title: Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010 , sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas

text:
               31.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 84/1

         DIRECTIVA 2010/24/UE DEL CONSEJO
   de 16 de marzo de 2010
   sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 113 y 115,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
   De conformidad con el procedimiento legislativo especial,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La asistencia mutua entre Estados miembros en materia de cobro de sus créditos recíprocos y de los créditos de la Unión en relación con determinados impuestos y otras medidas contribuye al buen funcionamiento del mercado interior y garantiza la neutralidad fiscal, y además ha permitido a los Estados miembros suprimir medidas protectoras de carácter discriminatorio en las transacciones transfronterizas, destinadas a prevenir el fraude y las pérdidas presupuestarias.

               (2)

               La Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana (3) estableció por primera vez mecanismos de asistencia mutua en materia de cobro. Dicha Directiva y sus actos de modificación se codificaron mediante la Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (4).

               (3)

               No obstante, los citados mecanismos, aun representando un primer paso hacia el perfeccionamiento de los procedimientos de cobro en la Unión, merced a la aproximación de las normas nacionales aplicables, se han revelado insuficientes para satisfacer las necesidades derivadas de la evolución que el mercado interior ha experimentado a lo largo de los últimos 30 años.

               (4)

               A fin de proteger más adecuadamente los intereses financieros de los Estados miembros y la neutralidad del mercado interior, es necesario hacer extensivo el ámbito de aplicación de la asistencia mutua en materia de cobro a los créditos correspondientes a impuestos y derechos que no se benefician aún de dicha asistencia mutua, mientras que para hacer frente al creciente número de peticiones de asistencia y lograr mejores resultados es imprescindible mejorar la eficiencia y la eficacia de la asistencia y facilitarla en la práctica. Para alcanzar los objetivos propuestos se requiere realizar importantes adaptaciones, por lo que una mera modificación de la actual Directiva 2008/55/CE no bastaría. Por tanto, debe derogarse dicha Directiva y sustituirla por un nuevo instrumento jurídico que se apoye en los logros alcanzados por la misma y establezca normas más claras y precisas cuando sea necesario.

               (5)

               Una normativa más clara fomentará un intercambio más amplio de información entre los Estados miembros y garantizará la cobertura de todas las personas naturales y jurídicas dentro de la Unión, teniendo presente la gama cada vez mayor de modalidades legales, incluidas no solo modalidades tradicionales como los fondos fiduciarios y las fundaciones, sino cualquier instrumento nuevo que pueda ser creado por contribuyentes en los Estados miembros. También permitirá tener en cuenta todas las formas que puedan adoptar los créditos de las autoridades públicas en relación con determinados impuestos, derechos, exacciones, devoluciones e intervenciones, incluidos todos los créditos pecuniarios en relación con un determinado contribuyente o un tercero que sustituyan el crédito original. Contar con una normativa más clara es necesario ante todo para definir mejor los derechos y las obligaciones de todas las partes afectadas.

               (6)

               La presente Directiva no debe afectar a la competencia de los Estados miembros en cuanto a la determinación de las medidas de cobro aplicables al amparo de su ordenamiento jurídico interno. Es preciso, no obstante, garantizar que el buen funcionamiento del sistema de asistencia mutua previsto en la presente Directiva no se vea comprometido ni por las disparidades existentes entre las normativas nacionales ni por la falta de coordinación entre las autoridades competentes.

               (7)

               La asistencia mutua debe consistir en que la autoridad requerida pueda proporcionar a la autoridad requirente la información que esta última precise para el cobro de los créditos nacidos en su propio Estado miembro, y notificar al deudor todos los documentos relativos a tales créditos que emanen de este último Estado miembro. La autoridad requerida debe poder proceder asimismo, a petición de la autoridad requirente, al cobro de los créditos nacidos en el Estado miembro requirente, o adoptar medidas cautelares destinadas a garantizar el cobro de dichos créditos.

               (8)

               La adopción de un instrumento uniforme para la aplicación de medidas de ejecución en el Estado miembro requerido, así como de un modelo normalizado común para la notificación de los actos y decisiones relativos al crédito, debe solventar los problemas de reconocimiento y traducción de actos dimanantes de otro Estado miembro, que representan una de las principales causas de la ineficacia de los actuales mecanismos de asistencia.

               (9)

               Se establecerá un fundamento jurídico para el intercambio de información sin solicitud previa en relación con ciertas devoluciones de impuestos. Por eficacia, también debe permitirse la presencia de funcionarios de la Administración tributaria de un Estado miembro o su participación en las investigaciones administrativas realizadas en otro Estado miembro. Asimismo, es preciso prever un intercambio de información más directo entre servicios, con vistas a aumentar la rapidez y la eficacia de la asistencia.

               (10)

               Habida cuenta de la creciente movilidad observada en el mercado interior, y de las restricciones impuestas por el Tratado o por otras disposiciones legales en cuanto a las garantías que pueden exigirse a los contribuyentes no establecidos en el territorio nacional, deben ampliarse las posibilidades de solicitar la aplicación de medidas de cobro o de medidas cautelares en otro Estado miembro. Dado que la antigüedad del crédito constituye un factor determinante, resulta oportuno que los Estados miembros puedan solicitar asistencia mutua, aun cuando no se hayan agotado por completo los medios de cobro nacionales, por ejemplo en los casos en que el recurso a tales procedimientos en el Estado miembro requirente suscitara dificultades desproporcionadas.

               (11)

               La obligación general de presentar las solicitudes y los documentos en formato digital y a través de una red electrónica, unida a normas precisas sobre la utilización de lenguas para dichas solicitudes y documentos, debería permitir a los Estados miembros tramitar las solicitudes con mayor facilidad y rapidez.

               (12)

               En el curso del procedimiento de cobro en el Estado miembro requerido, el interesado debe poder impugnar el crédito, la notificación efectuada por las autoridades del Estado miembro requirente o el instrumento de ejecución. Conviene prever que, en tales casos, la acción de impugnación sea ejercitada por el interesado ante la instancia competente del Estado miembro requirente, y que la autoridad requerida suspenda, salvo solicitud en contrario de la autoridad requirente, el procedimiento de ejecución que haya iniciado hasta tanto no recaiga decisión de la instancia competente del Estado miembro requirente.

               (13)

               A fin de alentar a los Estados miembros a destinar recursos suficientes al cobro de créditos de otros Estados miembros, el Estado miembro requerido debe poder exigir del deudor el reintegro de los gastos conexos al cobro.

               (14)

               La mejor manera de ser eficaz a este respecto consiste en que, al dar curso a una solicitud de asistencia, la autoridad requerida pueda hacer uso de las facultades que le confiera la legislación de su país aplicable a los créditos correspondientes a los mismos impuestos o derechos, o a impuestos o derechos análogos. De no existir impuestos o derechos análogos, el procedimiento más adecuado sería el estipulado en la legislación del Estado miembro requerido que sea aplicable a los créditos correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas. No procede, como regla general, recurrir a la legislación nacional por lo que respecta a las preferencias concedidas a créditos nacidos en el Estado miembro requerido. Sin embargo, debe ser posible extender las preferencias a los créditos de otros Estados miembros que se basen en un acuerdo entre los Estados miembros de que se trate.

               (15)

               Por lo que se refiere a la prescripción, es preciso simplificar la normativa vigente, disponiendo que la suspensión, interrupción o prórroga de los plazos de prescripción se determine, en general, con arreglo a las disposiciones en vigor en el Estado miembro requerido, salvo cuando la suspensión, interrupción o prórroga del plazo de prescripción no sea posible en virtud de dichas disposiciones.

               (16)

               En aras de la eficacia es necesario que la información facilitada en el marco de la asistencia mutua pueda utilizarse en el Estado miembro que reciba dicha información por razones distintas de las que proporciona la presente Directiva, cuando lo permita la legislación nacional tanto del Estado miembro que facilite la información como del Estado miembro que reciba esa información.

               (17)

               La presente Directiva no debe impedir el cumplimiento de toda obligación de prestar una asistencia más amplia resultante de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales.

