilateral, delegar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 o en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito en las autoridades  competentes que hayan autorizado a la empresa matriz y la supervisen. Tanto la Comisión como el Comité consultivo bancario deberán ser informados de la existencia y del contenido de tales acuerdos. Artículo 6  Disposiciones transitorias sobre los riesgos superiores a los límites aplicables 1.  Si, en la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, una entidad de crédito hubiere aceptado ya un riesgo, o riesgos, que superen los límites aplicables a los grandes riesgos o el límite aplicable  a la acumulación de grandes riesgos, previstos en la presente Directiva, las autoridades competentes exigirán a dicha entidad de crédito que adopte las medidas necesarias para reducir el riesgo o riesgos considerados al nivel previsto por las  disposiciones de la presente Directiva.  2.  El procedimiento destinado a reducir el riesgo o riesgos al nivel autorizado se definirá, se adoptará, se aplicará y se concluirá en el plazo que las autoridades competentes consideren conforme al principio de gestión sana y de competencia leal. Las  autoridades competentes informarán a la Comisión y al Comité consultivo bancario sobre el calendario del procedimiento general adoptado.  3.  La entidad de crédito no podrá adoptar medida alguna que tenga por efecto aumentar los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1 con respecto al nivel que representaban dichos riesgos en la fecha de publicación de la presente Directiva en el  Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  4.  El plazo que deberá aplicarse en virtud del apartado 2 expirará, a más tardar, el 31 de diciembre de 2001. Los riesgos de vencimiento más largo cuyos términos contractuales esté obligada a cumplir la entidad prestamista podrán mantenerse hasta dicho  vencimiento.  5.  Hasta el 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros podrán aumentar el límite establecido en el apartado 1 del artículo 4 hasta el 40 % y el límite establecido en el apartado 2 del artículo 4 hasta el 30 %. En tal caso, y sin perjuicio de lo  dispuesto en los apartados 1 a 4, el plazo para reducir los riesgos existentes al finalizar el citado período hasta los niveles establecidos en el artículo 4 finalizará el 31 de diciembre de 2001.  6.  Únicamente para las entidades de crédito cuyos fondos propios, con arreglo a la definición del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE, no rebasen los 7 millones de ecus, los Estados miembros podrán aumentar en cinco años los plazos  establecidos en el apartado 5. Los Estados miembros que se acojan a las facultades establecidas en el presente apartado tomarán medidas para evitar distorsiones de la competencia e informarán sobre las medidas adoptadas al respecto a la Comisión y al  Comité consultivo bancario.  7.  En los casos contemplados en los apartados 5 y 6, un riesgo podrá considerarse «gran riesgo» si su importe es igual o superior al 15 % de los fondos propios.  8.  Hasta el 31 de diciembre de 2001 los Estados miembros podrán sustituir la frecuencia de notificación de grandes riesgos a que se hace mención en el segundo guión del apartado 2 del artículo 3, por una frecuencia de dos veces al año como mínimo.  9.  Los Estados miembros podrán eximir total o parcialmente de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 los riesgos contraídos por una entidad de crédito consistentes en préstamos hipotecarios, tal como se definen en el apartado 4 del  artículo 11 de la Directiva 89/647/CEE, concluidos en el plazo de ocho años a partir de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 8 de la presente Directiva, así como las operaciones de arrendamiento financiero inmobiliario, tal como se definen en  el apartado 5 del artículo 11 de la Directiva 89/647/CEE, concluidas dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 8 de la presente Directiva, en ambos casos hasta un límite máximo del 50 % del valor de los  bienes inmobiliarios de que se trate.  10.  Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 4, Portugal podrá, hasta el 31 de diciembre de 1998, eximir total o parcialmente de la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 4 los riesgos asumidos por una entidad de crédito con  «Electricidade de Portugal» (EDP) y Petrogal. Artículo 7  Modificaciones posteriores 1.  Las modificaciones técnicas relativas a los siguientes puntos se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2:  -  la clarificación de las definiciones a fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros;  - la clarificación de las definiciones para garantizar una aplicación uniforme de la presente Directiva;  - la adecuación de la terminología y la formulación de las definiciones atendiendo a los actos posteriores relativos a las entidades de crédito y materias afines;  - la clarificación de las exenciones contempladas en los apartados 5 a 10 del artículo 4.  2.  La Comisión estará asistida por el Comité previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 22 de la Directiva 89/646/CEE.  El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se  trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquella decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los  representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente mencionado. El presidente no tomará parte en la votación.  La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.  Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría  cualificada.  Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas, excepto en el caso en que el Consejo se haya pronunciado por  mayoría simple contra dichas medidas. Artículo 8  Disposiciones finales 1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente  Directiva antes del 1 de enero de 1994. Informarán de ello inmediatamente a la  Comisión.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.  2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  3.  Mientras no exista normativa comunitaria sobre la supervisión en base consolidada o no consolidada de las operaciones de gran riesgo relativas a las actividades sujetas principalmente a riesgos de mercado, los Estados miembros tratarán dichas  operaciones de gran riesgo con arreglo a modalidades que habrán de determinar teniendo en cuenta la naturaleza específica de dichos riesgos. Artículo 9  Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1992.  Por el Consejo El Presidente D. HURD     (1) DO no C 123 de 9. 5. 1991, p. 18; y DO no C 175 de 11. 7. 1992, p. 4.  (2) DO no C 150 de 15. 6. 1992, p. 74; y DO no C 337 de 21. 12. 1992.  (3) DO no C 339 de 31. 12. 1991, p. 35.  (4) DO no L 322 de 17. 12. 1977, p. 30; Directiva modificada en último lugar por la Directiva 89/646/CEE (DO no L 386 de 30. 12. 1989, p. 1).  (5) DO no L 33 de 4. 2. 1987, p. 10.  (6) DO no L 372 de 31. 12. 1986, p. 1.  (7) DO no L 386 de 30. 12. 1989, p. 14.  (8) DO no L 386 de 30. 12. 1989, p. 1; Directiva modificada por la Directiva 92/30/CEE (DO no L 110 de 28. 4. 1992, p. 52).  (9) DO no L 124 de 5. 5. 1989, p. 16.  (10) DO no L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.  (11) DO no L 110 de 28. 4. 1992, p. 52.  (12) DO no L 375 de 31. 12. 1985, p. 3: Directiva modificada por la Directiva 88/220/CEE (DO no L 100 de 19. 4. 1988, p. 31).


