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31993L0110

Directiva 93/110/CE de la Comisión de 9 de diciembre de 1993 por la que se modifican algunos Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

Diario Oficial n° L 303 de 10/12/1993 p. 0019 - 0023 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 53 p. 0248  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 53 p. 0248

DIRECTIVA 93/110/CE DE LA COMISIÓN de 9 de diciembre de 1993 por la que se modifican algunos Anexos de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los  vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la ComunidadLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,  Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el  interior de la Comunidad (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 93/19/CEE (2), y, en particular, el cuarto guión del apartado 2 de su artículo 13,  Considerando que los avances científicos y técnicos han permitido comprobar que el Ditylenchus destructor Thorne, organismo incluido en los Anexos de la Directiva 77/93/CEE, presenta menos riesgos de los que se pensaba inicialmente; que, por lo tanto,  únicamente debe protegerse contra él algunas especies del género Gladiolus;  Considerando que deben modificarse determinadas disposiciones de protección contra vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. y sus híbridos, especialmente las aplicables a Citrus clementina Hort. ex Tanaka, pues ya no procede mantener lo  dispuesto en la Directiva 77/93/CEE para la circulación de estos vegetales en el norte de la Comunidad;  Considerando que conviene ampliar las disposiciones de protección contra el Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, organismo que figura en los Anexos de la Directiva 77/93/CEE y, sobre todo, la lista de plantas huéspedes;  Considerando que deben perfeccionarse las medidas para proteger a la Comunidad de los organismos Scirtothrips aurantii Faur, Scirtothrips citri (Moultex) y Elsinoe spp. Bitanc. y Jenk. allí donde estos organismos no se encuentren;  Considerando que es necesario modificar ciertas disposiciones de protección contra Dentroctonus micans Kugelan, especialmente las aplicables en el Reino Unido, pues se ha averiguado que el citado organismo no se halla presente en una zona mucho mayor  que la inicialmente reconocida;  Considerando que es preciso modificar las disposiciones de protección contra ciertos escarabajos de la corteza en Italia, a saber, Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof e Ips duplicatus Sahlberg, pues ya no procede mantener las disposiciones  establecidas en la Directiva 77/93/CEE;  Considerando que se ha detectado la presencia en Egipto de Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian y Maire) Gordon, organismo recogido en los Anexos de la Directiva 77/93/CEE; que se estima que esta enfermedad representa un grave riesgo para las  palmeras cultivadas en la Comunidad y podría introducirse en ella en las palmeras importadas; que se deben mejorar las medidas para combatir esta enfermedad;  Considerando que procede modificar algunas disposiciones de protección frente a las solanáceas al no resultar ya adecuado mantener lo dispuesto en la Directiva 77/93/CEE para los vegetales originarios de los países mediterráneos;  Considerando que se ha llegado a la conclusión de que ya no es preciso expedir un pasaporte fitosanitario para la madera de coníferas decortezada;  Considerando, por consiguiente, que los Anexos correspondientes de la Directiva 77/93/CEE deben modificarse en consonancia con todo lo anterior;  Considerando que las disposiciones de la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   Artículo 1  La Directiva 77/93/CEE quedará modificada conforme a lo indicado en el Anexo de la presente Directiva.   Artículo 2  1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 15 de diciembre de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.  2. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de cuantas disposiciones de Derecho interno adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ellos a los demás Estados miembros.   Artículo 3  La presente Directiva entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Hecho en Bruselas, el 9 de diciembre de 1993.  Por la Comisión René STEICHEN Miembro de la Comisión  (1) DO no L 26 de 31. 1. 1977, p. 20.  (2) DO no L 96 de 22. 4. 1993, p. 33.      ANEXO  1. En la sección I de la parte A del Anexo II, la columna de la derecha de los puntos 25 y 27 de la letra a) se modificará como sigue:  « Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. y sus híbridos, excepto las semillas ».  2. En la sección I de la parte A del Anexo II, la columna de la derecha del punto 9 de la letra c) se modificará como sigue:  « Vegetales de Fortunella Swingle, Poncirus Raf, y sus híbridos, excepto los frutos y semillas, y vegetales de Citrus L. y sus híbridos, excepto las semillas y los frutos, a excepción de los frutos de Citrus reticulata Blanco y de Citrus sinensis (L.)  Osbeck, originarios de América del Sur ».  3. En la sección II de la parte A del Anexo II, la columna de la derecha del punto 3 de la letra a) se modificará como sigue:  « Bulbos de flores y bulbos de Crocus L., cultivares en miniatura y sus híbridos del género Gladiolus Tourn. ex. L., como Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii  hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L., destinados a la plantación, y tubérculos de patata (Solanum tuberosum L.) destinados a la plantación ».  4. En la sección II de la parte A del Anexo II, en la columna de la derecha del punto 4 de la letra a), las palabras « Semillas y bulbos de Allium cepa L., Allium porrum L. y Allium schoenoprasum L. » se sustituyen por las plalabras « Semillas y bulbos  de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. y Allium schoenoprasum L. destinados a la plantación y vegetales de Allium porrum L. destinados a la plantación ».  