               (18)

               Procede aprobar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

               (19)

               De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

               (20)

               Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la implantación de un sistema uniforme de asistencia en materia de cobro en el mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la necesaria uniformidad, eficiencia y eficacia, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad que establece el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

               (21)

               La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   CAPÍTULO I

      DISPOSICIONES GENERALES

   Artículo 1
   Objeto
   La presente Directiva establece las normas con arreglo a las cuales los Estados miembros deberán prestar asistencia para el cobro, en un Estado miembro, de todo crédito contemplado en el artículo 2 que haya originado en otro Estado miembro.
   Artículo 2
   Ámbito de aplicación
   1.   La presente Directiva se aplicará a los créditos correspondientes a:

               a)

               el conjunto de impuestos y derechos de todo tipo recaudados por un Estado miembro, sus subdivisiones territoriales o administrativas, comprendidos los entes locales, o en su nombre, o por cuenta de la Unión;

               b)

               las devoluciones, intervenciones y otras medidas que formen parte del sistema de financiación total o parcial del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), incluidos los importes que hayan de recaudarse en el marco de estas acciones;

               c)

               las exacciones y otros derechos previstos en la organización común de mercado del sector del azúcar.

         2.   El ámbito de aplicación de la presente Directiva comprenderá:

               a)

               las sanciones administrativas, multas, tasas y recargos conexos a los créditos en relación con los cuales pueda solicitarse asistencia mutua conforme a lo previsto en el apartado 1, e impuestas por las autoridades administrativas competentes para la recaudación de los impuestos o derechos considerados o por las competentes para la realización de comprobaciones e investigaciones administrativas al respecto, o confirmadas por órganos administrativos o judiciales a petición de dichas autoridades administrativas;

               b)

               las tasas por los certificados y documentos similares emitidos en relación con los procedimientos administrativos relativos a los impuestos y derechos;

               c)

               los intereses y gastos conexos a los créditos en relación con los cuales pueda solicitarse asistencia mutua conforme a lo previsto en el apartado 1 o en las letras a) o b) del presente apartado.

         3.   La presente Directiva no se aplicará a:

               a)

               las cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas al Estado miembro o a una subdivisión del Estado miembro o a las instituciones de la seguridad social de derecho público;

               b)

               las tasas no mencionadas en el apartado 2;

               c)

               las deudas de carácter contractual como el pago de servicios públicos;

               d)

               las sanciones penales impuestas sobre la base de una actuación del ministerio público u otras sanciones penales no cubiertas por el apartado 2, letra a).

         Artículo 3
   Definiciones
   A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:
   a)   «autoridad requirente»: la oficina central de enlace, la oficina de enlace o el servicio de enlace del Estado miembro que solicite la asistencia en lo que se refiere a la recaudación de alguno de los créditos mencionados en el artículo 2;
   b)   «autoridad requerida»: la oficina central de enlace, la oficina de enlace o el servicio de enlace del Estado miembro al que se solicite la asistencia;
   c)   «persona»:

               i)

               la persona física,

               ii)

               la persona jurídica,

               iii)

               cuando así lo establezca la legislación vigente, una asociación de personas a la que se reconozca capacidad para realizar actos jurídicos aun careciendo en derecho del estatuto de persona jurídica, o

               iv)

               cualquier otra modalidad jurídica de cualquier naturaleza y forma, tanto si tiene personalidad jurídica como si no, que posea o que administre activos que, incluida la renta derivada de los mismos, esté sujeto a cualquiera de los impuestos contemplados por la presente Directiva;

         d)   «medios electrónicos»: medios que recurran a equipo electrónico para el tratamiento, incluida la compresión numérica y el almacenamiento de datos y que utilicen cables, transmisión por radio, tecnologías ópticas u otros medios electromagnéticos;
   e)   «red RCC»: la plataforma común basada en una red común de comunicaciones (RCC) creada por la Unión para todas las transmisiones por medios electrónicos entre las autoridades competentes en el ámbito aduanero y de la fiscalidad.
   Artículo 4
   Organización
   1.   Cada Estado miembro informará a la Comisión, a más tardar el 20 de mayo de 2010, sobre quienes constituyen su(s) autoridad(es) competente(s) [denominadas en lo sucesivo «la(s) autoridad(es) competente(es)»] a efectos de la presente Directiva y le informará asimismo sin demora de cualquier cambio que se haya producido al respecto.
   La Comisión mantendrá la información recibida disponible para los demás Estados miembros y publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de las autoridades competentes de todos los Estados miembros.
   2.   La autoridad competente designará una oficina central de enlace que será la principal responsable de los contactos con los demás Estados miembros en lo que atañe a la asistencia mutua prevista en la presente Directiva.
   La oficina central de enlace podrá también ser designada responsable de los contactos con la Comisión.
   3.   La autoridad competente de cada Estado miembro podrá designar oficinas de enlace que serán responsables de los contactos con los demás Estados miembros en lo que atañe a la asistencia mutua relativa a uno o varios tipos o categorías específicos de los impuestos y derechos a los que se refiere el artículo 2.
   4.   La autoridad competente de cada Estado miembro podrá designar servicios de enlace distintos de la oficina central o de las oficinas de enlace. Los servicios de enlace solicitarán o concederán asistencia mutua al amparo de la presente Directiva en relación con sus competencias territoriales específicas o sus ámbitos operativos especializados.
   5.   Cuando una oficina de enlace o un servicio de enlace reciba una solicitud de asistencia mutua que requiera una acción que no sea de la competencia que se le haya asignado, transmitirá dicha solicitud sin dilación a la oficina o servicio competente, en su caso, o a la oficina central de enlace, e informará de ello a la autoridad requirente.
   6.   La autoridad competente de cada Estado miembro informará a la Comisión sobre qué entidad constituye la oficina central de enlace y toda oficina o servicio de enlace que haya designado. La Comisión mantendrá la información recibida disponible para los demás Estados miembros.
   7.   Cada comunicación será enviada por la oficina central de enlace o en su nombre, según cada caso, con el acuerdo de dicha oficina, la cual se encargará efectivamente de la comunicación.
   CAPÍTULO II

      INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

   Artículo 5
   Solicitud de información
   1.   A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida facilitará toda información que sea previsiblemente pertinente para la autoridad requirente a efectos del cobro de los créditos a que se refiere el artículo 2.
   A fin de proporcionar la citada información, la autoridad requerida dispondrá la realización de cuantas investigaciones administrativas se precisen para obtenerla.
   2.   La autoridad requerida no estará obligada a comunicar datos:

               a)

               que no estuviera en condiciones de obtener para el cobro de créditos similares nacidos en el Estado miembro requerido;

               b)

               que revelaran un secreto comercial, industrial o profesional;

               c)

               cuya comunicación pudiera atentar contra la seguridad o el orden público del Estado miembro requerido.

         3.   En ningún caso se interpretará que el apartado 2 permite a la autoridad requerida de un Estado miembro negarse a facilitar información solo porque dicha información obre en posesión de un banco, otra entidad financiera, una persona designada o que actúe como agente o fiduciario o porque afecte a los intereses de propiedad de una persona.
   4.   La autoridad requerida informará a la autoridad requirente de los motivos que se opongan a que la petición de información sea satisfecha.
   Artículo 6
   Intercambio de información sin solicitud previa
   Cuando una devolución de impuestos o derechos, distintos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se refiera a una persona establecida o residente en otro Estado miembro, el Estado miembro desde el que deba efectuarse la devolución podrá informar de la futura devolución al Estado miembro de establecimiento o residencia.
   Artículo 7
   Presencia en las oficinas administrativas y participación en las investigaciones administrativas
   1.   Previo acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, y según las modalidades fijadas por la autoridad requerida, los funcionarios autorizados por la autoridad requirente podrán, con vistas a promover la asistencia mutua establecida mediante la presente Directiva:

               a)

               estar presentes en las oficinas donde desempeñen sus funciones las autoridades administrativas del Estado miembro requerido;

               b)

               estar presentes durante las investigaciones administrativas realizadas en el territorio del Estado miembro requerido;

               c)

               asistir a los funcionarios competentes del Estado miembro requerido en el transcurso de las actuaciones judiciales en dicho Estado miembro.

