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31995L0062

Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995 relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal

Diario Oficial n° L 321 de 30/12/1995 p. 0006 - 0024

DIRECTIVA  95/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 13 de diciembre de 1995relativa a la aplicación  de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocalEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), (1) Considerando que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al  establecimiento del mercado interior de servicios de telecomunicaciones mediante la realización de  la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (4), prevé, entre otras cosas, la adopción de  una directiva específica con objeto de establecer las condiciones de oferta de red abierta para el  servicio de telefonía vocal; (2) Considerando que, con arreglo a la mencionada Directiva, la oferta de una red abierta (ONP) se  aplica a las redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, a los servicios públicos de  telecomunicaciones; que, por consiguiente, la aplicación de la ONP al servicio de telefonía vocal  debe también incluir la aplicación de la ONP a la red a través de la cual se presta dicho  servicio; (3) Considerando que las condiciones de la ONP para el acceso a las redes y servicios telefónicos  públicos fijos y así como para la utilización de dichas redes y servicios, deberán aplicarse a  todas las tecnologías de red actualmente empleadas en los Estados miembros, incluidas las redes  telefónicas analógicas, las redes digitales y la red digital con servicios integrados (RDSI); (4) Considerando que la presente Directiva no se aplica a los servicios móviles telefónicos; que sí  se aplica a la utilización que de la red telefónica pública fija hacen los operadores de servicios  telefónicos móviles públicos, especialmente en lo que se refiere a la interconexión de las redes  telefónicas móviles con la red telefónica pública fija de un único Estado miembro, con el fin de  lograr unos servicios completos de alcance comunitario; que la presente Directiva no se aplica a la  interconexión directa entre operadores de servicios públicos telefónicos móviles; (5) Considerando que la presente Directiva no se aplica a los servicios o complementos de servicios  ofrecidos en los puntos de terminación de la red situados fuera de la Comunidad; (6) Considerando que la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la  competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (5), estipula que los Estados  miembros deberán eliminar los derechos exclusivos para el suministro de servicios de  telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal; que la Directiva 90/388/CEE no se aplica al  servicio de télex, a la radiotelefonía móvil, ni a la radiomensajería; (7) Considerando que algunos Estados miembros han suprimido los derechos exclusivos para el  suministro de los servicios de telefonía vocal y de la red pública de telecomunicaciones; que  dichos Estados miembros deberían velar por que todos los usuarios puedan abonarse a los servicios  armonizados de telefonía, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva; que las  disposiciones de la presente Directiva no deberían impedir el acceso a los mercados de los  servicios de telefonía vocal ni el suministro de la red pública de telecomunicaciones; (8) Considerando que el servicio de telefonía vocal ha adquirido importancia social y económica, y  que en la Comunidad cualquier persona debe tener derecho a abonarse a dicho servicio; que, en  virtud del principio de no discriminación, el servicio de telefonía vocal debe ofrecerse y  prestarse sin discriminación a todos los usuarios que lo soliciten; que el principio de no  discriminación se aplica, en particular, a la disponibilidad de acceso técnico, a las tarifas, a la  calidad del servicio, al plazo de suministro, a la distribución equitativa de la capacidad en caso  de escasez, al plazo de reparación, a la disponibilidad de información sobre la red y a la  información al cliente, sin perjuicio de la legislación aplicable en materia de protección de los  datos personales y de la intimidad; (9) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/388/CEE, los Estados miembros que  mantengan derechos exclusivos para el suministro y la explotación de redes públicas de  telecomunicaciones deben adoptar las medidas necesarias para que las condiciones que rigen el  acceso a la red y su utilización sean objetivas, no discriminatorias y públicas; que es necesario  armonizar las especificaciones que deben publicarse y determinar la forma de dicha publicación, con  objeto de facilitar la prestación de servicios de telecomunicación dentro de un Estado miembro y  entre Estados miembros y, en particular, la prestación de servicios por empresas, sociedades o  personas físicas establecidas en un Estado miembro distinto del de la empresa, sociedad o persona  física destinataria del servicio; (10) Considerando que, de acuerdo con el principio de separación de las funciones de reglamentación  y de explotación, se han creado en los Estados miembros autoridades nacionales de reglamentación;  que, en aplicación del principio de subsidiariedad, la autoridad nacional de reglamentación de cada  Estado miembro debe desempeñar una función importante en la aplicación de la presente Directiva,  particularmente en aspectos como la publicación de objetivos y estadísticas relativas al  funcionamiento, el calendario para la puesta en marcha de nuevos complementos de servicios, las  consultas pertinentes con los usuarios/consumidores y con las organizaciones de  usuarios/consumidores, el control de los planes de numeración, la vigilancia de las condiciones de  utilización y la resolución de litigios, y que dicha autoridad debe asegurarse asimismo de que  todos los usuarios reciban un trato equitativo en toda la Comunidad; que las autoridades nacionales  de reglamentación deben contar con los medios necesarios para realizar plenamente estas tareas; (11) Considerando que la calidad del servicio, tal como los usuarios la perciben, constituye un  aspecto esencial del servicio prestado, y que deben publicarse en interés de los usuarios los  indicadores de la calidad del servicio y los niveles de calidad alcanzados; que se precisan  indicadores armonizados de la calidad de servicio y métodos comunes de medida para poder evaluar la  convergencia de la calidad del servicio a escala comunitaria; que las distintas categorías de  usuarios exigen diferentes niveles de calidad de servicio, para los cuales pueden ser adecuadas  tarifas distintas; (12) Considerando que los usuarios de la red telefónica pública fija deben tener, en sus relaciones  con los organismos de telecomunicaciones, derechos al menos similares a los que tienen cuando  tratan con proveedores de otros bienes y serivicos, y que los organismos de telecomunicaciones no  deben gozar de ningún tipo de protección jurídica injustificable en sus relaciones con los usuarios  de la red telefónica pública fija; (13) Considerando que un acuerdo entre las partes interesadas puede constituir un contrato; que,  con el fin de evitar cláusulas contractuales injustas, es necesario que las autoridades nacionales  de reglamentación estén facultadas para exigir modificaciones de las condiciones impuestas por los  organismos de telecomunicaciones a los usuarios en sus contratos; que los Estados miembros podrán  decidir que sus autoridades nacionales de reglamentación comprueben las citadas cláusulas  contractuales, bien antes de que sean utilizadas por los organismos de telecomunicaciones, o bien  en cualquier momento, a petición del usuario; (14) Considerando que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las  cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1) ofrece ya a los consumidores  una