title: Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               23.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 48/1

         DIRECTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 16 de febrero de 2011
   por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
   (refundición)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Deben introducirse diversos cambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (3). Conviene proceder a la refundición de las disposiciones en cuestión por razones de claridad y racionalización.

               (2)

               La mayor parte de los bienes y servicios se suministran y prestan en el mercado interior entre agentes económicos o entre agentes económicos y poderes públicos mediante pagos aplazados, de manera que el proveedor concede a su cliente un plazo de pago de la factura, según lo acordado entre las partes, lo establecido en la factura del proveedor o las disposiciones legales.

               (3)

               En las operaciones comerciales entre agentes económicos o entre agentes económicos y poderes públicos muchos pagos se efectúan después del plazo acordado en el contrato o establecido en las condiciones generales de la contratación. Aunque ya se hayan suministrado los bienes o se hayan prestado los servicios, las facturas correspondientes se pagan con mucho retraso respecto al plazo previsto. Esta morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior. El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de crisis económica, al hacerse más difícil la obtención de financiación.

               (4)

               Las acciones judiciales contra la morosidad ya están instrumentadas por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4), el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (5), el Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (6), y el Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (7). Sin embargo, para desincentivar la morosidad en las operaciones comerciales, es necesario adoptar disposiciones complementarias.

               (5)

               Las empresas deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional. Se podrían producir distorsiones de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas.

               (6)

               En su Comunicación de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar primero a pequeña escala — “Small Business Act” para Europa: iniciativa a favor de las pequeñas empresas», la Comisión destacó que debe facilitarse el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la financiación y desarrollarse un marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las operaciones comerciales. Debe advertirse que los poderes públicos tienen una responsabilidad especial en este ámbito. Los criterios para la definición de las PYME se fijan en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (8).

               (7)

               Una de las acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, titulada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

               (8)

               Conviene que el ámbito de la presente Directiva se limite a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales. La presente Directiva no debe regular las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como, por ejemplo los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los pagos realizados por compañías de seguros. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de excluir las deudas sometidas a procedimientos concursales, incluidos los procedimientos que tienen por finalidad la reestructuración de la deuda.

               (9)

               La presente Directiva debe regular todas las operaciones comerciales con independencia de si se llevan a cabo entre empresas públicas o privadas o entre estas y los poderes públicos, teniendo en cuenta que los poderes públicos realizan pagos de un volumen considerable a las empresas. También debe regular todas las operaciones comerciales entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

               (10)

               El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos que no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

               (11)

               El suministro de mercancías y la prestación de servicios remunerados, a los que se aplica la presente Directiva, también deben incluir el diseño y la realización de obras públicas, así como los trabajos de construcción y de ingeniería civil.

               (12)

               La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.

               (13)

               En consecuencia, debe preverse que, como norma general, los plazos de pago contractuales entre empresas no excedan de 60 días naturales. No obstante, pueden darse casos en que las empresas necesiten plazos de pago más amplios, por ejemplo cuando las empresas desean conceder créditos comerciales a sus clientes. Por consiguiente, las partes deben seguir teniendo la posibilidad de acordar expresamente plazos de pago superiores a 60 días naturales, siempre que esta ampliación no sea manifiestamente abusiva para el acreedor.

               (14)

               En aras de la coherencia de la legislación de la Unión, a efectos de la presente Directiva debe aplicarse la definición de «poderes adjudicadores» recogida en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (9), y en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (10).

               (15)

               Debe calcularse diariamente el interés legal de demora como interés simple, de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (11).

               (16)

               La presente Directiva no debe obligar al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago. En caso de demora en los pagos, la presente Directiva debe permitir al acreedor cobrar intereses de demora sin necesidad de aviso previo de vencimiento o notificación similar que recuerde al deudor su obligación de pagar.

               (17)

               El pago del deudor se considerará demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga del importe debido en la fecha prevista.

               (18)

               Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo límite de pago. A efectos de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros promuevan sistemas que generen seguridad jurídica respecto a la fecha exacta de recepción de las facturas por el deudor, incluido el ámbito de la facturación electrónica donde cabe generar constancia electrónica de la recepción de las facturas, y que está regulado parcialmente por las disposiciones sobre facturación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (12).

               (19)

               Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad para desalentar esta práctica. Los costes de cobro deben incluir los costes administrativos y una compensación por los gastos internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debe establecer una cantidad fija mínima acumulable con el interés de demora. La compensación en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro. La compensación por los costes de cobro debe fijarse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un tribunal nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por los daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.

               (20)

               Además del derecho al pago de una cantidad fija para cubrir los costes internos relacionados con el cobro, los acreedores deben tener igualmente derecho al reembolso de los demás gastos de cobro ocasionados por el retraso en el pago por parte del deudor. Entre estos costes deben figurar, en particular, los gastos en los que haya incurrido el acreedor para la contratación de un abogado o de una agencia para la gestión de cobros.

               (21)

               La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer cantidades fijas más elevadas como compensación por los costes de cobro y, por consiguiente, más favorables al acreedor, o a aumentar estas cantidades, entre otros aspectos para tener en cuenta la tasa de inflación.

               (22)

               La presente Directiva no debe impedir los pagos a plazos ni los pagos escalonados. No obstante, cada plazo o pago debe realizarse de conformidad con los términos acordados y debe estar sometido a las normas relativas a la morosidad recogidas en la presente Directiva.

               (23)

               En general, los poderes públicos disponen de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas. Por otra parte, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Los plazos de pago dilatados y la morosidad de los poderes públicos respecto a los bienes y servicios conllevan costes injustificados a las empresas. Procede, por tanto, introducir normas específicas con respecto a las operaciones comerciales en lo que se refiere al suministro de bienes y la prestación de servicios por parte de empresas a los poderes públicos que prevean, en particular, períodos de pago que, como regla general, no superen los 30 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que esté objetivamente justificado a la luz de la naturaleza o las características particulares del contrato, y que en ningún caso superen los 60 días naturales.

               (24)

               No obstante, debe tenerse en cuenta la situación específica de los poderes públicos que, en calidad de empresas públicas, realizan actividades económicas de carácter industrial o mercantil consistentes en ofrecer bienes o servicios en el mercado. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido en el contrato hasta un máximo de 60 días naturales.

               (25)

               En lo que a la morosidad se refiere, la situación de los servicios sanitarios en numerosos Estados miembros resulta particularmente preocupante. Los sistemas de asistencia sanitaria, en cuanto constituyen una parte esencial de la infraestructura social de Europa, se ven obligados frecuentemente a conciliar las necesidades individuales con los recursos financieros existentes, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea, el aumento de la esperanza de vida y los avances médicos. Todos los sistemas deben abordar el reto de establecer las prioridades en el ámbito sanitario de forma que se alcance un equilibrio entre las necesidades de cada paciente y los recursos financieros disponibles. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de conceder a las entidades públicas que prestan servicios de asistencia sanitaria un cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de sus compromisos. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido hasta un máximo de 60 días naturales. Los Estados miembros, deben, no obstante, hacer todo lo posible para que los pagos en el sector de la asistencia sanitaria se realicen de acuerdo con los plazos legales de pago.

               (26)

               Para asegurar el cumplimiento del objetivo perseguido con la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que en las operaciones comerciales la duración máxima de un procedimiento de aceptación o de verificación no supere, como regla general, los 30 días naturales. No obstante, un procedimiento de verificación podría superar los 30 días naturales, por ejemplo, en caso de contratos particularmente complejos, cuando se haya acordado expresamente en el contrato y en alguno de los documentos de licitación, y si no resulta manifiestamente abusivo para el acreedor.

               (27)

               Las instituciones de la Unión se encuentran en una situación comparable a la de los poderes públicos de los Estados miembros en lo que respecta a su financiación y relaciones comerciales. El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (13), precisa que las operaciones de liquidación, ordenación de pagos y libramiento de pago habrán de realizarse en un plazo determinado que se fijará en las normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo las fijan en la actualidad el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14), y especifican las circunstancias en las que los acreedores a los que se les ha pagado con retraso tienen derecho a recibir intereses de demora. En el contexto de la revisión que se está llevando a cabo en la actualidad de estos Reglamentos, habría que velar por que los plazos límite para que las instituciones de la Unión realicen los pagos estén armonizados con los períodos legales aplicables a los poderes públicos de conformidad con la presente Directiva.

               (28)

               La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. En consecuencia, cuando una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de cobro no esté justificada sobre la base de las condiciones acordadas al deudor o cuando sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. Por consiguiente, y de conformidad con el proyecto académico «Marco Común de Referencia», debe considerarse abusiva para el acreedor toda cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, que sea contraria a la buena fe y a la lealtad contractual. En particular, la exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva, mientras que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor.