         2.   Siempre que lo permita la legislación vigente en el Estado miembro requerido, el acuerdo mencionado en la letra b) del apartado 1 podrá autorizar a los funcionarios del Estado miembro requirente a entrevistar a personas y examinar registros.
   3.   Los funcionarios autorizados por la autoridad requirente que hagan uso de las facultades previstas en los apartados 1 y 2 deberán poder presentar en todo momento un mandato escrito en el que consten su identidad y su condición oficial.
   CAPÍTULO III

      ASISTENCIA PARA LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

   Artículo 8
   Solicitud de notificación de determinados documentos relativos a créditos
   1.   A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida notificará al destinatario todos los documentos, comprendidos los judiciales, que emanen del Estado miembro requirente y se refieran a créditos de los contemplados en el artículo 2 o a su cobro.
   La solicitud de notificación irá acompañada de un modelo normalizado que contenga como mínimo la información siguiente:

               a)

               el nombre, la dirección y demás datos pertinentes para la identificación del destinatario;

               b)

               la finalidad de la notificación y el plazo dentro del cual debe efectuarse la notificación;

               c)

               una descripción del documento anejo y de la naturaleza y cantidad del crédito;

               d)

               el nombre, la dirección y otros datos de contacto de:

                           i)

                           la oficina responsable del documento anejo y, si fuera diferente,

                           ii)

                           la oficina en la que puede obtenerse información adicional en relación con el documento notificado o sobre las posibilidades de impugnar la obligación de pago.

         2.   La autoridad requirente presentará una solicitud de notificación con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo únicamente en caso de que sea incapaz de realizar la notificación con arreglo a la normativa en materia de notificación del documento de que se trate aplicable en el Estado miembro requirente, o cuando la notificación conlleve dificultades desproporcionadas.
   3.   La autoridad requerida informará sin demora a la autoridad requirente del curso dado a la petición de notificación y, más particularmente, de la fecha de notificación del documento al destinatario.
   Artículo 9
   Medios de notificación
   1.   La autoridad requerida velará por que la notificación en el Estado miembro requerido se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas administrativas nacionales en vigor en el Estado miembro requerido.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de cualquier otra forma de notificación utilizada por la autoridad competente del Estado miembro requirente de conformidad con la normativa vigente en este último.
   Toda autoridad competente radicada en el Estado miembro requirente podrá notificar cualquier documento directamente, por correo certificado o por vía electrónica, a una persona en el territorio de otro Estado miembro.
   CAPÍTULO IV

      MEDIDAS DE COBRO O MEDIDAS CAUTELARES

   Artículo 10
   Petición de cobro
   1.   A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida procederá al cobro de los créditos que sean objeto de un instrumento que permita su ejecución en el Estado miembro requirente.
   2.   La autoridad requirente remitirá a la autoridad requerida, en cuanto tenga conocimiento de ella, toda la información útil relacionada con el caso que haya motivado la petición de cobro.
   Artículo 11
   Condiciones que regulan las peticiones de cobro
   1.   La autoridad requirente no podrá presentar petición de cobro alguna si el crédito y/o el instrumento que permita su ejecución en el Estado miembro requirente han sido impugnados en dicho Estado miembro y en tanto no se haya resuelto tal impugnación, salvo en el caso en que se aplique lo dispuesto en el artículo 14, apartado 4, párrafo tercero.
   2.   Antes de que la autoridad requirente presente una petición de cobro, habrán de aplicarse los oportunos procedimientos de cobro previstos en el Estado miembro requirente, salvo en caso de que:

               a)

               sea evidente que no se dispone de bienes a afectos de cobro en el Estado miembro requirente o que dichos procedimientos no dan lugar al pago íntegro del crédito, y la autoridad requirente posee información específica que indique que la persona afectada dispone de bienes en el Estado miembro requerido;

               b)

               el recurso a estos procedimientos en el Estado miembro requirente dé lugar a dificultades desproporcionadas.

         Artículo 12
   Instrumento que permite la ejecución del crédito en el Estado miembro requerido y demás documentos anejos
   1.   Toda petición de cobro irá acompañada de un instrumento uniforme que permita la adopción de medidas de ejecución en el Estado miembro requerido.
   El citado instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro requerido recogerá el contenido de fondo del instrumento inicial que permite la ejecución y constituirá la base exclusiva de las medidas de cobro y las medidas cautelares que se adopten en dicho Estado miembro. No estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución en ese Estado miembro.
   El instrumento uniforme que permite la ejecución incluirá como mínimo la información siguiente:

               a)

               información pertinente a efectos de la identificación del instrumento inicial que permita la ejecución, una descripción del crédito, incluida su naturaleza, el período de referencia del crédito, las fechas pertinentes para el proceso de ejecución, así como el importe del crédito y sus diferentes componentes, tales como principal, intereses acumulados, etc.;

               b)

               el nombre y demás datos pertinentes para la identificación del deudor;

               c)

               el nombre, la dirección y otros datos de contacto de:

                           i)

                           la oficina responsable de la liquidación del crédito y, si fuera diferente,

                           ii)

                           la oficina en la que puede obtenerse información adicional en relación con el crédito o las posibilidades de impugnar la obligación de pago.