protección general en relación con las cláusulas contractuales; que, no obstante, resulta  necesario para los fines de la presente Directiva completar esa protección general, introduciendo  normas más específicas que deberían ser aplicables a todos los usuarios; (15) Considerando que, además del servicio básico de telefonía vocal accesible a los usuarios, es  conveniente garantizar a los usuarios, dentro de la factibilidad técnica y la viabilidad económica,  la oferta de un conjunto mínimo armonizado de complementos de servicio avanzados de telefonía  vocal, tanto para las comunicaciones dentro de un Estado miembro como entre Estados miembros; (16) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se alcanzó un acuerdo sobre un modus vivendi entre  el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las medidas de ejecución de los actos  adoptados según el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado; (17) Considerando que la oferta de otros complementos de servicio de telefonía vocal creadas en  respuesta a la demanda del mercado, como complemento del conjunto mínimo armonizado de complementos  de servicio de telefonía vocal descrito en la presente Directiva, no debe obstaculizar la oferta de  complementos de servicio básicos de telefonía vocal ni provocar aumentos desproporcionados de los  precios del servicio básico de telefonía vocal; (18) Considerando que las condiciones armonizadas aplicables al servicio de telefonía vocal deben  dejar a los Estados miembros la posibilidad de determinar los calendarios de realización, dada la  disparidad en el grado de desarrollo técnico de la red y en la demanda del mercado; (19) Considerando que la Comisión ha publicado unas directrices para la aplicación de las normas  comunitarias sobre competencia en el sector de las telecomunicaciones (2) entre otras cosas para  precisar la aplicación de la normativa comunitaria sobre competencia cuando los organismos de  telecomunicaciones cooperen para hacer posible la interconexión a escala comunitaria de las redes  públicas y de los servicios; (20) Considerando que, para prestar servicios de telecomunicación eficaces y ofrecer nuevas  aplicaciones, los proveedores de servicios de telecomunicación y otros usuarios, de conformidad con  los principios del Derecho comunitario, deben poder pedir el acceso a la red telefónica pública  fija en puntos distintos de los puntos de terminación de red ofrecidos a la mayoría de los usuarios  del teléfono; que dichas solicitudes deben ser razonables en cuanto a la factibilidad técnica y la  viabilidad económica; que hay que adoptar procedimientos que proporcionen un equilibrio entre las  exigencias de los usuarios y las legítimas inquietudes de los organismos de telecomunicaciones; que  es importante preservar la integridad de la red telefónica pública fija al hacer uso pleno y eficaz  de la red a través de este acceso especial; (21) Considerando que, con arreglo a la definición de la Directiva 90/387/CEE, el punto de  terminación de la red puede estar situado en las dependencias de un organismo de  telecomunicaciones; que no se exige de manera específica en la presente Directiva la instalación de  equipos propiedad de los proveedores de servicios en las dependencias de un organismo de  telecomunicaciones; (22) Considerando que es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación creen garantías  adecuadas de que los organismos de telecomunicaciones no discriminen a los proveedores de servicios  con los cuales compiten y, en este sentido, de que exista la garantía de un acceso equitativo a los  interfaces de red; que las tarifas que se apliquen a los organismos de telecomunicaciones cuando  éstos utilicen la red telefónica pública fija para la prestación de servicios de telecomunicación  deben ser las mismas que se aplican a otros usuarios; (23) Considerando que los usuarios deben beneficiarse de las economías de estructura y de escala  que puedan derivarse de arquitecturas nuevas e inteligentes de red; que el desarrollo del mercado  comunitario de servicios de telecomunicación exige la máxima disponibilidad de complementos de  servicio como los que se enumeran en la presente Directiva; que el principio de no discriminación  debe aplicarse de manera que no obstaculice el desarrollo de los servicios avanzados de  telecomunicación; (24) Considerando que conviene estimular a los organismos de telecomunicaciones para que  establezcan los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar una interconectabilidad  completa a escala comunitaria entre las redes públicas, en particular con respecto al servicio de  telefonía vocal; que las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar dicha  cooperación; que tal interconexión debe estar sometida a vigilancia reglamentaria con el fin de  salvaguardar los intereses de los usuarios a escala comunitaria y el cumplimiento del Derecho  comunitario y, cuando proceda, del marco normativo internacional vigente dentro del ámbito de la  Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); que, por consiguiente, las autoridades nacionales  de reglamentación deben tener, en caso necesario, derecho de acceso a una información completa  sobre los acuerdos de interconexión de redes; que la Comisión podrá pedir a los Estados miembros  información detallada sobre los acuerdos de acceso especiales a la red y de interconexión, siempre  y cuando la legislación comunitaria así lo disponga; (25) Considerando que la interconexión de las redes telefónicas públicas es esencial para la  prestación de servicios de telefonía vocal a escala comunitaria; que corresponde a las autoridades  nacionales de reglamentación velar por que las condiciones que rigen la interconexión a las redes  telefónicas públicas fijas, incluida la de los organismos de telecomunicaciones de otros Estados  miembros y operadores de servicios telefónicos públicos móviles, sean objetivas y no  discriminatorias, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 90/387/CEE; (26) Considerando que cuando la red telefónica pública fija en un Estado miembro sea explotada por  más de un organismo de telecomunicaciones es necesaria una supervisión adecuada de las modalidades  de interconexión por las autoridades nacionales de reglamentación a fin de garantizar la prestación  de los servicios de telefonía vocal a escala comunitaria; que las modalidades de interconexión  deben tener debidamente en cuenta los principios fijados en la presente Directiva; (27) Considerando que el principio de no discriminación en relación con la interconexión tiene como  principal finalidad evitar el abuso de la posición dominante por parte de los organismos de  telecomunicaciones; (28) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, deben aplicarse en toda la  Comunidad unos principios comunes y eficaces de tarificación, basados en criterios objetivos y en  función de los costes; que puede ser necesario un período transitorio razonable con el fin de  aplicar de manera plena los principios de tarificación; que, no obstante, las tarifas deben ser  transparentes y estar convenientemente publicadas, deben estar suficientemente desglosadas de  acuerdo con las normas del Tratado relativas a la competencia, no deben ser discriminatorias y  deben garantizar la igualdad de trato; que para la aplicación del principio de la orientación en  función de los costes debe tenerse en cuenta el objetivo de un servicio universal y pueden tenerse  en cuenta las políticas de ordenamiento territorial encaminadas a garantizar la cohesión dentro de  un Estado miembro; (29) Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben ser responsables de la  supervisión de las tarifas; que las estructuras tarifarias deben evolucionar en función del  desarrollo técnico y de la demanda de los usuarios; que el requisito de que las tarifas se orienten  en función de costes