title: Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               27.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 175/1

         DIRECTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 26 de junio de 2013
   por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los documentos elaborados por los organismos del sector público de los Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

               (2)

               La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (3), establece un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros.

               (3)

               Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social. No obstante, para ello es preciso garantizar, en lo que respecta a la oportunidad de autorizar o no la reutilización de documentos, una igualdad de condiciones en toda la Unión que no se puede conseguir si depende exclusivamente de las normas y prácticas diferentes de los Estados miembros o de los organismos del sector público interesados.

               (4)

               Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada.

               (5)

               Desde la adopción en 2003 del primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos. Esta rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las normas de 2003 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.

               (6)

               Al mismo tiempo, los Estados miembros han establecido políticas de reutilización en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la información que superan el nivel mínimo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la reutilización de los datos accesibles del sector público a ciudadanos y empresas. Para evitar que distintas normas en diversos Estados miembros supongan un obstáculo para la oferta transfronteriza de productos y servicios, y garantizar que conjuntos de datos públicos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos, es preciso un nivel mínimo de armonización para determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información, de acuerdo con el régimen de acceso pertinente.

               (7)

               La Directiva 2003/98/CE no incluye obligación alguna respecto del acceso a los documentos ni obliga a autorizar la reutilización de documentos. Corresponde a los Estados miembros o al organismo del sector público interesado decidir si procede o no autorizar la reutilización. Al mismo tiempo, la Directiva 2003/98/CE se basa en las normas nacionales que regulan el acceso a los documentos, por lo que no requiere la autorización de la reutilización de documentos cuando el acceso esté restringido (por ejemplo, las normas nacionales restringen el acceso a aquellos ciudadanos o empresas que demuestren un interés particular en obtener acceso a los documentos) o excluido (por ejemplo, las normas nacionales excluyen el acceso debido al carácter sensible de los documentos, entre otros, por motivos de seguridad nacional, defensa o seguridad pública). Algunos Estados miembros han vinculado expresamente el derecho de reutilización a ese derecho de acceso, por lo que, en general, todos los documentos de libre disposición son reutilizables. En otros Estados miembros, el vínculo entre los dos conjuntos de normas es menos claro, lo cual es fuente de inseguridad jurídica.

               (8)

               Por consiguiente, la Directiva 2003/98/CE debe modificarse para establecer la obligación inequívoca para los Estados miembros de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. Las modificaciones llevadas a cabo por la presente Directiva no tienen por objeto la definición o modificación de los regímenes de acceso en los Estados miembros, que siguen siendo responsabilidad de los mismos.

               (9)

               Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y de la Unión, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca (incluidas las universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté aún vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.

               (10)

               La Directiva 2003/98/CE debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en el ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público implicados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misión de servicio público debe definirse de conformidad con la práctica administrativa común del Estado miembro, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión. La misión de servicio público puede definirse con carácter general o caso por caso para los diferentes organismos del sector público.

               (11)

               La presente Directiva debe incorporarse al Derecho interno y aplicarse de forma que se cumplan plenamente los principios relativos a la protección de los datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4). En particular, conviene señalar que, con arreglo a dicha Directiva, los Estados miembros deben determinar las condiciones en las que sea legal el tratamiento de datos personales. Además, uno de los principios de dicha Directiva consiste en que los datos personales no deben ser tratados posteriormente a una recogida de un modo que sea incompatible con los objetivos determinados, explícitos y legítimos para los que dichos datos fueron recogidos.

               (12)

               La Directiva 2003/98/CE debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos económicos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector público en virtud de la normativa nacional.

               (13)

               Además, cuando un documento se ponga a disposición del público para su reutilización, el organismo del sector público interesado ha de conservar el derecho a explotar el documento.

               (14)

               El ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE debe ampliarse a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

               (15)

               Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público, dado en particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material digital de dominio público. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilización innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

               (16)

               Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos culturales públicos, que constituyen obstáculos al despliegue del potencial económico de dichos recursos. En la medida en que las bibliotecas, los museos y los archivos siguen invirtiendo en la digitalización, muchos ponen ya a disposición su contenido de dominio público para su reutilización, y muchos buscan activamente oportunidades de reutilización de su contenido. Sin embargo, dado que operan en entornos normativos y culturales muy distintos, las prácticas de las instituciones culturales a la hora de explotar los contenidos se han desarrollado de formas dispares.

               (17)

               Puesto que las diferencias entre las normas y prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Unión, debe llevarse a cabo una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización del material cultural público de bibliotecas, museos y archivos.

               (18)

               La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE debe limitarse a tres tipos de instituciones culturales —bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos—, porque sus fondos son, y serán cada vez más, una valiosa materia prima para su reutilización en numerosos productos, como las aplicaciones móviles. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su especificidad respecto de las «artes escénicas». Dado que la práctica totalidad de su material está cubierto por derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva, su inclusión en dicho ámbito de aplicación tendría escasos efectos.

               (19)

               La digitalización es un medio importante para garantizar un mayor acceso y reutilización del material cultural con fines educativos, de trabajo o de ocio. También ofrece considerables oportunidades económicas, permitiendo una integración más fácil del material cultural en los servicios y productos digitales, apoyando así la creación de empleo y el crecimiento. Estos aspectos se subrayaron, entre otros, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre «Europeana — los próximos pasos» (5), la Recomendación 2011/711/UE de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (6) y las correspondientes Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2012, sobre la digitalización y acceso en línea del material cultural y la conservación digital (7). Estos documentos definen el camino que ha de seguirse para abordar los aspectos legales, económicos y organizativos de la digitalización del patrimonio cultural de Europa y su puesta en línea.

               (20)

               Para facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner, siempre que sea posible y apropiado, los documentos a disposición del público mediante formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos, con los niveles más elevados de precisión y granularidad, en un formato que garantice su interoperabilidad; por ejemplo, procesándolos de forma coherente con los principios que rigen los requisitos de facilidad de utilización y compatibilidad de la información espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (8).

               (21)

               Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por máquina son datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina. Cuando proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina.

               (22)

               Cuando los organismos del sector público apliquen una tarifa por la reutilización de documentos, dicha tarifa debe limitarse en principio a los costes marginales. No obstante, debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público o de los gastos relativos a la recogida, producción, reproducción, y difusión de determinados documentos puestos a disposición para su reutilización. En tales casos, los organismos del sector público deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o de los gastos relativos a la recogida, producción, reproducción, y difusión de determinados documentos no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

               (23)

               Las bibliotecas, los museos y los archivos también deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector público, los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Por lo que respecta a las bibliotecas, los museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado para la reutilización de documentos idénticos o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la inversión.

