title: DIRECTIVA 92/15/CEE DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 1992 por la que se modifica la Directiva 83/229/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos de película de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios #

text:
Avis juridique important

|

31992L0015

DIRECTIVA 92/15/CEE DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 1992 por la que se modifica la Directiva 83/229/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos de película de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios  -

Diario Oficial n° L 102 de 16/04/1992 p. 0044 - 0046

DIRECTIVA 92/15/CEE DE LA COMISIÓN  de 11 de marzo de 1992  por la que se modifica la Directiva 83/229/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos de película de celulosa  regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticiosLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Vista la Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticos (1) y, en particular,  el apartado 2 de su artículo 3,  Considerando que el artículo 2 de la Directiva 89/109/CEE establece que los materiales y objetos terminados no deben ceder componentes a los productos alimenticios en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana u ocasionar una  modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios;  Considerando que es necesario prever la declaración por escrito contemplada en el apartado 5 del artículo 6 de la Directiva 89/109/CEE en caso de utilización industrial y comercial de película de celulosa regenerada en materiales y objetos destinados a  entrar en contacto con los productos alimenticios, excepto para aquellos que, por su naturaleza, estén manifiestamente destinados para dicho uso;  Considerando que el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 83/229/CEE del Consejo (2), modificada por la Directiva 86/388/CEE (3), dejaba a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la utilización de ésteres ftálicos hasta que las  investigaciones científicas permitieran conocer el riesgo derivado de la utilización de dichas sustancias;  Considerando que los datos científicos disponibles actualmente permiten fijar los límites por debajo de los cuales la exposición del hombre a dichas sustancias no supone riesgo alguno para la salud humana y que, por consiguiente, procede autorizar  dichas sustancias en toda la Comunidad;  Considerando que entre los aditivos autorizados en la fabricación de barnices destinados a recubrir la película de celulosa regenerada, procede incluir también los aditivos utilizados en la fabricación de dicha película;  Considerando que, dada la información disponible, se puede autorizar el uso de determinadas nuevas sustancias;  Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/109/CEE, se ha consultado al comité científico de la alimentación humana sobre las disposiciones que pueden afectar a la salud pública;  Considerando que las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de productos alimenticios,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  La Directiva 83/229/CEE quedará modificada como sigue:  1) Se insertará el artículo 3 bis siguiente:  « Artículo 3 bis  1. En las fases de comercialización, distintas de las de venta al por menor, los materiales y objetos de película de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios deberán ir acompañados de una declaración por escrito, de  conformidad con el apartado 5 del artículo 6 de la Directiva 89/109/CEE (*).  2. El apartado 1 no se aplicará a los materiales y objetos de película de celulosa regenerada que, por su naturaleza, estén manifiestamente destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.   (*) DO no L 40 de 11. 2. 1989, p. 38. »  2) Se suprimirá el apartado 2 del artículo 4.  3) En la primera parte del Anexo II, se añadirá la letra B en la columna « Denominaciones » delante de los puntos:  « 1. Humidificantes » y « 2. Otros aditivos ».  4) En la primera parte del Anexo II, se insertará el siguiente guión en el punto « B.1. Humidificantes », columna « Denominaciones », tras « sorbitol »:  « - tetraetilenglicol ».  5) a) En la primera parte del Anexo II se insertará el siguiente guión tras el primer guión del subcapítulo « Tercera clase-Agente de anclaje » del punto « B.2. Otros aditivos », en la columna « Denominaciones »:  « - Productos de condensación de melamina-urea-formaldehído modificados con tri(2-hidroxietil)amina ».  b) En la columna de « Restricciones » correspondiente al guión insertado precedentemente se insertará el texto siguiente:  « Contenido de formaldehído libre de la cara en contacto con los productos alimenticios  " 0,5 mg/dm2.  Contenido de melamina libre de la cara en contacto con los productos alimenticios  " 0,3 mg/dm2. »  6) En la segunda parte del Anexo II:  a) en la columna « Denominaciones », se añadirá la letra C delante de los puntos:  « 1. Polímeros »,  « 2. Resinas » y  « 3. Plastificantes »;  b) en el punto « C.3. Plastificantes » de la columna « Denominaciones » se suprimirán las sustancias siguientes:  « - Butil-metilcarboxi butilftalato [= butilftalilbutilglicolato]  - Di-isobutilftalato  - Di (metil-ciclohexil) ftalato y sus isómeros (sextolftalato)  - Metil-metilcarboxietil ftalato (= Metilftaliletilglicolato) »;  c) en la columna de « Restricciones » del punto « B.3. Plastificantes », correspondiente a la sustancia « - butilbencilftalato », se añadirá el texto siguiente:  «  " 2mg/dm2 en el barniz de la superficie en contacto con los productos alimenticios »;  d) en la columna « Restricciones » del punto « C.3. Plastificantes », y para la sustancia « Di-n-butilftalato », se añadirá el texto siguiente:  «  " 3 mg/dm2 en el barniz de la superficie en contacto con los productos alimenticios »;  e) en la columna « Restricciones » del punto « C.3. Plastificantes », y para la sustancia « Diciclohexilftalato », se añadirá el texto siguiente:  «  " 4 mg/dm2 en el barniz de la superficie en contacto con los productos alimenticios »;  f) después del punto « C.3. Plastificantes » se insertarán, en las columnas « Denominaciones » y « Restricciones », los textos siguientes:     « C.4. Otros aditivos:  cantidad total menor o igual a 6 mg/dm2 en la cara no barnizada de película de celulosa regenerada, incluido el barniz de la cara en contacto con los productos alimenticios.    C.4.1. Aditivos enumerados en la primera  parte:  las mismas restricciones que en la primera parte (sin embargo, las cantidades expresadas en mg/dm2 se refieren a la cara no barnizada de película de celulosa regenerada, incluido el barniz de la cara en contacto con los productos alimenticios »;  g) el subtítulo « Aditivos específicos para barnices », en la columna « Denominaciones », se sustituirá por « C.4.2. Aditivos específicos para los barnices de recubrimiento »;  h) el texto de la columna « Restricciones » correspondiente al punto C.4.2. se sustituirá por el texto siguiente:  « La cantidad de sustancia o grupo de sustancias de cada guión no sobrepasará los 2 mg/dm2 (o un límite menor si así estuviera especificado) en el barniz de la cara en contacto con los productos alimenticios. »;  i) el subtítulo « D. Disolventes » se sustituirá por « C.5. Disolventes ».  Artículo 2  1) Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  Aplicarán dichas disposiciones de la forma siguiente:  - autorizarán, a más tardar el 30 de junio de 1993, el comercio y la utilización de las películas de celulosa regenerada que se ajusten a la Directiva 83/229/CEE, en la redacción dada a la misma por la presente Directiva;  - prohibirán, desde el 1 de julio de 1994, el comercio y la utilización de las películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con productos alimenticios que no se ajusten a la Directiva 83/229/CEE, en la redacción dada a la misma por  la presente Directiva.  2) Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de  la mencionada referencia.  Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 11 de marzo de 1992. Por la Comisión  Martin BANGEMANN  Vicepresidente   (1) DO no L 40 de 11. 2. 1989, p. 38. (2) DO no L 123 de 11. 5. 1983, p. 31. (3) DO no L 228 de 14. 8. 1986, p. 32.


title: Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de KiotoTexto pertinente a efectos del EEE

text:
               13.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 338/18

      DIRECTIVA 2004/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
   de 27 de octubre de 2004,
   por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2003/87/CE (3) establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad («el régimen comunitario») a fin de fomentar reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente, al tiempo que reconoce que, a más largo plazo, habrá que reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990. La Directiva tiene por objeto contribuir al cumplimiento de los compromisos de la Comunidad y de sus Estados miembros de reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero conforme al Protocolo de Kioto, aprobado mediante la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (4).