significa que los organismos de telecomunicaciones deben poner en práctica,  dentro de un plazo razonable, unos sistemas de contabilidad de costes que relacionen los costes con  los distintos servicios mediante un sistema transparente de contabilización de costes y con la  mayor precisión posible; que estos requisitos pueden cumplirse, por ejemplo, mediante la aplicación  del principio de distribución completa de costes; (30) Considerando que, en el marco del principio general de orientación en función de los costes,  es precisa cierta flexibilidad, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación, a  fin de poder aplicar sistemas de reducción de tarifas para determinados usos, o tarifas de interés  social para determinados colectivos, para ciertos tipos de llamada o para llamadas efectuadas a  determinadas horas; que los sistemas de reducción deben ajustarse a las normas del Tratado  relativas a la competencia, y en particular al principio general de que la celebración de contratos  no debe supeditarse a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con los  objetos del contrato; que, en particular, los sistemas de reducción de tarifas no deben vincular la  prestación de servicios en régimen de derechos especiales o exclusivos a la prestación de servicios  en régimen de competencia; (31) Considerando que, para que tengan la posibilidad de comprobar la exactitud de sus facturas,  los usuarios deben poder recibir facturas detalladas, con un grado de detalle compatible con las  necesidades del usuario y con la legislación relativa a la protección de los datos y la intimidad; (32) Considerando que las guías telefónicas de los usuarios abonados al servicio de telefonía vocal  deben poder obtenerse libremente, dado que constituyen un elemento importante para la utilización  del servicio de telefonía vocal; que la información de las guías debe facilitarse de manera  equitativa y no discriminatoria; que los usuarios deben tener la opción de figurar o no en la guía,  de conformidad con la legislación pertinente sobre la protección de los datos y la intimidad; que  la presente Directiva no cambia las normas existentes sobre distribución de las guías telefónicas; (33) Considerando que los teléfonos públicos de pago constituyen un importante medio de acceso al  servicio de telefonía vocal, especialmente en situaciones de emergencia, y que conviene garantizar  su existencia para satisfacer las necesidades razonables de los usuarios; (34) Considerando que la Comisión, reconociendo que sería beneficioso para los usuarios disponer de  un tipo único de tarjeta telefónica de pago, válida en todos los Estados miembros, ha pedido al  Comité Europeo de Normalización/Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CEN/CENELEC) que  elabore las normas pertinentes; que, aparte de dichas normas, se precisan acuerdos comerciales que  garanticen que las tarjetas de prepago emitidas en un Estado miembro puedan emplearse en otros  Estados miembros; (35) Considerando que dentro de cada Estado miembro se pueden adoptar medidas de apoyo a los  colectivos con necesidades especiales; que estas medidas pueden incluir disposiciones relativas al  servicio de telefonía vocal, ya que está considerado como un servicio importante para las personas  minusválidas; (36) Considerando que la Comisión ha pedido al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones  (ETSI) que estudie la factibilidad técnica y la viabilidad económica de un interfaz de red de línea  única armonizada para hacer posible el acceso y la utilización de la red telefónica pública fija en  todos los Estados miembros; que, a fin de posibilitar un acceso armonizado a los terminales de  RDSI, conviene establecer requisitos para el correspondiente punto de terminación de red, entre  otros las especificaciones para el conector; (37) Considerando que los números telefónicos nacionales son un recurso que debe ser controlado por  las autoridades nacionales de reglamentación; que los planes de numeración deben elaborarse en  estrecha consulta con los organismos de telecomunicaciones y en armonía con un plan europeo de  numeración a largo plazo y con el sistema internacional de numeración; que los cambios de  numeración resultan costosos tanto para los organismos de telecomunicaciones como para los  usuarios, y deben reducirse al mínimo compatible con las necesidades nacionales e internacionales a  largo plazo; (38) Considerando que en la Resolución del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, relativa a la  promoción de la cooperación a escala europea en materia de numeración de los servicios de  telecomunicación (1) se considera como uno de los objetivos principales de la política de  telecomunicaciones llegar a acuerdos sobre los mecanismos de la numeración de los servicios con  aplicaciones paneuropeas; que es necesario crear un espacio europeo de numeración para facilitar el  establecimiento y la utilización de servicios de telefonía vocal a escala europea, incluidos los  números verdes y los números gratuitos; (39) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/388/CEE, los Estados miembros que  supediten el suministro de servicios de telecomunicación a un procedimiento de autorización o de  declaración deben procurar que las autorizaciones se concedan con arreglo a criterios objetivos,  transparentes y sin efectos discriminatorios, que su denegación esté debidamente motivada y que  exista un procedimiento para recurrir contra ella; que las condiciones de utilización de la red  telefónica pública fija deben ser compatibles con el Derecho comunitario y, en particular, con la  Directiva 90/387/CEE; que, de conformidad con la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de  1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (2) toda  restricción tendente a garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales debe ser compatible  con el Derecho comunitario y aplicada por las autoridades nacionales de reglamentación por vía  reglamentaria; que, no deben introducirse ni mantenerse restricciones técnicas para la  interconexión de líneas arrendadas y redes telefónicas públicas; (40) Considerando que, con arreglo a la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales que  justifican la restricción del acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicación o de la  utilización de los mismos se limitan a la seguridad del funcionamiento de la red, al mantenimiento  de su integridad, a la interoperabilidad de servicios en casos justificados y a la protección de  datos en los casos apropiados; que, además, son de aplicación las condiciones que, con carácter  general, rigen para la conexión de equipos terminales; que las autoridades nacionales de  reglamentación pueden autorizar procedimientos que permitan a un organismo de telecomunicaciones  adoptar inmediatamente medidas ante una infracción grave de las condiciones de acceso o de  utilización; (41) Considerando que el principio de transparencia debe aplicarse a las normas en que se basan los  servicios de telefonía vocal; que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, la armonización de  las condiciones de acceso y de los interfaces técnicos debe basarse en especificaciones técnicas  comunes que tengan en cuenta la normalización internacional; que, de conformidad con la Directiva  83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de  información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (1), no deben elaborarse nuevas  normas nacionales en ámbitos en los que se estén elaborando normas europeas armonizadas; (42) Considerando que, para que la Comisión pueda controlar eficazmente la aplicación de la  presente Directiva, es preciso que los Estados miembros le notifiquen el nombre de la autoridad  nacional de reglamentación que asumirá las funciones derivadas de la presente Directiva y que  deberá facilitar