Avis juridique important

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31992L0031

Directiva 92/31/CEE del Consejo de 28 de abril de 1992 por la que se modifica la Directiva 89/336/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética

Diario Oficial n° L 126 de 12/05/1992 p. 0011 - 0011 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 22 p. 0040  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 22 p. 0040

DIRECTIVA 92/31/CEE DEL CONSEJO  de 28 de abril de 1992  por la que se modifica la Directiva 89/336/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnéticaEL CONSEJO DE LAS  COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que la Directiva 89/336/CEE (4) contempla la armonización total en materia de compatibilidad electromagnética;  Considerando que, para garantizar una aplicación uniforme de dicha Directiva, es preciso disponer de normas armonizadas y que éstas no estarán disponibles en la fecha de puesta en ejecución de la Directiva;  Considerando que dicha Directiva no establece período transitorio alguno durante el cual se puedan poner en el mercado aparatos fabricados según las normas nacionales vigentes antes de la puesta en ejecución de la mencionada Directiva;  Considerando que los fabricantes han de disponer del tiempo necesario para poner en el mercado los aparatos que ya tenían en existencia;  Considerando que procede modificar en consecuencia la Directiva 89/336/CEE,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  La Directiva 89/336/CEE quedará modificada de la manera siguiente:  1) se suprime el apartado 3 del artículo 10;  2) en el apartado 1 del artículo 12 se añade el párrafo siguiente:  « No obstante, los Estados miembros autorizan, hasta el 31 de diciembre de 1995, la puesta en el mercado y la puesta en servicio de los aparatos contemplados en esta Directiva que se ajusten a las normas vigentes en su territorio el 31 de diciembre de  1992. ».  Artículo 2  1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar a los tres meses de su adopción, las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Informarán de  ello inmediatamente a la Comisión.  Dichas disposiciones se referirán de manera explícita a la presente Directiva en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de esta referencia.  Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a más tardar seis meses después de la adopción de la presente Directiva.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Luxemburgo, el 28 de abril de 1992. Por el Consejo  El Presidente  Arlindo MARQUES CUNHA   (1) DO no C 126 de 21. 6. 1991, p. 7. (2) DO no C 13 de 20. 1. 1992, p. 506. y DO no C 94 de 13. 4. 1992. (3) DO no C 339 de 31. 12. 1991, p. 1. (4) DO no L 139 de 23. 5. 1989, p. 19. Directiva modificada por la Directiva 91/263/CEE (DO no L  128 de 23. 5. 1991, p. 1).


title: Directiva 2014/85/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2014 , por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               2.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 194/10

         DIRECTIVA 2014/85/UE DE LA COMISIÓN
   de 1 de julio de 2014
   por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (1), y, en particular, su artículo 8,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La seguridad de los túneles en la Unión ha mejorado notablemente gracias, entre otras cosas, a las disposiciones de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Para conseguir que esa mejora sea plenamente efectiva, es necesario garantizar que los conductores conozcan y comprendan los principios que rigen la seguridad de la conducción en los túneles a fin de que puedan aplicarlos al comportamiento que adopten al circular. Los requisitos que establece la Directiva 91/439/CEE del Consejo (3) para las pruebas de control teóricas y prácticas fueron modificados precisamente con ese fin por la Directiva 2008/65/CE de la Comisión (4), y así han de serlo también los requisitos que dispone la Directiva de refundición 2006/126/CE.

               (2)

               Desde la fecha de adopción de la Directiva 2006/126/CE, ha avanzado el conocimiento científico de las patologías que afectan a la aptitud para conducir, especialmente en lo que atañe a la valoración de los riesgos que plantean esas patologías para la seguridad vial y de la eficacia de los tratamientos aplicados para la prevención de esos riesgos. Recientemente se han publicado numerosos estudios e investigaciones que confirman que el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es uno de los principales factores de riesgo de accidentes de carretera. Este dato, por lo tanto, debe recogerse en la normativa de la Unión sobre la obtención del permiso de conducción.

               (3)

               Es preciso, pues, modificar la Directiva 2006/126/CE para adaptar su anexo III a los avances científicos y técnicos.