               (24)

               Los límites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto.

               (25)

               Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. A este respecto, los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio organismo del sector público de que se trate, con competencia para establecer dichos criterios. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo existente con competencias de ejecución presupuestaria y bajo una responsabilidad política.

               (26)

               En relación con cualquier tipo de reutilización de un documento, es conveniente que los organismos del sector público puedan, en su caso mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilización de información del sector público deben plantear las mínimas restricciones posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de la fuente. Las licencias abiertas en línea, que otorgan derechos de reutilización más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar también una importante función en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser práctica común en toda la Unión.

               (27)

               La Comisión ha respaldado el desarrollo de un cuadro de indicadores para la información del sector público en línea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilización de la información del sector público en todos los Estados miembros. La actualización periódica de dicho cuadro de indicadores contribuirá al intercambio de información entre Estados miembros y a la disponibilidad de información sobre políticas y prácticas en toda la Unión.

               (28)

               Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

               (29)

               Las normas de competencia deben respetarse al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre los organismos del sector público y los socios privados. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés público, a veces puede resultar necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Esto puede ocurrir, entre otros casos, si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos. A fin de tener en cuenta esta cuestión, la Directiva 2003/98/CE autoriza, a condición de que se proceda a una revisión periódica, los acuerdos exclusivos cuando sea necesario un derecho exclusivo en el marco de la prestación de un servicio de interés público.

               (30)

               A raíz de la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE a bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos, conviene atender a las actuales divergencias de los Estados miembros en cuanto a la digitalización de los recursos culturales, que no pueden tenerse en cuenta de forma efectiva con las normas actuales de dicha Directiva en materia de acuerdos exclusivos. Existen numerosos acuerdos de cooperación entre bibliotecas, incluidas las universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la digitalización de recursos culturales y por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales asociaciones público-privadas pueden facilitar una utilización adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural.

               (31)

               Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, es posible que se requiera un período de exclusividad para dar al socio privado la posibilidad de amortizar su inversión. Dicho período debe tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El período de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalización de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a diez años. Los períodos de vigencia del derecho exclusivo superior a diez años, deben estar sometidos a revisión, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, económicos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebración del acuerdo. Además, toda asociación público-privada para la digitalización de recursos culturales debe otorgar a la institución cultural socia plenos derechos respecto de la utilización de recursos culturales digitalizados posterior a la terminación del acuerdo.

               (32)

               A fin de tener debidamente en cuenta los contratos y demás acuerdos que otorguen derechos exclusivos y hayan sido celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, deben establecerse medidas transitorias adecuadas para proteger los intereses de las partes afectadas en caso de que no puedan aplicarse a sus derechos exclusivos las excepciones autorizadas con arreglo a la presente Directiva. Dichas medidas transitorias deben permitir que los derechos exclusivos de las partes sigan existiendo hasta la expiración del contrato o, en el caso de los contratos de duración indeterminada o de muy larga duración, que sigan existiendo durante un período lo suficientemente largo para que las partes puedan adoptar las medidas oportunas. Dichas medidas transitorias no deben aplicarse a los contratos u otros acuerdos celebrados tras la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, a fin de evitar situaciones en las que se celebren contratos u otros acuerdos de larga duración que no se ajusten a la presente Directiva para eludir las medidas nacionales de transposición que deberán adoptarse en el futuro. Por lo tanto, los contratos y demás acuerdos celebrados después de la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la fecha de aplicación de las medidas nacionales de transposición, deben cumplir lo dispuesto en la presente Directiva a partir de la fecha de aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.

               (33)

               Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas, de una parte, en particular por las pequeñas y medianas empresas, para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

               (34)

               La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos la protección de los datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a la propiedad (artículo 17). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

               (35)

               Es necesario velar por que los Estados miembros informen a la Comisión acerca de la amplitud de la reutilización de la información del sector público, de las condiciones que rigen su disponibilidad y de las prácticas en materia de recurso.

               (36)

               Es conveniente que la Comisión ayude a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando directrices, especialmente en lo que respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.

               (37)

               Procede por tanto modificar la Directiva 2003/98/CE en consecuencia.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   La Directiva 2003/98/CE se modifica como sigue:

               1)

               El artículo 1 se modifica como sigue:

                           a)

                           el apartado 2 se modifica como sigue:

                                       i)

                                       la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

                                                   «a)

                                                   los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro, o en ausencia de tales normas, con arreglo a la práctica administrativa común del Estado miembro en cuestión, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión;»,

                                       ii)

                                       la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

                                                   «c)

                                                   los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de:

                                                               —

                                                               protección de la seguridad nacional (esto es, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública,

                                                               —

                                                               confidencialidad estadística,

                                                               —

                                                               confidencialidad comercial (por ejemplo, secretos comerciales, profesionales o empresariales);»,

                                       iii)

                                       se insertan las letras siguientes:

                                                   «c bis)

                                                   los documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos, entre otros, aquellos casos en los que los ciudadanos o empresas tengan que demostrar un interés particular en obtener acceso a los documentos;

                                                   c ter)

                                                   las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e insignias;

                                                   c quater)

                                                   los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de los datos personales, y las partes de documentos accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales;»,

                                       iv)

                                       la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

                                                   «e)

                                                   los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, con inclusión, si procede, de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación, centros escolares y universidades (exceptuando las bibliotecas universitarias), y»,

                                       v)

                                       la letra f) se sustituye por el texto siguiente:

                                                   «f)

                                                   los documentos conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, museos y archivos.»;

                           b)

                           el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
                           «3.   La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso de los Estados miembros y no les afecta de forma alguna.»;

                           c)

                           en el apartado 4, se sustituye la palabra «comunitario» por las palabras «de la Unión».

               2)

               En el artículo 2 se añaden los puntos siguientes:
               «6)   "un formato legible por máquina": un formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna;
               7)   "formato abierto": un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos;
               8)   "norma formal abierta": una norma establecida por escrito que especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática;
               9)   "universidad": todo organismo del sector público que imparta enseñanza superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos académicos.».

