title: Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  26 de octubre de 2005 , sobre mejora de la protección portuaria   (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               25.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 310/28

      DIRECTIVA 2005/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 26 de octubre de 2005
   sobre mejora de la protección portuaria
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular su artículo 80, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los sucesos que afectan a la protección marítima producidos por actos terroristas figuran entre las amenazas más graves a los ideales de democracia y libertad y los valores de la paz, que constituyen la esencia misma de la Unión Europea.

               (2)

               Las personas, infraestructuras y equipos en los puertos deben protegerse contra los sucesos que afectan a la protección marítima y sus devastadores efectos. Esta protección redundaría en beneficio de los usuarios del transporte, la economía y la sociedad en su conjunto.

               (3)

               El 31 de marzo de 2004 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento (CE) no 725/2004, de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias (4). Las medidas de protección marítima que impone ese Reglamento son sólo una parte de las actuaciones necesarias para alcanzar un grado suficiente de protección a lo largo de las cadenas de transporte que contienen algún componente marítimo. Dicho Reglamento limita su ámbito de aplicación a las medidas de protección a bordo de los buques y en la interfaz inmediata buque-puerto.

               (4)

               Para proteger en el máximo grado posible los sectores marítimo y portuario, conviene introducir en los puertos medidas de protección que cubran cada puerto dentro de los límites definidos por el Estado miembro interesado, y garantizando con ello que las medidas de protección aplicadas en virtud del Reglamento (CE) no 725/2004 se beneficien de la mayor protección alcanzada en las zonas de actividad portuaria. Estas medidas deben aplicarse a todos los puertos en que existan una o varias instalaciones portuarias sujetas a las disposiciones del Reglamento (CE) no 725/2004.

               (5)

               La realización del objetivo de protección de la presente Directiva requiere aplicar medidas útiles, sin perjuicio de la normativa de los Estados miembros en el área de la seguridad nacional y de las iniciativas que puedan adoptarse en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea.

               (6)

               Los Estados miembros deben basarse en evaluaciones de protección detalladas para definir con precisión los límites de las zonas portuarias pertinentes para la protección, así como las diferentes medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los puertos. Dichas medidas deben variar según el nivel de protección en vigor y reflejar las diferencias en el perfil de riesgo de las distintas subzonas portuarias.

               (7)

               Los Estados miembros deben aprobar planes de protección portuaria que incorporen las conclusiones de las evaluaciones de protección portuaria. La eficacia de las medidas de protección requiere también una división de tareas nítida entre todas las partes involucradas, así como la realización de prácticas a intervalos periódicos. Se considera que la nítida división de tareas y las prácticas en el plan de protección portuaria contribuirá en gran medida a la eficacia de las medidas de protección preventivas y correctoras.

               (8)

               Los buques de transbordo rodado son especialmente vulnerables a sucesos que afectan a la protección marítima, en especial si transportan pasajeros y carga. Se deben adoptar medidas adecuadas, sobre la base de evaluaciones de riesgo, para asegurarse de que los automóviles y vehículos de mercancías que embarquen para ser transportados en buques de transbordo rodado en rutas tanto nacionales como internacionales no entrañan riesgo para el buque, sus pasajeros, tripulación, ni carga. Dichas medidas deben adoptarse de un modo que dificulte lo menos posible la fluidez de las operaciones.

               (9)

               Los Estados miembros deben poder establecer comités de protección portuaria encargados de prestar asesoramiento práctico en los puertos a que se aplica la presente Directiva.

               (10)

               Los Estados miembros han de velar por que todos los interesados sean claramente conscientes de sus responsabilidades en relación con la protección portuaria. Los Estados miembros deben vigilar el cumplimiento de las reglas de protección y establecer una autoridad con competencia clara sobre todos sus puertos, aprobar todas las evaluaciones y planes de protección portuaria, fijar y comunicar en caso pertinente los niveles de protección y velar por que las medidas sean comunicadas, aplicadas y coordinadas correctamente.

               (11)

               Los Estados miembros deben aprobar las evaluaciones y planes y vigilar su aplicación en sus puertos. Con el fin de perturbar lo menos posible el funcionamiento de los puertos y reducir al mínimo la carga administrativa de los organismos de supervisión, la vigilancia de la aplicación de la Directiva por parte de la Comisión deberá llevarse a cabo junto con las inspecciones establecidas en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 725/2004.

               (12)

               Los Estados miembros deben garantizar la presencia de un punto de contacto para la protección portuaria entre ellos y la Comisión. Deben informar a la Comisión de los puertos a los que afecte la presente Directiva a partir de las evaluaciones de protección llevadas a cabo.

               (13)

               La aplicación efectiva y normalizada de las medidas que configuran esta política plantea grandes interrogantes en relación con su financiación. La financiación de algunas medidas de seguridad complementarias no debe dar lugar a distorsiones de la competencia. Para el 30 de junio de 2006, a más tardar, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo los resultados de un estudio acerca de los costes inherentes a las medidas adoptadas con arreglo a la presente Directiva, que se ocupe, en particular, del modo en que se reparte la financiación entre las autoridades públicas y los operadores.

               (14)

               La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (15)

               Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

               (16)

               Conviene prever un procedimiento de adaptación de la presente Directiva que permita tener en cuenta la evolución de los instrumentos internacionales y, a la luz de la experiencia, adaptar o completar las disposiciones detalladas de sus anexos sin que ello implique extensión de su ámbito de aplicación.

               (17)

               Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la instauración equilibrada de medidas útiles en las políticas marítima y portuaria, debido a la dimensión europea de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden lograrse por ello mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

               (18)

               Puesto que la presente Directiva se refiere a los puertos marítimos, las obligaciones que se derivan de ella no son aplicables a Austria, Eslovaquia, Hungría, Luxemburgo y la República Checa.

         HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Objeto
   1.   La finalidad principal de la presente Directiva es introducir medidas comunitarias orientadas a aumentar la protección de los puertos frente a la amenaza de sucesos que afecten a la protección marítima.
   Asimismo, la presente Directiva hará que las medidas de protección adoptadas en aplicación del Reglamento (CE) no 725/2004 se beneficien de la mayor protección alcanzada en las zonas portuarias adyacentes.
   2.   Las medidas a que hace referencia el apartado 1 consistirán en:

               a)

               reglas básicas comunes en relación con las medidas de protección portuaria;

               b)

               un mecanismo de aplicación de dichas reglas;

               c)

               mecanismos adecuados de vigilancia del cumplimiento de las citadas reglas.

         Artículo 2
   Ámbito de aplicación
   1.   La presente Directiva establece las medidas de protección que deben ejecutarse en los puertos. Los Estados miembros podrán aplicar las disposiciones de la presente Directiva a las zonas adyacentes a los puertos.
   2.   Las medidas establecidas en la presente Directiva se aplicarán a todo puerto situado en el territorio del Estado miembro que albergue una o más instalaciones portuarias que sean objeto de un plan de protección de instalaciones portuarias aprobado con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 725/2004. La presente Directiva no se aplicará a las instalaciones portuarias militares.
   3.   Los Estados miembros fijarán para cada puerto los límites del puerto pertinentes a los efectos de la presente Directiva, teniendo debidamente en cuenta la información resultante de la correspondiente evaluación de la protección portuaria.
   4.   Cuando los límites de una instalación portuaria, en el sentido del Reglamento (CE) no 725/2004, cubran efectivamente el puerto, las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 725/2004 se antepondrán a lo preceptuado en la presente Directiva.
   Artículo 3
   Definiciones
   A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

               1)

               «puerto»: cualquier zona especificada de tierra y agua, con límites definidos por el Estado miembro en el que esté situado el puerto, dotada de unas obras y equipo que faciliten las operaciones de transporte marítimo comercial;

               2)

               «interfaz buque-puerto»: la interacción que se produce cuando un buque se ve afectado directa e inmediatamente por actividades que suponen movimiento de personas o mercancías, o prestación de servicios portuarios al buque o desde el buque;

               3)

               «instalación portuaria»: el lugar donde se realiza la interfaz buque-puerto; ésta incluirá, según sea necesario, zonas como fondeaderos, atracaderos de espera y accesos desde el mar;

               4)

               «punto de contacto para la protección portuaria»: el organismo designado por cada Estado miembro para servir de punto de contacto para la Comisión y otros Estados miembros, así como para facilitar, supervisar y proporcionar información sobre la aplicación de las medidas de protección portuaria establecidas en la presente Directiva;

               5)

               «autoridad de protección portuaria»: la autoridad competente en materia de protección en un puerto determinado.

