title: Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  16 de noviembre de 2005 , que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios

text:
               9.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 323/55

         DIRECTIVA 2005/75/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 16 de noviembre de 2005
   que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 47, apartado 2, y sus artículos 55 y 95,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Es conveniente que el umbral aplicable a los contratos relativos a determinados servicios subvencionados en más de un 50 % permanezca ajustado al umbral aplicable a los contratos de servicios adjudicados por poderes adjudicadores distintos de las autoridades gubernamentales centrales, tal y como se pretendió estipular al adoptar la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (3).

               (2)

               Dicho ajuste debe garantizarse asimismo en el contexto de la revisión de los umbrales prevista en el artículo 78 de la Directiva 2004/18/CE.

               (3)

               A causa de un error material, el artículo 78 de la Directiva 2004/18/CE no garantiza en la actualidad el ajuste deseado. Por consiguiente, conviene corregir las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 78, desplazando de la letra b) a la letra c) la referencia a la letra b) del párrafo primero del artículo 8.

         HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   En el apartado 2 del artículo 78 de la Directiva 2004/18/CE, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

               «b)

               el umbral previsto en el artículo 67, apartado 1, letra a), al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de servicios adjudicados por los poderes adjudicadores contemplados en el anexo IV;

               c)

               los umbrales previstos en el artículo 8, párrafo primero, letra b), y en el artículo 67, apartado 1, letras b) y c), al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de servicios adjudicados por poderes adjudicadores distintos de los contemplados en el anexo IV.».

         Artículo 2
   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2006.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2005.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         Bach of LUTTERWORTH

      (1)  Dictamen emitido el 28 de septiembre de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 27 de septiembre de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 14 de noviembre de 2005.

      (3)  DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1874/2004 de la Comisión (DO L 326 de 29.10.2004, p. 17).


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32003L0033

Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 152 de 20/06/2003 p. 0016 - 0019

Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejode 26 de mayo de 2003relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco(Texto pertinente a efectos del EEE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47 y los artículos 55 y 95,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),Previa consulta al Comité de las Regiones,De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),Considerando lo siguiente:(1) Existen divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad de los productos del tabaco y de su patrocinio. Dicha publicidad y dicho patrocinio traspasan en algunos casos las fronteras de los Estados miembros o afectan a actos organizados a nivel internacional y constituyen actividades contempladas en el artículo 49 del Tratado. Es probable que estas disparidades en las legislaciones nacionales aumenten los obstáculos a la libre circulación entre los Estados miembros de los productos o servicios que son los medios de soporte de esta publicidad y de este patrocinio. En el caso de la publicidad en la prensa, ya se han encontrado algunos obstáculos de este tipo. En el caso del patrocinio, es probable que aumenten las distorsiones de las condiciones de la competencia, lo que ya se ha observado en la organización de algunos acontecimientos deportivos y culturales importantes.(2) Procede eliminar tales barreras y, para ello, deben aproximarse en determinados casos las normas relativas a la publicidad de los productos del tabaco y al patrocinio en ese ámbito. En particular, resulta necesario especificar en qué medida se autoriza la publicidad de tabaco en determinadas categorías de publicaciones.(3) El apartado 3 del artículo 95 del Tratado exige que la Comisión, en sus propuestas para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la salud, tome como base un nivel de protección elevado. En sus respectivas esferas de competencia, el Parlamento Europeo y el Consejo también deben procurar alcanzar dicho objetivo. La aproximación de las legislaciones de los Estados miembros debe tener por objeto la protección de la salud pública mediante una regulación de la promoción del tabaco, un producto que crea dependencia y que es responsable de más de medio millón de muertes cada año en la Comunidad, evitando así que dicha promoción incite a los jóvenes a empezar a fumar a una edad precoz y desarrollen una adicción al producto.(4) La circulación de publicaciones como periódicos y revistas en el mercado interior corre el peligro de verse obstaculizada a causa de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben o regulan la publicidad del tabaco en dichos medios de comunicación. A fin de garantizar la libre circulación de estos medios de comunicación en el mercado interior, es preciso limitar la publicidad del tabaco en dicho mercado interior a las revistas y los periódicos que no vayan dirigidos al público en general, como es el caso de las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales del comercio del tabaco, y a las publicaciones impresas y editadas en terceros países que no estén destinadas principalmente al mercado comunitario.(5) Las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a determinados tipos de patrocinio con alcance transfronterizo de productos del tabaco conllevan un riesgo evidente de distorsión de las condiciones de competencia de esta actividad en el mercado interior. A fin de eliminar estas distorsiones, es necesario prohibir dicho patrocinio únicamente para aquellas actividades o acontecimientos de alcance transfronterizo, ya que de otro modo podría constituir un medio de eludir las restricciones aplicadas a las formas de publicidad directa, sin regular el patrocinio a un nivel puramente nacional.(6) El recurso a los servicios de la sociedad de la información como medio de publicidad de los productos del tabaco es cada vez más frecuente a medida que aumenta el consumo y el acceso del público a dichos servicios. Éstos, así como las emisiones de radio que pueden también difundirse a través de los servicios de la sociedad de la información, son particularmente atrayentes y de fácil acceso para los jóvenes consumidores. La publicidad del tabaco en ambos medios presenta, por su propia naturaleza, un carácter transfronterizo y debe ser regulada a nivel comunitario.(7) La distribución gratuita de productos del tabaco está sujeta a restricciones en algunos Estados miembros habida cuenta de su elevado potencial para crear dependencia. Se han producido casos de distribución gratuita en el marco del patrocinio de acontecimientos de alcance transfronterizo, por lo que debe prohibirse dicha distribución.(8) Con vistas a la elaboración de un Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco, se están negociando normas aplicables a nivel internacional para la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco. Estas negociaciones tienen por objeto establecer normas internacionales vinculantes que completarán las establecidas en la presente Directiva.(9) La Comisión debe elaborar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Los programas pertinentes de la Comunidad deben incluir mecanismos de evaluación de los efectos de la presente Directiva en la salud pública.(10) Los Estados miembros deben establecer medios adecuados y eficaces, dentro del cumplimiento de su legislación nacional, para velar por el control de la aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación nacional, conforme a lo previsto en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior y en la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior(4). Entre estos medios deben figurar disposiciones que permitan intervenir a las personas u organizaciones con un interés legítimo en la supresión de las actividades no conformes con la presente Directiva.(11) Las sanciones previstas en la presente Directiva deben ser aplicables sin perjuicio de cualesquiera sanciones o reparaciones previstas en la legislación nacional.(12) La presente Directiva regula la publicidad de los productos del tabaco en los medios de comunicación distintos de la televisión, es decir, en la prensa y otras publicaciones impresas, en las emisiones de radio y en los servicios de la sociedad de la información. También regula el patrocinio, por parte de las empresas tabaqueras, de programas radiofónicos y de acontecimientos o actividades en que participen varios Estados miembros, que se celebren en los respectivos territorios de varios Estados miembros o que tengan de cualquier otro modo efectos transfronterizos, incluida la distribución gratuita o con descuento de productos del tabaco. Otras formas de publicidad, como la publicidad indirecta, así como el patrocinio de acontecimientos o actividades sin efectos transfronterizos, no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. A reserva de lo dispuesto en el Tratado, los Estados miembros conservan la facultad de regular estas cuestiones si lo consideran necesario para garantizar la protección de la salud humana.(13) La publicidad relativa a los medicamentos de uso humano está contemplada en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano(5). La publicidad referente a los productos destinados a superar la adicción al tabaco no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.(14) La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(6), que prohíbe toda forma de publicidad televisada de cigarrillos y otros productos del tabaco. La Directiva 89/552/CEE prohíbe el patrocinio de programas de televisión por parte de empresas cuya actividad principal sea la fabricación o la venta de cigarrillos o de otros productos del tabaco o la prestación de servicios cuya publicidad esté prohibida con arreglo a la citada Directiva. La Directiva 89/552/CEE prohíbe asimismo la telecompra de productos del tabaco.(15) El carácter transnacional de la publicidad está reconocido en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa(7). La Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco(8), contiene disposiciones sobre la utilización de descripciones engañosas en el etiquetado de los productos del tabaco, cuyo efecto transfronterizo también ha sido comprobado.(16) La Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco(9) fue anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-376/98, la República Federal de Alemania a/e Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea(10). En consecuencia, toda referencia hecha a la Directiva 98/43/CE debe entenderse hecha a la presente Directiva.(17) Con arreglo al principio de proporcionalidad, resulta necesario y apropiado para alcanzar el objetivo principal de un correcto funcionamiento del mercado interior establecer normas relativas a la publicidad y al patrocinio de los productos del tabaco. La presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido con arreglo al párrafo tercero del artículo 5 del Tratado.(18) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, principalmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, esta Directiva persigue el respeto del derecho fundamental a la libertad de expresión.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Objeto y ámbito de aplicación1. La presente Directiva tiene por objeto la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad de los productos del tabaco y de la promoción de los mismos:a) en la prensa y otras publicaciones impresas;b) en las emisiones de radio;c) en los servicios de la sociedad de información, yd) por medio del patrocinio del tabaco, incluida la distribución gratuita de productos del tabaco.2. La presente Directiva se propone garantizar la libre circulación de los medios de comunicación en cuestión y de los servicios conexos, y eliminar las barreras al funcionamiento del mercado interior.Artículo 2DefinicionesA efectos de la presente Directiva, se entenderá por:a) productos del tabaco: los productos destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, siempre que estén constituidos, aunque sólo sea en parte, por tabaco;b) publicidad: toda forma de comunicación comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un producto del tabaco;c) patrocinio: cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un acontecimiento, una actividad o un individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un producto del tabaco;d) servicios de la sociedad de la información: servicios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información(11).Artículo 3Publicidad en los medios de comunicación impresos y en los servicios de la sociedad de la información1. La publicidad en la prensa y otras publicaciones impresas se limitará a las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales del comercio del tabaco y a las publicaciones impresas y editadas en terceros países, siempre que dichas publicaciones no estén destinadas principalmente al mercado comunitario.Se prohíbe cualquier otra publicidad en la prensa y otras publicaciones impresas.2. La publicidad no autorizada en la prensa y otras publicaciones impresas tampoco se autorizará en los servicios de la sociedad de la información.Artículo 4Publicidad y patrocinio en la radio1. Se prohíbe toda forma de publicidad de productos del tabaco en la radio.2. Los programas de radio no podrán estar patrocinados por empresas cuya actividad principal sea la fabricación o venta de productos del tabaco.Artículo 5Patrocinio de acontecimientos1. Se prohíbe el patrocinio de acontecimientos o actividades en los que participen varios Estados miembros, se celebren en varios Estados miembros o tengan de cualquier otro modo efectos transfronterizos.2. Queda prohibida la distribución gratuita de productos del tabaco en el marco del patrocinio de los acontecimientos a los que se refiere el apartado primero, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de dichos productos.Artículo 6InformeA más tardar el 20 de junio de 2008, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Dicho informe irá acompañado de las propuestas de modificación de la presente Directiva que la Comisión considere necesarias.Artículo 7Sanciones y ejecuciónLos Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones que prevean deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dicho régimen a la Comisión a más tardar en la fecha establecida en el artículo 10, y le notificarán, asimismo con la mayor brevedad, cualquier modificación subsiguiente que afecte a dicho régimen.El mencionado régimen deberá incluir disposiciones que garanticen que las personas u organizaciones que, según la legislación nacional, puedan demostrar un interés legitimo en la retirada de publicidad, patrocinio u otras actividades incompatibles con la presente Directiva, puedan entablar acciones judiciales contra dicha publicidad o patrocinio, o dirigirse a un órgano administrativo competente para que se pronuncie sobre las demandas o incoe las diligencias oportunas.Artículo 8Libre circulación de productos y serviciosLos Estados miembros no podrán prohibir o restringir la libre circulación de los productos o servicios que sean conformes a la presente Directiva.Artículo 9Referencias a la Directiva 98/43/CEToda referencia a la Directiva 98/43/CE anulada deberá entenderse como una referencia a la presente Directiva.Artículo 10Aplicación1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de julio de 2005. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 11Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 12DestinatariosLos destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteP. CoxPor el ConsejoEl PresidenteG. Drys(1) DO C 270 E de 25.9.2001, p. 97.(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 104.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 27 de marzo de 2003.(4) DO C 188 de 22.7.1995, p. 1.(5) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.(6) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).(7) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17; Directiva modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 23.10.1997, p. 18).(8) DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.(9) DO L 213 de 30.7.1998, p. 9.(10) Rec. 2000, p. I-8419.(11) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).


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32003L0036

Directiva 2003/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se modifica por vigésima quinta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción — c/m/r) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 156 de 25/06/2003 p. 0026 - 0030

