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31996L0071

Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

Diario Oficial n° L 018 de 21/01/1997 p. 0001 - 0006

DIRECTIVA 96/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3),(1) Considerando que, con arreglo a la letra c) del artículo 3 del Tratado, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad;(2) Considerando que, por lo que respecta a la prestación de servicios, toda restricción en razón de la nacionalidad o la residencia está prohibida por el Tratado a partir del final del período transitorio;(3) Considerando que la realización del mercado interior ofrece un entorno dinámico para la prestación de servicios transnacional al invitar a un número cada vez mayor de empresas a desplazar a sus trabajadores temporalmente para trabajar en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado en que trabajan habitualmente;(4) Considerando que la prestación de servicios puede consistir ya sea en la ejecución de trabajos por una empresa, por cuenta de ésta y bajo su dirección, en el marco de un contrato celebrado entre dicha empresa y el destinatario de la prestación de servicios, ya sea en el suministro de trabajadores para su utilización por parte de una empresa, en el marco de un contrato público o privado;(5) Considerando que el fomento de la prestación transnacional de servicios requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores;(6) Considerando que la transnacionalización de las relaciones de trabajo plantea problemas sobre el Derecho aplicable a dicha relación y que la determinación de las condiciones de trabajo y empleo redunda en beneficio de las partes;(7) Considerando que el Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (4), firmado por doce Estados miembros, entró en vigor el 1 de abril de 1991 en la mayoría de los Estados miembros;(8) Considerando que en el artículo 3 de dicho Convenio se establece, como norma general, la libertad de elección de la ley por las Partes; que, a falta de elección, el contrato se regirá, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6, por la ley del país en que el trabajador realice habitualmente su trabajo en ejecución del contrato, aun cuando se haya desplazado temporalmente a otro país, o si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, por la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabajador, a menos que del conjunto de circunstancias resulte que el contrato de trabajo tenga lazos más estrechos con otro país, en cuyo caso será aplicable la ley de ese otro país;(9) Considerando que, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de dicho Convenio, la elección por las Partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado privar al trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que fuera aplicable, a falta de elección, en virtud del apartado 2 del mencionado artículo;(10) Considerando que el artículo 7 de dicho Convenio dispone que en determinadas condiciones surtan efecto, junto con la ley declarada aplicable, las normas de policía de otra ley, en particular la del Estado miembro a cuyo territorio haya sido desplazado temporalmente el trabajador;(11) Considerando que, con arreglo al principio de prioridad del Derecho comunitario contemplado en su artículo 20, dicho Convenio no afectará a la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales y que estén o vayan a estar contenidas en actos que emanen de las instituciones de las Comunidades Europeas o en legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de estos actos;(12) Considerando que el Derecho comunitario no impide que los Estados miembros amplíen el ámbito de aplicación de su legislación o de los convenios colectivos celebrados por los interlocutores sociales a toda persona que realice un trabajo por cuenta ajena, incluso de carácter temporal, en su territorio, aunque su empresario se halle establecido en otro Estado miembro; que el Derecho comunitario no prohíbe a los Estados miembros garantizar el respeto de estas normas por los medios apropiados;(13) Considerando que las legislaciones de los Estados miembros deberán ser coordinadas a fin de establecer un núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima que habrán de ser respetadas, en el país de acogida, por los empresarios que desplacen a trabajadores para la realización de un trabajo temporal en el territorio del Estado miembro de la prestación de servicios; que dicha coordinación sólo podrá llevarse a cabo mediante el Derecho comunitario;(14) Considerando que el proveedor de servicios deberá observar un «núcleo duro» de disposiciones de protección, claramente definidas, independientemente de la duración del desplazamiento del trabajador;(15) Considerando que resulta conveniente establecer que, en determinados casos delimitados de trabajos de montaje y/o de instalación de un bien, no se apliquen las disposiciones relativas a las cuantías de salario mínimo y a la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas;(16) Considerando que, además, conviene garantizar cierta flexibilidad en la aplicación de las disposiciones relativas a las cuantías de salario mínimo y a