         Artículo 4
   Coordinación con las medidas adoptadas en aplicación del Reglamento (CE) no 725/2004
   Los Estados miembros velarán por que las medidas de protección portuaria introducidas por la presente Directiva se coordinen estrechamente con las adoptadas en aplicación del Reglamento (CE) no 725/2004.
   Artículo 5
   Autoridad de protección portuaria
   1.   Los Estados miembros designarán una autoridad de protección portuaria para cada puerto sujeto a las disposiciones de la presente Directiva. Se podrá designar una misma autoridad de protección para más de un puerto.
   2.   Dicha autoridad será responsable de la preparación y aplicación de los planes de protección portuaria basados en el resultado de las oportunas evaluaciones de protección.
   3.   Los Estados miembros podrán designar como autoridad de protección portuaria a una «autoridad competente de protección marítima» conforme al Reglamento (CE) no 725/2004.
   Artículo 6
   Evaluación de la protección portuaria
   1.   Los Estados miembros velarán por que se efectúe una evaluación de la protección de los puertos a los que se aplique la presente Directiva. Dichas evaluaciones reflejarán debidamente las peculiaridades de las distintas partes del puerto, así como, cuando las autoridades pertinentes de los Estados miembros lo consideren necesario, de sus zonas adyacentes si éstas tienen una incidencia en la protección del puerto, y las evaluaciones de las instalaciones portuarias que se encuentren dentro de sus límites efectuadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 725/2004.
   2.   Toda evaluación de protección portuaria deberá efectuarse teniendo en cuenta, como mínimo, las prescripciones detalladas que figuran en el anexo I.
   3.   Las evaluaciones de protección portuaria podrán ser efectuadas por una organización de protección reconocida, en el sentido del artículo 11.
   4.   Las evaluaciones de protección portuaria deberán ser aprobadas por el Estado miembro interesado.
   Artículo 7
   Plan de protección portuaria
   1.   En función de los resultados de las evaluaciones de protección portuaria, los Estados miembros velarán por que se elaboren, mantengan y actualicen los correspondientes planes de protección portuaria. Los planes de protección portuaria abordarán adecuadamente las peculiaridades de las distintas partes del puerto, e integrarán los planes de protección de las instalaciones portuarias que se encuentren dentro de sus límites, establecidos de conformidad con el Reglamento (CE) no 725/2004.
   2.   Los planes de protección portuaria especificarán, para cada uno de los distintos niveles de protección citados en el artículo 8:

               a)

               los procedimientos que deben seguirse;

               b)

               las medidas que han de aplicarse;

               c)

               las actuaciones que se deben emprender.

         3.   Todo plan de protección portuaria se elaborará teniendo en cuenta como mínimo las prescripciones detalladas que figuran en el anexo II. Cuando y en la medida en que proceda, el plan de protección portuaria incluirá en particular medidas de protección que se aplicarán a los pasajeros y a los vehículos que vayan a embarcar en buques de trasbordo rodado que transporten pasajeros y vehículos. En el caso de servicios de transporte marítimo internacional, los Estados miembros interesados cooperarán en la evaluación de la seguridad
   4.   Los planes de protección portuaria podrán ser elaborados por una organización de protección reconocida, en el sentido del artículo 11.
   5.   Los planes de protección portuaria deberán ser aprobados por el Estado miembro interesado antes de su aplicación.
   6.   Los Estados miembros velarán por que exista un control de la aplicación de los planes de protección portuaria. El control se coordinará con otras actividades de control desarrolladas en el puerto.
   7.   Los Estados miembros velarán por que se lleven a cabo las prácticas adecuadas, teniendo en cuenta las prescripciones básicas sobre prácticas de formación en materia de protección que se recogen en el anexo III.
   Artículo 8
   Niveles de protección
   1.   Los Estados miembros introducirán un sistema de niveles de protección para los puertos o las diversas partes de los puertos.
   2.   Existirán tres niveles de protección, según las definiciones del Reglamento (CE) no 725/2004:

               —

               nivel de protección 1: el nivel en el cual deberán mantenerse medidas mínimas adecuadas de protección en todo momento,

               —

               nivel de protección 2: el nivel en el cual deberán mantenerse medidas adecuadas de protección adicionales durante un período de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que afecte a la protección marítima,

               —

               nivel de protección 3: el nivel en el cual deberán mantenerse más medidas concretas de protección durante un período de tiempo limitado cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco concreto.

         3.   Los Estados miembros fijarán los niveles de protección que han de aplicarse a cada puerto o parte del puerto. En cada uno de dichos niveles, un Estado miembro podrá determinar que se apliquen diferentes medidas de protección a las distintas partes del puerto, dependiendo del resultado de la evaluación de la protección portuaria.
   4.   Los Estados miembros comunicarán a la persona o personas adecuadas el nivel de protección en vigor en cada puerto o en cada parte del puerto, así como cualesquiera cambios que se introduzcan en él.
   Artículo 9
   Oficial de protección portuaria
   1.   Para cada puerto el Estado miembro interesado facultará a un oficial de protección portuaria. Cada puerto dispondrá, cuando sea posible, de un oficial distinto, pero podrá, cuando sea posible, compartir con otro un mismo oficial de protección portuaria.
   2.   Los oficiales de protección portuaria desempeñarán la función de punto de contacto para los asuntos relativos a la protección del puerto.
   3.   Cuando el oficial de protección portuaria no sea la misma persona que el oficial de protección de la instalación o instalaciones portuarias en virtud de Reglamento (CE) no 725/2004, deberá asegurarse de que exista una estrecha colaboración entre ellos.
   Artículo 10
   Revisiones
   1.   Los Estados miembros velarán por que se revisen las evaluaciones y planes de protección portuaria cuando proceda. Dichas evaluaciones y planes deberán ser revisados al menos una vez cada cinco años.
   2.   El ámbito de la revisión será, según convenga, el previsto en los artículos 6 y 7.
   Artículo 11
   Organización de protección reconocida
   Los Estados miembros podrán designar organizaciones de protección reconocidas a los efectos de la presente Directiva. Las organizaciones de protección reconocidas deberán reunir las condiciones especificadas en el anexo IV.
   Artículo 12
   Punto de contacto para la protección portuaria
   Los Estados miembros nombrarán un punto de contacto para los aspectos relacionados con la protección portuaria. Los Estados miembros podrán designar para los aspectos de protección portuaria el punto de contacto designado conforme al Reglamento (CE) no 725/2004. El punto de contacto para la protección portuaria comunicará a la Comisión la lista de puertos afectados por la presente Directiva y le comunicará cualquier cambio que se produzca en ella.
   Artículo 13
   Aplicación y comprobación de la conformidad
   1.   Los Estados miembros establecerán un sistema que garantice la supervisión adecuada y periódica de los planes de protección portuaria y de su aplicación.
   2.   La Comisión, en colaboración con los puntos de contacto a que se hace referencia en el artículo 12, vigilará la aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros.
   3.   Dicha vigilancia se realizará junto con las inspecciones establecidas en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 725/2004.
   Artículo 14
   Adaptaciones
   Las disposiciones de los anexos I a IV podrán modificarse, sin que ello implique extensión del ámbito de aplicación de la presente Directiva, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15, apartado 2.
   Artículo 15
   Procedimiento de comitología
   1.   La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del Reglamento (CE) no 725/2004.
   2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
   El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
   3.   El Comité aprobará su reglamento interno.
   Artículo 16
   Confidencialidad y difusión de información
   1.   Para la aplicación de la presente Directiva, la Comisión adoptará, de conformidad con la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (6), las medidas oportunas para proteger la información sometida al requisito de confidencialidad a la que tenga acceso o que le sea comunicada por los Estados miembros.
   Los Estados miembros adoptarán medidas equivalentes con arreglo a sus legislaciones nacionales.
   2.   Todo miembro del personal que lleve a cabo inspecciones de protección o que esté encargado del tratamiento de información confidencial relacionada con la presente Directiva será sometido al oportuno procedimiento de habilitación por parte del Estado miembro del que sea nacional.
   Artículo 17
   Sanciones
   Los Estados miembros velarán por que se introduzcan sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas para los casos de infracción de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva.
   Artículo 18
   Aplicación
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 15 de junio de 2007. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 19
   Informe de evaluación
   La Comisión presentará, a más tardar el 15 de diciembre de 2008 y cada cinco años a partir de esa fecha, un informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo basado, entre otras cosas, en la información obtenida con arreglo al artículo 13. En dicho informe, la Comisión analizará el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y la eficacia de las medidas adoptadas. En caso necesario, presentará propuestas de medidas adicionales.
   Artículo 20
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 21
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros que dispongan de puertos como los que se mencionan en el artículo 2, apartado 2.

      Hecho en Estrasburgo, el 26 de octubre de 2005.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. ALEXANDER

      (1)  DO C 120 de 20.5.2005, p. 28.

      (2)  DO C 43 de 18.2.2005, p. 26.

      (3)  Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 6 de octubre de 2005.

      (4)  DO L 129 de 29.4.2004, p. 6.

      (5)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

      (6)  DO L 317 de 3.12.2001, p. 1. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2005/94/CE, Euratom (DO L 31 de 4.2.2005, p. 66).