Directiva 2003/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejode 26 de mayo de 2003por la que se modifica por vigésima quinta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción - c/m/r)(Texto pertinente a efectos del EEE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),Considerando lo siguiente:(1) La Directiva 76/769/CEE del Consejo(4) limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.(2) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al plan de acción de la Decisión n° 646/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de marzo de 1996, por la que se adopta un plan de acción de lucha contra el cáncer en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1996-2000)(5).(3) Para mejorar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, así como los preparados que contengan dichas sustancias no deben ser puestos en el mercado para su uso por el público en general.(4) La Directiva 94/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, por la que se modifica por decimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE(6), establece, en un apéndice relativo a los puntos 29, 30 y 31 del anexo I de la Directiva 76/769/CEE, una lista de las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción de las categorías 1 o 2. Dichas sustancias y los preparados que las contengan no deben ser puestos en el mercado para su uso por el público en general.(5) La Directiva 94/60/CE prevé que dicha lista se amplíe tan pronto se publique una nueva adaptación al progreso técnico del anexo I de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas(7) que contiene una lista de sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción de las categorías 1 o 2.(6) La Directiva 2001/59/CE de la Comisión(8), por la que se adapta por vigésima octava vez al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, y más en particular su anexo I, incluye dos sustancias recientemente clasificadas como carcinógenas de la categoría 1 y diecinueve más de la categoría 2; cinco sustancias recientemente clasificadas como mutágenas de la categoría 2; una sustancia recientemente clasificada como tóxica para la reproducción de la categoría 1 y dieciséis más de la categoría 2.(7) Esas sustancias deben añadirse a la lista del apéndice del anexo I de la Directiva 76/769/CEE.(8) Se han tenido en cuenta los riesgos y beneficios de las sustancias recientemente clasificadas en la Directiva 2001/59/CE como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción de las categorías 1 o 2.(9) La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria que establece requisitos mínimos para la protección de los trabajadores, incluida en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo(9), y en Directivas específicas basadas en ella, en particular la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo(10).HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Las sustancias enumeradas en el anexo de la presente Directiva se añadirán a las sustancias enumeradas en el apéndice referente a los puntos 29, 30 y 31 del anexo I de la Directiva 76/769/CEE. Las sustancias enumeradas en la letra c) del punto 1 del anexo de la presente Directiva se suprimirán de la lista 2 del punto 29 del anexo I de la Directiva 76/769/CEE.Artículo 21. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 25 de junio de 2004. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Dichas disposiciones serán aplicables a partir del 25 de diciembre de 2004.2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteP. CoxPor el ConsejoEl PresidenteG. Drys(1) DO C 126 E de 28.5.2002, p. 398.(2) DO C 221 de 17.9.2002, p. 8.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de junio de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial); Posición Común del Consejo de 21 de enero de 2003 (DO C 64 E de 18.3.2003, p. 6) y Decisión del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial).(4) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/62/CE de la Comisión (DO L 183 de 12.7.2002, p. 58).(5) DO L 95 de 16.4.1996, p. 9; Decisión derogada el 31 de diciembre de 2002 por la Decisión n° 1786/2002/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 1).(6) DO L 365 de 31.12.1994, p. 1.(7) DO L 196 de 16.8.1967, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/59/CE de la Comisión (DO L 225 de 21.8.2001, p. 1).(8) DO L 225 de 21.8.2001, p. 1.(9) DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.(10) DO L 196 de 26.7.1990, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/38/CE del Consejo (DO L 138 de 1.6.1999, p. 66).ANEXOEl apéndice del anexo I de la Directiva 76/769/CEE se modifica como sigue:1) La lista que figura bajo el título "Punto 29 - Sustancias carcinógenas" se modifica como sigue:a) En la lista de la categoría 1 se añade lo siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>b) En la lista de la categoría 2 se añade lo siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>c) En la lista de la categoría 2 se suprime lo siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>2) Bajo el título "Punto 30 - Sustancias mutágenas" se añade lo siguiente en la lista de la categoría 2:>SITIO PARA UN CUADRO>3) La lista que figura bajo el título "Punto 31 - Sustancias tóxicas para la reproducción" se modifica como sigue:a) En la lista de la categoría 1 se añade lo siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>b) En la lista de la categoría 2 se añade lo siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>


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31988L0627

Directiva 88/627/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1988 sobre las informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa

Diario Oficial n° L 348 de 17/12/1988 p. 0062 - 0065 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 2 p. 0188  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 2 p. 0188