               (29)

               En el marco de un mayor esfuerzo por evitar el abuso de la libertad de contratación en perjuicio de los acreedores, las organizaciones oficialmente reconocidas como representantes de las empresas y las que tienen un interés legítimo en representarlas deben poder ejercer acciones ante los tribunales nacionales o los órganos administrativos para evitar que sigan aplicándose cláusulas contractuales o prácticas que resulten manifiestamente abusivas para el acreedor.

               (30)

               Para contribuir a alcanzar el objetivo de la presente Directiva, los Estados miembros deben reforzar la difusión de las buenas prácticas, incluida la promoción de la publicación de una lista de pagadores puntuales.

               (31)

               Conviene garantizar que los acreedores puedan hacer uso de la cláusula de reserva de dominio con carácter no discriminatorio en toda la Unión, si la cláusula de reserva de dominio es válida con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables de conformidad con el Derecho internacional privado.

               (32)

               La presente Directiva únicamente define el término «título ejecutivo», pero no debe regular los diferentes procedimientos para la ejecución forzosa de dicho título ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecución forzosa del mismo.

               (33)

               Las consecuencias de la morosidad solo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de recurso rápidos y eficaces para el acreedor. De conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tales procedimientos deben estar a disposición de todos los acreedores establecidos en la Unión.

               (34)

               Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros deben fomentar el recurso a la mediación o a otros medios alternativos de solución de conflictos. La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (15), establece un marco por lo que respecta a los sistemas de mediación en el ámbito de la Unión, en particular en lo que se refiere a las disputas transfronterizas, sin que ello impida su aplicación a los sistemas internos de mediación. Los Estados miembros también deben animar a las partes interesadas a elaborar códigos voluntarios de conducta cuyo objetivo sea, en particular, contribuir a la aplicación de la presente Directiva.

               (35)

               Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, incluso mediante un procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda.

               (36)

               Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la lucha contra la morosidad en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

               (37)

               La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas emana de dicha Directiva.

               (38)

               La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y a la aplicación de la Directiva 2000/35/CE.

               (39)

               De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (16), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y sus medidas de transposición a nivel nacional, y a hacerlos públicos.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Objeto y ámbito de aplicación
   1.   El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las PYME.
   2.   La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.
   3.   Los Estados miembros podrán excluir las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, incluidos los procedimientos que tienen por finalidad la reestructuración de la deuda.
   Artículo 2
   Definiciones
   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
   1)   «operaciones comerciales»: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
   2)   «poderes públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/17/CE y en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE, con independencia del objeto o valor del contrato;
   3)   «empresa»: cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
   4)   «morosidad»: no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido, habiéndose cumplido las condiciones fijadas en el artículo 3, apartado 1, o en el artículo 4, apartado 1;
   5)   «interés de demora»: interés legal de demora o interés a un tipo negociado y acordado entre las empresas, observando lo dispuesto en el artículo 7;
   6)   «interés legal de demora»: interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo es igual a la suma del tipo de referencia y al menos ocho puntos porcentuales;
   7)   «tipo de referencia»: cualquiera de los dos significados siguientes:

               i)

               el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación más recientes, o bien

               ii)

               el tipo de interés marginal resultante de procedimientos de licitación a tipo variable para las operaciones principales de refinanciación del Banco Central Europeo más recientes;

         8)   «cantidad adeudada»: el importe principal que debe pagarse en el plazo contractual o legal establecido, incluidos los impuestos, tasas, derechos o costes especificados en la factura o en la solicitud de pago equivalente;
   9)   «reserva de dominio»: la estipulación contractual en virtud de la cual el vendedor conserva la propiedad de los bienes en cuestión hasta el pago total del precio;
   10)   «título ejecutivo»: toda decisión, sentencia u orden de pago, ya sea de pago inmediato o de pago a plazos, dictada por un tribunal u otra autoridad competente, incluidas las que son ejecutivas provisionalmente, que permita al acreedor obtener la ejecución forzosa de su crédito frente al deudor.
   Artículo 3
   Operaciones entre empresas
   1.   Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas, el acreedor tenga derecho a intereses de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, en los casos en que se den las condiciones siguientes:

               a)

               el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y

               b)

               el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor.

         2.   Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable:

               a)

               el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

               b)

               el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

         3.   En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

               a)

               el acreedor tenga derecho a un interés de demora a partir del día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

               b)

               si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el acreedor tenga derecho a un interés de demora al vencimiento de cualquiera de los plazos siguientes:

                           i)

                           30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente,

                           ii)

                           si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente resulta dudosa, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios,

                           iii)

                           si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios,

                           iv)

                           si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha.

         4.   Si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, los Estados miembros garantizarán que la duración máxima de dicho procedimiento no exceda de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7.
   5.   Los Estados miembros velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7.
   Artículo 4
   Operaciones entre empresas y poderes públicos
   1.   Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho, al vencimiento del plazo definido en los apartados 3, 4 y 6, a intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, si se cumplen las condiciones siguientes:

               a)

               el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y

               b)

               el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor.

         2.   Los Estados miembros se asegurarán de que el tipo de referencia aplicable:

               a)

               el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

               b)

               el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

         3.   Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público:

               a)

               el plazo de pago no supere ninguno de los plazos siguientes:

                           i)

                           30 días naturales después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente,

                           ii)

                           en caso de que la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente resulte dudosa, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios,

                           iii)

                           si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios,

                           iv)

                           si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha;

               b)

               la fecha de recepción de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

         4.   Los Estados miembros podrán ampliar los plazos recogidos en el apartado 3, letra a), hasta un máximo de 60 días naturales cuando se trate de:

               a)

               poderes públicos que realicen actividades económicas de carácter industrial o mercantil y entreguen bienes o presten servicios en el mercado y que, en su calidad de empresas públicas, estén sometidos a los requisitos en materia de transparencia recogidos en la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (17);

               b)

               entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria y que estén debidamente reconocidas para ello.

         Si un Estado miembro decide ampliar los plazos de conformidad con el presente apartado, enviará a la Comisión un informe sobre dicha ampliación a más tardar el 16 de marzo de 2018.
   Sobre esa base, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se indicarán los Estados miembros que han ampliado los plazos de conformidad con el presente apartado, teniendo en cuenta las repercusiones sobre el funcionamiento del mercado interior y, en particular, sobre las PYME. El informe irá acompañado de las propuestas apropiadas.
   5.   Los Estados miembros velarán por que la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado en el apartado 3, letra a), inciso iv), no exceda de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de los bienes o servicios, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y en alguno de los documentos de licitación y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7.
   6.   Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 3, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales.
   Artículo 5
   Calendarios de pago
   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la capacidad de las partes para acordar, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional aplicable, calendarios de pago para pagos a plazos. En esos casos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en la presente Directiva se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.
   Artículo 6
   Compensación por los costes de cobro
   1.   Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 EUR.
   2.   Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor.
   3.   Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.
   Artículo 7
   Cláusulas contractuales y prácticas abusivas
   1.   Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro si resulta manifiestamente abusiva para el acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por daños.
   Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del párrafo primero, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

               a)

               cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal;

               b)

               la naturaleza del bien o del servicio, así como

               c)

               si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora, del plazo de pago estipulado en el artículo 3, apartado 5, el artículo 4, apartados 3, 4 y 6, o de la cantidad fija a la que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1.

