title: Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               16.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 330/28

      DIRECTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 30 de noviembre de 2009
   sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo
   (versión codificada)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 137, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) (3), ha sido modificada en varias ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

               (2)

               El amianto es un agente especialmente peligroso que puede causar enfermedades graves y que está presente en gran número de situaciones de trabajo y, por consiguiente, muchos trabajadores están expuestos a un riesgo potencial de su salud. La crocidolita está considerada como un tipo de amianto particularmente peligroso.

               (3)

               Los conocimientos científicos actualmente disponibles no permiten establecer un nivel por debajo del cual los riesgos de salud no existan, únicamente reduciendo la exposición al amianto se disminuirá el riesgo de enfermedades relacionadas con él. Por consiguiente, es necesario prever la elaboración de medidas específicas armonizadas para la protección de los trabajadores contra el amianto. La presente Directiva incluye prescripciones mínimas que serán revisadas basándose en la experiencia adquirida y en la evolución de la técnica en esta materia.

               (4)

               La microscopia óptica, aun cuando no permite el recuento de las fibras más finas nocivas para la salud, es el método más corriente para la medida con regularidad del amianto.

               (5)

               Las medidas preventivas para la protección de la salud de los trabajadores expuestos al amianto y el compromiso previsto para los Estados miembros en materia de vigilancia de la salud de dichos trabajadores son importantes.

               (6)

               A fin de garantizar la claridad en la definición de las fibras, deben definirse estas en términos de mineralogía o por su número CAS (Chemical Abstract Service).

               (7)

               Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias en materia de comercialización y utilización de amianto, la limitación de las actividades que impliquen una exposición al amianto debe contribuir sustancialmente a prevenir las enfermedades relacionadas con dicha exposición.

               (8)

               El sistema de notificación de las actividades que impliquen una exposición al amianto debe adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo.

               (9)

               La prohibición de la proyección de amianto por atomización no basta para impedir la liberación de fibras de amianto en la atmósfera. Deben prohibirse asimismo las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen fibras de amianto añadidas deliberadamente, habida cuenta de su nivel de exposición elevado y difícil de prevenir.

               (10)

               A la luz de los conocimientos técnicos más recientes, conviene definir la metodología de toma de muestras para la medición de la concentración de amianto en el aire, así como el método de recuento de las fibras.

               (11)

               Si bien aún no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña riesgo de cáncer, es oportuno reducir al mínimo la exposición de los trabajadores al amianto.

               (12)

               Es preciso que los empresarios estén obligados a determinar, antes de iniciar el proyecto de retirada del amianto, la existencia o posible existencia de amianto en edificios o instalaciones y a comunicar esta información a las demás personas que pudieran estar expuestas al amianto a través de su utilización, mantenimiento u otras actividades dentro de los edificios o encima de los mismos.

               (13)

               Es indispensable velar por que las obras de demolición o de retirada del amianto sean efectuadas por empresas que conozcan todas las precauciones que se deben tomar para la protección de los trabajadores.

               (14)

               Debe garantizarse una formación específica a los trabajadores que estén o puedan estar expuestos al amianto, a fin de contribuir significativamente a reducir los riesgos derivados de dicha exposición.

               (15)

               Con objeto de detectar precozmente las patologías relacionadas con el amianto es preciso actualizar, a la luz de los conocimientos médicos más avanzados, las recomendaciones prácticas para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.

               (16)

               Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, mejorar la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

               (17)

               Las disposiciones que figuran en la presente Directiva constituyen un elemento concreto de la realización de la dimensión social del mercado interior. Dichas disposiciones se han reducido al mínimo, a fin de no imponer una carga inútil para la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

               (18)

               La presente Directiva no altera las obligaciones de los Estados miembros en materia de transposición al Derecho interno de las Directivas indicadas en el anexo II, parte B.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   1.   La presente Directiva tiene por objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos que se deriven o puedan derivarse para su salud por el hecho de una exposición durante el trabajo al amianto, así como la prevención de tales riesgos.
   Establece el valor límite de dicha exposición, así como otras disposiciones especiales.
   2.   La presente Directiva no va en menoscabo de la facultad que tienen los Estados miembros de aplicar o introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que garanticen una protección más completa de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la sustitución del amianto por productos menos peligrosos.
   Artículo 2
   A efectos de la presente Directiva, el término «amianto» designa a los silicatos fibrosos siguientes:

               a)

               actinolita amianto, no 77536-66-4 del CAS (5);

               b)

               grunerita amianto (amosita), no 12172-73-5 del CAS (5);

               c)

               antofilita amianto, no 77536-67-5 del CAS (5);

               d)

               crisotilo, no 12001-29-5 del CAS (5);

               e)

               crocidolita, no 12001-28-4 del CAS (5);

               f)

               tremolita amianto, no 77536-68-6 del CAS (5).

         Artículo 3
   1.   La presente Directiva es aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén expuestos durante su trabajo, o puedan estarlo, a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
   2.   Para toda actividad que pueda presentar un riesgo de exposición a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan, dicho riesgo debe evaluarse de forma que se determine la naturaleza y el grado de exposición de los trabajadores a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
   3.   Siempre que se trate de exposiciones esporádicas de los trabajadores, que la intensidad de dichas exposiciones sea poca y que los resultados de la evaluación del riesgo a la que se refiere el apartado 2 indiquen claramente que no se sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el aire de la zona de trabajo, los artículos 4, 18 y 19 podrán no aplicarse cuando se trabaje:

               a)

               en actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales solo se trabaje con materiales no friables;

               b)

               en la retirada sin deterioro de materiales no degradados en los que las fibras de amianto estén firmemente unidas en una matriz;

               c)

               en la encapsulación y el sellado de materiales en buen estado que contengan amianto;

               d)

               en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para detectar la presencia de amianto en un material determinado.