               (2)

               La Directiva 2003/87/CE dispone que el reconocimiento de los créditos de los mecanismos basados en proyectos para cumplir las obligaciones a partir de 2005 aumentará la eficacia en términos de costes en la reducción de emisiones globales de gases de efecto invernadero y que se adoptarán disposiciones para vincular los mecanismos basados en proyectos de Kioto, incluidas la aplicación conjunta (AC) y el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), al régimen comunitario.

               (3)

               La vinculación de los mecanismos basados en proyectos de Kioto al régimen comunitario, preservando al mismo tiempo su integridad medioambiental, brinda la oportunidad de utilizar créditos de emisión generados mediante actividades de proyectos que puedan acogerse a los artículos 6 y 12 del Protocolo de Kioto para cumplir las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2003/87/CE. Como consecuencia, aumentará la diversidad de posibilidades de cumplimiento a bajo coste en el régimen comunitario, lo que se traducirá en una reducción de costes globales del cumplimiento del Protocolo de Kioto, a lo que se añade una mejora de la liquidez del mercado comunitario de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Al estimular la demanda de créditos AC, las empresas comunitarias invertirán en el desarrollo y la transferencia de tecnologías y conocimientos técnicos avanzados respetuosos con el medio ambiente. También se estimulará la demanda de créditos MDL y se ayudará así a los países en desarrollo receptores de proyectos de MDL a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible.

               (4)

               Junto a la utilización de los mecanismos basados en proyectos de Kioto por la Comunidad y sus Estados miembros, y por empresas y particulares al margen del régimen comunitario, estos mecanismos deben vincularse al régimen comunitario de tal manera que se garantice la coherencia con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto y con las decisiones subsiguientes adoptadas con arreglo a éstos, así como con los objetivos y la arquitectura del régimen y de las disposiciones comunitarias fijados por la Directiva 2003/87/CE.

               (5)

               Los Estados miembros pueden permitir que los titulares utilicen reducciones certificadas de emisiones (RCE) a partir de 2005 y unidades de reducción de emisiones (URE) a partir de 2008 en el régimen comunitario. A partir de 2008 se puede autorizar la utilización de RCE y URE por los titulares hasta un porcentaje máximo de la asignación correspondiente a cada instalación, en los términos establecidos por cada Estado miembro en su Plan Nacional de Asignación. La utilización tiene lugar mediante la expedición e inmediata entrega de un derecho de emisión a cambio de una RCE o una URE. Un derecho de emisión expedido a cambio de una RCE o de una URE corresponde a dicha RCE o URE.

               (6)

               El Reglamento de la Comisión relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros, que debe adoptarse de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 2003/87/CE y el apartado 1 del artículo 6 de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto (5), establecerá los procesos y procedimientos pertinentes en el sistema de registros para la utilización de RCE durante el período 2005-2007 y siguientes, y la utilización de URE durante el período 2008-2012 y siguientes.

               (7)

               Cada Estado miembro establece un límite a la utilización de RCE y URE resultantes de actividades de proyectos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Marrakech, a fin de cumplir con el requisito de que la utilización de esos mecanismos sea suplementaria a la acción interna. Por lo tanto, la acción interna constituye un elemento significativo del esfuerzo realizado a escala nacional.

               (8)

               De conformidad con la CMNUCC y el Protocolo de Kioto y con las decisiones subsiguientes adoptadas con arreglo a éstos, los Estados miembros deben abstenerse de utilizar RCE y URE generadas por instalaciones nucleares a fin de cumplir sus compromisos en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Protocolo de Kioto y de la Decisión 2002/358/CE.

               (9)

               Las Decisiones.15/CP.7 y 19/CP.7, adoptadas de conformidad con la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, hacen hincapié en que la integridad ambiental ha de alcanzarse, entre otras cosas, mediante modalidades, normas y directrices racionales para los mecanismos, y mediante principios y normas fundados y rigurosos para las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura, y en que se han de tener en cuenta las cuestiones de no permanencia, adicionalidad, fugas, inseguridades y repercusiones socioeconómicas y medioambientales, incluidas las repercusiones en la biodiversidad y en los ecosistemas naturales, asociados con actividades de proyectos de forestación y reforestación. En su revisión de la Directiva 2003/87/CE en 2006, la Comisión debe considerar las disposiciones técnicas relacionadas con la naturaleza temporal de los créditos y el límite del 1 % para la admisibilidad de las actividades de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura, como está establecido en la Decisión 17/CP.7, así como las disposiciones relacionadas con el resultado de la evaluación de riesgos potenciales asociados a la utilización de organismos genéticamente modificados y de especies no autóctonas potencialmente invasivas en actividades de proyectos de forestación y reforestación, con objeto de permitir a los titulares la utilización de RCE y URE resultantes de actividades de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en el régimen comunitario a partir de 2008, de conformidad con las decisiones adoptadas con arreglo a la CMNUCC o al Protocolo de Kioto.

               (10)

               Para evitar la doble contabilidad, no deben expedirse RCE y URE resultantes de actividades de proyectos llevadas a cabo en la Comunidad que también se traduzcan en una reducción o limitación de las emisiones de instalaciones cubierta por la Directiva 2003/87/CE, a menos que se cancele un número igual de derechos de emisión del registro del Estado miembro de origen de las RCE o URE.

               (11)

               De conformidad con los tratados de adhesión pertinentes, el acervo comunitario debe tenerse en cuenta en el establecimiento de las bases de referencia de actividades de proyectos emprendidas en países en proceso de adhesión a la Unión.

               (12)

               Cualquier Estado miembro que autorice a entidades públicas o privadas a participar en actividades de proyectos sigue siendo responsable del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la CMNUCC y al Protocolo de Kioto, y por ello debe asegurarse de que tal participación sea coherente con las directrices, modalidades y procedimientos pertinentes adoptados de conformidad con la CMNUCC.

               (13)

               De conformidad con la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y cualquier decisión subsiguiente adoptada para su aplicación, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar las actividades de capacitación en los países en desarrollo y en los países con economías en transición para ayudarlos a aprovechar plenamente la AC y el MDL de manera que contribuyan a sus estrategias de desarrollo sostenible. La Comisión debe examinar los esfuerzos a este respecto e informar sobre ello.

               (14)

               Los criterios y directrices pertinentes para examinar si los proyectos de producción de energía hidroeléctrica tienen repercusiones sociales o medioambientales negativas han sido definidos por la Comisión Mundial de Represas en su Informe de noviembre del año 2000 «Represas y Desarrollo: un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones», por la OCDE y por el Banco Mundial.

               (15)

               Como la participación en actividades de proyectos de AC y MDL es voluntaria, debe aumentarse la responsabilidad medioambiental y social de las empresas de conformidad con el apartado 17 del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. A este respecto, se debe alentar a las empresas a mejorar el comportamiento social y medioambiental de las actividades de AC y MDL en que participen.

               (16)

               La información sobre actividades de proyectos en que un Estado miembro participe o autorice a participar a entidades privadas o públicas debe ser puesta a disposición del público de conformidad con la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (6).

               (17)

               La Comisión puede mencionar las repercusiones sobre el mercado de la electricidad en sus informes sobre el comercio de derechos de emisión y la utilización de créditos de actividades de proyectos.

               (18)

               Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, la Comisión debe examinar la posibilidad de celebrar acuerdos con los países que figuran en el anexo B de dicho Protocolo que aún no lo han ratificado, a fin de prever el reconocimiento de derechos de emisión entre el régimen comunitario y los regímenes obligatorios de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero que limitan las emisiones absolutas establecidos en dichos países.