5. En la parte B del Anexo II, la columna de la derecha del punto 3 de la letra a) se modificará como sigue:  « EL, E, IRL, P, UK (*) », y la zona protegida indicada por (*) se sustituye por la siguiente:  « (*) (Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra: los siguientes condados: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornualles, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Gran Londres, Hampshire, Hertfordshire,  Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne y Wear, West Sussex, West Yorkshire, la isla de Wight, la isla de Man, las islas Scilly y las  siguientes partes de condados: Avon: la parte del condado que se halla al sur del límite meridional de la autopista M4; Cheshire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental del parque nacional Peak District, junto con la parte del  condado que se halla al norte del límite septentrional de la carretera A52 (T) que conduce a Derby y la parte del condado que se sitúa al norte del límite septentrional de la carretera A6 (T); Gloucestershire: la parte del condado que se halla al este  del límite oriental de la calzada romana Fosse Way; Gran Manchester: la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental del parque nacional Peak District; Leicesthershire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la  calzada romana Fosse Way, junto con la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la carretera B411A y la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental de la autopista M1; North Yorkshire: todo el condado excepto el  distrito de Craven; Staffordshire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la carretera A52 (T); Warwickshire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la calzada romana Fosse Way; Wiltshire: la parte del  condado que se halla al sur del límite meridional de la autopista M4, hasta la intersección de dicha autopista y la calzada romana Fosse Way, y la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental de la calzada romana Fosse Way) ».  6. En la parte B del Anexo II, la columna de la derecha de la letra a) del punto 6 de la letra a) se modificará como sigue:  « EL, E, F (Córcega), IRL, P, UK ».  7. En la parte B del Anexo II, la columna de la derecha de la letra c) del punto 6 de la letra a) se modificará como sigue:  « EL, E, IRL, P, UK ».  8. En la parte B del Anexo II se añade la letra d) siguiente:  « d) Virus y organismos similares  "" ID="1">Citrus tristeza Virus (cepas europeas)> ID="2">Frutos de Citrus clementina Hort. ex. Tanaka con hojas y pedúnculos> ID="3">EL, F (Córcega), I, P »"> 9. En la parte A del Anexo III, la columna de la derecha del punto 13 se modifica del siguiente modo: « 13. Terceros países, excepto los europeos y los mediterráneos ». 10. En la sección II de la parte A del Anexo IV, el punto 31.2 se sustituirá por el  texto siguiente:  "" ID="1">« 31. 2 Frutos de:"> ID="1">- Citrus L. (excepto los de Citrus clementina Hort. ex. Tanaka), - Fortunella Swingle, - Poncirus Raf., y sus híbridos.> ID="2">Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los frutos que se establecen en el  punto 31. 1 de la parte A del Anexo IV, los frutos estarán exentos de hojas y pedúnculos. »"> 11. En la sección I de la parte A del Anexo IV, la letra a) de la columna de la derecha del punto 51 se modificará como sigue: « a) Las semillas serán originarias de zonas que, según conste, se hallen libres de Xanthomonas compestris pv. phaseoli  (Smith) Dye, o ». 12. En la parte B del Anexo IV, la columna de la derecha de los puntos 1, 7 y 14.1 se modificará como sigue: « EL, E, IRL, UK (*) ». y la zona protegida indicada por (*) se sustituirá por la siguiente: « (*) (Escocia, Irlanda del  Norte, Inglaterra: los siguientes condados: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornualles, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Gran Londres, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire,  Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne y Wear, West Sussex, West Yorkshire, la isla de Wight, la isla de Man, las islas Scilly y las siguientes partes de condados: Avon:  la parte del condado que se halla al sur del límite meridional de la autopista M4; Cheshire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental del parque nacional Peak District, junto con la parte del condado que se halla al norte del límite  septentrional de la carretera A52 (T) que conduce a Derby y la parte del condado que se sitúa al norte del límite septentrional de la carretera A6 (T); Gloucestershire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la calzada romana  Fosse Way; Gran Manchester: la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental del parque nacional Peak District; Leicestershire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la calzada romana Fosse Way, junto con la parte  del condado que se halla al este del límite oriental de la carretera B411A y la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental de la autopista M1; North Yorkshire: todo el condado excepto el distrito de Craven; Staffordshire: la parte del  condado que se halla al este del límite oriental de la carretera A52 (T); Warwickshire: la parte del condado que se halla al este del límite oriental de la calzada romana Fosse Way; Wiltshire: la parte del condado que se halla al sur del límite  meridional de la autopista M4, hasta la intersección de dicha autopista y la calzada romana Fosse Way, y la parte del condado que se sitúa al este del límite oriental de la calzada romana Fosse Way) ». 13. En la parte B del Anexo IV, la columna de la  derecha de los puntos 2, 8 y 14.4 se modificará como sigue: « EL, E, IRL, P, UK ». 14. En la parte B del Anexo IV, la columna de la derecha de los puntos 4, 10 y 14.2 se modificará como sigue: « EL, E, F (Córcega), IRL, P, UK ». 15. En la parte B del  Anexo IV, se añade lo siguiente:  "" ID="1">« 31. Frutos de Citrus clementina Hort. ex. Tanaka originarios de E, F, (excepto Córcega)> ID="2">Sin perjuicio de los requisitos aplicables, cuando proceda, a los frutos enumerados en los puntos 2 y 3 de la parte B del Anexo III y en  el punto 31.1 de la sección II de la parte A del Anexo IV: a) los frutos estarán exentos de hojas y pedúnculos, o bien b) cuando presenten hojas o pedúnculos, se requerirá una declaración oficial de que han sido envasados en contenedores cerrados  oficialmente sellados, que habrán de permanecer sellados durante el transporte a través de una zona protegida respecto de estos frutos, y llevarán una marca distintiva que se reproducirá en el pasaporte> ID="3">EL, F (Córcega), I, P »"> 16. En la sección I de la parte A del Anexo V, el punto 2.4 se modificará como sigue: « 2.4. Semillas y bulbos de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. y Allium schoenoprasum L. destinados a la plantación, y vegetales de Allium porrum L. destinados a la  plantación ». 17. En la sección I de la parte A del Anexo V, los términos « Gladiolus Tourn. ex L. » del punto 3 se sustituirán por los términos « Cultivares en miniatura y sus híbridos del género Gladiolus Tourn. ex L., como Gladiolus callianthus  Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. y Gladiolus tubergenii hort. ». 18. En la sección II de la parte A del Anexo V, la letra a) del punto 1.10 se modificará como sigue: « a) se haya obtenido en todo o en  parte de coníferas (Coniferales), excepto la madera descortezada ».