la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas; que, en caso de que la duración del desplazamiento no sea superior a un mes, los Estados miembros podrán, en determinadas condiciones, establecer excepciones a las disposiciones relativas a las cuantías de salario mínimo o contemplar la posibilidad de establecer excepciones a través de convenios colectivos; que, en caso de que los trabajos que se vayan a efectuar sean de escasa importancia, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las disposiciones relativas a las cuantías de salario mínimo y a la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas;(17) Considerando que las disposiciones imperativas de protección mínima vigentes en el país de acogida no deben impedir la aplicación de las condiciones de trabajo y de empleo que sean más favorables a los trabajadores;(18) Considerando que conviene respetar el principio de que las empresas establecidas fuera de la Unión Europea no deben obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro;(19) Considerando, sin perjuicio de otras disposiciones de la normativa comunitaria, que la presente Directiva no obliga a reconocer legalmente la existencia de agencias de trabajo temporal ni menoscaba la aplicación por los Estados miembros de sus leyes relativas al suministro de mano de obra y de empresas de trabajo temporal a empresas no establecidas en su territorio pero que operan en él dentro del marco de la prestación de servicios;(20) Considerando que la presente Directiva no afecta a los convenios celebrados por la Comunidad con países terceros ni a las leyes de los Estados miembros relativas al acceso a su territorio de prestadores de servicios de países terceros; que la presente Directiva no irá tampoco en perjuicio de las leyes nacionales relativas a las condiciones para la entrada, la residencia y el acceso al empleo de trabajadores nacionales de países terceros;(21) Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (5), fija las disposiciones aplicables en materia de prestaciones y de cotizaciones de seguridad social;(22) Considerando que la presente Directiva no afecta la situación de la normativa de los Estados miembros en materia de acción colectiva para la defensa de los intereses profesionales;(23) Considerando que las instancias competentes en los distintos Estados miembros deben colaborar entre sí en la aplicación de esta Directiva; que los Estados miembros deben prever las medidas oportunas en caso de incumplimiento de la presente Directiva;(24) Considerando que se debe garantizar una buena aplicación de la presente Directiva y, a ese efecto, entablar una colaboración estrecha entre la Comisión y los Estados miembros;(25) Considerando que, a más tardar cinco años después de la adopción de la presente Directiva, la Comisión deberá reexaminar las normas de desarrollo de la presente Directiva con vistas a proponer, en su caso, las modificaciones necesarias,HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Ámbito de aplicación 1. La presente Directiva se aplicará a las empresas establecidas en un Estado miembro que, en el marco de una prestación de servicios transnacional, desplacen a trabajadores, según lo dispuesto en el apartado 3, en el territorio de un Estado miembro.2. La presente Directiva no se aplicará a las empresas de la marina mercante, por lo que se refiere al personal navegante.3. La presente Directiva se aplicará en la medida en que las empresas a que se refiere el apartado 1 adopten una de las siguientes medidas transnacionales:a) desplazar a un trabajador por su cuenta y bajo su dirección, en el marco de un contrato celebrado entre la empresa de procedencia y el destinatario de la prestación de servicios que opera en dicho Estado miembro, al territorio de un Estado miembro, siempre que exista una relación laboral entre la empresa de procedencia y el trabajador durante el período de desplazamiento; ob) desplazar a un trabajador al territorio de un Estado miembro, en un establecimiento o en una empresa que pertenezca al grupo, siempre que exista una relación laboral entre la empresa de origen y el trabajador durante el período de desplazamiento; oc) en su calidad de empresa de trabajo interino o en su calidad de empresa de suministro de mano de obra, desplazar a un trabajador a una empresa usuaria que esté establecida o ejerza su actividad en el territorio de un Estado miembro, siempre que exista una relación laboral entre la empresa de trabajo interino o la empresa de suministro de mano de obra y el trabajador durante el período de desplazamiento.4. Las empresas establecidas en un Estado que no sea miembro no deberán obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado miembro.Artículo 2Definición 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «trabajador desplazado» todo trabajador que, durante un período limitado, realice su trabajo en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio trabaje habitualmente.2. A efectos de la presente Directiva, el concepto de trabajador es el que sea aplicable conforme al Derecho del Estado miembro en cuyo territorio el trabajador esté desplazado.Artículo 3Condiciones de trabajo y empleo 