la información pertinente exigida en la misma; (43) Considerando que, además de los recursos contemplados por la legislación nacional o  comunitaria, es necesario prever un procedimiento simple de conciliación para resolver los  litigios, tanto a escala nacional como comunitaria; que dicho procedimiento debe ser flexible, poco  costoso y transparente y permitir la participación de todas las partes interesadas; (44) Considerando que los servicios de telecomunicación están sujetos a la legislación sobre  protección del consumidor, sobre protección de datos y sobre difusión de información o documentos  que el público en general pueda considerar ofensivos y que, por tanto, no se prevé en la presente  Directiva ninguna otra medida específica; (45) Considerando que un diálogo regular y sistemático con los organismos de telecomunicaciones,  los usuarios, los consumidores, los fabricantes y los prestadores de servicios sobre los problemas  de importancia comunitaria que plantea la presente Directiva, mejoraría la transparencia; que la  consulta a los sindicatos ya está prevista en la Decisión 90/450/CEE de la Comisión (2) que creó,  para que preste su asistencia a la Comisión, un Comité paritario de telecomunicaciones compuesto  por representantes de las empresas y los trabajadores; (46) Considerando que, habida cuenta de la evolución dinámica de este sector, la aplicación de la  oferta de red abierta a la telefonía vocal debe ser un proceso progresivo y continuo, y la  normativa debe ser lo bastante flexible para responder a las necesidades de un mercado en continuo  cambio y de una tecnología evolutiva; que, por tanto, debe establecerse un procedimiento flexible y  rápido para las adaptaciones técnicas, que tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los  Estados miembros y en el que participe el Comité ONP; (47) Considerando que habrá que establecer un procedimiento encaminado a asegurar la convergencia a  escala comunitaria, mediante la fijación de objetivos y plazos armonizados para los servicios y los  complementos de servicios de telefonía vocal; que el Comité ONP debería participar en ese  procedimiento de convergencia; que en dicho procedimiento debe tenerse plenamente en cuenta el  nivel de desarrollo de la red y de la demanda del mercado en la Comunidad; (48) Considerando que el objetivo de un servicio de telefonía vocal comunitario avanzado y rentable  -que es un fundamento esencial del mercado interior- no puede alcanzarse satisfactoriamente a nivel  de Estado miembro y, por lo tanto, puede alcanzarse mejor a nivel comunitario mediante la adopción  de la presente Directiva; (49) Considerando que la Decisión 91/396/CEE (3) requiere la introducción en la Comunidad de un  número europeo único para llamadas de emergencia; que la Directiva 91/263/CEE del Consejo, de 29 de  abril de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre  equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad (4),  define las condiciones para garantizar la conexión de equipos terminales a la red pública fija de  telecomunicaciones; (50) Considerando que Europa está evolucionando hacia una economía basada en la información; que el  acceso abierto a las redes constituye una cuestión esencial a escala mundial; que el Consejo ha  adoptado un calendario para la liberalización de todas las redes, infraestructuras y servicios de  telecomunicación; que una política equilibrada de liberalización y armonización -que incluya  medidas complementarias para el servicio universal continuará garantizando que las empresas, la  industria y los ciudadanos europeos accedan a infraestructuras de comunicación modernas, económicas  y eficaces sobre las que se podrá ofrecer una gama rica y variada de servicios; (51) Considerando que la Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993 (5) insta a la Comisión a  que presente las propuestas necesarias para la legislación antes del 1 de enero de 1996 y a que  estudie cómo ajustar la oferta de red abierta a la evolución futura, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1Ámbito de aplicación1. La presente Directiva tiene por objeto la  armonización de las condiciones necesarias para garantizar un acceso abierto y eficaz a las redes  telefónicas públicas fijas y a los servicios telefónicos públicos, la armonización de las  condiciones de utilización de dichas redes y servicios y la oferta en toda la Comunidad de un  servicio armonizado de telefonía vocal. 2. La presente Directiva no será aplicable a los servicios telefónicos móviles, excepto en lo que  se refiere a la interconexión entre las redes utilizadas para los servicios de telefonía móvil y  las redes telefónicas públicas fijas. Artículo 2Definiciones1. Serán aplicables a la presente Directiva, cuando proceda, las  definiciones que figuran en la Directiva 90/387/CEE. 2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: - «red telefónica pública fija»: la red pública conmutada de telecomunicaciones que se utiliza,  entre otras cosas, para la prestación del servicio de telefonía vocal entre puntos fijos de  terminación de la red; - «usuarios»: los usuarios finales, incluidos los consumidores (por ejemplo, los usuarios finales  particulares), y los proveedores de servicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones  cuando éstos presten servicios que también prestan o pueden prestar otras entidades; - «autoridad nacional de reglamentación»: el organismo o los organismos de cada Estado miembro,  jurídicamente distintos y funcionalmente independientes de los organismos de telecomunicaciones, a  los que el correspondiente Estado miembro confía, entre otras, las funciones de reglamentación a  que se refiere la presente Directiva; - «Comité ONP»: el Comité creado mediante el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE; - «teléfono público de pago»: un teléfono que se pone a disposición del público y para cuya  utilización se emplean medios de pago tales como monedas, tarjetas de crédito/débito y/o tarjetas  de prepago. Artículo 3Prestación del servicio, conexión de equipos terminales y utilización de la redLos  Estados miembros velarán por que sus organismos de telecomunicaciones respectivos, conjuntamente o  por separado, ofrezcan una red telefónica pública fija y un servicio de telefonía vocal, de  conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, con el fin de garantizar una oferta  armonizada en el conjunto de la Comunidad. En particular, los Estados miembros velarán por que los usuarios puedan: a) obtener, previa solicitud, la conexión a la red telefónica pública fija; b) conectar y utilizar equipos terminales homologados ubicados en las dependencias del usuario, de  conformidad con el Derecho nacional y comunitario. Los Estados miembros velarán por que no se impongan restricciones a la utilización de la conexión  suministrada distintas de las que se mencionan en el artículo 22. Artículo 4Publicación de la información y acceso a la misma1. Las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que se publique una información adecuada y actualizada sobre el acceso a  la red telefónica pública fija y al servicio de telefonía vocal y sobre la utilización de los  mismos con arreglo a los epígrafes que figuran en el Anexo I. Las modificaciones de las ofertas de servicios existentes y la información sobre nuevas ofertas  deberán publicarse lo antes posible. La autoridad nacional de reglamentación podrá establecer un  plazo de preaviso conveniente. 2. La información a que se refiere el apartado 1 se publicará de tal manera que los usuarios puedan  acceder a ella fácilmente. En el Diario Oficial del Estado miembro de que se trate deberá hacerse  referencia a la publicación de dicha información. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, a más tardar un año  después de la adopción de la presente Directiva, y posteriormente cada vez que se produzca alguna  modificación, la forma en que se ofrece la información a que se refiere el apartado 1. La Comisión  publicará periódicamente la referencia correspondiente a dichas notificaciones en el Diario Oficial  de las Comunidades Europeas. Artículo 5Objetivos referentes al plazo de suministro y a la calidad del servicio1. Las  autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se fijen y publiquen objetivos referentes  al plazo de suministro y a los indicadores de la calidad del servicio que se enumeran en el Anexo  II. Se publicarán anualmente las definiciones, los métodos de medida y los resultados que obtengan  los organismos de telecomunicaciones en relación con dichos objetivos. Las definiciones, métodos de  medida y objetivos serán revisados cada tres años como mínimo por la autoridad nacional de  reglamentación. 2. La publicación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4. 3. Cuando proceda, la Comisión, en consulta con el Comité ONP, y según el procedimiento expuesto en  el artículo 30, pedirá al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que elabore  normas europeas sobre definiciones y métodos de medidas comunes. Artículo 6Condiciones de supresión de las ofertas1. Las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que las ofertas de servicios existentes se mantengan durante un período  de tiempo razonable, y por que sólo sea posible suprimir una oferta o introducir cualquier  modificación que altere de manera significativa el uso que puede hacerse de ella, previa consulta  con los usuarios afectados y una vez transcurrido un plazo adecuado de notificación pública fijado  por la autoridad nacional de reglamentación. 2. Sin perjuicio de los demás recursos contemplados en las legislaciones nacionales, los Estados  miembros velarán por que los usuarios, actuando con arreglo a la legislación nacional establecida,  conjuntamente con las organizaciones que defiendan los intereses de usuarios y/o consumidores,  puedan someter a la autoridad nacional de reglamentación los casos en que los usuarios afectados no  estén de acuerdo con la fecha de supresión propuesta por el organismo de telecomunicaciones. Artículo 7Contratos de los usuarios1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán  por que los usuarios dispongan de un contrato en el que se especifique el servicio que un organismo  de telecomunicaciones debe prestar. Las autoridades nacionales de reglamentación, exigirán, como  norma general, mecanismos de compensación o de reembolso para el caso en que no se alcance el nivel  de calidad del servicio previsto en el contrato y garantizarán que cualquier excepción a esta norma  haya de ser justificada por la(s) organización (organizaciones) de telecomunicaciones afectadas y  ello se manifieste de forma explícita en el contrato del usuario. 2. Los organismos de telecomunicaciones deberán responder sin demora a las solicitudes de conexión  a la red telefónica pública fija y comunicar al usuario la fecha prevista para la prestación del  servicio. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación de las condiciones  contractuales y de los mecanismos de compensación y/o reembolso utilizados por los organismos de  telecomunicaciones. En los contratos de los usuarios con los organismos de telecomunicaciones  deberá figurar un resumen del método para iniciar un procedimiento de resolución de litigios. 4. Los Estados miembros velarán por que a los usuarios les asista el derecho de entablar acciones  contra un organismo de telecomunicaciones. Artículo 8Excepciones a las condiciones publicadasCuando, en respuesta a una solicitud  determinada, un organismo de telecomunicaciones no considere razonable efectuar una conexión a la  red telefónica pública fija en las condiciones de suministro y de tarifas hechas públicas, deberá  obtener la conformidad de la autoridad nacional de reglamentación para modificar dichas condiciones  en ese caso concreto. Artículo 9Suministro de complementos de servicio avanzados1. Las autoridades nacionales de  reglamentación garantizarán el suministro, cuando sea técnicamente factible y económicamente  viable, de los complementos de servicio enumerados en el punto 1 del Anexo III, de conformidad con  las normas técnicas contempladas en el artículo 24. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán y fomentarán la prestación de los  servicios y complementos de servicio enumerados en el punto 2 del Anexo III, de conformidad con las  normas técnicas contempladas en el artículo 24, mediante acuerdos comerciales entre organismos de  telecomunicaciones y, en su caso, con otras personas que ofrezcan dichos servicios o complementos  de servicios, de conformidad con las normas sobre la competencia del Tratado y en respuesta a la  demanda de los usuarios. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las fechas previstas para la  introducción de los complementos de servicio enumerados en el punto 1 del Anexo III se fijen  teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la red, la demanda del mercado y los progresos de la  normalización, y se publiquen de la forma prevista en el artículo 4. Las autoridades nacionales de  reglamentación fomentarán la fijación y publicación, con los mismos criterios, de fechas para los  servicios y complementos de servicio enumerados en el punto 2 del Anexo III. Artículo 10Acceso especial a la red1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán  por que los organismos de telecomunicaciones respondan a las solicitudes razonables de usuarios que  no seana) operadores de servicios telefónicos móviles públicos; b) organismos de telecomunicaciones cuando suministren un servicio de telefonía vocal, para el acceso a la red telefónica pública fija en puntos de terminación de la red distintos de los  contemplados en el Anexo I. Cuando, en respuesta a una solicitud concreta, el organismo de telecomunicaciones no considere  razonable conceder el acceso especial a la red solicitado, deberá obtener el permiso de la  autoridad nacional de reglamentación para restringir o denegar dicho acceso. Los usuarios afectados  deberían poder defender su solicitud ante dicha autoridad antes de que se tome una decisión. Cuando se deniegue una solicitud de acceso especial a la red, el usuario que haya efectuado la  solicitud debe recibir una explicación inmediata y justificada de por qué se ha rechazado dicha  solicitud; no obstante, esta disposición no se aplicará a las acciones instadas en virtud de los  regímenes nacionales de ejecución de las condiciones de licencia de conformidad con la legislación  comunitaria, ni a las acciones ejercitadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. 2. Las modalidades técnicas y comerciales de acceso especial a la red serán acordadas por las  partes interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación de  conformidad con los apartados 1, 3 y 4. El acuerdo podrá estipular el reembolso al organismo de  telecomunicaciones de los costes generados, entre otras cosas, por la prestación del acceso a la  red solicitado; estas cargas se fijarán respetando plenamente el principio de orientación a los  costes enunciado en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE. 3. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir en cualquier momento por su propia  iniciativa, y deberá intervenir si alguna de las partes lo solicita, para establecer condiciones no  discriminatorias, equitativas y razonables para ambas partes y que beneficien a todos los usuarios  en la mayor medida posible. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán también intervenir, en interés de todos los  usuarios, para garantizar que los acuerdos incluyan condiciones acordes con los criterios  contemplados en el apartado 3, se celebren y apliquen de manera eficaz y en el momento oportuno e  incluyan asimismo condiciones relativas a la conformidad con las normas pertinentes, a la  observancia de los requisitos esenciales y/o al mantenimiento de extremo a extremo de la calidad. 