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31994L0007

Directiva 94/7/CE de la Comisión, de 15 de marzo de 1994, por la que se adapta la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, en lo relativo a la definición técnica de «bancos multilaterales de desarrollo» (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 089 de 06/04/1994 p. 0017 - 0017 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 4 p. 0223  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 4 p. 0223

DIRECTIVA 94/7/CE DE LA COMISIÓN de 15 de marzo de 1994 por la que se adapta la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, en lo relativo a la definición técnica de « bancos multilaterales de  desarrollo » (Texto pertinente a los fines del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,  Vista la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (1), modificada por la Directiva 92/30/CEE (2) y, en particular, su artículo 9,  Considerando que la Comisión ha presentado al Consejo una propuesta tendente a modificar el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con objeto de que se faculte a la Junta de gobernadores de este último para crear un Fondo  europeo de inversiones (FEI);  Considerando que el séptimo guión del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/647/CEE define los « bancos multilaterales de desarrollo » mediante la enumeración de los mismos;  Considerando que el Fondo europeo de inversiones reúne las mismas características esenciales que los citados bancos multilaterales de desarrollo; que esta nueva institución financiera multilateral es europea tanto en su naturaleza esencial como en su  composición; que constituye una estructura nueva y única de cooperación en Europa destinada a contribuir a la consolidación del mercado interior, al fomento de la recuperación económica en Europa y al logro de una mayor cohesión económica y social; que,  por las razones enunciadas, el Fondo europeo de inversiones debe incluirse en la definición de « bancos multilaterales de desarrollo » que figura en la Directiva 89/647/CEE;  Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva se ajusta al dictamen del Comité consultivo bancario en su condición de Comité encargado de asistir a la Comisión de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la  Directiva 89/647/CEE;  Considerando que la presente Directiva es relevante a los fines del Espacio Económico Europeo (EEE) y que se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 99 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   Artículo 1  La definición de « bancos multilaterales de desarrollo », que figura en el séptimo guión del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/647/CEE, incluirá el Fondo europeo de inversiones.   Artículo 2  1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de la decisión de la Junta de gobernadores del Banco Europeo de Inversiones por la que se  crea el Fondo europeo de inversiones.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.   Artículo 3  La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1994.  Por la Comisión Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Miembro de la Comisión  (1) DO no L 386 de 30. 12. 1989, p. 14.  (2) DO no L 110 de 28. 4. 1992, p. 52.


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31983L0253

Directiva 83/253/CEE del Consejo, de 25 de mayo de 1983, por la que de modifica la Directiva 82/400/CEE por la que se modifica la Directiva 77/391/CEE por la que se establece una acción complementaria de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis bovina

Diario Oficial n° L 143 de 02/06/1983 p. 0036 - 0036 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 16 p. 0115  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 28 p. 0028  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 16 p. 0115  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 28 p. 0028