         4.   Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales con arreglo a las legislaciones y las prácticas nacionales, establecerán orientaciones prácticas para la determinación de la exposición esporádica y de poca intensidad contemplada en el apartado 3.
   5.   La evaluación a la que se refiere el apartado 2 será objeto de consulta por parte de los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento, y será revisada cuando existan razones para considerar que no es correcta o se haya producido una modificación material en el trabajo.
   Artículo 4
   1.   Sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, se adoptarán las medidas a las que se refieren los apartados 2 a 5.
   2.   Las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, deberán ser objeto de un sistema de notificación controlado por la autoridad responsable del Estado miembro.
   3.   El empresario efectuará la notificación a la que se refiere el apartado 2 a la autoridad responsable del Estado miembro antes de que se inicien las obras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales.
   La notificación deberá incluir como mínimo una descripción sucinta:

               a)

               de la ubicación del lugar de trabajo;

               b)

               del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado;

               c)

               de las actividades realizadas y los procedimientos empleados;

               d)

               del número de trabajadores implicados;

               e)

               de la fecha de inicio de las obras y de su duración;

               f)

               de las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al amianto.

         4.   Los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento tendrán acceso al documento objeto de la notificación contemplada en el apartado 2 relativa a su empresa o establecimiento de conformidad con las legislaciones nacionales.
   5.   Siempre que una modificación en las condiciones de trabajo pueda provocar un aumento significativo de la exposición a polvo procedente de amianto o de materiales que contengan amianto, deberá efectuarse una nueva notificación.
   Artículo 5
   Se prohibirán la proyección de amianto por atomización y toda actividad que implique la incorporación de materiales de aislamiento o de insonorización de baja densidad (inferior a 1g/cm3) que contengan amianto.
   Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias relativas a la comercialización y a la utilización del amianto, se prohibirán las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y transformación de productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto añadido deliberadamente, con excepción del tratamiento y la descarga de los productos resultantes de la demolición y de la retirada de amianto.
   Artículo 6
   Para todas las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, la exposición de los trabajadores a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de trabajo deberá quedar reducida al mínimo y, en cualquier caso, por debajo del valor límite fijado en el artículo 8, especialmente por medio de las medidas siguientes:

               a)

               el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan deberá ser el menor posible;

               b)

               los procesos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan polvo de amianto o, si ello resultare imposible, que no haya dispersión de polvo de amianto en el aire;

               c)

               todos los locales y equipos utilizados para el tratamiento del amianto deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad;

               d)

               el amianto o los materiales de los que se desprendan polvo de amianto o que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados;

               e)

               los desechos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto; esta medida no es aplicable a las actividades de minería; posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (6).

         Artículo 7
   1.   En función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos, y con vistas a garantizar el respeto del valor límite establecido en el artículo 8, deberá medirse periódicamente la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo.
   2.   Las muestras deberán ser representativas de la exposición personal de los trabajadores a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
   3.   Los muestreos se efectuarán previa consulta con los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento.
   4.   La toma de muestras se efectuará por personal que tenga las cualificaciones exigidas. Dichas muestras serán seguidamente analizadas con arreglo al apartado 6, en laboratorios debidamente equipados para el recuento de las fibras.
   5.   La duración de los muestreos deberá ser tal que sea posible determinar una exposición representativa para un período de referencia de ocho horas (un turno) mediante mediciones o cálculos ponderados en el tiempo.
   6.   El recuento de las fibras se efectuará preferentemente mediante microscopio con dispositivo para contraste de fase (PCM) con arreglo al método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 (7) o por cualquier otro método que dé resultados equivalentes.
   Para la medición del amianto en el aire contemplada en el apartado 1, se tendrán en cuenta únicamente las fibras con una longitud superior a cinco micrómetros y una anchura inferior a tres micrómetros y cuya relación longitud/anchura sea superior a 3:1.
   Artículo 8
   Los empresarios se asegurarán de que ningún trabajador esté expuesto a una concentración de amianto en el aire superior a 0,1 fibras por cm3 medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas (TWA).
   Artículo 9
   Las modificaciones necesarias para adaptar el anexo I de la presente Directiva al progreso técnico se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (8).
   Artículo 10
   1.   Cuando se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, deberán identificarse las causas y tomarse lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la situación.
   No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas para la protección de los trabajadores implicados.
   2.   Al objeto de verificar la eficacia de las medidas a las que se refiere el primer párrafo del apartado 1, se procederá de inmediato a una nueva medición del contenido de amianto en el aire.
   3.   Cuando la exposición no pueda ser reducida por otros medios y el valor límite exija el uso de un equipo respiratorio de protección individual, este no podrá ser permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente necesario. Durante los trabajos que requieren el uso de un equipo respiratorio de protección individual se preverán las pausas pertinentes, en función de la carga física y climatológica, y, cuando proceda, en concertación con los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento con arreglo a las legislaciones y las prácticas nacionales.
   Artículo 11
   Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios adoptarán si es necesario recabando información de los propietarios de los locales, todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto.
   Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una construcción, se observarán las disposiciones aplicables de la presente Directiva.
   Artículo 12
   Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de mantenimiento, en las que pueda preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario definirá las medidas destinadas a garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades y, en particular, las siguientes:

               a)

               los trabajadores recibirán un equipo respiratorio apropiado y otros equipos de protección individual, que deberán llevar;

               b)

               se pondrán paneles de advertencia para señalar que es previsible que se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, y

               c)

               se evitará la dispersión de polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de acción.

         Los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento serán consultados respecto a dichas medidas antes de emprender las citadas actividades.
   Artículo 13
   1.   Antes del comienzo de los trabajos de demolición o de retirada de amianto o de materiales que lo contengan, de edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, así como de navíos, se establecerá un plan de trabajo.
   2.   El plan al que se refiere el apartado 1 deberá prever las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo.
   Dicho plan deberá especificar en particular que:

               a)

               el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las técnicas de demolición, salvo en caso de que dicha eliminación cause un riesgo aún mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in situ;

               b)

               el equipo de protección individual al que se refiere el artículo 12, párrafo primero, letra a), sea suministrado, si es necesario;

               c)

               una vez que hayan terminado las obras de demolición o de retirada del amianto, se comprobará que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales.