         2.   A efectos del apartado 1, se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.
   3.   A efectos del apartado 1, se presumirá que una cláusula contractual o una práctica que excluya la compensación por los costes de cobro a los que se hace referencia en el artículo 6 es manifiestamente abusiva.
   4.   Los Estados miembros velarán por que, en interés de los acreedores y los competidores, existan medios adecuados y efectivos para evitar que sigan aplicándose cláusulas contractuales y prácticas que resulten manifiestamente abusivas en el sentido del apartado 1.
   5.   Los medios a los que se refiere el apartado 4 incluirán disposiciones que permitan a las organizaciones oficialmente reconocidas como representantes de empresas, o que tengan interés legítimo en representarlas, el ejercicio de acciones, con arreglo a la legislación nacional aplicable, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que estos resuelvan si las cláusulas contractuales o las prácticas resultan manifiestamente abusivas conforme a lo dispuesto en el apartado 1, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se sigan utilizando.
   Artículo 8
   Transparencia y sensibilización
   1.   Los Estados miembros garantizarán plena transparencia sobre los derechos y las obligaciones que emanen de la presente Directiva, incluida la puesta a disposición del público del tipo de interés legal de demora aplicable.
   2.   La Comisión publicará en internet información detallada relativa a los tipos de interés legales vigentes aplicados en todos los Estados miembros en caso de morosidad en el pago en operaciones comerciales.
   3.   Los Estados miembros se servirán, cuando proceda, de publicaciones profesionales, de campañas de promoción o de cualquier otro tipo de medios funcionales para incrementar la sensibilización respecto a las vías de recurso ante la morosidad entre empresas.
   4.   Los Estados miembros podrán impulsar el establecimiento de códigos de pago puntual en los que se establezcan claramente los plazos de pago y un procedimiento adecuado para la tramitación de pagos objeto de controversia, o cualquier otra iniciativa que aborde la cuestión crucial de la morosidad y contribuya a desarrollar una cultura de pago sin demora que apoye el objetivo de la presente Directiva.
   Artículo 9
   Reserva de dominio
   1.   Los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable con arreglo al Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.
   2.   Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones que regulen los pagos anticipados efectuados ya por el deudor.
   Artículo 10
   Procedimientos de cobro de créditos no impugnados
   1.   Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales.
   2.   Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Unión.
   3.   Al calcular el período contemplado en el apartado 1, no se tendrán en cuenta:

               a)

               los plazos requeridos para notificación;

               b)

               los retrasos ocasionados por el acreedor, como por ejemplo los plazos para subsanar demandas o recursos no admisibles.

         4.   El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1896/2006.
   Artículo 11
   Informe
   A más tardar el 16 de marzo de 2016, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva. El informe irá acompañado, en su caso, de las propuestas adecuadas.
   Artículo 12
   Transposición
   1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 8 y 10 a más tardar el 16 de marzo de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán, igualmente, una mención en la que se precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   3.   Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva.
   4.   Al transponer la presente Directiva los Estados miembros decidirán si excluyen del ámbito de aplicación los contratos celebrados antes del 16 de marzo de 2013.
   Artículo 13
   Derogación
   Queda derogada la Directiva 2000/35/CE con efectos a partir del 16 de marzo de 2013, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de su transposición al Derecho nacional y su aplicación. No obstante, seguirá siendo aplicable en lo que respecta a los contratos celebrados antes de esa fecha a los que no se aplica la presente Directiva en virtud de su artículo 12, apartado 4.
   Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.
   Artículo 14
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   Artículo 15
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 16 de febrero de 2011.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BUZEK

            Por el Consejo

            El Presidente

         MARTONYI J.

      (1)  DO C 255 de 22.9.2010, p. 42.

      (2)  Posición del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2010 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 24 de enero de 2011.

      (3)  DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.

      (4)  DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

      (5)  DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.

      (6)  DO L 399 de 30.12.2006, p. 1.

      (7)  DO L 199 de 31.7.2007, p. 1.

      (8)  DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

      (9)  DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

      (10)  DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

      (11)  DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

      (12)  DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.

      (13)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (14)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

      (15)  DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

      (16)  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

      (17)  DO L 318 de 17.11.2006, p. 17.

      ANEXO

         Tabla de correspondencias

                  Directiva 2000/35/CE

                  Presente Directiva

                  —

                  Artículo 1, apartado 1

                  Artículo 1

                  Artículo 1, apartado 2

                  Artículo 2, punto 1, párrafo primero

                  Artículo 2, punto 1

                  Artículo 2, punto 1, párrafo segundo

                  Artículo 2, punto 2

                  Artículo 2, punto 1, párrafo tercero

                  Artículo 2, punto 3

                  Artículo 2, punto 2

                  Artículo 2, punto 4

                  —

                  Artículo 2, punto 5

                  —

                  Artículo 2, punto 6

                  —

                  Artículo 2, punto 7, parte introductoria

                  —

                  Artículo 2, punto 8

                  Artículo 2, punto 3

                  Artículo 2, punto 9

                  Artículo 2, punto 4

                  Artículo 2, punto 7, letra a)

                  Artículo 2, punto 5

                  Artículo 2, punto 10

                  Artículo 3, apartado 1, letra a)

                  Artículo 3, apartado 3, letra a)

                  Artículo 3, apartado 1, letra b), parte introductoria

                  Artículo 3, apartado 3, letra b), parte introductoria

                  Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso i)

                  Artículo 3, apartado 3, letra b), inciso i)

                  Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso ii)

                  Artículo 3, apartado 3, letra b), inciso ii)

                  Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso iii)

                  Artículo 3, apartado 3, letra b), inciso iii)

                  Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso iv)

                  Artículo 3, apartado 3, letra b), inciso iv)

                  —

                  Artículo 3, apartado 4

                  —

                  Artículo 3, apartado 5

                  Artículo 3, apartado 1, letra c)

                  Artículo 3, apartado 1

                  Artículo 3, apartado 1, letra d), primera y tercera frases

                  —

                  Artículo 3, apartado 1, letra d), segunda frase

                  Artículo 2, apartado 7, letra b)

                  —

                  Artículo 3, apartado 2

                  —

                  Artículo 4

                  —

                  Artículo 5

                  —

                  Artículo 6, apartado 1

                  —

                  Artículo 6, apartado 2

                  Artículo 3, apartado 1, letra e)

                  Artículo 6, apartado 3

                  Artículo 3, apartado 2

                  —

                  Artículo 3, apartado 3

                  Artículo 7, apartado 1

                  —

                  Artículo 7, apartado 2

                  —

                  Artículo 7, apartado 3

                  Artículo 3, apartado 4

                  Artículo 7, apartado 4

                  Artículo 3, apartado 5

                  Artículo 7, apartado 5

                  —

                  Artículo 8

                  Artículo 4

                  Artículo 9

                  Artículo 5, apartados 1, 2 y 3

                  Artículo 10, apartados 1, 2 y 3

                  Artículo 5, apartado 4

                  —

                  —

                  Artículo 10, apartado 4

                  —

                  Artículo 11

                  Artículo 6, apartado 1

                  —

                  —

                  Artículo 12, apartado 1

                  Artículo 6, apartado 2

                  Artículo 12, apartado 3

                  Artículo 6, apartado 3

                  Artículo 1, apartado 3

                  Artículo 6, apartado 4

                  Artículo 12, apartado 2

                  Artículo 6, apartado 5

                  —

                  —

                  Artículo 12, apartado 4

                  —

                  Artículo 13

                  Artículo 7

                  Artículo 14

                  Artículo 8

                  Artículo 15

                  —

                  Anexo


Avis juridique important

|

32004L0002

Directiva 2004/2/CE de la Comisión, de 9 de enero de 2004, por la que se modifican las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de fenamifos (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 014 de 21/01/2004 p. 0010 - 0018