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 25 de mayo de 1983    por la que se modifica la Directiva 82/400/CEE por   la que se modifica la Directiva 77/391/CEE por la   que se establece una acción complementaria de la   Comunidad para la erradicación de la brucelosis ,   de la tuberculosis y de la leucosis bovina     ( 83/253/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su artículo 43 ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (3) ,    Considerando que la Directiva 82/400/CEE (4) ha   establecido , en particular , una acción complementaria   de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis , de   la tuberculosis y de la leucosis bovina ;    Considerando que resulta necesario reagrupar el   conjunto de gastos relativos a las diferentes acciones   llevadas a cabo por la Comunidad en el sector veterinario en   el capítulo de gastos correspondientes al sector   agrícola , para garantizar una mejor transparencia de la   asignación de créditos ;    Considerando que , para someter los gastos comunitarios   relacionados con la acción antes citada a normas   financieras y monetarias y a procedimientos adecuados ,   conviene hacer aplicables en este sector mutatis mutandis   los artículos respectivos del Reglamento ( CEE )   n º 729/70 del Consejo , de 21 de abril de 1980 ,   relativo a la financiación de la política agrícola   común (5) , modificado en último lugar por el Reglamento   ( CEE ) n º 3509/80 (6) , así como por el Reglamento   ( CEE ) n º 129/78 del Consejo , de 24 de   enero de 1978 , referente a los tipos de cambio   que se deben aplicar en el marco de la política común de   las estructuras agrícolas (7) ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    En la Directiva 82/400/CEE se incluirá el artículo   siguiente :     « Artículo 7 bis    Se aplicarán mutatis mutandis el Reglamento ( CEE )   n º 129/78 y los artículos 8 y 9 del Reglamento   ( CEE ) n º 729/70 . »    Artículo 2    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 25 de mayo de 1983 .    Por el Consejo    El Presidente    I. KIECHLE    (1) DO n º C 299 de 16 . 11 . 1982 , p. 8 .    (2) DO n º C 68 de 14 . 3 . 1983 , p. 86 .    (3) DO n º C 77 de 21 . 3 . 1983 , p. 3 .    (4) DO n º L 173 de 19 . 6 . 1982 , p. 18 .    (5) DO n º L 94 de 28 . 4 . 1970 , p. 13 .    (6) DO n º L 367 de 31 . 12 . 1980 , p. 87 .    (7) DO n º L 20 de 25 . 1 . 1978 , p. 16 .


title: Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio

text:
               11.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 65/1

         DIRECTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 9 de marzo de 2016
   por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 82, apartado 2, letra b),
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo, «el Pacto») y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagran la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

               (2)

               La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular su punto 33, un mejor reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre autoridades competentes y la protección judicial de los derechos individuales. El principio de reconocimiento mutuo debe convertirse, por lo tanto, en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión.

               (3)

               Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cooperación judicial en materia penal en la Unión debe basarse en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales.

               (4)

               La aplicación de dicho principio parte de la premisa de que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El alcance del principio de reconocimiento mutuo depende de una serie de parámetros entre los que se incluyen mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definición de las normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación de dicho principio.

               (5)

               Aunque los Estados miembros son parte del CEDH y del Pacto, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí sola, esta circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas de justicia penal de los demás Estados miembros.

               (6)

               El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una Resolución relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (3) (en lo sucesivo, «el plan de trabajo»). Desde una perspectiva gradual, el plan de trabajo insta a adoptar medidas que promuevan los siguientes derechos: traducción e interpretación (medida A); información sobre los derechos y los cargos (medida B); asesoramiento jurídico y justicia gratuita (medida C); comunicación con familiares, empleadores y autoridades consulares (medida D); y salvaguardias especiales para acusados o sospechosos que sean vulnerables (medida E).

               (7)

               El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogió favorablemente el plan de trabajo y lo incorporó al Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (4) (punto 2.4). El Consejo Europeo destacó que el plan de trabajo no era exhaustivo y pidió a la Comisión que examinara nuevos aspectos de los derechos procesales mínimos de los sospechosos y acusados, y que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunción de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperación en ese ámbito.

               (8)

               Sobre la base del plan de trabajo se han adoptado hasta la fecha tres medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal, a saber, las Directivas 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) y 2013/48/UE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo.

               (9)

               La finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio.

               (10)

               Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes pueden suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.

               (11)

               La presente Directiva únicamente debe aplicarse al proceso penal tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia»), sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva no debe aplicarse ni a los procedimientos civiles ni a los administrativos, en particular a aquellos procedimientos administrativos que puedan dar lugar a sanciones, como los procedimientos en materia de competencia, comercio, servicios financieros, infracciones de tráfico, tributos o recargos tributarios, ni a las investigaciones que las autoridades administrativas efectúen en relación con tales procedimientos.

               (12)

               La presente Directiva debe aplicarse a las personas físicas sospechosas o acusadas en un proceso penal. Debe aplicarse desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada. La presente Directiva debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción penal. El ámbito de aplicación de la presente Directiva no debe incluir las acciones ni los recursos judiciales que solo puedan ejercitarse o interponerse una vez que la resolución de que se trate sea firme, incluidos los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

               (13)

               La presente Directiva reconoce diferentes necesidades y grados de protección con respecto a determinados aspectos de la presunción de inocencia de las personas físicas y jurídicas. Por lo que respecta a las personas físicas, dicha protección se refleja en jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los derechos que dimanan de la presunción de inocencia no amparan a las personas jurídicas en idéntica medida que a las personas físicas.

               (14)

               En el estado actual de desarrollo del Derecho nacional y de la jurisprudencia tanto nacional como de la Unión, resulta prematuro legislar a escala de la Unión en materia de presunción de inocencia de las personas jurídicas. Por consiguiente, la presente Directiva no debe aplicarse a las personas jurídicas. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación de la presunción de inocencia a las personas jurídicas, tal como se establece, en particular, en el CEDH y la interpretan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia.

               (15)

               La presunción de inocencia de las personas jurídicas debe ampararse en las garantías legales y jurisprudencia existentes, cuya evolución determinará la necesidad de una intervención de la Unión.

               (16)

               Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusación, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la resolución podría contener una referencia a dichas pruebas.