      ANEXO I
      EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN PORTUARIA
      La evaluación de la protección portuaria es el fundamento de la elaboración del plan de protección portuaria y de su posterior ejecución. Dicha evaluación cubrirá, como mínimo, lo siguiente:

                  —

                  identificación y evaluación de los bienes e infraestructuras que es importante proteger,

                  —

                  determinación de las posibles amenazas a esos bienes e infraestructuras y de la probabilidad de que se concreten, a fin de establecer medidas de protección y una jerarquización de las mismas,

                  —

                  determinación, selección y jerarquización de las contramedidas y cambios de procedimiento y de su grado de eficacia para reducir la vulnerabilidad,

                  —

                  determinación de los puntos débiles, incluidos los relacionados con el factor humano, en las infraestructuras, políticas y procedimientos.

            A tal fin, la evaluación cubrirá al menos los siguientes aspectos:

                  —

                  determinación de todas las zonas del puerto pertinentes para la protección, lo cual incluye la fijación de los límites del mismo. Esto comprende las instalaciones portuarias ya sujetas a las disposiciones del Reglamento (CE) no 725/2004, cuya evaluación de riesgo servirá de base,

                  —

                  determinación de los aspectos relacionados con la protección derivados de la interfaz entre la instalación portuaria y otras medidas de protección del puerto,

                  —

                  identificación del personal portuario que deba someterse a un control de antecedentes o a una habilitación de seguridad debido a su incidencia en zonas de alto riesgo,

                  —

                  subdivisión del puerto, si se considera oportuno, según la probabilidad de sucesos que afecten a la protección marítima. Las zonas no se considerarán exclusivamente en función de su perfil como posible blanco, sino también en función de su potencial como lugar de paso hacia zonas vecinas que puedan convertirse en objetivo de tales actos,

                  —

                  determinación de las variaciones del riesgo, por ejemplo, la estacionalidad,

                  —

                  determinación de las características específicas de cada subzona, tales como situación, accesos, suministro de energía eléctrica, sistema de comunicaciones, propiedad, usuarios y otros factores considerados pertinentes para la protección,

                  —

                  elaboración de supuestos de amenazas para el puerto. La totalidad del puerto, o bien partes concretas de su infraestructura, carga, equipaje, personas o equipo de transporte en el puerto, pueden ser blanco directo de una amenaza identificada,

                  —

                  establecimiento de las consecuencias concretas de un supuesto de amenaza. Las consecuencias pueden repercutir en una o más subzonas. Se deberán determinar consecuencias tanto directas como indirectas. Merece particular atención el riesgo de víctimas humanas,

                  —

                  determinación de los posibles efectos colaterales de un ataque a la seguridad,

                  —

                  determinación de las vulnerabilidades de cada subzona,

                  —

                  determinación de todos los aspectos organizativos que sean pertinentes para la protección portuaria en general, incluida la diversidad de autoridades, normas y procedimientos,

                  —

                  determinación de las vulnerabilidades en relación con los aspectos organizativo, legislativo y procedimental de la protección global del puerto,

                  —

                  determinación de medidas, procedimientos y actuaciones para reducir las vulnerabilidades críticas. Se debería prestar especial atención a la necesidad y los medios de controlar el acceso o restringirlo a la totalidad del puerto o a partes concretas del mismo, tales como identificación de pasajeros, empleados del puerto y otros trabajadores, visitantes y tripulaciones, requisitos de vigilancia de zonas o actividades, y control de carga y equipajes. Las medidas, procedimientos y actuaciones deberán adaptarse al riesgo percibido, que puede diferir entre las zonas portuarias,

                  —

                  determinación de las medidas, procedimientos y actuaciones que deberán reforzarse en caso de incremento del nivel de protección,

                  —

                  determinación de prescripciones específicas para tratar problemas clásicos, como cargas, equipajes, combustible, provisiones o personas «sospechosos», paquetes desconocidos o peligros conocidos (por ejemplo, una bomba). Aquí deben incluirse análisis y recomendaciones sobre cuándo conviene resolver la situación sobre el terreno y cuándo ha de transportarse primero la fuente de riesgo a un lugar seguro,

                  —

                  determinación de medidas, procedimientos y actuaciones para limitar y mitigar las consecuencias,

                  —

                  definición de divisiones de tareas que permitan una correcta y adecuada ejecución de las medidas, procedimientos y actuaciones establecidos,

                  —

                  atención particular, si procede, a la relación con otros planes de protección (por ejemplo, planes de protección de la instalación portuaria) y otras medidas de protección existentes. También convendría atender a la relación con otros planes de respuesta (por ejemplo, plan de respuesta a vertidos de petróleo, plan de contingencia del puerto, plan de intervención médica, plan para desastres nucleares, etc.),

                  —

                  determinación de los requisitos de comunicación para la aplicación de las medidas y procedimientos,

                  —

                  atención particular a las medidas para preservar de su divulgación la información confidencial relacionada con la protección,

                  —

                  determinación de las necesidades de conocimiento de todas las instancias directamente involucradas, así como del público en general, si procede.

      ANEXO II
      PLAN DE PROTECCIÓN PORTUARIA
      El plan de protección portuaria establece las medidas de protección del puerto. Se basará en las conclusiones de la evaluación de la protección portuaria. Las medidas del plan se especificarán claramente y en detalle. El plan incluirá un mecanismo de control que permita, en caso necesario, la adopción de las oportunas medidas correctoras.
      El plan de protección portuaria:

                  —

                  definirá todas las zonas pertinentes para la protección portuaria. Dependiendo de la evaluación de la protección portuaria, las medidas, procedimientos y actuaciones podrán diferir en las distintas subzonas. En efecto, algunas subzonas pueden precisar medidas preventivas más estrictas que otras. Deberá prestarse especial atención a las interfaces entre las subzonas, según se hayan determinado en la evaluación de la protección portuaria,

                  —

                  coordinará las medidas aplicadas a zonas con distintas características desde el punto de vista de la protección,

                  —

                  establecerá, en su caso, medidas variables en función de las distintas partes del puerto, cambios en los niveles de protección e información obtenida de los servicios de inteligencia,

                  —

                  determinará una estructura organizativa que contribuya a la mejora de la protección portuaria.

            Sobre la base de estos aspectos generales, el plan de protección portuaria atribuirá tareas y especificará planes de trabajo en los siguientes ámbitos:

                  —

                  requisitos de acceso. En algunas zonas los requisitos sólo entrarán en vigor cuando los niveles de protección superen un determinado umbral. Todos los requisitos y umbrales deberán figurar pormenorizadamente en el plan de protección portuaria,

                  —

                  documentos de identificación, control de equipajes y carga. Estas prescripciones podrán aplicarse o no a las subzonas; asimismo, se podrán aplicar en su integridad o parcialmente a las distintas subzonas. Las personas que accedan o circulen por una subzona pueden ser sometidas a control. El plan de protección portuaria se ajustará adecuadamente a las conclusiones de la evaluación de protección portuaria, que es el instrumento mediante el cual se determinarán las prescripciones de protección de cada subzona en los distintos niveles de protección. Cuando se elaboren documentos de identidad especiales con fines de protección portuaria, deberán establecerse procedimientos claros para su expedición, control de uso y devolución. Tales procedimientos deberán tener en cuenta las peculiaridades de determinados grupos de usuarios del puerto, de modo que sean posibles medidas especiales para limitar los efectos negativos de los requisitos de control de acceso. Como categorías deben figurar al menos la gente de mar, funcionarios de la autoridad, personas que trabajen en el puerto o lo visiten regularmente, residentes y personas que trabajen en el puerto o lo visiten de forma ocasional,

                  —

                  enlace con las autoridades competentes en materia de control de la carga, equipajes y pasajeros. En caso necesario el plan dispondrá la vinculación entre los sistemas de información y autorización de aquéllas, incluidos los posibles sistemas de autorización previa,

                  —

                  procedimientos y medidas para tratar carga, equipajes, combustible, provisiones o personas sospechosos, incluido el establecimiento de una zona segura; procedimientos y medidas para otros problemas y quiebras de la protección portuaria,

                  —

                  prescripciones de vigilancia de subzonas o de actividades que tengan lugar en las mismas. La necesidad de soluciones técnicas y la posible concreción de las mismas derivarán de la evaluación de la protección portuaria,

                  —

                  señalización. Se deberán señalizar adecuadamente las zonas que estén sujetas a cualesquiera prescripciones (acceso y/o control). Para las prescripciones de control y acceso se tendrán debidamente en cuenta todas las leyes y costumbres vigentes que procedan. El hecho de que se estén vigilando actividades será oportunamente advertido, si así lo preceptúa la legislación nacional,

                  —

                  comunicación y autorizaciones. Toda información pertinente sobre la protección portuaria deberá ser adecuadamente comunicada, si tal comunicación puede ser autorizada conforme a los criterios que figurarán en el plan. Dado el carácter confidencial que a veces reviste tal información, la comunicación se ajustará al principio de la «necesidad de conocimiento», si bien incluirá en caso necesario procedimientos de comunicación dirigida al público en general. El plan contendrá criterios de autorización que protejan la información confidencial contra una divulgación indebida,