1. Los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo relativas a las materias siguientes que, en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo, estén establecidas:- por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y/o- por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general con arreglo al apartado 8 en la medida en que se refieran a las actividades contempladas en el Anexo:a) los períodos máximos de trabajo así como los períodos mínimos de descanso;b) la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas;c) las cuantías de salario mínimo, incluidas las incrementadas por las horas extraordinarias; la presente letra no se aplicará a los regímenes complementarios de jubilación profesional;d) las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por parte de agencias de trabajo interino;e) la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo;f) las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como de los niños y de los jóvenes;g) la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de no discriminación.A los fines de la presente Directiva, la noción de cuantías de salario mínimo mencionada en la letra c) del párrafo primero se definirá mediante la legislación y/o el uso nacional del Estado miembro en cuyo territorio el trabajador se encuentre desplazado.2. Las letras b) y c) del párrafo primero del apartado 1 no se aplicarán a los trabajos de montaje inicial o de primera instalación de un bien contemplados en un contrato de suministro de bienes, indispensables para la puesta en funcionamiento del bien suministrado y ejecutados por los trabajadores cualificados y/o especializados de la empresa proveedora, cuando la duración del desplazamiento no supere los ocho días.Esta disposición no se aplicará a las actividades en el ámbito de la construcción mencionadas en el Anexo.3. Los Estados miembros podrán decidir, previa consulta a los interlocutores sociales y de conformidad con los usos y costumbres de cada Estado miembro, que no se apliquen las disposiciones de la letra c) del párrafo primero del apartado 1 en los casos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1 cuando la duración del desplazamiento de los trabajadores no sea superior a un mes.4. Los Estados miembros podrán disponer, de conformidad con las legislaciones o usos nacionales, que podrán introducirse excepciones a las disposiciones de la letra c) del párrafo primero del apartado 1 en los casos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1, así como a una decisión de un Estado miembro conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, mediante convenios colectivos con arreglo al apartado 8 del presente artículo, relativos a uno o más sectores de actividad, cuando la duración del desplazamiento de los trabajadores no sea superior a un mes.5. Los Estados miembros podrán establecer una excepción a lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo primero del apartado 1 en los casos mencionados en las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1, con motivo de la escasa importancia de los trabajos que deban efectuarse.Los Estados miembros que hagan uso de la facultad mencionada en el párrafo primero establecerán las condiciones que deban cumplir los trabajos para ser considerados «de escasa importancia».6. La duración del desplazamiento se calculará sobre un período de referencia de un año a partir de su comienzo.Al calcular el período de un año, se incluirá en el cálculo el tiempo que en su caso haya estado desplazado el trabajador al que haya que sustituir.7. Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 no impedirá la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables para los trabajadores.Se considerará que los complementos correspondientes al desplazamiento forman parte del salario mínimo, en la medida en que no se abonen como reembolso de los gastos efectivamente realizados originados por el desplazamiento, tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención.8. Por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general se entenderán aquellos convenios colectivos o laudos arbitrales que deban respetar todas las empresas pertenecientes al sector o profesión de que se trate correspondientes al ámbito de aplicación territorial de éstos.A falta de un sistema de declaración de aplicación general de convenios colectivos o laudos arbitrales en el sentido de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán basarse, si así lo deciden, en:- los convenios colectivos o laudos arbitrales que surtan efecto general en todas las empresas similares pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate y correspondientes al ámbito de aplicación territorial de éstos, y/o- los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del territorio nacional,siempre que su aplicación a las empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 garantice igualdad de trato por lo que respecta a las materias enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 del presente artículo entre dichas empresas y las demás empresas mencionadas en el presente párrafo que se hallen en una situación similar.En el sentido de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá que existe igualdad de trato cuando las empresas nacionales que se encuentren en una situación similar:- estén sometidas, en el lugar de actividad o en el sector de que se trate, a las mismas obligaciones que las empresas objeto de los desplazamientos, por lo que se refiere a las materias enumeradas en el apartado 1 del párrafo primero, y- puedan serle exigidas dichas obligaciones con los mismos efectos.9. Los Estados miembros podrán disponer que las empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 garanticen a los trabajadores, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 1, el beneficio de las condiciones que se apliquen a los trabajadores interinos en el Estado miembro en cuyo territorio se ejecute el trabajo.10. La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones del Tratado, impongan a las empresas nacionales y a las empresas de otros Estados, por igual:- condiciones de trabajo y empleo referidas a materias distintas de las enumeradas en el párrafo primero del apartado 1, en la medida en que se trate de disposiciones de orden público,- condiciones de trabajo y empleo fijadas en convenios colectivos o laudos arbitrales de acuerdo con el apartado 8 que se refieran a actividades distintas de las contempladas en el Anexo.Artículo 4Cooperación en materia de información 1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros designarán, de acuerdo con las legislaciones y/o usos nacionales, uno o más centros de enlace o una o más instancias nacionales competentes.2. Los Estados miembros establecerán una cooperación entre las administraciones públicas a las que, en virtud de la legislación nacional, competa la supervisión de las condiciones de trabajo y empleo contempladas en el artículo 3. Esta cooperación consistirá, en particular, en responder a las peticiones justificadas cursadas por dichas administraciones de información relativa al suministro transnacional de trabajadores, incluidos los casos de abuso manifiesto o los casos de actividades transnacionales presuntamente ilegales.La Comisión y las administraciones públicas mencionadas en el párrafo primero colaborarán estrechamente con el fin de analizar las dificultades que pudieran surgir en la aplicación del apartado 10 del artículo 3.La asistencia administrativa recíproca se prestará gratuitamente.3. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para que la información relativa a las condiciones de trabajo y de empleo contemplada en el artículo 3 sea generalmente accesible.4. Cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y a la Comisión los centros de enlace y/o las instancias competentes a que se refiere el apartado 1.Artículo 5Medidas Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas en caso de incumplimiento de la presente Directiva.En particular, velarán por que los trabajadores o sus representantes dispongan de procedimientos adecuados para que se cumplan las obligaciones establecidas en la presente Directiva.Artículo 6Competencia judicial A fin de salvaguardar el derecho a las condiciones de trabajo y de empleo garantizadas en el artículo 3, se podrá entablar una acción judicial en el Estado miembro en cuyo territorio esté o haya estado desplazado el trabajador, sin perjuicio, en su caso, de la facultad de entablar una acción judicial en otro Estado, de conformidad con los convenios internacionales vigentes en materia de competencia judicial.Artículo 7Aplicación Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 16 de diciembre de 1999. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 8Revisión por la Comisión El 16 de diciembre de 2001 a más tardar, la Comisión reexaminará las normas de desarrollo de la presente Directiva con objeto de proponer al Consejo, si fuera necesario, las modificaciones oportunas.Artículo 9Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1996.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteK. HÄNSCHPor el ConsejoEl PresidenteI. YATES(1) DO n° C 225 de 30. 8. 1991, p. 6 y DO n° C 187 de 9. 7. 1993, p. 5.(2) DO n° C 49 de 24. 2. 1992, p. 41.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 1993 (DO n° C 72 de 15. 3. 1993, p. 78), Posición común del Consejo de 30 de junio de 1996 (DO n° C 220 de 29. 7. 1996) y Decisión del Parlamento Europeo de 18 septiembre de 1996 (DO n° C 320 de 28. 10. 1996, p. 37). Decisión del Consejo de 24 de septiembre de 1996.(4) DO n° L 266 de 9. 10. 1980, p. 1.(5) DO n° L 149 de 5. 7. 1971, p. 2; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3096/95 (DO n° L 335 de 30. 12. 1995, p. 10).ANEXO Las actividades contempladas en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 3 comprenderán todas las actividades en el ámbito de la construcción relacionadas con la realización, la restauración, el mantenimiento, la modificación o la eliminación de construcciones y, en particular, las obras siguientes:1) excavación,2) nivelación,3) construcción,4) montaje y desmontaje de elementos prefabricados,5) acondicionamiento o equipamiento,6) transformación,7) renovación,8) reparación,9) desmantelamiento,10) derribo,11) conservación,12) mantenimiento (obras de pintura y limpieza),13) saneamiento.