         2.   La petición de cobro de un crédito podrá ir acompañada de otros documentos referentes al mismo y expedidos en el Estado miembro requirente.
   Artículo 13
   Ejecución de la petición de cobro
   1.   A efectos de cobro en el Estado miembro requerido, y salvo disposición en contrario de la presente Directiva, todo crédito que sea objeto de una petición de cobro tendrá la consideración de crédito del Estado miembro requerido. La autoridad requerida hará uso de todas las competencias y procedimientos establecidos de conformidad con las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas de su Estado miembro requirente aplicables a los créditos relativos a impuestos o derechos idénticos o similares, salvo disposición en sentido contrario de la presente Directiva.
   Si la autoridad requerida considera que no se recaudan en su territorio impuestos o derechos idénticos o similares, hará uso de las competencias y procedimientos establecidos de conformidad con las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas de su Estado miembro aplicables a los créditos relativos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.
   El Estado miembro requerido no estará obligado a conceder a los créditos de los demás Estados miembros preferencias concedidas a créditos similares originados en ese Estado miembro, salvo acuerdo en otro sentido entre los Estados miembros afectados o siempre que se contemple en la legislación del Estado miembro requerido. Un Estado miembro que otorgue preferencia a los créditos de otro Estado miembro no podrá rechazar la concesión de las mismas preferencias a los créditos idénticos o similares de otro Estado miembro, en igualdad de condiciones.
   El Estado miembro requerido procederá al cobro del crédito en su propia moneda.
   2.   La autoridad requerida informará con la debida diligencia a la autoridad requirente del curso que haya dado a la petición de cobro.
   3.   A partir de la fecha en que reciba la petición de cobro, la autoridad requerida aplicará intereses de demora, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el Estado miembro requerido.
   4.   La autoridad requerida podrá, si lo permiten las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro requerido, conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado y aplicar intereses a dicho respecto, en cuyo caso informará posteriormente de ello a la autoridad requirente.
   5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, la autoridad requerida remitirá a la autoridad requirente los importes cobrados en relación con el crédito y los intereses a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo.
   Artículo 14
   Litigios
   1.   Todo litigio en relación con el crédito, el instrumento inicial de ejecución en el Estado miembro requirente o el instrumento uniforme que permita la ejecución en el Estado miembro requerido, y todo litigio referente a la validez de una notificación efectuada por una autoridad competente del Estado miembro requirente recaerá en el ámbito de revisión de las instancias competentes del Estado miembro requirente. Si, durante el procedimiento de cobro, un interesado impugna el crédito, el instrumento inicial de ejecución en el Estado miembro requirente o el instrumento uniforme de ejecución en el Estado miembro requerido, la autoridad requerida informará a ese interesado de la necesidad de entablar dicha acción ante la instancia competente del Estado miembro requirente, con arreglo a la legislación vigente en el mismo.
   2.   Los litigios referentes a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro requerido o a la validez de una notificación efectuada por una autoridad competente de este último se someterán al arbitraje de la instancia competente de ese Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias.
   3.   Cuando, ante la autoridad competente del Estado miembro requirente, se entable una acción según lo previsto en el apartado 1, la autoridad requirente informará de ello a la autoridad requerida e indicará qué parte del crédito no es objeto de impugnación.
   4.   Salvo solicitud en contrario de la autoridad requirente con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del presente apartado, tan pronto como la autoridad requerida reciba la información mencionada en el apartado 3, bien de la autoridad requirente o del interesado, suspenderá el procedimiento de ejecución, por lo que respecta a la parte del crédito objeto de impugnación, en espera de la resolución de la instancia competente en la materia.
   A petición de la autoridad requirente, o cuando lo estime necesario la autoridad requerida, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, la autoridad requerida podrá adoptar medidas cautelares para garantizar el cobro, siempre que las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el Estado miembro requerido lo permitan.
   La autoridad requirente podrá, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas administrativas vigentes en su propio Estado miembro requirente, solicitar a la autoridad requerida el cobro de un crédito impugnado o de la parte impugnada de un crédito, en la medida en que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro requerido lo permitan. Toda solicitud en tal sentido deberá motivarse. Si el resultado de la impugnación resultara favorable al deudor, la autoridad requirente deberá hacerse cargo de la devolución de todo importe cobrado, junto con las indemnizaciones debidas, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro requerido.
   Si las autoridades competentes del Estado miembro requirente o las del Estado miembro requerido hubieren iniciado un procedimiento amistoso y el resultado de dicho procedimiento pudiera afectar al crédito respecto al que se hubiera solicitado la asistencia, se suspenderán o aplazarán las medidas de cobro hasta que haya concluido el procedimiento a no ser que se refiera a un caso de urgencia inmediata debido a fraude o insolvencia. En caso de que las medidas de cobro se suspendan o aplacen, será de aplicación el párrafo segundo.
   Artículo 15
   Modificación o retirada de la solicitud de asistencia en materia de cobro
   1.   La autoridad requirente informará inmediatamente a la autoridad requerida de toda modificación de su petición de cobro o de la retirada de la misma, indicando los motivos de tal modificación o retirada.
   2.   Si la modificación de la petición obedece a una decisión de la instancia competente a que se refiere el artículo 14, apartado 1, la autoridad requirente remitirá la decisión junto con un instrumento uniforme revisado que permita la ejecución en el Estado miembro requerido. La autoridad requerida proseguirá entonces el procedimiento de cobro sobre la base del instrumento revisado.
   Las medidas de cobro o cautelares que se hayan tomado ya sobre la base del instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado miembro requerido podrán continuar aplicándose sobre la base del instrumento revisado, a menos que la modificación de la solicitud se deba a la invalidez del instrumento inicial que permite la ejecución en el Estado miembro requirente o del instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado miembro requerido.
   Los artículos 12 y 14 se aplicarán en relación con el instrumento revisado.
   Artículo 16
   Solicitud de medidas cautelares
   1.   A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida adoptará medidas cautelares siempre que lo permita su legislación nacional y con arreglo a sus prácticas administrativas, para garantizar el cobro cuando un crédito o el instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro requirente sea impugnado en el momento en que se realice la solicitud, o cuando el crédito no esté aún sujeto a un instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro requirente, siempre que, en una situación similar, sean asimismo posibles medidas cautelares, con arreglo a la legislación nacional y las prácticas administrativas del Estado miembro requirente.
   El documento que permita la adopción de medidas cautelares en el Estado miembro requirente y se refiera al crédito para cuyo cobro se solicite asistencia mutua, de existir, se adjuntará a la solicitud de medidas cautelares en el Estado miembro requerido. Este documento no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución en este último Estado miembro.
   2.   La solicitud de medidas cautelares podrá ir acompañada de otros documentos referentes al crédito y expedidos en el Estado miembro requirente.
   Artículo 17
   Disposiciones que regulan la solicitud de medidas cautelares
   Para poder llevar a efecto lo dispuesto en el artículo 16, se aplicarán, mutatis mutandis, el artículo 10, apartado 2, el artículo 13, apartados 1 y 2, y los artículos 14 y 15.
   Artículo 18
   Límite de las obligaciones de la autoridad requerida
   1.   La autoridad requerida no tendrá la obligación de conceder la asistencia prevista en los artículos 10 a 16 cuando, debido a la situación del deudor, el cobro del crédito pueda crear graves dificultades económicas o sociales en el Estado miembro requerido, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en ese Estado miembro permitan tal excepción en relación con los créditos nacionales.
   2.   La autoridad requerida no tendrá la obligación de conceder la asistencia prevista en los artículos 5 y 7 a 16 cuando la petición inicial de asistencia efectuada con arreglo a los artículos 5, 7, 8, 10 o 16 se refiera a créditos de más de cinco años, que empezarán a contar a partir de la fecha de su vencimiento en el Estado miembro requirente, hasta la fecha de la solicitud inicial de asistencia.
   No obstante, en caso de que se impugne el crédito o el instrumento inicial que permita su ejecución en el Estado miembro requirente, se considerará que el plazo de cinco años comienza a partir del momento en que se determine en el Estado miembro requirente que el crédito o el instrumento que permita su ejecución ya no puede impugnarse.
   Asimismo, en caso de que las autoridades competentes del Estado miembro requirente concedan un aplazamiento del pago o un plan de pago a plazos, se considerará que el plazo de cinco años comienza a partir del vencimiento del plazo completo de pago.
   Sin embargo, en estos casos la autoridad requerida no estará obligada a conceder la asistencia respecto de los créditos de antigüedad superior a diez años, contados a partir de la fecha en que el crédito hubiese debido pagarse en el Estado miembro requirente.
   3.   Los Estados miembros no estarán obligados a conceder ayuda en caso de que el importe total del crédito cubierto por la presente Directiva para el que se solicite la asistencia sea inferior a 1 500 EUR.
   4.   La autoridad requerida informará a la autoridad requirente de los motivos que se opongan a que sea satisfecha la petición de asistencia.
   Artículo 19
   Prescripción
   1.   Las cuestiones referentes a los plazos de prescripción se regirán exclusivamente por las disposiciones legales vigentes en el Estado miembro requirente.
   2.   En relación con la suspensión, interrupción o prórroga de los plazos de prescripción, se considerará que toda medida encaminada al cobro de créditos por parte de la autoridad requerida, o por cuenta de la misma, a raíz de una solicitud de asistencia, y que tenga por efecto suspender, interrumpir o prorrogar el plazo de prescripción, según las disposiciones legales vigentes en el Estado miembro requerido, surte idéntico efecto en el Estado miembro requirente, siempre y cuando la normativa vigente en el Estado miembro requirente contemple efectos equivalentes.
   En caso de que la normativa vigente en el Estado miembro requerido no permita la suspensión, la interrupción o la prórroga del plazo de prescripción, toda medida encaminada al cobro de créditos por parte de la autoridad requerida, o por cuenta de la misma, a raíz de una solicitud de asistencia, y que, de haber sido aplicada por la autoridad requirente, o por cuenta de esta, en su propio Estado miembro, hubiera tenido por efecto suspender, interrumpir o prorrogar el plazo de prescripción, según las disposiciones legales vigentes en el Estado miembro requirente, se considerará, a estos solos efectos, aplicada en este último Estado.
   Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no afectará al derecho de las autoridades competentes del Estado miembro requirente de adoptar medidas tendentes a suspender, interrumpir o prorrogar el plazo de prescripción, con arreglo a las disposiciones legales en vigor en ese Estado miembro.
   3.   La autoridad requerida y la autoridad requirente se informarán mutuamente de toda actuación que interrumpa, suspenda o prorrogue el plazo de prescripción del crédito respecto del cual se haya presentado la petición de cobro o solicitado la adopción de medidas cautelares, o que pueda surtir tal efecto.
   Artículo 20
   Gastos
   1.   Además de los importes indicados en el artículo 13, apartado 5, la autoridad requerida procurará cobrar de la persona afectada y retendrá los costes derivados del cobro que haya debido afrontar, con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado miembro requerido.
   2.   Los Estados miembros renunciarán recíprocamente a todo reembolso de los gastos que resulten de la asistencia mutua que se presten en aplicación de la presente Directiva.
   No obstante, cuando el cobro presente especiales dificultades, suponga gastos de elevada cuantía o se inscriba en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades requirentes y las requeridas podrán acordar modalidades de reembolso específicas respecto de los casos considerados.
   3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro requirente será responsable ante el Estado miembro requerido de los gastos soportados y las pérdidas sufridas a raíz de actuaciones que se consideren infundadas en lo que respecta, bien a la realidad del crédito, bien a la validez del instrumento que permita su ejecución y/o de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad requirente.
   CAPÍTULO V