Directiva 2004/2/CE de la Comisiónde 9 de enero de 2004por la que se modifican las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de fenamifos(Texto pertinente a efectos del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/62/CE de la Comisión(2), y, en particular, su artículo 10,Vista la Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/60/CE de la Comisión(4), y, en particular, su artículo 10,Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas(5), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/69/CE de la Comisión(6), y, en particular, su artículo 7,Considerando lo siguiente:(1) En el caso de los cereales y los productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, los niveles de residuos reflejan la utilización de cantidades mínimas de plaguicidas necesarias para conseguir una protección eficaz de las plantas y aplicadas de tal modo que la cantidad de residuos sea tanto lo más pequeña posible como toxicológicamente aceptable, en relación particularmente con la protección del medio ambiente y con la ingesta alimentaria estimada de los consumidores. En el caso de los productos alimenticios de origen animal, los niveles de residuos reflejan el consumo por parte de los animales de cereales y productos de origen vegetal tratados con plaguicidas y, en su caso, las consecuencias directas del uso de medicamentos veterinarios. Los límites máximos de residuos (LMR) comunitarios representan el nivel más alto de las cantidades de dichos residuos que podrían encontrarse en los productos alimenticios cuando se han respetado las buenas prácticas agrarias.(2) Los límites máximos de residuos de plaguicidas deben someterse a un seguimiento constante y modificarse a la luz de las nuevas informaciones y datos disponibles. Los LMR se fijan en el umbral de determinación analítica cuando los usos autorizados de los productos fitosanitarios no ocasionan niveles detectables de residuos de plaguicidas en el interior ni en la superficie de los productos alimenticios, cuando no existe ningún uso autorizado, cuando los usos autorizados por los Estados miembros no han sido corroborados con los datos necesarios, o cuando en los terceros países los usos que producen residuos en el interior o en la superficie de los productos alimenticios que pueden comercializarse en el mercado comunitario no han sido corroborados con los datos necesarios.(3) En el caso de los fenamifos, un Estado miembro comunicó a la Comisión su intención de revisar los LMR nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 90/642/CEE, ante sus inquietudes en lo que respecta a la ingesta por los consumidores. Se presentó a la Comisión, en consecuencia, una propuesta para la revisión de los LMR comunitarios.(4) La exposición de los consumidores a los fenamifos mencionados en la presente Directiva, a lo largo de toda su vida y a corto plazo, a través de los productos alimenticios se ha vuelto a evaluar de acuerdo con los procedimientos y prácticas comunitarios, atendiendo a las orientaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud(7). Se ha calculado que los LMR fijados en la presente Directiva no darán lugar a una exposición inaceptable para los consumidores.(5) La exposición aguda de los consumidores a estos plaguicidas, a través de cada uno de los productos alimenticios que pueden contener residuos, se ha evaluado, en su caso, de acuerdo con los procedimientos y prácticas comunitarios, atendiendo a las orientaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Se ha llegado a la conclusión de que la presencia de residuos de plaguicida al mismo nivel o por debajo de los LMR propuestos en la presente Directiva no causará efectos tóxicos agudos.(6) A través de la Organización Mundial del Comercio se ha consultado a los socios comerciales de la Comunidad acerca de los LMR propuestos en la presente Directiva y sus observaciones han recibido la debida consideración.(7) Se han tenido en cuenta los dictámenes del Comité científico de las plantas, y en especial sus consejos y recomendaciones sobre la metodología que debe seguirse para la protección de los consumidores de productos agrícolas tratados con plaguicidas.(8) Por tanto, los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo deben modificarse en consecuencia.(9) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1En la parte A del anexo II de la Directiva 86/362/CEE se añadirá la línea siguiente:">SITIO PARA UN CUADRO>"Artículo 2En la parte B del anexo II de la Directiva 86/363/CEE se añadirá la línea siguiente:">SITIO PARA UN CUADRO>"Artículo 3El anexo II de la Directiva 90/642/CEE se modificará como sigue:"Los LMR correspondientes a los fenamifos establecidos en el anexo de la presente Directiva se añadirán a los LMR establecidos en el anexo II de la Directiva 90/642/CEE."Artículo 4Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva el 31 de julio de 2004 a más tardar. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Los Estados miembros deberán aplicar tales disposiciones a partir del 1 de agosto de 2004.Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 5La presente Directiva entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 6Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 9 de enero de 2004.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.(2) DO L 154 de 21.6.2003, p. 70.(3) DO L 221 de 7.8.1986, p. 43.(4) DO L 155 de 24.6.2003, p. 15.(5) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.(6) DO L 175 de 15.7.2003, p. 37.(7) Orientaciones para predecir la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas (versión revisada), elaboradas por el Programa SIMUVIMA/Alimentos en colaboración con el Comité del Codex sobre residuos de plaguicidas y publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).ANEXO">SITIO PARA UN CUADRO>"


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31977L0794

Directiva 77/794/CEE de la Comisión, de 4 de noviembre de 1977, por la que se fijan las modalidades prácticas necesarias para la aplicación de ciertas disposiciones de la Directiva 76/308/CEE referente a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos que resulten de operaciones que formen parte del sistema de financiación del FEOGA, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana

Diario Oficial n° L 333 de 24/12/1977 p. 0011 - 0019 Edición especial en finés : Capítulo 2 Tomo 2 p. 0098  Edición especial griega: Capítulo 02 Tomo 4 p. 0237  Edición especial sueca: Capítulo 2 Tomo 2 p. 0098  Edición especial en español: Capítulo 02 Tomo 4 p. 0189  Edición especial en portugués: Capítulo 02 Tomo 4 p. 0189