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31996L0035

Directiva 96/35/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa a la designación y a la cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas

Diario Oficial n° L 145 de 19/06/1996 p. 0010 - 0015

DIRECTIVA 96/35/CE DEL  CONSEJO de 3 de junio de 1996 relativa a la designación y a la cualificación profesional de  consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de  mercancías peligrosasEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 75, Vista la propuesta de la Comisión  (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social  (2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189  C del Tratado  (3), Considerando que con el paso de los años los transportes nacionales e internacionales de mercancías  peligrosas han aumentado considerablemente, lo que incrementa los riesgos de accidente; Considerando que algunos de los accidentes que se producen en los transportes de mercancías  peligrosas pueden tener su origen en un conocimiento insuficiente de los riesgos inherentes a  dichos transportes; Considerando que, en el marco de la realización del mercado interior en lo que se refiere a los  transportes, resulta necesario adoptar medidas para el logro de una mejor prevención de los riesgos  inherentes a este tipo de transporte; Considerando que en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la  aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en  el trabajo  (4), no se introducen medidas contra los riesgos inherentes al transporte de mercancías  peligrosas; Considerando que debe exigirse a las empresas de transporte de mercancías peligrosas, así como a  las que efectúan operaciones de carga o descarga ligadas a dicho transporte, el respeto de las  reglas en materia de prevención de los riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas,  ya se trate del transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable; que para facilitar  la consecución de este objetivo debe preverse la designación de consejeros de seguridad para el  transporte de mercancías peligrosas que posean una formación profesional adecuada; Considerando que la formación profesional de los consejeros debe tener como objetivo el  conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas esenciales aplicables a  estos transportes; Considerando que es menester que los Estados miembros dispongan un marco mínimo común de formación  profesional, sancionado por la superación de un examen; Considerando que es necesario que los Estados miembros expidan un certificado de modelo comunitario  que certifique la cualificación profesional de los consejeros, con lo que los titulares de dicho  certificado podrán ejercer de ese modo su actividad en toda la Comunidad; Considerando que la cualificación profesional de los consejeros contribuirá a la mejora de la  calidad del servicio en interés de los usuarios; que esta cualificación contribuirá, además, a  reducir al mínimo los riesgos de accidentes que pueden producir un deterioro irreversible del medio  ambiente, así como graves daños que pueden afectar a la integridad física de cualquier persona que  pueda entrar en contacto con las mercancías peligrosas, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Objetivo Los Estados miembros, de conformidad con las condiciones  fijadas en la presente Directiva, tomarán las medidas necesarias para que las empresas cuya  actividad implique el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía  navegable, o bien las operaciones de carga o descarga ligadas a dichos transportes, designen, a más  tardar el 31 de diciembre de 1999, uno o varios consejeros de seguridad para el transporte de  mercancías peligrosas encargados de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas,  los bienes o el medio ambiente, inherentes a dichas actividades. Artículo 2 Definiciones A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a)  «empresa»: toda persona física, toda persona jurídica con o sin ánimo de lucro, toda asociación  o todo grupo de personas sin personalidad jurídica con o sin ánimo de lucro, así como cualquier  organismo dependiente de la autoridad pública, con personalidad jurídica propia o dependiente de  una autoridad con dicha personalidad, que realice el transporte, la carga o la descarga de  mercancías peligrosas; b)  «consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas», en adelante denominado  «consejero»: toda persona designada por el jefe de empresa para desempeñar los cometidos y  encargarse de las funciones que se definen en el artículo 4, y que esté en posesión del certificado  de formación que se contempla en el artículo 5; c)  «mercancías peligrosas»: las mercancías definidas como tales en el Anexo A de la Directiva  94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los  Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera  (1); d)  «actividades implicadas»: el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril  o por vía navegable, con exclusión de las vías navegables nacionales no conectadas con las de los  demás Estados miembros, o las operaciones de carga o descarga ligadas a dichos transportes. Artículo 3 Exenciones Los Estados miembros podrán disponer que la presente Directiva no se  aplique a las empresas: a)  cuyas actividades implicadas sean los transportes de mercancías peligrosas efectuados por  medios de transporte pertenecientes a las fuerzas armadas o que estén bajo la responsabilidad de  éstas, o b)  cuyas actividades implicadas afecten a cantidades limitadas, por cada unidad de transporte,  situadas por debajo de los límites establecidos por los marginales 10010 y 10011 del Anexo B de la  Directiva 94/55/CE, o bien c)  que no realicen, como actividad principal o accesoria, transportes de mercancías peligrosas u  operaciones de carga o descarga ligadas a dichos transportes, pero que efectúen ocasionalmente  transportes nacionales de mercancías peligrosas u operaciones de carga o descarga ligadas a dichos  transportes, que entrañen un grado mínimo de peligro o de contaminación. Artículo 4 Funciones y designación del consejero 1.  