      NORMAS GENERALES QUE REGULAN TODOS LOS TIPOS DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA

   Artículo 21
   Modelos normalizados y medios de comunicación
   1.   Las solicitudes de información previstas en el artículo 5, apartado 1, las solicitudes de notificación previstas en el artículo 8, apartado 1, las peticiones de cobro previstas en el artículo 10, apartado 1, o las solicitudes de medidas cautelares previstas en el artículo 16, apartado 1, se remitirán por vía electrónica, por medio de un modelo normalizado, a menos que ello resulte impracticable por razones técnicas. Dichos modelos se utilizarán asimismo, siempre que sea posible, para cualquier otro tipo de comunicación relativa a la solicitud.
   El instrumento uniforme que permite la ejecución del crédito en el Estado miembro requerido, el documento que permite la adopción de medidas cautelares en el Estado miembro requirente, y los demás documentos contemplados en los artículos 12 y 16 se remitirán asimismo por vía electrónica, a menos que ello resulte impracticable por razones técnicas.
   Los modelos normalizados podrán ir acompañados, en su caso, de informes, declaraciones o cualesquiera otros documentos, o de copias compulsadas o extractos de los mismos, que se remitirán también por vía electrónica, a menos que ello resulte impracticable por razones técnicas.
   El intercambio espontáneo de información previsto en el artículo 6 se podrá efectuar asimismo mediante los modelos normalizados y por vía electrónica.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no será de aplicación por lo que se refiere a la información y documentación obtenidas merced a la presencia en oficinas administrativas de otro Estado miembro o a la participación en investigaciones administrativas en otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 7.
   3.   El hecho de que la comunicación no se efectúe por vía electrónica o por medio del modelo normalizado no afectará a la validez de la información obtenida ni de las medidas adoptadas en respuesta a una solicitud de asistencia.
   Artículo 22
   Régimen lingüístico
   1.   Todas las solicitudes de asistencia, modelos normalizados para la notificación e instrumentos uniformes que permitan la ejecución en el Estado miembro requerido se remitirán en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro, o se acompañarán de una traducción a dicha lengua o lenguas. El hecho de que determinadas partes de dichos documentos estén redactadas en una lengua distinta de la lengua oficial o de las lenguas oficiales del Estado miembro requerido no afectará a su validez o la del procedimiento, siempre que esa lengua distinta sea una de las acordadas entre los Estados miembros afectados.
   2.   Los documentos que hayan de notificarse en aplicación del artículo 8 podrán remitirse a la autoridad requerida en una lengua oficial del Estado miembro requirente.
   3.   Cuando una solicitud vaya acompañada de documentos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2, la autoridad requerida podrá, en su caso, exigir a la autoridad requirente la traducción de los mismos a la lengua oficial, o a una de las lenguas oficiales, del Estado miembro requerido, o a cualquier otra lengua acordada bilateralmente entre los Estados miembros afectados.
   Artículo 23
   Divulgación de información y de documentos
   1.   La información comunicada en cualquier forma con arreglo a la presente Directiva quedará cubierta por el secreto oficial y gozará de la protección otorgada a este tipo de información con arreglo al ordenamiento nacional de los Estados miembros que la reciban.
   La información podrá utilizarse a efectos de la aplicación de medidas de ejecución o de medidas cautelares en relación con créditos contemplados en la presente Directiva. Asimismo podrá utilizarse para el cálculo y aplicación de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social.
   2.   Las personas debidamente acreditadas por el servicio de acreditación de seguridad de la Comisión Europea podrán tener acceso a esta información solo en la medida en que ello sea necesario para la atención, el mantenimiento y el desarrollo de la red RCC.
   3.   El Estado miembro que facilite la información deberá permitir su uso para efectos distintos de los contemplados en el apartado 1, en el Estado miembro que reciba dicha información, si, con arreglo a la legislación del Estado miembro que facilite la información, esta puede utilizarse a efectos similares.
   4.   Cuando la autoridad requirente o la autoridad requerida considere que la información obtenida en aplicación de la presente Directiva pueda resultar de utilidad, a los efectos contemplados en el apartado 1, a un tercer Estado miembro, podrá remitir dicha información a dicho tercer Estado, siempre que la transmisión se realice de conformidad con las normas y procedimientos que se establecen en la presente Directiva. Asimismo, informará al Estado miembro de origen de la información acerca de su intención de compartir la información con un tercer Estado. El Estado miembro de origen de la información podrá oponerse a que se comparta esa información dentro de un plazo de diez días laborables a partir de la fecha en que haya recibido la comunicación del Estado miembro que desee compartir la información.
   5.   El permiso para utilizar la información con arreglo al apartado 3 que haya sido transmitida en virtud del apartado 4 solo podrá ser otorgado por el Estado miembro del que proceda la información.
   6.   Todas las autoridades del Estado miembro que reciba la información podrán hacer valer o utilizar como prueba la información comunicada en cualquier forma en aplicación de la presente Directiva, sobre la misma base que la información similar obtenida en dicho Estado.
   CAPÍTULO VI

      DISPOSICIONES FINALES

   Artículo 24
   Aplicación de otros acuerdos en materia de asistencia
   1.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de toda obligación de prestar una asistencia más amplia resultante de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales, incluidos los relativos a la notificación de actos judiciales o extrajudiciales.
   2.   Cuando los Estados miembros celebren acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales de este tipo sobre cuestiones reguladas por la presente Directiva que vayan más allá de los casos individuales, informarán de ellos sin demora a la Comisión. La Comisión informará a su vez a los demás Estados miembros.
   3.   Cuando se presten una asistencia más amplia conforme a acuerdos bilaterales o multilaterales o arreglos, los Estados miembros podrán hacer uso de la red de comunicación electrónica y de los modelos normalizados adoptados para la aplicación de la presente Directiva.
   Artículo 25
   Comité
   1.   La Comisión estará asistida por el Comité de cobros.
   2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
   El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
   Artículo 26
   Disposiciones de aplicación
   La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 25, apartado 2, disposiciones de aplicación del artículo 4, apartados 2, 3 y 4, del artículo 5, apartado 1, del artículo 8, del artículo 10, del artículo 12, apartado 1, del artículo 13, apartados 2, 3, 4 y 5, del artículo 15, del artículo 16, apartado 1, y del artículo 21, apartado 1.
   Dichas disposiciones se referirán, como mínimo, a lo siguiente:

               a)

               las modalidades prácticas relativas a la organización de los contactos entre las oficinas centrales de enlace y las demás oficinas y servicios de enlace a que se refiere el artículo 4, apartados 2, 3 y 4, de los diferentes Estados miembros, y de los contactos con la Comisión;

               b)

               los medios por los que podrán efectuarse las comunicaciones entre autoridades;

               c)

               el formato y demás pormenores de los modelos normalizados que habrán de utilizarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, los artículos 8, y 10, apartado 1, el artículo 12, apartado 1 y el artículo 16, apartado 1;

               d)

               la conversión de los importes que hayan de cobrarse y a la transferencia de los importes cobrados.

         Artículo 27
   Comunicación de información
   1.   Los Estados miembros remitirán a la Comisión anualmente, el 31 de marzo a más tardar, la siguiente información:

               a)

               el número de solicitudes de información, notificación y cobro o de medidas cautelares que envíen anualmente a cada Estado miembro requerido y que reciban de cada Estado miembro requirente;

               b)

               la cuantía de los créditos para cuyo cobro se solicita la asistencia y los importes cobrados.

         2.   Los Estados miembros podrán facilitar también cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para evaluar la asistencia mutua prestada al amparo de la presente Directiva.
   3.   Cada cinco años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la presente Directiva.
   Artículo 28
   Transposición
   1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2012.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 29
   Derogación de la Directiva 2008/55/CE
   Queda derogada la Directiva 2008/55/CE con efectos a partir del 1 de enero de 2012.
   Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.
   Artículo 30
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 31
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 2010.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         E. SALGADO

      (1)  Dictamen de 10 de febrero de 2010 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  Dictamen de 16 de julio de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (3)  DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.

      (4)  DO L 150 de 10.6.2008, p. 28.

      (5)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.


