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31998L0065

Directiva 98/65/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 82/130/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas potencialmente explosivas en las minas con peligro de grisú (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 257 de 19/09/1998 p. 0029 - 0034

DIRECTIVA 98/65/CE DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 82/130/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas potencialmente explosivas en las minas con peligro de grisú (Texto pertinente a los fines del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas potencialmente explosivas en las minas con peligro de grisú (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 94/44/CE (2), y, en particular, su artículo 7,Considerando que, habida cuenta del estado actual de la técnica, resulta necesario adaptar el contenido de las normas armonizadas a las que se refiere el anexo A de la Directiva 82/130/CEE;Considerando que, teniendo en cuenta el estado actual de normalización de los tipos de protección, es necesario prever la utilización simultánea de la primera y segunda edición de las normas relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas explosivas;Considerando que los certificados expedidos sobre la base de las normas de la primera edición recogidas en el anexo A de la Directiva 82/130/CEE, modificada, son denominados «certificados de la generación D», y que los certificados expedidos sobre la base de las normas de la segunda edición recogidas en el anexo I de la presente Directiva son denominados «certificados de la generación E»; que se deben utilizar simultáneamente los «certificados de la generación D» y los «certificados de la generación E»;Considerando que la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (3) establece que la Directiva 82/130/CEE del Consejo quedará derogada a partir del 1 de julio de 2003;Considerando que las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité restringido del Órgano permanente de seguridad e higiene en las minas de hulla y otras industrias extractivas,HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 La Directiva 82/130/CEE quedará modificada como sigue:1) En la primera frase del anexo A, la referencia a «el cuadro subsiguiente» se sustituirá por «los cuadros subsiguientes».2) El anexo I de la presente Directiva se añadirá al anexo A.3) El anexo II de la presente Directiva se añadirá al anexo B.Artículo 2 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas deberán incluir una referencia a la presente Directiva o deberán ir acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten o ya hayan adoptado en el ámbito cubierto por la presente Directiva.Artículo 3 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 3 de septiembre de 1998.Por la ComisiónPádraig FLYNNMiembro de la Comisión(1) DO L 59 de 2. 3. 1982, p. 10.(2) DO L 248 de 23. 9. 1994, p. 22.(3) DO L 100 de 19. 4. 1994, p. 1.ANEXO I A los certificados expedidos sobre la base de las normas recogidas en el cuadro subsiguiente se les llamará «certificados de la generación E». La letra E deberá figurar delante del número de cada certificado.>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO II Modificaciones y suplementos introducidos en las normas europeas recogidas en el anexo A de la presente Directiva (segundas ediciones de normas europeas) Apéndice 1 MATERIAL ELÉCTRICO PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS DEL GRUPO I REQUISITOS GENERALES (Norma europea EN 50014) Sustituir el texto del punto 7.3.1 de la norma europea EN 50014 (diciembre 1992) por el texto siguiente:«7.3.1. Material eléctrico del grupo ILas envolturas de materia plástica cuya superficie proyectada en una dirección cualquiera exceda de 100 cm2 o que lleven partes metálicas accesibles cuya capacitancia a tierra sea superior a 3 pF en las condiciones más desfavorables en la práctica, deberán concebirse de modo que se evite cualquier peligro de inflamación por cargas electrostáticas en condiciones de empleo normales, así como durante su mantenimiento y limpieza.Deberá cumplirse dicha regla:- mediante la elección del material adecuado: su resistencia de aislamiento, medida según el método descrito en el punto 23.4.7.8 de la presente norma europea, no debe sobrepasar:- 1 GÙ a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % de humedad relativa,- 100 GÙ en las condiciones de servicio extremas de temperatura y de humedad especificadas para el material eléctrico; tras la referencia del certificado se colocará el signo X, tal como se indica en el punto 27.2.9;- por el dimensionado, la forma, la disposición u otras medidas de protección; la ausencia de aparición de cargas electrostáticas peligrosas deberá entonces comprobarse con pruebas reales de inflamación de una mezcla aire-metano con 8,5 ± 0,5 % de metano.No obstante, si el peligro de inflamación no puede evitarse durante la concepción, una etiqueta de advertencias deberá indicar las medidas de seguridad que habrán de aplicarse durante el servicio.».Apéndice 3 MATERIAL ELÉCTRICO PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS DEL GRUPO I SEGURIDAD INTRÍNSECA «i» Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca Nota: En las minas con peligro de grisú de la República Federal de Alemania, se utiliza la palabra «Anlage» en lugar de «System».1. Campo de aplicación 1.1. El presente anexo contiene las reglas específicas de construcción y de prueba de los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca destinados total o parcialmente a ser instalados en atmósferas explosivas de minas con peligro de grisú, a fin de asegurar que dichos sistemas eléctricos no provoquen la explosión de la atmósfera circundante.1.2. El presente anexo completa la norma europea EN 50 020 «Seguridad intrínseca "i"» (segunda edición, agosto 1994) cuyas reglas se aplican a la construcción y pruebas del material eléctrico de seguridad intrínseca y al material eléctrico asociado.1.3. El presente anexo no sustituye a las reglas de instalación de los materiales eléctricos con seguridad intrínseca, de los materiales eléctricos y de los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.2. Definiciones 2.1. Se aplican en el presente anexo las siguientes definiciones, específicas de los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca. Completan las definiciones que figuran en las normas europeas EN 50 014 «Reglas generales» y EN 50 020 «Seguridad intrínseca "i"».2.2. Sistema eléctrico de seguridad intrínsecaConjunto de materiales eléctricos definidos en un documento descriptivo del sistema, en el que los circuitos de interconexión o partes de los circuitos destinados a utilizarse en una atmósfera explosiva son circuitos de seguridad intrínseca y que responden a las reglas del presente anexo.2.3. Sistema eléctrico certificado de seguridad intrínsecaSistema eléctrico conforme al punto 2.2 para el que una estación de ensayos ha entregado un certificado garantizando que el tipo de sistema eléctrico satisface el presente anexo.Nota 1: No es necesario certificar individualmente cada aparato eléctrico de un sistema de seguridad intrínseca, pero éste debe ser identificable sin equívocos.Nota 2: En la medida en que las reglas nacionales de instalación lo permitan, pueden instalarse sin certificado adicional los sistemas eléctricos conformes con el punto 2.2 para los que el conocimiento de los parámetros eléctricos de los materiales eléctricos dotados de certificados de seguridad intrínseca, de los materiales eléctricos asociados certificados, de los dispositivos no certificados conforme al punto 1.3 de la norma europea EN 50 014 «Reglas generales», y el conocimiento de los parámetros eléctricos y físicos de los componentes y de los conductores de interconexión permiten deducir sin ambigüedad que se conserva la seguridad intrínseca.2.4. AccesoriosMaterial eléctrico que no comprende más que elementos de interconexión o de interrupción de los circuitos de seguridad intrínseca y que no afecta a la seguridad intrínseca del sistema, como cajas de conexión, cajas de derivación, tomas de corriente, prolongadores, interruptores, etc.3. Categorías de sistemas eléctricos de seguridad intrínseca 3.1. Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de dichos sistemas deben dividirse en una de las dos categorías «ia» o «ib». Salvo indicación contraria, las reglas del presente anexo se aplican a ambas categorías.Nota: Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de dichos sistemas pueden ser de categorías diferentes a las de los materiales eléctricos de seguridad intrínseca y de los materiales eléctricos asociados que componen el sistema o parte del sistema. Diferentes partes de un sistema eléctrico de seguridad intrínseca pueden comprender diferentes categorías.3.2. Categoría «ia»Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de tales sistemas son de categoría «ia» si satisfacen las reglas aplicables a los materiales eléctricos con seguridad intrínseca de la categoría «ia» (véase el punto 5.2 de la norma europea EN 50 020 «Seguridad intrínseca»), pero el sistema eléctrico de seguridad intrínseca en conjunto debe considerarse como un único elemento de material eléctrico.3.3. Categoría «ib»Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de tales sistemas son de categoría «ib» si satisfacen las reglas aplicables a los materiales eléctricos de la categoría «ib» (véase el punto 5.3 de la norma europea EN 50 020 «Seguridad intrínseca»), pero el sistema eléctrico de seguridad intrínseca en conjunto debe considerarse como un único elemento de material eléctrico.4. Conductores de interconexión de un sistema eléctrico de seguridad intrínseca 4.1. Los parámetros eléctricos y todas las características de los conductores de interconexión específicas de un sistema eléctrico de seguridad intrínseca, en tanto que la seguridad intrínseca depende de ello, deben precisarse en los documentos de certificación de dicho sistema eléctrico.4.2. Cuando un cable multiconductor contiene uniones que forman parte de más de un circuito de seguridad intrínseca, el cable debe responder a las reglas siguientes:4.2.1. El grosor radial del aislante debe ser apropiado al diámetro del conductor. Si dicho aislante está constituido por polietileno, su grosor radial mínimo debe ser de 0,2 mm.4.2.2. Antes de salir de fábrica, habrá que someter el cable multiconductor a las pruebas dieléctricas efectuadas con corriente alterna, especificadas en el punto 4.2.2.1 o en el 4.2.2.2. El éxito de dichas pruebas debe ser avalado por un certificado de pruebas expedido por el constructor del cable.4.2.2.1. O bien cada conductor, antes de ensamblar el cable, se prueba con una tensión de valor eficaz igual a 3 000 V + (2 000 veces el grosor radial del aislante expresado en mm) V; y el cable ensamblado:- se prueba primero con una tensión de valor eficaz igual a 500 V aplicada entre el conjunto de las armaduras o pantallas del cable reunidas eléctricamente entre ellas y el haz de todos los conductores reunidos eléctricamente entre sí, y- se prueba a continuación con una tensión de valor eficaz igual a 1 000 V aplicada entre un haz que comprenda la mitad de los conductores del cable y un haz que comprenda la otra mitad de los conductores.4.2.2.2. O bien el cable ensamblado:- se prueba primero con una tensión de valor eficaz igual a 1 000 V aplicada entre el conjunto de las armaduras o pantallas del cable reunidas eléctricamente entre sí y el haz de todos los conductores reunidos eléctricamente entre sí, y- se prueba a continuación con una tensión de valor eficaz igual a 2 000 V aplicada sucesivamente entre cada conductor del cable y el haz formado por el conjunto de los demás conductores reunidos eléctricamente entre sí.4.2.3. Las pruebas dieléctricas prescritas en el punto 4.2.2 deben efectuarse con una tensión alterna sensiblemente sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 Hz y 62 Hz, suministrados por un transformador de potencia apropiada, teniendo en cuenta la capacidad del cable. En el caso de las pruebas dieléctricas en cable terminado, debe aumentarse regularmente la tensión hasta el valor especificado en un tiempo de por lo menos 10 segundos y, luego, mantenerse durante por lo menos 60 segundos.El fabricante del cable realizará dichas pruebas.4.3. No hay que tener en cuenta ningún defecto entre los conductores de un cable multiconductor si el sistema responde a una de las reglas siguientes:4.3.1. El cable es conforme al punto 4.2 y cada circuito individual con seguridad intrínseca lleva una pantalla conductora que asegura un índice de recubrimiento por lo menos igual al 60 %.Nota: La conexión eventual de la pantalla a la masa o a tierra se determinará mediante las reglas de instalación.4.3.2. El cable, conforme al punto 4.2, va protegido eficazmente contra los deterioros y cada circuito individual con seguridad intrínseca presenta, en funcionamiento normal, una tensión de cresta (tensión máxima) igual o inferior a 60 voltios.4.4. Cuando un cable multiconductor concuerda con el punto 4.2, pero no con el 4.3, y no contiene más que circuitos de seguridad intrínseca que forman parte de un mismo sistema eléctrico de seguridad intrínseca, deben considerarse los defectos entre un máximo de 4 conductores del cable, además del cable, además de la aplicación del punto 3.2 o del 3.3.4.5. Cuando un cable multiconductor concuerda con el punto 4.2 pero no con el 4.3 y contiene circuitos de seguridad intrínseca que forman parte de diferentes sistemas eléctricos de seguridad intrínseca, cada circuito de seguridad contenido en dicho cable debe presentar un coeficiente de seguridad igual a cuatro veces el requerido en el punto 3.2 o en el 3.3.4.6. Además de la aplicación el punto 3.2 o del 3.3, deberá considerarse un número cualquiera de los defectos entre los conductores del cable, cuando un cable multiconductor no responda a los puntos 4.2 y 4.3.4.7. Los documentos de certificación del sistema eléctrico de seguridad intrínseca deben especificar las condiciones de utilización que resulten de la aplicación de los puntos 4.3 a 4.6.5. Accesorios utilizados en los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca Los accesorios que se mencionan en los documentos de certificación como integrantes de un sistema eléctrico de seguridad intrínseca deben satisfacer los puntos:- 7 y 8 de la norma europea EN 50 014 «Reglas generales»,- 6 y 12.2 de la norma europea EN 50 020 «Seguridad intrínseca "i"».Su marcado debe llevar por lo menos el nombre del constructor o su marca comercial registrada.Nota: La utilización de accesorios no certificados está subordinada a las reglas de instalación.6. Pruebas tipo Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca deben probarse conforme a las reglas relativas a las pruebas tipo del punto 10 de la norma europea EN 50 5020 «Seguridad intrínseca "i"», pero teniendo en cuenta el punto 4 del presente anexo.7. Marcado de los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca certificados deben ser marcados por el poseedor del certificador por lo menos en uno de los materiales eléctricos del sistema, que se encuentre en un lugar «estratégico». El marcado debe incluir el marcado mínimo del punto 27.6 de la norma europea EN 50 014 «Reglas generales», y las letras «SYST».