               3)

               El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 3
               Principio general
               1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.
               2.   En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.».

               4)

               En el artículo 4, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:
               «3.   En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a c quater), o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra b), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.
               4.   Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.».

               5)

               El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 5
               Formatos disponibles
               1.   Los organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas.
               2.   El apartado 1 no supone que los organismos del sector público estén obligados, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.
               3.   Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.».

               6)

               El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 6
               Principios de tarifación
               1.   Cuando se aplique una tarifa por la reutilización de documentos, dicha tarifa se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión.
               2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a:

                           a)

                           los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público;

                           b)

                           a título de excepción, los documentos para los cuales se exija a los organismos del sector público en cuestión que generen ingresos suficientes para cubrir una parte sustancial de los costes de recogida, producción, reproducción y difusión de documentos. Estos requisitos se definirán con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, los requisitos se definirán en consonancia con la práctica administrativa común del Estado miembro;

                           c)

                           las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

                     3.   En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y b), los organismos del sector público en cuestión, calcularán el precio total conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales de estos organismos obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. La tarifa se calculará conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.
               4.   Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra c), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.».

               7)

               El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 7
               Transparencia
               1.   En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público, las condiciones aplicables, así como el importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.
               2.   Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en el apartado 1, el organismo del sector público de que se trate indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas. Cuando se solicite, el organismo del sector público de que se trate también indicará cómo se han calculado dichas tarifas en relación con la solicitud de reutilización concreta.
               3.   Los requisitos mencionados en el artículo 6, apartado 2, letra b), se fijarán de antemano. Se publicarán por medios electrónicos siempre que sea posible y apropiado.
               4.   Los organismos del sector público asegurarán que los solicitantes de reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten.».

               8)

               En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
               «1.   Los organismos del sector público podrán autorizar la reutilización de documentos sin condiciones o bien podrán imponer condiciones, en su caso mediante una licencia. Estas condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.».

               9)

               El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 9
               Dispositivos prácticos
               Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.».

               10)

               El artículo 11 se modifica como sigue:

                           a)

                           se inserta el párrafo siguiente en el apartado 2:
                           «El presente apartado no se aplicará a la digitalización de los recursos culturales.»;

                           b)

                           se inserta el párrafo siguiente:
                           «2 bis.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que dicho período sea superior a diez años, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces.
                           Los acuerdos que concedan derechos exclusivos en el sentido del párrafo primero serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
                           Cuando exista un derecho exclusivo en el sentido del párrafo primero deberá facilitarse gratuitamente al organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados. Esa copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.»;

                           c)

                           el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
                           «3.   Los acuerdos exclusivos existentes a 1 de julio de 2005 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en el apartado 2, concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2008.»;

                           d)

                           se añade el apartado siguiente:
                           «4.   Sin perjuicio del apartado 3, los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 2 bis concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, a más tardar el 18 de julio de 2043.».

               11)

               El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 13
               Revisión
               1.   La Comisión llevará a cabo una revisión de la aplicación de la presente Directiva antes del 18 de julio de 2018 y comunicará los resultados de dicha revisión, junto con las posibles propuestas de modificación de la Directiva, al Parlamento Europeo y al Consejo.
               2.   Los Estados miembros presentarán, cada tres años, un informe a la Comisión, sobre la disponibilidad de información del sector público para reutilización, las condiciones que rigen su disponibilidad y las prácticas en materia de recurso. Sobre la base de dicho informe, que se hará público, los Estados miembros llevarán a cabo una revisión de la aplicación del artículo 6, en particular en lo que respecta al cálculo de las tarifas superiores a los costes marginales.
               3.   En dicha revisión, mencionada en el apartado 1, se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria europea de contenidos.».

         Artículo 2
   1.   A más tardar el 18 de julio de 2015, los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
   Los Estados miembros aplicarán dichas medidas a partir del 18 de julio de 2015.
   2.   Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2013.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         M. SCHULZ

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. SHATTER

      (1)  DO C 191 de 29.6.2012, p. 129.

      (2)  Posición del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de junio de 2013.

      (3)  DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.

      (4)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

      (5)  DO C 81 E de 15.3.2011, p. 16.

      (6)  DO L 283 de 29.10.2011, p. 39.

      (7)  DO C 169 de 15.6.2012, p. 5.

      (8)  DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.