               (4)

               Se han detectado, por otra parte, errores de redacción en el anexo II de la Directiva 2006/126/CE tras su modificación por la Directiva 2012/36/UE de la Comisión (5). Esos errores deben corregirse.

               (5)

               En el marco de la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (6), los Estados miembros se han comprometido a que, en los casos en que ello esté justificado, la notificación de sus medidas de transposición vaya acompañada de uno o más documentos en los que se explique la relación entre los distintos componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales en los que aquellos se transpongan.

               (6)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité del Permiso de Conducción.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Los anexos II y III de la Directiva 2006/126/CE quedan modificados de conformidad con el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán no después del 31 de diciembre de 2015 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
   Los Estados miembros comenzarán a aplicar esas disposiciones a partir del 31 de diciembre de 2015.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de esa referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 2014.

            Por la Comisión,

            en nombre del Presidente,

         Siim KALLAS

            Vicepresidente

      (1)  DO L 403 de 30.12.2006, p. 18.

      (2)  Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39).

      (3)  Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237 de 24.8.1991, p. 1).

      (4)  Directiva 2008/65/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2008, que modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción (DO L 168 de 28.6.2008, p. 36).

      (5)  Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción (DO L 321 de 20.11.2012, p. 54).

      (6)  DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

      ANEXO

                  1)

                  El anexo II de la Directiva 2006/126/CE queda modificado como sigue:

                              a)

                              el punto 2.1.3 se sustituye por el texto siguiente:

                                          «2.1.3.

                                          La vía:

                                                      —

                                                      los principios más importantes relativos al respeto de las distancias de seguridad entre vehículos, a la distancia de frenado y a la estabilidad del vehículo en carretera en diferentes condiciones meteorológicas y estados de la calzada,

                                                      —

                                                      los riesgos de conducción asociados a los diferentes estados de la calzada, especialmente cuando varíen en función de las condiciones atmosféricas y de la hora del día o de la noche,

                                                      —

                                                      las características de los diferentes tipos de vías y las disposiciones legales correspondientes,

                                                      —

                                                      la seguridad de la conducción en los túneles;»;

                              b)

                              el punto 5.1.3 se sustituye por el texto siguiente:

                                          «5.1.3.

                                          Disposiciones específicas para los vehículos de las categorías C, CE, D y DE
                                          Los Estados miembros podrán decidir que en el permiso de conducción de los vehículos de categoría C, CE, D o DE mencionados en el punto 5.1.2 no se indique ninguna restricción a los vehículos con transmisión automática cuando el solicitante ya sea titular de un permiso de conducción obtenido en un vehículo equipado con un cambio de velocidades manual en al menos una de las categorías siguientes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, y haya efectuado durante la prueba de control de aptitudes y comportamientos las operaciones que describe el punto 8.4.»;

                              c)

                              el punto 6.3.8 se sustituye por el texto siguiente:

                                          «6.3.8.

                                          Otros componentes viales (caso de existir): rotondas; pasos ferroviarios a nivel; paradas de tranvía o autobús; pasos de peatones; conducción cuesta arriba o cuesta abajo en pendientes prolongadas; túneles;»;

                              d)

                              el punto 7.4.8 se sustituye por el texto siguiente:

                                          «7.4.8.

                                          Otros componentes viales (caso de existir): rotondas; pasos ferroviarios a nivel; paradas de tranvía o autobús; pasos de peatones; conducción cuesta arriba o cuesta abajo en pendientes prolongadas; túneles;».

                              e)

                              el texto del punto 8.3.8 se sustituye por el siguiente:

                                          «8.3.8.

                                          Otros componentes viales (caso de existir): rotondas; pasos ferroviarios a nivel; paradas de tranvía o autobús; pasos de peatones; conducción cuesta arriba o cuesta abajo en pendientes prolongadas; túneles;».

                  2)

                  En el anexo III de la Directiva 2006/126/CE, el texto de la sección 11 («ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS») se sustituye por el siguiente:
                  «ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
                  ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

                              11.1.

                              El permiso de conducción no deberá expedirse ni renovarse a los candidatos o conductores que padezcan una afección neurológica grave, excepto en caso de que la petición esté respaldada por un dictamen médico autorizado.
                              Los trastornos neurológicos debidos a afecciones u operaciones del sistema nervioso central o periférico que produzcan problemas sensitivos o motores y afecten al equilibrio y la coordinación deberán tenerse en cuenta en lo atinente a sus efectos funcionales y a los riesgos asociados a su evolución. En estos casos, si existe un riesgo de agravamiento, la expedición o renovación del permiso de conducción se podrá supeditar a una revisión periódica.

                        SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

                              11.2.

                              A los efectos de los puntos siguientes, se entenderá por síndrome moderado de apnea obstructiva del sueño, un número de apneas y de hipopneas por hora (índice de apnea-hipopnea por hora de sueño) de entre 15 y 29, y por síndrome grave de apnea obstructiva del sueño, un índice de apnea-hipopnea por hora de sueño igual a 30 o más, asociados en ambos casos a un nivel excesivo de somnolencia durante el día.

                              11.3.