++++DIRECTIVA DE LA COMISION  de 4 de noviembre de 1977  por la que se fijan las modalidades practicas necesarias para la aplicacion de ciertas disposiciones de la Directiva 76/308/CEE referente a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos que resulten de operaciones que formen parte del sistema de financiacion del FEOGA , asi como de las exacciones reguladoras agricolas y de los derechos de aduana   ( 77/794/CEE )  LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea ,  Vista la Directiva 76/308/CEE del Consejo , de 15 de marzo de 1976 , referente a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos que resulten de operaciones que formen parte del sistema de financiacion del Fondo Europeo de Orientacion y de Garantia Agricola , asi como de las exacciones reguladoras agricolas y de los derechos de aduana ( 1 ) y , en particular , el apartado 1 de su articulo 22 ,  Considerando que la citada Directiva establecio un sistema de asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros con la finalidad de lograr la transmision a la autoridad requirente de todos los informes que puedan serle utiles ; la notificacion al destinatario de actos o de decisiones que le afecten ; la adopcion de medidas cautelares y el cobro por la autoridad requerida de créditos por cuenta de la autoridad requirente ;  Considerando que es necesario determinar las modalidades practicas de funcionamiento de esta asistencia mutua en cada una de estas materias , con objeto de darle toda la eficacia deseable ;  Considerando que las medidas previstas por la presente Directiva concuerdan con el dictamen del Comité de recaudacion ,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :  Articulo 1  1 . La presente Directiva establece las modalidades practicas de aplicacion de los apartados 2 y 4 del articulo 4 ; de los apartados 2 y 3 del articulo 5 ; de los apartados 1 , 3 y 5 del articulo 7 , y del articulo 9 y del parrafo 1 del articulo 12 de la Directiva 76/308/CEE , en lo sucesivo denominada Directiva de base .  2 . La presente Directiva establece las modalidades practicas relativas a la conversion , a la transferencia de las cantidades cobradas y a la determinacion de una cuantia minima de los créditos que puedan dar lugar a una peticion de asistencia .  TITULO I  Peticion de informacion  Articulo 2  1 . La peticion de informacion a que se refiere el articulo 4 de la Directiva de base se hara por escrito , segun el modelo que figura en el anexo I . La solicitud llevara el sello oficial de la autoridad requirente y estara firmada por un funcionario de esta ultima debidamente autorizado para formular tal peticion .  2 . La autoridad requirente hara constar , en su caso , en su peticion de informacion , las demas autoridades requeridas a las que haya dirigido una peticion similar .  Articulo 3  La peticion de informacion podra referirse :   - al deudor principal directamente , o   - a cualquier otra persona que resulte obligada al pago del crédito en aplicacion de las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede .  Cuando la autoridad requirente tenga conocimiento de que una tercera persona posea bienes que pertenezcan a alguna de las personas designadas en el parrafo anterior , la solicitud podra dirigirse igualmente a esta tercera persona .  Articulo 4  La autoridad requerida acusara recibo por escrito ( si es posible por télex ) de la peticion de informacion , en el plazo mas breve posible y , en todo caso , dentro de los siete dias siguientes al de esta recepcion .  Articulo 5  1 . La autoridad requerida transmitira a la autoridad requirente los informes solicitados conforme los vaya obteniendo .  2 . En caso de que la totalidad o parte de las informaciones solicitadas no hubieran podido ser obtenidas en plazos razonables debido a circunstancias especiales , la autoridad requerida lo comunicara a la autoridad requirente , indicando las razones de esta situacion .  En todo caso , transcurrido un plazo de seis meses , contados a partir de la fecha del acuse de recibo de la peticion , la autoridad requerida comunicara a la autoridad requirente el resultado de las indagaciones efectuadas por ella para la obtencion de los informes solicitados .  La autoridad requirente , teniendo en cuenta los informes que le sean comunicados por la autoridad requerida , podra pedir a esta ultima que continue sus indagaciones . Esta peticion debera hacerse por escrito  ( si es posible por télex ) en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepcion de los resultados de las indagaciones efectuadas por la autoridad requerida . Esta peticion sera tratada por la autoridad requerida segun las disposiciones establecidas para la peticion inicial .  Articulo 6  Cuando la autoridad requerida decida no dar curso favorable a la peticion de informacion que le hubiere sido dirigida , comunicara por escrito a la autoridad requirente los motivos que impiden que esta solicitud sea atendida , haciendo referencia expresa a las disposiciones especificas del articulo 4 de la Directiva de base que invoca . Esta comunicacion debera hacerse por la autoridad requerida una vez adopte su decision y , en cualquier caso , antes de transcurridos seis meses contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud .  Articulo 7  La autoridad requirente podra en todo momento retirar la solicitud de informacion que hubiere transmitido a la autoridad requerida . La decision de retirar dicha solicitud se comunicara por escrito ( si es posible por télex ) a la autoridad requerida .  TITULO II  Peticion de notificacion  Articulo 8  La peticion de notificacion a que se refiere el articulo 5 de la Directiva de base se hara por escrito por duplicado , segun el modelo que figura en el Anexo II . Llevara el sello oficial de la autoridad requirente y estara firmada por un funcionario de esta ultima debidamente autorizado para formular tal peticion .  La peticion mencionada en el parrafo anterior debera ir acompanada , por duplicado , del acto ( o la decision ) cuya notificacion se solicite .  Articulo 9  La peticion de notificacion podra referirse a cualquier persona fisica o juridica que , de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede , deba tener conocimiento de un acto o de una decision que le afecten .  Articulo 10  1 . A partir de la recepcion de la peticion de notificacion , la autoridad requerida adoptara las medidas necesarias para proceder a efectuar esta notificacion de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede .  2 . La autoridad requerida informara a la autoridad requirente de la fecha de la notificacion en cuanto haya sido efectuada . Esta informacion se efectuara enviando a la autoridad requirente uno de los ejemplares de su peticion debidamente cumplimentado por medio de la certificacion que figura en el reverso .  TITULO III  Peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares  Articulo 11  1 . La solicitud de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares , a que se refieren los articulos 6 y 13 de la Directiva de base se hara por escrito segun el modelo que figura en el Anexo III . Incluira la declaracion de que se cumplen las condiciones previstas por la Directiva de base para la utilizacion del procedimiento de asistencia mutua en la materia , llevara el sello oficial de la autoridad requirente y estara firmada por un funcionario de esta ultima debidamente autorizado para formular tal peticion .  2 . El titulo ejecutivo que debe acompanar a la peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares podra ser expedido globalmente para varios créditos , siempre que concierna a una misma persona .  Para la aplicacion de las disposiciones contenidas en los articulos 12 a 19 , el conjunto de los créditos que sean objeto de un mismo titulo ejecutivo se considerara como constitutivo de un crédito unico .  Articulo 12  1 . La peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares podra referirse :   - al deudor principal directamente , o   - a cualquier otra persona que resulte obligada al pago del crédito en aplicacion de las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede .  2 . En su caso , la autoridad requirente indicara a la autoridad requerida los bienes de las personas mencionadas en el apartado 1 que sepa que estan en posesion de una tercera persona .  Articulo 13  1 . La autoridad requirente indicara la cuantia de los créditos que se deban cobrar tanto en la moneda del Estado miembro donde tenga su sede como en la del Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requerida .  2 . El tipo de cambio que se debera utilizar a efectos de la aplicacion del apartado 1 sera el ultimo cambio vendedor comprobado en el mercado o los mercados de cambio mas representativos del Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede en la fecha en que se firme la peticion .  Articulo 14  La autoridad requerida acusara recibo por escrito ( si es posible por télex ) de la peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares en el plazo mas breve posible y , en todo caso , dentro de los siete dias siguientes al de su recepcion .  Articulo 15  En caso de que todo o parte del crédito no hubiere podido ser cobrado en plazos razonables , debido a circunstancias especiales , la autoridad requerida lo comunicara a la autoridad requirente , indicando las razones de esta situacion . Lo mismo hara en caso de que no pueda adoptar medidas cautelares en los plazos razonables , debido a circunstancias especiales .  Transcurrido el plazo de un ano contado a partir de la fecha del acuse de recibo de la peticion , la autoridad requerida informara , en todo caso , a la autoridad requirente del resultado del proceso de cobro y/o de la adopcion de medidas cautelares que haya emprendido .  La autoridad requirente , teniendo en cuenta las informaciones que le sean comunicadas por la autoridad requerida , podra pedir a esta ultima que continue el proceso de cobro y/o de adopcion de las medidas cautelares que haya emprendido . Esta peticion debera hacerse por escrito ( si es posible por télex ) en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepcion de los resultados del procedimiento de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares emprendidas por la autoridad requerida . Esta peticion sera tratada por la autoridad requerida segun las disposiciones establecidas para la solicitud inicial .  Articulo 16  Cualquier accion de impugnacion del crédito o del titulo que permita la ejecucion de su cobro , interpuesta en el Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede sera notificada por escrito ( si es posible por télex ) por la autoridad requirente a la autoridad requerida inmediatamente después de que tenga conocimiento de esta accion .  