               (17)

               Por «declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas» debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos, bien que sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad.

               (18)

               La obligación de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no debe impedir que las autoridades públicas divulguen información sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal, como por ejemplo cuando se hace pública una grabación de imágenes y se pide al público que ayude a identificar al presunto autor de la infracción penal, o con el interés público, como por ejemplo cuando, por razones de seguridad, se facilita información a los habitantes de una zona afectada por una presunta infracción penal contra el medio ambiente, o cuando el ministerio fiscal u otra autoridad competente facilita información objetiva sobre el estado de la causa penal con el fin de evitar alteraciones del orden público. El recurso a este tipo de motivos debería limitarse a situaciones en las que resulte razonable y proporcionado, teniendo en cuenta todos los intereses. En cualquier caso, la forma y el contexto en que se divulgue la información no deben crear la impresión de que la persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido probada con arreglo a la ley.

               (19)

               Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que, cuando faciliten información a los medios de comunicación, las autoridades públicas no se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado con arreglo a la ley la culpabilidad de esas personas. A tal fin, los Estados miembros deben informar a las autoridades públicas de la importancia de tener debidamente en cuenta la presunción de inocencia cuando faciliten o divulguen información a los medios de comunicación. Ello se entiende sin perjuicio del Derecho nacional en materia de protección de la libertad de prensa y otros medios de comunicación.

               (20)

               Las autoridades competentes deben abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, a menos que esos medios sean necesarios en casos específicos, ya sea por motivos de seguridad, por ejemplo para impedir que los sospechosos o acusados se autolesionen o lesionen a otras personas o causen daños materiales, o para impedir que los sospechosos o acusados se fuguen o entren en contacto con terceras personas, como testigos o víctimas. La posibilidad de aplicar medios de coerción física no implica que las autoridades competentes deban adoptar una decisión formal sobre el uso de tales medios.

               (21)

               Cuando resulte viable, las autoridades competentes tampoco deben presentar a los sospechosos o acusados ante los órganos jurisdiccionales o el público vistiendo indumentaria de prisión, para evitar dar la impresión de que esas personas son culpables.

               (22)

               La carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Dichas presunciones deben ser iuris tantum y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.

               (23)

               En algunos Estados miembros no solo la acusación, sino también los jueces y tribunales competentes, se encargan de buscar pruebas tanto inculpatorias como exculpatorias. Aquellos Estados miembros que no cuenten con un procedimiento contradictorio deben poder mantener su sistema actual, siempre que se respete la presente Directiva y otras disposiciones aplicables del Derecho de la Unión e internacional.

               (24)

               El derecho a guardar silencio es un aspecto importante de la presunción de inocencia y debe servir como protección frente a la autoinculpación.

               (25)

               El derecho a no declarar contra sí mismo es también un aspecto importante de la presunción de inocencia. No se debe forzar a los sospechosos y acusados, cuando se les solicite que declaren o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o documentos o a que faciliten información que pueda resultar autoinculpatoria.

               (26)

               El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo deben aplicarse a los aspectos relacionados con la infracción penal de cuya comisión es sospechosa o acusada una persona y no, por ejemplo, a las cuestiones relacionadas con su identificación.

               (27)

               El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo implican que las autoridades competentes no deben obligar a los sospechosos o acusados a facilitar información si estos no desean hacerlo. A fin de determinar si se ha vulnerado el derecho a guardar silencio o el derecho a no declarar contra sí mismo, debe tenerse en cuenta la interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del derecho a un juicio justo en virtud del CEDH.

               (28)

               El ejercicio del derecho a guardar silencio o del derecho a no declarar contra sí mismo no debe utilizarse en contra de un sospechoso o acusado y no debe considerarse por sí mismo como prueba de que el interesado haya cometido la infracción penal en cuestión. Ello debe entenderse sin perjuicio de las normas nacionales relativas a la valoración de la prueba por parte de los jueces o tribunales, siempre que se respete el derecho de defensa.

               (29)

               El ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo no debe impedir a las autoridades competentes recabar las pruebas que puedan obtenerse legalmente del sospechoso o acusado mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos, y que tengan una existencia independiente de la voluntad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el material obtenido con arreglo a una orden judicial, el material respecto del que exista una obligación legal de retención o entrega a petición de la autoridad, como las muestras de aliento, sangre, orina y tejidos corporales para el análisis del ADN.

               (30)

               El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo no debe limitar la facultad de los Estados miembros de disponer que, para infracciones leves como las de tráfico de menor gravedad, la tramitación del procedimiento, o de ciertas etapas de este, pueda tener lugar por escrito o sin interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de las autoridades competentes en relación con la infracción penal de que se trate, siempre que se respete el derecho a un juicio justo.

               (31)

               Los Estados miembros deben examinar la posibilidad de que, cuando los sospechosos o acusados reciben información sobre sus derechos con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2012/13/UE, se les proporcione igualmente información relativa al derecho a no declarar contra sí mismo, según se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva.

               (32)

               Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de garantizar que, cuando los sospechosos o acusados reciben una declaración de derechos de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2012/13/UE, dicha declaración contenga también información relativa al derecho a no declarar contra sí mismo, según se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva.