                              La expedición o renovación del permiso de conducción en el caso de los candidatos o conductores en los que se sospeche un síndrome moderado o grave de apnea obstructiva del sueño quedará supeditada a la previa obtención de un dictamen médico autorizado. Entre tanto y hasta la confirmación del diagnóstico, se les podrá aconsejar que se abstengan de conducir.

                              11.4.

                              Se podrá expedir el permiso de conducción a aquellos candidatos o conductores que, pese a padecer un síndrome moderado o grave de apnea obstructiva del sueño, tengan un buen control de su estado, sigan un tratamiento adecuado y muestren una mejora de su somnolencia, si es que la sufren, confirmada por un dictamen médico autorizado.

                              11.5.

                              Los candidatos o conductores a los que se esté tratando un síndrome moderado o grave de apnea obstructiva del sueño se someterán a una revisión médica periódica a intervalos de no más de tres años, en el caso de los conductores del grupo 1, y de un año, en el de los del grupo 2, con el fin de determinar el nivel de seguimiento del tratamiento y la necesidad de proseguirlo junto con una correcta vigilancia continuada.».


title: Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 , sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros

text:
                  23.11.2011

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 306/41

         DIRECTIVA 2011/85/UE DEL CONSEJO
         de 8 de noviembre de 2011
         sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 14, párrafo tercero,
         Vista la propuesta de la Comisión Europea,
         Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
         Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2),
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     Es necesario tomar como base la experiencia adquirida en el transcurso del primer decenio de la unión económica y monetaria. La reciente evolución económica ha planteado nuevos desafíos al ejercicio de la política presupuestaria en toda la Unión y, en concreto, ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la responsabilización nacional y de disponer de unos requisitos uniformes con respecto a las normas y los procedimientos que configuran los marcos presupuestarios de los Estados miembros. En concreto, debe precisarse lo que deben hacer las autoridades nacionales para cumplir las disposiciones del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 3.

                     (2)

                     Las administraciones públicas de los Estados miembros y sus subsectores disponen de sistemas de contabilidad pública que incluyen funciones como contabilidad, control interno, presentación de información financiera y auditoría. Estos sistemas deben distinguirse de los datos estadísticos que se refieren a los resultados de las finanzas públicas basados en metodologías estadísticas, y de las previsiones o acciones de presupuestación que se refieren a la evolución futura de las finanzas públicas.

                     (3)

                     El mantenimiento de prácticas de contabilidad pública completas y fiables en todos los sectores de las administraciones públicas constituye un requisito previo para la producción de estadísticas de gran calidad que sean comparables entre Estados miembros. El control interno debe garantizar que las normas vigentes se apliquen en todos los sectores de las administraciones públicas. Las auditorías de cuentas independientes realizadas por instituciones públicas como los tribunales de cuentas o por auditores privados deben fomentar las mejores prácticas internacionales.

                     (4)

                     La disponibilidad de datos presupuestarios es esencial para el correcto funcionamiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión. La disponibilidad periódica de datos presupuestarios oportunos y fiables constituye la clave para un seguimiento adecuado y a tiempo, lo que a su vez permite actuar con celeridad ante una evolución presupuestaria distinta de lo previsto. Un elemento esencial para garantizar la calidad de los datos presupuestarios es la transparencia, que debe implicar la disponibilidad pública de tales datos con carácter periódico.

                     (5)

                     En lo que respecta a las estadísticas, el Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (3), estableció un marco jurídico para la producción de estadísticas europeas con vistas a la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas de la Unión. Asimismo, dicho Reglamento estableció los principios que regulan el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas: independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto estadístico y rentabilidad, proporcionando definiciones precisas de cada uno de ellos. El Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (4), reforzó los poderes de la Comisión para verificar los datos estadísticos utilizados a efectos del procedimiento de déficit excesivo.

                     (6)

                     Los conceptos de «público», «déficit» e «inversión» están definidos en el Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo por referencia al sistema europeo de cuentas económicas integradas (SEC), sustituido por el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, adoptado en virtud del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (5) («SEC-95»).

                     (7)

                     La disponibilidad y la calidad de los datos del SEC-95 son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión. El SEC-95 se basa en información facilitada según el principio de devengo. No obstante, las estadísticas presupuestarias según el principio de devengo se basan en una recopilación previa de datos según el principio de caja, o su equivalente. Estos últimos pueden contribuir en gran medida a que se mejore la realización de un control presupuestario con la suficiente antelación y se evite así que se detecten tardíamente errores presupuestarios importantes. La disponibilidad de series temporales de datos en términos de caja relativos a la situación presupuestaria puede revelar funcionamientos que justifiquen una supervisión más estrecha. Los datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja (o cifras equivalentes de la contabilidad pública si no se dispone de datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja) que se publiquen deben incluir, al menos, un saldo general, el total de ingresos y el total de gastos. Si estuviese justificado, por ejemplo cuando haya un gran número de administraciones locales, la publicación puntual de los datos podrá basarse en técnicas de estimación adecuadas, basadas en una muestra de administraciones, con una revisión posterior que utilice datos completos.

                     (8)

                     Unas previsiones macroeconómicas y presupuestarias sesgadas y poco realistas pueden obstaculizar considerablemente la efectividad de la planificación presupuestaria y, en consecuencia, pueden debilitar el compromiso con la disciplina presupuestaria, mientras que la transparencia y debate de metodologías de previsión pueden mejorar significativamente la calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias a efectos de la planificación presupuestaria.