                  —

                  notificación de sucesos que afecten a la protección marítima. Para garantizar una respuesta rápida, el plan de protección portuaria debe fijar obligaciones claras de notificación destinadas al oficial de protección portuaria y/o la autoridad de protección portuaria, en relación con todos los sucesos que afecten a la protección marítima,

                  —

                  integración con otros planes o actividades preventivos. El plan debe abordar específicamente la integración con otras actividades preventivas y de control vigentes en el puerto,

                  —

                  integración con otros planes de respuesta y/o incorporación de medidas, procedimientos y actuaciones de respuesta específicos. El plan debe detallar la interacción y coordinación con otros planes de reacción y emergencia. En caso necesario, deberán resolverse los eventuales conflictos y deficiencias,

                  —

                  prescripciones sobre formación y prácticas,

                  —

                  organización operativa y procedimientos de la protección portuaria. El plan de protección portuaria especificará en detalle la organización de la protección portuaria, su división de tareas y sus procedimientos. También describirá pormenorizadamente la coordinación con los oficiales de protección de los buques e instalaciones portuarias, si procede. Si existe un comité de protección portuaria, el plan consignará sus tareas,

                  —

                  procedimientos de adaptación y actualización del plan de protección portuaria.

      ANEXO III
      PRESCRIPCIONES BÁSICAS SOBRE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN
      Como mínimo una vez al año, pero sin que transcurran entre unas y otras más de 18 meses, deben efectuarse diversos tipos de prácticas de formación, en las que podrán participar los oficiales de protección de las instalaciones portuarias, junto con las autoridades pertinentes de los Estados miembros, los oficiales de las compañías para la protección marítima y los oficiales de protección de los buques, si están disponibles. Las solicitudes para la participación de los oficiales de las compañías para la protección marítima o de los oficiales de protección de los buques en prácticas de formación conjuntas se cursarán teniendo en cuenta sus repercusiones para la protección y el funcionamiento de los buques. En dichas prácticas deben someterse a prueba las comunicaciones, la coordinación, la disponibilidad de recursos y la forma de hacer frente a un suceso. Las prácticas de formación pueden:

                  1)

                  hacerse a escala natural o en vivo;

                  2)

                  consistir en una simulación teórica o un seminario, o

                  3)

                  combinarse con otras prácticas que se realicen, como por ejemplo las de respuesta ante una emergencia u otras prácticas relacionadas con la autoridad del Estado rector del puerto.

      ANEXO IV
      CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN RECONOCIDA
      La organización de protección reconocida deberá poder acreditar lo siguiente:

                  1)

                  conocimiento especializado de los aspectos pertinentes de la protección portuaria;

                  2)

                  conocimiento adecuado de las operaciones portuarias, así como del diseño y construcción del puerto;

                  3)

                  conocimiento adecuado de otras operaciones que puedan afectar a la protección portuaria;

                  4)

                  capacidad de evaluación de riesgos para la protección portuaria;

                  5)

                  capacidad para actualizar y perfeccionar los conocimientos especializados de su personal en materia de protección portuaria;

                  6)

                  capacidad para controlar que su personal sea en todo momento de confianza;

                  7)

                  capacidad para mantener las medidas apropiadas para evitar la divulgación no autorizada de material confidencial sobre protección, o el acceso no autorizado al mismo;

                  8)

                  conocimiento de la legislación nacional e internacional pertinente, así como de las prescripciones en materia de protección;

                  9)

                  conocimiento de las tendencias y amenazas actuales en relación con la protección;

                  10)

                  capacidad para el reconocimiento y la detección de armas y sustancias o dispositivos peligrosos;

                  11)

                  capacidad para el reconocimiento, sin carácter discriminatorio, de las características y pautas de comportamiento de las personas que puedan suponer una amenaza para la protección portuaria;

                  12)

                  conocimiento de las técnicas utilizadas para eludir las medidas de protección;

                  13)

                  conocimiento de los equipos y sistemas de protección y vigilancia, y de sus limitaciones operacionales.

            Una organización de protección reconocida que haya efectuado o revisado una evaluación de protección portuaria para un puerto dado no podrá elaborar ni revisar el plan de protección portuaria del mismo.


Avis juridique important

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31972L0161

Directiva 72/161/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa a la información socioeconómica y a la cualificación profesional de las personas que trabajan en la agricultura

Diario Oficial n° L 096 de 23/04/1972 p. 0015 - 0020 Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1972(II) p. 0326  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1972(II) p. 0339  Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 7 p. 0187  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 5 p. 0191  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 5 p. 0191