Articulo 17  1 . Si la peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares quedara sin efecto como consecuencia del pago del crédito , o por la anulacion de éste , o por cualquier otra razon , la autoridad requirente informara inmediatamente por escrito ( si es posible por télex ) a la autoridad requerida con objeto de que esta ultima suspenda la accion que hubiere iniciado .  2 . Cuando la cuantia del crédito objeto de la peticion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares resulte modificada por cualquier razon , la autoridad requirente lo comunicara inmediatamente por escrito  ( si es posible por télex ) a la autoridad requerida .  Si la modificacion consistiere en una disminucion de la cuantia del crédito , la autoridad requerida continuara la accion de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares que haya iniciado , quedando limitada esta accion a la cantidad pendiente de percibir . Si , cuando la autoridad requerida sea informada de la disminucion de la cuantia del crédito , se hubiere efectuado ya el cobro de la cantidad inicial , pero no se hubiere procedido aun a transferir el crédito de acuerdo con lo establecido en el articulo 18 , la autoridad requerida devolvera la cantidad percibida en exceso al derecho habiente .  Si la modificacion consistiere en un aumento de la cuantia del crédito , la autoridad requirente dirigira en el plazo mas breve posible a la autoridad requerida una peticion complementaria de cobro y/o de adopcion de medidas cautelares . Esta peticion complementaria sera , en la medida de lo posible , tramitada por la autoridad requerida conjuntamente con la peticion inicial de la autoridad requirente . Cuando , teniendo en cuenta el estadio de tramitacion del procedimiento en curso , la acumulacion de la peticion complementaria a la inicial no fuera posible , la autoridad requerida solo estara obligada a tramitar la peticion complementaria si se refiere a una cantidad igual o superior a la senalada en el articulo 20 .  3 . Para la conversion de la cuantia modificada del crédito en moneda del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su sede , la autoridad requirente aplicara el tipo de cambio utilizado en la peticion inicial .  Articulo 18  Toda cantidad cobrada por la autoridad requerida , comprendidos en su caso los intereses mencionados en el apartado 2 del articulo 9 de la Directiva de base , sera transferida a la autoridad requirente en la moneda del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su sede . Esta transferencia debera tener lugar en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que se haya efectuado el cobro .  Articulo 19  A excepcion de las cantidades eventualmente percibidas por la autoridad requerida en concepto de los intereses mencionados en el apartado 2 del articulo 9 de la Directiva de base , se considerara cobrado el crédito en la proporcion correspondiente a la cantidad expresada en la moneda nacional del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su sede , sobre la base del tipo de cambio senalado en el apartado 2 del articulo 13 .  TITULO IV  Disposiciones generales y finales  Articulo 20  1 . La autoridad requirente podra formular una solicitud de asistencia por un unico crédito o por varios créditos , siempre que éstos sean a cargo de una misma persona .  2 . No podra formularse ninguna solicitud de asistencia cuando la cuantia del crédito o de los créditos a los que se refiera sea inferior a 750 unidades de cuenta europeas .  Articulo 21  Los informes y demas datos comunicados por la autoridad requerida a la autoridad requirente seran redactados en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su sede .  Articulo 22  Los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva a mas tardar el 1 de enero de 1978 .  Articulo 23  Cada Estado miembro informara a la Comision de las medidas que adopte para la aplicacion de la presente Directiva . La Comision comunicara estas informaciones a los demas Estados miembros .  Articulo 24  Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros .  Hecho en Bruselas , el 4 de noviembre de 1977 .  Por la Comision  Etienne DAVIGNON  Miembro de la Comision  ( 1 ) DO n * L 73 de 19 . 3 . 1976 , p . 18 .  ANEXO I  DIRECTIVA 76/308/CEE   ( Articulo 4 )   ( Designacion de la autoridad requirente , direccion , numero de teléfono , télex , cuentas bancarias , etc . ... )  ... ( Lugar y fecha de envio de la peticion )  ... ( N * de expediente de la autoridad requirente )  A ...  ... ( Nombre de la autoridad a la que se dirige la peticion , direccion postal , lugar , etc . )   ( Reservado a la autoridad a la que se dirige la peticion )  PETICION DE INFORMACION  El abajo firmante ... ( nombre y cargo ) , actuando como agente debidamente autorizado por la autoridad requirente arriba designada , solicita por la presente la obtencion de las siguientes informaciones , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Directiva ( 76/308/CEE ) .  Informaciones relativas a la persona interesada ( 1 ) * Informaciones relativas al crédito o a los créditos * Informaciones pedidas *  a ) Nombre y direccion conocidos (*)/ presuntos (*) *  * *  b ) Informaciones pertinentes referentes a la persona antes designada * * *   - deudor principal * * *   - codeudor * * *   - tercer poseedor * * *   * - Importe ( excluidos los intereses y los gastos ) * *   * - Naturaleza exacta del crédito o de los créditos * *   * - Otras indicaciones * *   * Otras autoridades requeridas * *   * * ... ( Firma ) *   * * ... ( Sello oficial ) *  (*) Tachese lo que no proceda .  ( 1 ) Persona fisica o juridica .  ANEXO II  DIRECTIVA 76/308/CEE   ( Articulo 5 )   ( Designacion de la autoridad requirente , direccion , numero de teléfono , télex , cuentas bancarias , etc . ... )  ... ( Lugar y fecha de envio de la peticion )  ... ( N * de expediente de la autoridad requirente )  A ...  ... ( Nombre de la autoridad a la que se dirige la peticion , direccion postal , lugar , etc . )   ( Reservado a la autoridad a la que se dirige la peticion )  PETICION DE NOTIFICACION  El abajo firmante ... ( nombre y cargo ) , actuando como agente debidamente autorizado por la autoridad requirente arriba designada , solicita por la presente la notificacion , de conformidad con el articulo 5 de la Directiva 76/308/CEE , del acto/de la decision (*) siguiente :  Informaciones relativas a la persona interesada ( 1 ) * Naturaleza y objeto del acto ( o de la decision ) que se deba notificar * Informaciones relativas al crédito o a los créditos * Otras informaciones *  a ) Nombre y direccion conocidos (*)/ presuntos (*) *  * * *  b ) Nombre y direccion del deudor principal si son diferentes de los del destinatario * * * *  c ) Otras informaciones * * * *   *  - Importe del crédito o de los créditos  ( comprendidos eventualmente los intereses y los gastos ) * *   * * - Naturaleza exacta del crédito o de los créditos * *   * * - Otras indicaciones * *   * * * ... ( Firma ) *   * * * ... ( Sello oficial ) *  (*) Tachese lo que no proceda .  ( 1 ) Persona fisica o juridica .  CERTIFICACION  El abajo firmante certifica :   - que el acto/la decision (*) unido(a ) a la peticion que figura en el anverso ha sido notificado(a ) al destinatario que se indica en dicha peticion , con fecha ...  La notificacion se ha efectuado en las condiciones que se indican a continuacion ( 1 ) (*) :   - que el acto/la decision (*) unido(a ) a la peticion que figura en el anverso no ha podido ser notificado(a ) al destinatario que se indica en dicha peticion por los motivos siguientes (*) :  ... ( Fecha )  ... ( Firma )  ... ( Sello oficial )  (*) Tachese lo que no proceda .  ( 1 ) Indicar con precision si la notificacion ha sido hecha al destinatario en persona o por otro procedimiento .  ANEXO III  DIRECTIVA 76/308/CEE   ( Articulo 6-13 )   ( Designacion de la autoridad requirente , direccion , numero de teléfono , télex , cuentas bancarias , etc . ... )  ... ( Lugar y fecha de envio de la peticion )  ... ( N * de expediente de la autoridad requirente )  A ...  ... ( Nombre de la autoridad a la que se dirige la peticion , direccion postal , lugar , etc . )   ( Reservado a la autoridad a la que se dirige la peticion )  PETICION DE COBRO/ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES (*)  El abajo firmante ... ( nombre y cargo ) , actuando como agente debidamente autorizado por la autoridad requirente arriba designada , solicita por la presente :   - el cobro del crédito o de los créditos objeto del titulo ejecutivo anexo conforme a las disposiciones del articulo 7 de la Directiva 76/308/CEE ; se cumplen las condiciones de las letras a ) y b ) del apartado 2 del articulo 7 (*) ;   - La adopcion de medidas cautelares , conforme a las disposiciones del articulo 13 de la Directiva 76/308/CEE , en relacion con la persona indicada a continuacion respecto al crédito o a los créditos objeto del titulo ejecutivo anexo ; adjunto a la presente una peticion motivada (*) .  Informaciones relativas a la persona interesada ( 1 ) * Informaciones relativas al crédito o a los créditos *   * Naturaleza exacta del o de los créditos * Importe expresado en moneda del Estado miembro en el que la autoridad requirente tenga su sede * Importe expresado en moneda del Estado miembro en el que la autoridad requerida tenga su sede * Tipo de cambio empleado * Otras indicaciones *  a ) Nombre y direccion conocidos (*)/ presuntos (*) *  * * * * *  b ) Otras informaciones pertinentes * * * * * *   - deudor principal * * * * * *   - codeudor * * * * * *   - tercer poseedor * * * * * *   * * Importe del principal ( 2 ) ... * Importe del principal ( 2 ) ... * * *   * * Importe de los intereses hasta el dia de la firma de la presente ( 2 ) ... * Importe de los intereses hasta el dia de la firma de la presente ( 2 ) ... * * *   * * Importe de los gastos hasta el dia de la firma de la presente ( 2 ) ... * Importe de los gastos hasta el dia de la firma de la presente ( 2 ) ... * * *   * * Total ... * Total ... * * *   * * * * * Fecha a partir de la que sera posible la ejecucion *   * * * * * Plazo de prescripcion . *   * * * * * Bienes del deudor en posesion de una tercera persona *  Detalle de los documentos unidos   * * * * ( Firma ) *   * * * * ... ( Sello oficial ) *  (*) Tachese lo que no proceda .  ( 1 ) Persona fisica o juridica .  ( 2 ) En caso de titulo ejecutivo global , indiquese el importe de los diferentes créditos .