               (19)

               Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, la creación de un vínculo entre los mecanismos basados en proyectos de Kioto y el régimen comunitario, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por separado y, por consiguiente, debido a la dimensión y efectos de la presente acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

               (20)

               La Directiva 2003/87/CE debe modificarse en consecuencia.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Modificaciones de la Directiva 2003/87/CE
   La Directiva 2003/87/CE se modifica como sigue:

               1)

               En el artículo 3, se añaden las siguientes letras:

                           «k)

                           “parte incluida en el anexo I”: una parte que figure en la lista del anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que haya ratificado el Protocolo de Kioto según se especifica en el apartado 7 del artículo 1 del Protocolo de Kioto;

                           l)

                           “actividad de proyecto”: una actividad de proyecto aprobada por una o más partes incluidas en el anexo I de conformidad con el artículo 6 o el artículo 12 del Protocolo de Kioto y con las decisiones adoptadas de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto;

                           m)

                           “unidad de reducción de las emisiones (URE)”: una unidad expedida de conformidad con el artículo 6 del Protocolo de Kioto y con las decisiones adoptadas de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto;

                           n)

                           “reducción certificada de las emisiones (RCE)”: una unidad expedida de conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto y con las decisiones adoptadas de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto.»

               2)

               Se insertan los siguientes artículos después del artículo 11:
               «Artículo 11 bis

               Utilización de RCE y URE resultantes de actividades de proyectos en el régimen comunitario
               1.   A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, durante cada período contemplado en el apartado 2 del artículo 11, los Estados miembros podrán autorizar a los titulares a utilizar RCE y URE resultantes de actividades de proyectos en el régimen comunitario hasta un porcentaje de la cantidad de derechos de emisión asignada a cada instalación, que cada Estado miembro deberá especificar en su Plan Nacional de Asignación para dicho período. Esto se llevará a cabo mediante la expedición e inmediata entrega de un derecho de emisión por el Estado miembro a cambio de cada RCE o URE que figure a nombre de dicho titular en el registro nacional.
               2.   A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, durante el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11, los Estados miembros podrán autorizar a los titulares a utilizar RCE resultantes de actividades de proyectos en el régimen comunitario. Esto se llevará a cabo mediante la expedición e inmediata entrega de un derecho de emisión por el Estado miembro a cambio de una RCE. Los Estados miembros deberán cancelar todas las RCE utilizadas por los titulares durante el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11.
               3.   Todas las RCE y URE que sean expedidas y que se puedan usar de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto y las decisiones subsiguientes adoptadas con arreglo a éstos podrán utilizarse en el régimen comunitario:

                           a)

                           exceptuando la obligación para los titulares de abstenerse de utilizar RCE y URE generadas por instalaciones nucleares en el régimen comunitario durante el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11 y en el primer período de cinco años contemplado en el apartado 2 del artículo 11, en reconocimiento del hecho de que, de conformidad con el Protocolo de Kioto y las decisiones subsiguientes adoptadas con arreglo al mismo, los Estados miembros deberán abstenerse de utilizar RCE y URE generadas por dichas instalaciones para cumplir sus compromisos en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Protocolo de Kioto y de la Decisión 2002/358/CE,
                           y

                           b)

                           exceptuando las RCE y URE resultantes de actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura.

                     Artículo 11 ter

               Actividades de proyectos
               1.   Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que las bases de referencia de las actividades de proyectos, según las definan las decisiones subsiguientes adoptadas en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o del Protocolo de Kioto, llevadas a cabo en países firmantes de un Tratado de adhesión a la Unión Europea, cumplan íntegramente el acervo comunitario, incluidas las excepciones temporales establecidas en dicho Tratado de adhesión.
               2.   Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3 y 4, los Estados miembros que acojan actividades de proyectos velarán por que no se expida ninguna URE o RCE por reducciones o limitaciones de emisiones de gases de efecto invernadero de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
               3.   Hasta el 31 de diciembre de 2012, para las actividades de proyectos AC y MDL que reduzcan o limiten directamente las emisiones de una instalación incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, las URE y RCE podrán expedirse únicamente si se cancela un número igual de derechos de emisión por parte del titular de dicha instalación.
               4.   Hasta el 31 de diciembre de 2012, para las actividades de proyectos AC y MDL que reduzcan o limiten indirectamente el nivel de emisiones de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, las URE y RCE podrán expedirse únicamente si se cancela un número igual de derechos de emisión del registro nacional del Estado miembro de origen de las URE o RCE.
               5.   El Estado miembro que autorice a entidades privadas o públicas a participar en actividades de proyectos seguirá siendo responsable del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo de Kioto, y se asegurará de que tal participación sea coherente con las directrices, modalidades y procedimientos pertinentes adoptados de conformidad con la Convención Marco sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto.
               6.   En el caso de actividades de proyectos de producción de energía hidroeléctrica con una capacidad de producción que supere los 20 MW, los Estados miembros se asegurarán, a la hora de aprobar estas actividades de proyectos, de que se respeten, durante el desarrollo de dichas actividades, los criterios y las directrices internacionales pertinentes, incluidas las contempladas en el Informe de noviembre de 2000 de la Comisión Mundial de Represas “Represas y Desarrollo: un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones”.
               7.   Las disposiciones para la aplicación de los apartados 3 y 4, en particular las relativas a la forma de evitar la doble contabilidad, así como cualquier disposición necesaria para la aplicación del apartado 5 cuando la Parte de acogida cumple con todos los requisitos de elegibilidad para participar en las actividades de proyectos AC, se adoptarán de conformidad con el apartado 2 del artículo 23.»

               3)

               El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 17
               Acceso a la información
               Se pondrán a disposición del público, con arreglo a la Directiva 2003/4/CE, las decisiones relativas a la asignación de derechos de emisión, la información sobre las actividades de proyectos en que un Estado miembro participe o autorice a participar a entidades privadas o públicas y los informes de emisiones requeridos con arreglo al permiso de emisión de gases de efecto invernadero y que se encuentren en posesión de la autoridad competente.»

               4)

               Se añade el siguiente párrafo al artículo 18:
               «Los Estados miembros asegurarán, de manera especial, la coordinación entre su punto focal designado para aprobar actividades de proyectos de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del Protocolo de Kioto y su autoridad nacional designada para la aplicación del artículo 12 del Protocolo de Kioto, nombrados respectivamente de conformidad con las decisiones subsiguientes adoptadas en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kioto.»

               5)

               Se añade la siguiente frase al apartado 3 del artículo 19:
               «El presente Reglamento también incluirá disposiciones relativas a la utilización e identificación de RCE y URE en el régimen comunitario y al control del nivel de dicha utilización.»

               6)

               El artículo 21 se modifica como sigue:

                           a)

                           en el apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
                           «Dicho informe prestará especial atención a las disposiciones de asignación de derechos de emisión, a la utilización de URE y RCE en el régimen comunitario, al funcionamiento de los registros, a la aplicación de las directrices de seguimiento y notificación, a la verificación y a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Directiva y al tratamiento fiscal de los derechos de emisión, cuando hubiera.»

                           b)

                           el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
                           «3.   La Comisión organizará un intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros sobre los avances en materia de asignación, de utilización de URE y RCE en el régimen comunitario, de funcionamiento de registros, de seguimiento, notificación, verificación y de cumplimiento de la presente Directiva.»

               7)

               Se inserta el siguiente artículo después del artículo 21:
               «Artículo 21 bis

               Apoyo a actividades de capacitación
               De conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y cualquier decisión subsiguiente adoptada para su aplicación, la Comisión y los Estados miembros se esforzarán por apoyar actividades de creación de capacidades en países en desarrollo y en países con economías en transición para ayudarlos a aprovechar plenamente la AC y el MDL de manera que contribuyan a sus estrategias de desarrollo sostenible y a facilitar la participación de las entidades en el desarrollo y la ejecución de proyectos de AC y MDL.»