Avis juridique important

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31995L0029

Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales durante el transporte

Diario Oficial n° L 148 de 30/06/1995 p. 0052 - 0063

DIRECTIVA  95/29/CE DEL CONSEJO de 29 de junio de 1995 por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la  protección de los animales durante el transporteEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 43, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), Considerando que el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de  noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte (4) establece que la  Comisión debe presentar un informe, eventualmente acompañado de propuestas, sobre la fijación de  períodos máximos de transporte, los intervalos de alimentación y suministro de agua a los animales,  los tiempos de descanso, el espacio disponible y las normas que deben cumplir los medios de  transporte por lo que respecta al transporte de determinados tipos de animales; Considerando que el informe de la Comisión, basado en un dictamen del Comité científico  veterinario, indica que es posible establecer normas sobre estos aspectos en relación con  determinados tipos de animales, basándose en los conocimientos científicos y la experiencia  adquirida; Considerando que en los Estados miembros existen disposiciones sobre los períodos de transporte,  los intervalos de alimentación y suministro de agua a los animales, los tiempos de descanso y el  espacio disponible; que, en algunos casos, esas disposiciones son muy detalladas y son utilizadas  por algunos Estados miembros para restringir el comercio intracomunitario de animales vivos; que  las personas que se dedican al transporte de animales deben disponer de criterios muy precisos que  les permitan actuar a escala comunitaria sin infringir las diferentes disposiciones nacionales; Considerando que, para eliminar los obstáculos técnicos en el comercio de animales vivos y permitir  el buen funcionamiento de las organizaciones de mercado correspondientes, al tiempo que se  garantiza un nivel satisfactorio de protección de los animales transportados, conviene, en el marco  del mercado interior, modificar la Directiva 91/628/CEE con miras a armonizar los períodos de  transporte, los intervalos de alimentación y suministro de agua a los animales, los tiempos de  descanso y el espacio disponible para determinados tipos de animales; Considerando que es conveniente además autorizar a los Estados miembros a que establezcan  condiciones de duración de viaje más estrictas para los animales destinados al matadero cuando se  trate de transportarlos entre un lugar de salida y un lugar de destino situados en su territorio y  ello respetando las disposiciones generales del Tratado, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La Directiva 91/628/CEE quedará modificada como sigue: 1) La letra a) del apartado 2 del artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente: «a) - a los transportes sin carácter comercial alguno y a todo animal individual acompañado por una  persona física que tenga la responsabilidad del animal durante el transporte, - a los transportes de animales familiares de compañía que acompañen a su dueño en el transcurso de  un viaje privado.». 2) En el apartado 2 del artículo 2: a) en la letra e), las palabras «e instalados durante un mínimo de 10 horas,» se sustituyen por las  palabras «e instalados durante 24 horas,»; b) se añadirán las letras siguientes: «h) "tiempo de descanso": un período continuo en el transcurso del viaje durante el cual no se  desplaza a los animales en ningún medio de transporte; i) "transportista": cualquier persona física o jurídica que proceda al transporte de animales: - por cuenta propia, o - por cuenta de un tercero, o - mediante la puesta a disposición de un tercero de un medio de transporte destinado al transporte  de animales, debiendo tener dicho transporte carácter comercial y efectuarse con fines lucrativos.». 3) En el apartado 1 del artículo 3 se insertará la letra siguiente: «a bis - el espacio (densidad de carga) del que dispongan los animales se ajuste como mínimo a las  dimensiones que figuran en el capítulo VI del Anexo para los animales y los medios de transporte  mencionados en dicho capítulo; - los tiempos de transporte y de descanso y los intervalos de alimentación y de suministro de agua  para determinados tipos de animales, sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE) n°  3820/85 (*), se ajusten, a los establecidos en el capítulo VII del Anexo para los animales  mencionados en dicho capítulo. (*) DO n° L 370 de 31. 12. 1985, p. 1.». 4) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 5 A. Los Estados miembros velarán por que: 1) todo transportista: a) cumpla los siguientes requisitos: i) figurar inscrito en un registro de manera que la autoridad competente pueda identificarlo  rápidamente en caso de incumplimiento de las exigencias de la presente Directiva; ii) poseer una autorización válida para todo transporte de animales vertebrados que se efectúe en  uno de los territorios contemplados en el Anexo I de la Directiva 90/675/CEE concedida por la  autoridad competente del Estado miembro de establecimiento o, en el caso de empresas establecidas  en terceros países, por una autoridad competente de un Estado miembro de la Unión, previo  compromiso escrito del responsable de la empresa de transporte de cumplir las exigencias de la  legislación veterinaria vigente. Dicho compromiso precisará en particular: - que el transportista contemplado en el punto 2 ha adoptado todas las disposiciones necesarias  para cumplir las exigencias de la presente Directiva hasta el lugar de destino y, más en particular  en caso de exportación hacia un tercer país, al lugar de destino tal como se define en la  legislación comunitaria pertinente; - que, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del punto 6 de la sección A del capítulo I del  Anexo, el personal contemplado en la letra a) del punto 2 dispone de una formación específica  adquirida bien en la empresa, bien en un organismo de formación, o posee una experiencia  profesional equivalente para proceder a la manipulación y al transporte de animales vertebrados,  así como para proporcionar los cuidados adecuados a los animales transportados en caso necesario;  b) no transporte ni haga transportar animales en condiciones que puedan causarles lesiones o  sufrimientos innecesarios; c) utilice, para el transporte de los animales a que se refiere la presente Directiva, medios de  transporte adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos comunitarios en materia de  bienestar durante el transporte y, en particular, de los requisitos establecidos en el Anexo y los  requisitos que se determinen de conformidad con el apartado 1 del artículo 13; 2) el transportista: a) encomiende el transporte de los animales vivos a personal que posea las aptitudes, capacidades  profesionales y los conocimientos necesarios previstos en la letra a) del punto 1; b) elabore, para los animales contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 que vayan a  someterse a intercambios entre Estados miembros o a ser exportados con destino a terceros países, y  en caso de que la duración del viaje supere las ocho horas, un plan de viaje acorde con el modelo  que figura en el capítulo VIII del Anexo, que se adjuntará al certificado sanitario durante el  viaje, y precisará además los puntos posibles de parada o de transbordo. Deberá elaborarse un único plan de viaje de conformidad con la letra c) para cubrir la totalidad de  la duración del viaje; c) presente el plan de viaje a que se refiere la letra b) a la autoridad competente para que ésta  pueda expedir el certificado sanitario, tras lo cual constatarán en el mismo el número o los  números de los certificados y el sello del veterinario del lugar de salida; el veterinario  notificará, asimismo, la existencia de dicho plan de viaje mediante el sistema ANIMO; d) compruebe: i) que el original del plan de viaje a que se refiere la letra b): - ha sido cumplimentado y completado debidamente por las personas apropiadas en el momento  oportuno; - se ha adjuntado al certificado sanitario que acompaña al transporte durante toda la duración del  viaje; ii) que el personal encargado del transporte: - consigne en el plan de viaje las horas y lugares en que se ha alimentado y abrevado a los  animales transportados durante el viaje; - en caso de exportación de animales a terceros países y cuando la duración del desplazamiento por  el territorio comunitario rebase las ocho horas, haga visar, previo control, el plan de viaje  (sello y firma) por la autoridad competente del puesto fronterizo autorizado o del punto de salida  designado por un Estado miembro una vez que los animales hayan sido controlados de manera adecuada  en cuanto a su aptitud para proseguir el viaje por parte de la autoridad competente veterinaria. Los Estados miembros podrán prescribir que los gastos a que dé lugar el mencionado control  veterinario corran a cuenta del operator que lleve a cabo la exportación de los animales; - remita a su regreso el plan de viaje a la autoridad competente del lugar de origen. No obstante, en el caso de exportaciones de animales a terceros países mediante transportes  marítimos y cuando el tiempo del viaje rebase las ocho horas, se aplicarán las mismas  disposiciones; e) conserve, durante un período determinado por la autoridad competente, un duplicado del plan de  viaje mencionado en la letra b) que pueda presentar a la autoridad competente, a petición de ésta,  para su eventual verificación; f) aporte, en función de las especies transportadas y cuando las distancias que hayan de recorrerse  impongan el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 del capítulo VII, la prueba de que se han  tomado las disposiciones necesarias para cubrir durante el viaje las necesidades de agua y alimento  de los animales transportados, incluso en caso de que se modifique el plan de viaje o se interrumpa  éste por causas ajenas a su voluntad; g) se asegure de que los animales sean conducidos sin demora a su lugar de destino; h) sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo III del Anexo, se cerciore de que  durante el transporte los animales de las especies que no se mencionan en el capítulo VII del Anexo  sean abrevados y alimentados en forma apropiada y a intervalos adecuados; 3) los puntos de parada, fijados previamente por el responsable a que se refiere el punto 2, estén  sujetos a un control regular efectuado por la autoridad competente, que deberá también asegurarse  de que los animales están en condiciones de continuar el viaje; 4) los costes derivados del cumplimiento de los requisitos relativos a la alimentación, al  suministro de agua y al descanso de los animales corran a cargo de los operadores a que se refiere  el punto 1). B. Las eventuales normas de desarrollo derivadas del presente artículo se adoptarán con arreglo al  procedimiento previsto en el artículo 17. 