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31999L0044

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

Diario Oficial n° L 171 de 07/07/1999 p. 0012 - 0016

DIRECTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 25 de mayo de 1999sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumoEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado a la luz del texto conjunto aprobado el 18 de marzo de 1999 por el Comité de conciliación(3),(1) Considerando que los apartados 1 y 3 del artículo 153 del Tratado disponen que la Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 95;(2) Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; que la libre circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a transacciones efectuadas por los particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miembro deben poder adquirir bienes en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a un conjunto mínimo uniforme de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo;(3) Considerando que las legislaciones de los Estados miembros sobre la venta de bienes de consumo presentan disparidades, como consecuencia de las cuales existen diferencias entre los mercados nacionales en materia de ventas de bienes de consumo y se puede falsear el juego de la competencia entre los vendedores;(4) Considerando que el consumidor que trata de beneficiarse de las ventajas del gran mercado adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su residencia desempeña un papel fundamental en la realización del mercado interior; que debe impedirse el restablecimiento artificial de fronteras y la compartimentación de los mercados; que las posibilidades que se le ofrecen al consumidor aumentan considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a sistemas de distribución de otros Estados miembros o terceros países; que, si no existe una armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia;(5) Considerando que la creación de un conjunto común mínimo de normas en materia de derechos de los consumidores, válidas con independencia del lugar de la compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de los consumidores y les permitirá aprovechar al máximo las ventajas derivadas del mercado interior;(6) Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con el contrato; que, en consecuencia, conviene aproximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de consumo en este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de las legislaciones nacionales relativos a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual;(7) Considerando que los bienes deben ante todo corresponder a las especificaciones contractuales; que el principio de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes tradiciones jurídicas nacionales; que en determinadas tradiciones jurídicas nacionales puede no ser posible basarse sólo en ese principio para garantizar un nivel mínimo de protección del consumidor; que, en particular, con arreglo a las citadas tradiciones jurídicas puede resultar útil establecer disposiciones nacionales adicionales con el fin de garantizar la protección del consumidor cuando las partes no hayan acordado cláusula contractual específica alguna o cuando hayan acordado cláusulas o modalidades contractuales que excluyan o limiten, directa o indirectamente, los derechos del consumidor y que, en la medida en que esos derechos se deriven de la presente Directiva, no sean vinculantes para el consumidor;(8) Considerando que, con el fin de facilitar la aplicación del principio de la conformidad con el contrato, conviene introducir una presunción impugnable de conformidad con el contrato que abarque las situaciones más comunes; que esta presunción no limita el principio de libertad contractual de las partes; que, además, a falta de cláusulas contractuales concretas, así como cuando se aplique la cláusula de protección mínima, los elementos mencionados en la presunción podrán utilizarse para determinar la falta de conformidad de los bienes con el contrato; que la calidad y el rendimiento que el consumidor puede razonablemente esperar dependerá, entre otras cosas, de si los bienes son nuevos o usados; que los elementos mencionados en la presunción son acumulativos; que cuando por las circunstancias de cada caso un elemento particular sea manifiestamente inadecuado, seguirán siendo aplicables, sin embargo, los elementos restantes de la presunción;(9) Considerando que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional consagrada en las ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; que, no obstante, el vendedor debe poder, conforme a la legislación nacional, entablar acciones contra el productor, el vendedor anterior o contra cualquier otro intermediario de la cadena contractual salvo que hubiese renunciado a ese derecho; que la presente Directiva no afectará al principio de libertad contractual entre el vendedor, el productor, un vendedor anterior o cualquier otro intermediario; que la legislación nacional deberá determinar las normas que regulan contra quién podrá actuar el vendedor y las modalidades de dicha acción;(10) Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, los consumidores deben tener derecho a que los bienes se conformen a él sin cargo alguno, pudiendo elegir entre su reparación y su sustitución o, en su defecto, obtener una reducción del precio o la resolución del contrato;(11) Considerando que el consumidor podrá en primer lugar exigir al vendedor la reparación o la sustitución del bien salvo si ello resulta imposible o desproporcionado; que deberá determinarse de forma objetiva si esta forma de saneamiento es desproporcionada o no; que una forma de saneamiento es desproporcionada cuando impone gastos que no son razonables en comparación con otras formas de saneamiento; que para determinar si los gastos no son razonables, los correspondientes a una forma de saneamiento deben ser considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra;(12) Considerando que cuando exista una falta de conformidad el vendedor siempre podrá proponer al consumidor, como solución, cualquier forma de saneamiento; que el consumidor deberá decidir si acepta o rechaza esta propuesta;(13) Considerando que, con el fin de permitir que los consumidores participen de las ventajas del mercado interior y puedan comprar bienes de consumo en otro Estado miembro, debería recomendarse que, en interés de los consumidores, los fabricantes de bienes de consumo que se vendan en varios Estados miembros adjunten a éstos una lista que incluya por lo menos una dirección de contacto en cada Estado miembro en que se distribuya la mercancía;(14) Considerando que las referencias a la fecha de entrega no suponen que los Estados miembros deban modificar sus normas sobre transferencia de riesgos;(15) Considerando que los Estados miembros podrán establecer que se pueda reducir el importe de la restitución al consumidor teniendo en cuenta el uso que éste haya hecho del bien desde el momento en que le fue entregado; que la legislación nacional puede fijar las modalidades de resolución de los contratos;(16) Considerando que la naturaleza específica de los bienes de segunda mano hace generalmente imposible sustituirlos; que, por lo tanto, para esos bienes no se puede aplicar por regla general el derecho del consumidor a la sustitución; que para los citados bienes los Estados miembros pueden permitir que las partes acuerden un período de responsabilidad de menor duración;(17) Considerando que conviene limitar el plazo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega de los bienes; que los Estados miembros pueden también establecer la limitación del plazo durante el cual los consumidores pueden ejercer sus derechos, siempre que dicho plazo no expire antes de transcurridos dos años a contar del día de la entrega; que cuando, con arreglo a la legislación nacional, el momento en que comienza el plazo de prescripción no sea el mismo que el de la entrega del bien, la duración total del plazo de prescripción que establezca la legislación nacional no puede ser inferior a dos años contados a partir del día de la entrega;(18) Considerando que los Estados miembros pueden disponer libremente la suspensión o la interrupción del período durante el cual cualquier falta de conformidad debe ponerse de manifiesto y del plazo de prescripción, cuando éstos sean aplicables y de acuerdo con sus legislaciones nacionales, cuando se trate de reparaciones, sustituciones o negociaciones entre vendedor y consumidor con el fin de llegar a una solución amistosa;(19) Considerando que los Estados miembros deben poder establecer un plazo en el que el consumidor deba informar al vendedor acerca de cualquier falta de conformidad; que los Estados miembros podrán garantizar un mayor nivel de protección del consumidor renunciando a establecer dicha obligación; que en cualquier caso los consumidores de la Comunidad deben poder disponer de dos meses como mínimo para informar al vendedor de la existencia de una falta de conformidad;(20) Considerando que los Estados miembros deben proteger contra las desventajas de dicho plazo a los consumidores que efectúen compras transfronterizas; que todos los Estados miembros deben informar a la Comisión del modo en que apliquen dicha disposición; que la Comisión deberá controlar el efecto de la distinta aplicación de dicha disposición en los consumidores y en el mercado interior; que la información sobre el modo de aplicación por un Estado miembro debe poder ser conocido por los demás Estados miembros, los consumidores y las organizaciones de consumidores de la Comunidad; que por lo tanto debe publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un resumen de la situación existente en todos los Estados miembros;(21) Considerando que en lo que respecta a determinadas categorías de bienes es práctica corriente que los vendedores o los productores ofrezcan a los consumidores garantías sobre sus bienes contra cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado; que esta práctica puede estimular la competencia; que, aunque tales garantías pueden ser un instrumento legítimo de mercadotecnia, no deben inducir a error al consumidor; que para que éstos no se llamen a engaño, las garantías deben contener determinada información, incluida una declaración de que la garantía no afectará a los derechos del consumidor;(22) Considerando que las partes no deben poder limitar o excluir por consentimiento mutuo los derechos conferidos a los consumidores, so pena de vaciar de contenido la protección legal; que este principio debe aplicarse asimismo a las cláusulas que implican que el consumidor tenía conocimiento de todas las faltas de conformidad de los bienes de consumo existentes en el momento de la celebración del contrato; que la protección del consumidor resultante de la presente Directiva no puede reducirse alegando que se ha escogido la legislación de un Estado no miembro como aplicable al contrato;(23) Considerando que la legislación y la jurisprudencia en este ámbito demuestran que, en los distintos Estados miembros, existe una preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de protección; que, a la luz de esta evolución y de la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva, podría ser necesario prever una mayor armonización, en particular estableciendo una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable;(24) Considerando que los Estados miembros han de tener la facultad de adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más exigentes con objeto de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores;(25) Considerando que, de conformidad con la Recomendación de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo(4), los Estados miembros pueden crear órganos que garanticen una gestión imparcial y eficaz de las reclamaciones en un contexto tanto nacional como transfronterizo y que los consumidores puedan utilizar como mediadores;(26) Considerando que, con el fin de proteger los intereses colectivos de los consumidores, conviene añadir esta Directiva a la lista de directivas incluidas en el anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores(5),HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Ámbito de aplicación y definiciones1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo, con el fin de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.2. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:a) "consumidor": toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional;b) "bien de consumo": cualquier bien mueble corpóreo, excepto los siguientes:- los bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro procedimiento,- el agua y el gas cuando no estén envasados para la venta en el volumen delimitado o en cantidades determinadas,- la electricidad;c) "vendedor": cualquier persona física o jurídica que, mediante un contrato, vende bienes de consumo en el marco de su actividad profesional;d) "productor": el fabricante de un bien de consumo, el importador de un bien de consumo en el territorio de la Comunidad o cualquier persona que se presente como productor indicando en el bien de consumo su nombre, su marca u otro signo distintivo;e) "garantía": todo compromiso asumido por un vendedor o un productor respecto del consumidor, sin coste suplementario, de reembolsar el precio pagado por un bien de consumo, de sustituirlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que no corresponda a las condiciones enunciadas en la declaración de garantía o en la publicidad correspondiente;f) "reparación": en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un estado que sea conforme al contrato de venta.3. Los Estados miembros podrán establecer que los "bienes de consumo" no incluyan los bienes de segunda mano vendidos en una subasta en la que los consumidores puedan asistir personalmente a la venta.4. Los contratos de suministro de bienes de consumo que hayan de fabricarse o producirse también se considerarán contratos de compraventa a efectos de la presente Directiva.Artículo 2Conformidad con el contrato1. El vendedor estará obligado a entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa.2. Se presumirá que los bienes de consumo son conformes al contrato si:a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo;b) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor que éste haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato y éste haya admitido que el bien es apto para dicho uso;c) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo;d) presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o el etiquetado.3. Se considerará que no existe falta de conformidad a efectos del presente artículo si en el momento de la celebración del contrato el consumidor tenía conocimiento de este defecto o no podía fundadamente ignorarlo, o si la falta de conformidad tiene su origen en materiales suministrados por el consumidor.4. El vendedor no quedará obligado por las declaraciones públicas contempladas en la letra d) del apartado 2 si demuestra:- que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión,- que dicha declaración había sido corregida en el momento de la celebración del contrato, o- que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el bien de consumo.5. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien de consumo se presumirá equiparable a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa del bien y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad. Esta disposición también será aplicable cuando se trate de un bien cuya instalación esté previsto que sea realizada por el consumidor, sea éste quien lo instale y la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación.Artículo 3Derechos del consumidor1. El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.2. En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los bienes sean puestos en conformidad mediante la reparación o la sustitución del bien sin cargo alguno, de conformidad con el apartado 3, o una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato respecto de dicho bien, de conformidad con los apartados 5 y 6.3. En primer lugar, el consumidor podrá exigir al vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado.Se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta:- el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad,- la relevancia de la falta de conformidad, y- si la forma de saneamiento alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuvieran los bienes para el consumidor.4. La expresión "sin cargo alguno" utilizada en los apartados 2 y 3 se refiere a los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.5. El consumidor tendrá derecho a una reducción adecuada del precio o a la resolución del contrato:- si no puede exigir ni la reparación ni la sustitución, o- si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo razonable, o- si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento sin mayores inconvenientes para el consumidor.6. El consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato si la falta de conformidad es de escasa importancia.Artículo 4RecursosCuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por falta de conformidad resultante de una acción u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual. La legislación nacional determinará quién es el responsable, o los responsables, contra los que podrá emprender acciones el vendedor final, así como las acciones y las condiciones de ejercicio correspondientes.Artículo 5Plazos1. El vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien. Si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos previstos en el apartado 2 del artículo 3 están sujetos a un plazo de prescripción, éste no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien.2. Los Estados miembros podrán disponer que el consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de conformidad.Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de la forma en que apliquen lo dispuesto en el presente apartado. La Comisión controlará el efecto que sobre los consumidores y sobre el mercado interior tenga la existencia de esta opción otorgada a los Estados miembros.A más tardar el 7 de enero de 2003, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación del presente apartado por los Estados miembros. Dicho informe se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.3. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de conformidad.Artículo 6Garantías1. La garantía comercial obligará a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.2. La garantía deberá:- declarar que el consumidor goza de derechos con arreglo a la legislación nacional aplicable que regula la venta de bienes de consumo y especificar que la garantía no afecta a los derechos que asisten al consumidor con arreglo a la misma;- indicar con claridad el contenido de la garantía y los elementos básicos para presentar reclamaciones en virtud de la misma, en particular su duración y alcance territorial, así como el nombre y dirección del garante.3. A petición del consumidor, la garantía deberá figurar por escrito o en cualquier otro soporte duradero disponible que le sea accesible.4. Los Estados miembros podrán, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, exigir que la garantía de los bienes comercializados en su territorio esté redactada en una o más lenguas de las que ellos determinen de entre las lenguas oficiales de la Comunidad.5. En el caso de que una garantía infringiera los requisitos de los apartados 2, 3 o 4, ello no afectaría en ningún caso a su validez, pudiendo el consumidor en todo caso exigir su cumplimiento.Artículo 7Carácter imperativo de las disposiciones1. Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de que se indique a éste la falta de conformidad, que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente Directiva, no vincularán al consumidor, con arreglo a lo establecido en el Derecho nacional.Los Estados miembros podrán disponer que, tratándose de bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán establecer cláusulas o acuerdos contractuales que fijen un plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año.2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección conferida por la presente Directiva por haberse optado por la legislación de un Estado no miembro como Derecho aplicable al contrato, cuando éste presente un vínculo estrecho con el territorio de los Estados miembros.Artículo 8Derecho interno y protección mínima1. Los derechos conferidos por la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas a la responsabilidad contractual o extracontractual.2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más exigentes, compatibles con el Tratado, para garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado.Artículo 9Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para informar a los consumidores sobre las disposiciones nacionales adoptadas para la transposición de la presente Directiva y, si lo consideran oportuno, alentarán a las organizaciones profesionales a que informen a los consumidores sobre sus derechos.Artículo 10En el anexo de la Directiva 98/27/CE, se añadirá la siguiente mención: "10. Directiva 99/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12).".Artículo 11Transposición1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 12RevisiónA más tardar el 7 de julio de 2006, la Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe examinará, entre otros elementos, si procede introducir la responsabilidad directa del productor y, si procede, irá acompañado de propuestas.Artículo 13Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 14Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 25 de mayo de 1999.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteJ. M. GIL-ROBLESPor el ConsejoEl PresidenteH. EICHEL(1) DO C 307 de 16.10.1996, p. 8, y DO C 148 de 14.5.1998, p. 12.(2) DO C 66 de 3.3.1997, p. 5.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6.4.1998, p. 30), Posición común del Consejo de 24 de septiembre de 1998 (DO C 333 de 30.10.1998, p. 46) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 1998 (DO C 98 de 9.04.1999, p. 226). Decisión del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 1999. Decisión del Consejo de 17 de mayo de 1999.(4) DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.(5) DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.