                     (9)

                     Un elemento crucial para garantizar la utilización de previsiones realistas en el ejercicio de la política presupuestaria es la transparencia, que debe implicar la disponibilidad pública no solo de la previsión macroeconómica y presupuestaria oficial preparada para la planificación presupuestaria, sino también de las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes en que se basan dichas previsiones.

                     (10)

                     Los análisis de sensibilidad y las correspondientes proyecciones presupuestarias que completan el escenario macropresupuestario más probable permiten analizar cómo evolucionarían las variables presupuestarias principales a partir de diferentes supuestos de crecimiento y tipos de interés, por lo que reducen en gran medida el riesgo de que la disciplina presupuestaria se vea comprometida por errores de previsión.

                     (11)

                     Las previsiones de la Comisión y la información relativa a los modelos en que se basan pueden proporcionar a los Estados miembros una referencia útil para su escenario macropresupuestario más probable, reforzando la validez de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria. Sin embargo, el grado de comparación de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria con las previsiones de la Comisión que cabe esperar de los Estados miembros varía en función del momento de la elaboración de las mismas y de la comparabilidad de las metodologías y supuestos de previsión. Las previsiones de otros órganos independientes pueden facilitar también referencias útiles.

                     (12)

                     Se deben describir y motivar las diferencias significativas entre el escenario macropresupuestario elegido y la previsión de la Comisión, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos se aparta de manera considerable de los valores que figuran en las previsiones de la Comisión.

                     (13)

                     Dada la interdependencia entre los presupuestos de los Estados miembros y el presupuesto de la Unión para ayudar a los Estados miembros en la preparación de sus previsiones presupuestarias, la Comisión debe facilitar previsiones de gasto de la Unión basadas en el nivel de gasto programado dentro del marco financiero plurianual.

                     (14)

                     Para facilitar la preparación de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria y aclarar las diferencias entre las previsiones de los Estados miembros y las de la Comisión, cada Estado miembro debe tener la posibilidad de debatir cada año con la Comisión los supuestos subyacentes a la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

                     (15)

                     La calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias oficiales mejora sustancialmente si se hace una evaluación periódica, no sesgada y completa que se base en criterios objetivos. Una evaluación detallada implica el análisis de los supuestos económicos, la comparación con previsiones elaboradas por otras instituciones y la evaluación de la precisión de previsiones anteriores.

                     (16)

                     Considerando la eficacia demostrada por los marcos presupuestarios basados en normas de los Estados miembros para mejorar la titularidad nacional de las normas presupuestarias de la Unión de fomento de la disciplina presupuestaria, una de las piedras angulares del marco reforzado de supervisión presupuestaria de la Unión debe ser la existencia de reglas presupuestarias numéricas sólidas que sean específicas para cada Estado miembro y conformes con los objetivos presupuestarios a nivel de la Unión. Las reglas presupuestarias numéricas sólidas deben proporcionar definiciones de objetivos bien precisas y prever mecanismos que permitan un seguimiento efectivo y oportuno. Dichas reglas deben basarse en un análisis fiable e independiente realizado por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros. Además, la experiencia ha demostrado que, para que las reglas presupuestarias numéricas sean eficaces, su incumplimiento debe llevar aparejadas consecuencias, aunque ese coste sea de carácter meramente reputacional.

                     (17)

                     En virtud del Protocolo (no 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anejo al TUE y al TFUE, los valores de referencia mencionados en el Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anexo a dichos Tratados, no son directamente vinculantes para el Reino Unido. Por lo tanto, no debe aplicarse a este la obligación de instaurar reglas presupuestarias numéricas que fomenten de manera efectiva el cumplimiento de los valores específicos de referencia para el déficit excesivo, ni la correlativa obligación de que los objetivos plurinacionales de los marcos presupuestarios a medio plazo sean coherentes con dichas reglas.

                     (18)

                     Conviene que los Estados miembros eviten aplicar políticas presupuestarias procíclicas, y que los esfuerzos de consolidación presupuestaria sean mayores en tiempos de bonanza económica. Unas reglas presupuestarias numéricas bien definidas favorecen la consecución de esos objetivos y deben reflejarse en la legislación presupuestaria anual de los Estados miembros.

                     (19)

                     La planificación presupuestaria nacional solo puede ser coherente con los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) si adopta una perspectiva plurianual y si persigue, en particular, la consecución de los objetivos presupuestarios a medio plazo. La compatibilidad de los marcos presupuestarios de los Estados miembros con la legislación de la Unión solo puede conseguirse estableciendo marcos presupuestarios a medio plazo. En el espíritu del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (6), y del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (7), los componentes preventivo y corrector del PEC no deben considerarse aisladamente.