5) El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 8 Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, sin dejar de cumplir los  principios y normas de control establecidos por la Directiva 90/425/CEE, controlen el cumplimiento  de los requisitos de la presente Directiva mediante la inspección, de forma no discriminatoria: a) de los medios de transporte y de los animales durante el transporte por carretera; b) de los medios de transporte y de los animales en cuanto lleguen al lugar de destino; c) de los medios de transporte y de los animales en los mercados, en los lugares de salida y en los  puntos de parada y transbordo; d) de las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento. Dichas inspecciones cubrirán una muestra adecuada de animales transportados anualmente en cada  Estado miembro y podrán llevarse a cabo al mismo tiempo que los controles que se hagan con otros  propósitos. La autoridad competente de cada Estado miembro presenterá un informe anual a la Comisión en el que  indicará el número de inspecciones llevadas a cabo durante el año civil anterior relativas a cada  una de las letras a), b), c) y d), incluido el detalle de todas las infracciones descubiertas y las  acciones consiguientes llevadas a cabo por la autoridad competente. Además, durante el transporte de los animales por su territorio la autoridad competente en el  Estado miembro podrá efectuar controles cuando disponga de datos que hagan presumir una  infracción. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a los controles que se efectúen en el marco de  las misiones ejecutadas de forma no discriminatoria por las autoridades responsables de la  aplicación general de las leyes en un Estado miembro.». 6) En el apartado 1 del artículo 9, se añadirá el siguiente texto como párrafo tercero: «Toda disposición adoptada en virtud de lo establecido en el párrafo segundo será notificada por la  autoridad competente mediante la red ANIMO, con arreglo a las modalidades, incluso financieras, que  deberán establecerse con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 17.». 7) El artículo 10 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 10 1.  En la medida en que resulte necesario para garantizar la aplicación uniforme de la presente  Directiva, podrán efectuar controles in situ expertos de la Comisión. Con tal objeto podrán  comprobar, de forma aleatoria y no discriminatoria, que la autoridad competente controla la  aplicación de los requisitos de la presente Directiva. La Comisión informará a los Estados miembros del resultado de los controles efectuados. 2.  Los controles previstos en el apartado 1 se efectuarán en colaboración con la autoridad  competente. 3.  El Estado miembro en cuyo territorio se efectúe un control facilitará a los expertos toda la  ayuda necesaria para el cumplimiento de su misión. 4.  Las normas de desarrollo del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento  establecido en el artículo 17.». 8) El artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 11 1.  Serán aplicables las normas previstas en la Directiva 91/496/CEE, en particular en lo que se  refiere a la organización y a las consecuencias que deben derivarse de los controles. 2.  La importación, el tránsito y el transporte por y a través del territorio comunitario de los  animales vivos a los que se refiere la presente Directiva procedentes de terceros países sólo se  autorizarán si el transportista: - se compromete por escrito a cumplir los requisitos de la presente Directiva, y en particular los  contemplados en el artículo 5, y declara haber adoptado las disposiciones necesarias a tal fin, - presenta un plan de viaje elaborado de conformidad con el artículo 5. 3.  Además, el veterinario oficial del puesto de inspección fronterizo, en el momento de controlar  el cumplimiento de los requisitos del apartado 2, verificará el cumplimiento de las condiciones de  bienestar de los animales. Si constatare algún caso de incumplimiento de los requisitos en materia  de suministro de agua y alimentación de los animales, tomará las medidas establecidas en el  artículo 9, a expensas del operador. 4.  El certificado o los documentos contemplados en el tercer guión del apartado 1 del artículo 4  de la Directiva 91/496/CEE se completarán según el procedimiento previsto en el artículo 17 para  tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. En espera de la adopción de dichas medidas, seguirán siendo aplicables las normas nacionales en la  materia, de acuerdo con las disposiciones generales del Tratado.». 9) El artículo 13 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 13 1.  La Comisión presentará al Consejo, antes del 31 de diciembre de 1995, propuestas relativas a la  fijación de las normas a las que deberán ajustarse los medios de transporte. El Consejo se  pronunciará por mayoría cualificada sobre dichas propuestas. 2.  El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, elaborará antes del 30 de  junio de 1996, los criterios comunitarios a los que deberán responder los puntos de parada en lo  que se refiere a la estructura de acogida, la alimentación, el suministro de agua, la carga, la  descarga, en su caso la estabulación de determinados tipos de animales, así como los requisitos de  policía sanitaria aplicables en dichos puntos de parada. 3.  Antes del 31 de diciembre de 1999, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la  experiencia adquirida por los Estados miembros desde la aplicación de la presente Directiva, junto  con eventuales propuestas sobre las que el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. 4.  Mientras no se apliquen las disposiciones contempladas en los apartados 1 y 2, seguirán siendo  aplicables las normas nacionales en la materia, de acuerdo con las disposiciones generales del  Tratado.». 10) El artículo 16 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 16 1.  Los Estados miembros podrán conceder excepciones a las disposiciones de la presente Directiva  para los traslados de animales en determinadas partes de territorios contempladas en el Anexo I de  la Directiva 90/675/CEE, para tomar en consideración el alejamiento geográfico de éstas con  respecto a la parte continental del territorio comunitario. 2.  Los Estados miembros que hagan uso de esta facultad informarán a los demás Estados miembros y a  la Comisión, en el seno del Comité veterinario permanente, de las medidas que hayan adoptado en la  materia.». 11. El apartado 2 del artículo 18 se sustituirá por el texto siguiente: «2.  En caso de infracciones repetidas de la presente Directiva o de infracciones que supongan un  sufrimiento grave para los animales, un Estado miembro adoptará, sin perjuicio de las otras  sanciones previstas, las medidas necesarias para remediar las faltas comprobadas; dichas medidas  podrán llegar hasta la suspensión o incluso la retirada de la autorización contemplada en el inciso  ii) del punto a) del apartado 1 del artículo 5 A. Al efectuar la transposición en su legislación nacional, los Estados miembros establecerán las  medidas que adoptarán para remediar las faltas comprobadas.». 12) En el artículo 18 se añadirán los apartados siguientes: «3.  En caso de que la autoridad competente del Estado miembro de tránsito o de destino comprobare  en uno de esos Estados miembros que una empresa de transporte no cumple lo dispuesto en la presente  Directiva, se pondrá en contacto, sin demora, con la autoridad competente del Estado miembro que  haya concedido la autorización. Esta última adoptará todas las medidas necesarias, y en particular  las previstas en el apartado 2. Comunicará a la autoridad competente del Estado miembro en el que  se hubiere constatado la infracción y a la Comisión de la decisión adoptada y los motivos de la  misma. Esta última informará de ello periódicamente a los demás Estados miembros. 4.  Los Estados miembros, actuando de conformidad con las disposiciones establecidas en la  Directiva 89/608/CEE (*), se prestarán asistencia mutua para la aplicación de la presente  Directiva, y más particularmente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contempladas  en el presente artículo. En caso de comprobarse infracciones graves o repetidas, siempre que se hayan agotado las  posibilidades que brinda la asistencia mutua y tras ponerse en contacto las partes con la Comisión,  el Estado miembro en que se hayan comprobado las infracciones podrá prohibir temporalmente al  transportista incriminado el transporte de animales en su territorio. 5.  Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales  aplicables relativas a las sanciones penales. (*) DO n° L 351 de 2. 12. 1989, p. 34.». 