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 17 de abril de 1972    relativa a la información socioeconómica y a la   cualificación profesional de las personas que   trabajan en la agricultura     ( 72/161/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su artículo 43 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo ,    Considerando que los objetivos de la política agrícola   común mencionados en las letras a ) y b ) del apartado 1   del artículo 39 pueden alcanzarse sin una reforma de las   estructuras agrícolas ;    Considerando que dicha reforma de las estructuras es un   elemento fundamental del desarrollo de la política   agrícola común ; que es conveniente , por consiguiente ,   que se base en un concepto y en criterios comunitarios ;    Considerando que la diversidad de las causas , la   naturaleza y la gravedad de los problemas estructurales de la   agricultura puede exigir soluciones diferenciadas según   las regiones , adaptables en el tiempo ; que resulta   necesario contribuir al desarrollo económico y social   global de cada una de las regiones afectadas ; que podrán   alcanzarse los mejores resultados si los Estados miembros ,   basándose en conceptos y criterios comunitarios , aplican   ellos mismos la acción común con sus propios medios   legales , reglamentarios y administrativos y si , por otra   parte , determinan ellos mismos , en las condiciones que   fije la Comunidad , en qué medida dicha acción debe   intensificarse o concentrarse en determinadas regiones ;    Considerando que la reforma de las estructuras agrícolas   sólo podrá llevarse a cabo en tanto en cuanto un gran   número de personas que ejercen una actividad agrícola   modifiquen profundamente la orientación de su actividad ;    Considerando que la elección que implica cualquier   modificación de orientación de la actividad dentro de la   agricultura , o cualquier conversión a otros sectores de   actividad , ha de efectuarse con pleno conocimiento de   las posibilidades existentes y de las consecuencias de la   misma ;    Considerando que actualmente , en numerosas regiones   de la Comunidad , dicha elección se ve dificultada por la   insuficiente información socioeconómica sobre el mundo   agrícola ;    Considerando que la evolución y especificación de la   agricultura exigen una notable elevación del nivel de   formación general , técnica y económica de la   población activa agrícola , en particular respecto de   las nuevas orientaciones de la gestión , la producción   o la comercialización , indispensables por razón del   progreso técnico y de las exigencias de los mercados ;    Considerando que la insuficiencia de los medios   disponibles para la formación y el perfeccionamiento   profesionales obstaculizan , en numerosas regiones , los   esfuerzos que han de efectuarse para que los directores de   las explotaciones agrícolas se conviertan en verdaderos   directores de empresas modernas y , en general , para   garantizar una cualificación profesional a los   empresarios , a los asalariados y a los colaboradores   familiares agrícolas ;    Considerando que , para satisfacer las necesidades de una   agricultura en evolución , los centros de formación y de   perfeccionamiento profesionales deben elaborar y   adaptar sus programas , así como el nivel y la naturaleza   de las cualificaciones del profesorado , de acuerdo con   criterios mínimos definidos por los Estados miembros ;    Considerando que , cuando han de abandonar la   agricultura , las personas que trabajan en ella se ven   obligadas generalmente a adquirir nuevas cualificaciones   profesionales y sólo pueden hacerlo si se les garantiza   una renta durante el período que deban dedicar a los   cursos de reconversión ;    Considerando que el conjunto de las medidas proyectadas   revisten un interés comunitario y aspira a alcanzar   los objetivos definidos en la letra a ) del apartado 1 del   artículo 39 del Tratado , incluidas las modificaciones de   las estructuras necesarias para el buen funcionamiento   del mercado común ; que dichas medidas constituyen ,   por consiguiente una acción común con arreglo al   artículo 6 del Reglamento ( CEE ) n º 729/70 del Consejo   de 21 de abril de 1970 relativo a la financiación de la   política agrícola común (1) ;    Considerando que , puesto que la Comunidad contribuye   a la financiación de dicha acción común , debe estar   en condiciones de comprobar que las disposiciones   adoptadas por los Estados miembros para su aplicación   contribuyen a la consecución de los objetivos citados ;   que es conveniente , a tal fin , prever un conocimiento por   el que se establezca una estrecha cooperación entre los   Estados miembros y la Comisión en el seno del Comité   permanente de estructuras agrícolas creado por el   artículo 1 de la Decisión del Consejo de 4 de diciembre   de 1962 relativa a la coordinación de las políticas   de estructuras agrícolas (2) y que implique , en el   aspecto financiero , la consulta al Comité del FEOGA   previsto en los artículos 11 al 15 del Reglamento   ( CEE ) n º 729/70 ;    Considerando que es conveniente que , basándose en un   informe presentado por la Comisión , el Parlamento   Europeo y el Consejo puedan examinar anualmente los   resultados de las medidas comunitarias y nacionales   aplicadas , a fin de evaluar la necesidad de completar o de   adaptar el régimen establecido ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    TÍTULO I    Información socioeconómica de la población agrícola    Artículo 1    1 . Para que las personas que trabajan en la agricultura   puedan tomar con pleno conocimiento de causa una   decisión relativa a su porvenir profesional y el de sus   hijos , los Estados miembros establecerán un régimen que   tenga por objetivo el desarrollo de la información   socioeconómica de los empresarios , de los asalariados y   de los colaboradores familiares agrícolas .    2 . Los Estados miembros , en el marco de las   disposiciones generales que adopte el Consejo de acuerdo con   el procedimiento previsto en el artículo 43 del Tratado ,   podrán :     - diferenciar , según las regiones , la totalidad o   parte de las medidas previstas en el artículo 2 .    Artículo 2    El régimen previsto en el artículo 1 comprenderá :    a ) la creación y el desarrollo de servicios de   información socioeconómica , ya sea públicos , ya sea   expresamente designados y autorizados a tal fin por los   Estados miembros , o , dentro de los servicios ya   existentes , de secciones especializadas de información   socioeconómica ;    b ) la asunción de los gastos de formación y de   perfeccionamiento de los asesores socioeconómicos ,   incluida la eventual concesión de primas o indemnizaciones   de asistencia a los cursos .    Artículo 3    Los servicios o las secciones especializadas previstos en   la letra a ) del artículo 2 garantizarán la información   socioeconómica mediante actividades que tengan   expresamente como objeto :    a ) proporcionar a la población agrícola una   información general sobre las posibilidades que se le   presentan para mejorar su situación socioeconómica ;    b ) estudiar y examinar los casos individuales para su   adaptación a las nuevas situaciones ;    c ) poner a las personas interesadas en nuevas   orientaciones de sus explotaciones en contacto con los   servicios de divulgación competentes ;    d ) informar y asesorar a los interesados para :     - la continuación de una actividad agrícola ,     - la elección de una actividad no-agrícola ,     - el cese definitivo de su actividad profesional ;    e ) dar a conocer a los interesados las posibilidades de   perfeccionamiento de las personas que trabajan en la   agricultura , y las perspectivas que se ofrecen a sus   hijos en la agricultura y en otras actividades ;    f ) dirigir a los interesados , de acuerdo con las   decisiones proyectadas o adoptadas , a los servicios   especializados competentes .    Artículo 4    1 . La formación y el perfeccionamiento de los   asesores socioeconómicos contemplados en la letra b ) del   artículo 2 deberán permitir a las personas que ya hayan   recibido una formación básica adecuada y que   dispongan de experiencia del mundo agrícola suficiente   completar sus conocimientos técnicos , adquirir   conocimientos suficientes o mejorar los que ya poseen   en lo que se refiere a :     - los problemas económicos y humanos ,     - los problemas que se planteen en la región en la que   deban ejercer su actividad ,     - las posibilidades jurídicas y sociales que se ofrezcan   a los interesados .    2 . Las condiciones mínimas que deban cumplir los   cursos contemplados en la letra b ) del artículo 2 para ser   autorizados serán establecidas por los Estados miembros ,   que determinarán en particular :    a ) las condiciones de acceso ,    b ) los programas mínimos de formación y de   perfeccionamiento de los asesores ,    c ) la duración mínima de los cursos ,    d ) la sanción de la formación recibida ,    e ) la gestión , evaluada tanto desde el punto de vista   de la calidad de la formación como desde el punto de   vista cuantitativo y financiero .    TÍTULO II    Cualificación profesional de las personas que trabajan   en la agricultura    Artículo 5    1 . Para que las personas que trabajan en la agricultura   y que hayan cumplido dieciocho años , puedan adquirir   una nueva cualificación dentro de la profesión   agrícola , o mejorar la que ya posean , a fin de   integrarse en una agricultura moderna , los Estados miembros   establecerán un régimen de fomento de la promoción   y de la adaptación profesional de los empresarios ,   asalariados y colaboradores familiares agrícolas .    Dicho régimen no cubrirá los ciclos normales de   estudios agrícolas cursados en el marco de la enseñanza   secundaria o superior .    2 . Los Estados miembros , en el marco de las   disposiciones generales que adopte el Consejo de acuerdo con   el procedimiento previsto en el artículo 43 del Tratado ,   podrán :     - diferenciar , según las regiones , la aplicación del   régimen de fomento previsto en el apartado 1 ,     - no aplicar , en determinadas regiones , la totalidad o   parte de las medidas previstas en el artículo 6 .    Artículo 6    1 . El régimen de fomento previsto en el artículo 5 se   refiere a las acciones que tengan por objetivo proporcionar   a las personas que trabajan en la agricultura en   complemento de formación tanto del orden general   como técnico y económico .    