               8)

               El artículo 30 se modifica como sigue:

                           a)

                           en el apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

                                       «d)

                                       el uso de créditos procedentes de actividades de proyectos, incluida la necesidad de armonizar la utilización permitida de URE y RCE en el régimen comunitario;»

                           b)

                           en el apartado 2, se añaden las letras siguientes:

                                       «l)

                                       el impacto de los mecanismos de proyectos en los países de acogida, especialmente en sus objetivos de desarrollo, la eventual aprobación de proyectos AC y MDL de producción hidroeléctrica con una capacidad de producción superior a 500 MW y que tengan repercusiones medioambientales o sociales negativas, y la utilización futura de RCE o URE resultantes de tales actividades de proyectos de producción de energía hidroeléctrica en el régimen comunitario;

                                       m)

                                       el apoyo a los esfuerzos de creación de capacidades en los países en desarrollo y en países con economías en transición;

                                       n)

                                       las modalidades y los procedimientos para la aprobación en los Estados miembros de actividades de proyectos nacionales y para la expedición de derechos con respecto a las reducciones o limitaciones de emisiones resultantes de tales actividades a partir de 2008;

                                       o)

                                       las disposiciones técnicas relacionadas con el carácter temporal de los créditos y el límite del 1 % para la admisibilidad de las actividades de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura, tal como establece la Decisión 17/CP.7, y las disposiciones relacionadas con el resultado de la evaluación de riesgos potenciales asociados con la utilización de organismos modificados genéticamente y de especies no autóctonas potencialmente invasivas en actividades de proyectos de forestación y reforestación, con objeto de permitir a los titulares la utilización de RCE y URE resultantes de actividades de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en el régimen comunitario a partir de 2008, de conformidad con las decisiones adoptadas con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o al Protocolo de Kioto.»

                           c)

                           el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
                           «3.   Antes de cada período referido en el apartado 2 del artículo 11, cada Estado miembro publicará en su plan nacional de asignación la utilización prevista de URE y RCE y el porcentaje de la asignación a cada instalación en el que se autoriza a los titulares a utilizar URE y RCE en el régimen comunitario durante ese período. La utilización total de URE y RCE habrá de ser coherente con las obligaciones correspondientes de suplementariedad con arreglo al Protocolo de Kioto y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como a las decisiones adoptadas con arreglo a éstos.
                           Con arreglo al artículo 3 de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto (7), los Estados miembros informarán a la Comisión cada dos años de hasta qué punto la acción interna constituye realmente un elemento importante de los esfuerzos emprendidos a escala nacional, así como hasta qué punto la utilización de mecanismos de proyectos complementa realmente a las medidas nacionales, y la relación entre ambos con arreglo a las disposiciones pertinentes del Protocolo de Kioto y las decisiones adoptadas con arreglo a éste. La Comisión informará a este respecto de acuerdo con el artículo 5 de dicha Decisión. A la vista del informe, la Comisión presentará, si procede, propuestas legislativas o de otro tipo para complementar las disposiciones adoptadas por los Estados miembros con el fin de garantizar que la utilización de los mecanismos complemente a las medidas nacionales en la Comunidad.»

               9)

               Se añade el punto siguiente en el anexo III:

                           «12)

                           El plan especificará la cantidad máxima de RCE y URE que pueden utilizar los titulares en el régimen comunitario como porcentaje de la asignación de derechos de emisión a cada instalación. El porcentaje será coherente con las obligaciones de suplementariedad del Estado miembro con arreglo al Protocolo de Kioto y a las decisiones adoptadas conforme a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o a dicho Protocolo.»

         Artículo 2
   Ejecución
   1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 13 de noviembre de 2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.
   Artículo 3
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 27 de octubre de 2004.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. NICOLAI

      (1)  DO C 80 de 30.3.2004, p. 61.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 13 de septiembre de 2004 (no publicada aún en el Diario Oficial).

      (3)  DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

      (4)  DO L 130 de 15.5.2002, p. 1.

      (5)  DO L 49 de 19.2.2004, p. 1.

      (6)  DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

      (7)  DO L 49 de 19.2.2004, p. 1.


title: Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular

text:
               24.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 348/98

      DIRECTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 16 de diciembre de 2008
   relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 63, punto 3), letra b),
   Vista la propuesta de la Comisión,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 estableció un planteamiento coherente en materia de inmigración y asilo, que abarca a la vez la creación de un sistema común de asilo, una política de inmigración legal y la lucha contra la inmigración ilegal.

               (2)

               El Consejo Europeo de Bruselas de 4 y 5 de noviembre de 2004 pidió que se estableciera una política eficaz de expulsión y repatriación, basada en normas comunes, para que las personas sean retornadas humanamente y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad.

               (3)

               El 4 de mayo de 2005, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó «Veinte directrices sobre el retorno forzoso».

               (4)

               Es necesario fijar normas claras, transparentes y justas para establecer una política efectiva de retorno como un elemento necesario de una política migratoria bien gestionada.

               (5)

               Conviene que la presente Directiva establezca un conjunto horizontal de normas aplicable a todos los nacionales de terceros países que no cumplen o que han dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en un Estado miembro.

               (6)

               Procede que los Estados miembros se aseguren de que la finalización de la situación irregular de nacionales de terceros países se lleve a cabo mediante un procedimiento justo y transparente. De conformidad con los principios generales del Derecho comunitario, las decisiones que se tomen en el marco de la presente Directiva deben adoptarse de manera individualizada y fundándose en criterios objetivos, lo que implica que se deben tener en cuenta otros factores además del mero hecho de la situación irregular. Cuando se usen formularios tipo para las decisiones relativas al retorno, es decir, las decisiones de retorno, y, si se dictan, las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión, los Estados miembros deben respetar este principio y dar pleno cumplimiento a todas las disposiciones aplicables de la presente Directiva.

               (7)

               A fin de facilitar el proceso de retorno se destaca la necesidad de que haya acuerdos de readmisión comunitarios y bilaterales con terceros países. La cooperación internacional con los países de origen en todas las fases del proceso de retorno constituye un requisito previo para la consecución de un retorno sostenible.

               (8)

               Se reconoce que es legítimo que los Estados miembros hagan retornar a los nacionales de terceros países en situación irregular, siempre y cuando existan sistemas de asilo justos y eficientes que respeten plenamente el principio de no devolución.

               (9)

               Con arreglo a la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (2), no se debe considerar que el nacional de un tercer país que haya solicitado asilo en un Estado miembro se halla en situación irregular en el territorio de dicho Estado miembro hasta que entre en vigor una decisión desestimatoria de la solicitud o que ponga fin a su derecho de estancia como solicitante de asilo.

               (10)

               En los casos en que no haya razones para creer que con ello se dificulte el objetivo del procedimiento de retorno, debe preferirse el retorno voluntario al forzoso y concederse un plazo para la salida voluntaria. Debe preverse una ampliación del plazo para la salida voluntaria cuando se considere necesario debido a las circunstancias específicas del caso concreto. Con objeto de fomentar el retorno voluntario, los Estados miembros deben facilitar una mayor asistencia y asesoramiento para el retorno y deben hacer el mejor uso posible de las posibilidades de financiación pertinentes ofrecidas en el marco del Fondo Europeo para el Retorno.

               (11)

               Debe establecerse un conjunto mínimo común de garantías jurídicas respecto de las decisiones relativas al retorno para garantizar una protección eficaz de los intereses de las personas de que se trate. Debe facilitarse la asistencia jurídica necesaria a aquellas personas que no dispongan de recursos suficientes. Los Estados miembros deben prever en su legislación nacional los casos en que se considera necesaria la asistencia jurídica.

               (12)

               Debe abordarse la situación de los nacionales de terceros países que están en situación irregular pero que todavía no pueden ser expulsados. Procede definir sus condiciones básicas de subsistencia según la legislación nacional. Para poder demostrar su situación concreta en el caso de controles o verificaciones administrativas, es preciso proporcionar a estas personas una confirmación escrita de su situación. Los Estados miembros deben disfrutar de amplia discreción sobre la forma y formato de la confirmación escrita y deben también poder incluirla en las decisiones relativas al retorno adoptadas en virtud de la presente Directiva.

               (13)

               Debe supeditarse expresamente el uso de medidas coercitivas a los principios de proporcionalidad y eficacia por lo que se refiere a los medios utilizados y a los objetivos perseguidos. Se deben establecer garantías mínimas para el desarrollo del retorno forzoso, teniendo en cuenta la Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión (3). Los Estados miembros deben poder contar con distintas posibilidades para controlar el retorno forzoso.