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31994L0047

Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido

Diario Oficial n° L 280 de 29/10/1994 p. 0083 - 0087 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 27 p. 0040  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 27 p. 0040

DIRECTIVA 94/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre de 1994 relativa a  la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de  adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado  (3), 1.  Considerando que las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de contratos  relativos a la adquisición de derechos de utilización en régimen de tiempo compartido de uno o más  inmuebles pueden crear obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior, distorsiones de  competencia y compartimentación de los mercados nacionales; 2.  Considerando que el objetivo de la presente Directiva es la creación de una base mínima de  normas comunes que permita garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y, a través de  ello, la protección de los adquirentes; que es suficiente que dichas normas se refieran a las  transacciones contractuales sólo en sus aspectos relativos a la información sobre los elementos  constitutivos del contrato, a las modalidades de transmisión de dicha información y a los  procedimientos y modalidades de resolución; que el instrumento adecuado para alcanzar el objetivo  que se pretende es una Directiva; que las disposiciones de la presente Directiva, por lo tanto,  respetan por consiguiente el principio de subsidiariedad; 3.  Considerando que la naturaleza jurídica de los derechos objeto de los contratos a que se  refiere la presente Directiva varía considerablemente entre los Estados miembros; que, por  consiguiente, procede referirse de forma sintética a esta diversidad formulando una definición  suficientemente amplia de tales contratos, sin que ello suponga una armonización a escala  comunitaria de la naturaleza jurídica de los derechos objeto de los mismos; 4.  Considerando que la presente Directiva no tiene por objeto regular en qué medida pueden  celebrarse contratos de utilización de uno o más inmuebles en régimen de tiempo compartido en los  Estados miembros ni el fundamento jurídico de estos contratos; 5.  Considerando que en la práctica los contratos relativos a la adquisición de un derecho de  utilización en régimen de tiempo compartido de uno o más inmuebles difieren de los contratos de  arrendamiento; que esta diferencia se manifesta, entre otros aspectos, en la forma de pago; 6.  Considerando que en el mercado puede observarse que existen ciertos hoteles, residencias  hoteleras u otras estructuras turísticas residenciales similares afectados por transacciones  contractuales similares a las que han hecho necesaria la presente Directiva; 7.  Considerando que deben evitarse las indicaciones engañosas o incompletas en la información  relativa específicamente a la venta de los derechos de utilización a tiempo parcial de uno o más  inmuebles; que dicha información habrá de completarse con un documento complementario que deberá  estar a disposición de cualquier persona que lo solicite; que los elementos de información  contenidos en dicho documento complementario deberán formar parte del contrato de adquisición de un  derecho de utilización a tiempo parcial de uno o más bienes inmuebles; 8.  Considerando que, para procurar al adquirente un nivel de protección elevado y habida cuenta de  las características particulares de los sistemas de utilización en régimen de tiempo compartido de  bienes inmuebles, el contrato de adquisición de un derecho de utilización en régimen de tiempo  compartido de uno o más bienes inmuebles debe contener ciertos elementos mínimos; 9.  Considerando que, para establecer una protección eficaz de los adquirentes en este ámbito,  conviene precisar las obligaciones mínimas que los vendedores deben cumplir con respecto a los  adquirentes; 10.  Considerando que el contrato de adquisición de un derecho de utilización en régimen de tiempo  compartido de uno o más inmuebles deberá estar redactado, de entre las lenguas de la Comunidad, en  la lengua del Estado miembro en que resida el adquirente o en la lengua del Estado miembro del que  éste sea nacional; que, no obstante, el Estado miembro en que resida el adquirente podrá imponer la  obligación de que el contrato esté redactado, de entre las lenguas oficiales de la Comunidad, en su  o sus lenguas; que procede exigir una traducción conforme del contrato a efectos de las  formalidades que deberán cumplirse en el Estado miembro en que esté situado el bien; 11.  Considerando que, para ofrecer al adquirente la posibilidad de evaluar mejor las obligaciones  derivadas de los contratos celebrados, así como los derechos correspondientes, debe concedérsele un  plazo durante el cual pueda resolverse sin alegar motivo del contrato habida cuenta de que el bien  inmueble está situado, en muchos casos, en otro Estado y sometido a una legislación diferente de la  del adquirente; 12.  Considerando que la exigencia, por parte del vendedor, de pagos por anticipado antes de la  expiración del plazo durante el que el adquirente puede resolver el contrato sin alegar motivo,  puede disminuir la protección del adquirente; que por lo tanto procede prohibir los anticipos antes  de la expiración de dicho plazo; 13.  Considerando que en caso de resolución de un contrato de adquisición de un derecho de  utilización en régimen de tiempo compartido de uno o más inmuebles cuyo precio esté total o  parcialmente cubierto por un préstamo concedido al adquirente por el vendedor o por un tercero  sobre la base de un acuerdo celebrado entre éste y el vendedor conviene prever que el contrato de  préstamo sea resuelto sin penalidad; 14.  Considerando que existe el riesgo, en algunos casos, de privar al consumidor de la protección  que le concede la presente Directiva si se designa el Derecho de un país tercero como el Derecho  aplicable al contrato; que, por lo tanto, conviene prever en la presente Directiva disposiciones  dirigidas a evitar dicho riesgo; 15.  Considerando que corresponde a los Estados miembros adoptar medidas tendentes a garantizar el  cumplimiento de las obligaciones del vendedor, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones  legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros referentes a la protección de los  adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos relativos, directa o  indirectamente, a la adquisición de un derecho de utilización de uno o más inmuebles en régimen de  tiempo compartido. La presente Directiva se refiere únicamente a las disposiciones sobre contratos en sus aspectos  relativos a: -  la información referente a los elementos constitutivos del contrato y las condiciones de  transmisión de dicha información; -  los procedimientos y formas de resolución. Sin perjuicio del respeto de las normas generales del Tratado, los Estados miembros conservan su  competencia sobre los demás aspectos, entre otras cosas para determinar la naturaleza jurídica de  los derechos objeto de los contratos a los que se refiere la presente Directiva. Artículo 2 A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: -  «  contrato relativo, directa o indirectamente, a la adquisición de un derecho de utilización de  uno o más inmuebles en régimen de tiempo compartido  » (en lo sucesivo denominado «  contrato  »):  todo contrato o grupo de contratos celebrado para un período mínimo de tres años, por el que,  mediante el pago de un determinado precio global, se cree, se transfiera o se establezca compromiso  de transferir, directa o indirectamente, un derecho real o cualquier otro derecho relativo a la  utilización de uno o más inmuebles, durante un período determinado o determinable del año que no  podrá ser inferior a una semana; -  «  inmueble  »: todo inmueble o parte de un inmueble para uso de vivienda al que se refiera el  derecho objeto del contrato; -  «  vendedor  »: toda persona física o jurídica que, en los contratos comprendidos en el ámbito  de la presente Directiva y en el marco de su actividad profesional, cree, transfiera o se  comprometa a transferir el derecho objeto del contrato; -  «  adquirente  »: toda persona física a la que, actuando en los contratos comprendidos en el  ámbito de la presente Directiva, con fines que se pueda considerar que no pertenecen al marco de su  actividad profesional, se le transfiera el derecho objeto del contrato, o sea la destinataria de la  creación del derecho objeto del contrato. Artículo 3 1.  Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones medidas a fin de que el  vendedor esté obligado a proporcionar un documento a cualquier persona que solicite información  sobre el o los bienes inmuebles, el cual deberá incluir, además de una descripción general de dicho  bien o de dichos bienes, por lo menos información concisa y precisa sobre los datos indicados en  las letras a) a g), i) y l) del Anexo, así como indicaciones sobre la forma de obtener información  complementaria. 2.  Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que toda la información mencionada en el  apartado 1 y que deba incluirse en el documento a que se refiere el apartado 1 forme parte  integrante del contrato. Salvo que las partes acuerden expresamente otra cosa, los cambios introducidos en la información  contenida en el documento contemplado en el apartado 1 sólo podrán ser resultado de circunstancias  ajenas a la voluntad del vendedor. Los cambios introducidos en dicha información deberán comunicarse al adquirente antes de la  celebración del contrato. El contrato deberá hacer constar explícitamente dichos cambios. 3.  