Dichas acciones serán realizadas por centros o cursos de   formación y de perfeccionamiento profesionales para ser   autorizados serán establecidos por los Estados miembros ,   que determinarán en particular :    a ) las condiciones de acceso ,    b ) los programas mínimos y , en particular , la   importancia que deba concederse a la formación técnica y   a la formación económica ,    c ) la duración de los cursos , según su naturaleza ,   en función de los objetivos previstos en el artículo 5 ,    d ) la gestión , evaluado tanto desde el punto de vista   de la calidad de la formación como desde el punto de   vista cuantitativo y financiero .    3 . Para la realización de las acciones previstas en el   apartado 1 , los Estados miembros adoptarán todas las   disposiciones necesarias para :     - la creación y el desarrollo de los centros o cursos ,     - la concesión de prima o de indemnizaciones de   asistencia a dichos centros o cursos .    TÍTULO III    Reconversión profesional de las personas que trabajan   en la agricultura y que desean dedicarse a una actividad   extraagrícola    Artículo 7    1 . Hasta que entre en vigor la Decisión que debe   adoptar el Consejo en aplicación de la Decisión del   Consejo de 1 de febrero de 1971 relativa a la reforma del   Fondo Social Europeo (3) , y para dar a este último la   posibilidad de intervenir en favor de las personas que   trabajan en la agricultura , con objeto de que personas de   este grupo , que deseen dedicarse a una actividad extra   agrícola puedan asistir a cursos de reconversión   profesional , los Estados miembros establecerán un   régimen que garantice a los interesados una renta mientras   dure su curso de reconversión y la concesión o el   mantenimiento del derecho a las prestaciones de la seguridad   social . No obstante , dichas ayudas no podrán cubrir las   propias prestaciones sociales .    2 . El Consejo , a propuesta de la Comisión y de   acuerdo con el procedimiento de votación previsto en el   apartado 2 del artículo 43 del Tratado , establecerá las   condiciones y criterios para la aplicación del apartado 1 .    TÍTULO IV    Disposiciones financieras y generales    Artículo 8    El conjunto de las medidas previstas por la presente   Directiva constituye una acción común con arreglo al   apartado 1 del artículo 6 del Reglamento ( CEE )   n º 729/70 .    Artículo 9    1 . La duración prevista para la realización de la   acción común será de diez años .    2 . Transcurrido un período de cinco años a partir del   momento en que surta efecto la presente Directiva , las   modalidades de esta última serán objeto de nuevo   examen por el Consejo , a propuesta de la Comisión .    3 . El coste previsto total de la acción común a cargo   del FEOGA ascenderá a 110 millones de unidades de   cuenta , para los cinco primeros años .    4 . Será aplicable a la presente Directiva lo dispuesto   en el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento ( CEE )   n º 729/70 .    Artículo 10    1 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión :     - los proyectos de disposiciones legales , reglamentarias   o administrativas que prevean adoptar en aplicación   de la presente Directiva .     - las disposiciones que puedan permitir la aplicación   de la presente Directiva y que sean anteriores a la fecha   en que ésta surta efecto .    2 . Al remitir los proyectos de disposiciones legales ,   reglamentarias o administrativas y las disposiciones ya en   vigor previstas en el apartado 1 , los Estados miembros   expondrán los vínculos que existan a nivel regional   entre la medida de que se trate , por una parte y la   situación económica y las características de la   estructura agrícola , por otra .    3 . Respecto de los proyectos comunicados con arreglo   al primer guión del apartado 1 , la Comisión examinará   si , en función de su conformidad con la presente   Directiva y teniendo en cuenta los objetivos de la misma ,   así como la necesaria relación entre las diferentes   medidas , se cumplen las condiciones para la participación   financiera de la Comunidad en la acción contemplada en el   artículo 8 . En los dos meses siguientes a la   comunicación , la Comisión emitirá dictamen al   respecto , previa consulta al Comité Permanente de   Estructuras Agrícolas .    4 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   las disposiciones legales reglamentarias o administrativas   contempladas en el apartado 3 , tan pronto como sean   aprobadas .    Artículo 11    1 . Respecto de las disposiciones con arreglo al   segundo guión del apartado 1 y al apartado 4 del   artículo , la Comisión examinará si , en función de   su conformidad con la presente Directiva y teniendo en   cuenta los objetivos de la misma , así como la necesaria   relación entre las diferentes medidas , se cumplen las   condiciones para la participación financiera de la   Comunidad en la acción común contemplada en el   artículo 8 . En los dos meses siguientes a la   comunicación , el representante de la Comisión ,   previa consulta al Comité del FEOGA sobre los aspectos   financieros , presentará al Comité Permanente   de Estructuras Agrícolas un proyecto de decisión al   respecto .    2 . El Comité emitirá su dictamen en el plazo que el   Presidente fije en función de la urgencia de las   cuestiones sometidas a examen . Se pronunciará por   mayoría de doce votos , ponderándose los votos de los   Estados miembros en la forma prevista en el apartado 2 del   artículo 148 del Tratado . El Presidente no participará   en la votación .    3 . La Comisión adoptará la decisión . No obstante ,   si dicha decisión no se ajusta al dictamen emitido por el   Comité , será comunicada inmediatamente la decisión al   Consejo . En tal caso , la Comisión podrá aplazar la   aplicación en un mes , como máximo , a partir de la   comunicación .    El Consejo , de acuerdo con el procedimiento de   votación previsto en el apartado 2 del artículo 43 del   Tratado , podrá adoptar una decisión diferente en un   plazo de un mes .    Artículo 12    1 . Los gastos realizados por los Estados miembros en   el marco de las acciones previstas en el artículo 2 , en el   apartado 3 del artículo 6 y en el artículo 7 serán   imputables al FEOGA , sección Orientación , hasta los   límites indicados en el apartado 2 .    2 . El FEOGA , sección Orientación , reembolsará a   los Estados miembros :     - el 25 % de un importe a tanto alzado de 7 500 unidades   de cuenta por asesor que entre en funciones y   cumpla las condiciones definidas en el artículo 4 , si   bien la sustitución del mismo mientras dure la acción   común no será imputable al FEOGA ;     - el 25 % de los gastos realmente realizados en el   marco de las disposiciones previstas en el apartado 3   del artículo 6 . Dichos gastos se tomarán en   consideración hasta un importe global de 1 500 unidades de   cuenta por agricultor que haya asistido a un ciclo   completo de cursos que permitan la promoción y la   formación profesional del interesado ;     - el 25 % de los gastos realmente realizados en el   marco de las acciones previstas en el artículo 7 . Esta   disposición que debe adoptar el Consejo con arreglo   al artículo 4 de la Decisión del Consejo de 1 febrero   de 1971 relativa a la reforma del Fondo Social   Europeo , que dará a este último la posibilidad de   intervenir en favor de las personas que trabajan en la   agricultura y que deseen dedicarse a una actividad   extraagrícola .    3 . Las modalidades de aplicación del apartado 2 se   establecerán de acuerdo con el procedimiento previsto en   el artículo 13 del Reglamento ( CEE ) n º 729/70 .    Artículo 13    1 . Las medidas que adopten los Estados miembros   únicamente podrán beneficiarse de la participación   financiera de la Comunidad si las disposiciones que a ellas   se refieran hubieran sido objeto de una decisión favorable   con arreglo al artículo 11 .    2 . La participación financiera de la Comunidad   abarcará los gastos imputables resultantes de las ayudas   cuya decisión de concesión sea posterior a la fecha en   que surta efecto la presente Directiva .    Artículo 14    1 . Las solicitudes de reembolso se referirán a los   gastos realizados por los Estados miembros durante un año   civil y se presentarán a la Comisión antes del 1 de   julio del año siguiente .    2 . La contribución del Fondo se decidirá con arreglo   al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento ( CEE )   n º 729/70 .    3 . La Comisión podrá conceder anticipos .    4 . Las modalidades de aplicación del presente artículo   se establecerán de acuerdo con el procedimiento previsto   en el artículo 13 del Reglamento ( CEE ) n º 729/70 .    Artículo 15    La presente Directiva no prejuzga la facultad de los   Estados miembros de adoptar , en el ámbito de la misma ,   las medidas de ayuda suplementarias cuyas condiciones o   modalidades difieran de las que en ella se prevén o cuyos   importes excedan de los límites máximos que en ella se   fijan , siempre que dichas medidas se adopten de acuerdo   con lo previsto en los artículos 92 a 94 del Tratado .    Artículo 16    Anualmente antes del 1 de agosto , se examinarán las   medidas comunitarias y nacionales en vigor relativas a la   presente Directiva en el marco de un informe anual que   la Comisión presentará al parlamento Europeo y al   Consejo y para el cual los Estados miembros comunicarán a   la Comisión toda la documentación necesaria .    El Consejo evaluará los resultados de dichas medidas   teniendo en cuenta el ritmo de evolución de las estructuras   necesario para la consecución de los objetivos de la   política agrícola común , su efecto sobre una   evolución armoniosa de las regiones de la Comunidad y las   implicaciones financieras de las medidas de que se trate .    En su caso , el Consejo adoptará , de acuerdo con el   procedimiento previsto en el artículo 43 del Tratado , las   disposiciones necesarias .    Artículo 17    Los Estados miembros podrán prever condiciones   complementarias para la ejecución de las medidas de ayuda   previstas en la presente Directiva .    Artículo 18    Los Estados miembros aplicarán las medidas necesarias   para cumplir las disposiciones de la presente Directiva en   un plazo de un año a partir de la fecha de su   notificación .    Artículo 19    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 17 de abril de 1972 .    Por el Consejo    El Presidente    J. P. BUCHLER    (1) DO n º L 94 de 28 . 4 . 1970 , p. 13 .    (2) DO n º 136 de 17 . 12 . 1962 , p. 2892/62 .    (3) DO n º L 28 de 4 . 2 . 1971 , p. 15 .