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31976L0895

Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas

Diario Oficial n° L 340 de 09/12/1976 p. 0026 - 0031 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 7 p. 0206  Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 16 p. 0179  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 7 p. 0206  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 11 p. 0084  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 11 p. 0084

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 23 de noviembre de 1976 relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas(76/895/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 43 y 100,  Vista la propuesta de la Comisión,  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),  Visto el dictamen del Comité económico y social (2),  Considerando que la producción vegetal tiene una gran importancia en la Comunidad Económica Europea;  Considerando que tanto los organismos nocivos del reino animal y vegetal como los virus afectan constantemente al rendimiento de dicha producción;  Considerando que es absolutamente necesaria la protección de los vegetales contra dichos organismos, no sólo para evitar una disminución del rendimiento, sino también para aumentar la productividad de la agricultura;  Considerando que la utilización de plaguicidas químicos constituye uno de los medios más importantes para proteger los vegetales y productos vegetales de dichos organismos nocivos;  Considerando, sin embargo, que dichos plaguicidas no tienen únicamente repercusiones favorables en la producción vegetal, debido a que se trata por lo general de sustancias tóxicas o de preparados que pueden tener efectos peligrosos;  Considerando que un gran número de dichos plaguicidas o de sus productos de metabolización o degradación pueden tener efectos nocivos para los consumidores de productos vegetales;  Considerando que dichos plaguicidas no deberían utilizarse en condiciones que puedan poner en peligro la salud humana o animal;  Considerando que en algunos Estados miembros existen métodos diferentes para prevenir dicho peligro, y que varios Estados han establecido niveles distintos en lo que se refiere al contenido máximo de residuos de determinados plaguicidas en los vegetales  y productos vegetales tratados, niveles que deben respetarse para la circulación de los productos de que se trate;  Considerando que las disparidades entre los Estados miembros en lo que se refiere a los contenidos máximos permitidos de residuos de plaguicidas pueden contribuir a crear obstáculos en los intercambios y, por consiguiente, entorpecer la libre  circulación de mercancías dentro de la Comunidad; que, por tal motivo, es conveniente fijar determinados contenidos máximos que los Estados miembros puedan aplicar;  Considerando que, al fijar dichos contenidos máximos, es necesario compaginar las necesidades de la producción vegetal y los imperativos de la protección de la salud humana y animal;  Considerando que, como primer paso, procede fijar dichos contenidos máximos para los residuos de determinados plaguicidas en las frutas y hortalizas, habida cuenta del hecho de que se destinan por lo general a la alimentación humana u, ocasionalmente, a  la animal; que dichos contenidos máximos deben constituir el nivel más bajo posible;  Considerando que es necesario garantizar la libre circulación en toda la Comunidad de los productos con un contenido de residuos de determinados plaguicidas inferior o igual a los máximos fijados en el Anexo II; que, al mismo tiempo, es conveniente que  los Estados miembros puedan autorizar, de forma no discriminatoria y en casos en los que no estimen justificado, la circulación en su territorio de productos que tengan un contenido superior a los mencionados máximos, ya fijen o no unos contenidos  máximos para dichos productos;  Considerando que no es necesario aplicar las disposiciones previstas en la presente Directiva a las frutas y hortalizas destinadas a la exportación a terceros países;  Considerando, no obstante, que los contenidos establecidos en el Anexo II pueden resultar peligrosos repentinamente para la salud humana o animal; que, por consiguiente, es necesario permitir a los Estados miembros que reduzcan provisionalmente, en tal  caso, los mencionados contenidos;  Considerando que se recomienda, en tal caso, establecer una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión en el seno del Comité permanente fitosanitario;  Considerando que, siempre que los Estados miembros fijen unos contenidos máximos para los productos puestos en circulación en su territorio, deberán comprobar la observancia de dichos contenidos mediante controles oficiales realizados al menos por  sondeos;  Considerando que, en tal caso, deberán practicarse controles oficiales de acuerdo con modalidades de toma de muestras y métodos de análisis comunitarios;  Considerando que la fijación de modalidades de toma de muestras y de métodos de análisis constituye una medida de ejecución de carácter técnico y científico; que, para facilitar su adopción, es conveniente prever que las normas correspondientes a dichas  tomas de muestras y análisis se adopten de acuerdo con un procedimiento que establezca una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión en el seno del Comité fitosanitario permanente;  Considerando que las modificaciones de los Anexos, dado el carácter eminentemente técnico de estos, deben facilitarse mediante un procedimiento rápido,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   Artículo 1  La presente Directiva se refiere a los productos destinados a la alimentación humana o, aunque ocasionalmente, a la animal, incluidos en las partidas del arancel aduanero común reproducidas en el Anexo I, siempre que se encuentren en los  productos residuos plaguicidas enumerados en el Anexo II.   Artículo 2  1. Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por residuos de plaguicidas los restos de plaguicidas y de sus posibles productos tóxicos de metabolización o degradación enumerados en el Anexo II que estén presentes en los productos  contemplados en el artículo 1.  2. Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por puesta en circulación cualquier entrega a título oneroso o gratuito de los productos contemplados en el artículo 1 tras su recolección.   Artículo 3  1. Los Estados miembros no podrán prohibir ni obstaculizar la puesta en circulación en su territorio de los productos contemplados en el artículo 1 en razón de la presencia de residuos de plaguicidas, si la cantidad de dichos residuos no  excediere de los contenidos máximos establecidos en el Anexo II.  2. Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio, en los casos en que lo estimen justificado, la puesta en circulación de productos contemplados en el artículo 1 que contengan residuos de plaguicidas en cantidades superiores a las indicadas en  el Anexo II.  3. Los Estados miembros informarán a los demás Estados y a la Comisión de la aplicación dada a los apartados 1 y 2.   Artículo 4  1. Cuando un Estado miembro estime que un contenido máximo fijado en el Anexo II represente un peligro para la salud humana o de las animales, excepto la de organismos nocivos, dicho Estado miembro podrá reducirlo de manera provisional en su  territorio. En tal caso, comunicará sin demora a los demás Estados miembros y a la Comisión las medidas adoptadas, acompañadas de un informe de los motivos.  2. Se decidirá de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 8 si debieren modificarse los contenidos máximos fijados en el Anexo II. El Estado miembro podrá mantener las medidas que haya aplicado mientras el Consejo o la Comisión no hayan  adoptado una decisión de acuerdo con el mencionado procedimiento.   Artículo 5  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el Consejo aprobará, a propuesta de la Comisión, las modificaciones que deban introducirse en los Anexos. Para dichas modificaciones, se tendrá en cuenta, en particular, la situación de los  conocimientos técnicos y científicos, así como las necesidades sanitarias y agrícolas.   Artículo 6  1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para el control oficial mediante sondeos de la observancia de los contenidos máximos fijados de acuerdo con la presente Directiva.  2. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones útiles para que, en casos en los que los productos contemplados en el artículo 1 se sometan al control previsto en el apartado 1, la toma de muestras y los análisis cualitativos y cuantitativos  de los residuos de plaguicidas se lleven a cabo según las modalidades y métodos establecidos de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 7.   Artículo 7  1. En los casos en que se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, el Comité permanente fitosanitario creado por la Decisión 76/894/CEE (3), en lo sucesivo denominado «Comité», será convocado sin demora por su  Presidente, por iniciativa propia o a instancia de un Estado miembro.  2. En el seno del Comité, los votos de los Estados miembros se ponderarán de la forma prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. El Presidente no participará en la votación.  3. El representante de la Comisión presentará un proyecto de medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre las medidas en el plazo que el Presidente fije en función de la urgencia de las cuestiones sometidas a examen. Se pronunciará  por mayoría de cuarenta y un votos.  4. La Comisión adoptará las medidas y las pondrá inmediatamente en aplicación cuando se ajusten al dictamen del Comité. Si no se ajustaren al dictamen del Comité o a falta del mismo la Comisión presentará inmediatamente ante el Consejo una propuesta  relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo adoptará las medidas por mayoría cualificada.  Si el Consejo no hubiere adoptado ninguna medida transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se le haya sometido el asunto, la Comisión adoptará las medidas propuestas y las aplicará inmediatamente, excepto en el caso de que el  Consejo se hubiere pronunciado por mayoría simple en contra de las mismas.   