*****DIRECTIVA  DEL CONSEJO  de 12 de diciembre de 1988  sobre las informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa  (88/627/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 54,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que una política de información adecuada a los inversores en el sector de los valores mobiliarios puede mejorar la protección de aquéllos, reforzar su confianza en los mercados de dichos valores y asegurar, de este modo, su buen funcionamiento;  Considerando que una coordinación de esta política a nivel comunitario, que haga dicha protección más homogénea, podrá favorecer la interpenetración de los mercados de valores mobiliarios de los Estados miembros y contribuir, de este modo, a la puesta en marcha de un verdadero mercado europeo de capitales;  Considerando que, bajo este prisma, conviene informar a los inversores de las participaciones importantes y de las modificaciones de estas participaciones en sociedades comunitarias cuyas acciones se admitan a cotización oficial en una bolsa de valores situada o que opere en la Comunidad;  Considerando que conviene especificar de manera coordinada el contenido y las normas de desarrollo de dicha información;  Considerando que las sociedades cuyas acciones sean admitidas a cotización oficial en una bolsa de valores de la Comunidad sólo pueden informar al público de las modificaciones producidas en las participaciones importantes si ellas han sido informadas de dichas modificaciones por los poseedores de estas participaciones;  Considerando que la mayor parte de los Estados miembros no imponen a dichos poseedores tal obligación y que cuando ésta existe hay sensibles diferencias en las normas de desarrollo; que, por lo tanto, conviene adoptar una normativa coordinada a escala comunitaria en este ámbito,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  1. Los Estados miembros someterán a la presente Directiva las personas físicas y las entidades jurídicas de derecho público o privado que adquieran o cedan, directamente o por persona interpuesta, una participación que responda a los criterios definidos en el apartado 1 del artículo 4 y que suponga una modificación en la posesión de los derechos de voto de una sociedad sujeta a su legislación y cuyas acciones se admitan a la cotización oficial de una o varias bolsas de valores situadas o que operen en uno o varios Estados miembros.  2. Cuando la adquisición o la cesión de una participación importante tal como se contempla en el apartado 1, se efectuare mediante certificados representativos de acciones, la presente Directiva se aplicará a los portadores de estos certificados y no a su emisor.  3. La presente Directiva no se aplicará a la adquisición ni a la cesión de una participación importante en los organismos de inversión colectiva.  4. En el Anexo de la Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las condiciones de admisión de valores mobiliarios a cotización oficial de una bolsa de valores (4), modificada en último lugar por la Directiva 82/148/CEE (5), la letra c) del apartado 5 del esquema C se sustituye por el texto siguiente:  « c) La sociedad deberá informar al público, desde que tenga conocimiento de ello, de las modificaciones producidas en la estructura (poseedores y fracciones de capital poseído) de las participaciones importantes en su capital en relación a los datos anteriormente publicados a este respecto.  En particular, las sociedades que no se hallen sujetas a la Directiva 88/627 del Consejo, de 12 de diciembre de 1988 sobre las informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa (*) deberán informar al público, a más tardar en los nueve días hábiles siguientes, cada vez que tengan conocimiento de la adquisición o de la cesión por parte de una persona o entidad de un número de acciones tal que la participación de ésta pase a ser superior o inferior a uno de los umbrales fijados en el artículo 4 de dicha Directiva.  (*) DO no L 348 de 17. 12. 1988, p. 62. »  Artículo 2  A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por « adquisición de una participación » no sólo la compra de una participación, sino también cualquier otra forma de obtención de una participación, cualquiera que sea su título o el procedimiento utilizado, incluida la obtención de una participación en virtud de uno de los casos contemplados en el artículo 7.  Artículo 3  Los Estados miembros podrán someter a las personas físicas y entidades jurídicas y a las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 a obligaciones más rigurosas que las previstas en la presente Directiva o a obligaciones suplementarias, siempre que estas obligaciones se apliquen de manera general a todos los adquirentes y cedentes y a todas las sociedades o al conjunto de adquirentes y cedentes y de las sociedades de una categoría determinada.  Artículo 4  1. Cuando una persona física o una entidad jurídica contemplada en el apartado 1 del artículo 1 adquiera o ceda una participación en una sociedad contemplada en el apartado 1 del artículo 1 y que, como consecuencia de dicha adquisión o cesión, el porcentaje de los derechos de voto que posee alcance o rebase los umbrales de 10 %, 20 %, 1/3, 50 % y 2/3 o descienda por debajo de dichos umbrales, deberá informar a la sociedad y simultáneamente a la o las autoridades competentes contempladas en el artículo 13, sobre el porcentaje de los derechos de voto que posea tras dicha adquisición o cesión, en un plazo de siete días hábiles. Los Estados miembros podrán no aplicar:  - los umbrales de 20 % y de 1/3 cuando apliquen un único umbral de 25 %;  - el umbral de 2/3 cuando apliquen un umbral de 75 %.  El plazo de siete días hábiles comenzará a contarse a partir del momento en que la persona o la entidad que posea una participación importante haya tenido conocimiento de la adquisición o de la cesión o bien a partir del momento en que, habida cuenta las circunstancias, hubiese debido tener conocimiento de ello.  Los Estados miembros podrán además establecer que la información de la sociedad en cuestión debe producirse igualmente en relación al porcentaje del capital poseído por una persona física o entidad jurídica.  2. Los Estados miembros determinarán, si fuere necesario, en sus legislaciones y, en función de éstas, las modalidades según las cuales se ponen en conocimiento de las personas físicas o entidades jurídicas contempladas en el apartado 1 del artículo 1 los derechos de voto que habrán de tenerse en cuenta para la aplicación del apartado 1 del presente artículo.  Artículo 5  Los Estados miembros establecerán que con ocasión de la primera junta general de una sociedad contemplada en el apartado 1 del artículo 1 que se celebrare más de tres meses depués de la transposición de la presente Directiva al derecho nacional, cualquier persona física o entidad jurídica contemplada en el apartado 1 del artículo 1 deberá informar a la sociedad en cuestión y simultáneamente a la o las autoridades competentes cuando dicha persona o entidad posea el 10 % o más de sus derechos de voto, especificando el porcentaje de derechos de voto que efectivamente posea, excepto cuando dicha persona o entidad hubiere efectuado ya una declaración conforme con el artículo 4.  En el mes siguiente a dicha junta general, se informará al público sobre el conjunto de las participaciones iguales o superiores al 10 %, en las condiciones previstas en el artículo 10.  Artículo 6  Cuando el adquirente o el cedente de una participación importante, tal como se define en el artículo 4, formare parte de un conjunto de empresas obligado a llevar cuentas consolidadas en virtud de la Directiva 83/349/CEE (1), quedará exento de la obligación de efectuar la declaración prevista en el apartado 1 del artículo 4 y en el artículo 5 si ésta se efectúa por la empresa matriz o, cuando la empresa matriz fuere a su vez una empresa filial, por su propia empresa matriz.  