                     (20)

                     Si bien la aprobación de la ley de presupuesto anual constituye la etapa primordial del proceso presupuestario en la que los Estados miembros adoptan decisiones presupuestarias importantes, la mayor parte de las medidas adoptadas en ese marco tiene implicaciones presupuestarias que van mucho más allá del ciclo presupuestario anual. Una perspectiva anual proporciona por lo tanto una base deficiente para desarrollar políticas presupuestarias sólidas. A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual debe basarse en una planificación plurianual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

                     (21)

                     Dicho marco presupuestario a medio plazo debe incluir, entre otras cosas, proyecciones detalladas de cada partida importante de gastos e ingresos relativas al ejercicio presupuestario en cuestión y ejercicios siguientes, basadas en políticas no sujetas a modificaciones. Cada Estado miembro debe poder definir adecuadamente las políticas no sujetas a modificaciones, y tales definiciones deben hacerse públicas junto con los supuestos manejados, las metodologías y otros parámetros pertinentes.

                     (22)

                     La presente Directiva no debe impedir a un nuevo gobierno de un Estado miembro actualizar su marco presupuestario a medio plazo para reflejar sus nuevas prioridades políticas. En este caso, el nuevo gobierno debe destacar las diferencias con el marco presupuestario a medio plazo anterior.

                     (23)

                     Las disposiciones del marco de supervisión presupuestaria establecido en el TFUE y, en particular, en el PEC, son aplicables al conjunto de las administraciones públicas, que comprenden los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las administraciones de seguridad social, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 2223/96.

                     (24)

                     Un buen número de Estados miembros ha llevado a cabo una descentralización considerable en el ámbito presupuestario, con la transferencia de poderes presupuestarios a las administraciones subnacionales. El papel que han desempeñado estas últimas a la hora de garantizar el cumplimiento del PEC se ha incrementado significativamente, por lo que resulta necesario velar por que el alcance de las obligaciones y procedimientos establecidos en los marcos presupuestarios nacionales se extienda debidamente a todos los subsectores de las administraciones públicas, sobre todo —aunque no solo— en dichos Estados miembros.

                     (25)

                     Con el fin de promover con eficacia la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas, los marcos presupuestarios deben abarcar las finanzas públicas en su integridad. Por este motivo, ha de prestarse una atención particular a las operaciones de dichas administraciones públicas que no forman parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores y que inciden de manera inmediata o a medio plazo en la situación presupuestaria de los Estados miembros. Su incidencia combinada en los saldos presupuestarios y la deuda de las administraciones públicas debe darse a conocer en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales y de los planes presupuestarios a medio plazo.

                     (26)

                     Igualmente, debe prestarse la debida atención a la existencia de pasivos contingentes. Más concretamente, los pasivos contingentes implican posibles obligaciones en el caso de que se produzca un suceso futuro incierto, o entrañan obligaciones en que el pago no es probable o el importe de este no puede cuantificarse de manera fiable. Incluyen, por ejemplo, información pertinente sobre las garantías públicas, los préstamos de dudoso cobro y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, y comprenden, en su caso, la probabilidad y la correspondiente posible fecha del gasto derivado de los pasivos contingentes. Debe tenerse debidamente en cuenta la sensibilidad del mercado.

                     (27)

                     La Comisión debe supervisar periódicamente la aplicación de la presente Directiva. Deben determinarse y ponerse en común las mejores prácticas en relación con las disposiciones de la presente Directiva relativas a los distintos aspectos de los marcos presupuestarios nacionales.

                     (28)

                     Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la observancia uniforme de la disciplina presupuestaria tal como requiere el TFUE, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

                     (29)

                     De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (8), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
         CAPÍTULO I

            OBJETO Y DEFINICIONES

            Artículo 1
            La presente Directiva establece normas detalladas sobre las características que deben presentar los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Estas normas son necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el TFUE impone a los Estados miembros a efectos de evitar los déficits públicos excesivos.

            Artículo 2
            A los efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones de «público», «déficit» e «inversión» establecidas en el artículo 2 del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al TUE y al TFUE. Se aplicará asimismo la definición de subsectores de las administraciones públicas establecida en el punto 2.70 del anexo A del Reglamento (CE) no 2223/96.
            Además, se entenderá por:

               «marco presupuestario»: el conjunto de disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que constituyen la base de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas, en particular:

                        a)

                        los sistemas de contabilidad presupuestaria e información estadística;

                        b)

                        las normas y procedimientos que regulan la elaboración de previsiones para la planificación presupuestaria;

                        c)

                        las reglas presupuestarias numéricas específicas por país, que contribuyen a que la aplicación de la política presupuestaria por los Estados miembros esté en consonancia con sus respectivas obligaciones impuestas por el TFUE, expresadas como indicadores sintéticos de los resultados presupuestarios, como el déficit presupuestario, las necesidades de financiación o la deuda de las administraciones públicas, o uno de sus componentes esenciales;

                        d)

                        los procedimientos presupuestarios, comprendidas las normas procedimentales que sostienen todas las etapas del proceso presupuestario;

                        e)

                        los marcos presupuestarios a medio plazo, entendidos como un conjunto específico de procedimientos presupuestarios nacionales que amplían el horizonte de la política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, lo que incluye la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo;

                        f)

                        los dispositivos de control y análisis independientes destinados a reforzar la transparencia de los elementos del proceso presupuestario;

                        g)

                        los mecanismos y las normas que regulan las relaciones presupuestarias entre las autoridades de todos los subsectores de las administraciones públicas.