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32001L0044

Directiva 2001/44/CE del Consejo, de 15 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales

Diario Oficial n° L 175 de 28/06/2001 p. 0017 - 0020

Directiva 2001/44/CE del Consejode 15 de junio de 2001por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especialesEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, sus artículos 93 y 94,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),Considerando lo siguiente:(1) Las disposiciones existentes sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos, establecidas en la Directiva 76/308/CEE(4), exigen una modificación para tener en cuenta la amenaza que plantea a los intereses financieros de la Comunidad y los Estados miembros y al mercado interior el desarrollo del fraude.(2) En el marco del mercado interior conviene proteger los intereses financieros comunitario y nacional, cada vez más amenazados por el fraude, a fin de lograr una mayor garantía de competitividad y neutralidad fiscal del mercado interior.(3) Para una mejor protección de los intereses financieros de los Estados miembros y la neutralidad fiscal del mercado interior, los créditos relativos a determinados impuestos sobre la renta y el capital, y a impuestos sobre primas de seguros, deben añadirse al ámbito de aplicación de la asistencia mutua prevista por la Directiva 76/308/CEE.(4) Para permitir un cobro más eficiente y eficaz de los créditos respecto de los que se haya efectuado una petición de cobro, el título que permite la ejecución del crédito debe tratarse, en principio, como un título del Estado miembro en el que esté situada la autoridad requerida.(5) Salvo en casos excepcionales, el recurso a la asistencia mutua para el cobro no puede basarse en la obtención de beneficios financieros o en una participación en los resultados conseguidos, pero los Estados miembros deben poder acordar modalidades de reembolso cuando el cobro presente un problema específico.(6) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(5).(7) La Directiva 76/308/CEE debe, por tanto, modificarse en consecuencia.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 76/308/CEE se modificará como sigue:1) El título se sustituirá por el texto siguiente: "Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas.".2) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente: "Artículo 2La presente Directiva se aplicará a todos los créditos correspondientes a:a) las devoluciones, intervenciones y otras medidas que formen parte del sistema de financiación total o parcial del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), incluidas las cantidades que hayan de percibirse en el marco de estas acciones;b) las exacciones reguladoras agrícolas y los derechos previstos en la organización común de mercado para el sector del azúcar;c) los derechos de importación;d) los derechos de exportación;e) el impuesto sobre el valor añadido;f) los impuestos especiales sobre:- los tabacos manufacturados,- el alcohol y las bebidas alcohólicas,- los aceites minerales;g) los impuestos sobre la renta y el patrimonio;h) los impuestos sobre las primas de seguros;i) los intereses, recargos y multas administrativas, los gastos de los créditos a que se refieren las letras a) a h), con la exclusión de cualquier sanción de carácter penal con arreglo a la legislación en vigor en el Estado miembro en que esté ubicada la autoridad requerida.".3) En el artículo 3 se añadirán los guiones siguientes: "- 'derechos de importación': los derechos de aduana y otros derechos de efecto equivalente sobre las importaciones, así como las exacciones reguladoras agrícolas y otros derechos a la importación establecidos en el marco de la política agrícola común o en las disposiciones específicas aplicables a determinados productos derivados del tratamiento de los productos agrícolas,- 'derechos de exportación': los derechos de aduana y otros derechos de efecto equivalente sobre las exportaciones, así como las exacciones reguladoras agrícolas y otros derechos a la exportación establecidos en el marco de la política agrícola común o en las disposiciones específicas aplicables a determinados productos derivados del tratamiento de los productos agrícolas,- 'impuestos sobre la renta o el patrimonio': los enumerados en el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 77/799/CEE(6) del Consejo, en relación con el apartado 4 del artículo 1 de dicha Directiva,- 'impuestos sobre primas de seguro':>SITIO PARA UN CUADRO>La presente Directiva se aplicará, asimismo, a los créditos correspondientes a los impuestos idénticos o similares que se añadan a los impuestos contemplados en el sexto guión o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados miembros se comunicarán mutuamente, así como a la Comisión, las fechas de entrada en vigor de estos impuestos.".4) En el apartado 2 del artículo 4, los términos "el nombre y la dirección" se sustituyen por "el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente a efectos de la identificación a la que tenga normalmente acceso la autoridad requirente".5) En el apartado 2 del artículo 5, los términos "el nombre y la dirección" se sustituyen por "el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente a efectos de la identificación a la que tenga normalmente acceso la autoridad requirente".6) Los artículos 7, 8, 9 y 10 se sustituirá por el texto siguiente: "Artículo 71. La petición de cobro de un crédito que la autoridad requirente dirija a la autoridad requerida deberá acompañarse de un ejemplar oficial o de una copia certificada conforme del título que permita su ejecución, emitido en el Estado miembro de la autoridad requirente y, en su caso, del original o de una copia certificada conforme de otros documentos necesarios para el cobro.2. La autoridad requirente sólo podrá formular una petición de cobro:a) si el crédito o el título que permita su ejecución no hubieren sido impugnados en el Estado miembro donde tenga su sede, salvo en el caso en que se aplique lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12;b) cuando se hayan puesto en práctica en el Estado miembro donde tenga su sede los procedimientos de cobro pertinentes sobre la base del título mencionado en el apartado 1 y mediante las medidas tomadas no se lograre el pago íntegro del crédito.3. La petición de cobro indicará:a) el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente a efectos de la identificación de la persona en cuestión o del tercero que posea sus activos;b) el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente a efectos de la identificación de la autoridad requirente;c) una referencia al título que permita su ejecución, expedido en el Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requirente;d) la naturaleza y cuantía del crédito, incluidos el principal, los intereses y cualquier otro recargo, multas y gastos debidos, indicados en las monedas de los Estados miembros donde tengan su sede ambas autoridades;e) la fecha de notificación del título al destinatario por parte de la autoridad requirente o por parte de la autoridad requerida;f) la fecha a partir de la cual y el plazo durante el cual es posible la ejecución con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requirente;g) cualquier otra información pertinente.4. La petición de cobro contendrá además una declaración de la autoridad requirente confirmando que se cumplen los requisitos previstos en el apartado 2.5. La autoridad requirente dirigirá a la autoridad requerida, en cuanto tenga conocimiento de ellas, todas las informaciones útiles relacionadas con el caso que haya motivado la petición de cobro.Artículo 81. El título que permita la ejecución del crédito será directamente reconocido y tratado automáticamente como un título que permite la ejecución del cobro del Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requerida.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el título que permita la ejecución del cobro podrá, cuando proceda y con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, ser homologado, reconocido, completado o sustituido por un título que permita su ejecución en el territorio de dicho Estado miembro.Los Estados miembros procurarán finalizar dicha homologación, reconocimiento, complemento o sustitución en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la petición de cobro, excepto en aquellos casos en que sea de aplicación el párrafo tercero. No podrán denegarse si el título ejecutivo hubiera sido expedido de forma válida. La autoridad requerida informará a la autoridad requirente de los motivos de rebasarse el plazo de tres meses.Cuando alguna de las mencionadas formalidades dé lugar a impugnación del crédito o del título de ejecución expedido por la autoridad requirente, serán de aplicación las disposiciones del artículo 12.Artículo 91. El cobro se efectuará en la moneda del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su sede. La autoridad requerida transferirá a la autoridad requirente la totalidad de la suma del crédito que haya cobrado.2. La autoridad requerida, si lo permiten las disposiciones legales y reglamentarias o las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede, y tras haber consultado a la autoridad requirente, podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado. Los intereses percibidos por la autoridad requerida como consecuencia de este aplazamiento del pago se transferirán igualmente al Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede.A partir del momento en que el título que permita la ejecución del cobro del crédito haya sido directamente reconocido u homologado, reconocido, completado o sustituido de conformidad con el artículo 8, se cobrarán intereses de demora con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias, y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro en que esté ubicada la autoridad requerida y se remitirán asimismo al Estado miembro en que esté ubicada la autoridad requirente.Artículo 10No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6, en el Estado miembro en el que tenga su sede la autoridad requerida los créditos que hayan de cobrarse no disfrutarán necesariamente de la prioridad concedida a créditos similares contraídos en dicho Estado.".7) El apartado 2 del artículo 12 se modificará como sigue:a) En la primera frase se añadirá el texto siguiente: ", salvo que la autoridad requirente solicite lo contrario con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo.".b) Se añadirá el párrafo siguiente: "No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 2, la autoridad requirente podrá, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro en que esté ubicada, solicitar a la autoridad requerida el cobro de un crédito impugnado, en la medida en que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requerida permitan dicha acción. Si el resultado de la impugnación resultara favorable al deudor, la autoridad requirente será responsable de la devolución de cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requerida.".8) El párrafo primero del artículo 14 se sustituirá por el texto siguiente: "La autoridad requerida no estará obligada a:a) garantizar la asistencia que establecen los artículos 6 a 13 cuando, debido a la situación del deudor, el cobro pueda crear dificultades económicas y sociales graves en el Estado miembro en el que esté ubicada dicha autoridad, en la medida en que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro en el que esté ubicada la autoridad requerida permitan dicha acción para créditos nacionales similares;b) garantizar la asistencia que establecen los artículos 4 a 13, cuando la petición inicial con arreglo a los artículos 4, 5 o 6 se refiera a créditos de más de cinco años, que empezarán a contar a partir del momento en que se haya establecido el título ejecutivo, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro en el que esté ubicada la autoridad requirente, hasta la fecha de la petición. Sin embargo, en caso de que se impugnen el crédito o el título, el plazo empezará a contar a partir del momento en que el Estado requirente determine que el crédito o el título que permita la ejecución del cobro ya no pueda impugnarse.".9) En el artículo 17, los términos "y a los documentos anejos" se sustituirán por "y al título que permita la ejecución del cobro y otros documentos anejos".10) El artículo 18 se sustituirá por el texto siguiente: "Artículo 181. La autoridad requerida cobrará de la persona en cuestión y retendrá todo coste que ocasione relacionado con el cobro, con arreglo a las disposiciones aplicables a créditos similares del Estado miembro donde tenga su sede dicha autoridad.2. Los Estados miembros renunciarán recíprocamente a cualquier devolución de los gastos que resulten de la asistencia mutua que se presten en aplicación de la presente Directiva.3. En los casos en que los cobros presenten un problema específico, el importe de los gastos sea importante o estén relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades requirentes y requeridas podrán acordar modalidades de reembolso específicas con respecto a los casos de que se trate.4. El Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requirente será responsable respecto al Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requerida, de las consecuencias pecuniarias de acciones que se consideren injustificadas en cuanto a la realidad del crédito o a la validez del título emitido por la autoridad requirente.".11) El artículo 20 se sustituirá por el texto siguiente: "Artículo 201. La Comisión estará asistida por un Comité de cobros (denominado en lo sucesivo 'el Comité'), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.3. El Comité aprobará su Reglamento interno.".12) El artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente: "Artículo 22Las normas de desarrollo de los apartados 2 y 4 del artículo 4; de los apartados 2 y 3 del artículo 5; de los artículos 7, 8, 9 y 11, de los apartados 1 y 2 del artículo 12, del artículo 14, del apartado 3 del artículo 18 y del artículo 25, así como las relativas a los medios mediante los que puede transmitirse la comunicación entre las autoridades, la conversión, la transferencia de las sumas cobradas y la determinación de la cuantía mínima de los créditos que puedan dar lugar a una petición de asistencia, se aprobarán con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 20.".13) En el artículo 25 se añadirá el párrafo siguiente: "Cada Estado miembro informará anualmente a la Comisión del número de peticiones de información, notificación y cobro enviadas y recibidas cada año, del importe de los créditos en cuestión y de los importes cobrados. La Comisión informará cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la utilización de este mecanismo y de los resultados alcanzados.".Artículo 21. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2002 e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de tal referencia con motivo de su publicación oficial. Los Estados miembros adoptarán el procedimiento para que se lleve a cabo dicha referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las principales disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como una tabla de correspondencias entre la presente Directiva y las disposiciones nacionales adoptadas.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Gotemburgo, el 15 de junio de 2001.Por el ConsejoEl PresidenteB. Ringholm(1) DO C 269 de 28.8.1998, p. 16 yDO C 179 de 24.6.1999, p. 6.(2) DO C 150 de 28.5.1999, p. 621 y Dictamen emitido el 16.5.2001 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) DO C 101 de 12.4.1999, p. 26.(4) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.(6) Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos (DO L 336 de 27.12.1977, p. 15); Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.