5. Las condiciones fijadas por la autoridad nacional de reglamentación en cumplimiento del apartado  4 se publicarán en la forma estipulada en el artículo 4. 6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de  telecomunicaciones observen el principio de no discriminación cuando utilicen la red telefónica  pública fija para prestar servicios que también prestan o pueden prestar otros proveedores de  servicios. 7. La Comisión, en consulta con el Comité ONP y conforme al procedimiento contemplado en el  artículo 30, solicitará al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), cuando  proceda, que elabore normas para nuevos tipos de acceso a la red. Se hará referencia a las normas  para estos nuevos tipos de acceso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad  con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE. 8. Los pormenores de los acuerdos relativos al acceso especial a la red deberán facilitarse a la  autoridad nacional de reglamentación, cuando ésta lo solicite. Artículo 11Interconexión1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean  atendidas las solicitudes razonables de interconexión a la red telefónica pública fija procedentes  de las entidades que a continuación se enumeran, en particular para garantizar la prestación a  escala comunitaria del servicio de telefonía vocal: a) organismos de telecomunicaciones que suministren redes telefónicas públicas fijas en otros  Estados miembros y cuyos nombres hayan sido notificados con arreglo al apartado 3 del artículo 26; b) operadores de servicios públicos telefónicos móviles en el Estado miembro en cuestión. Los organismos de telecomunicación no podrán rechazar ninguna solicitud de interconexión sin la  aprobación previa de su autoridad nacional de reglamentación. La interconexión a la red telefónica pública fija solicitada por operadores de servicios  telefónicos móviles públicos en otros Estados miembros, cuyos nombres hayan sido notificados con  arreglo al apartado 3 del artículo 26, podrá ser negociada asimismo entre las partes interesadas.  Los organismos de telecomunicaciones no denegarán ninguna solicitud de interconexión sin la  aprobación previa de su autoridad nacional de reglamentación. 2. Las modalidades técnicas y comerciales de interconexión serán acordadas por las partes  interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación de  conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 10. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de  telecomunicaciones respeten el principio de no discriminación, a la hora de llegar a acuerdos de  interconexión con otras entidades. 4. Si los acuerdos de interconexión contienen disposiciones específicas de compensación para el  organismo de telecomunicaciones en caso de que las partes operen en condiciones de funcionamiento  diferentes, por ejemplo en materia de controles de precios u obligaciones de prestación de servicio  universal impuestas a las partes respectivas, tales disposiciones de compensación deberán fijarse  en función de los costes, no resultar discriminatorias y estar plenamente justificadas, y sólo se  aplicarán previa aprobación de la autoridad nacional de reglamentación, que actuará de conformidad  con el Derecho comunitario. 5. Los pormenores de los acuerdos de interconexión deberán facilitarse a la autoridad nacional de  reglamentación, cuando ésta lo solicite. Artículo 12Principios de tarificación y transparencia1. Las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que las tarifas aplicadas al uso de la red telefónica pública fija y a  los servicios de telefonía vocal sean conformes a los principios básicos de transparencia y  orientación en función de los costes que se contemplan en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE y  cumplan las disposiciones del presente artículo. 2. Sin perjuicio de la aplicación del principio de la orientación en función de los costes, las  autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer a los organismos de telecomunicaciones  obligaciones de tarificación relacionadas con los objetivos de la accesibilidad del servicio de  telefonía vocal a todos, incluidos los relativos a los aspectos de ordenación del territorio. 3. Las tarifas de acceso a la red telefónica pública fija y de utilización de la misma deberán ser  independientes del tipo de aplicación que los usuarios realicen, salvo en la medida en que  requieran servicios o complementos de servicio diferentes. 4. Las tarifas de los complementos de servicio adicionales a la conexión a la red telefónica  pública fija y del suministro del servicio de telefonía vocal estarán suficientemente desglosadas,  de conformidad con el Derecho comunitario, de manera que el usuario no tenga que pagar por  complementos de servicio que no sean necesarios para el servicio solicitado. 5. Las tarifas contendrán normalmente los siguientes elementos, cada uno de los cuales deberá  detallarse por separado para información del usuario: - una cuota inicial, en concepto de conexión a la red telefónica pública fija y de abono al  servicio de telefonía vocal; - una cuota periódica, basada en el tipo de servicio y de complemento de servicio elegidos por el  usuario; - cuotas dependientes del uso, que podrán tener en cuenta, entre otras cosas, los períodos de  tráfico telefónico intenso o reducido. Cuando intervengan otros elementos en la tarifa, deberán ser transparentes y basarse en criterios  objetivos. 6. Las tarifas se publicarán en la forma prevista en el artículo 4. 7. Las modificaciones de las tarifas sólo entrarán en vigor transcurrido un plazo adecuado de  preaviso al público, fijado por la autoridad nacional de reglamentación. Artículo 13Principios de contabilidad de costes1. Los Estados miembros velarán por que sus  organismos de telecomunicaciones cuyos nombres hayan sido notificados con arreglo al apartado 2 del  artículo 26 apliquen, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, un sistema de contabilidad de costes  que facilite la aplicación del artículo 12 y por que el cumplimiento de esta condición sea  comprobado por un órgano competente independiente de dichos organismos. Deberá publicarse  periódicamente una declaración relativa a dicho cumplimiento. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se pueda obtener, previa solicitud,  una descripción del sistema de contabilidad de costes que muestre las principales categorías en que  se agrupan los costes y las normas utilizadas para la imputación de los mismos a los servicios de  telefonía vocal. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, cuando  ésta lo solicite, información sobre los sistemas de contabilidad de costes aplicados por los  organismos de telecomunicaciones. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, el sistema a que se  refiere el apartado 1 deberá incluir los elementos siguientes: a) Los costes del servicio de telefonía vocal incluirán, en particular, los costes directos en que  hayan incurrido los organismos de telecomunicaciones para el establecimiento, explotación y  mantenimiento del servicio de telefonía vocal, así como los gastos de comercialización y  facturación del mismo; b) Los costes comunes, esto es, los que no puedan imputarse directamente al servicio de telefonía  vocal ni a otras actividades, se contabilizarán de la forma siguiente: i) cuando sea posible, las categorías de costes comunes se imputarán sobre la base de un análisis  directo del origen de los propios costes, ii) si el análisis directo no fuera posible, las categorías de costes comunes se imputarán en  función de su vinculación indirecta a otra categoría o grupo de categorías de costes cuya  imputación o asignación directa resulte posible; esta vinculación indirecta deberá basarse en  estructuras de costes comparables, iii) si no pudieran tomarse medidas directas ni indirectas para la asignación de los costes, la  categoría de costes se desglosará mediante una clave general de imputación en función de la  proporción de todos los gastos directa o indirectamente imputados o asignados, por una parte, a los  servicios de telefonía vocal y, por otra parte, a los demás servicios. Sólo podrán aplicarse otros sistemas de contabilidad de costes si facilitan la aplicación del  artículo 12 y han sido aprobados como tales por la autoridad nacional de reglamentación para su  utilización por el organismo de telecomunicaciones tras haber informado de ello a la Comisión. 