         A petición de las autoridades competentes, el plan incluirá información sobre los siguientes aspectos:

               a)

               la índole y la duración probable de los trabajos;

               b)

               el lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos;

               c)

               los métodos empleados, cuando los trabajos impliquen la manipulación de amianto o de materiales que contengan amianto;

               d)

               las características de los equipos utilizados para:

                           i)

                           la protección y la descontaminación del personal encargado de los trabajos,

                           ii)

                           la protección de las demás personas que se encuentren en el lugar donde se efectúen los trabajos o en sus proximidades.

         3.   A petición de las autoridades competentes, el plan al que se refiere el apartado 1 deberá notificarse antes del inicio de los trabajos previstos.
   Artículo 14
   1.   Los empresarios preverán una formación apropiada para todos los trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan. Esta formación deberá impartirse a intervalos regulares y sin coste alguno para los trabajadores.
   2.   El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabajadores. Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios en materia de prevención y de seguridad, en particular en relación con:

               a)

               las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;

               b)

               los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;

               c)

               las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición;

               d)

               las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;

               e)

               la función adecuada, la elección, la selección, las limitaciones y el uso apropiado de los equipos respiratorios;

               f)

               los procedimientos de emergencia;

               g)

               los procedimientos de descontaminación;

               h)

               la eliminación de residuos;

               i)

               las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

         3.   Se elaborarán, a nivel comunitario, orientaciones prácticas para la formación de los trabajadores que realizan su actividad en el ámbito de la retirada de amianto.
   Artículo 15
   Antes de efectuar obras de demolición o de retirada del amianto, las empresas deberán aportar pruebas de su capacidad en este ámbito. Estas pruebas se establecerán de conformidad con la legislación o con las prácticas nacionales.
   Artículo 16
   1.   Para todas las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, y sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, se tomarán las medidas apropiadas para:

               a)

               que los lugares donde dichas actividades tengan lugar:

                           i)

                           estén claramente delimitados y señalados por paneles,

                           ii)

                           no puedan ser accesibles a otros trabajadores que no sean aquellos que, por razón de su trabajo o de su función, deban entrar en ellos,

                           iii)

                           sean objeto de la prohibición de fumar;

               b)

               que se prevean zonas que permitan a los trabajadores comer y beber sin riesgo de contaminación por el polvo de amianto;

               c)

               que se pongan a disposición de los trabajadores trajes de trabajo o de protección apropiados; que los mencionados trajes de trabajo o de protección no salgan de la empresa; podrán, no obstante, ser lavados en las lavanderías equipadas para este género de operaciones, situadas fuera de la empresa, siempre que esta no proceda directamente a la limpieza; en este caso el transporte de ropa se efectuará en recipientes cerrados;

               d)

               que se destine un lugar separado para los trajes de trabajo o de protección por una parte, y los trajes de vestir, por otra;

               e)

               que se pongan a disposición de los trabajadores instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas, incluyendo duchas en caso de operaciones polvorientas;

               f)

               que se coloquen equipos de protección en un lugar determinado; que se verifiquen y limpien después de cada utilización y que se tomen las medidas apropiadas para reparar o sustituir los equipos defectuosos antes de una nueva utilización.

         2.   El costo de las medidas tomadas en aplicación de las disposiciones previstas en el apartado 1 no podrá correr a cargo de los trabajadores.
   Artículo 17
   1.   Para todas las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, se tomarán las medidas apropiadas con el fin de garantizar a los trabajadores así como a sus representantes en la empresa o establecimiento una información adecuada relativa a:

               a)

               los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan;

               b)

               la existencia de valores límite reglamentarios y la necesidad de una vigilancia de la atmósfera;

               c)

               las prescripciones relativas a las medidas de higiene, incluida la necesidad de no fumar;

               d)

               las precauciones que se han de tomar respecto a la utilización y empleo de equipos y trajes de protección;

               e)

               las precauciones especiales destinadas a reducir al mínimo la exposición al amianto.

         2.   Además de las medidas a las que se refiere el apartado 1 y sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, se tomarán medidas para que:

               a)

               los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento tengan acceso a los resultados de las mediciones del contenido de amianto en el aire y puedan recibir explicaciones relativas al significado de dichos resultados;

               b)

               si los resultados superan el valor límite fijado en el artículo 8, los trabajadores afectados así como sus representantes en la empresa o establecimiento, sean informados lo más rápidamente posible de ello y de las causas que lo han motivado, y que los trabajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento sean consultados sobre las medidas que se han de tomar o, en caso de urgencia, sobre las medidas tomadas.