Artículo 7  Para apreciar si una persona física o una entidad jurídica contemplada en el apartado 1 del artículo 1 está obligada a hacer la declaración prevista en el apartado 1 del artículo 4 y en el artículo 5, convendrá asimilar a los derechos de voto que posea:  - los derechos de voto poseídos en nombre propio por otras personas o entidades, por cuenta de dicha persona o entidad;  - los derechos de voto poseídos por las empresas que controle dicha persona o entidad;  - los derechos de voto poseídos por un tercero con el que dicha persona o entidad hubiere celebrado un acuerdo escrito que les obligue a adoptar, mediante un ejercicio concertado de los derechos de voto de que dispongan, una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de la sociedad en cuestión;  - los derechos de voto poseídos por un tercero en virtud de un acuerdo escrito celebrado con dicha persona o entidad o con alguna de las empresas que controle dicha persona o entidad y que establezca una transferencia provisional y remunerada de dichos derechos de voto;  - los derechos de voto unidos a las acciones poseídas por dicha persona o entidad depositados como garantía, salvo cuando el depositario posea derechos de voto y declare su intención de ejercerlos; en tal caso, se asimilarán a los derechos de voto que posea este último;  - los derechos de voto unidos a las acciones que dicha persona o entidad posea en usufructo;  - los derechos de voto que dicha persona o entidad o una de las demás personas o entidades mencionadas en los guiones precedentes pueda adquirir, por su propia iniciativa, en virtud de un acuerdo formal; en este caso, las informaciones previstas en el apartado 1 del artículo 4 se harán en la fecha del acuerdo;  - los derechos de voto unidos a las acciones depositadas ante dicha persona o entidad y que ésta puede ejercer a voluntad en ausencia de instrucciones específicas de los poseedores.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, cuando una persona o entidad pueda ejercer en una sociedad derechos de voto contemplados en el último guión del párrafo precedente y que el conjunto de dichos derechos de voto en combinación con los demás derechos de voto que esta persona o entidad posea en dicha sociedad alcance o rebase uno de los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 4, los Estados miembros podrán establecer que dicha persona o entidad únicamente estará obligada a informar a la sociedad en cuestión en un plazo de veintiún días hábiles antes de la junta general de esta sociedad.  Artículo 8  1. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por « empresa controlada » cualquier empresa en la que una persona física o una entidad jurídica:  a) tenga la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados; o  b) tenga el derecho de nombrar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia y sea al mismo tiempo accionista o asociado de dicha empresa; o  c) sea accionista o asociado y controle sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o asociados de dicha empresa, la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de ésta.  2. Para la aplicación del apartado 1, a los derechos de voto, de nombramiento o de cese de la empresa matriz deberán sumarse los derechos de cualquier otra empresa controlada, así como los correspondientes a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre pero por cuenta de la empresa matriz o de cualquier otra empresa controlada.  Artículo 9  1. Las autoridades competentes podrán conceder la exención de la declaración prevista en el apartado 1 del artículo 4 para la adquisición o cesión de una participación importante, tal y como se define en el artículo 4, por un operador bursátil profesional, siempre que dicha adquisición o cesión la efectúe en su calidad de operador bursátil profesional y que el operador no utilice dicha adquisición para inmiscuirse en la gestión de la sociedad en cuestión.  2. Las autoridades competentes exigirán que el operador bursátil profesional mencionado en el apartado 1 sea miembro de una bolsa de valores situada o que opere en un Estado miembro o esté autorizado o controlado por una autoridad competente contemplada en el artículo 12.  Artículo 10  1. La sociedad que hubiere recibido una declaración contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 4 deberá a su vez informar al público de cada Estado miembro en el que sus acciones se admitan a cotización oficial de una bolsa de valores, y ello lo antes posible y a más tardar nueve días hábiles después de la recepción de dicha declaración.  Un Estado miembro podrá disponer que la información al público contemplada en el párrafo primero se garantice, no por la sociedad en cuestión, sino por la autoridad competente, eventualmente en cooperación con dicha sociedad.  2. La información contemplada en el apartado 1 deberá publicarse en uno o varios periódicos de difusión nacional o de amplia difusión en el o los Estados miembros de que se trate, o ponerse a disposición del público, bien por escrito en los lugares que se indiquen en anuncios publicados en uno o varios periódicos de difusión nacional o de amplia difusión en dicho o dichos Estados, bien por otros medios equivalentes autorizados por las autoridades competentes.  Dicha información deberá redactarse en la o las lenguas oficiales o en una de las lenguas oficiales o en otra lengua, siempre que, en el Estado miembro de que se trate, la o las lenguas oficiales o esa otra lengua, sean de uso corriente en materia financiera y las autoridades competentes las acepten.  Artículo 11  Las autoridades competentes podrán exonerar, con carácter excepcional, a las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1, de la obligación de información al público enunciada en el artículo 10, cuando las citadas autoridades consideren que la divulgación de la información en cuestión sería contraria al interés público o perjudicaría de manera grave a las sociedades de que se trate, siempre y cuando, en este último caso, la falta de publicación no sea de índole tal que induzca a error al público sobre los hechos y las circunstancias esenciales para la evaluación de los valores mobiliarios en cuestión.  Artículo 12  1. Los Estados miembros designarán la o las autoridades competentes a los efectos de la aplicación de la presente Directiva, e informarán de ello a la Comisión, especificando, si fuere necesario, el posible reparto de atribuciones entre dichas autoridades.  2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de los poderes necesarios para el cumplimiento de su misión.  3. Las autoridades competentes de los Estados miembros mantendrán entre ellas toda la cooperación necesaria para el cumplimiento de su misión y se comunicarán, con este fin, cualquier información útil.  Artículo 13  Para la aplicación de la presente Directiva, las autoridades competentes serán las del Estado miembro de cuya legislación dependan las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1. Artículo 14  1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que ejerzan o hayan ejercido alguna actividad por cuenta de las autoridades competentes estén sujetas al secreto profesional.  Este secreto implicará que las informaciones confidenciales que reciban a título profesional no podrán divulgarse a persona o autoridad alguna, salvo en virtud de disposiciones legales.  2. El apartado 1 no impedirá sin embargo que las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros se comuniquen las informaciones previstas por la presente Directiva. La información así intercambiada estará cubierta por el secreto profesional de rigor para las personas que ejercen o han ejercido alguna actividad por cuenta de las autoridades competentes que reciben dichas informaciones.  3. La autoridad competente que, con arreglo al apartado 2, recibiere información confidencial podrá utilizarla exclusivamente para el cumplimiento de su misión.  Artículo 15  Los Estados miembros establecerán sanciones adecuadas para el caso en que las personas físicas o entidades jurídicas y las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 no respetaren las disposiciones de la presente Directiva.  Artículo 16  1. El Comité de contacto creado en virtud del artículo 20 de la Directiva 79/279/CEE tendrá igualmente como misión:  a) permitir una concertación regular sobre los problemas concretos que pudiere plantear la aplicación de la presente Directiva y para los que se consideren útiles los intercambios de opiniones;  b) facilitar una concertación entre los Estados miembros en lo que se refiere a las obligaciones más rigurosas o suplementarias que, con arreglo al artículo 3, les es permitido exigir, con el fin de hacer converger las obligaciones impuestas en todos los Estados miembros, de conformidad con la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado;  c) aconsejar a la Comisión, si fuere necesario, sobre los complementos o las modificaciones que deban introducirse en la presente Directiva.  Artículo 17  1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 1 de enero de 1991. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 18  Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1988.  Por el Consejo  El Presidente  P. ROUMELIOTIS  (1) DO no C 351 de 31. 12. 1985, p. 35, y  DO no C 255 de 25. 9. 1987, p. 6.  (2) DO no C 125 de 11. 5. 1987, p. 144, y  DO no C 309 de 5. 12. 1988.  (3) DO no C 263 de 20. 10. 1986, p. 1.  (4) DO no L 66 de 16. 3. 1979, p. 21.  (5) DO no L 62 de 5. 3. 1982, p. 22.  (1) DO no L 193 de 18. 7. 1983, p. 1.