         CAPÍTULO II

            CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICAS

            Artículo 3

               1.   En lo que respecta a los sistemas nacionales de contabilidad pública, los Estados miembros dispondrán de unos sistemas de contabilidad que cubran de manera íntegra y coherente todos los subsectores de las administraciones públicas y contengan la información necesaria para generar datos según el principio de devengo con el fin de preparar datos basados en la norma SEC-95. Los sistemas de contabilidad pública estarán sujetos a control interno y serán objeto de auditorías independientes.

               2.   Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad pública, oportuna y periódica, de datos presupuestarios relativos a todos los subsectores de las administraciones públicas según se define en el Reglamento (CE) no 2223/96. En particular, los Estados miembros publicarán:

                           a)

                           datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja (o la cifra equivalente de la contabilidad pública cuando no se disponga de dichos datos) con la siguiente periodicidad:

                                       —

                                       mensual para los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas y las administraciones de seguridad social, antes de finalizado el mes siguiente, y

                                       —

                                       trimestral para el subsector de las corporaciones locales, antes de finalizado el trimestre siguiente;

                           b)

                           un cuadro de conciliación detallado que muestre el método de transición entre los datos basados en la contabilidad de caja (o las cifras equivalentes de la contabilidad pública cuando no se disponga de dichos datos) y los datos basados en la norma SEC-95.

         CAPÍTULO III

            PREVISIONES

            Artículo 4

               1.   Los Estados miembros velarán por que la planificación presupuestaria se base en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, utilizando la información más actualizada. La planificación presupuestaria se basará en el escenario macropresupuestario más probable o en un escenario más prudente. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se compararán con las previsiones de la Comisión más actualizadas y, en su caso, las de otros órganos independientes. Las diferencias importantes entre el escenario macropresupuestario elegido y la previsión de la Comisión deberán describirse de manera motivada, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos se aparta significativamente de los valores expuestos en las previsiones de la Comisión.

               2.   La Comisión hará públicos las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes en que se apoyen sus previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

               3.   Con el fin de ayudar a los Estados miembros en la preparación de sus previsiones presupuestarias, la Comisión facilitará previsiones del gasto de la Unión basadas en el nivel de gasto programado dentro del marco financiero plurianual.

               4.   En el marco de un análisis de sensibilidad, las previsiones macroeconómicas y presupuestarias permitirán examinar la evolución de las principales variables presupuestarias teniendo en cuenta diferentes supuestos de crecimiento y tipos de interés. El conjunto de supuestos alternativos utilizados en las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se basará en los resultados de las previsiones anteriores y tratará de tener en cuenta los correspondientes escenarios de riesgo.

               5.   Los Estados miembros especificarán cuál es la institución responsable de presentar las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y harán públicas las previsiones macroeconómicas y presupuestarias oficiales preparadas a efectos de la planificación presupuestaria, incluidos las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes que sostengan dichas previsiones. Al menos una vez al año, los Estados miembros y la Comisión mantendrán un diálogo técnico sobre los supuestos en los que se apoye la preparación de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

               6.   Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias a efectos de la planificación presupuestaria estarán sometidas a una evaluación periódica, no sesgada y general que se basará en criterios objetivos, y que incluirá la evaluación ex post. El resultado de dicha evaluación se hará público y se tendrá en cuenta oportunamente en las previsiones macroeconómicas y presupuestarias futuras. Si en el curso de la evaluación se observa un sesgo importante que afecte a las previsiones macroeconómicas en un período de cuatro años consecutivos por lo menos, el Estado miembro de que se trate tomará las medidas necesarias y las hará públicas.

               7.   La Comisión (Eurostat) publicará los niveles trimestrales de deuda y de déficit de los Estados miembros cada tres meses.

         CAPÍTULO IV

            REGLAS PRESUPUESTARIAS NUMÉRICAS

            Artículo 5
            Cada Estado miembro dispondrá de reglas presupuestarias numéricas que sean específicas para él y que promuevan de manera efectiva el cumplimiento de sus respectivas obligaciones derivadas del TFUE en el ámbito de la política presupuestaria en un contexto plurianual, con respecto al conjunto de las administraciones públicas En particular, tales reglas promoverán:

                        a)

                        el respeto de los valores de referencia relativos al déficit y la deuda fijados de conformidad con el TFUE;

                        b)

                        la adopción de un horizonte plurianual de planificación presupuestaria que abarque la observancia del objetivo presupuestario a medio plazo del Estado miembro.

            Artículo 6

               1.   Sin perjuicio de las disposiciones del TFUE sobre el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, las reglas presupuestarias numéricas, específicas por país contendrán precisiones sobre los siguientes elementos:

                           a)

                           la definición de los objetivos y el ámbito de aplicación de las reglas;

                           b)

                           el ejercicio de un seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros;

                           c)

                           las consecuencias en caso de incumplimiento.

               2.   En caso de que las reglas presupuestarias numéricas contengan cláusulas de salvaguardia, estas fijarán un número limitado de circunstancias específicas en consonancia con las obligaciones derivadas del TFUE para los Estados miembros en el ámbito de la política presupuestaria y unos procedimientos estrictos en los que se permita el incumplimiento temporal de una norma.

            Artículo 7
            La ley presupuestaria anual de los Estados miembros reflejará sus reglas presupuestarias numéricas específicas por país, en vigor.

            Artículo 8
            Los artículos 5, 6 y 7 no se aplicarán al Reino Unido.