Bajo la responsabilidad del jefe de  empresa, el consejero tendrá como cometido principal, dentro de los límites de las actividades  implicadas de la empresa, el de buscar cualquier medio y promover cualquier acción con el fin de  facilitar la ejecución de dichas actividades cumpliendo las normativas aplicables y en condiciones  óptimas de seguridad. Sus tareas, adaptadas a las actividades de la empresa, se definen en el Anexo  I. 2.  La función del consejero podrá asimismo correr a cargo del jefe de empresa, de una persona que  ejerza otras tareas en la empresa o de una persona que no pertenezca a la misma, siempre que el  interesado esté efectivamente en condiciones de realizar sus tareas de consejero. 3.  Toda empresa implicada deberá comunicar, si se le solicitare, la identidad de su consejero a la  autoridad competente o al órgano designado a este efecto por cada Estado miembro. Artículo 5 Certificado de formación 1.  El consejero deberá ser titular de un certificado de  formación profesional de modelo comunitario, denominado en lo sucesivo el «certificado», válido  para el tipo o tipos de transporte de que se trate. Dicho certificado será expedido por la  autoridad competente o por el órgano designado a ese efecto por cada Estado miembro. 2.  Para la obtención del certificado, el candidato debe recibir una formación sancionada por la  superación de un examen aprobado por la autoridad competente del Estado miembro. 3.  La formación tendrá como objetivos principales facilitar al candidato un conocimiento  suficiente de los riesgos inherentes a los transportes de mercancías peligrosas, un conocimiento  suficiente de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las  modalidades de transporte de que se trate, así como un conocimiento suficiente de las tareas  definidas en el Anexo I. 4.  El examen tratará al menos de las materias contempladas en la lista que figura en el Anexo II. 5.  El certificado se establecerá de conformidad con el modelo que figura en el Anexo III. 6.  El certificado será reconocido por todos los Estados miembros. Artículo 6 Validez del certificado El certificado tendrá una duración de validez de cinco años.  La validez de dicho certificado se renovará automáticamente por períodos de cinco años si, durante  el último año anterior a la expiración del certificado, su titular hubiere seguido cursos de  formación complementaria o superado una prueba de control, aprobados por la autoridad competente. Artículo 7 Parte de accidente Cuando, con motivo de un accidente ocurrido en el curso de un  transporte o de una operación de carga o descarga realizados por la empresa implicada, se haya  causado perjuicio a las personas, a los bienes o al medio ambiente, el consejero redactará un parte  de accidente destinado a la dirección de la empresa o, en su caso, a una autoridad pública local,  una vez reunidos todos los datos pertinentes a tal fin. Dicho parte no podrá sustituir a los informes redactados por la dirección de la empresa que exijan  los Estados miembros en virtud de cualquier otra legislación internacional, comunitaria o  nacional. Artículo 8 Adaptación de la Directiva Las modificaciones necesarias para adaptar la presente  Directiva al progreso científico y técnico en las materias cubiertas por su ámbito de aplicación se  adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9. Artículo 9 1.  La Comisión estará asistida por el Comité para el transporte de mercancías  peligrosas creado en el artículo 9 de la Directiva 94/55/CE, en lo sucesivo denominado «Comité»,  compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la  Comisión. 2.  El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban  tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá  determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según  la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones  que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los  votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el  artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación. 3.  a)  La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité. b)  Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité, o a falta de dictamen,  la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse.  El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al  Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas. Artículo 10 La presente Directiva no afectará a las disposiciones relativas a la seguridad y  salud de los trabajadores en el trabajo, recogidas en la Directiva 89/391/CEE y en las directivas  específicas de desarrollo de la misma. Artículo 11 1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o  administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más  tardar el 31 de diciembre de 1999. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial.  Los Estados miembros adoptarán las modalidades de esta referencia. 2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho  interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 12 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 1996. Por el Consejo El Presidente T. TREU  ANEXO I LISTA DE LAS TAREAS DEL CONSEJERO CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 4  El consejero se encargará, en particular, de las siguientes tareas: -  examinar el cumplimiento de las reglas relativas al transporte de mercancías peligrosas, -  asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, -  redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa o, en su caso, a una autoridad  pública local, sobre las actividades de la misma relativas al transporte de mercancías peligrosas.  