Cualquier publicidad que se refiera al inmueble de que se trate indicará la posibilidad de  obtener el documento mencionado en el apartado 1 y dónde puede solicitarse dicho documento. Artículo 4 Los Estados miembros dispondrán en su legislación: -  que el contrato, que se hará obligatoriamente por escrito, deberá contener al menos los datos  que se mencionan en el Anexo; -  que el contrato y el documento contemplado en el apartado 1 del artículo 3, deberán estar  redactados, de entre las lenguas oficiales de la Comunidad en la lengua o en una de las lenguas del  Estado miembro en que resida el adquirente o en la lengua o en una de las lenguas del Estado  miembro del que éste sea nacional, a elección del adquirente. No obstante, el Estado miembro en que  resida el adquirente podrá imponer la obligación de que el contrato esté redactado, de entre las  lenguas oficiales de la Comunidad, en su lengua o en sus lenguas y -  la obligación de que el vendedor facilite una traducción conforme del contrato en la lengua o en  una de las lenguas oficiales de entre las lenguas oficiales de la Comunidad del Estado miembro en  que esté situado el inmueble. Artículo 5 Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones lo siguiente: 1)  Además de lo que las legislaciones nacionales permitan al adquirente en materia de invalidez de  los contratos, el adquirente tendrá derecho: -  a resolver el contrato sin alegar motivos (ad nutum) dentro de un plazo de diez días naturales a  partir de la firma del contrato por ambas partes o de la firma por ambas partes de un contrato  preliminar vinculante. En caso de que el décimo día sea festivo se prolongará dicho plazo hasta el  primer día laborable siguiente; -  si el contrato no contiene, en el momento de la firma por ambas partes del contrato o de la  firma por ambas partes de un contrato preliminar vinculante, la información mencionada en el Anexo  en las letras a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l), y m), a resolver el contrato en un plazo de  tres meses a partir de ese momento. En caso de que en el plazo de tres meses se facilitara la  información en cuestión, el adquirente dispondrá, a partir de ese momento, del plazo de resolución  que se menciona en el primer guión; -  si, transcurrido el plazo de tres meses contemplado en el segundo guión, no ha hecho uso del  derecho de resolución y el contrato no contiene la información mencionada en el Anexo en las letras  a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l) y m), el adquirente dispondrá del plazo de resolución ad  nutum contemplado en el primer guión a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo. 2)  Para ejercer los derechos contemplados en el punto 1, el adquirente enviará antes de la  expiración del plazo, a la persona cuyo nombre y dirección figuren a tal fin en el contrato, una  comunicación de forma que pueda ser probada conforme a la legislación nacional, con arreglo a las  condiciones especificadas en el contrato en virtud de la letra l) del Anexo. Por lo que se refiere  al respeto del plazo, bastará que la notificación, cuando se haga por escrito, sea enviada antes de  la expiración del plazo. 3)  Si el adquirente ejerce el derecho a que se refiere el primer guión del punto 1, sólo podrá  obligársele al pago, si procede, de los gastos que, de acuerdo con las legislaciones nacionales, se  hayan producido debido a la perfección del contrato y a su resolución, y que correspondan a actos  que deban realizarse preceptivamente antes del final del período contemplado en el primer guión del  punto 1. Estos gastos deberán mencionarse explícitamente en el contrato. 4)  Si el adquirente ejerce el derecho de resolución a que se refiere el segundo guión del apartado  1, no podrá exigírsele pago alguno. Artículo 6 Los Estados miembros establecerán en sus legislaciones medidas encaminadas a prohibir  cualquier pago de anticipos por el adquirente antes del final del período de ejercicio del derecho  de resolución contemplado en el primer guión del punto 1 del artículo 5. Artículo 7 Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que: -  en caso en que el precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un préstamo concedido  por el vendedor, o -  en caso de que el precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un préstamo concedido  al adquirente por un tercero previo acuerdo celebrado entre el tercero y el vendedor, el contrato de préstamo quedará resuelto sin penalización en caso de que el adquirente ejerza  cualquiera de los derechos de resolución del contrato previsto en el artículo 5. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la resolución del contrato de préstamo. Artículo 8 Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que toda cláusula mediante la  cual el adquirente renuncie a los beneficios de los derechos mencionados en la presente Directiva o  mediante la cual el vendedor quede liberado de las obligaciones derivadas de la presente Directiva,  no vincule al adquirente, en las condiciones fijadas por sus ordenamientos jurídicos nacionales. Artículo 9 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que, sea cual fuere la  normativa aplicable, el adquirente no quede privado de la protección que otorga la presente  Directiva, en caso de que el bien inmueble esté situado en el territorio de un Estado miembro. Artículo 10 Los Estados miembros establecerán en sus legislaciones las consecuencias del  incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. Artículo 11 La presente Directiva no será obstáculo para que los Estado miembros adopten o  mantengan disposiciones más favorables en materia de protección del adquirente en el ámbito  regulado por la misma, sin perjuicio de sus obligaciones resultantes del Tratado. Artículo 12 1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más  tardar treinta meses después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de derecho interno  que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 13 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Estrasburgo, el 26 de octubre de 1994. Por el Parlamento Europeo El Presidente K. HAENSCHPor el Consejo El Presidente J. EEKHOFF  ANEXO Datos mínimos que debe contener el contrato contemplado en el artículo 4 a)   Identidad y domicilio de las partes, con indicación precisa de la condición jurídica del vendedor  en el momento de la celebración del contrato, así como de la identidad y domicilio del  propietario; b)  naturaleza precisa del derecho objeto del contrato, y una cláusula en la que se indiquen las  condiciones de ejercicio de ese derecho en el territorio del Estado miembro en el que estén  situados el bien o los bienes, y, si estas condiciones han sido cumplidas o, en el caso contrario,  las condiciones que todavía deberán cumplirse; c)  cuando se determine el bien, descripción precisa del bien y de su situación; d)  si se trata de un inmueble en construcción: 1)  fase en que se encuentra la construcción; 2)  una estimación razonable del plazo para la terminación del inmueble; 3)  si es un inmueble determinado, número del permiso de construcción y nombre y dirección  completos de la autoridad o autoridades competentes en la materia; 4)  fase en que se encuentran los servicios comunes que permiten la utilización del inmueble  (conexiones de gas, electricidad, agua, teléfono); 5)  garnatías sobre la terminación del inmueble y, en caso de que no se termine, sobre la  devolución de cualquier cantidad abonada y, si procede, condiciones en que se ofrecen dichas  garantías; e)  servicios comunes (alumbrado, suministro de agua, mantenimiento, recogida de basuras) de los  que puede o podrá disfrutar el adquirente, y condiciones de tal disfrute; f)  instalaciones comunes, como piscina, sauna, etc., a las que el adquirente tiene o podría tener  acceso en su momento y, si procede, condiciones de este acceso; g)  principios con arreglo a los cuales se organizarán el mantenimiento y su correspondiente  servicio, así como la administración y la gestión del inmueble; h)  indicación precisa del período durante el cual podrá ejercerse el derecho objeto del contrato  y, si procede, duración del régimen en vigor; fecha a partir de la cual el adquirente podrá ejercer  el derecho objeto del contrato; i)  precio que deberá pagar el adquirente por el ejercicio objeto del contrato; una estimación del  importe que deberá abonar por la utilización de las instalaciones y servicios comunes; base del  cálculo de la cuantía correspondiente a los gastos derivados de la ocupación del bien inmueble por  el adquirente, de los gastos legales obligatorios (impuestos, contribuciones) y de los gastos  administrativos complementarios (gestión, mantenimiento y su correspondiente servicio); j)  cláusula que estipule que la adquisición no supondrá desembolso, gasto u obligación alguna  distintos de los mencionados en el contrato; k)  si existe la posibilidad de participar en un sistema de intercambio o reventa, o ambas  posibilidades, del derecho objeto del contrato, así como posibles costes en caso de que el sistema  de intercambio o reventa esté organizado por el vendedor o por un tercero designado por éste en el  contrato; l)  información sobre el derecho de resolución del contrato e indicación de la persona a la que  deberá comunicarse la posible resolución, con indicación, asimismo, del modo o los modos de  efectuar dicha comunicación; indicación precisa de la naturaleza e importe de los gastos que  debería pagar el adquirente con arreglo al apartado 3 del artículo 5, en caso de ejercer su derecho  de resolución ad nutum; si procede, información sobre las modalidades de resolución del contrato de  préstamo vinculado al contrato en cualquiera de los casos de resolución del mismo; m)  fecha y lugar de la firma del contrato por cada una de las partes.