Avis juridique important

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31989L0655

Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Diario Oficial n° L 393 de 30/12/1989 p. 0013 - 0017 Edición especial en finés : Capítulo 5 Tomo 4 p. 0182  Edición especial sueca: Capítulo 5 Tomo 4 p. 0182

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (Segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1  del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (89/655/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 118 A,  Vista la propuesta de la Comisión (1), elaborada previa consulta al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo,  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3) Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al Consejo a establecer, mediante directivas, las disposiciones mínimas para promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y de  la salud de los trabajadores;  Considerando que, según dicho artículo, estas directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas;  Considerando que la comunicación de la Comisión sobre su programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo (4) prevé la adopción de una directiva relativa a la utilización de los equipos de trabajo en el trabajo;  Considerando que el Consejo, en su Resolución de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo (5), toma nota del propósito de la Comisión de presentar ante aquél, en breve plazo, las disposiciones  mínimas relativas a la organización de la seguridad y de la salud en el lugar de trabajo;  Considerando que el cumplimiento de las disposiciones mínimas tendentes a garantizar un nivel mayor de seguridad y de salud en la utilización de los equipos de trabajo constituye un imperativo para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores;    DO No C 106 de 26. 4. 1989, p. 13; y DO No C 287 de 15. 11. 1989, p. 12.   DO No C 256 de 9. 10. 1989, p. 65.   Considerando que la presente Directiva es una directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de  la salud de los trabajadores en el trabajo (6); que, por ello, las disposiciones de esta Directiva se aplicarán plenamente al ámbito de la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo en el trabajo, sin perjuicio de las  disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en la presente Directiva;  Considerando que la presente Directiva constituye un elemento concreto en el marco de la realización de la dimensión social del mercado interior;  Considerando que, en virtud de la Directiva 83/189/CEE (7), los Estados miembros deberán notificar a la Comisión todo proyecto de regulación técnica aplicable a máquinas, aparatos e instalaciones;  Considerando que, en virtud de la Decisión 74/325/CEE (8), modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 1985, la Comisión consultará al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo con el  fin de elaborar propuestas en este ámbito,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto 1.  La presente Directiva, que es la segunda directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de  los equipos de trabajo tal y como se definen en el artículo 2.  2.  Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en la presente Directiva.   Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  a)  equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo;  b)  utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento, la conservación, incluida en  particular la limpieza;  c)  zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior y/o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto someta a éste a un riesgo para su seguridad o para su salud;  d)  trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa;  e)  operario: el o los trabajador/es encargado/s de la utilización de un equipo de trabajo.   SECCIÓN II OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS Artículo 3 Obligaciones generales 1.  El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a  tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.  Cuando elija los equipos de trabajo que piensa utilizar, el empresario tomará en consideración las condiciones y las características específicas de trabajo y los riesgos existentes en la empresa y/o el establecimiento, en particular en los puestos de  trabajo, para la seguridad y la salud de los trabajadores, y/o los riesgos que serían susceptibles de añadirse por el hecho de la utilización de los equipos de trabajo en cuestión.  2.  Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir los riesgos al mínimo.  Artículo 4 Normas relativas a los equipos de trabajo 1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el empresario deberá obtener y/o utilizar:  a)  equipos de trabajo que, habiendo sido puestos por primera vez a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento después del 31 de diciembre de 1992, satisfagan:  ii)  las disposiciones de cualquier directiva comunitaria pertinente aplicable;  ii)  las disposiciones mínimas previstas en el Anexo, en la medida en que ninguna otra directiva comunitaria sea aplicable o que sólo lo sea parcialmente;  b)  equipos de trabajo que, puestos ya a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento el 31 de diciembre de 1992, satisfagan las disposiciones mínimas previstas en el Anexo, a más tardar cuatro años después de dicha fecha.  2.  El empresario adoptará las medidas necesarias con la finalidad de que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan, según el caso, las disposiciones de  la letra a) o b) del apartado 1.  Artículo 5 Equipos de trabajo con riesgo específico Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  - la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores encargados de dicha utilización;  - los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello.  Artículo 6 Información de los trabajadores 1.  Sin perjuicio del artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, el empresario adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de la información adecuada y, en su caso, de folletos informativos sobre los equipos de trabajo utilizados en  el trabajo.  2.  La información y los folletos informativos deberán contener, como mínimo, las indicaciones desde el punto de vista de la seguridad y de la salud relativas a:  - las condiciones de utilización de los equipos de trabajo;  - las situaciones anormales previsibles;  - las conclusiones que, en su caso, se puedan sacar de la experiencia adquirida cuando se utilicen los equipos de trabajo.  3.  La información y los folletos informativos deberán ser comprensibles para los trabajadores afectados.  Artículo 7 Formación de los trabajadores Sin perjuicio del artículo 12 de la Directiva 89/391/CEE, el empresario tomará las medidas necesarias para que:  - los trabajadores encargados de utilizar los equipos de trabajo reciban una formación adecuada, incluso sobre los riesgos que, llegado el caso, supone dicha utilización;  - los trabajadores contemplados en el segundo guión del artículo 5 reciban una formación específica adecuada.  Artículo 8 Consulta y participación de los trabajadores La consulta y la participación de los trabajadores y/o de sus representantes tendrán lugar de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE sobre las cuestiones a las que se refiere la presente Directiva, incluidos los anexos de la misma.   SECCIÓN III DISPOSICIONES VARIAS Artículo 9 Modificación del Anexo 1.  La inclusión en el Anexo de disposiciones mínimas adicionales aplicables a equipos de trabajo específicos, contemplados en el punto 3 del Anexo, se adoptará por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 118 A del Tratado.  2.  Las adaptaciones de carácter estrictamente técnico del Anexo en función:  - de la adopción de directivas en materia de armonización técnica y de normalización, relativas a los equipos de trabajo, y/o - del progreso técnico, de la evolucion de normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en el ámbito de equipos de trabajo,  se adoptarán según el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE.  Artículo 10 Disposiciones finales 1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1992. Informarán de ello inmediatamente a  la Comisión.  2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno ya adoptadas o que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  3.  Los Estados miembros presentarán un informe cada cinco años a la Comisión sobre la ejecución práctica de las disposiciones de la presente Directiva, indicando los puntos de vista de los interlocutores sociales.  La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, así como al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo.  4.  La Comisión presentará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, teniendo en cuenta los apartados 1, 2 y 3.  Artículo 11 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.   Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 1989.  Por el Consejo El Presidente J. P. SOISSON  (1) DO No C 114 de 30. 4. 1988, p. 3;(2) DO No C 326 de 19. 12. 1988, p. 132; y(3) DO No C 318 de 12. 12. 1988, p. 26. (4) DO No C 28 de 3. 2. 1988, p. 3. (5) DO No C 28 de 3. 2. 1988, p. 1.(6) DO No L 183 de 29. 6. 1989, p. 1. (7) DO No L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. (8) DO No L 185 de 9. 7. 1974, p. 15.   ANEXO   DISPOSICIONES MÍNIMAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA a) INCISO ii) Y LETRA b)  1.  Observación preliminar Las obligaciones previstas por el presente Anexo sólo se aplicarán respetando las disposiciones de la presente Directiva y cuando el riesgo correspondiente exista para el equipo de trabajo considerado.  2.  Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo 2.1.  Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.  Los sistemas de accionamiento deberán disponerse fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados sistemas de accionamiento, y de forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear  riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.  Si fuera necesario, el operario deberá poder cerciorarse, desde el puesto de mando principal, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema  seguro, tal como un señal de advertencia acústica y/o visual. El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y/o de los medios para sustraerse rápidamente a los riesgos provocados por la puesta en marcha y/o la detención del equipo de trabajo.  Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño de los sistemas de accionamiento no deberá conducir a una situación peligrosa.  2.2.  La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto.  Lo mismo ocurrirá:  - para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última,  - para la orden de una modificación importante de las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad, presión, etc),  salvo si dicha nueva puesta en marcha o la modificación no presentan riesgo alguno para los trabajadores expuestos.  La puesta en marcha tras una parada o la modificación de las condiciones de funcionamiento resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático no se incluyen en este requisito.  2.3.  Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.  Cada puesto de trabajo estará provisto de un sistema de accionamiento que permita parar, en función de los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo, o bien una parte del mismo solamente, de forma que dicho equipo quede en situación de  seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los mandos de que se  trate.  2.4.  Si fuera pertinente, en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia.  2.5.  Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos o a proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados correspondientes a dichos riesgos.  Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o a emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o de extracción cerca de la fuente correspondiente a dichos  riesgos.  2.6.  Si ello fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios.  2.7.  En los casos en que exista riesgo de estallidos o de ruptura de elementos de un equipo de trabajo, que puedan causar peligro significativo para la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.  2.8.  Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras  peligrosas antes del acceso a dichas zonas.  Los protectores y los dispositivos de protección:  - deberán ser de construcción sólida,  - no deberán ocasionar riesgos adicionales,  - no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar,  - deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa,  - no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario,  - deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin  desmontar el protector o el dispositivo de protección.  2.9.  Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban efectuarse.  2.10.  Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o de proximidad de los trabajadores.  2.11.  Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigueedades.  2.12.  El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado.  2.13.  Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo esté parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder  efectuarse fuera de las zonas peligrosas.  Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento, es necesario que éste se encuentre actualizado.  2.14.  Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlo de cada una de sus fuentes de energía.  Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados.  2.15.  El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.  2.16.  Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo.  2.17.  Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de calentamiento del equipo de trabajo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por el equipo de  trabajo o utilizadas o almacenadas en este último.  2.18.  Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del equipo de trabajo o de sustancias producidas por el equipo de trabajo o utilizadas o almacenadas en este último.  2.19.  Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de un contacto directo o indirecto con la electricidad.  3.  Disposiciones míminas adicionales aplicables a los equipos de trabajo específicos contempladas en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva.