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32004L0056

Directiva 2004/56/CE del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de seguros

Diario Oficial n° L 127 de 29/04/2004 p. 0070 - 0072

Directiva 2004/56/CE del Consejode 21 de abril de 2004por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de segurosEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 93 y 94,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),Considerando lo siguiente:(1) La Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de seguros(3), sentó las bases de la cooperación administrativa y el intercambio de información entre los Estados miembros con vistas a detectar y prevenir la evasión y el fraude fiscal y a permitir a los Estados miembros determinar correctamente el impuesto. Es imprescindible mejorar, ampliar y modernizar dichas bases.(2) Cuando un Estado miembro realice investigaciones al objeto de obtener la información necesaria para atender a una solicitud de asistencia, ha de considerarse que actúa por cuenta propia; de ese modo, el proceso de recopilación de información estará sujeto a un único conjunto de disposiciones, y las investigaciones no se verán comprometidas por dilación alguna.(3) Para que la lucha contra el fraude fiscal sea eficaz, no es conveniente que el Estado miembro que haya recibido información de otro Estado miembro deba en consecuencia solicitar autorización para hacerla pública en audiencias públicas o en las sentencias.(4) Es preciso aclarar que los Estados miembros no están, en modo alguno, obligados a llevar a cabo investigaciones para recabar información destinada a atender a una solicitud de asistencia, si su legislación o su práctica administrativa no permite a la autoridad competente realizar tales investigaciones o reunir la información solicitada.(5) La autoridad competente de un Estado miembro debe poder negarse a facilitar información o a prestar asistencia si el Estado miembro requirente no puede proporcionar información de naturaleza análoga, ya sea por razones de hecho o de Derecho.(6) Habida cuenta del requisito legal, en algunos Estados miembros, de que se notifiquen al contribuyente las decisiones y actos referentes a su obligación tributaria, y de las dificultades que ello comporta para las autoridades tributarias, incluido en caso de traslado de domicilio del contribuyente a otro Estado miembro, resulta conveniente que las autoridades tributarias puedan recurrir, en tal supuesto, a la asistencia de las autoridades competentes del Estado miembro al que el contribuyente se haya trasladado.(7) Dado que la situación fiscal de una o varias personas sujetas a impuestos radicadas en otros Estados miembros presenta a menudo un interés común o complementario, conviene prever la posibilidad de someter a tales personas a controles simultáneos en dos o más Estados miembros por acuerdo mutuo y con carácter voluntario siempre que dichos controles resulten más efectivos que los controles llevados a cabo por un solo Estado miembro.(8) La Comisión presentó su propuesta de Directiva sobre la base del artículo 95 del Tratado. El Consejo, al estimar que la propuesta de Directiva se refería a la armonización de las legislaciones tanto en el ámbito de los impuestos directos como en el de los impuestos indirectos y que, por consiguiente, el acto debe adoptarse sobre la base de los artículos 93 y 94 del Tratado, consultó al Parlamento Europeo mediante carta de 12 de noviembre de 2003 informándole de su intención de modificar la base jurídica.(9) Por consiguiente, la Directiva 77/799/CEE debe modificarse en consecuencia.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 77/799/CEE queda modificada como sigue:1) El apartado 5 del artículo 1 queda modificado como sigue:a) el texto correspondiente a "en Italia" se sustituye por el siguiente:"Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o representantes autorizados"b) el texto correspondiente a "en Suecia" se sustituye por el siguiente:"Chefen för Finansdepartementet o un representante autorizado"2) En el apartado 2 del artículo 2, se añade el párrafo siguiente:"A fin de obtener la información deseada, la autoridad requerida o la autoridad administrativa a la que aquélla recurra procederán como si actuasen por cuenta propia o a petición de otra autoridad de su mismo Estado miembro."3) El apartado 1 del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:"1. Toda información que se dé a conocer a un Estado miembro con arreglo a la presente Directiva será mantenida en secreto por ese Estado, del mismo modo que la información recabada con arreglo a su legislación nacional. En cualquier caso, dicha información:- podrá facilitarse sólo a las personas que participen directamente en la determinación del impuesto o en su control administrativo,- sólo podrá darse a conocer en relación con procedimientos judiciales o administrativos que impliquen sanciones y que tengan por objeto la revisión de la determinación del impuesto o guarden relación con ella, y sólo a personas que participen directamente en dichos procedimientos; no obstante, la referida información podrá desvelarse en el curso de audiencias públicas o en sentencias si la autoridad competente del Estado miembro que proporciona dicha información no se opone a ello en el momento de facilitarla,- no se utilizará en ninguna circunstancia para otro fin que no sea de carácter fiscal o en relación con procedimientos judiciales o administrativos que impliquen sanciones que tengan por objeto la determinación o revisión de la imposición o guarden relación con ella.Además, los Estados miembros podrán disponer que la información mencionada en el párrafo primero se utilice para la liquidación de otros cánones, derechos e impuestos a que se refiere el artículo 2 de la Directiva 76/308/CEE(4)."4) El artículo 8 queda modificado como sigue:a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"1. La presente Directiva no impondrá, en modo alguno, al Estado miembro al que se solicita información, la obligación de realizar investigaciones o de comunicar información, si la realización de tales investigaciones o la obtención de la información solicitada, por parte de la autoridad competente de dicho Estado, contraviene la legislación o la práctica administrativa del mismo."b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"3. La autoridad competente de un Estado miembro podrá negarse a facilitar información si el Estado miembro que la solicita no puede, por razones de hecho o de Derecho, proporcionar información de naturaleza análoga."5) Se añaden los artículos 8 bis y 8 ter siguientes:"Artículo 8 bisNotificación1. A petición de la autoridad competente de un Estado miembro, la autoridad competente de otro Estado miembro notificará al destinatario, con arreglo a la normativa aplicable a la notificación de actos similares en el Estado miembro requerido, todos los actos o decisiones dimanantes de las autoridades administrativas del Estado miembro requirente y que se refieran a la aplicación en su territorio de la legislación fiscal contemplada en la presente Directiva.2. En las solicitudes de notificación deberá indicarse, además del objeto del acto o la decisión que se vaya a notificar, el nombre y la dirección del destinatario, así como cualquier otra información que pueda facilitar la identificación del mismo.3. La autoridad requerida informará sin demora a la autoridad requirente del curso dado a la solicitud de notificación y, en particular, de la fecha en la que el acto o la decisión se haya notificado al destinatario.Artículo 8 terControles simultáneos1. Cuando la situación tributaria de una o varias personas sujetas a impuestos presente un interés común o complementario para dos o más Estados miembros, éstos podrán acordar la realización de controles simultáneos, en su propio territorio, con vistas a intercambiar la información así obtenida, siempre que se juzgue que éstos resultarán más eficaces que los realizados por un único Estado miembro.2. La autoridad competente de cada Estado miembro determinará, de manera independiente, las personas sujetas a impuestos respecto de las cuales tiene intención de proponer un control simultáneo. Informará a las correspondientes autoridades competentes de los demás Estados miembros interesados de los casos que, a su juicio, deberían someterse a controles simultáneos, y motivará su decisión, en la medida de lo posible, aportando los datos que le hayan llevado a tomarla. Indicará, asimismo, el plazo en el cual deberían efectuarse los citados controles.3. La autoridad competente de cada Estado miembro de que se trate decidirá si desea participar en el control simultáneo. La autoridad competente a la cual se haya propuesto un control simultáneo, confirmará a la autoridad homóloga su aceptación o le comunicará su denegación motivada.4. Cada autoridad competente de los Estados miembros de que se trate designarán a un representante, que será responsable de supervisar y coordinar la operación de control."Artículo 2Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 2005. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de las referidas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre éstas y las de la presente Directiva.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.Hecho en Luxemburgo, el 21 de abril de 2004.Por el ConsejoEl PresidenteJ. Walsh(1) Dictamen emitido el 15 de enero de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial).(2) DO C 32 de 5.2.2004, p. 94.(3) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/93/CE (DO L 264 de 15.10.2003, p. 23).(4) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.