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31978L1033

Cuarta Directiva 78/1033/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, por la que se modifica la Directiva 69/169/CEE relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las franquicias de los impuestos sobre el volumen de negocios y de los impuestos sobre consumos específicos percibidos sobre la importación en el tráfico internacional de viajeros

Diario Oficial n° L 366 de 28/12/1978 p. 0031 - 0032 Edición especial en finés : Capítulo 9 Tomo 1 p. 0075  Edición especial griega: Capítulo 09 Tomo 1 p. 0100  Edición especial sueca: Capítulo 9 Tomo 1 p. 0075  Edición especial en español: Capítulo 09 Tomo 1 p. 0106  Edición especial en portugués: Capítulo 09 Tomo 1 p. 0106

 CUARTA DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 19 de diciembre de 1978    por la que se modifica la Directiva 69/169/CEE relativa   a la armonización de las disposiciones legales ,   reglamentarias y administrativas referentes a las   franquicias de los impuestos sobre el volumen de negocios   y de los impuestos sobre consumos específicos percibidos   sobre la importación en el tráfico internacional de   viajeros     ( 78/1033/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en particular , su artículo 99 ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (3) ,    Considerando que el apartado 1 del artículo 1 de la   Directiva 69/169/CEE del Consejo , de 28 de mayo de 1969 ,   relativa a la armonización de las disposiciones legales ,   reglamentarias y administrativas referentes a las   franquicias de los impuestos sobre el volumen de negocios   y de los impuestos sobre consumos específicos percibidos   sobre la importación en el tráfico internacional de   viajeros (4) , modificada en último lugar por la Directiva   78/1032/CEE (5) , prevé una franquicia para las   mercancías contenidas en el equipaje personal de los   viajeros procedentes de terceros países , siempre que   se trate de importaciones desprovistas de todo carácter   comercial ;    Considerando que el valor global de las mercancías que   pueden beneficiarse de esta franquicia no debe exceder ,   por persona , de veinticinco unidades de cuenta ; que ,   conforme al apartado 2 del artículo 1 de la Directiva   69/169/CEE , los Estados miembros están facultados , con   respecto a los viajeros menores de quince años de edad ,   para reducir esta franquicia hasta diez unidades de   cuenta ;    Considerando que la introducción de la unidad de cuenta   europea en los actos adoptados por las instituciones de las   Comunidades Europeas en el ámbito de las franquicias   fiscales no deben dar lugar a una reducción de las   cantidades expresadas en moneda nacional que pueden   actualmente beneficiarse de la franquicia ;    Considerando que deben tenerse también en cuenta las   medidas preconizadas en favor de los viajeros por las   organizaciones internacionales especializadas y en   particular las contenidas en el Anexo F 3 del Convenio   internacional para la simplificación y armonización   de regímenes aduaneros , celebrado a iniciativa del   Consejo de cooperación aduanera ;    Considerando que este doble objetivo puede alcanzarse   fijando en cuarenta unidades de cuenta europeas la   cantidad prevista en el apartado 1 del artículo 1 de la   Directiva 69/169/CEE y en veinte unidades de cuenta europeas   la establecida en el apartado 2 de este mismo artículo ;    Considerando que es conveniente definir el concepto de   equipajes personales ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La Directiva 69/169/CEE queda modificada como sigue :    1 . El artículo 1 queda modificado como sigue :    a ) El apartado 1 será sustituido por el texto   siguiente :     « 1 . A las mercancías contenidas en el equipaje   personal de los viajeros procedentes de terceros países   les será aplicada una franquicia de los impuestos sobre   el volumen de negocios y de los impuestos sobre consumos   específicos percibidos en la importación , siempre que   se trate de importaciones desprovistas de todo carácter   comercial y que el valor global de estas mercancías no   sobrepase , por persona , cuarenta unidades de cuenta   europeas . »    b ) En el apartado 2 , las palabras « diez unidades   de cuenta » serán sustituidas por las palabras   « veinte unidades de cuenta europeas » ;    c ) En el apartado 3 , las palabras « veinticinco   unidades de cuenta » serán sustituidas por las   palabras « cuarenta unidades de cuenta europeas » ;    2 . En el artículo 3 , se añadirá el siguiente   apartado :     « 3 . Se entiende por equipaje personal el conjunto   del equipaje que el viajero pueda presentar al servicio   de aduanas en el momento de su llegada , así como el   que presente ulteriormente a este servicio , siempre que   justifique que han sido facturados como equipajes   acompañados en el momento de su salida en la compañía   que haya efectuado su transporte .    No constituirán equipaje personal los depósitos   portátiles que contengan carburante . Sin embargo , por   cada medio de transporte a motor , se admitirá en   franquicia el carburante contenido en dichos depósitos   portátiles en cantidad que no sobrepase los diez litros ,   sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de   tenencia y transporte de carburante . »    Artículo 2    1 . Los Estados miembros adoptarán las medidas   necesarias para cumplir la presente Directiva a más   tardar el 1 de enero de 1979 .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   las disposiciones que adopten para la aplicación de la   presente Directiva . La Comisión informará de ello a   los demás Estados miembros .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1978 .    Por el Consejo    El Presidente    H.-D. GENSCHER    (1) DO n º C 213 de 7 . 9 . 1978 , p. 9 .    (2) DO n º C 261 de 6 . 11 . 1978 , p. 46 .    (3) Dictamen emitido el 19 de octubre de 1978 ( no ha   aparecido todavía en el Diario Oficial ) .    (4) DO n º L 133 de 4 . 6 . 1969 , p. 6 .    (5) DO n º L 366 de 28 . 12 . 1978 , p. 28 .


title: Directiva (UE) 2015/2087 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               19.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 302/99

         DIRECTIVA (UE) 2015/2087 DE LA COMISIÓN
   de 18 de noviembre de 2015
   por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (1), y, en particular, su artículo 15,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 15 de julio de 2011, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó la Resolución MEPC.201(62) que enmienda el anexo V del Convenio MARPOL para prevenir la contaminación por los buques mediante la introducción de una nueva categorización más detallada de las basuras (2). El anexo V revisado del Convenio MARPOL entró en vigor el 1 de enero de 2013.

               (2)

               Esta nueva categorización de las basuras viene reflejada en la Circular MEPC.1/Circ.644/Rev.1 de la OMI que establece el formato normalizado del impreso de notificación previa para la entrega de desechos en instalaciones portuarias de recepción (3), así como la Circular MEPC.1/Circ.645/Rev.1, que establece el formato normalizado del recibo de entrega de desechos tras el uso de las instalaciones portuarias de recepción por parte de los buques (4).

               (3)

               En aras de la preservación de la coherencia con las medidas de la OMI y a fin de evitar la incertidumbre entre los usuarios y las autoridades de los puertos, procede adaptar a la nueva categorización de las basuras del anexo V del Convenio MARPOL enmendado el cuadro que figura en el anexo II de la Directiva 2000/59/CE que contiene los diferentes tipos y cantidades de desechos y residuos de carga por entregar o que permanecerán a bordo.

               (4)

               Además, a fin de mejorar el régimen establecido en virtud de la Directiva 2000/59/CE que persigue la reducción de los vertidos en el mar de desechos generados por buques y residuos de carga, procede incluir en el cuadro del anexo II información sobre los tipos y cantidades de desechos generados por buques realmente entregados en las instalaciones portuarias de recepción en el último puerto de descarga.

               (5)

               Los datos exactos sobre los tipos y cantidades de desechos generados por buques y residuos de carga entregados por un buque en el último puerto son esenciales para el cálculo exacto de la capacidad de almacenamiento destinada a desechos a bordo de ese buque. El cálculo de una capacidad suficiente de almacenamiento es un requisito previo para autorizar al buque a dirigirse hasta el siguiente puerto de escala sin haber entregado sus desechos, así como para la selección adecuada de buques para inspección. Unas inspecciones mejor orientadas contribuirán a una gestión más eficaz del tráfico marítimo mediante la reducción del tiempo de rotación en los puertos.

               (6)

               Esta información puede estar disponible a través de los recibos de desechos expedidos con arreglo a la Circular MEPC.1/Circ.645/Rev.1, que recomienda el formato normalizado del recibo de entrada de desechos, o de otros tipos de recibos expedidos al capitán del buque en el momento de la entrega de los desechos. Las cantidades y tipos de desechos indicados en el recibo de desechos o declarados por el capitán del buque en el momento de la entrega cuando no sea posible obtener un recibo serían generalmente más exactos que los disponibles a partir del impreso de notificación de residuos, ya que deben reflejar la situación real tras la entrega y aportan por tanto mayor fiabilidad al proceso decisorio. El capitán del buque registrará esa información de la entrega en el libro registro de basuras conforme a lo dispuesto por el Convenio MARPOL.

               (7)

               La recogida sistemática de datos exactos sobre la entrega de desechos permitiría asimismo un mejor análisis estadístico de los patrones de flujos de desechos en los puertos y facilitaría el establecimiento del sistema de información y vigilancia previsto en el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2000/59/CE. El seguimiento e intercambio de dicha información, incluida la notificación electrónica de desechos elaborada en virtud de la Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), actualmente están soportados por el sistema de la Unión de intercambio de información marítima, SafeSeaNet, establecido de conformidad con la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que debe relacionarse con un módulo de comunicación en la base de datos del control del Estado del puerto (7) establecida con arreglo a la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

               (8)

               El anexo II de la Directiva 2000/59/CE debe modificarse para incluir la información sobre la entrega de desechos en el puerto anterior y con el fin de incorporar la nueva categorización de las basuras introducida por el anexo V enmendado del Convenio MARPOL.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación por los Buques.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo II de la Directiva 2000/59/CE se sustituye por el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 9 de diciembre de 2016. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 18 de noviembre de 2015.

            Por la Comisión

            El Presidente

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  DO L 332 de 28.12.2000, p. 81.

      (2)  Resolución MEPC.201(62) adoptada el 15 de julio de 2011. Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973.

      (3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 1 de julio de 2013

      (4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1, 1 de julio de 2013

      (5)  Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros (DO L 283 de 29.10.2010, p. 1).

      (6)  Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo (DO L 208 de 5.8.2002, p. 10).

      (7)  Base de datos desarrollada y gestionada por la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

      (8)  Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (DO L 131 de 28.5.2009, p. 57).

      ANEXO

            «ANEXO II

               INFORMACIÓN QUE DEBE NOTIFICARSE ANTES DE ENTRAR EN EL PUERTO DE …

               (Puerto de destino tal como se menciona en el artículo 6 de la Directiva 2000/59/CE)

                        1.

                        Nombre, distintivo de llamada y, en su caso, número de identificación de la OMI del buque:

                        2.