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32000L0010

Directiva 2000/10/CE de la Comisión, de 1 de marzo de 2000, relativa a la inclusión de una sustancia activa (fluroxipir) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 057 de 02/03/2000 p. 0028 - 0030

DIRECTIVA 2000/10/CE DE LA COMISIÓNde 1 de marzo de 2000relativa a la inclusión de una sustancia activa (fluroxipir) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios(Texto pertinente a efectos del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/80/CE de la Comisión(2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6 y el párrafo cuarto del apartado 2 de su artículo 8,Considerando lo siguiente:(1) El Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión(3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1972/1999(4), establece disposiciones detalladas para la ejecución de la primera fase del programa de trabajo al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE (en lo sucesivo denominada "la Directiva"). En virtud de dicho Reglamento, el Reglamento (CE) no 933/94 de la Comisión(5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2230/95(6), establece la lista de sustancias activas de productos fitosanitarios que deben evaluarse, con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva.(2) Esas sustancias activas deben incluirse en dicho anexo cuando quepa esperar no tengan efectos nocivos para la salud humana o la sanidad animal ni para las aguas subterráneas, ni repercusiones inaceptables para el medio ambiente.(3) Dichas sustancias deben incluirse por un período no superior a diez años.(4) El apartado 2 del artículo 8 de la Directiva establece que, tras la inclusión de una sustancia activa en el anexo I de la Directiva, los Estados miembros deberán conceder, modificar o retirar, según proceda, dentro de un plazo prescrito, las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa. En particular, el apartado 1 del artículo 4 y el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva exigen que no se autoricen los productos fitosanitarios a menos que se tengan en cuenta las condiciones asociadas con la inclusión de la sustancia activa en el anexo I y los principios uniformes anunciados en el anexo VI sobre la base de un expediente que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 13.(5) En el caso del fluroxipir, los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente han sido evaluados de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento (CEE) no 3600/92, para una serie de usos propuestos por los notificadores. Alemania, en calidad de Estado miembro designado como ponente en virtud del Reglamento (CE) no 933/94, presentó a la Comisión, el 27 de septiembre de 1996, el pertinente informe de evaluación.(6) El informe presentado fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité fitosanitario permanente. Esta revisión finalizó el 30 de noviembre de 1999 con la adopción del informe de revisión de la Comisión relativo al fluroxipir. Puede ser necesario actualizar este informe para tener en cuenta los avances técnicos y científicos. En tal caso, las condiciones para la inclusión del fluroxipir en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE también deberán modificarse en virtud del apartado 1 del artículo 6 de dicha Directiva. El expediente y la información procedente de la revisión también fueron presentados al Comité científico de las plantas para su consulta.(7) Según los exámenes efectuados, cabe esperar de los productos fitosanitarios que contienen la sustancia activa en cuestión que satisfagan en general los requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, sobre todo respecto a los usos examinados. Por lo tanto, es necesario incluir la sustancia activa en cuestión en el anexo I para garantizar que, en todos los Estados miembros, la concesión, modificación o retirada, según proceda, de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan fluroxipir pueda organizarse de conformidad con las disposiciones de la Directiva, y para garantizar que esta actividad no se retrase más.(8) El Comité científico de las plantas reconoció en su dictamen la necesidad de confirmar, mediante datos adicionales, la inocuidad medioambiental de algunos productos de descomposición del fluroxipir presentes en el suelo y en el agua.(9) En el apartado 5 del artículo 5 de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia activa en el anexo I puede revisarse en todo momento si existen indicios de que han dejado de cumplirse los criterios para su inclusión. Por tanto, la Comisión reconsiderará la inclusión de la sustancia en el anexo I si los resultados de las pruebas adicionales solicitadas según se menciona en el punto 7 del informe de evaluación indicaran la posibilidad de que se produzcan efectos perjudiciales o si no se presentaran los resultados de las pruebas y la información adicionales solicitadas.(10) Antes de la inclusión, es necesario conceder a los Estados miembros y a las partes interesadas un plazo razonable para permitirles adecuarse a los nuevos requisitos que se derivarán de la inclusión. Además, tras la inclusión es necesario conceder a los Estados miembros un período razonable para que den cumplimiento a la Directiva y, en particular, modifiquen o retiren, según proceda, las autorizaciones existentes o concedan nuevas autorizaciones de conformidad con las disposiciones de la Directiva 91/414/CEE. Debe preverse un período más largo para la presentación y evaluación del expediente completo, exigido en el anexo III, de cada producto fitosanitario de conformidad con los principios uniformes enunciados en el anexo VI de la Directiva. Sin embargo, en el caso de los productos fitosanitarios que contienen varias sustancias activas, la evaluación completa sobre la base de los principios uniformes únicamente puede llevarse a cabo cuando todas las sustancias activas correspondientes hayan sido incluidas en el anexo I de la Directiva.(11) Los períodos establecidos para dar cumplimiento a la presente Directiva no afectan a los períodos que se establezcan para la inclusión de otras sustancias activas en el anexo I de la Directiva.(12) El informe de evaluación es necesario para que los Estados miembros apliquen correctamente varias secciones de los principios uniformes establecidos en el anexo VI de la Directiva, en las que estos principios se refieren a la evaluación de la información del anexo II presentada para la inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva.(13) Las medias previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1El fluroxipir quedará incluido como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, de acuerdo con el anexo de la presente Directiva.Artículo 21. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar el 1 de junio de 2001. En particular y de conformidad con las disposiciones de la Directiva 91/414/CEE, deberán, en caso necesario, modificar o retirar durante dicho período las autorizaciones existentes para los productos fitosanitarios que contengan fluroxipir como sustancia activa.2. No obstante, respecto a la evaluación y decisiones con arreglo a los principios uniformes establecidos en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, sobre la base de un expediente que cumpla los requisitos del anexo III de dicha Directiva, el período establecido en el apartado 1 se ampliará:- para los productos fitosanitarios que contengan únicamente fluroxipir, a cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva,- para los productos fitosanitarios que contengan fluroxipir junto con otra sustancia activa incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, a cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Directiva que incluya la última de dichas sustancias en el anexo I.3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones previstas en el apartado 1, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 3En caso de que los resultados de las pruebas y la información adicionales solicitadas según se menciona en el punto 7 del informe de evaluación no se hayan presentado antes del 1 de diciembre de 2000, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión.Artículo 4La presente Directiva entrará en vigor el 1 de diciembre de 2000.Artículo 5Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2000.Por la ComisiónDavid BYRNEMiembro de la Comisión(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.(2) DO L 210 de 10.8.1999, p. 13.(3) DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.(4) DO L 244 de 16.9.1999, p. 41.(5) DO L 107 de 28.4.1994, p. 8.(6) DO L 225 de 22.9.1995, p. 1.ANEXOFLUROXIPIR1. IdentidadNombre común: fluroxipirNombre de la UIQPA: ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético.2. Condiciones especiales que deben satisfacer2.1. La pureza de la sustancia activa tal y como se haya fabricado será al menos de 950 g/kg.2.2. Sólo se podrán autorizar los usos como herbicida.2.3. Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de evaluación del fluroxipir y, sobre todo, sus apéndices I y II, tal y como fue aprobado en el comité fitosanitario permanente el 30 de noviembre de 1999. En esta valoración global, los Estados miembros:- tendrán en cuenta la información adicional solicitada en el punto 7 del informe de evaluación,- prestarán especial atención a la protección de las aguas subterráneas,- prestarán especial atención a la incidencia sobre los organismos acuáticos y se cerciorarán de que las condiciones de autorización comprenden, en su caso, medidas para paliar los riesgos.3. Fecha de caducidad de la inclusión: el 30 de noviembre de 2010.