Dicho informe se conservará durante cinco años y estará a disposición de las autoridades  nacionales, a petición de éstas. Las tareas del consejero incluirán asimismo la comprobación de los procedimientos y prácticas  siguientes relativos a las actividades implicadas: -  los procedimientos encaminados a la observancia de las reglas relativas a la identificación de  las mercancías peligrosas transportadas, -  la práctica de la empresa en lo que se refiere a tener en cuenta, en la compra de los medios de  transporte, cualquier necesidad específica relativa a las mercancías peligrosas transportadas, -  los procedimientos que permitan comprobar el material utilizado para el transporte de mercancías  peligrosas o para las operaciones de carga o descarga, -  el hecho de que el personal implicado de la empresa haya recibido una formación adecuada y que  dicha formación figure en su expediente, -  la aplicación de procedimientos de urgencia adecuados en caso de accidentes o incidentes que  pudieran afectar a la seguridad durante el transporte de mercancías peligrosas o durante las  operaciones de carga o descarga, -  la realización de análisis y, en caso necesario, la elaboración de partes sobre los accidentes,  incidentes o infracciones graves que se hubiesen comprobado en el curso del transporte de  mercancías peligrosas, o durante las operaciones de carga o descarga, -  la aplicación de medidas adecuadas para evitar la repetición de accidentes, incidentes o  infracciones graves, -  la observancia de las disposiciones legales y la consideración de las necesidades específicas  relativas al transporte de mercancías peligrosas en lo referente a la elección y utilización de  subcontratistas o terceros intervinientes, -  la comprobación de que el personal encargado del transporte de mercancías peligrosas o de la  carga y descarga de dichas mercancías dispone de procedimientos de ejecución y de consignas  detalladas, -  la realización de acciones de sensibilización acerca de los riesgos ligados al transporte de  mercancías peligrosas o a las operaciones de carga o descarga de dichas mercancías, -  la aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de garantizar la presencia, a bordo  de los medios de transporte, de los documentos y de los equipos de seguridad que deban acompañar a  los transportes, y la conformidad de dichos documentos y equipos con la normativa, -  la aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de garantizar la observancia de las  reglas relativas a las operaciones de carga y descarga.  ANEXO II LISTA DE LAS MATERIAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 5 Los  conocimientos que se tendrán en cuenta para la expedición del certificado se referirán, como mínimo  a las siguientes materias: I.  Medidas generales de prevención y de seguridad: -  conocimiento de los tipos de consecuencias que puedan derivarse de un accidente en el que estén  implicadas mercancías peligrosas, -  conocimiento de las principales causas de accidente. II.  Disposiciones relativas al modo de transporte utilizado contenidas en la legislación nacional,  normas comunitarias, convenios y acuerdos internacionales, y que se refieran, en particular, a: 1)  Clasificación de las mercancías peligrosas: -  procedimiento de clasificación de las soluciones y mezclas, -  estructura de la enumeración de las materias, -  clases de mercancías peligrosas y los principios de clasificación de las mismas, -  naturaleza de las materias y objetos peligrosos transportados, -  propiedades fisicoquímicas y toxicológicas; 2)  Condiciones generales de embalaje, incluidas las cisternas y contenedores-cisterna: -  tipos de embalajes, codificación y marcado, -  requisitos relativos a los embalajes y normas relativas a las pruebas efectuadas a los  embalajes, -  estado del embalaje y control periódico; 3)  Etiquetas e indicaciones de peligro: -  inscripción en las etiquetas de peligro, -  colocación y eliminación de las etiquetas de peligro, -  señalización y etiquetado; 4)  Indicaciones en la carta de porte: -  datos consignados en la carta de porte, -  declaración de conformidad del expedidor; 5)  Modo de envío y restricciones en la expedición: -  carga completa, -  transporte a granel, -  transporte en grandes recipientes para el granel, -  transporte en contenedores, -  transporte en cisternas fijas o desmontables; 6)  Transporte de pasajeros; 7)  Prohibiciones y precauciones de carga en común; 8)  Separación de las materias; 9)  Limitación de las cantidades transportadas y cantidades exentas; 10)  Manipulación y estiba: -  carga y descarga (grado de llenado), -  estiba y separación; 11)  Limpieza o desgasificación antes de la carga y después de la descarga; 12)  Tripulación: formación profesional; 13)  Documentos que deben llevarse a bordo: -  carta de porte, -  instrucciones escritas, -  certificado de autorización del vehículo, -  certificado de formación para los conductores de vehículos, -  certificación de formación relativa a la navegación interior, -  copia de cualquier exención, -  otros documentos; 14)  Consignas de seguridad: ejecución de las instrucciones y equipo de protección del conductor; 15)  Obligaciones de vigilancia: estacionamiento; 16)  Reglas y restricciones de circulación o de navegación; 17)  Vertidos operativos o accidentales de sustancias contaminantes; 18)  Requisitos relativos al material de transporte.  ANEXO III >PRINCIPIO DE GRÁFICO>MODELO DE CERTIFICADO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 5 DEL  ARTÍCULO 5 Certificado CE de formación para los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías  peligrosas Certificado no:    Signo distintivo del Estado miembro que expide el certificado:    Apellido(s):    Nombre(s):    Fecha y lugar de nacimiento:    Nacionalidad:    Firma del titular:    Válido hasta ......................... (fecha) para las empresas de transporte de mercancías  peligrosas, así como para las empresas que efectúan operaciones de carga o descarga ligadas a dicho  transporte:   por carretera   por ferrocarril   por vía navegable Expedido por:    Fecha:    Firma:    Renovado hasta:    Por:    Fecha:    Firma:    >FIN DE GRÁFICO>