               (33)

               El derecho a un juicio justo es uno de los principios básicos de una sociedad democrática. El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda la Unión.

               (34)

               Si, por razones ajenas a su voluntad, los sospechosos o acusados no pueden estar presentes en el juicio, deben tener la posibilidad de solicitar una nueva fecha para el juicio dentro del plazo previsto por el Derecho nacional.

               (35)

               El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio no es absoluto. En determinadas circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o tácita, pero siempre inequívoca.

               (36)

               En determinadas circunstancias, debe poder pronunciarse una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado, aun cuando la persona interesada no se encuentre presente en el juicio. Este puede ser el caso si el sospechoso o acusado no comparece personalmente, pese a haber sido informado oportunamente del juicio y de las consecuencias de su incomparecencia. El hecho de que se haya informado del juicio al sospechoso o acusado se debe entender como una citación a comparecer personalmente o, de otro modo, como una comunicación de información oficial a esa persona acerca de la fecha y el lugar de celebración del juicio de tal manera que se le permita tener conocimiento del juicio. El hecho de que se informe al sospechoso o acusado de las consecuencias de la incomparecencia se debe entender, en particular, en el sentido de que dicha persona ha sido informada de que puede pronunciarse una resolución sin que haya comparecido en el juicio.

               (37)

               También debe poder celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado en su ausencia, cuando este haya sido informado del juicio y haya encomendado a un letrado, designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado, su defensa en el juicio, y dicho letrado haya defendido en el juicio los intereses del sospechoso o acusado.

               (38)

               A los efectos de considerar si el modo en que se notifica la información es suficiente para garantizar que la persona tenga conocimiento del juicio, también debe prestarse especial atención, en su caso, a la diligencia de las autoridades públicas en informar a la persona interesada, por una parte, y a la diligencia de la persona interesada en recibir la información que se le remite, por otra.

               (39)

               Si los Estados miembros tienen establecida la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no se cumplen las condiciones para adoptar una resolución en ausencia de un determinado sospechoso o acusado, porque este no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, por ejemplo porque la persona ha huido o se ha fugado, debe ser posible no obstante adoptar tal resolución en ausencia del sospechoso o acusado y que se ejecute dicha resolución. En tal caso, los Estados miembros deben garantizar que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resolución, en particular cuando se les detenga, se les informe además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso. Dicha información debe facilitarse por escrito. También puede facilitarse oralmente, a condición de que quede registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional el hecho de haberse proporcionado la información.

               (40)

               Hay que permitir que las autoridades competentes de los Estados miembros excluyan temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado, cuando sea con el fin de asegurar el curso adecuado del proceso penal. Así ocurriría, por ejemplo, si el sospechoso o acusado perturbase la vista y tuviese que ser desalojado de la sala por orden del juez, o si la presencia de un sospechoso o acusado impidiese la audiencia adecuada de un testigo.

               (41)

               El derecho a estar presente en el juicio puede ejercerse solamente si se celebran una o más vistas. Ello significa que el derecho a estar presente en el juicio no se puede aplicar cuando las normas nacionales de procedimiento aplicables no prevean la celebración de ninguna vista. Dichas normas nacionales deben ser conformes con la Carta y el CEDH, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular con respecto al derecho a un juicio justo. Este es el caso, por ejemplo, cuando el procedimiento se tramita de forma simplificada, total o parcialmente después de un procedimiento escrito o un procedimiento que no prevea la celebración de ninguna vista.

               (42)

               Los Estados miembros deben garantizar que, en la aplicación de la presente Directiva, en especial con respecto al derecho a estar presente en el juicio y el derecho a un nuevo juicio, se toman en consideración las necesidades específicas de las personas vulnerables. Con arreglo a la Recomendación, de 27 de noviembre de 2013, de la Comisión, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales (8), debe entenderse como acusados o sospechosos vulnerables, todos los acusados o sospechosos que no puedan comprender o participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física, o a cualquier discapacidad que puedan tener.

               (43)

               Los menores son vulnerables y deben recibir un grado específico de protección. Por lo tanto, deben establecerse garantías procesales específicas por lo que se refiere a algunos de los derechos establecidos en la presente Directiva.

               (44)

               El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Toda vía de recurso eficaz, de la que se pueda disponer en caso de vulneración de alguno de los derechos establecidos en la presente Directiva, debe surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la misma situación en que se hubiesen encontrado de no haberse producido tal vulneración, con miras a proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.

               (45)

               Al valorar las declaraciones de los sospechosos o acusados o las pruebas obtenidas vulnerando el derecho a guardar silencio o el derecho a no declarar contra sí mismo, los jueces y tribunales deben respetar el derecho de defensa y la equidad del proceso. En este contexto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conforme a la cual la admisión de declaraciones obtenidas como resultado de tortura u otros malos tratos infringiendo el artículo 3 del CEDH, como prueba para determinar los hechos pertinentes en un proceso penal privaría automáticamente de equidad a todo el proceso. A tenor de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cualquier declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura no puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

               (46)

               Con el fin de supervisar y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros envíen a la Comisión los datos disponibles sobre la aplicación de los derechos que en ella se establecen. Esos datos pueden incluir la información registrada por las autoridades policiales y judiciales en relación con los recursos interpuestos por vulneración de cualquiera de los aspectos de la presunción de inocencia regulados en la presente Directiva o del derecho a estar presente en el juicio.