               (14)

               Debe darse una dimensión europea a los efectos de las medidas nacionales de retorno, mediante el establecimiento de una prohibición de entrada que impida la entrada y la estancia en el territorio de todos los Estados miembros. La duración de la prohibición de entrada debe asimismo determinarse teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes de cada caso individual y normalmente no debe exceder de cinco años. A este respecto, debe tenerse particularmente en cuenta el hecho de que el nacional de un tercer país en cuestión haya sido objeto de más de una decisión de retorno u orden de expulsión o que haya entrado en el territorio de un Estado miembro estando en vigor una prohibición de entrada.

               (15)

               Debe corresponder a los Estados miembros decidir si la revisión de decisiones relativas al retorno implica o no la potestad para la autoridad o el órgano que las revisa de sustituir la decisión previa por su propia decisión relativa al retorno.

               (16)

               El recurso al internamiento a efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al principio de proporcionalidad por lo que se refiere a los medios utilizados y a los objetivos perseguidos. Solo se justifica el internamiento para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, y si la aplicación de medidas menos coercitivas no es suficiente.

               (17)

               Debe darse a los nacionales de terceros países en régimen de internamiento un trato digno y humano que respete sus derechos fundamentales y se ajuste al Derecho internacional y nacional. Sin perjuicio de la detención inicial por los servicios policiales, regulada por la legislación nacional, el internamiento debe llevarse a cabo, por regla general, en centros especializados de internamiento.

               (18)

               Los Estados miembros deben poder acceder rápidamente a la información sobre prohibiciones de entrada expedidas por otros Estados miembros. Este intercambio de información debe efectuarse de conformidad con el Reglamento (CE) no 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (4).

               (19)

               La cooperación entre las instituciones implicadas en el proceso de retorno en todos sus niveles y el intercambio y fomento de las mejores prácticas deben acompañar la ejecución de la presente Directiva y proporcionar un valor añadido europeo.

               (20)

               Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas comunes sobre retorno, expulsión, uso de medidas coercitivas, internamiento y prohibición de entrada, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

               (21)

               Los Estados miembros deben aplicar la presente Directiva sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

               (22)

               En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, el «interés superior del niño» debe ser una consideración primordial de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva. De conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el respeto de la vida familiar debe ser una consideración primordial de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva.

               (23)

               La aplicación de la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967.

               (24)

               La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (25)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. Dado que, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen (5), la presente Directiva desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en virtud del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, decidirá en un período de seis meses a partir de la adopción de la presente Directiva, si la incorpora a su legislación nacional.

               (26)

               En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, la presente Directiva desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Reino Unido no participa con arreglo a la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (6); por otra parte, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculado por la misma en su totalidad ni sujeto a su aplicación.

               (27)

               En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, la presente Directiva desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa con arreglo a la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (7); por otra parte, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por la misma en su totalidad ni sujeta a su aplicación.

               (28)

               Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Directiva, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (8), sobre determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

               (29)

               Por lo que se refiere a Suiza, la presente Directiva, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (9), sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de dicho Acuerdo.

               (30)

               Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Directiva, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/261/CE del Consejo (10), sobre la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y la aplicación provisional de algunas disposiciones de dicho Protocolo.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   CAPÍTULO I
   DISPOSICIONES GENERALES
   Artículo 1
   Objeto
   La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos.
   Artículo 2
   Ámbito de aplicación
   1.   La presente Directiva se aplicará a los nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de un Estado miembro.
   2.   Los Estados miembros podrán decidir no aplicar la presente Directiva a los nacionales de terceros países:

               a)

               a los que se deniegue la entrada con arreglo al artículo 13 del Código de fronteras Schengen, o que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro;

               b)

               que estén sujetos a medidas de retorno que sean constitutivas de sanciones penales o consecuencia de sanciones penales, con arreglo a la legislación nacional, o que estén sujetos a procedimientos de extradición.

         3.   La presente Directiva no se aplicará a los beneficiarios del derecho comunitario a la libre circulación, con arreglo a la definición del artículo 2, apartado 5, del Código de fronteras Schengen.
   Artículo 3
   Definiciones
   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

               1)

               «nacional de un tercer país» cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Tratado y que no sea un beneficiario del derecho comunitario a la libre circulación con arreglo a la definición del artículo 2, apartado 5, del Código de fronteras Schengen;

               2)

               «situación irregular» la presencia en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones de entrada establecidas en el artículo 5 del Código de fronteras Schengen u otras condiciones de entrada, estancia o residencia en ese Estado miembro;

               3)

               «retorno» el proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, bien sea en acatamiento voluntario de una obligación de retorno, bien de modo forzoso a:

                           —

                           su país de origen, o

                           —

                           un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo, u

                           —

                           otro tercer país al que el nacional de un tercer país decida volver voluntariamente y en el cual será admitido;

               4)

               «decisión de retorno» una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación de retorno;

               5)

               «expulsión» la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro;

               6)

               «prohibición de entrada» una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se prohíba la entrada y la estancia en el territorio de los Estados miembros por un período de tiempo determinado, unida a una decisión de retorno;

               7)

               «riesgo de fuga» la existencia de motivos en un caso concreto que se basen en criterios objetivos definidos por ley y que hagan suponer que un nacional de un tercer país sujeto a procedimientos de retorno pueda fugarse;

               8)

               «salida voluntaria» el cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno;

               9)

               «personas vulnerables» los menores, los menores no acompañados, las personas discapacitadas, los ancianos, las mujeres embarazadas, los padres solos con hijos menores y las personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.

         Artículo 4
   Disposiciones más favorables
   1.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables de:

               a)

               acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Comunidad o la Comunidad y sus Estados miembros y uno o varios terceros países;

               b)

               acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países.

         2.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualquier disposición del acervo comunitario en el ámbito de la inmigración y del asilo que pueda ser más favorable para el nacional de un tercer país.
   3.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para las personas a quienes se aplica, a condición de que tales disposiciones sean compatibles con la presente Directiva.
   4.   Por lo que respecta a los nacionales de terceros países excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra a), los Estados miembros:

               a)

               se asegurarán de que el trato y el nivel de protección no sean menos favorables que los establecidos en el artículo 8, apartados 4 y 5 (limitaciones al recurso a medidas coercitivas), el artículo 9, apartado 2, letra a) (aplazamiento de la expulsión), el artículo 14, apartado 1, letras b) y d) (asistencia sanitaria urgente y toma en consideración de las necesidades de las personas vulnerables) y los artículos 16 y 17 (condiciones del internamiento), y

               b)

               respetarán el principio de no devolución.

         Artículo 5
   No devolución, interés superior del niño vida familiar y estado de salud
   Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta:

               a)

               el interés superior del niño,

               b)

               la vida familiar,

               c)