Avis juridique important

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32001L0097

Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Declaración de la Comisión

Diario Oficial n° L 344 de 28/12/2001 p. 0076 - 0082

Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejode 4 de diciembre de 2001por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitalesEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47 y el artículo 95,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3), a la vista del texto conjunto aprobado el 18 de septiembre de 2001 por el Comité de Conciliación,Considerando lo siguiente:(1) Conviene que la Directiva 91/308/CEE del Consejo(4), denominada en lo sucesivo Directiva, se actualice según las conclusiones de la Comisión y los deseos manifestados por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, dado que es uno de los principales instrumentos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. De este modo, la Directiva no sólo debe reflejar las mejores prácticas internacionales en este ámbito, sino también seguir garantizando un elevado grado de protección del sector financiero y de otras actividades vulnerables frente a los efectos perjudiciales de las actividades delictivas.(2) El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) autoriza a los Miembros a adoptar las medidas necesarias para proteger la moralidad pública y a adoptar medidas por motivos cautelares, incluidas las adoptadas a fin de garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero. Dichas medidas no deben imponer restricciones mayores que las necesarias a fin de alcanzar estos objetivos.(3) La Directiva no determina con claridad a qué Estado miembro han de pertenecer las autoridades destinatarias de las notificaciones de operaciones sospechosas procedentes de sucursales de entidades de crédito e instituciones financieras cuya sede social esté situada en otro Estado miembro, ni a qué Estado miembro han de pertenecer las autoridades responsables de velar por que las citadas sucursales se atengan a lo dispuesto en la Directiva. La recepción de las referidas notificaciones y el ejercicio del mencionado cometido deben corresponder a las autoridades del Estado miembro en el que esté situada la sucursal.(4) Esta atribución de responsabilidades debe establecerse claramente en la Directiva mediante una modificación de las definiciones de "entidad de crédito" y de "institución financiera".(5) El Parlamento Europeo ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que las actividades de las agencias de cambio y las empresas de envío de dinero sean susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Estas actividades deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva. A fin de disipar cualquier duda a este respecto, debe confirmarse claramente la inclusión de estas actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva.(6) Con objeto de garantizar la mayor cobertura posible del sector financiero, también debe indicarse claramente que la Directiva se aplica a las actividades de las empresas de inversión tal como se definen en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables(5).(7) La Directiva únicamente impone a los Estados miembros la obligación de luchar contra el blanqueo del producto de delitos relacionados con los estupefacientes. En los últimos años se ha tendido a definir el blanqueo de capitales de manera mucho más amplia, tomando en consideración una gama mucho más extensa de delitos subyacentes, como atestigua, por ejemplo, la revisión de 1996 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal órgano internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales.(8) La ampliación del abanico de delitos subyacentes facilita la notificación de las transacciones sospechosas y la cooperación internacional en este ámbito. Por lo tanto, debe actualizarse la Directiva a este respecto.(9) En la Acción común 98/699/JAI, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito(6), los Estados miembros acordaron considerar todos los delitos graves, tal como se definen en la Acción común, delitos subyacentes a efectos de la atribución de carácter delictivo al blanqueo de capitales.(10) La lucha contra la delincuencia organizada, en particular, está estrechamente relacionada con las medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, por lo que convendría adaptar en consonancia la lista de delitos que pueden incluirse en este ámbito.(11) La Directiva impone obligaciones relativas, en particular, a la notificación de operaciones sospechosas. Sería más adecuado y acorde con la filosofía del Plan de acción del grupo de alto nivel para luchar contra la delincuencia organizada(7) que se ampliara la prohibición del blanqueo de capitales con arreglo a la Directiva.(12) El 21 de diciembre de 1998, el Consejo aprobó la Acción común 98/733/JAI, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea(8). Dicha Acción común refleja el acuerdo de los Estados miembros sobre la necesidad de un planteamiento común en este ámbito.(13) En todos los Estados miembros y de acuerdo con lo previsto en la Directiva, el sector financiero, y en particular las entidades de crédito, notifican cuantas transacciones despiertan sospechas. Existen indicios de que el endurecimiento de los controles en el sector financiero ha impulsado a los autores del blanqueo de capitales a buscar métodos alternativos para ocultar el origen del producto de actividades delictivas.(14) Los autores del blanqueo de capitales tienden a recurrir cada vez más a empresas no financieras. Esta tendencia se ve corroborada por los trabajos del GAFI sobre técnicas y tipología de blanqueo de capitales.(15) Las obligaciones contempladas en la Directiva en lo que respecta a la identificación de los clientes, la conservación de registros y la notificación de transacciones sospechosas deberían hacerse extensivas a un número limitado de actividades y profesiones que se hayan revelado susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales.(16) Los notarios y los profesionales independientes del ámbito jurídico, tal y como han sido definidos por los Estados miembros, deben estar sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista el mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del ámbito jurídico se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas.(17) No obstante, cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas y controladas que prestan asesoramiento jurídico -como los abogados- estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades, en virtud de lo dispuesto en la Directiva, la obligación de notificar sospechas de blanqueo de capitales. Es preciso que existan dispensas a la obligación de notificación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico sigue estando sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales, o de que el abogado sepa que el cliente busca el asesoramiento jurídico para el blanqueo de capitales.(18) Servicios directamente comparables deben ser objeto de idéntico trato, cualesquiera que sean los profesionales contemplados en la presente Directiva que ejerzan dichos servicios. Con el fin de preservar los derechos establecidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por el Tratado de la Unión Europea, por lo que respecta a los auditores, contables externos y asesores fiscales que en determinados Estados miembros pueden defender o representar a sus clientes en el contexto de una acción judicial o establecer la situación jurídica de sus clientes, la información que obtengan en el ejercicio de estas funciones no puede estar sujeta a la obligación de notificación con arreglo a la Directiva.(19) La Directiva se refiere, por una parte, a "las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales" a las cuales deben notificarse las operaciones sospechosas y, por otra parte, a las autoridades que estén facultadas por disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las actividades de cualquiera de las instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la Directiva ("autoridades competentes"). Se sobreentiende que la Directiva no obliga a los Estados miembros a crear dichas "autoridades competentes" en caso de que no existan, y que los colegios de abogados y otros organismos autorreguladores de profesionales independientes no entran dentro del concepto de "autoridades competentes".(20) En el caso de los notarios y profesionales independientes del ámbito jurídico, y para atender adecuadamente a la obligación de observar el secreto profesional que tienen con sus clientes, debe autorizarse a los Estados miembros a designar al colegio de abogados u otro organismo autorregulador de profesionales independientes como el organismo al que dichos profesionales deben notificar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Los Estados miembros deben determinar las normas por las que se regirá el tratamiento de estas notificaciones y su posible transmisión a las "autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales" y, en general, las formas apropiadas de cooperación entre los colegios de abogados u organismos profesionales y dichas autoridades.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 91/308/CEE se modifica como sigue:1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 1A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:A) 'Entidad de crédito': toda entidad que se ajuste a la definición del párrafo primero del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE(9), así como toda sucursal, tal y como se define en el punto 3 del artículo 1 de dicha Directiva, establecida en la Comunidad por entidades de crédito que tengan su sede social dentro o fuera de la Comunidad.B) Institución financiera:1) toda empresa distinta de una entidad de crédito cuya actividad principal consista en efectuar una o varias de las operaciones mencionadas en los puntos 2 a 12 y 14 de la lista que figura en el anexo I de la Directiva 2000/12/CE; éstas incluyen las actividades de las agencias de cambio y de las empresas de transferencia o envío de dinero;2) toda empresa de seguros debidamente autorizada con arreglo a la Directiva 79/267/CEE(10), en la medida en que realice actividades contempladas en dicha Directiva;3) toda empresa de inversión tal como se define en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE(11);4) toda empresa de inversión colectiva que negocie sus participaciones o acciones.Esta definición de institución financiera incluye también las sucursales situadas en la Comunidad de instituciones financieras que tengan su sede social dentro o fuera de la Comunidad.C) 'Blanqueo de capitales': las siguientes acciones realizadas intencionadamente:- la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,- la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,- la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,- la participación en alguna de las acciones mencionadas en los guiones precedentes, la asociación para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución.El conocimiento, la intención o el propósito que han de darse en las actividades antes mencionadas podrán establecerse basándose en elementos de hecho objetivos.Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.D) 'Bienes': todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos.E) 'Actividad delictiva': cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito grave.Se considerarán delitos graves, como mínimo, los siguientes:- cualquiera de los delitos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Convención de Viena,- las actividades de las organizaciones delictivas definidas en el artículo 1 de la Acción común 98/733/JAI(12),- el fraude según se define en el apartado 1 del artículo 1 y el artículo 2 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, al menos en los casos graves(13),- la corrupción,- los delitos que puedan generar beneficios considerables y que sean sancionables con pena grave de prisión de acuerdo con el Derecho penal del Estado miembro.Los Estados miembros modificarán antes del 15 de diciembre de 2004 la definición que figura en el presente guión con objeto de alinearla con la definición de delito grave de la Acción común 98/699/JAI. El Consejo invita a la Comisión a presentar antes del 15 de diciembre de 2004 una propuesta de directiva que modifique a este respecto la presente Directiva.Los Estados miembros podrán considerar actividad delictiva a efectos de la presente Directiva cualquier otro delito.F) 'Autoridades competentes': las autoridades nacionales que estén facultadas por disposiciones legales o reglamentarias para supervisar la actividad de cualquiera de las entidades, instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva.".2) Se añade el artículo siguiente: "Artículo 2 bisLos Estados miembros velarán por que las obligaciones establecidas en la presente Directiva se impongan a las siguientes entidades e instituciones:1) entidades de crédito, según se definen en la letra A del artículo 1;2) instituciones financieras, según se definen en la letra B del artículo 1;así como a las siguientes personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión:3) auditores, contables externos y asesores fiscales;4) agentes de la propiedad inmobiliaria;5) notarios y otros profesionales independientes del Derecho cuando participen:a) ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente relativas a:i) la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales;ii) la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente;iii) la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores;iv) la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas;v) la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades fiduciarias, empresas o estructuras análogas;b) ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria;6) personas que comercian con artículos de valor elevado, como piedras y metales preciosos, u objetos de arte, subastadores, siempre que el pago se realice en efectivo y su cuantía sea igual o superior a 15000 euros;7) casinos.".3) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 31. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva exijan la identificación de sus clientes, mediante un documento acreditativo, en el momento de entablar relaciones de negocios, en particular, en el caso de entidades y de instituciones, cuando abran una cuenta o una cuenta de ahorros u ofrezcan servicios de custodia de activos.2. También será preceptiva la identificación para cualquier transacción con clientes distintos de los contemplados en el apartado 1, cuya cuantía sea igual o superior a 15000 euros, ya se lleve ésta a cabo en una o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Si se desconociera el importe en el momento de la transacción, la entidad, institución o persona de que se trate procederá a la identificación en cuanto tenga conocimiento del mismo y compruebe que la transacción alcanza la cuantía indicada.3. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, cuando se trate de contratos de seguros celebrados por empresas de seguros en el sentido de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, (tercera Directiva de seguros de vida)(14), en la medida en que realicen actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, no se exigirá identificación cuando el importe de la prima o primas periódicas a pagar durante un año no exceda de 1000 euros o, si se trata del pago de una prima única, cuando el importe no exceda de 2500 euros. Si el importe de la prima o primas periódicas a pagar durante un año se incrementa de tal forma que supere el umbral de 1000 euros se exigirá la identificación.4. Los Estados miembros podrán disponer que la identificación no sea obligatoria cuando se trate de contratos de seguros suscritos, dentro de un plan de pensiones, en virtud de un contrato de trabajo o de la actividad profesional del asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cláusula de rescate ni puedan servir de garantía para un préstamo.5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se exigirá la identificación de todos los clientes de casinos que compren o vendan fichas de juego por un valor igual o superior a 1000 euros.6. En cualquier caso, se considerará que los casinos sujetos a control estatal han cumplido la obligación de establecer la identificación indicada en la presente Directiva cuando procedan a registrar e identificar a sus clientes, con independencia del número de fichas de juego que compren, en el momento en que accedan al casino.7. Cuando existan dudas sobre si los clientes a que hacen referencia los apartados precedentes actúan por cuenta propia, o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva adoptarán medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan los clientes.8. Tan pronto como existan sospechas de blanqueo de capitales, las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva deberán proceder a la citada identificación, incluso cuando el importe de la transacción sea inferior a los importes antes mencionados.9. Las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva no estarán sometidas a las obligaciones de identificación previstas en el presente artículo en caso de que el cliente sea una entidad de crédito o una institución financiera de las contempladas en la presente Directiva, o una entidad de crédito o una institución financiera establecida en un tercer país que imponga, a juicio de los Estados miembros correspondientes, obligaciones equivalentes a las prescritas por la presente Directiva.10. Los Estados miembros podrán disponer que se consideren cumplidas las obligaciones de identificación con respecto a las transacciones contempladas en los apartados 3 y 4 cuando se haya establecido que el importe de la transacción debe ser cargado en una cuenta abierta, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, a nombre del cliente, en una entidad de crédito sujeta a la presente Directiva.11. Los Estados miembros velarán, en cualquier caso, por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva adopten las medidas específicas y adecuadas necesarias para compensar el mayor riesgo de blanqueo de dinero existente cuando se establecen relaciones de negocios o se realizan transacciones con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación ('transacciones a distancia'). Estas medidas harán que se establezca la identidad del cliente, por ejemplo, exigiendo documentos justificativos adicionales, o medidas complementarias encaminadas a comprobar o certificar los documentos facilitados, o una certificación de confirmación expedida por una entidad o institución sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, o exigiendo que el primer pago de la operación se efectúe a través de una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva. Los procedimientos de control interno estipulados en el apartado 1 del artículo 11 deberán tener expresamente en cuenta estas medidas.".4) En los artículos 4, 5, 8 y 10 los términos "entidades de crédito e instituciones financieras" se sustituyen por "las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva".5) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 61. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva y sus directivos y empleados colaboren plenamente con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales:a) informando a dichas autoridades, por iniciativa propia, de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales;b) facilitando a dichas autoridades, a petición de éstas, toda la información necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.2. La información a que hace referencia el apartado 1 será remitida a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la persona, entidad o institución que facilite dicha información. En principio, se encargarán de remitir la información la persona o personas que hayan sido designadas por las entidades, instituciones y personas, de conformidad con los procedimientos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 11.3. En el caso de los notarios y otros profesionales independientes del Derecho contemplados en el punto 5 del artículo 2 bis, los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador pertinente de la profesión de que se trate como la autoridad a la que se ha de informar acerca de los hechos a que se refiere la letra a) del apartado 1 y, en tal caso, establecerán las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales.Los Estados miembros no estarán obligados a imponer las obligaciones establecidas en el apartado 1 a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales, con respecto a la información que éstos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.".6) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 7Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva se abstengan de ejecutar cualesquiera transacciones, hasta tanto no hayan informado a las autoridades a que se refiere el artículo 6, cuando sepan o sospechen que aquéllas están relacionadas con el blanqueo de capitales. Dichas autoridades podrán, en las condiciones que determine su legislación nacional, dar instrucciones para que no se ejecute la operación. Cuando se sospeche que la transacción considerada va a implicar blanqueo de capitales y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o pueda comprometer el procesamiento de los beneficiarios de la presunta operación de blanqueo, las entidades, instituciones y personas afectadas informarán a las autoridades inmediatamente después.".7) En el artículo 8 el texto actual pasa a ser el apartado 1 y se añade el apartado siguiente: "2. Con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros no estarán obligados a aplicar la exigencia establecida en el apartado 1 a las profesiones mencionadas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 6.".8) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 9La revelación, de buena fe, de la información contemplada en los artículos 6 y 7 a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, por parte de una persona, entidad o institución sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, o de sus empleados o directivos no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de responsabilidad para la persona, entidad o institución, sus directivos y empleados.".9) En el artículo 10 se añade, el párrafo siguiente: "Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales cuando descubran hechos que puedan constituir la prueba de un blanqueo de capitales.".10) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: "Artículo 111. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva:a) establezcan procedimientos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales;b) adopten las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. Estas medidas incluirán la participación de los empleados correspondientes en cursos especiales de formación, para ayudarles a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales y enseñarles la manera de proceder en tales casos.En caso de que una persona física de las enumeradas en los puntos 3 a 7 del artículo 2 bis ejerza su profesión en calidad de empleado de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por el presente artículo recaerán en dicha persona jurídica en vez de en la persona física.2. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva tengan acceso a información actualizada sobre las prácticas de los autores del blanqueo de capitales y sobre los indicios que permiten detectar las transacciones sospechosas.".11) En el artículo 12, los términos "entidades de crédito e instituciones financieras contempladas en el artículo 1" se sustituyen por "entidades, instituciones y personas contempladas en el artículo 2 bis".Artículo 2En los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión efectuará un examen particular, en el marco del informe previsto en el artículo 17 de la Directiva 91/308/CEE, de los aspectos relativos a la aplicación del quinto guión de la letra E) del artículo 1, el trato específico de los abogados y otros profesionales independientes del Derecho, la identificación de los clientes en transacciones comerciales a distancia y las posibles implicaciones para el comercio electrónico.Artículo 31. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 15 de junio de 2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de tal referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 4La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 5Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2001.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaN. FontainePor el ConsejoEl PresidenteD. Reynders(1) DO C 177 E de 27.6.2000, p. 14.(2) DO C 75 de 15.3.2000, p. 22.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2000 (DO C 121 de 24.4.2001, p. 133), Posición común del Consejo de 30 de noviembre de 2000 (DO C 36 de 2.2.2001, p. 24) y Decisión del Parlamento Europeo de 5 de abril de 2001 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Parlamento Europeo de 13 de noviembre de 2001 y Decisión del Consejo de 19 de noviembre de 2001.(4) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.(5) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva modificada por última vez por la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).(6) DO L 333 de 9.12.1998, p. 1.(7) DO C 251 de 15.8.1997, p. 1.(8) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.(9) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva modificada por última vez por la Directiva 2000/28/CE (DO L 275 de 27.10.2000, p. 37).(10) DO L 63 de 13.3.1979, p. 1. Directiva modificada por última vez por la Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7).(11) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva modificada por última vez por la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).(12) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.(13) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48.(14) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1. Directiva modificada por última vez por la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27).Declaración de la ComisiónLa Comisión reitera el compromiso, establecido en su Programa de trabajo de 2001, de presentar antes de finalizar el año en curso una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de cooperación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros y la Comisión con el fin de garantizar la protección de los intereses financieros de las Comunidades contra actividades ilegales, incluyendo cuestiones como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el blanqueo de dinero. Este compromiso ha sido confirmado en la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de acción para 2001-2003 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, "Lucha contra el fraude", de 15 de mayo de 2001(1).(1) COM(2001) 254 final: véase punto 2.2.1.