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31976L0434

Directiva 76/434/CEE de la Comisión, de 13 de abril de 1976, de adaptación al progreso técnico de la Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos

Diario Oficial n° L 122 de 08/05/1976 p. 0020 - 0023 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 5 p. 0016  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 3 p. 0220  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 5 p. 0016  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 5 p. 0019  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 5 p. 0019

DIRECTIVA DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 1976 de adaptación al progreso técnico de la Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el certificado y las marcas  de los cables, cadenas y ganchos(76/434/CEE)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Vista la directiva del Consejo de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (1) y, en particular, sus artículos 4 y 5,  Considerando que el progreso técnico hace posible simplificar la información necesaria para la estampación de las marcas de los cables, cadenas y ganchos;  Considerando que las disposiciones de la presente Directiva se atienen al dictamen del Comité para la adaptación al progreso técnico de las directivas tendentes a la eliminación de los obstáculos técnicos a los intercambios en el sector de los aparatos  y medios de elevación y transporte,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   Artículo 1  El Anexo de la Directiva del Consejo de 19 de noviembre de 1973 se sustituye por el Anexo de la presente Directiva.   Artículo 2  1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de nueve meses a partir del día de su notificación e informarán de ello inmediatamente a  la Comisión.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten o se propongan adoptar en el ámbito regulado por la presente Directiva.   Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 13 de abril de 1976.  Por la Comisión Miembro de la Comisión Finn GUNDELACH   (1) DO no L 335 de 5. 12. 1973, p. 51.     ANEXO   1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Cada largo de cable metálico y de la cadena, y cada gancho, deberá llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente fijado que deberá llevar las referencias relativas al fabricante o a su representante establecido en  la Comunidad Económica Europea e identificar el certificado correspondiente (véanse los puntos 2.1, 3.1 y 4.1).  1.2. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Económica Europea certificarán mediante el certificado correspondiente que cada largo de cable metálico y de cadena, y cada gancho, se atiene a las características que en él se indican  (véanse los puntos 2.1, 3.1 y 4.1).  2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CABLES METÁLICOS 2.1. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Económica Europea deberá expedir, respecto a cada cable metálico, un certificado que incluirá como mínimo las indicaciones siguientes:  1. el nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Económica Europea;  2. el diámetro nominal;  3. La masa nominal por metro lineal;  4. el tipo de cable (ordinario, Lang, alternado) y la dirección del cableado (a la derecha o a la izquierda);  5. preformado o no preformado;  6. fabricación (composición del cable y tipo del mismo, número de trenzas, número de alambres por trenza, naturaleza del alma del cable y su composición de la misma si fuere de acero);  7. clase(s) de resistencia de los alambres;  8. la carga mínima de rotura del cable (es la carga mínima que deberá alcanzarse cuando se proceda a la prueba de tracción hasta la rotura). Cuando se hubiera efectuado una prueba de este tipo en el cable, se indicarán todos los datos referentes a la  misma;  9. cubierta de la superficie: cuando el cable esté galvanizado, se indicará el grado de galvanización o la calidad. Cuando se apliquen otros procedimientos de protección, se darán detalles sobre los mismos;  10. cuando los alambres no sean de acero al carbono se indicarán las especificaciones correspondientes;  11. cuando el cable esté fabricado según una norma de utilización nacional o internacional, se indicará dicha norma;  12. cuando se hubieran verificado pruebas en los alambres y/o en el cable, se indicarán las normas o especificaciones a las que se atengan. Cuando se hubieran efectuado pruebas no conformes a una norma o especificación, éstas se indicarán detalladamente  junto con sus resultados;  13. cuando la fabricación o la composición del cable requieran un mantenimiento y/o una inspección especiales, deberán proporcionarse las indicaciones correspondientes;  14. firma del responsable según el punto 1;  15. posición del signatario en la empresa industrial o del representante autorizado por el fabricante;  16. lugar y fecha.  3. DISPOSICIONES REFERENTES A LAS CADENAS DE ACERO REDONDO 3.1. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Económica Europea deberá expedir, respecto a cada cadena, un certificado que incluya como mínimo las indicaciones siguientes:  1. el nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Económica Europea;  2. Las características de la cadena sin calibrar:  longitud exterior nominal del eslabón, anchura exterior nominal del eslabón, diámetro nominal del alambre e indicación de la tolerancia en el diámetro; se adjuntará un esquema acotado de dos eslabones consecutivos como mínimo, indicando las dimensiones;   3. Las características de la cadena calibrada:  longitud exterior nominal del eslabón, anchura exterior nominal del eslabón, diámetro nominal del alambre, paso nominal e indicación de las tolerancias para todas las dimensiones citadas; se adjuntará un esquema acotado de dos eslabones consecutivos  como mínimo, indicando las dimensiones;  4. la masa nominal por metro lineal;  5. el método de soldadura de los eslabones;  6. el valor de la carga de prueba aplicada a la cadena entera previo tratamiento térmico;  7. la carga mínima de rotura de la cadena (carga mínima que deberá alcanzarse cuando se proceda a la prueba de tracción hasta la rotura);  8. alargamiento total mínimo hasta la rotura expresado en porcentaje:  indicación de la longitud de la muestra o del número de eslabones;  9. propiedades del material de la cadena (por ejemplo: clase internacional de la cadena, o, en su caso, especificación del acero con el que está fabricado la cadena);  10. el tipo de tratamiento térmico aplicado;  11. cuando la cadena esté fabricada conforme a una norma de utilización nacional o internacional, se indicará dicha norma;  12. cuando se hubieran efectuado pruebas en la cadena, se indicarán las normas o especificaciones a las que se atengan. Cuando se hubieran efectuado pruebas no conformes a una norma o especificación, éstas se indicarán detalladamente, junto con sus  resultados;  13. cuando las propiedades de la cadena requieran un tratamiento, un mantenimiento y/o una inspección especial, se darán las indicaciones o instrucciones oportunas;  14. firma del responsable según el punto 1;  15. posición del signatario en la empresa industrial, o del representante autorizado por el fabricante;  16. lugar y fecha.  3.2. Cuando las cadenas se hubieran fabricado de conformidad con una norma de utilización nacional o internacional, deberán llevar de manera legible e indeleble las marcas de calidad con arreglo a la norma correspondiente.  Dichas marcas de calidad deberán estamparse en cada largo de cadena. Deberá estamparse por lo menos una marca por cada metro, o como mínimo por cada veinte eslabones. Se elegirá el menor de estos intervalos.  Las marcas deberán tener las dimensiones siguientes:   "" ID="1">Hasta 8 inclusive> ID="2">2"> ID="1">Entre 8 y 12,5 inclusive> ID="2">3"> ID="1">Entre 12,5 y 26 inclusive> ID="2">4,5"> ID="1">Más de 26> ID="2">6"> 4. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS GANCHOS 4.1. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Económica Europea deberá expedir, respecto a cada lote de ganchos, o a petición del usuario, respecto a cada gancho, un certificado que incluya como mínimo las indicaciones siguientes:  1. el nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Económica Europea;  2. cuando el certificado se refiera a un lote de ganchos se indicará el número de ganchos del lote;  3. el tipo de gancho;  4. las características dimensionales: se adjuntará un esquema del gancho con sus dimensiones principales;  5. la carga de prueba máxima que pueda aplicarse a gancho de modo que, después de levantar dicha carga, el gancho no experimente ninguna deformación permanente importante; dicha deformación permanente medida en la abertura del gancho no deberá  sobrepasar en ningún caso el 0,25 %;  6. la carga con la que se abra el gancho hasta el extremo de no poder soportar dicha carga; deberá indicarse la carga máxima de rotura cuando un gancho debido a su fabricación se rompa o pueda romperse antes que dejar escapar la carga como consecuencia  de su abertura;  7. las propiedades del material del gancho (por ejemplo: clase internacional del gancho o, en su caso, especificación del acero del gancho);  8. el tipo de tratamiento térmico aplicado durante la fabricación del gancho;  9. cuando el gancho se hubiera fabricado de acuerdo con una norma de utilización nacional o internacional, se indicará dicha norma y se identificará el gancho con arreglo a la misma;  10. cuando se hubieran efectuado pruebas en el gancho se indicarán las normas o especificaciones a las que se atengan. Cuando se hubieran realizado pruebas no conformes a una norma o especificación, se indicarán dichas pruebas detalladamente (cuando se  trate de lotes se indicará el número de muestras), junto con sus resultados;  11. cuando las propiedades del gancho exijan un tratamiento, un mantenimiento y/o una inspección especial, se darán las indicaciones o instrucciones oportunas;  12. firma del responsable según el punto 1;  13. posición del signatario de la empresa industrial, o del representante autorizado por el fabricante;  14. lugar y fecha.  4.2. Cuando los ganchos se hubieran fabricado de conformidad con una norma de utilización nacional o internacional, deberán llevar de manera legible e indeleble las marcas de calidad con arreglo a la norma correspondiente.