Artículo 8  1. En los casos en que se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, el Comité será convocado sin demora por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro.  2. En el seno del Comité, los votos de los Estados miembros se ponderarán de la forma prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. El Presidente no participará en la votación.  3. El representante de la Comisión presentará un proyecto de medidas para su adopción. El Comité emitirá el dictamen sobre las medidas en un plazo de dos días. Se pronunciará por mayoría de cuarenta y un votos.  4. La Comisión adoptará las medidas y las pondrá inmediatamente en aplicación cuando se ajusten al dictamen del Comité. Si no se ajustaren al dictamen del Comité, o a falta del mismo, la Comisión presentará inmediatamente ante el Consejo una propuesta  relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo adoptará las medidas por mayoría cualificada.  Si el Consejo no hubiere adoptado ninguna medida transcurrido un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se le haya sometido el asunto, la Comisión adoptará las medidas propuestas y las aplicará inmediatamente, excepto en el caso de que el  Consejo se hubiere pronunciado por mayoría simple en contra de las mismas.   Artículo 9  La presente Directiva no se aplicará a los productos contemplados en el artículo 1 cuando se haya probado por lo menos mediante una indicación adecuada que se destinan a la exportación a terceros países.   Artículo 10  La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de la Comunidad referentes a las normas comunes de calidad para las frutas y hortalizas.   Artículo 11  Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de dos años a partir de su notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.    Artículo 12  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1976.  Por el Consejo El Presidente A. P. L. M. M. van der STEE   (1) DO no C 97 de 28. 7. 1969, p. 35.(2) DO no C 40 de 25. 3. 1969, p. 4.(3) DO no L 340 de 9. 12. 1976, p. 25.     ANEXO I   Lista de los productos contemplados en el artículo 1   "" ID="1">07.01 B> ID="2">Coles, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 C> ID="2">Espinacas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 D> ID="2">Lechugas, incluidas las endibias y escarolas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 E> ID="2">Acelgas y  cardos, frescos o refrigerados"> ID="1">07.01 F> ID="2">Legumbres de vaina, en grano o en vaina, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 G> ID="2">Zanahorias, nabos, morlacha de mesa, salsifíes, apio-nabos, rábanos y demás raíces comestibles similares,  frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 H> ID="2">Cebollas, chalotes y ajos, frescos y refrigerados"> ID="1">07.01 IJ> ID="2">Puerros y otras aliáceas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 K> ID="2">Espárragos, frescos o refrigerados"> ID="1">07.01  L> ID="2">Alcachofas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 M> ID="2">Tomates, frescos o refrigerados"> ID="1">07.01 N> ID="2">Aceitunas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 O> ID="2">Alcaparras, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 P>  ID="2">Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados"> ID="1">07.01 Q> ID="2">Setas y trufas, frescas o refrigeradas"> ID="1">07.01 R> ID="2">Hinojo, fresco o refrigerado"> ID="1">07.01 S> ID="2">Pimientos dulces, frescos o refrigerados">  ID="1">07.01 T> ID="2">Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas"> ID="1">ex 07.02> ID="2">Legumbres y hortalizas, sin cocer, congeladas"> ID="1">ex 08.01> ID="2">Dátiles, plátanos, piñas, mangos, mangostanes, aguacates, guayabas, cocos, nueces de  Brasil, nueces de cajuil (anacardos), frescos (1), sin cáscara"> ID="1">ex 08.02> ID="2">Cítricois, frescos (1)"> ID="1">ex 08.03> ID="2">Higos frescos (1)"> ID="1">ex 08.04> ID="2">Uvas, frescas (1)"> ID="1">ex 08.05> ID="2">Frutos de cáscara  (distintos de los comprendidos en la partida no 08.01), frescos (1), sin cáscara"> ID="1">08.06> ID="2">Manzanas, peras y membrillos, frescos (1)"> ID="1">08.07> ID="2">Frutas de hueso, frescas (1)"> ID="1">08.08> ID="2">Bayas frescas (1)">  ID="1">08.09> ID="2">Las demás frutas frescas (1)"> ID="1">ex 08.10> ID="2">Frutas sin cocer, congeladas, sin adición de azúcar"">   (1) Las frutas refrigeradas se asimilarán a las frutas frescas.      ANEXO II   Lista de residuos de plaguicidas y sus contenidos máximos   >(1)"> ID="1"> -> ID="2">amitrol> ID="3">3-amino-1,2,4-triazol> ID="4">cero (2)"> ID="1"> -> ID="2">aramita> ID="3">sulfito de 2-(4-terbutil.fenoxi)-1- metiletolo y de 2-cloroetilo> ID="4">cero (2)"> ID="1"> -> ID="2">antracina>  ID="3">2-cloro-4-etilamino-6-isoprolamino-1-3,5-triacina> ID="4">1,0"> ID="1">15/60> ID="2">acinfosetilo> ID="3">ditiofosfato de 0,0-dietilo y de S-(3,4 didhidro-4-oxo-1,2,3-benzo-triacina-3-il)-metilo> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">por separado o en  conjunto:  cero (2): hortalizas de raíz a excepción de los apio-nabos 0,4: otros productos"> ID="1">15/42> ID="2">acinfosmetilo> ID="3">ditiofosfato de 0,0-dimetilo y de S-(4-oxo-3,4-dihidro-1,2,3-benzotriacina-3-il)-metilo"> ID="1">6/20> ID="2">barban> ID="3">N-(3-clorofenil carbonato de 4-cloro-2- butinilo)>  ID="4">0,1"> ID="1">609/21> ID="2">binapacril> ID="3">3,3-dimetilacrilato de 2,4-dimitro- 6-(1-metilpropil) fenilo> ID="4">cero (2): zanahorias 0,3: otros productos"> ID="1"> -> ID="2">cantano> ID="3">N-(triclorometiltio)ciclohexeno-1,2- dicarboximida> ID="4">15,0"> ID="1">6/11> ID="2">carbaril> ID="3">N-metilcarbamato de 1-naftilo> ID="4">2,5: albaricoques manzanas, peras melocotones, uvas,  ciruelas, lechugas, coles 1,2: otros productos"> ID="1">620/6> ID="2">clorobenside> ID="3">sulfuro de 4-clorobencilo y de 4-clorofenilo> ID="4">1,5"> ID="1">620/4> ID="2">clorofensón> ID="3">4-clorobenceno sulfonato de 4-clorofenilo> ID="4">1,5"> ID="1"> ->  ID="2">clorobencilato> ID="3">4,4-diclorobencilato de etilo> ID="4">1,5"> ID="1">6/22> ID="2">cloroxurón> ID="3">1-[4-(4.clorofenoxi)-fenil)]-3,3- dimetilureado> ID="4">0,2"> ID="1">15/33> ID="2">demetón-S-metilo> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y  de S-(2-ethio-2etilo)> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">por separado o en conjunto: cero (2): zanahorias 0,4: otros productos (calculados en demeton-S-metilo-sulfon)"> ID="1">15/49> ID="2">oxidemetón-metilo> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de S-(2.etilsulfinil-etilo)"> ID="1"> -> ID="2">dementón-S-metilsulfona> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de  S-etilsulfonilo"> ID="1">6/19> ID="2">dialato> ID="3">di-isopropiltrocarbonato de S-(2,3-dicloroalilo)> ID="4">0,05"> ID="1">607/24> ID="2">diclorprop> ID="3">ácido 2-(2,4-ciclorofenoxi) propiónico> ID="4">0,05"> ID="1">15/55> ID="2">dimetoato>  ID="3">ditiofosfato de 0,0-dimetilo y de S-(N-metilcarbamoil-metilo)> ID="4">1,5 (3)"> ID="1"> -> ID="2">ometoato> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de S-(N-metilocarbamoil-metilo)> ID="4">0,4"> ID="1">609/23> ID="2">dinoseb>  ID="3">2,4-dinitro-6(1-metilpropilo) fenol> ID="4">0,05"> ID="1"> -> ID="2">dodina> ID="3">acetato de N-dodecil-guanidina> ID="4">1,0: frutas cero (2): otros productos"> ID="1">602/33> ID="2">endosulfán> ID="3">6,7,8,9,10,10-hexacloro- 1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-3-oxo 2,3,4-benzodioxatiepina> ID="4">0,2: zanahorias 0,5: otros productos"> ID="1">602/32> ID="2">endrín> ID="3">1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7- epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4-endo-5,8- endo-dimetano-naftaleno> ID="4">cero (2)"> ID="1">15/56> ID="2">fenclorfos> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de  0-(2,4,5-triclorofenilo)> ID="4">0,5"> ID="1">15/58> ID="2">fenitrothión> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de 0-(3-metilo-4-nitrofenilo)> ID="4">0,5"> ID="1">15/61> ID="2">formothión> ID="3">ditiofosfato de 0,0-dimetilo y de  S-(N-formilo-N-metilo-carbamoilmetilo)> ID="4">0,1"> ID="1"> -> ID="2">-> ID="3">1,1-dicloro-2,2-bis (4)()etano> ID="4">10,0"> ID="1">602/23> ID="2">lindano> ID="3">gamma-1,2,3,4,5,6-hexacloriciclohexano> ID="4">2,0: hortalizas de hoja 0,1: zanahorias 1,5: otros productos"> ID="1">15/44> ID="2">malathión incluido> ID="3">ditiofosfato de 0,0-dimetilo y de s.(1,2-dicarboetoxietilo)> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">3,0: hortalizas, excepto hortalizas de raíz 0,5: otros productos"> ID="1"> -> ID="2">malaoxón> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de S-(1,2-dicarboetoxietilo)"> ID="1"> -> ID="2">metoxicloro> ID="3">1,1,1-tricloro-2,2 bis (4)()-etano> ID="4">10,0"> ID="1">15/37> ID="2">parathión incluido>  ID="3">tiofosfato de 0,0-dietilo y de 0-(4)()> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">0,5"> ID="2">paraoxón> ID="3">fosfato de 0,0-dietilo y de 0-4-nitrofenilo"> ID="1">15/36> ID="2">parathión-metilo incluido> ID="3">tiofosfato de 0,0-dimetilo y de  0-4-nitrofenilo> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">0,15"> ID="2">paraoxón metilo> ID="3">fosfato de 0,0-dimetilo y de 0,4-nitrofenilo"> ID="1">15/22> ID="2">fosfamidón> ID="3">fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-dietilcarbamoxil-1-metil-vinilo>  ID="4">0,15"> ID="1">607/21> ID="2">folpet> ID="3">N-triclorometiltioptalimida> ID="4">15,0"> ID="1"> -> ID="2">propoxur> ID="3">N-metilcarbamato de 2.isopropoxifenilo> ID="4">3,0"> ID="1">15/27> ID="2">TEPP> ID="3">pirofosfato de tetraetilo>  ID="4">cero (2)"> ID="1">6/5> ID="2">thiram> ID="3">disulfato de tetrametilotiurano> ID="4">3,8: fresas, uvas 3,0: otros productos"> ID="1">602/24> ID="2">toxafeno> ID="3">camfeno clorado (67-69 % de cloro)> ID="4">0,4"> ID="1">15/21> ID="2">triclorfón> ID="3">(1-hidroxi-2,2,2-tricloroetilo) fosfonato de dimetilo> ID="4">0,5"">   (1) Numeración del Anexo I de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, referente a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la clasificación, el embalaje y el etiquetado de  las sustancias peligrosas (DO no 196 de 16. 8. 1967, p. 5), modificada en último lugar por la Directiva 75/409/CEE (DO no L 183 de 14. 7. 1975, p. 22). (2) Se tolerarán residuos insignificantes que no superen el límite inferior de sensibilidad del método de determinación. (3) Incluido en su caso el contenido máximo de 0,4 ppm fijado para el ometoato.