               el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate,

         y respetarán el principio de no devolución.
   CAPÍTULO II
   FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN IRREGULAR
   Artículo 6
   Decisión de retorno
   1.   Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5.
   2.   A los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y sean titulares de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro se les exigirá que se dirijan de inmediato al territorio de dicho Estado miembro. En caso de que el nacional de un tercer país de que se trate no cumpla esta exigencia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de orden público o de seguridad nacional, se aplicará el apartado 1.
   3.   Los Estados miembros podrán abstenerse de dictar una decisión de retorno contra un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio si otro Estado miembro se hace cargo del mencionado nacional en virtud de acuerdos o convenios bilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. En ese caso, el Estado miembro que se haya hecho cargo del nacional de un tercer país de que se trate aplicará el apartado 1.
   4.   Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará ninguna decisión de retorno. De haberse ya dictado, se revocará la decisión de retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia o de otra autorización que otorgue un derecho de estancia.
   5.   Si el nacional de un tercer país que se halla en situación irregular en el territorio de un Estado miembro tiene pendiente un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho de estancia, el Estado miembro considerará la posibilidad de abstenerse de dictar una decisión de retorno hasta que finalice el procedimiento pendiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.
   6.   La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros adoptar una decisión sobre la finalización de la situación regular, unida a una decisión de retorno y/o de expulsión y/o a una prohibición de entrada, en una única decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, si así lo dispone su legislación nacional, sin perjuicio de las garantías procedimentales previstas en el Capítulo III y otras disposiciones pertinentes del Derecho comunitario y nacional.
   Artículo 7
   Salida voluntaria
   1.   La decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4. Los Estados miembros podrán disponer en su legislación nacional que este plazo se concederá únicamente a petición del nacional de un tercer país interesado. En tal caso, los Estados miembros informarán a los nacionales de terceros países de que se trate de la posibilidad de presentar una solicitud en este sentido.
   El plazo establecido en el párrafo primero no excluirá la posibilidad para los nacionales de terceros países de una salida anticipada.
   2.   Los Estados miembros prorrogarán cuando sea necesario el plazo de salida voluntaria durante un tiempo prudencial, atendiendo a las circunstancias concretas del caso de que se trate, como son la duración de la estancia, la existencia de niños escolarizados y la existencia de otros vínculos familiares y sociales.
   3.   Durante el plazo de salida voluntaria podrán imponerse determinadas obligaciones para evitar el riesgo de fuga, tales como la presentación periódica ante las autoridades, el depósito de una fianza adecuada, la entrega de documentos o la obligación de permanecer en un lugar determinado.
   4.   Si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria, o podrán conceder un periodo inferior a siete días.
   Artículo 8
   Expulsión
   1.   Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir la decisión de retorno cuando no se haya concedido un plazo para la salida voluntaria de conformidad con el artículo 7, apartado 4, o cuando no se haya cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo para la salida voluntaria concedido de conformidad con el artículo 7.
   2.   En caso de que un Estado miembro haya concedido un plazo para la salida voluntaria de conformidad con el artículo 7, la decisión de retorno sólo podrá hacerse cumplir una vez haya expirado dicho plazo, a no ser que durante el mismo surgiera un riesgo a tenor del artículo 7, apartado 4.
   3.   Los Estados miembros podrán adoptar por separado una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se ordene la expulsión.
   4.   En los casos en que los Estados miembros utilicen, como último recurso, medidas coercitivas para llevar a cabo la expulsión de un nacional de un tercer país que se oponga a su expulsión, tales medidas serán proporcionadas y la fuerza ejercida no irá más allá de lo razonable. Se aplicarán según establezca la legislación nacional, de conformidad con los derechos fundamentales y con el debido respeto a la dignidad y la integridad física del nacional de un tercer país de que se trate.
   5.   Al llevar a cabo expulsiones por vía aérea, los Estados miembros tendrán en cuenta las Directrices comunes sobre las normas de seguridad en las expulsiones conjuntas por vía aérea anejas a la Decisión 2004/573/CE.
   6.   Los Estados miembros crearán un sistema eficaz de control del retorno forzoso.
   Artículo 9
   Aplazamiento de la expulsión
   1.   Los Estados miembros aplazarán la expulsión:

               a)

               cuando ésta vulnere el principio de no devolución, o

               b)

               mientras se le otorgue efecto suspensivo de acuerdo con el artículo 13, apartado 2.

         2.   Los Estados miembros podrán aplazar la expulsión durante un período oportuno de tiempo, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto. En particular, los Estados miembros tendrán en cuenta:

               a)

               el estado físico o la capacidad mental del nacional de un tercer país;

               b)

               razones técnicas, tales como la falta de capacidad de transporte o la imposibilidad de ejecutar la expulsión debido a la falta de identificación.

         3.   Si se aplaza una expulsión, tal y como se establece en los apartados 1 y 2, podrán imponerse las obligaciones establecidas en el artículo 7, apartado 3, al nacional de un tercer país de que se trate.
   Artículo 10
   Retorno y expulsión de menores no acompañados
   1.   Antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la asistencia de los servicios pertinentes distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del retorno, teniendo debidamente en cuenta el interés superior del niño.
   2.   Antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno.
   Artículo 11
   Prohibición de entrada
   1.   Las decisiones de retorno deberán ir acompañadas de una prohibición de entrada:

               a)

               si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria, o

               b)

               si la obligación de retorno no se ha cumplido.

         En otros casos, las decisiones de retorno podrán ir acompañadas de una prohibición de entrada.
   2.   La duración de la prohibición de entrada se determinará con la debida consideración de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto y, en principio, su vigencia no excederá de cinco años. Podrá sin embargo exceder de cinco años si el nacional de un tercer país representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
   3.   Los Estados miembros considerarán la posibilidad de revocar o suspender la prohibición de entrada dictada de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, contra un nacional de un tercer país si éste puede demostrar qua ha abandonado el territorio del Estado miembro en pleno cumplimiento de una decisión de retorno.
   Las víctimas de la trata de seres humanos a quienes se haya concedido un permiso de residencia de conformidad con la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (11) no estarán sujetas a prohibición de entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letra b), a condición de que el nacional de un tercer país de que se trate no represente una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
   Los Estados miembros podrán abstenerse de dictar, revocar o suspender una prohibición de entrada en casos concretos, por motivos humanitarios.
   Los Estados miembros podrán revocar o suspender una prohibición de entrada en casos concretos o para determinados tipos de casos, por otros motivos.
   4.   En caso de que un Estado miembro estudie la posibilidad de expedir un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia a un nacional de un tercer país que esté sujeto a una prohibición de entrada dictada por otro Estado miembro, consultará en primer lugar al Estado miembro que haya dictado la prohibición de entrada y tendrá en cuenta sus intereses, de conformidad con el artículo 25 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (12).
   5.   Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin perjuicio del derecho a la protección internacional, tal como lo define el artículo 2, letra a), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (13), en los Estados miembros.
   CAPÍTULO III
   GARANTÍAS PROCEDIMENTALES
   Artículo 12
   Forma
   1.   Las decisiones de retorno y —si se dictan— las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión se dictarán por escrito y consignarán los fundamentos de hecho y de derecho, así como información sobre las vías de recurso de que se dispone.
   La información sobre los fundamentos de hecho podrá sujetarse a limitaciones en los casos en que el Derecho nacional permita la restricción del derecho de información, en particular para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y para la prevención, investigación, detección y persecución de delitos.
   2.   Los Estados miembros proporcionarán, previa petición, una traducción escrita u oral de los principales elementos de las decisiones relativas al retorno, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, incluida información sobre las vías de recurso disponibles, en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda o pueda suponerse razonablemente que comprende.
   3.   Los Estados miembros podrán decidir no aplicar el apartado 2 a los nacionales de terceros países que hayan entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y que no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en él.
   En tales casos, las decisiones relativas al retorno a que se refiere el apartado 1 se consignarán a través de un formulario tipo según disponga la legislación nacional.
   Los Estados miembros facilitarán folletos informativos generales en los que se explicarán los principales elementos del formulario tipo en al menos cinco de las lenguas que con mayor frecuencia utilicen o comprendan los inmigrantes ilegales que llegan al Estado miembro de que se trate.
   Artículo 13
   Vías de recurso
   1.   Se concederá al nacional de un tercer país de que se trate el derecho efectivo a interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se revisen éstas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, ante un órgano jurisdiccional, una autoridad administrativa u otro órgano competente compuesto por miembros imparciales y con garantías de independencia.
   2.   La autoridad u órgano mencionados en el apartado 1 serán competentes para revisar las decisiones relativas al retorno a que se refiere el artículo 12, apartado 1, pudiendo asimismo suspender temporalmente su ejecución, salvo cuando la suspensión temporal sea ya de aplicación en virtud de la legislación nacional.
   3.   El nacional de un tercer país de que se trate tendrá la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico, representación y, en su caso, asistencia lingüística.
   4.   Los Estados miembros velarán por que la asistencia jurídica y/o la representación legal necesaria se conceda, previa solicitud, de forma gratuita con arreglo a la legislación nacional pertinente o las normas relativas a la asistencia jurídica gratuita, y podrán disponer que tal asistencia jurídica y/o representación legal gratuita esté sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 15, apartados 3 a 6, de la Directiva 2005/85/CE.
   Artículo 14
   Garantías a la espera del retorno
   1.   Los Estados miembros velarán, con excepción de la situación cubierta por los artículos 16 y 17, por que se tengan en cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes principios en relación con los nacionales de terceros países durante el plazo para la salida voluntaria concedido de conformidad con el artículo 7 y durante los períodos de aplazamiento de la expulsión de conformidad con el artículo 9:

               a)

               mantenimiento de la unidad familiar con los miembros de la familia presentes en su territorio;

               b)

               prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades;

               c)

               acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de enseñanza básica;

               d)

               consideración hacia las necesidades especiales de las personas vulnerables.