title: Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 , que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

text:
               20.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 81/60

      DIRECTIVA 2008/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 11 de marzo de 2008
   que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece que determinadas medidas deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

               (2)

               La Decisión 1999/468/CE fue modificada por la Decisión 2006/512/CE, que introdujo el procedimiento de reglamentación con control para la adopción de medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado según el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de esos elementos o completando el acto con nuevos elementos no esenciales.

               (3)

               De conformidad con la Declaración del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (5) relativa a la Decisión 2006/512/CE, para que el procedimiento de reglamentación con control sea aplicable a los actos ya vigentes adoptados según el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, estos últimos deben adaptarse de acuerdo con los procedimientos aplicables.

               (4)

               Conviene conferir competencias a la Comisión para que establezca especificaciones técnicas y métodos normalizados y adapte algunos anexos. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva 2000/60/CE, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

               (5)

               Habida cuenta de que la Comisión ha establecido un registro de puntos para constituir la red de intercalibración a que se hace referencia en el anexo V, sección 1.4.1, de la Directiva 2000/60/CE, mediante la Decisión 2005/646/CE (6), procede suprimir las referencias a los plazos expirados.

               (6)

               Procede, por tanto, modificar la Directiva 2000/60/CE en consecuencia.

               (7)

               Puesto que las modificaciones aportadas a la Directiva 2000/60/CE mediante la presente Directiva son adaptaciones de carácter técnico que solo afectan al procedimiento de comité, no necesitan ser incorporadas por los Estados miembros. Por consiguiente, no es necesario establecer disposiciones al efecto.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Modificaciones
   La Directiva 2000/60/CE queda modificada como sigue:

               1)

               En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
               «3.   Se establecerán las especificaciones técnicas y los métodos normalizados para el análisis y el seguimiento del estado de las aguas. Esas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 21, apartado 3.».

               2)

               El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 20
               Adaptaciones técnicas de la Directiva
               1.   Los anexos I y III y el anexo V, sección 1.3.6, podrán adaptarse al progreso científico y técnico teniendo en cuenta los plazos de revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca mencionados en el artículo 13. Esas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 21, apartado 3.
               Cuando sea necesario, la Comisión podrá adoptar orientaciones sobre la aplicación de los anexos II y V con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 21, apartado 2.
               2.   A efectos de la transmisión y el tratamiento de datos, incluidos los datos estadísticos y cartográficos, podrán adoptarse formatos técnicos a efectos del apartado 1 del presente artículo, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 21, apartado 2.».

               3)

               El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 21
               Procedimiento de comité
               1.   La Comisión estará asistida por un comité.
               2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
               El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
               3.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.».

               4)

               En el anexo V, la sección 1.4.1 se modifica como sigue:

                           a)

                           el inciso vii) se sustituye por el texto siguiente:

                                       «vii)

                                       La Comisión elaborará un proyecto de registro de puntos para constituir la red de intercalibración. El registro definitivo de puntos quedará establecido con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 21, apartado 2.»;

                           b)

                           el inciso ix) se sustituye por el texto siguiente:

                                       «ix)

                                       Los resultados del ejercicio de intercalibración y los valores establecidos para las clasificaciones del sistema de control de un Estado miembro de conformidad con los incisos i) a viii), y destinados a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 21, apartado 3, y se publicarán en un plazo de seis meses a partir de la conclusión del ejercicio de intercalibración.».

         Artículo 2
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 3
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 11 de marzo de 2008.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. LENARČIČ

      (1)  DO C 161 de 13.7.2007, p. 45.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de julio de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 3 de marzo de 2008.

      (3)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada por la Decisión no 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

      (4)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).

      (5)  DO C 255 de 21.10.2006, p. 1.

      (6)  Decisión 2005/646/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2005, relativa a la creación de un registro de puntos para constituir la red de intercalibración de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 243 de 19.9.2005, p. 1).