         Artículo 18
   1.   Sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, se tomarán las medidas a las que se refieren los apartados 2 a 5.
   2.   Cada trabajador será sometido a un reconocimiento médico antes de la exposición a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
   Dicho reconocimiento deberá incluir un examen específico del tórax. El anexo I ofrece recomendaciones prácticas a las que los Estados miembros pueden referirse para la vigilancia clínica de los trabajadores; dichas recomendaciones se adaptarán en función de los progresos técnicos de conformidad con el procedimiento del artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE.
   Deberá realizarse una nueva revisión cada tres años, como mínimo, durante el tiempo que dure la exposición.
   Debe elaborarse un historial médico individual, de acuerdo con las legislaciones y prácticas nacionales, para cada trabajador.
   3.   Posteriormente a la vigilancia clínica a la que se refiere el apartado 2, párrafo segundo, el médico o la autoridad responsable de la vigilancia médica de los trabajadores se pronunciarán sobre las eventuales medidas individuales de protección o prevención que deban adoptarse o determinarán dichas medidas, de acuerdo con las legislaciones nacionales.
   Estas medidas podrán incluir, llegado el caso, la retirada del trabajador afectado de toda exposición a polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
   4.   Deberán suministrarse informaciones y consejos a los trabajadores en todo cuanto se refiere a la revisión de su salud a la que pueden someterse al final de la exposición.
   El médico o la autoridad responsable de la vigilancia médica de los trabajadores podrán indicar la necesidad de continuar la vigilancia médica tras la exposición, durante el tiempo que consideren necesario para la protección de la salud del interesado.
   Esta vigilancia médica continuada se efectuará de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales.
   5.   El trabajador afectado o el empresario podrán solicitar la revisión de los reconocimientos a los que se refiere el apartado 3, de acuerdo con las legislaciones nacionales.
   Artículo 19
   1.   Sin perjuicio del artículo 3, apartado 3, se tomarán las medidas a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4.
   2.   El empresario deberá inscribir a los trabajadores encargados de realizar las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, en un registro que indique la naturaleza y la duración de su actividad, así como la exposición a la que han estado sometidos. El médico o la autoridad responsable de la vigilancia médica tendrán acceso a dicho registro. Cada trabajador tendrá acceso a sus propios resultados o sus representantes en la empresa o establecimiento tendrán acceso a las informaciones colectivas anónimas que pueda haber en dicho registro.
   3.   El registro al que se refiere el apartado 2 y los historiales médicos individuales contemplados en el artículo 18, apartado 2, párrafo cuarto, se conservarán durante un mínimo de 40 años después de terminada la exposición, de acuerdo con la legislación o las prácticas nacionales.
   4.   Los documentos indicados en el apartado 3 serán puestos a disposición de la autoridad responsable en caso de que la empresa cese su actividad, con arreglo a lo establecido en la legislación o las prácticas nacionales.
   Artículo 20
   Los Estados miembros preverán sanciones adecuadas que se aplicarán en caso de infracción de la legislación nacional adoptada en aplicación de la presente Directiva. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
   Artículo 21
   Los Estados miembros tendrán un registro de los casos reconocidos de asbestosis y mesotelioma.
   Artículo 22
   Cada cinco años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la aplicación práctica de la presente Directiva, que adoptará la forma de un capítulo específico del informe único previsto en el artículo 17 bis, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 89/391/CEE y servirá de fundamento a la evaluación que la Comisión llevará a cabo conforme a dicho artículo 17 bis, apartado 4.
   Artículo 23
   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho interno que adopten en la materia a que se refiere la presente Directiva.
   Artículo 24
   Queda derogada la Directiva 83/477/CEE, modificada por las Directivas indicadas en el anexo II, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que figuran en anexo II, parte B.
   Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.
   Artículo 25
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 26
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BUZEK

            Por el Consejo

            La Presidenta

         B. ASK

      (1)  Dictamen de 10 de junio de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009.

      (3)  DO L 263 de 24.9.1983, p. 25.

      (4)  Véase el anexo II, parte A.

      (5)  Número de registro en el Chemical Abstract Service (CAS).

      (6)  DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.

      (7)  Determinación de la concentración de fibras en el aire. Método recomendado: microscopía óptica con dispositivo para contraste de fase (método de filtros de membrana), OMS, Ginebra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

      (8)  DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.

      ANEXO I

         Recomendaciones prácticas para el control clínico de los trabajadores indicadas en el artículo 18, apartado 2, párrafo segundo

                  1.

                  En el estado actual de conocimientos, la exposición a fibras de amianto puede provocar las siguientes enfermedades:

                              —

                              asbestosis,

                              —

                              mesotelioma,

                              —

                              cáncer de pulmón,

                              —

                              cáncer gastrointestinal.

                  2.

                  El médico o la autoridad responsable del control médico de los trabajadores expuestos al amianto deben conocer las condiciones o las circunstancias a las que está expuesto cada trabajador.

                  3.

                  Los exámenes de la salud de los trabajadores deberán efectuarse de acuerdo con los principios y prácticas de la medicina del trabajo. Dichos exámenes deberán incluir por lo menos las siguientes medidas:

                              —

                              establecimiento del historial médico y profesional del trabajador,

                              —

                              entrevista personal,

                              —

                              examen clínico general y en particular del tórax,

                              —

                              pruebas de la función respiratoria (espirometría y curva flujo-volumen).

                        El médico o la autoridad responsable de la vigilancia de la salud deberá decidir, a la luz de los conocimientos más recientes en el ámbito de la medicina del trabajo, sobre la conveniencia de realizar otros exámenes, como citologías de esputos, radiografías de tórax o una tomodensitometría.

      ANEXO II
      PARTE A

         Directiva derogada con la lista de sus modificaciones sucesivas

         (contempladas en el artículo 24)

                  Directiva 83/477/CEE del Consejo
                  (DO L 263 de 24.9.1983, p. 25)

                  Directiva 91/382/CEE del Consejo
                  (DO L 206 de 29.7.1991, p. 16)

                  Directiva 98/24/CE del Consejo
                  (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11)

                  Únicamente su artículo 13, apartado 2

                  Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  (DO L 97 de 15.4.2003, p. 48)

                  Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  (DO L 165 de 27.6.2007, p. 21)

                  Únicamente su artículo 2, apartado 1

            PARTE B

         Plazos de transposición al Derecho interno

         (contemplados en el artículo 24)

                  Directiva

                  Plazo de transposición

                  83/477/CEE

                  31 de diciembre de 1986 (1)

                  91/382/CEE

                  1 de enero de 1993 (2)

                  98/24/CE

                  5 de mayo de 2001

                  2003/18/CE

                  14 de abril de 2006

                  2007/30/CE

                  31 de diciembre de 2012

         (1)  Esta fecha se sustituye por el 31 de diciembre de 1989 en lo que respecta a las actividades de extracción del amianto.

         (2)  Para la República Helénica el plazo de transposición de la Directiva será el 1 de enero de 1996. No obstante, la fecha de transposición de las disposiciones relativas a las actividades de extracción del amianto será el 1 de enero de 1996 para todos los Estados miembros y el 1 de enero de 1999 para la República Helénica.

      ANEXO III

         Tabla de correspondencias

                  Directiva 83/477/CEE

                  Presente Directiva

                  Artículo 1, apartado 1

                  Artículo 1, apartado 1

                  Artículo 1, apartado 2

                  —

                  Artículo 1, apartado 3

                  Artículo 1, apartado 2

                  Artículo 2, guiones primero a sexto

                  Artículo 2, letras a) a f)

                  Artículo 3, apartados 1 a 3

                  Artículo 3, apartados 1 a 3

                  Artículo 3, apartado 3 bis

                  Artículo 3, apartado 4

                  Artículo 3, apartado 4

                  Artículo 3, apartado 5

                  Artículo 4, frase introductoria

                  Artículo 4, apartado 1

                  Artículo 4, punto 1

                  Artículo 4, apartado 2

                  Artículo 4, punto 2

                  Artículo 4, apartado 3

                  Artículo 4, punto 3

                  Artículo 4, apartado 4

                  Artículo 4, punto 4

                  Artículo 4, apartado 5

                  Artículo 5

                  Artículo 5

                  Artículo 6, puntos 1 a 5

                  Artículo 6, letras a) a e)

                  Artículos 7 y 8

                  Artículos 7 y 8

                  Artículo 9, apartado 2

                  Artículo 9

                  Artículo 10

                  Artículo 10

                  Artículo 10 bis

                  Artículo 11

                  Artículo 11, apartados 1 y 2

                  Artículo 12, primer y segundo párrafos

                  Artículo 12, apartado 1

                  Artículo 13, apartado 1

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo primero

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo primero

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, primer guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra a)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, segundo guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra b)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, tercer guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra c)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, primer guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra a)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, segundo guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra b)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, tercer guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra c)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, cuarto guión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra d)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, cuarto guión, primer subguión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra d), inciso i)

                  Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, cuarto guión, segundo subguión

                  Artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, letra d), inciso ii)

                  Artículo 12, apartado 3

                  Artículo 13, apartado 3

                  Artículo 12 bis

                  Artículo 14

                  Artículo 12 ter

                  Artículo 15

                  Artículo 13, apartado 1, letra a)

                  Artículo 16, apartado 1, letra a)

                  Artículo 13, apartado 1, letra b)

                  Artículo 16, apartado 1, letra b)

                  Artículo 13, apartado 1, letra c), incisos i) y ii)

                  Artículo 16, apartado 1, letra c)

                  Artículo 13, apartado 1, letra c), inciso iii)

                  Artículo 16, apartado 1, letra d)

                  Artículo 13, apartado 1, letra c), inciso iv)

                  Artículo 16, apartado 1, letra e)

                  Artículo 13, apartado 1, letra c), inciso v)

                  Artículo 16, apartado 1, letra f)

                  Artículo 13, apartado 2

                  Artículo 16, apartado 2

                  Artículo 14, apartado 1, frase introductiva

                  Artículo 17, apartado 1, frase introductiva

                  Artículo 14, apartado 1, guiones primero a quinto

                  Artículo 17, apartado 1, letras a) a e)

                  Artículo 14, apartado 2

                  Artículo 17, apartado 2

                  Artículo 15, frase introductoria

                  Artículo 18, apartado 1

                  Artículo 15, puntos 1 a 4

                  Artículo 18, apartados 2 a 5

                  Artículo 16, frase introductoria

                  Artículo 19, apartado 1

                  Artículo 16, puntos 1 a 3

                  Artículo 19, apartados 2 a 4

                  Artículo 16 bis

                  Artículo 20

                  Artículo 17

                  Artículo 21

                  Artículo 17 bis

                  Artículo 22

                  Artículo 18, apartado 1

                  —

                  Artículo 18, apartado 2

                  Artículo 23

                  —

                  Artículo 24

                  —

                  Artículo 25

                  Artículo 19

                  Artículo 26

                  Anexo II

                  Anexo I

                  —

                  Anexo II

                  —

                  Anexo III


Avis juridique important

|

31997L0005

Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 relativa a las transferencias transfronterizas

Diario Oficial n° L 043 de 14/02/1997 p. 0025 - 0030

DIRECTIVA 97/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 1997 relativa a las transferencias transfronterizasEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en particular su artículo 100 A,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo,De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el 22 de noviembre de 1996,(1) Considerando que el volumen de pagos transfronterizos aumenta constantemente a medida que la realización del mercado interior y el avance hacia una Unión Económica y Monetaria conducen a un incremento de los intercambios y de la circulación de personas en la Comunidad; que las transferencias transfronterizas constituyen una parte sustancial del volumen y valor de los pagos transfronterizos;(2) Considerando que es fundamental que los particulares y las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, puedan efectuar sus transferencias de un lugar a otro de la Comunidad de forma rápida, fiable y económica; que, de conformidad con la comunicación de la Comisión sobre política de competencia y transferencias transfronterizas (4), la existencia de un mercado competitivo en materia de transferencias transfronterizas debería mejorar los servicios y reducir los precios;(3) Considerando que la finalidad de la presente Directiva es seguir los avances conseguidos en la realización del mercado interior, en especial en el ámbito de la liberalización de los movimientos de capitales, con vistas a la realización de la Unión Económica y Monetaria; que sus disposiciones deben aplicarse a las transferencias efectuadas en las monedas de los Estados miembros y en ecus;(4) Considerando que el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de febrero de 1993 (5); propugnó la elaboración de una directiva del Consejo que determinara las normas relativas a la transparencia y eficacia de los pagos transfronterizos;(5) Considerando que las cuestiones a que se refiere la presente Directiva deben tratarse separadamente de los problemas sistémicos que siguen siendo objeto de estudio por parte de la Comisión; que puede ser necesario hacer una nueva propuesta que trate de las cuestiones sistémicas, principalmente en lo que se refiere al problema del carácter definitivo del pago («settlement finality»);(6) Considerando que el objetivo de la presente Directiva es mejorar los servicios de transferencias tranfronterizas, ayudando al Instituto Monetario Europeo (IME) en su tarea de promover la eficacia de las transferencias transfronterizas con vistas a la preparación de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria;(7) Considerando que, en consonancia con los objetivos que se indican en el segundo considerando, conviene que la presente Directiva se aplique a cualquier transferencia de un importe inferior a 50 000 ecus;(8) Considerando que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado y con el fin de garantizar la transparencia, la presente Directiva establece los requisitos mínimos necesarios para garantizar un adecuado nivel de información al cliente, tanto previamente como con posteridad a la ejecución de una transferencia transfronteriza; que estos requisitos suponen una indicación de los procedimientos de reclamación y de recurso a disposición de los clientes, así como de las modalidades de acceso a ellos; que la presente Directiva establece los requisitos mínimos de funcionamiento, especialmente en lo que a la calidad se refiere, a que deberán atenerse las entidades que prestan servicios de transferencias transfronterizas, incluida la obligación de realizar la transferencia transfronteriza ajustándose a las instrucciones del cliente; que la presente Directiva cumple con las condiciones establecidas en los principios de la Recomendación 90/109/CEE de la Comisión, de 14 de febrero de 1990, sobre la transparencia de las condiciones bancarias en las transacciones financieras transfronterizas (6), que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (7);(9) Considerando que la presente Directiva debería ayudar a reducir el plazo máximo de ejecución de una transferencia transfronteriza y alentar a las entidades que ya trabajan con plazos muy cortos a que los mantengan;(10) Considerando que es conveniente que, en el informe que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo dos años después de la puesta en aplicación de la presente Directiva, la Comisión examine con especial atención el tema del plazo que deberá aplicarse a falta de un plazo convenido entre el ordenante y su entidad, teniendo en cuenta tanto la evolución técnica como la situación existente en cada uno de los Estados miembros;(11) Considerando que conviene que las entidades tengan una obligación de reembolso en caso de no ejecución correcta de la transferencia; que la obligación de reembolsar podría suponer para las entidades una responsabilidad que, en caso de no existir limitación alguna, podría afectar a su capacidad de satisfacer los requisitos de solvencia; que conviene, por consiguiente, que la obligación de reembolso se aplique hasta un máximo de 12 500 ecus;(12) Considerando que el artículo 8 no afectará a las disposiciones generales del derecho nacional con arreglo a las cuales una entidad será responsable respecto del ordenante cuando una transferencia transfronteriza no haya llegado a ultimarse debido a un error de la propia entidad;(13) Considerando que es necesario distinguir, entre las circunstancias a que pueden verse expuestas las entidades que participen en la ejecución de una transferencia transfronteriza, incluidas las circunstancias vinculadas a una situación de insolvencia, las correspondientes a casos de fuerza mayor, y que, para ello, conviene basarse en la definición de fuerza mayor que figura en el apartado 6 del artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (8);(14) Considerando que, a nivel de los Estados miembros, deben existir procedimientos de reclamación y de recurso adecuados y eficaces para solucionar las posibles disputas entre clientes y entidades, utilizándose en su caso los procedimientos existentes,HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:SECCIÓN I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES Artículo 1 Ámbito de aplicación Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las transferencias transfronterizas efectuadas en las divisas de los Estados miembros y en ecus hasta una cantidad total equivalente al contravalor de 50 000 ecus, ordenadas por personas distintas de las contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 2 y realizadas por las entidades de crédito y otras entidades.Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:a) «entidad de crédito», la entidad definida en el artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (9), así como toda sucursal, tal como se define en el tercer guión del artículo 1 de dicha Directiva y situada en la Comunidad, de una entidad de crédito que tenga su domicilio social fuera de la Comunidad y que, en el marco de sus actividades, realice transferencias transfronterizas;b) «otra entidad», toda persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito y que, en el marco de sus actividades, realice transferencias transfronterizas;c) «entidad financiera», la entidad definida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3604/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen las definiciones para la aplicación de la prohibición del acceso privilegiado a que se refiere el artículo 104 A del Tratado (10);d) «entidad», una cantidad de crédito u otra entidad; a efectos de los artículos 6, 7 y 8, las sucursales de una misma entidad de crédito situadas en Estados miembros distintos que participen en la ejecución de una transferencia transfronteriza se considerarán como entidades distintas;e) «entidad intermediaria», entidad distinta de la entidad del ordenante o del beneficiario que participe en la realización de una transferencia transfronteriza;f) «transferencia transfronteriza», una operación efectuada por iniciativa de un ordenante a través de una entidad, o una sucursal de entidad, situada en un Estado miembro, destinada a poner una cantidad de dinero a disposición de un beneficiario en una entidad o una sucursal de entidad situada en otro Estado miembro; el ordenante y el beneficiario podrán ser la misma persona;g) «orden de transferencia transfronteriza», una instrucción incondicional, cualquiera que sea su forma, de ejecutar una transferencia transfronteriza, dada directamente por un ordenante a una entidad;h) «ordenante», la persona física o jurídica que ordena la realización de una transferencia transfronteriza en favor de un beneficiario;i) «beneficiario», el destinatario final de una transferencia transfronteriza cuyos fondos correspondientes se pongan a su disposición en un cuenta de la que pueda disponer;j) «cliente», el ordenante o el beneficiario, según los casos;k) «tipo de interés de referencia», un tipo de interés representativo de una indemnización y establecido de conformidad con las normas fijadas por el Estado miembro donde esté situada la entidad que deba abonar la indemnización cliente;l) «fecha de aceptación», la fecha de cumplimiento de todas las condiciones impuestas por una entidad para la ejecución de una orden de transferencia transfronteriza y relativas a la existencia de cobertura financiera suficiente y a la información necesaria para la ejecución de dicha orden.SECCIÓN II TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES APLICABLES A LAS TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS Artículo 3 Información previa sobre las condiciones aplicables a las transferencias transfronterizas Las entidades pondrán a disposición de sus clientes y de sus posibles clientes información por escrito y, en su caso, también por vía electrónica, presentada en una forma de fácil comprensión, sobre las condiciones aplicables a las transferencias transfronterizas. Esta información deberá contener, como mínimo:- la indicación del plazo necesario para que, en ejecución de una orden de transferencia transfronteriza dada a la entidad, se acrediten los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario. Se deberá indicar con claridad el comienzo del plazo;- la indicación del plazo necesario, en caso de recepción de una transferencia transfronteriza, para que los fondos acreditados en la cuenta de la entidad se abonen en la cuenta del beneficiario;- las modalidades de cálculo de todas las comisiones y gastos que deba pagar el cliente a la entidad, incluidos, en su caso, los porcentajes;- en su caso, la fecha de valor aplicada por la entidad;- la indicación de las vías de reclamación y de recurso a disposición del cliente, así como las modalidades de acceso a las mismas;- la indicación de los tipos de cambios de referencia utilizados.Artículo 4 Información posterior a una transferencia transfronteriza Con posterioridad a la ejecución o la recepción de una transferencia transfronteriza, las entidades facilitarán a sus clientes, salvo renuncia expresa de los mismos, una información clara y por escrito y, en su caso, también por vía electrónica, presentada en una forma de fácil comprensión. Esta información deberá contener, como mínimo:- una referencia que permita al cliente identificar la transferencia transfronteriza;- el importe inicial de la transferencia transfronteriza;- el importe de todos los gastos y comisiones a cargo del cliente;- en su caso, la fecha de valor aplicada por la entidad.Cuando el ordenante haya especificado que los gastos relativos a la transferencia transfronteriza deban correr total o parcialmente a cargo del beneficiario, éste deberá ser informado de ello por su propia entidad.Cuando se haya efectuado una conversión, la entidad que la haya llevado a cabo informará a su cliente del tipo de cambio utilizado.SECCIÓN III OBLIGACIONES MÍNIMAS DE LAS ENTIDADES EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS Artículo 5 Compromisos específicos de la entidad Excepto cuando no deseen entablar relaciones con un cliente, las entidades deberán, a petición de éste y respecto de las transferencias transfronterizas cuyas características se precisen, comprometerse en lo que se refiere al plazo de ejecución de las transferencias así como a las comisiones y gastos correspondientes, con excepción de los relacionados con el tipo de cambio que se aplique.Artículo 6 Obligaciones en materia de plazos 1. La entidad del ordenante deberá efectuar la transferencia transfronteriza de que se trate dentro del plazo convenido con el ordenante.Cuando no se haya respetado el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, cuando al término del quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, no se hayan acreditado los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario, la entidad del ordenante indemnizará a este último.La indemnización consistirá en el abono de un interés calculado sobre el importe de la transferencia transfronteriza mediante la aplicación del tipo de interés de referencia por el período transcurrido entre:- el término del plazo convenido o, a falta de dicho plazo, el término del quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, por una parte, y- la fecha en que se acrediten los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario, por otra.De la misma forma, cuando la no ejecución de una transferencia transfronteriza en el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, antes de que finalice el quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza sea imputable a una entidad intermediaria, ésta deberá indemnizar a la entidad del ordenante.2. La entidad del beneficiario deberá poner los fondos resultantes de la transferencia transfronteriza a disposición del beneficiario dentro del plazo convenido con éste.Cuando no se haya respetado el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, cuando al término del día laborable bancario siguiente al día en que se hayan acreditado los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario no se hayan abonado los fondos en la cuenta del beneficiario, la entidad del beneficiario indemnizará a éste.La indemnización consistirá en el abono de un interés calculado sobre el importe de la transferencia transfronteriza mediante la aplicación del tipo de interés de referencia por el período transcurrido entre:- el término del plazo convenido o, a falta de dicho plazo, el término del día laborable bancario siguiente al día en que los fondos se hayan acreditado en la cuenta de la entidad del beneficiario, por una parte, y- la fecha en que se hayan abonado los fondos en la cuenta del beneficiario, por otra parte.3. No se deberá ninguna indemnización en aplicación de los apartados 1 y 2 cuando la entidad del ordenante o la entidad del beneficiario pueda demostrar que el retraso es imputable al ordenante o al beneficiario, respectivamente.4. Los apartados 1, 2 y 3 no prejuzgan en absoluto los demás derechos de los clientes y de las entidades que hayan participado en la ejecución de la orden de transferencia transfronteriza.Artículo 7 Obligación de efectuar la transferencia transfronteriza con arreglo a las instrucciones 1. La entidad del ordenante, cada una de las entidades intermediarias y la entidad del beneficiario estarán obligadas, una vez transcurrida la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, a ejecutar dicha transferencia transfronteriza por su importe total, a menos que el ordenante haya especificado que los gastos relativos a la transferencia transfronteriza deban correr total o parcialmente a cargo del beneficiario.Lo dispuesto en el párrafo primero no prejuzga la posibilidad de que la entidad de crédito del beneficiario facture a éste los gastos relativos a la gestión de su cuenta, de conformidad con las normas y prácticas aplicables. Sin embargo, la entidad no podrá utilizar dicha facturación para incumplir las obligaciones que establece dicho párrafo.2. Sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, cuando la entidad del ordenante o una entidad intermediaria haya procedido a una deducción sobre el importe de la transferencia transfronteriza que sea contraria al apartado 1, la entidad del ordenante estará obligada, a petición de este último, a transferir al beneficiario el importe deducido, sin deducción alguna y a su costa, a menos que el ordenante solicite que se le abone dicho importe.Toda entidad intermediaria que proceda a una deducción que sea contraria al apartado 1 estará obligada a transferir el importe deducido, sin deducción alguna y a su costa, a la entidad del ordenante o, si la entidad del ordenante así lo solicita, al beneficiario de la transferencia transfronteriza.3. Si fuera la entidad del beneficiario la que hubiera infringido la obligación de ejecutar la orden de transferencia transfronteriza con arreglo a las instrucciones del ordenante, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, dicha entidad estará obligada a abonar al beneficiario, a su costa, el importe indebidamente deducido.Artículo 8 Obligación de reembolso impuesta a las entidades en caso de incumplimiento en las transferencias 1. Si, tras una orden de transferencia transfronteriza aceptada por la entidad del ordenante, los fondos correspondientes no hubieran sido acreditados en la cuenta de la entidad del beneficiario, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, la entidad del ordenante estará obligada a abonar a éste, hasta un total de 12 500 ecus, el importe de la transferencia transfronteriza, más:- unos intereses calculados sobre el importe de la transferencia transfronteriza aplicando el tipo de interés de referencia para el período transcurrido entre la fecha de la orden de transferencia transfronteriza y la fecha del crédito, y- el importe de los gastos relativos a la transferencia transfronteriza pagados por el ordenante.Estos importes se pondrán a disposición del ordenante en el plazo de 14 días laborables bancarios después de la fecha en que el ordenante haya presentado su solicitud, a no ser que entre tanto se hayan abonado en la cuenta de la entidad del beneficiario los fondos correspondientes a la orden de transferencia transfronteriza.Dicha solicitud no podrá presentarse antes del término del plazo de ejecución de la transferencia transfronteriza convenido entre la entidad del ordenante y este último o, a falta de dicho plazo, antes del término del plazo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 6.De igual forma, todas las entidades intermediarias que hubieren aceptado la orden de transferencia transfronteriza tendrán la obligación de reembolsar, a su costa, el importe de dicha transferencia incluidos los gastos e intereses correspondientes, a la entidad que les hubiere impartido la instrucción de realizarla. Si la transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa del algún error u omisión en las instrucciones dadas por esta última entidad, la entidad intermediaria procurará, en la medida de lo posible, efectuar el reembolso del importe de la transferencia transfronteriza.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si la transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa de su falta de ejecución por parte de una entidad intermediaria elegida por la entidad del beneficiario, esta última entidad estará obligada a poner fondos a disposición del beneficiario hasta un total de 12 500 ecus.3. Como excepción al apartado 1, si una transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa de algún error u omisión en las instrucciones dadas por el ordenante a su entidad, o porque una entidad intermediaria expresamente elegida por el ordenante no haya ejecutado la orden de transferencia transfronteriza, la entidad del ordenante y las demás entidades que hayan intervenido en la operación procurarán, en la medida de lo posible, efectuar el reembolso del importe de la transferencia.Si el importe ha sido recuperado por la entidad del ordenante, dicha entidad estará obligada a acreditarlo al ordenante. En este caso, las entidades, incluida la entidad del ordenante, no estarán obligadas a reembolsar los gastos a intereses vencidos y podrán deducir los gastos ocasionados por la recuperación en la medida en que estén especificados.Artículo 9 Caso de fuerza mayor Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE, las entidades que intervengan en la ejecución de una orden de transferencia transfronteriza quedarán exentas de las obligaciones previstas por las disposiciones de la presente Directiva siempre que puedan alegar motivos de fuerza mayor -es decir, circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada- que resulten pertinentes respecto de dichas disposiciones.Artículo 10 Resolución de litigios Los Estados miembros velarán por que existan procedimientos de reclamación y de recurso adecuados y eficaces para la resolución de los posibles litigios entre el ordenante y su entidad, o entre el beneficiario y la suya, utilizándose en su caso los procedimientos existentes.SECCIÓN IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 11 Puesta en aplicación 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 14 de agosto de 1999.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 12 Informe al Parlamento Europeo y al Consejo A más tardar dos años después de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva acompañado, en su caso, de propuestas de revisión.Este informe deberá, a la luz de la situación existente en cada Estado miembro y de los avances técnicos que se produzcan, abordar, en particular, el tema del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 6.Artículo 13 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 14 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 27 de enero de 1997.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteJ. M. GIL-ROBLESPor el ConsejoEl PresidenteG. ZALM(1) DO n° C 360 de 17. 12. 1994, p. 13 y DO n° C 199 de 3. 8. 1995, p. 16.(2) DO n° C 236 de 11. 9. 1995, p. 1.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 1995 (DO n° C 151 de 19. 6. 1995, p. 370), posición común del Consejo de 4 de diciembre de 1995 (DO n° C 353 de 30. 12. 1995, p. 52) y Decisión del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1996 (DO n° C 96 de 1. 4. 1996, p. 74). Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1996 y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de enero de 1997.(4) DO n° C 251 de 27. 9. 1995, p. 3.(5) DO n° C 72 de 15. 3. 1993, p. 158.(6) DO n° L 67 de 15. 3. 1990, p. 39.(7) DO n° L 166 de 28. 6. 1991, p. 77.(8) DO n° L 158 de 23. 6. 1990, p. 59.(9) DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/26/CE (DO n° L 168 de 18. 7. 1995, p. 7).(10) DO n° L 332 de 31. 12. 1993, p. 4.DECLARACIÓN CONJUNTA - DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN El Parlamento, el Consejo y la Comisión toman nota de la voluntad de los Estados miembros de esforzarse en poner en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva el 1 de enero de 1999.