13) En la letra b) del apartado 2 de la parte A del capítulo I del Anexo se añadirá el texto  siguiente: «Deberá preverse un espacio libre en el interior del compartimiento de los animales y de cada uno  de los niveles del mismo, de volumen suficiente para garantizar una ventilación adecuada por encima  de los animales cuando éstos se hallen en pie de forma natural, y que no deberá obstaculizar en  ningún caso sus movimientos naturales.». 14) La letra d) del apartado 2 de la parte A del capítulo I del Anexo se sustituirá por el texto  siguiente: «d) Durante el transporte, los animales deberán ser abrevados y recibir alimentos adecuados en los  intervalos establecidos en el capítulo VII.». 15) Se añadirán al Anexo los capítulos que figuran en el Anexo de la presente Directiva. Artículo 2 1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del  31 de diciembre de 1996. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. No obstante, los Estados miembros dispondrán de un plazo adicional hasta el 31 de diciembre de 1997  para aplicar las condiciones fijadas en el punto 3 del capítulo VII a los medios de transporte  contemplados en los puntos 3, 6 y 7 de dicho capítulo. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente  Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho  interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 3 El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial  de las Comunidades Europeas. Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995. Por el Consejo El Presidente J. BARROT (1) DO n° L 250 de 14. 9. 1993, p. 12. (2) DO n° C 20 de 24. 1. 1994, p. 68. (3) DO n° C 127 de 7. 5. 1994, p. 32. (4) DO n° L 340 de 11. 12. 1991, p. 17. Directiva modificada por la Decisión 92/438/CEE (DO n° L  243 de 25. 8. 1992, p. 27.).  ANEXO Capítulos a añadir en el Anexo de la Directiva 91/628/CEE «CAPÍTULO VI 47.  DENSIDADES DE CARGA A) SOLÍPEDOS DOMÉSTICOS >SITIO PARA UN CUADRO>Estas cifras podrán variar en un 10 % como máximo para los caballos adultos  y para los poneys, y en un 20 % como máximo para los potros y potrillos, no sólo en función del  peso y el tamaño de éstos sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de  la duración probable del trayecto. >SITIO PARA UN CUADRO>Estas cifras podrán variar en un 10 % como máximo para los caballos adultos  y para los poneys, y en un 20 % como máximo para los potros y potrillos, no sólo en función del  peso y el tamaño de éstos sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de  la duración probable del trayecto. >SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>B) BOVINOS >SITIO PARA UN CUADRO>Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y el tamaño de los  animales, sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración  probable del trayecto. >SITIO PARA UN CUADRO>Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y el tamaño de los  animales, sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración  probable del trayecto. >SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>Debe concederse un 10 % de espacio adicional a las  hembras preñadas. C) OVINOS/CAPRINOS >SITIO PARA UN CUADRO>La superficie en el suelo que se indica en el presente cuadro puede variar  en función de la raza, tamaño, estado físico y longitud del pelaje de los animales, así como en  función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. >SITIO PARA UN CUADRO>La superficie en el suelo que se indica en el presente cuadro puede variar  en función de la raza, tamaño, estado físico y longitud del pelaje de los animales, así como en  función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. A modo de ejemplo, para los  corderos pequeños puede disponerse una superficie inferior a 0,2 m² por animal. >SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>D) PORCINOS Transporte por ferrocarril y por carretera Todos los cerdos deberán, como mínimo, poder tumbarse simultáneamente y permanecer de pie en su  posición natural. Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de  peso aproximado en el transporte no debería superar los 235 kg/m². La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie  mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha supferficie podrá también  incrementarse en hasta un 20 %, en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del  viaje. >SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>E) AVES DE CORRAL >SITIO PARA UN CUADRO>Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y del tamaño de la  aves, sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración probable  del trayecto. CAPÍTULO VII 48. INTERVALOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DE ALIMENTACIÓN Y TIEMPOS DE VIAJE Y DE DESCANSO 1. Los requisitos establecidos en el presente capítulo serán aplicables al transporte de animales  de las especies mencionadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, excepto al transporte  aéreo, cuyas disposiciones figuran en los puntos 27 a 29 de la letra E del capítulo I. 2. El tiempo de viaje para animales de las especies contempladas en el punto 1 no superará las ocho  horas. 3. El tiempo máximo de viaje contemplado en el punto 2 podrá ampliarse cuando el vehículo de  transporte reúna los siguientes requisitos adicionales: - haya suficiente yacija en el suelo del vehículo;- la cantidad de forraje a bordo del vehículo ha  de ser la apropiada, en función de las especies de animales transportadas y de la duración del  viaje; - acceso directo a los animales; - exista la posibilidad de ventilación adecuada que pueda adaptarse en función de la temperatura  (interior y exterior); - haya paneles móviles para crear compartimientos separados; - los vehículos deberán incluir un dispositivo que permita la conexión a tomas de agua durante las  paradas; - en el caso de vehículos de transporte de cerdos se lleve a bordo agua suficiente para su  suministro a los animales durante el viaje. 4. Los intervalos de suministro de agua y de alimentación y los tiempos de viaje y de descanso,  cuando se utilicen vehículos de carretera que reúnan los requisitos mencionados en el punto 3 serán  los siguientes: a) A los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados y que reciben alimentación láctea así  como a los lechones no destetados se les dará un descanso suficiente de una hora al menos, después  de nueve horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento.  Tras este período de descanso, podrá proseguirse su transporte durante nueve horas más. b) Los cerdos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Los animales  deberán disponer de agua continuamente durante el viaje. c) Los solípedos domésticos [excepto los équidos registrados en el sentido de la Directiva  90/426/CEE) (1)] podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Durante ese  tiempo deberán ser abrevados y, en caso necesario, alimentados cada ocho horas. d) Todos los demás animales de las especies contempladas en el punto 1 deberán tener un descanso  suficiente de una hora al menos, después 14 horas de transporte, en especial para suministrarles  agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período de descanso, podrá proseguirse su  transporte durante 14 horas más. 5. Al término del tiempo de viaje establecido, los animales serán descargados, se les suministrará  agua y alimentos y descansarán durante el menos 24 horas. 6. Los animales no deberán transportarse por tren si el tiempo máximo de viaje es superior al  previsto en el punto 2. No obstante, los tiempos de viaje previstos en el punto 4 serán aplicables  si se cumplen las condiciones previstas en los puntos 3 y 4 exceptuados los tiempos de descanso. 7. a) Los animales no deberán transportarse por mar cuando la duración máxima del viaje sea  superior a la prevista en el punto 2, salvo si se cumplen las condiciones previstas en los puntos 3  y 4 exceptuados los tiempos de viaje de descanso. b) En caso de transporte marítimo que una de manera regular y directa dos puntos geográficos de la  Comunidad mediante vehículos cargados en buques y sin descargar a los animales, deberá preverse un  descanso de 12 horas tras la descarga de los animales en el puerto de destino o en un punto  próximo, excepto cuando la duración del transporte marítimo permita incluir el viaje en el plan  general de los puntos 2 a 4. 8. Los tiempos de viaje previstos en los puntos 3, 4 y en la letra b) del punto 7 podrán  prolongarse dos horas en beneficio de los animales, habida cuenta, en particular, de la proximidad  al lugar de destino. 9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 3 a 8, los Estados miembros estarán autorizados a  establecer una duración máxima de transporte de ocho horas no prorrogable para los transportes de  animales destinados al sacrificio que se efectúen exclusivamente desde un punto de partida hasta un  punto de destino situados en su propio territorio. CAPÍTULO VIII PLAN DE VIAJE >PRINCIPIO DE GRÁFICO>TRANSPORTISTA (NOMBRE, DOMICILIO,  RAZÓN SOCIAL) FIRMA DEL TRANSPORTISTA (1) TIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE No DE MATRÍCULA O DE IDENTIFICACIÓN (1) ESPECIE ANIMAL: NÚMERO: LUGAR Y PAÍS DE DESTINO: LUGAR DE LLEGADA: ITINERARIO: DURACIÓN ESTIMADA DEL VIAJE: (1) (1) No DEL (DE LOS) CERTIFICADO(S) SANITARIO(S) O DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO (2) SELLO DEL VETERINARIO DEL LUGAR DE SALIDA (2) DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PUNTO DE SALIDA O DEL PUESTO FRONTERIZO AUTORIZADO (4) FECHA Y HORA DE SALIDA: PUNTOS DE PARADA O DE TRANSBORDO:NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DURANTE EL VIAJE (3) LUGAR Y DIRECCIÓN  FECHA Y HORA DURACIÓN DE LA PARADA MOTIVO a) b) c) d) e) f) (1) Deberá cumplimentarlo el transportista antes del viaje. (2) Deberá consignarlo el veterinario correspondiente. (3) Deberá cumplimentarlo el transportista durante el viaje. (4) Deberá estamparlo la autoridad competente del punto de salida. Fecha y hora de llegada Firma del responsable del transporte durante el viaje» >FIN DE GRÁFICO>(1) DO n° L 224 de 18. 8. 1990, p. 29.