                        Estado de abanderamiento:

                        3.

                        Hora estimada de llegada (ETA):

                        4.

                        Hora estimada de salida (ETD):

                        5.

                        Anterior puerto de escala:

                        6.

                        Próximo puerto de escala:

                        7.

                        Último puerto y fecha en que se entregaron desechos generados por el buque, incluidos las cantidades (en m3) y los tipos de desechos entregados:

                        8.

                        ¿Entrega usted (táchese la casilla adecuada):

                                    todos ☐

                                    parte ☐

                                    ninguno ☐

                              de sus residuos a las instalaciones receptoras portuarias?

                        9.

                        Tipo y cantidad de desechos y residuos por entregar y/o que permanecerán a bordo, y porcentaje de la capacidad de almacenamiento máxima

               Si entrega todos los desechos, rellene la segunda y última columnas según proceda. Si entrega parte de los desechos o no entrega ningún desecho, rellene todas las columnas.

                        Tipo

                        Cantidades que deben entregarse
                        (m3)

                        Capacidad máxima de almacenamiento
                        (m3)

                        Cantidad de desechos que permanecen a bordo
                        (m3)

                        Puerto en el que se han de entregar los desechos restantes

                        Estimación de la cantidad de desechos que se producirá entre el momento de la notificación y el puerto de escala siguiente
                        (m3)

                        Cantidad de desechos entregados en el último puerto de descarga indicado en el punto 7 anterior
                        (m3)

                           Desechos oleosos

                        Agua oleosa de sentina

                        Residuos oleosos (fangos)

                        Otros (especifíquense)

                           Aguas sucias
                            (1)

                           Basuras

                        Plásticos

                        Restos de alimentos

                        Desechos domésticos (por ejemplo, productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.)

                        Aceite de cocina

                        Cenizas de incinerador

                        Desechos de explotación

                        Carcasas de animales

                           Residuos de carga
                            (2) (especifíquense) (3)

               Notas

                        1.

                        Esta información podrá utilizarse a efectos del control del Estado del puerto y otros fines de inspección.

                        2.

                        Los Estados miembros determinarán qué organismos recibirán copias de la notificación.

                        3.

                        Este impreso deberá rellenarse, salvo si el buque se acoge a la exención prevista en el artículo 9 de la Directiva 2000/59/CE.

                  Confirmo que:

                        —

                        los datos indicados anteriormente son exactos y correctos, y

                        —

                        que a bordo existe la suficiente capacidad específica para almacenar todos los desechos generados entre la notificación y el próximo puerto en el que entregaré los desechos.

                  Fecha …
            Hora …
            Firma»

         (1)  Las aguas sucias pueden descargarse en el mar con arreglo a las disposiciones de la regla 11 del anexo IV del Convenio Marpol. No es necesario rellenar las casillas correspondientes si la intención es efectuar una descarga autorizada en el mar.

         (2)  Pueden ser estimaciones.

         (3)  Los residuos de carga se especificarán y categorizarán con arreglo a los anexos pertinentes de Marpol, en particular los anexos I, II y V.


Avis juridique important

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31998L0023

Directiva 98/23/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 por la que se extiende al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el ámbito de aplicación de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES

Diario Oficial n° L 131 de 05/05/1998 p. 0010 - 0010

DIRECTIVA 98/23/CE DEL CONSEJO de 7 de abril de 1998 por la que se extiende al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el ámbito de aplicación de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),Considerando que el Consejo, actuando de conformidad con el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo (n° 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 4, adoptó la Directiva 97/81/CE (3); que, por tanto, dicha Directiva no es aplicable en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;Considerando que el Consejo Europeo de Amsterdam celebrado los días 16 y 17 de junio de 1997 tomó nota con satisfacción del acuerdo de la Conferencia intergubernamental de incorporar al Tratado CE el Acuerdo sobre la política social; que, asimismo, señaló que debía encontrarse un medio para dotar de efectos jurídicos la voluntad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de aceptar las directivas que ya se han adoptado sobre la base de dicho Acuerdo, así como las que puedan adoptarse antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado;Considerando que, en el Consejo de 24 de julio de 1997, el Consejo y la Comisión acordaron poner por obra las conclusiones adoptadas en el Consejo Europeo de Amsterdam; que acordaron asimismo aplicar el mismo procedimiento, mutatis mutandis, a las futuras Directivas adoptadas sobre la base del Acuerdo sobre la política social; que la presente Directiva trata de lograr este objetivo mediante la extensión al Reino Unido del ámbito de aplicación de la Directiva 97/81/CE;Considerando que el hecho de que la Directiva 97/81/CE no sea aplicable en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte afecta directamente al funcionamiento del mercado interior; que la aplicación en todos los Estados miembros del Acuerdo marco anejo a dicha Directiva y, en especial, del principio de no discriminación entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, mejorará el funcionamiento del mercado interior;Considerando que la adopción de la presente Directiva hará aplicable la Directiva 97/81/CE en el Reino Unido; que, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva deberá interpretarse que el término «Estados miembros» que figura en la Directiva 97/81/CE incluye al Reino Unido;Considerando que el Reino Unido debería disfrutar del mismo período de dos años que se concedió a los demás Estados miembros para poner en vigor las disposiciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 97/81/CE,HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la Directiva 97/81/CE será aplicable en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Artículo 2 El apartado siguiente se insertará en el artículo 2 de la Directiva 97/81/CE:«1 bis. Por lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la fecha del 20 de enero de 2000 que figura en el apartado 1 se sustituye por la del 7 de abril de 2000.»Artículo 3 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Luxemburgo, el 7 de abril de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteD. BLUNKETT(1) Dictamen emitido el 1 de abril de 1998 (no publicado aún en el Diario Oficial).(2) Dictamen emitido el 25 de marzo de 1998 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) DO L 14 de 20. 1. 1998, p. 9.


Avis juridique important

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31986L0545

Primera Directiva 86/545/CEE de la Comisión de 29 de octubre de 1986 por la que se modifican los Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados Miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales

Diario Oficial n° L 323 de 18/11/1986 p. 0014 - 0015 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 22 p. 0046  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 22 p. 0046

*****PRIMERA  DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  de 29 de octubre de 1986  por la que se modifican los Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales  (86/545/CEE)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Vista la Directiva del Consejo 77/93/CEE, de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 3768/85 (2), y, en particular, los guiones tercero y cuarto del párrafo 2 de su artículo 13;  Considerando que la Directiva 77/93/CEE establece medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales;  Considerando que dichos organismos nocivos se han enumerado en el Anexo I o en el Anexo II de la Directiva antes mencionada;  Considerando que la evolución de los conocimientos científicos y técnicos ha mostrado que el riesgo que presentan la Anarsia lineatella y la Laspeyresia molesta, dos organismos incluidos en los Anexos antes mencionados, es menor de lo que inicialmente se estimó;  Considerando que a este respecto la protección debería limitarse únicamente a determinadas plantas frutales, excepto el propio fruto, y sólo para determinados Estados miembros donde una importante producción de vegetales esté en peligro;  Considerando que deben modificarse en consecuencia los Anexos I y II de la Directiva 77/93/CEE;  Considerando que estas modificaciones se han realizado de acuerdo con los Estados miembros interesados;  Considerando que las medidas adoptadas en esta Directiva se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  La Directiva 77/93/CEE queda modificada como sigue:  1. En el Anexo I se suprime el punto 7 de la letra a) de la parte A.  2. En el Anexo II:  a) Se suprime el punto 1 de la letra a) de la parte A.  b) En la letra a) de la parte B se insertará lo que sigue:  1.2.3 //  //  //  // « 01a Anarsia lineatella Zell.  // Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. y Pyrus L., excepto el fruto o las semillas   // Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido »   //   //   //   //   //   //  // « 10aa Laspeyresia molesta (Busck)  // Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. y Pyrus L., excepto el fruto o las semillas  // Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido »   //   //   //  Artículo 2  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento de esta Directiva, a más tardar el 1 de enero de 1987.  Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en aplicación de la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.  Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 1986.  Por la Comisión  Frans ANDRIESSEN  Vicepresidente  (1) DO no L 26 de 31. 1. 1977, p. 20.  (2) DO no L 362 de 31. 12. 1985, p. 8.