         CAPÍTULO V

            MARCOS PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO

            Artículo 9

               1.   Los Estados miembros establecerán un marco presupuestario a medio plazo creíble y efectivo que incluya la adopción de un horizonte de planificación presupuestaria de tres años como mínimo para garantizar que la planificación presupuestaria nacional se inscribe en una perspectiva plurianual.

               2.   Los marcos presupuestarios a medio plazo comprenderán procedimientos para establecer lo siguiente:

                           a)

                           objetivos presupuestarios plurianuales globales y transparentes expresados en términos de déficit de las administraciones públicas, deuda pública y otros indicadores presupuestarios sintéticos como el gasto, que garanticen la compatibilidad de estos con cualesquiera reglas presupuestarias numéricas previstas en el capítulo IV que estén vigentes;

                           b)

                           proyecciones de cada partida importante de gastos e ingresos de las administraciones públicas con más especificaciones sobre los niveles de la administración central y la seguridad social, para el ejercicio presupuestario en cuestión y ejercicios siguientes, basadas en políticas no sujetas a modificaciones;

                           c)

                           una descripción de las políticas previstas a medio plazo que tengan repercusiones en las finanzas de las administraciones públicas, desglosadas por partidas importantes de gastos e ingresos, que muestren cómo se conseguirá el ajuste hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo con respecto a las proyecciones basadas en políticas no sujetas a modificaciones;

                           d)

                           una evaluación de la manera en que, a la vista de su incidencia a largo plazo sobre las finanzas generales de las administraciones públicas, las políticas previstas puedan afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

               3.   Las proyecciones adoptadas en el contexto de los marcos presupuestarios a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, de conformidad con el capítulo III.

            Artículo 10
            La ley de presupuesto anual será coherente con las disposiciones relativas al marco presupuestario a medio plazo. En concreto, las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco presupuestario a medio plazo que establece el artículo 9, apartado 2, constituirán la base de la elaboración del presupuesto anual. Toda desviación respecto de dichas disposiciones será debidamente explicada.

            Artículo 11
            Ninguna disposición de la presente Directiva impedirá a un nuevo gobierno de un Estado miembro actualizar su marco presupuestario a medio plazo a fin de reflejar sus nuevas prioridades políticas. En este caso, el nuevo gobierno indicará las diferencias con el anterior marco presupuestario a medio plazo.

         CAPÍTULO VI

            TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN GLOBAL DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS

            Artículo 12
            Los Estados miembros garantizarán que todas las medidas adoptadas a efectos del cumplimiento de los capítulos II, III y IV abarquen de manera exhaustiva y coherente todos los subsectores de las administraciones públicas. Esta garantía exigirá, en particular, la coherencia de las normas y los procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas subyacentes de recopilación y tratamiento de datos.

            Artículo 13

               1.   Los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsectores de sus administraciones públicas a fin de asegurar la cobertura exhaustiva y coherente de todos los subsectores en la planificación presupuestaria de las administraciones públicas, en las reglas presupuestarias numéricas especificas por país, y en la elaboración de las previsiones presupuestarias y el establecimiento de la planificación plurianual según lo establecido, en particular, en el marco presupuestario plurianual.

               2.   A fin de fomentar la rendición de cuentas fiscal, se determinarán con claridad las responsabilidades presupuestarias de las autoridades de los distintos subsectores de las administraciones públicas.

            Artículo 14

               1.   En el marco de los procedimientos presupuestarios anuales, los Estados miembros harán una relación y presentación de todos los organismos y fondos de las administraciones públicas que no formen parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores, junto con cualquier otra información pertinente. La incidencia combinada de dichos organismos y fondos de las administraciones públicas en los saldos y las deudas de las administraciones públicas se presentará en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales y de los planes presupuestarios a medio plazo.

               2.   Los Estados miembros publicarán información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos.

               3.   Los Estados miembros publicarán, en lo que respecta a todos los subsectores de las administraciones públicas, la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Los Estados miembros publicarán asimismo información sobre la participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes.

         CAPÍTULO VII

            DISPOSICIONES FINALES

            Artículo 15

               1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. El Consejo alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros de correspondencia, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

               2.   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

               3.   La Comisión preparará un informe provisional de situación sobre la aplicación de las principales disposiciones de la presente Directiva basándose en la información pertinente de los Estados miembros, que será presentada al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 14 de diciembre de 2012.

               4.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

            Artículo 16

               1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2018, la Comisión publicará una revisión de la adecuación de la presente Directiva.

               2.   La revisión evaluará, entre otras cosas, la adecuación de:

                           a)

                           los requisitos estadísticos para todos los subsectores de la administración;

                           b)

                           la concepción y la eficacia de las reglas presupuestarias numéricas en los Estados miembros;

                           c)

                           el nivel general de transparencia de las finanzas públicas en los Estados miembros.

               3.   A más tardar el 31 de diciembre de 2012, la Comisión evaluará la adecuación de las normas internacionales de contabilidad del sector público para los Estados miembros.

            Artículo 17
            La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

            Artículo 18
            Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

            Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2011.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               J. VINCENT-ROSTOWSKI

            (1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).

            (2)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

            (3)  DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.

            (4)  DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.

            (5)  DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.

            (6)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

            (7)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

            (8)  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.