Avis juridique important

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31997L0058

Directiva 97/58/CE de la Comisión de 26 de septiembre de 1997 por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 274 de 07/10/1997 p. 0008 - 0008

DIRECTIVA 97/58/CE DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 1997 por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (Texto pertinente a los fines del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (1) y, en particular, su artículo 8,Considerando que el anexo de la Directiva 94/57/CE está basado en la Resolución A.739(18) de la OMI sobre directrices para la autorización de organizaciones que actúen en nombre de la administración;Considerando que la Asamblea de la OMI adoptó en su decimonovena sesión la Resolución A.789(19) sobre especificaciones de las funciones de peritaje y certificación de organizaciones que actúen en nombre de la administración;Considerando que las especificaciones establecidas en la Resolución A.789(19) de la OMI deben considerarse conjuntamente con las directrices establecidas en la Resolución A.739(18) de la OMI;Considerando que, a los efectos de la Directiva 94/57/CE, es conveniente incorporar las disposiciones de la Resolución A.789(19) al anexo de dicha Directiva en la medida en que sean aplicables;Considerando que las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité mencionado en el artículo 7 de la Directiva 94/57/CE,HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 En el anexo de la Directiva 94/57/CE se añadirá el punto 7 siguiente a la sección «A. GENERALES»:«7. La organización deberá operar de conformidad con las disposiciones establecidas en el anexo de la Resolución A.789(19) de la OMI sobre especificaciones de las funciones de peritaje y certificación de organizaciones que actúen en nombre de la Administración, en la medida en que sean aplicables en el ámbito de la presente Directiva.».Artículo 2 1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 30 de septiembre de 1998.2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.3. Los Estados miembros comunicarán de inmediato a la Comisión el texto de todas las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.Artículo 3 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 26 de septiembre de 1997.Por la ComisiónNeil KINNOCKMiembro de la Comisión(1) DO L 319 de 12. 12. 1994, p. 20.


title: Directiva 2005/34/CE de la Comisión, de 17 de mayo de 2005, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella las sustancias activas etoxazol y tepraloxidim  (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               18.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 125/5

      DIRECTIVA 2005/34/CE DE LA COMISIÓN

   de 17 de mayo de 2005
   por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella las sustancias activas etoxazol y tepraloxidim
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, Francia recibió el 21 de abril de 1998 una solicitud de Sumitomo Chemical Agro Europe SA para la inclusión de la sustancia activa etoxazol en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 1999/43/CE de la Comisión (2) se confirmó que el expediente era «documentalmente conforme», esto es, que podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información establecidos en los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE.

               (2)

               De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, España recibió el 11 de septiembre de 1997 una solicitud de BASF AG para la inclusión de la sustancia activa tepraloxidim en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 98/512/CE de la Comisión (3) se confirmó que el expediente era «documentalmente conforme», esto es, que podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información establecidos en los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE.

               (3)

               Los efectos de estas sustancias activas sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, en relación con los usos propuestos por los solicitantes. Los Estados miembros designados como ponentes presentaron a la Comisión proyectos de informes de evaluación relativos a estas sustancias los días 8 de octubre de 2001 (etoxazol) y 21 de enero de 2002 (tepraloxidim).

               (4)

               Los proyectos de informes de evaluación han sido revisados por los Estados miembros y la Comisión en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. La revisión concluyó el 3 de diciembre de 2004 con informes de revisión de la Comisión sobre el etoxazol y el tepraloxidim.

               (5)

               La revisión del etoxazol y el tepraloxidim no puso de manifiesto ninguna cuestión pendiente ni preocupación que hicieran necesaria la consulta del Comité Científico de las Plantas o de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

               (6)

               Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan estas sustancias activas satisfagan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/414/CEE, en particular respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Por tanto, es procedente incluir el etoxazol y el tepraloxidim en el anexo I, para garantizar que las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan estas sustancias puedan concederse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

               (7)

               Tras la inclusión del etoxazol y el tepraloxidim en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, es necesario conceder a los Estados miembros un plazo razonable para que den cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva en relación con los productos fitosanitarios que contengan las citadas sustancias y, en particular, para que revisen las autorizaciones provisionales vigentes y, antes de que termine dicho plazo, las transformen en autorizaciones plenas, las modifiquen o las retiren conforme a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE.

               (8)

               Por tanto, procede modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE se modificará según se indica en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 30 de noviembre de 2005 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de diciembre de 2005.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros determinarán las modalidades de dicha referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 3
   1.   Los Estados miembros revisarán la autorización de cada producto fitosanitario que contenga etoxazol o tepraloxidim para asegurarse de que se cumplen las condiciones enunciadas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE en relación con dichas sustancias activas. En caso necesario, modificarán o retirarán, a más tardar el 30 de noviembre de 2005, las autorizaciones de conformidad con la Directiva 91/414/CEE.
   2.   A más tardar el 31 de mayo de 2005, todo producto fitosanitario autorizado que contenga etoxazol o tepraloxidim como única sustancia activa o con otras de las sustancias activas que figuran en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE será objeto de una nueva evaluación por parte de los Estados miembros de acuerdo con los principios uniformes previstos en el anexo VI de la citada Directiva, sobre la base de un expediente que cumpla los requisitos establecidos en su anexo III. En función del resultado de esta evaluación, los Estados miembros determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE.
   Tras determinar dicho cumplimiento, los Estados miembros deberán:

               a)

               en el caso de un producto que contenga etoxazol o tepraloxidim como única sustancia activa, modificar o retirar la autorización, si procede, a más tardar el 30 de noviembre de 2006; o

               b)

               en el caso de un producto que contenga etoxazol o tepraloxidim, entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, si procede, a más tardar el 30 de noviembre de 2006, o a más tardar en la fecha establecida para tal notificación o retirada en la Directiva o Directivas respectivas por las que se hayan incluido las sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, si esta última fecha es posterior.

         Artículo 4
   La presente Directiva entrará en vigor el 1 de junio de 2005.
   Artículo 5
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 17 de mayo de 2005.

            Por la Comisión

         Markos KYPRIANOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2005/25/CE (DO L 90 de 8.4.2005, p. 1).

      (2)  DO L 14 de 19.1.1999, p. 30.

      (3)  DO L 228 de 15.8.1998, p. 35.

      ANEXO
      En el anexo I de la Directiva 91/414/CEE se añadirán las siguientes filas al final del cuadro

                     No

                     Denominación común y números de identificación

                     Denominación UIQPA

                     Pureza (1)

                     Entrada en vigor

                     Caducidad de la inclusión

                     Disposiciones específicas

                     «100

                     Etoxazol
                     CAS No 153233-91-1
                     CICAP No 623

                        (RS)-5-ter-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-il] fenetol

                     ≥ 948 g/kg

                     1 de junio de 2005

                     31 de mayo de 2015

                     Sólo se podrán autorizar los usos como acaricida.
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de evaluación de la sustancia etoxazol y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como fue aprobado en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal el 3 de diciembre de 2004.
                     En esta evaluación global, los Estados miembros deberán atender especialmente a la protección de los organismos acuáticos.
                     Deberán tomarse medidas de reducción del riesgo cuando sea pertinente.

                     101

                     Tepraloxidim
                     CAS No 149979-41-9
                     CICAP No 608

                     (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil}-3-hidroxi-5-perhidropirano-4-ilciclohex-2-en-1-ona

                     ≥ 920 g/kg

                     1 de junio de 2005

                     31 de mayo de 2015

                     Sólo se podrán autorizar los usos como herbicida.
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión sobre el tepraloxidim, y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como fue aprobado en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal el 3 de diciembre de 2004.
                     En esta evaluación general, los Estados miembros deberán atender especialmente a la protección de los artrópodos terrestres a los que no esté destinada la sustancia.
                     Deberán tomarse medidas de reducción del riesgo cuando sea pertinente.

         (1)  En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de las sustancias activas.»