title: Directiva 2008/78/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2008 , por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el propiconazol como sustancia activa en su anexo I (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               26.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 198/44

      DIRECTIVA 2008/78/CE DE LA COMISIÓN

   de 25 de julio de 2008
   por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el propiconazol como sustancia activa en su anexo I
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (1), y, en particular, su artículo 16, apartado 2, párrafo segundo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (2), establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE. En esa lista figura el propiconazol.

               (2)

               Con arreglo al Reglamento (CE) no 1451/2007, el propiconazol se ha evaluado conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 8, protectores para maderas, conforme a la definición del anexo V de la Directiva 98/8/CE.

               (3)

               Finlandia fue designada Estado miembro ponente y el 5 de abril de 2006 presentó a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

               (4)

               Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones del examen se incorporaron a un informe de evaluación en la reunión del Comité permanente de biocidas de 29 de noviembre de 2007.

               (5)

               El examen del propiconazol no ha puesto de manifiesto ninguna cuestión pendiente o preocupación que tenga que abordar el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales.

               (6)

               De los distintos exámenes efectuados se desprende que los biocidas utilizados como protectores para maderas que contienen propiconazol pueden cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE. Procede, por tanto, incluir el propiconazol en el epígrafe correspondiente al tipo de producto 8 del anexo I con el objeto de velar por que se concedan, modifiquen o suspendan en todos los Estados miembros las autorizaciones de los biocidas utilizados como protectores para maderas que contienen propiconazol conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE. No obstante, se detectaron riesgos inaceptables para el tratamiento in situ de la madera en el exterior y para la madera tratada expuesta a los efectos de la intemperie. Las autorizaciones correspondientes a estos usos requerirán la presentación de datos que demuestren que tales productos pueden utilizarse sin riesgos inaceptables para el medio ambiente.

               (7)

               Teniendo en cuenta las conclusiones del informe de evaluación, procede disponer que los productos que contengan propiconazol y se utilicen como protectores para maderas deben utilizarse con el equipo de protección individual adecuado, que se apliquen medidas de reducción del riesgo para proteger el suelo y los compartimentos acuáticos y que se faciliten las instrucciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, inciso i), letra d), de la Directiva 98/8/CE.

               (8)

               Es importante que las disposiciones de la presente Directiva se apliquen simultáneamente en todos los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato de los biocidas que contienen propiconazol como sustancia activa y asimismo para facilitar el correcto funcionamiento del mercado de los biocidas en general.

               (9)

               Debe permitirse que, antes de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven y para que los solicitantes que tengan preparados expedientes puedan aprovechar plenamente el período de diez años de protección de los datos, que se inicia en la fecha de inclusión, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Directiva 98/8/CE.

               (10)

               Tras la inclusión, debe permitirse que transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros apliquen el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE y, en particular, para que concedan, modifiquen o suspendan las autorizaciones de biocidas del tipo de producto 8 que contienen propiconazol al efecto de garantizar su cumplimiento de la Directiva 98/8/CE.

               (11)

               La Directiva 98/8/CE debe modificarse en consecuencia.

               (12)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de biocidas.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 98/8/CE queda modificado de conformidad con el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Transposición
   1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de marzo de 2009. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como un cuadro de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de abril de 2010.
   Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 2008.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/31/CE (DO L 81 de 20.3.2008, p. 57).

      (2)  DO L 325 de 11.12.2007, p. 3.

      ANEXO
      Se inserta la entrada «no 8» siguiente en el anexo I de la Directiva 98/8/CE:

                     No

                     Nombre común

                     Denominación IUPAC
                     Números de identificación

                     Pureza mínima de la sustancia activa en el producto biocida comercializado

                     Fecha de inclusión

                     Plazo de cumplimiento del artículo 16, apartado 3
                     (excepto en el caso de los productos que contengan más de una sustancia activa, cuyo plazo de cumplimiento del artículo 16, apartado 3, será el último fijado en la última de las decisiones de inclusión relacionadas con sus sustancias activas)

                     Fecha de vencimiento de la inclusión

                     Tipo de producto

                     Disposiciones específicas (1)

                     «8

                     Propiconazol

                     1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol
                     No CE: 262-104-4
                     No CAS: 60207-90-1

                     930 g/kg

                     1 de abril de 2010

                     31 de marzo de 2012

                     31 de marzo de 2020

                     8

                     Los Estados miembros velarán por que las autorizaciones se supediten a las condiciones siguientes:
                     Habida cuenta de las hipótesis establecidas durante la evaluación del riesgo, los productos autorizados para uso industrial y/o profesional deberán utilizarse con el equipo de protección individual adecuado, a menos que pueda demostrarse en la solicitud de autorización del producto que los riesgos para los usuarios industriales o profesionales pueden reducirse a un nivel aceptable por otros medios.
                     Habida cuenta del riesgo detectado para el suelo y los compartimentos acuáticos, deberán adoptarse las medidas de reducción del riesgo adecuadas para proteger dichos compartimentos. En particular, en las etiquetas y/o fichas de datos de seguridad de productos autorizados para uso industrial debe indicarse que la madera recién tratada tiene que almacenarse tras el tratamiento a cubierto o en una superficie dura impermeable para evitar derrames directos al suelo o al agua y que los derrames tienen que recogerse para reutilizarlos o eliminarlos.
                     Además, no se autorizará el uso de los productos para el tratamiento in situ de la madera en el exterior o para la madera que vaya a estar expuesta a los efectos de la intemperie, a menos que se presenten datos que demuestren que el producto cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 5 y en el anexo VI, si procede mediante la aplicación de las medidas de reducción del riesgo adecuadas.»

         (1)  A efectos de la aplicación de los principios comunes del anexo VI, el contenido y las conclusiones de los informes de evaluación se pueden consultar en el sitio web de la Comisión: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm