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31987L0102

Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo

Diario Oficial n° L 042 de 12/02/1987 p. 0048 - 0053 Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 7 p. 0202  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 7 p. 0202

*****DIRECTIVA  DEL CONSEJO  de 22 de diciembre de 1986  relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo  (87/102/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que existen amplias diferencias en las legislaciones de los Estados miembros en materia de crédito al consumo;  Considerando que tales diferencias de legislación pueden conducir a distorsiones en la competencia entre los prestamistas en el mercado común;  Considerando que tales diferencias limitan las oportunidades que tiene el consumidor para obtener crédito en otro Estado miembro; considerando que afectan al volumen y a la naturaleza del crédito solicitado, y asimismo a la adquisición de bienes y servicios;  Considerando que, en consecuencia, tales diferencias ejercan una influencia sobre la circulación de bienes y servicios asequibles a los consumidores mediante el crédito y que, de este modo, afectan directamente al funcionamiento del mercado común;  Considerando que, dado el volumen creciente del crédito concedido a los consumidores en la Comunidad, la creación de un mercado común de crédito al consumo beneficiaría por igual a los prestamistas, a los fabricantes, a los mayoristas y minoristas así como a los proveedores de servicios;  Considerando que los programas de la Comunidad Económica Europea para una protección del consumidor y una política de información (4) disponen, en particular, que debería protegerse al consumidor contra las condiciones abusivas de crédito y que debería emprenderse prioritariamente una armonización de las condiciones generales que regulan el crédito al consumo;  Considerando que las diferencias en la legislación y en la práctica ocasionan una protección al consumidor desigual en el ámbito del crédito al consumo de un Estado miembro a otro;  Considerando que en los últimos años se han producido muchos cambios en las modalidades de crédito a disposición de los consumidores y a los que éstos han acudido; considerando que han surgido y continúan desarrollándose nuevas formas de crédito al consumo;  Considerando que el consumidor debería recibir información adecuada sobre las condiciones y el coste del crédito y sobre sus obligaciones; considerando que dicha información debería incluir, entre otras cosas, el porcentaje anual de cargas financieras por el crédito o, en su defecto, el importe total que el consumidor tiene que pagar por el crédito; considerando que hasta que no se adopte una Decisión relativa al método o a los métodos comunitarios de calcular el porcentaje anual de cargas financieras, los Estados miembros deberían poder continuar con los métodos o con las prácticas existentes para calcular dicho porcentaje o, en su defecto, deberían establecer disposiciones para indicar el coste total del crédito al consumidor;  Considerando que las condiciones del crédito pueden ser desventajosas para el consumidor y que se puede conseguir una protección mejor de los consumidores mediante la adopción de determinados requisitos válidos para todas las formas de crédito;  Considerando que, en razón del carácter específico de determinados contratos de crédito o clases de operaciones, dichos acuerdos u operaciones deberían excluirse parcial o totalmente del ámbito de aplicación de la presente Directiva;  Considerando que los Estados miembros deberían tener la posibilidad, en consulta con la Comisión, de exceptuar de la Directiva determinadas formas de crédito de carácter no comercial concedido en condiciones particulares;  Considerando que las prácticas existentes en algunos Estados miembros con respecto a los documentos auténticos autorizados por notario o juez son de una naturaleza tal que hace innecesaria la aplicación de determinadas disposiciones de la presente Directiva; considerando que, por consiguiente, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de exceptuar tales documentos de dichas disposiciones;  Considerando que los contratos de crédito de cuantías muy elevadas deben considerarse diferentes de las transacciones habituales en materia de crédito al consumo; considerando que la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva a contratos de cuantías muy pequeñas podría crear trabas administrativas innecesarias tanto a los consumidores como a los prestamistas; considerando que, por lo tanto, los contratos que superen o no alcancen las cuantías especificadas deberían excluirse de la Directiva;  Considerando que facilitar información sobre el coste del crédito a través de la publicidad y en los locales comerciales del prestamista o intermediario puede facilitar al consumidor la comparación entre distintas ofertas;  Considerando que se mejora aún más la protección del consumidor si los contratos de crédito se hacen por escrito y si contienen determinadas cláusulas contractuales mínimas;  Considerando que en el caso del crédito concedido para la adquisición de bienes, los Estados miembros deberían estipular las condiciones en que los bienes pueden recuperarse, en particular, si el consumidor no ha dado su consentimiento; y considerando que la liquidación entre las partes, en caso de recuperación del bien por el prestamista, debería realizarse de tal forma que se garantice que dicha recuperación no ocasione un enriquecimiento injusto;  Considerando que, debería permitirse al consumidor liberarse de sus obligaciones antes del vencimiento; considerando que el consumidor debería tener derecho en dicho caso a una reducción equitativa sobre el coste total del crédito;  Considerando que no debería permitirse que la cesión de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito debilite la posición del consumidor;  Considerando que aquellos Estados miembros que permitan a los consumidores utilizar letras de cambio, pagarés o cheques en relación con los contratos de crédito deberían garantizar que el consumidor esté suficientemente protegido al utilizar tales instrumentos;  Considerando que, en lo que se refiere a los bienes o servicios que el consumidor adquiera en el marco de un acuerdo de crédito, el consumidor, al menos en las circunstancias que posteriormente se definen, debería tener respecto del prestamista derechos adicionales en relación con los que normalmente tendría contra él y contra el proveedor de los bienes o servicios; que las circunstancias a que se refiere el supuesto anterior son aquéllas en que entre el prestamista y el proveedor de bienes y servicios existe un acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a los clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios suministrados por este último;  Considerando que el ECU ha sido definido en el Reglamento (CEE) no 3180/78 (1), modificado en último término por el Reglamento (CEE) no 2626/84 (2); que los Estados miembros deberían, hasta un cierto límite, disfrutar de la libertad de redondear los importes en moneda nacional como consecuencia de la conversión de los importes expresados en ECUS en la presente Directiva; y considerando que los importes contemplados en la presente Directiva deberían volver a examinarse periódicamente en función de las tendencias económicas y monetarias en la Comunidad y, si es necesario, revisarse;  Considerando que los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas a fin de conceder las correspondientes autorizaciones a los prestamistas, a los intermediarios, o a quienes se dediquen a inspeccionar o supervisar las actividades de los prestamistas o intermediarios o a los consumidores a formular sus quejas sobre los contratos de crédito o las condiciones de crédito;  Considerando que los contratos de crédito no deberían sustraerse, en perjuicio del consumidor, a las disposiciones adoptadas en ejecución de la presente Directiva o que correspondan a dichas disposiciones; y considerando que dichas disposiciones no deberían eludirse como consecuencia del modo en que los contratos estén redactados;  Considerando que, puesto que la presente Directiva prevé un cierto grado de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo y un cierto nivel de protección al consumidor, no debería impedirse a los Estados miembros que mantengan o adopten medidas más estrictas par proteger al consumidor, teniendo debidamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Tratado;  Considerando que, a más tardar, el 1 de enero de 1995, la Comisión debería presentar al Consejo un informe relativo a la aplicación de la presente Directiva,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  1. La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.  2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  a) « consumidor »: la persona física que, en las operaciones reguladas por la presente Directiva, actúa con fines que puedan considerarse al margen de su oficio o profesión;  b) « prestamista »: la persona física o jurídica, o cualquier agrupación de tales personas, que conceda créditos en el desempeño de su oficio, actividad o profesión;  c) « contrato de crédito »: aquél mediante el cual un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo u cualquier otra facilidad de pago.  A lo efectos de la presente Directiva, no se considerarán contratos de crédito los que consistan en la prestación de servicios -privados o públicos- con carácter de continuidad y en los que asista al consumidor el derecho de pagar tales servicios a plazos durante el período de su duración;  d) « coste total del crédito al consumo »: todos los gastos del crédito, incluidos el interés y las demás cargas vinculadas directamente al contrato de crédito, que se determinarán con arreglo a las disposiciones o prácticas existentes o previstas en los Estados miembros;  e) « porcentaje anual de cargas financieras »: el coste total del crédito al consumo, expresado en términos de un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido y calculado con arreglo a los métodos existentes en los Estados miembros.  Artículo 2  1. La presente Directiva no se aplicará a:  a) los contratos de crédito o de promesa de crédito:  - destinados fundamentalmente a la adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o en proyecto;  - destinados a la renovación o mejora de inmuebles;  b) los contratos de arrendamiento, excepto cuando éstos prevean que el título de propiedad pase en última instancia al arrendatario;  c) los créditos concedidos o puestos a disposición sin pago de intereses o cualquier otro tipo de cargas;  d) los contratos de crédito que no devenguen interés, siempre que el consumidor esté de acuerdo en reembolsar el crédito en un solo pago;  e) los créditos en forma de anticipos en una cuenta corriente, concedidos por una entidad de crédito o una entidad financiera, diferentes de una cuenta de tarjeta de crédito;  no obstante lo dispuesto en el artículo 6 se aplicará a tales créditos;  f) los contratos de crédito cuyo importe sea inferior a 200 ECUS o superior a 20 000 ECUS;  g) los contratos de crédito en virtud de los cuales se exija al consumidor reembolsar el crédito:  - bien dentro de un plazo que no rebase los tres meses;  - bien mediante cuatro pagos, como máximo, dentro de un plazo que no rebase los doce meses.  2. Los Estados miembros podrán, pevia consulta a la Comisión, eximir de la aplicación de la presente Directiva a determinadas clases de crédito que cumplan los siguientes requisitos:  - que hayan sido concedidos a tipos de interés inferiores a los practicados en el mercado, y  - que no se ofrecieren al público en general.  3. Las disposiciones del artículo 4 y de los artículos 6 a 12 no se aplicarán a los contratos de crédito o de promesa de crédito con garantía de hipoteca inmobiliaria, siempre y cuando éstos no hayan quedado ya excluidos de la Directiva en virtud de la letra a) del apartado 1.  4. Los Estados miembros podrán exceptuar de las disposiciones de los artículos 6 a 12 a los contratos de crédito en forma de documento auténtico autorizado por notario o juez.  Artículo 3  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (1), y de las normas y principios aplicables en materia de publicidad desleal, todo anuncio o toda oferta exhibida en locales comerciales, por la que una persona ofrezca un crédito u ofrezca servir de intermediario paa la celebración de un contrato de crédito y en la que estén indicados el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del crédito, deberán asimismo indicar el porcentaje anual de cargas financieras, mediante un ejemplo representativo cuando se carezca de otros medios idóneos.  Artículo 4  1. Los contratos de crédito se harán por escrito. El consumidor recibirá una copia del contrato escrito.  2. El contrato escrito incluirá:  a) la indicación del porcentaje anual de cargas financieras;  b) la indicación de las condiciones en las que podrá modificarse el porcentaje anual de cargas financieras.  Cuando no sea posible indicar dicho porcentaje anual de cargas financieras, el consumidor recibirá la información pertinente en el contrato escrito. Esta información contendrá, como mínimo, la información prevista en le segundo guión del apartado 1 del artículo 6.  3. El contrato escrito incluirá, además, las demás condiciones esenciales del contrato.  A modo de ilustración, el Anexo de esta Directiva contiene una lista de las condiciones consideradas esenciales que los Estados miembros podrán exigir que se incluyan en el contrato escrito.  Artículo 5  No obstante lo dispuesto en el artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 4, y hasta que se cuente con una decisión sobre la implantación de un método o métodos comunitarios de cálculo del porcentaje anual de cargas financieras, los Estados miembros que, en el momento de la notificación de esta Directiva, no exijan que se indique dicho porcentaje anual o que no posean un método establecido para calcularlo, exigirán al menos que se indique el coste total del crédito al consumidor.  Artículo 6  1. No obstante la exclusión prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 2, cuando exista un contrato entre una entidad de crédito o una entidad financiera y un consumidor para la concesión de un crédito en forma de anticipos en cuenta corriente que no sea una cuenta de tarjeta de crédito, el consumidor deberá ser informado, en el momento de la celebración del contrato, o con anterioridad:  - del límite del crédito, si lo hubiere;  - del tipo de interés anual y de los gastos aplicables a partir del momento en que se celebre el contrato y de las condiciones en las que podrán modificarse;  - del procedimiento para la rescisión del contrato.  Esta información será confirmada por escrito.  2. Además, mientras dure el contrato, el consumidor será informado de cualquier cambio que se produzca en el tipo de interés o en los gastos pertinentes en el momento en que se produzca. Se facilitará esta información en un extracto de cuenta o de cualquier otra manera aceptable para los Estados miembros.  3. En los Estados miembros en los que se permita la existencia de descubiertos aceptados tácitamente, el consumidor deberá ser informado del tipo de interés anual y de los posibles gastos a su cargo, así como de todas las modificaciones de los mismos cuando dicho descubierto se prolongue más alla de un período de tres meses.  Artículo 7  En el caso de créditos concedidos para la adquisición de bienes, los Estados miembros deberán establecer las condiciones en virtud de las cuales puedan recuperarse dichos bienes, en particular cuando el consumidor no haya dado su consentimiento. Garantizarán, además, que cuando el acreedor recupere la posesión de los bienes, la liquidación entre las partes se efectúe de tal forma que la recuperación de dichos bienes no ocasione un enriquecimiento injusto.  Artículo 8  El consumidor tendrá derecho a liberarse de las obligaciones que haya contraído en virtud de un contrato de crédito antes de la fecha fijada por el contrato. En este caso, de conformidad con las normas establecidas por los Estados miembros, el consumidor tendrá derecho a una reducción equitativa del coste total del crédito.  Artículo 9  Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito sean cedidos a un tercero, el consumidor tendrá derecho a promover contra dicho tercero cualquier acción que fuere posible contra el acreedor original, entre ellas la compensación, cuando esta última esté permitida en el Estado miembro de que se trate.  Artículo 10  Aquellos Estados miembros que, con respecto a los contratos de crédito, permitan al consumidor:  a) pagar mediante letras de cambio o pagarés,  b) conceder una garantía mediante letras de cambio, pagarés o cheques,  asegurarán la adecuada protección del consumidor cuando haga uso de dichos instrumentos en los casos indicados.  Artículo 11  1. Los Estados miembros garantizarán que la existencia de un contrato de crédito no afecte en modo alguno los derechos del consumidor frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante dichos contratos, cuando los bienes o servicios no se suministren o no sean conformes al contrato de suministro.  2. Siempre que:  a) para comprar bienes y obtener servicios, el consumidor concierte un contrato de crédito con una persona distinta del proveedor de dichos bienes o servicios; y  b) entre el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a los clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios suministrados por este último; y  c) el consumidor a que se refiere la letra a) obtenga el crédito en aplicación del acuerdo previo mencionado; y  d) los bienes o servicios objeto del contrato de crédito no sean suministrados o lo sean parcialmente, o no sean conformes al contrato de suministro; y  e) el consumidor haya reclamado contra el proveedor pero no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho,  el consumidor tendrá derecho a dirigirse contra el prestamista. Los Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho.  3. El apartado 2 no se aplicará cuando la transacción individual de que se trate sea de una cantidad inferior al equivalente de 200 ECUS.  Artículo 12  1. Los Estados miembros:  a) garantizarán que los prestamistas o los intermediarios en las operaciones de crédito estén en posesión de una autorización oficial, bien específica o bien como proveedores de bienes y servicios; o  b) garantizarán que los prestamistas o los intermediarios en las operaciones de crédito estén sometidos a inspección o control de sus actividades por parte de una institución u organismo oficial; o  c) promoverán la creación de organismos apropiados para recibir las quejas relativas a los contratos de crédito o las condiciones de crédito y para facilitar información pertinente o asesoramiento a los consumidores.  2. Los Estados miembros podrán prever que no se exija la autorización mencionada en la letra a) del apartado 1 cuando las personas que otorguen créditos o que actuén como intermediarios en operaciones de crédito cumplan con lo dispuesto en el artículo 1 de la primera Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1977 sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (1) y estén autorizadas con arreglo a las disposciones de la citada Directiva.  Cuando dichas personas hayan obtenido a la vez una autorización específica conforme hayan lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, así como una autorización en virtud de la mencionada Directiva, y posteriormente sea retirada esta última autorización, se informará a la autoridad competente responsable de la concesión de la autorización específica para conceder créditos con arreglo a la letra a) del apartado 1 y ésta deberá decidir si las personas interesadas pueden seguir concediendo créditos o actuando de intermediarios para la concesión de créditos, o si la autorización específica concedida conforme a la letra a) del apartado 1 debe retirarse.  Artículo 13  1. A efectos de la presente Directiva, el ECU es el definido en el Reglamento (CEE) no 3180/78, modificado por el Reglamento (CEE) no 2626/84. El equivalente en divisa nacional se deberá calcular inicialmente al tipo de cambio existente en la fecha de adopción de la presente Directiva.  Los Estados miembros podrán redondear las cantidades en moneda nacional resultantes de la conversión de las cantidades de ECUS, siempre que dicho redondeo supere los 10 ECUS.  2. Cada cinco años, y por primera vez en 1995, el Consejo, a propuesta de la Comisión examinará y, si fuere necesario, modificará, las cantidades especificadas en la presente Directiva, en fución de la evolución económica y monetaria de la Comunidad.  Artículo 14  1. Los Estados miembros garantizarán que los contratos de crédito no se sustraigan, en perjuicio del consumidor, a las disposiciones de la legislación nacional que apliquen o que correspondan a la presente Directiva.  2. Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones que adopten para la aplicación de la presente Directiva no sean eludidas como consecuencia de la forma en que se otorguen los contratos, y en particular mediante el procedimiento de distribución de la cuantía del crédito entre varios contratos.  Artículo 15  La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros conserven o adopten disposiciones más severas para la protección del consumidor, y que sean acordes con sus obligaciones en virtud del Tratado.  Artículo 16  1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 1990 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 17  La Comisión presentará un informe al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 1995.  Artículo 18  Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1986.  Por el Consejo  El Presidente  G. SHAW  (1) DO no C 80 de 27. 3. 1979, p, 4 y  DO no C 183 de 10. 7. 1984, p. 4.  (2) DO no C 242 de 12. 9. 1983, p. 10.  (3) DO no C 113 de 7. 5. 1980, p. 22.  (4) DO no C 92 de 25. 4. 1975, p. 1 y  DO no C 133 de 3. 6. 1981, p. 1.  (1) DO no L 379 de 30. 12. 1978, p. 1.  (2) DO no L 247 de 16. 9. 1984, p. 1.  (1) DO no L 250 de 19. 9. 1984, p. 17.  (1) DO no L 322 de 17. 12. 1977, p. 30.  ANEXO  LISTA DE LAS CONDICIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 4  1. Contratos de crédito para la financiación del suministro de determinados bienes o servicios  1.2 // i)   // descripción de los bienes o de los servicios estipulados por el contrato;   // ii)   // precio al contado y precio a pagar con arreglo al contrato de crédito;   // iii)  // en su caso, importe del depósito, cantidad e importe de los plazos y fechas de vencimiento de los mismos, o métodos de determinación de los mismos en caso de desconocerse en el momento de celebrarse el contrato;   // iv)   // indicación de que el consumidor tendrá derecho, con arreglo al artículo 8, a una reducción en caso de reembolso anticipado;   // v)  // quién es el propietario de los bienes (en caso de que la propiedad no se transmita inmediatamente al consumidor) y las condiciones en las que el consumidor accede a la propiedad de los mismos;   // vi)   // en su caso, descripción de la garantía exigida;   // vii)   // en su caso, período de reflexión;   // viii)   // en su caso, indicación del o de los seguros exigidos y, cuando la elección del asegurador no se deje al consumidor, indicación del coste del o de los mismos;  2. Contratos de crédito ligados a la utilización de tarjetas de crédito  1.2 // i)   // en su caso, importe del límite de crédito;  // ii)   // las condiciones de reembolso o las formas de determinarlas;   // iii)   // en su caso, período de reflexión;  3. Contratos de crédito en forma de créditos de caja no regulados por otras disposiciones de la presente Directiva  1.2 // i)   // en su caso, importe del límite del crédito, o método empleado para determinarlo;   // ii)   // condiciones de uso de reembolso;   // iii)   // en su caso, período de reflexión;  4. Otros contratos de créditos cubiertos por la presente Directiva  1.2 // i)   // en su caso, importe del límite del crédito;  // ii)   // en su caso, indicación de la garantía exigida;  // iii)   // condiciones de reembolso;   // iv)   // en su caso, período de reflexión;   // v)   // indicación de que el consumidor tendrá derecho a una reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, en caso de reembolso anticipado.


title: Directiva 2008/41/CE de la Comisión, de 31 de marzo de 2008 , por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa cloridazón (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               1.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 89/12

      DIRECTIVA 2008/41/CE DE LA COMISIÓN

   de 31 de marzo de 2008
   por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa cloridazón
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión establecen normas de desarrollo para la aplicación de la tercera fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dicha lista incluye la sustancia cloridazón.

               (2)

               Los efectos del cloridazón sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Además, dichos Reglamentos designan los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1490/2002. Por lo que se refiere al cloridazón, el Estado miembro ponente fue Alemania y toda la información pertinente se presentó el 16 de marzo de 2005.

               (3)

               El informe de evaluación fue revisado por los Estados miembros y la EFSA, y se presentó a la Comisión el 27 de julio de 2007 como informe científico de la EFSA relativo al cloridazón (4). Este informe fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y fue adoptado el 4 de diciembre de 2007 como informe de revisión de la Comisión relativo al cloridazón.

               (4)

               Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan cloridazón satisfagan, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Por tanto, es procedente incluir la sustancia activa cloridazón en el anexo I para garantizar que las autorizaciones de productos fitosanitarios que la contengan puedan concederse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

               (5)

               Debe permitirse que, antes de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, transcurra un plazo razonable a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se vayan a derivar de la inclusión.

               (6)

               Sin perjuicio de las obligaciones definidas en la Directiva 91/414/CEE derivadas de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, debe permitirse que, tras la inclusión, los Estados miembros dispongan de un plazo de seis meses para revisar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan cloridazón, con el fin de garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, así como las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar, según proceda, las autorizaciones vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado anteriormente, procede conceder un plazo más largo para la presentación y evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III para cada producto fitosanitario y cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en la Directiva 91/414/CEE.

               (7)

               La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión (5) pone de manifiesto que pueden surgir dificultades a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por lo tanto, para no añadir nuevas dificultades, es necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de comprobar que el titular de una autorización tiene acceso a una documentación que cumple los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. Esta aclaración, no obstante, no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros o los titulares de autorizaciones respecto a las de las directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.

               (8)

               Procede, por tanto, modificar en consecuencia la Directiva 91/414/CEE.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de junio de 2009, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2009.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 3
   1.   Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, las autorizaciones vigentes para productos fitosanitarios que contengan cloridazón como sustancia activa, a más tardar, el 30 de junio de 2009.
   Antes de dicha fecha comprobarán, en particular, que se cumplen las condiciones previstas en el anexo I de la Directiva por lo que se refiere a la sustancia activa cloridazón, con excepción de los requisitos indicados en la parte B de la entrada relativa a dicha sustancia activa, y que el titular de la autorización dispone de una documentación, o tiene acceso a ella, que reúne los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva de conformidad con las condiciones del artículo 13 de la misma.
   2.   Como excepción a lo establecido en el apartado 1, todo producto fitosanitario autorizado que contenga cloridazón como única sustancia activa, o junto con otras sustancias activas incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE no más tarde del 31 de diciembre de 2008, será objeto de una nueva evaluación por parte de los Estados miembros de acuerdo con los principios uniformes previstos en el anexo VI de la citada Directiva, sobre la base de una documentación que reúna los requisitos establecidos en su anexo III y que tenga en cuenta la parte B de la entrada de su anexo I por lo que respecta al cloridazón. En función de los resultados de esta evaluación, determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE.
   A raíz de dicha determinación, los Estados miembros deberán:

               a)

               en el caso de un producto que contenga cloridazón como única sustancia activa, cuando sea necesario, modificar o retirar la autorización el 31 de diciembre de 2012 a más tardar, o

               b)

               en el caso de un producto que contenga cloridazón entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, o en la fecha límite que establezca la directiva o las directivas por las que se hayan incluido las sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE; se aplicará la más tardía de ambas fechas.

         Artículo 4
   La presente Directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
   Artículo 5
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 2008.

            Por la Comisión

         Androulla VASSILIOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/40/CE de la Comisión (DO L 87 de 29.3.2008, p. 5).

      (2)  DO L 55 de 29.2.2000, p. 25. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1044/2003 (DO L 151 de 19.6.2003, p. 32).

      (3)  DO L 224 de 21.8.2002, p. 23. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1095/2007 (DO L 246 de 21.9.2007, p. 19).

      (4)  EFSA Scientific Report (2007) 108, 1-82: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloridazon [Informe científico de la EFSA (2007) 108, 1-82: Conclusión relativa a la revisión por expertos de la determinación del riesgo de plaguicidas de la sustancia activa cloridazón] (finalizado el 27 de julio de 2007, versión de 31 de julio de 2007).

      (5)  DO L 366 de 15.12.1992, p. 10. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2266/2000 (DO L 259 de 13.10.2000, p. 27).

      ANEXO
      Al final del cuadro del anexo I de la Directiva 91/414/CEE se añade la entrada siguiente:

                     No

                     Denominación común y números de identificación

                     Denominación IUPAC

                     Pureza (1)

                     Entrada en vigor

                     Caducidad de la inclusión

                     Disposiciones específicas

                     «191

                     Cloridazón
                     No CAS 1698-60-8
                     No CICAP 111

                     5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazin-3(2H)-ona

                     920 g/kg
                     La impureza de fabricación isómero 4 amino-5-cloro se considera de importancia toxicológica y se ha establecido un nivel máximo de 60 g/kg.

                     1 de enero de 2009

                     31 de diciembre de 2018

                     PARTE A
                     Solo se podrán autorizar los usos como herbicida en aplicaciones de máximo 2,6 kg/ha cada tres años en un mismo campo.
                     PARTE B
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión del cloridazón, y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como se ultimó en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal el 4 de diciembre de 2007.
                     En esta evaluación general, los Estados miembros deberán prestar especial atención a:

                                 —

                                 la seguridad de los operarios, velando por que en las condiciones de uso se exija la utilización de equipos de protección individual adecuados,

                                 —

                                 la protección de los organismos acuáticos,

                                 —

                                 la protección de las aguas subterráneas, cuando la sustancia activa se aplique en regiones con suelos y/o condiciones climáticas vulnerables.

                           En su caso, las condiciones de autorización deberán incluir medidas de reducción del riesgo, y deberán iniciarse programas de vigilancia en las zonas vulnerables para controlar la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los metabolitos B y B1.»

         (1)  En los informes de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de la sustancia activa en cuestión.


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32002L0093

Directiva 2002/93/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con el fin de prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra

Diario Oficial n° L 331 de 07/12/2002 p. 0027 - 0027

Directiva 2002/92/CE del Consejode 3 de diciembre de 2002por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con el fin de prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obraEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 93,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),Considerando lo siguiente:(1) De conformidad con el apartado 6 del artículo 28 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme(3), los tipos reducidos previstos en el tercer párrafo de la letra a) del apartado 3 del artículo 12 pueden aplicarse también, durante un período máximo de tres años, comprendidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, a los servicios de gran intensidad de mano de obra enumerados en las categorías que figuran en el anexo K de la citada Directiva.(2) La Decisión 2000/185/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2000, autoriza a los Estados miembros a aplicar un tipo reducido de IVA a los servicios de gran intensidad de mano de obra, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 6 del artículo 28 de la Directiva 77/388/CEE(4), que autoriza a determinados Estados miembros a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2002, un tipo reducido de IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra para los cuales presentaron una solicitud.(3) Antes del 31 de diciembre de 2002, la Comisión deberá someter al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación global acompañado, si procede, de una propuesta que permita decidir definitivamente el tipo aplicable a los servicios de gran intensidad de mano de obra. La base de la evaluación serán los informes que habrán de elaborar antes del 1 de octubre de 2002 los Estados miembros que hayan aplicado estos tipos reducidos.(4) Teniendo en cuenta los plazos necesarios para proceder a una evaluación global y profunda de los informes nacionales, es necesario prorrogar el período máximo de aplicación previsto por la Directiva 77/388/CEE para la medida en cuestión.(5) Conviene, por lo tanto, modificar la Directiva 77/388/CEE.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1En el párrafo primero del apartado 6 del artículo 28 de la Directiva 77/388/CEE los términos "durante un período de tres años comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002" se sustituirán por los términos "durante un período de cuatro años comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2003".Artículo 2La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 3Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteT. Pedersen(1) Dictamen aprobado el 20 de noviembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).(2) Dictamen aprobado el 24 de octubre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/38/CE (DO L 128 de 15.5.2002, p. 41).(4) DO L 59 de 4.3.2000, p. 10.


title: Directiva 2008/45/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008 , por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo respecto a la ampliación del uso de la sustancia activa metconazol (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               5.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 94/21

      DIRECTIVA 2008/45/CE DE LA COMISIÓN

   de 4 de abril de 2008
   por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo respecto a la ampliación del uso de la sustancia activa metconazol
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, segundo guión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La sustancia activa metconazol se incluyó en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE mediante la Directiva 2006/74/CE de la Comisión (2).

               (2)

               Los datos sobre el uso del metconazol para controlar los hongos que remitió su fabricante, BASF AG, cuando solicitó la inclusión de esta sustancia activa, refuerzan la conclusión general de que es previsible que los productos fitosanitarios con metconazol cumplan los requisitos de seguridad establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE. Así pues, se incluyó el metconazol en el anexo I de dicha Directiva con la disposición específica de que los Estados miembros solo pueden autorizar su uso como fungicida.

               (3)

               Además del uso de esta sustancia como antifúngico en determinados usos agrícolas, el notificador solicitó posteriormente una modificación de esta disposición específica para su uso como regulador del crecimiento vegetal. Asimismo, remitió información adicional en apoyo de su petición de ampliación del uso.

               (4)

               Bélgica evaluó la información y los datos presentados por el notificador, e informó a la Comisión, en octubre de 2007, de que había llegado a la conclusión de que la ampliación del uso solicitada no representa ningún riesgo que haya de añadirse a los ya considerados en las disposiciones específicas correspondientes al metconazol del anexo I de la Directiva 91/414/CEE y en el informe de revisión de la Comisión de dicha sustancia. Esto es así, en particular, porque la ampliación implica índices más bajos que los necesarios para su uso como fungicida, sin que se modifiquen los demás parámetros de la solicitud, tal como exigen las disposiciones específicas del anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

               (5)

               Por consiguiente, está justificado modificar las disposiciones específicas del metconazol.

               (6)

               Procede, por tanto, modificar en consecuencia la Directiva 91/414/CEE.

               (7)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 5 de agosto de 2008, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 6 de agosto de 2008.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 4 de abril de 2008.

            Por la Comisión

         Androulla VASSILIOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/41/CE de la Comisión (DO L 89 de 1.4.2008, p. 12).

      (2)  DO L 235 de 30.8.2006, p. 17.

      ANEXO
      En el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, la fila 136 se sustituye por el texto siguiente:

                     «136

                     Metconazol
                     No CAS 125116-23-6 (estereoquímica sin especificar)
                     CIPAC No 706

                     (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobencil)2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol

                     ≥ 940 g/kg
                     (suma de los isómeros cis y trans)

                     1 de junio de 2007

                     31 de mayo de 2017

                     Parte A
                     Solo pueden autorizarse los usos como fungicida y como regulador del crecimiento vegetal.
                     Parte B
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión del metconazol y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como fue adoptado en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal el 23 de mayo de 2006.
                     En esta evaluación general:

                                 —

                                 los Estados miembros deberán atender especialmente a la protección de los organismos acuáticos, las aves y los mamíferos; las condiciones de autorización deberán incluir medidas de reducción del riesgo, cuando sea pertinente,

                                 —

                                 Los Estados miembros deberán atender especialmente a la seguridad de los operarios; las condiciones de autorización deberán incluir, en su caso, medidas de protección.».


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32000L0017

Directiva 2000/17/CE del Consejo, de 30 de marzo de 2000, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Disposiciones transitorias acordadas a la República de Austria y a la República Portuguesa

Diario Oficial n° L 084 de 05/04/2000 p. 0024 - 0025

Directiva 2000/17/CE del Consejode 30 de marzo de 2000por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Disposiciones transitorias acordadas a la República de Austria y a la República PortuguesaEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 93,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),Considerando lo siguiente:(1) La letra e) del punto 2 de la parte IX, "Fiscalidad", del anexo XV del Acta de adhesión de 1994 autorizaba a la República de Austria a no aplicar el apartado 2 del artículo 28 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme(3) (denominada en lo sucesivo "Sexta Directiva IVA"), y a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 1998, un tipo reducido al alquiler de bienes inmuebles para uso residencial, a condición de que el tipo no fuera inferior al 10 %.(2) Desde el 1 de enero de 1999 el alquiler de bienes inmuebles para uso residencial en Austria está exento del IVA, sin derecho a deducción del IVA soportado, en aplicación de las disposiciones de la letra b) del punto B del artículo 13 de la Sexta Directiva IVA. Sin embargo, Austria puede conceder a los sujetos pasivos el derecho a optar por los impuestos previstos en la letra a) del punto C del artículo 13 de dicha Directiva. En este caso debe aplicarse el tipo normal de IVA así como las normas habituales para que exista derecho a deducción.(3) La República de Austria considera que la medida sigue siendo indispensable debido a que el régimen transitorio del IVA sigue vigente y a que la situación no cambió realmente desde la negociación del Acta de adhesión de 1994.(4) La República de Austria indica además que la supresión del tipo reducido del 10 % supondría inevitablemente el aumento de los precios de los alquileres inmobiliarios para el consumidor final.(5) La República Portuguesa aplicaba un tipo reducido del 8 % al sector de la restauración antes del 1 de enero de 1991. Con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 28 de la Sexta Directiva IVA, Portugal pudo seguir aplicando este tipo. Sin embargo, después de una modificación general de los tipos y, en particular por razones políticas y presupuestarias, estos servicios pasaron a estar sometidos al tipo normal a partir de 1992.(6) La República Portuguesa desea, por lo tanto, reintroducir un tipo reducido para estos servicios porque mantener el tipo normal tendría consecuencias negativas, sobre todo en términos de pérdidas de puestos de trabajo y de desarrollo del trabajo no declarado. La aplicación del tipo normal se reflejaría además en los precios de los servicios de los restaurantes para el consumidor final.(7) Puesto que ambas excepciones se refieren a la prestación de servicios en el interior de un Estado miembro, el riesgo de distorsión de la competencia debe considerarse como inexistente.(8) Por ello, puede considerarse el retorno a la situación anterior, tanto para la República de Austria como para la República Portuguesa, siempre que la aplicación de las excepciones se limite al período transitorio contemplado en el artículo 28 decimotercero de la Sexta Directiva IVA. No obstante, la República de Austria deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que el tipo reducido no tenga incidencia sobre los recursos propios de las Comunidades Europeas procedentes del IVA, cuya base deberá ser reconstituida con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom) n° 1553/89(4).HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1En el apartado 2 del artículo 28 de la Sexta Directiva IVA se añadirán las letras siguientes:"j) la República de Austria podrá aplicar al alquiler de bienes inmuebles para uso residencial uno de los tipos reducidos previstos en el párrafo tercero de la letra a) del apartado 3 del artículo 12, siempre que no sea inferior al 10 %;k) la República Portuguesa podrá aplicar al sector de la restauración uno de los tipos reducidos previstos en el párrafo tercero de la letra a) del apartado 3 del artículo 12, siempre que no sea inferior al 12 %.".Artículo 21. Los Estados miembros citados en el artículo 1 adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva e informarán inmediatamente a la Comisión.Las disposiciones que dichos Estados miembros adopten incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros citados en el artículo 1 comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Será aplicable a partir del 1 de enero de 1999 y hasta que finalice el período transitorio mencionado en el artículo 28 decimotercero de la Sexta Directiva IVA.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2000.Por el ConsejoEl PresidenteJ. Sócrates(1) Dictamen emitido el 15 de marzo de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).(2) DO C 75 de 15.3.2000, p. 21.(3) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/85/CE (DO L 277 de 28.10.1999, p. 34).(4) DO L 155 de 7.6.1989, p. 9.


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32003L0092

Directiva 2003/92/CE del Consejo, de 7 de octubre de 2003, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo referente a las normas relativas al lugar de entrega del gas y la electricidad

Diario Oficial n° L 260 de 11/10/2003 p. 0008 - 0009

Directiva 2003/92/CE del Consejode 7 de octubre de 2003por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo referente a las normas relativas al lugar de entrega del gas y la electricidadEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 93,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),Considerando lo siguiente:(1) La creciente liberalización del sector del gas y la electricidad, destinada a completar el mercado interior de la electricidad y el gas natural, ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar las normas actuales del IVA sobre el lugar de entrega de estos bienes, establecidas en virtud de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme(4), con objeto de modernizar y simplificar el funcionamiento del régimen del IVA en el contexto del mercado interior, conforme a la estrategia que la Comisión se propone aplicar.(2) La electricidad y el gas se consideran bienes a efectos del IVA y, en consecuencia, su lugar de entrega en el caso de las transacciones transfronterizas debe determinarse de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 77/388/CEE. Sin embargo, puesto que es difícil seguir físicamente el recorrido del gas y la electricidad, resulta especialmente complicado determinar el lugar de entrega con arreglo a las normas actuales.(3) Para conseguir un verdadero mercado interior del gas y la electricidad sin obstáculos relacionados con el IVA, conviene establecer que el lugar de entrega del gas a través del sistema de distribución de gas natural y el lugar de entrega de la electricidad, antes de que los bienes lleguen a la fase final del consumo, es el lugar en el que el adquirente ha establecido su actividad económica.(4) El suministro de gas y electricidad en la etapa final, a partir de los operadores comerciales y distribuidores hasta el consumidor final, debe gravarse en el lugar donde el adquirente usa y consume efectivamente esos bienes, con el fin de garantizar que la tributación se realiza en el país en el que tiene lugar el consumo real. Este lugar es, normalmente, el lugar en el que está situado el contador del adquirente.(5) El gas y la electricidad se suministran a través de redes de distribución, a las que proporcionan acceso los gestores de la red. Para evitar la doble imposición o la ausencia de imposición, es necesario armonizar las normas por las que se rige la determinación del lugar de entrega de los servicios de transmisión y transporte. Conviene por tanto añadir a la lista de casos específicos enunciados en la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE el acceso a los sistemas de distribución y su utilización, así como la prestación de otros servicios directamente vinculados a éstos.(6) La importación de gas a través del sistema de distribución de gas natural y la importación de electricidad deben quedar exentas del impuesto para evitar la doble imposición.(7) Estas modificaciones de las normas por las que se rige la determinación del lugar de entrega del gas a través del sistema de distribución de gas natural y del lugar de entrega de la electricidad deben combinarse con un procedimiento obligatorio de inversión impositiva si el adquirente es una persona registrada a efectos del IVA.(8) Conviene modificar en consecuencia la Directiva 77/388/CEE.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 77/388/CEE se modificará de la siguiente manera:1) En el apartado 1 del artículo 8 se añaden las letras siguientes:"d) En el caso de las entregas de gas a través del sistema de distribución de gas natural y de las entregas de electricidad, a un sujeto pasivo revendedor: el lugar en el que el sujeto pasivo revendedor tiene la sede de su actividad económica o posee un establecimiento permanente para el cual se entregan los bienes, o, en ausencia de la sede de actividad económica o del establecimiento permanente mencionados, el lugar en el que tiene su domicilio permanente o su lugar de residencia habitual.A los efectos de la presente disposición, se entenderá por sujeto pasivo revendedor el sujeto pasivo cuya actividad principal respecto de las compras de gas y electricidad consista en la reventa de dichos productos y cuyo consumo de los mismos sea insignificante;e) en el caso de entregas de gas a través del sistema de distribución de gas natural y de las entregas de electricidad, cuando tal entrega o suministro no esté contemplado en la letra d): el lugar en el que el adquirente tiene el uso y consumo efectivos de los bienes. Cuando el adquirente no consuma efectivamente todos o parte de los bienes, estos bienes no consumidos se considerarán usados y consumidos en el lugar en que el adquirente tenga la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente para el que se entregan los bienes. En ausencia de la sede de actividad económica o del establecimiento permanente mencionados, se entenderá que ha usado y consumido los bienes en el lugar en el que tiene su domicilio permanente o su lugar de residencia habitual.".2) En la letra e) del apartado 2 del artículo 9 se inserta el guión siguiente después del octavo guión:"- la provisión de acceso a los sistemas de distribución de gas natural y electricidad, y de transporte o transmisión a través de dichos sistemas, así como la prestación de otros servicios directamente relacionados con éstos;".3) En el apartado 1 del artículo 14 se añade la letra siguiente:"k) la importación de gas a través del sistema de distribución de gas natural y la importación de electricidad.".4) La letra a) del apartado 1 del artículo 21, en la versión establecida en el artículo 28 octavo, se sustituirá por el texto siguiente:"a) los sujetos pasivos que efectúen una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada, salvo en los casos previstos en las letras b), c) y f). Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios gravada sea efectuada por un sujeto pasivo que no esté establecido en el territorio del país, los Estados miembros podrán establecer, en las condiciones que fijen, que el sujeto pasivo sea la persona a quien se han entregado los bienes o se han prestado los servicios;".5) En el apartado 1 del artículo 21, en la versión establecida en el artículo 28 octavo, se añadirá la letra siguiente:"f) las personas registradas a efectos del impuesto sobre el valor añadido en el territorio del país y a las que se entregan los bienes con arreglo a las condiciones establecidas en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 8, si la entrega la efectúa un sujeto pasivo no establecido en el territorio del país.".6) En la letra c) del apartado 1 del artículo 22, en la versión establecida en el artículo 28 nono, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:"- todos aquellos sujetos pasivos, a excepción de los previstos en el apartado 4 del artículo 28 bis, que efectúen en el interior del país entregas de bienes o prestaciones de servicios que les confieran derecho a deducción y que no sean entregas de bienes o prestaciones de servicios en las que el deudor del impuesto sea exclusivamente el adquirente o el destinatario, de conformidad con lo previsto en las letras a), b), c) o f) del apartado 1 del artículo 21. No obstante, los Estados miembros podrán no proceder a la identificación de determinados sujetos pasivos previstos en el apartado 3 del artículo 4;".7) En la letra b) del apartado 5 del artículo 28 bis, se añadirá el guión siguiente:"- el suministro de gas a través del sistema de distribución de gas natural o el suministro de electricidad con arreglo a lo establecido en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 8.".Artículo 2Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, el 1 de enero de 2005. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.Hecho en Luxemburgo, el 7 de octubre de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteG. Tremonti(1) Propuesta presentada el 5 de diciembre de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial).(2) Dictamen emitido el 13 de mayo de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) Dictamen emitido el 26 de marzo de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).(4) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/93/CE (DO L 331 de 7.12.2002, p. 27).


title: Directiva 2010/54/UE de la Comisión, de 20 de agosto de 2010 , por la que se modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de renovar la inclusión de la sustancia activa azimsulfurón  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               21.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 220/63

         DIRECTIVA 2010/54/UE DE LA COMISIÓN
   de 20 de agosto de 2010
   por la que se modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de renovar la inclusión de la sustancia activa azimsulfurón
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La inclusión del azimsulfurón en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE expira el 31 de diciembre de 2011. Se presentó una notificación con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) no 737/2007 de la Comisión, de 27 de junio de 2007, por el que se fija el procedimiento para renovar la inclusión de un primer grupo de sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y se establece la lista de dichas sustancias (2), para la renovación de la inclusión del azimsulfurón como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE en el plazo fijado en dicho artículo.

               (2)

               Dicha notificación fue declarada admisible mediante la Decisión 2008/656/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2008, sobre la admisibilidad de las notificaciones relativas a la renovación de la inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo de las sustancias activas azimsulfurón, azoxistrobina, fluroxipir, imazalilo, cresoxim metilo, prohexadiona cálcica y espiroxamina, y por la que se establece la lista de los notificantes en cuestión (3).

               (3)

               Dentro del plazo fijado en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 737/2007, el notificante presentó los datos requeridos en dicho artículo junto con una explicación sobre la pertinencia de cada uno de los nuevos estudios presentados.

               (4)

               El Estado miembro ponente elaboró un informe de evaluación en consulta con el Estado miembro coponente y lo presentó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo denominada «la Autoridad») y a la Comisión el 10 de junio de 2009. Además de la evaluación de la sustancia, en el informe se incluye una lista de los estudios en los que el Estado miembro ponente se basó para su evaluación.

               (5)

               La Autoridad comunicó el informe de evaluación al notificante y a todos los Estados miembros y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. Asimismo, la Autoridad puso el informe de evaluación a disposición del público.

               (6)

               A petición de la Comisión, el informe de evaluación fue sometido a una revisión por pares por parte de los Estados miembros y la Autoridad; esta última presentó su conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo del azimsulfurón (4) a la Comisión el 12 de marzo de 2010. El informe de evaluación y la conclusión de la Autoridad fueron revisados por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y fueron concluidos el 9 de julio de 2010 como informe de revisión de la Comisión relativo al azimsulfurón.

               (7)

               Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan azimsulfurón satisfagan, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, renovar la inclusión del azimsulfurón en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE para garantizar que los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan seguir autorizándose si cumplen lo dispuesto en dicha Directiva.

               (8)

               No obstante, basándose en el informe de revisión, en el que se señala que la impureza de fabricación fenol se considera de importancia toxicológica, debe establecerse un nivel máximo de 2 g/kg para dicha impureza en el material técnico.

               (9)

               De los nuevos datos presentados se desprende que el azimsulfurón y sus productos de degradación en fotólisis acuosa pueden causar riesgos para los organismos acuáticos. Sin perjuicio de la conclusión según la cual la inclusión del azimsulfurón debe renovarse, conviene obtener información complementaria sobre esos puntos concretos. En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la incorporación de una sustancia al anexo I puede estar sujeta a condiciones. Por tanto, conviene exigir al notificante que presente información complementaria respecto a la evaluación de los riesgos que el azimsulfurón pueda suponer para los organismos acuáticos y completar la identificación de sus productos de degradación en fotólisis acuosa.

               (10)

               Debe permitirse que, antes de que se renueve la inclusión de una sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, transcurra un plazo razonable a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se vayan a derivar de la renovación.

               (11)

               Sin perjuicio de las obligaciones definidas en la Directiva 91/414/CEE derivadas de la renovación de la inclusión de una sustancia activa en su anexo I, debe permitirse que, tras la renovación, los Estados miembros dispongan de un plazo de seis meses para revisar las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan azimsulfurón, con el fin de garantizar que siguen cumpliéndose los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, y las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Según sea oportuno, los Estados miembros deben renovar las autorizaciones, en su caso con modificaciones, o negarse a renovarlas. No obstante el plazo mencionado, procede conceder un plazo más largo para la presentación y la evaluación de la actualización de la documentación completa especificada en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE con respecto a cada producto fitosanitario y a cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en dicha Directiva.

               (12)

               Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

               (13)

               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo I de la Directiva 91/414/CEE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2012. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de febrero de 2012.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   Artículo 3
   1.   Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, las autorizaciones vigentes para productos fitosanitarios que contengan azimsulfurón como sustancia activa a más tardar el 31 de enero de 2012.
   Antes de dicha fecha comprobarán, en particular, que se cumplen las condiciones previstas en el anexo I de dicha Directiva por lo que se refiere a la sustancia activa azimsulfurón, con excepción de los requisitos indicados en la parte B de la entrada relativa a dicha sustancia activa, y que el titular de la autorización dispone de una documentación —o tiene acceso a ella— que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva de conformidad con las condiciones del artículo 13 de la misma.
   2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando sea necesario, los Estados miembros reevaluarán los productos fitosanitarios autorizados que contengan azimsulfurón como única sustancia activa o como una de varias sustancias activas, incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE a más tardar el 31 de julio de 2011, a fin de tener en cuenta los avances por lo que se refiere a los conocimientos científicos y técnicos y de acuerdo con los principios uniformes establecidos en el anexo VI de la citada Directiva, sobre la base de una documentación que cumpla los requisitos de su anexo III y que tenga en cuenta la parte B de la entrada de su anexo I relativa al azimsulfurón. En función de esta evaluación, los Estados miembros determinarán si el producto sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE. A raíz de dicha determinación, los Estados miembros, a más tardar el 31 de julio de 2015, modificarán o retirarán, cuando sea necesario, la autorización.
   3.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros reevaluarán los productos fitosanitarios autorizados que contengan azimsulfurón como una de varias sustancias activas, incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE a más tardar el 31 de julio de 2011, y al menos una de las cuales haya sido incluida en dicho anexo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2011, de acuerdo con los principios uniformes contemplados en el anexo VI de la mencionada Directiva, sobre la base de una documentación que cumpla los requisitos establecidos en su anexo III y que tenga en cuenta la parte B de la entrada de su anexo I por lo que respecta al azimsulfurón. En función de esta evaluación, los Estados miembros determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Directiva 91/414/CEE.
   A raíz de esa determinación, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, la autorización a más tardar el 31 de julio de 2015, o, si es posterior, en la fecha establecida para tal modificación o retirada en la Directiva o las Directivas por las que se hayan incluido la sustancia o las sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
   Artículo 4
   La presente Directiva entrará en vigor el 1 de agosto de 2011.
   Artículo 5
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 20 de agosto de 2010.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

      (2)  DO L 169 de 29.6.2007, p. 10.

      (3)  DO L 214 de 9.8.2008, p. 70.

      (4)  Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa azimsulfurón en plaguicidas. EFSA Journal 2010; 8(3):1554. [61 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Disponible en el sitio web siguiente: www.efsa.europa.eu

      ANEXO
      En el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, la fila no 5 se sustituye por el texto siguiente:

                     «No

                     Denominación común y
                     números de identificación

                     Denominación UIQPA

                     Pureza (1)

                     Entrada en vigor

                     Caducidad de la inclusión

                     Disposiciones específicas

                     5

                     azimsulfurón
                     No CAS 120162-55-2
                     No CIPAC 584

                     1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-urea

                     ≥ 980 g/kg
                     nivel máximo de impurezal fenol: 2 g/kg

                     1 de agosto de 2011

                     31 de julio de 2021

                     PARTE A
                     Solo se podrán autorizar los usos como herbicida.
                     No podrán autorizarse aplicaciones aéreas.
                     PARTE B
                     Para la aplicación de los principios uniformes del anexo VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de revisión del azimsulfurón y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como se ultimó en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de Sanidad animal el 9 de julio de 2010.
                     En esta evaluación general, los Estados miembros deberán prestar especial atención a:

                                 —

                                 la protección de las plantas a las que no se destine el producto,

                                 —

                                 la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas, cuando la sustancia activa se aplique en lugares y/o condiciones climáticas vulnerables,

                                 —

                                 la protección de los organismos acuáticos.

                           Los Estados miembros deberán velar por que las condiciones de autorización incluyan medidas de reducción del riesgo, cuando proceda (por ejemplo, el establecimiento de zonas tampón o, en los arrozales, períodos mínimos de retención del agua antes de su vertido).
                     Los Estados miembros interesados solicitarán que se presenten estudios adicionales a fin de finalizar la evaluación del riesgo para los organismos acuáticos y estudios adicionales para completar la identificación de los productos de degradación en la fotólisis acuosa de la sustancia. Asimismo, velarán por que los notificantes presenten estos estudios a la Comisión a más tardar el 31 de octubre de 2012.».

         (1)  En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de la sustancia activa.