         2.   Los Estados miembros proporcionarán a las personas mencionadas en el apartado 1 confirmación escrita, de conformidad con la legislación nacional, de que se ha prorrogado el plazo para la salida voluntaria, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, o de que la decisión de retorno no se ejecutará temporalmente.
   CAPÍTULO IV
   INTERNAMIENTO A EFECTOS DE EXPULSIÓN
   Artículo 15
   Internamiento
   1.   Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo, los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno, únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, especialmente cuando:

               a)

               haya riesgo de fuga, o

               b)

               el nacional de un tercer país de que se trate evite o dificulte la preparación del retorno o el proceso de expulsión.

         Cualquier internamiento será lo más corto posible y sólo se mantendrá mientras estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión.
   2.   El internamiento será ordenado por las autoridades administrativas o judiciales.
   El internamiento será ordenado por escrito indicando los fundamentos de hecho y de derecho.
   Cuando el internamiento haya sido ordenado por una autoridad administrativa, los Estados miembros:

               a)

               establecerán un control judicial rápido de la legalidad del internamiento, que deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible desde el comienzo del internamiento, o

               b)

               concederán al nacional de un tercer país de que se trate el derecho de incoar un procedimiento para que se someta a control judicial rápido la legalidad de su internamiento, que deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible desde la incoación del procedimiento. En este caso, los Estados miembros informarán inmediatamente al nacional de un tercer país de que se trate sobre la posibilidad de incoar dicho procedimiento.

         El nacional de un tercer país de que se trate será puesto en libertad inmediatamente si el internamiento es ilegal.
   3.   En todos los casos, se revisará la medida de internamiento a intervalos razonables cuando así lo solicite el nacional de un tercer país de que se trate o de oficio. En caso de periodos de internamiento prolongados, las revisiones estarán sometidas a la supervisión de una autoridad judicial.
   4.   Cuando parezca haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión, bien por motivos jurídicos o por otras consideraciones, o que hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, dejará de estar justificado el internamiento y la persona de que se trate será puesta en libertad inmediatamente.
   5.   El internamiento se mantendrá mientras se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 y sea necesario para garantizar que la expulsión se lleve a buen término. Cada Estado miembro fijará un período limitado de internamiento, que no podrá superar los seis meses.
   6.   Los Estados miembros sólo podrán prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 por un periodo limitado no superior a doce meses más, con arreglo a la legislación nacional, en los casos en que, pese a haber desplegado por su parte todos los esfuerzos razonables, pueda presumirse que la operación de expulsión se prolongará debido a:

               a)

               la falta de cooperación del nacional de un tercer país de que se trate, o

               b)

               demoras en la obtención de terceros países de la documentación necesaria.

         Artículo 16
   Condiciones del internamiento
   1.   Como norma general, el internamiento se llevará a cabo en centros de internamiento especializados. En los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios.
   2.   Previa petición, se autorizará a los nacionales de terceros países en régimen de internamiento a que entren en contacto en el momento oportuno con sus representantes legales, los miembros de su familia y las autoridades consulares competentes.
   3.   Se prestará particular atención a la situación de las personas vulnerables. Se les dispensará atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las enfermedades.
   4.   Las organizaciones y los organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes y competentes podrán visitar los centros de internamiento a que se refiere el apartado 1, en la medida en que se utilicen para el internamiento de nacionales de terceros países con arreglo al presente capítulo. Tales visitas podrán estar sujetas a autorización previa.
   5.   Los nacionales de terceros países en régimen de internamiento recibirán de forma sistemática información sobre las normas aplicables en el centro y sobre sus derechos y obligaciones, incluida información sobre su derecho, con arreglo a la legislación nacional, a ponerse en contacto con las organizaciones y organismos a que se refiere el apartado 4.
   Artículo 17
   Internamiento de menores y familias
   1.   Los menores no acompañados y las familias con menores sólo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible.
   2.   A las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad.
   3.   Se dará a los menores internados la posibilidad de participar en actividades de ocio, incluidos juegos y actividades recreativas adecuados a su edad, y, dependiendo de la duración de su estancia, tendrán acceso a la educación.
   4.   A los menores no acompañados se les facilitará, en la medida de lo posible, alojamiento en instituciones con personal e instalaciones que tengan en cuenta las necesidades propias de su edad.
   5.   El interés superior del niño deberá ser una consideración de primer orden en el internamiento de los menores en espera de expulsión.
   Artículo 18
   Situaciones de emergencia
   1.   En situaciones en que un número excepcionalmente importante de nacionales de terceros países que deban ser retornados plantee una importante carga imprevista para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado miembro o para su personal administrativo o judicial, dicho Estado miembro podrá, mientras persista dicha situación excepcional, decidir autorizar períodos más largos para el control judicial que los establecidos en el artículo 15, apartado 2, párrafo tercero, y tomar medidas urgentes con respecto a las condiciones de internamiento que se aparten de las fijadas en el artículo 16, apartado 1, y en el artículo 17, apartado 2.
   2.   Cuando recurra a tales medidas excepcionales, el Estado miembro de que se trate informará a la Comisión. También informará a la Comisión tan pronto como desaparezcan las razones que justificaban la aplicación de dichas medidas excepcionales.
   3.   El presente artículo no se interpretará de tal modo que permita a los Estados miembros apartarse de su obligación general de tomar todas las medidas adecuadas, generales o particulares, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la presente Directiva.
   CAPÍTULO V
   DISPOSICIONES FINALES
   Artículo 19
   Información
   La Comisión informará cada tres años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá, en su caso, modificaciones.
   La Comisión informará por primera vez a más tardar el 24 de diciembre de 2013, en cuya ocasión se centrará en particular en la aplicación en los Estados miembros del artículo 11, del artículo 13, apartado 4, y del artículo 15. Por lo que respecta al artículo 13, apartado 4, la Comisión evaluará en particular el impacto financiero y administrativo adicional en los Estados miembros.
   Artículo 20
   Incorporación al Derecho nacional
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2010. Por lo que respecta al artículo 13, apartado 4, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2011. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 21
   Relación con el Convenio de Schengen
   La presente Directiva sustituye las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
   Artículo 22
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 23
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

      Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2008.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Por el Consejo

            El Presidente

         B. LE MAIRE

      (1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de junio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 9 de diciembre de 2008.

      (2)  DO L 326 de 13.12.2005, p. 13.

      (3)  DO L 261 de 6.8.2004, p. 28.

      (4)  DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.

      (5)  Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 105 de 13.4.2006, p. 1).

      (6)  DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

      (7)  DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

      (8)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

      (9)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.

      (10)  DO L 83 de 26.3.2008, p. 3.

      (11)  DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.

      (12)  DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.

      (13)  DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.