               (47)

               La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y el CEDH, incluidos la prohibición de la tortura y del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Debe tenerse especialmente en cuenta el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), según el cual la Unión reconoce los derechos, libertades y principios definidos en la Carta, y en virtud del cual los derechos fundamentales, garantizados por el CEDH y resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, deben constituir principios generales del Derecho de la Unión.

               (48)

               Dado que la presente Directiva fija normas mínimas, los Estados miembros deben poder ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor grado de protección. El grado de protección que establezcan los Estados miembros nunca debe ser inferior al previsto en la Carta o en el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

               (49)

               Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, fijar un conjunto de normas mínimas comunes acerca de determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

               (50)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

               (51)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   CAPÍTULO 1

      OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

   Artículo 1
   Objeto
   La presente Directiva establece normas mínimas comunes relativas a:

               a)

               determinados aspectos de la presunción de inocencia en el proceso penal;

               b)

               el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal.

         Artículo 2
   Ámbito de aplicación
   La presente Directiva se aplica a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en procesos penales. Es aplicable a todas las fases del proceso penal, desde el momento en que una persona es sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si la persona ha cometido o no la infracción penal en cuestión.
   CAPÍTULO 2

      PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

   Artículo 3
   Presunción de inocencia
   Los Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.
   Artículo 4
   Referencias públicas a la culpabilidad
   1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, y de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios o en pruebas de cargo.
   2.   Los Estados miembros velarán por que se disponga de medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables, de conformidad con la presente Directiva, en particular con su artículo 10.
   3.   La obligación establecida en el apartado 1 de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no impedirá a las autoridades públicas divulgar información sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal o el interés público.
   Artículo 5
   Presentación de los sospechosos y acusados
   1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física.
   2.   El apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar los medios de coerción física que sean necesarios por motivos del caso específico, relacionados con la seguridad o la necesidad de evitar que los sospechosos o acusados se fuguen o entren en contacto con terceras personas.
   Artículo 6
   Carga de la prueba
   1.   Los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.
   2.   Los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto.
   Artículo 7
   Derecho a guardar silencio y derecho a no declarar contra sí mismo
   1.   Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a guardar silencio en relación con la infracción penal de que sean sospechosos o se les acuse.
   2.   Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a no declarar contra sí mismos.
   3.   El ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo no impedirá a las autoridades competentes recabar las pruebas que puedan obtenerse legalmente mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos y que tengan una existencia independiente de la voluntad de los sospechosos o acusados.
   4.   Los Estados miembros podrán permitir a sus autoridades judiciales que, al dictar sentencia, tomen en consideración un comportamiento cooperador por parte de los sospechosos y acusados.
   5.   El ejercicio por parte de los sospechosos y acusados del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos no se utilizará en su contra ni se considerará prueba de haber cometido la infracción penal de que se trate.
   6.   Lo dispuesto en el presente artículo no limitará la facultad de los Estados miembros de decidir que, para infracciones leves, la tramitación del procedimiento, o de ciertas fases de este, pueda desarrollarse por escrito o sin interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de las autoridades competentes en relación con la infracción penal de que se trate, siempre que se respete el derecho a un juicio justo.
   CAPÍTULO 3

      DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO

   Artículo 8
   Derecho a estar presente en el juicio
   1.   Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a estar presentes en el juicio.
   2.   Los Estados miembros pueden disponer que, aun en ausencia del sospechoso o acusado, pueda celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución de condena o absolución del sospechoso o acusado, siempre que:

               a)

               el sospechoso o acusado haya sido oportunamente informado del juicio y de las consecuencias de la incomparecencia, o

               b)

               el sospechoso o acusado, tras haber sido informado del juicio, esté formalmente defendido por un letrado designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado.

         3.   Cualquier resolución adoptada de conformidad con el apartado 2 podrá ejecutarse contra el sospechoso o acusado en cuestión.
   4.   Si los Estados miembros establecen la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no es posible cumplir las condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo, porque el sospechoso o acusado no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, los Estados miembros podrán prever que, no obstante, se pueda adoptar y ejecutar una resolución. En tal caso, los Estados miembros garantizarán que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resolución, en particular cuando se les detenga, se les informe además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso con arreglo al artículo 9.
   5.   El presente artículo se entiende sin perjuicio de las normas nacionales que dispongan que el juez o el tribunal competente puede excluir temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado cuando sea necesario para asegurar el curso adecuado del proceso penal, siempre que se respete el derecho de defensa.
   6.   El presente artículo se entiende sin perjuicio de las normas nacionales con arreglo a las cuales el procedimiento, o ciertas fases del mismo, se desarrolla por escrito, siempre que se respete el derecho a un juicio justo.
   Artículo 9
   Derecho a un nuevo juicio
   Los Estados miembros velarán por que, cuando los sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio y no se cumplan las condiciones fijadas en el artículo 8, apartado 2, estos tengan derecho a un nuevo juicio, u otras vías de recurso, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original. En este sentido, los Estados miembros garantizarán que dichos sospechosos o acusados tengan derecho a estar presentes, a participar efectivamente, de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional, y a ejercer su derecho de defensa.
   CAPÍTULO 4

      DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

   Artículo 10
   Vías de recurso
   1.   Los Estados miembros velarán por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la presente Directiva, los sospechosos y acusados dispongan de vías efectivas de recurso.
   2.   Sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales en materia de admisibilidad de la prueba, los Estados miembros garantizarán que se respeten el derecho de defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de valorar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a guardar silencio o a no declarar contra sí mismos.
   Artículo 11
   Recopilación de datos
   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 1 de abril de 2020 y, posteriormente, cada tres años, los datos disponibles que muestren cómo se han aplicado los derechos establecidos en la presente Directiva.
   Artículo 12
   Informe
   La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 1 de abril de 2021, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.
   Artículo 13
   No regresión
   Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de limitar o derogar los derechos o las garantías procesales que estén reconocidos al amparo de la Carta, del CEDH y de otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o del Derecho de cualquier Estado miembro que garantice un nivel de protección más elevado.
   Artículo 14
   Transposición
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de abril de 2018. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 15
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 16
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

      Hecho en Estrasburgo, el 9 de marzo de 2016.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         M. SCHULZ

            Por el Consejo

            La Presidenta

         J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

      (1)  DO C 226 de 16.7.2014, p. 63.

      (2)  Posición del Parlamento Europeo de 20 de enero de 2016 (no publicada aún en el Diario Oficial) y decisión del Consejo de 12 de febrero de 2016.

      (3)  DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.

      (4)  DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

      (5)  Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).

      (6)  Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).

      (7)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).

      (8)  DO C 378 de 24.12.2013, p. 8.


title: Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007 , por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas

text:
               17.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 300/47

      DIRECTIVA 2007/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 13 de noviembre de 2007
   por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 44, apartado 2, letra g),
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las políticas comunitarias sobre la mejora de la legislación, en particular las establecidas en las Comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones tituladas, respectivamente, «Análisis estratégico del programa “Legislar mejor” en la Unión Europea», de 14 de noviembre de 2006, y «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea», de 24 de enero de 2007, subrayan la importancia de la reducción de las cargas administrativas que la legislación vigente impone a las empresas, como elemento fundamental para mejorar su competitividad y alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa.

               (2)

               La Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (3), prevé una excepción a la obligación de que peritos independientes examinen los proyectos de fusión y redacten un informe al respecto destinado a los accionistas de las compañías implicadas en la fusión, si todos los accionistas coinciden en que dicho informe no es necesario.

               (3)

               La Directiva 78/855/CEE del Consejo (4), relativa a las fusiones de las sociedades anónimas, no contiene ninguna excepción similar respecto a los proyectos de fusión, mientras que la Directiva 82/891/CEE del Consejo (5), referente a la escisión de sociedades anónimas, deja que los Estados miembros decidan si establecen esa excepción con relación a los proyectos de escisión.

               (4)

               No hay motivo para exigir el examen del proyecto por un perito independiente destinado a los accionistas si todos ellos coinciden en que puede prescindirse de él. Cualquier modificación de las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE que permita tal acuerdo por parte de los accionistas debe entenderse sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores de las empresas implicadas que establezcan los Estados miembros de conformidad con dichas Directivas, ni de cualquier norma destinada a garantizar el suministro de información a los trabajadores de las empresas implicadas.

               (5)

               Por consiguiente, las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE deben modificarse en consecuencia.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   La presente Directiva tiene por objetivo modificar las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas.
   Artículo 2
   La Directiva 78/855/CEE se modifica como sigue:

               1)

               en el artículo 10, se añade el apartado 4 siguiente:
               «4.   No se requerirá un examen del proyecto de fusión ni un informe pericial si así lo acuerdan todos los accionistas y tenedores de títulos que confieran derecho a voto de cada una de las sociedades que participan en la fusión.»;

               2)

               en el artículo 11, apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

                           «e)

                           cuando proceda, los informes mencionados en el artículo 10.».

         Artículo 3
   La Directiva 82/891/CEE se modifica como sigue:

               1)

               en el artículo 9, apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

                           «e)

                           cuando proceda, los informes mencionados en el artículo 8.»;

               2)

               el artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 10
               1.   No se requerirán el examen del proyecto de escisión ni el informe pericial contemplados en el artículo 8, apartado 1, si así lo han acordado todos los accionistas y tenedores de títulos que confieran un derecho de voto de cada una de las sociedades que participan en la escisión.
               2.   Los Estados miembros pueden permitir que no se apliquen el artículo 7 y el artículo 9, apartado 1, letras c) y d), si así lo han acordado todos los accionistas y portadores de títulos que confieran un derecho de voto de cada una de las sociedades que participan en la escisión.».

         Artículo 4
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2008. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 5
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 6
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 13 de noviembre de 2007.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LOBO ANTUNES

      (1)  DO C 175 de 27.7.2007, p. 33.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de julio de 2007 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 22 de octubre de 2007.

      (3)  DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.

      (4)  Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 295 de 20.10.1978, p. 36). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/99/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 137).

      (5)  Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas (DO L 378 de 31.12.1982, p. 47).