Avis juridique important

|

31975L0439

Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados

Diario Oficial n° L 194 de 25/07/1975 p. 0023 - 0025 Edición especial griega: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0077  Edición especial en español: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0091  Edición especial en portugués: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0091  Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 1 p. 0229  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0229

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 16 de junio de 1975    relativa a la gestión de aceites usados     ( 75/439/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , sus   artículos 100 y 235 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité económico y   social (2) ,    Considerando que una disparidad entre las   disposiciones aplicables o en preparación en los   distintos Estados miembros en lo relativo a la gestión   de los aceites usados podría crear unas   condiciones de competencias desiguales y tener ,   por este hecho , una incidencia directa sobre el   funcionamiento del mercado común ; que es conveniente   por lo tanto proceder en este ámbito a la   aproximación de las legislaciones prevista en   el artículo 100 del Tratado ;    Considerando que parece necesario acompañar esta   aproximación de las legislaciones con una acción de la   Comunidad tendente a realizar , mediante una regulación   más amplia , uno de los objetivos de la Comunidad en el   ámbito de la protección del medio ambiente ; que   es conveniente , por lo tanto , prever a tal fin   determinadas disposiciones específicas ; que dado   que los poderes de acción necesarios a tal fin no   están previstos por el Tratado , es conveniente   recurrir al artículo 235 del mismo ;    Considerando que toda regulación en materia de gestión   de aceites usados debe tener como uno de sus objetivos   esenciales la protección del medio ambiente contra los   efectos perjudiciales causados por la evacuación , el   depósito o el tratamiento de dichos aceites ;    Considerando que la reutilización de los aceites usados   puede contribuir a una política de abastecimiento en   combustibles ;    Considerando que el Programa de acción de las   Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (3)   pone de relieve la importancia del problema de la gestión   de los aceites usados sin perjuicio del medio ambiente ;    Considerando que las cantidades de aceites usados y ,   en particular , de emulsiones , han aumentado en la   Comunidad ;    Considerando que un sistema eficaz y coherente de   tratamiento de dichos aceites , que no entorpezca los   intercambios intracomunitarios y que no afecte a las   condiciones de competencia , debe aplicarse a todos estos   productos , incluyendo a los compuestos sólo en parte   de aceite , y prever su tratamiento inocuo en unas   condiciones económicamente satisfactorias ;    Considerando que un sistema de esta índole debe   regular el tratamiento , la evacuación , el depósito y   la recogida de los aceites usados y prever un mecanismo para   autorizar a las empresas que gestionen estos aceites ,   la recogida y/o el tratamiento obligatorios de estos   aceites en determinados casos , así como unos   procedimientos de control adecuados ;    Considerando que , en el caso de que determinadas   empresas estén obligadas a proceder a la recogida y/o al   tratamiento de aceites usados , la parte de sus   costes resultantes no cubierta por sus ingresos debe poder   compensarse mediante indemnizaciones y que éstas pueden   financiarse , entre otros por medio de un canon sobre   los aceites nuevos o regenerados ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    Para la aplicación de la presente Directiva , se   entenderá por aceite usado todo producto usado   semi-líquido o líquido compuesto entera o   parcialmente de aceite normal o de aceite   sintético , incluyendo los residuos aceitosos de   cisterna , las mezclas agua-aceite y las emulsiones .    Artículo 2    Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias   para asegurar la recogida y el tratamiento y evacuación   inofensivos de los aceites usados .    Artículo 3    Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias   para que , en la medida de lo posible , el tratamiento de los   aceites usados se efectúe para su reutilización   ( regeneración y/o combustión con fines que no sean   la destrucción ) .    Artículo 4    Los Estados miembros tomarán todas las medidas   necesarias para prohibir :    1 . toda evacuación de aceites usados en las aguas   interiores de superficie , las aguas subterráneas , las   aguas costeras y las canalizaciones ,    2 . cualquier depósito y/o cualquier evacuación de   aceites usados que tuvieren efectos nocivos sobre el   suelo , así como cualquier depósito o evacuación   no controlados de residuos procedentes de la transformación   de aceites usados ,    3 . cualquier tratamiento de aceites usados que   provoque una contaminación del aire superior al nivel   establecido por las disposiciones vigentes .    Artículo 5    En el caso de que los objetivos definidos en los   artículos 2 , 3 y 4 no se pudieren alcanzar de otro modo ,   los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para   que una o varias empresas efectúen la recogida de los   productos ofrecidos por los poseedores y/o el   tratamiento y depósito de dichos productos , en su caso ,   en la zona que les asignara la administración competente .    Artículo 6    Para cumplir las medidas adoptadas en virtud del   artículo 4 , cualquier empresa que gestione aceites   usados deberá obtener una autorización .    Dicha autorización será concedida por la   administración competente , en la medida que sea   necesaria previo examen de las instalaciones ; ella   impondrá las condiciones que el estado de la   técnica hace necesarias .    Artículo 7    Todo aquel que tenga aceites usados deberá , si no   puede cumplir las medidas adoptadas en virtud del   artículo 4 , ponerlos a disposición de las empresas   contempladas en el artículo 5 .    Artículo 8    Los poseedores de determinadas cantidades de aceites   usados que contuvieran impurezas superiores a   determinados porcentajes , deberán manipularlos y   almacenarlos por separado .    Las autoridades competentes determinarán ,   eventualmente por categoría de productos , las cantidades   y los porcentajes contemplados en el párrafo primero .    Artículo 9    Las empresas que recojan y/o traten los aceites usados   deberán efectuar dichas operaciones sin que ello   ocasione unos perjuicios evitables para el agua , el   aire o el suelo .    Artículo 10    Cualquier establecimiento que produzca , recoja y/o trate   aceites usados en una cantidad mayor que aquella que cada   Estado miembro determinará , pero que no podrá   superar los 500 litros por año , deberá :     - llevar un registro que contenga indicaciones sobre las   cantidades , la calidad , el origen y la localización ,   así como a la entrega y recepción , mencionando en   particular la fecha de estas últimas ,    y/o     - notificar estas informaciones a la administración   competente a petición de ésta .    Los Estados miembros estarán autorizados a determinar   la cantidad de aceites usados con arreglo al párrafo   primero , en función del equivalente en aceite nuevo   calculado mediante un coeficiente de conversión   razonable .    Artículo 11    Cualquier empresa que gestione aceites usados deberá   comunicar a las autoridades competentes , a petición de   éstas , cualquier información relativa al tratamiento   o al depósito de estos aceites usados o de sus residuos .    Artículo 12    Las empresas contempladas en el artículo 6 serán   controladas periódicamente por la administración   competente , en particular en lo que se refiere al   cumplimiento de las condiciones de autorización .    Artículo 13    Como contrapartida a las obligaciones impuestas por los   Estados miembros en aplicación del artículo 5 , las   empresas de recogida y/o de tratamiento podrán   beneficiarse de compensaciones por los servicios prestados .   Dichas compensaciones no deberán superar los costes anuales   no cubiertos y comprobados realmente de las empresas ,   teniendo en cuenta un beneficio razonable .    Dichas compensaciones no deberán crear distorsiones   significativas en la competencia ni crear corrientes   artificiales de intercambios de productos .    Artículo 14    Las compensaciones podrán financiarse por medio de ,   entre otros , un canon percibido sobre los productos que   después del uso se transformarán en aceites usados .    La financiación de las compensaciones deberá ser   conforme al principio de « quien contamina , paga » .    Artículo 15    Cada Estado miembro comunicará periódicamente a la   Comisión sus conocimientos técnicos al igual que las   experiencias y resultados que se desprenden de la   aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud de   la presente Directiva .    La Comisión transmitirá a los Estados miembros una   relación de conjunto de estas informaciones .    Artículo 16    Los Estados miembros redactarán cada tres años   un informe sobre el estado de la gestión de los   aceites usados en su país y lo transmitirán a la   Comisión .    Artículo 17    Los Estados miembros aplicarán las medidas necesarias   para cumplir la presente Directiva en un plazo   de veinticuatro meses a contar desde su notificación   e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    Artículo 18    Las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en   virtud de la presente Directiva podrán aplicarse   progresivamente a las empresas contempladas en el   artículo 6 y existentes en el momento de la   notificación de la presente Directiva , en un plazo   de cuatro años a contar desde dicha notificación .    Artículo 19    Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que   adoptaren en el ámbito regulado por la presente   Directiva .    Artículo 20    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 16 de junio de 1975 .    Por el Consejo    El Presidente    R. RYAN    (1) DO n º C 85 de 18 . 7 . 1974 , p. 6 .    (2) DO n º C 125 de 16 . 10 . 1974 , p. 33 .    (3) DO n º C 112 de 20 . 12 . 1973 , p. 3 .