4. Deberá facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación información contable pormenorizada  cuando ésta lo solicite y con carácter confidencial. 5. Los Estados miembros velarán por que los estados financieros de los organismos de  telecomunicaciones notificados con arreglo al artículo 26 sean elaborados, publicados y sometidos a  una auditoría independiente según las disposiciones legales nacionales. Artículo 14Reducciones, tarifas para un consumo reducido y otras disposiciones específicas  sobre tarifas1. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán decidir que se ofrezcan a los  usuarios mecanismos de reducción de tarifas agrupadas; en dicho caso esas fórmulas serán sometidas  a la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aprobar tarifas especiales para la  prestación de servicios de interés social, tales como los de emergencia, así como para usuarios de  utilización reducida o colectivos específicos. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las estructuras tarifarias prevean  reducciones en las llamadas dentro de la Comunidad en horas de menor tráfico telefónico, incluidas,  en su caso, las nocturnas y de fin de semana. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las tarifas especiales que se  apliquen a los servicios de telefonía vocal prestados en el marco de proyectos específicos de  duración limitada estén sometidas a una notificación previa a la autoridad nacional de  reglamentación. Artículo 15Facturación detalladaLas autoridades nacionales de reglamentación velarán por que  se fijen y publiquen objetivos en lo que respecta al establecimiento de una facturación detallada  para los usuarios que así lo soliciten, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la red y la  demanda del mercado. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente y el grado de detalle que permita la legislación  aplicable sobre protección de los datos personales y de la intimidad, las facturas detalladas  deberán contener el desglose de las cantidades adeudadas. Las llamadas que el usuario realice de manera gratuita, incluidas las llamadas a líneas de ayuda,  no figurarán en la factura detallada de dicho usuario. En este marco, podrán ofrecerse a los usuarios distintos niveles de detalle con tarifas  razonables. Artículo 16Servicios de guía telefónicaSalvo lo dispuesto en la legislación aplicable sobre  protección de los datos personales y de la intimidad, las autoridades nacionales de reglamentación  velarán por que: a) las guías telefónicas de los abonados al servicio de telefonía vocal se pongan a disposición de  los usuarios, en forma impresa o electrónica, y se actualicen periódicamente; b) los usuarios puedan decidir si figurarán o no en las guías telefónicas públicas; c) los organismos de telecomunicaciones faciliten, previa solicitud, información de las guías  telefónicas públicas relativa al servicio de telefonía vocal en condiciones previamente publicadas,  equitativas, razonables y no discriminatorias. Artículo 17Teléfonos públicos de pagoLas autoridades nacionales de reglamentación velarán por  que la oferta de teléfonos públicos de pago satisfaga las necesidades razonables de los usuarios,  tanto en número como en cobertura geográfica, y por que puedan hacerse desde estos teléfonos  llamadas de emergencia. Las llamadas al número único europeo de emergencia al que se refiere la  Decisión 91/396/CEE serán gratuitas. Artículo 18Tarjetas telefónicas de prepago1. La Comisión velará por que el ETSI, el  CEN/CENELEC o ambos, elaboren normas relativas a una tarjeta telefónica de prepago armonizada  utilizable en los teléfonos de pago de todos los Estados miembros, así como las normas asociadas  relativas a la interfaz de red de modo que las tarjetas de prepago expedidas en un Estado miembro  puedan utilizarse en los demás Estados miembros. Se publicará una referencia a estas normas en el  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la introducción progresiva de teléfonos  públicos de pago que cumplan dichas normas. Artículo 19Condiciones específicas para usuarios minusválidos y personas con necesidades  especialesLas autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones específicas  para facilitar a los usuarios minusválidos y a las personas con necesidades especiales la  utilización del servicio de telefonía vocal. Artículo 20Especificaciones para el acceso a la red, incluido el conector1. Cuando proceda y  en consulta con el Comité ONP, la Comisión podrá pedir al ETSI, según el procedimiento previsto en  el artículo 30, que establezca normas para nuevos tipos de acceso armonizado a la red de  conformidad con el marco de referencia a que se refiere el punto 2 del Anexo II de la Directiva  90/387/CEE. Se publicará una referencia a las normas relativas a los nuevos tipos de acceso  armonizado a la red en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2. Cuando el servicio de telefonía vocal se preste a los usuarios a través del punto de referencia  S/T de la RDSI, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que, a partir de la fecha  de puesta en aplicación de la presente Directiva, la introducción de un nuevo punto de terminación  de la red cumpla las especificaciones de interfaz física pertinentes, en particular las referidas  al conector, a las que se haga referencia en la relación de normas publicada en el Diario Oficial  de las Comunidades Europeas. Artículo 21Cuestiones referentes a la numeración1. Los Estados miembros velarán por que la  autoridad nacional de reglamentación controle los planes nacionales de numeración telefónica para  garantizar una competencia leal. En particular, los procedimientos de asignación de números y de  intervalos numéricos deberán ser transparentes, equitativos y realizarse en el momento oportuno, y  la asignación se efectuará de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean publicados los principales  elementos del plan nacional de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto  posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad  nacional. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación propiciarán la utilización apropiada de posibles  sistemas de numeración europea para proveer los complementos de servicio mencionados en el punto 2  del Anexo III. Artículo 22Condiciones de uso y de acceso y requisitos esenciales1. Los Estados miembros  velarán por que las condiciones que restrinjan el acceso y el uso de las redes telefónicas públicas  fijas o de los servicios de telefonía vocal se basen exclusivamente en los motivos enumerados en  los apartados 3, 4 y 5 y se impongan con el acuerdo de la autoridad nacional de reglamentación. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación establecerán procedimientos que permitan decidir,  caso por caso y con la mayor brevedad posible, si se permite o no a los organismos de  telecomunicaciones adoptar medidas tales como denegar el acceso a la red telefónica pública fija o  interrumpir o reducir la disponibilidad del servicio de telefonía vocal, en caso de supuesto  incumplimiento de las condiciones de utilización por parte del usuario. En dichos procedimientos  podrá preverse también la posibilidad de que la autoridad nacional de reglamentación autorice  medidas determinadas a priori para casos concretos de incumplimiento de las condiciones de  utilización. La autoridad nacional de reglamentación velará por que dichos procedimientos impliquen un proceso  transparente de adopción de decisiones en el que se respeten debidamente los derechos de las  partes. La decisión se adoptará una vez que ambas partes hayan tenido oportunidad de exponer sus  puntos de vista. La decisión estará debidamente motivada y se notificará a las partes en el plazo  de una semana a partir de su adopción. Se publicará un resumen de dichos procedimientos de la forma prevista en el artículo 4. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de los derechos de las partes afectadas a incoar las  acciones correspondientes ante los tribunales. 3. Cualquier restricción de utilización impuesta a los usuarios en virtud de derechos especiales o  exclusivos con respecto a la telefonía vocal se impondrá por vía reglamentaria y se publicará con  arreglo al artículo 4. 4. Las condiciones para la conexión de equipos terminales a la red telefónica pública fija deberán  ajustarse a la Directiva 91/263/CEE y publicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4  de la presente Directiva. Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 91/263/CEE, cuando el equipo terminal de un  usuario no reúna, o haya dejado de reunir, las condiciones de homologación, o cuando su mal  funcionamiento afecte negativamente a la integridad de la red, o cuando exista el riesgo de  ocasionar un daño físico a personas, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que  se aplique el siguiente procedimiento: - el organismo de telecomunicaciones podrá interrumpir la prestación del servicio hasta que el  equipo terminal sea desconectado del punto de terminación de la red; - el organismo de telecomunicaciones notificará inmediatamente al usuario dicha interrupción,  exponiendo los motivos de la misma; - en cuanto el usuario haya procedido a desconectar el equipo terminal del punto de terminación de  la red, se reanudará la prestación del servicio. 5. Cuando se restrinja el acceso a la red telefónica pública fija o la utilización de la misma en  virtud de requisitos esenciales, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las  disposiciones nacionales pertinentes determinen en cuál de los requisitos esenciales enumerados en  las letras a) a d) del presente apartado se basan dichas restricciones. Las restricciones impuestas en virtud de requisitos esenciales se publicarán de la forma prevista  en el artículo 4. Las restricciones de utilización basadas en requisitos esenciales se impondrán por vía  reglamentaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 3 y en el apartado 3 del artículo 5 de  la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales especificados en el apartado 2 del artículo 3 de  dicha Directiva se aplicarán a la red telefónica pública fija y al servicio de telefonía vocal de  la siguiente manera: a) Seguridad en la explotación de la redNo podrá restringirse el acceso ni la utilización de la  red telefónica pública fija por motivos de seguridad en la explotación de la red, salvo mientras  exista una situación de emergencia, en cuyo caso un organismo de telecomunicaciones podrá adoptar  las siguientes medidas para salvaguardar la seguridad en el funcionamiento de la red: - interrupción del servicio; - limitación de determinadas prestaciones del servicio; - denegación del acceso a la red y al servicio a nuevos usuarios. Por situación de emergencia se entenderá, en este contexto, una avería de la red de carácter  catastrófico, o un caso excepcional de fuerza mayor, como situaciones metereológicas extremas,  inundaciones, rayos o incendios, huelgas o cierres patronales, guerras, operaciones militares o  disturbios civiles. Cuando se produzca una situación de emergencia, el organismo de  telecomunicaciones deberá hacer todo lo posible para mantener el servicio al conjunto de los  usuarios.Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones  dispongan de procedimientos que permitan informar inmediatamente a los usuarios y a la autoridad  nacional de reglamentación del comienzo y del final de la situación de emergencia, así como de la  naturaleza y el alcance de las restricciones temporales del servicio. b) Mantenimiento de la integridad de la redLas autoridades nacionales de reglamentación velarán  por que las restricciones de acceso y utilización de la red telefónica pública fija impuestas por  motivos de mantenimiento de la integridad de la red, para la protección, entre otras cosas, de los  equipos de la red, de los programas o de los datos almacenados, se limiten al mínimo necesario para  garantizar el normal funcionamiento de la red. Dichas restricciones deberán basarse en criterios  objetivos y publicados y aplicarse de forma no discriminatoria. c) Interoperabilidad de serviciosCuando un equipo terminal haya sido homologado y esté funcionando  con arreglo a la Directiva 91/263/CEE, no podrá imponerse ninguna otra restricción a su utilización  por motivos de interoperabilidad de servicios. Cuando la autoridad nacional de reglamentación imponga condiciones en materia de interoperabilidad  de servicios en los contratos relativos a la interconexión de redes públicas o al acceso especial a  la red, dichas condiciones deberán publicarse en la forma prevista en el artículo 4. d) Protección de datosLos Estados miembros podrán restringir el acceso y la utilización de la red  telefónica pública fija por motivos de protección de datos sólo en la medida necesaria para  garantizar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias pertinentes sobre protección de  datos, incluida la de datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o  almacenada y la protección de la intimidad, de forma compatible con el Derecho comunitario. 6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que, cuando proceda, los usuarios sean  informados por los medios apropiados y con antelación por el organismo de telecomunicaciones de los  períodos durante los cuales se podrá restringir o denegar el acceso a la red telefónica pública  fija o su utilización como consecuencia de una actividad de mantenimiento prevista. Artículo 23Impago de facturasLos Estados miembros autorizarán la aplicación de medidas  determinadas, que serán publicadas en la forma prevista en el artículo 4, en caso de impago de  facturas y de cualquier interrupción o desconexión consiguiente del servicio. Dichas medidas  garantizarán que cualquier interrupción se limite al servicio afectado, en la medida en que sea  técnicamente posible y se notifique previamente al usuario. Artículo 24Normas técnicas1. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la  prestación de servicios con arreglo a las normas que se enumeran a continuación: - las normas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad con el  apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE; o, en su defecto, - las normas europeas adoptadas por el ETSI o el CEN/CENELEC; o, en su defecto, - las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la Unión Internacional de  Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión  Electrotécnica Internacional (CEI); o, en su defecto, - las normas o especificaciones nacionales, sin perjuicio de la referencia a las normas europeas que puedan hacerse obligatorias en virtud del  apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de  telecomunicaciones informen a los usuarios que lo soliciten acerca de las normas o especificaciones  (incluida cualquier norma europea o internacional que se aplique mediante normas nacionales) con  arreglo a las cuales se suministren los servicios y complementos de servicio a que se refiere la  presente Directiva. Artículo 25Disposiciones relativas a la convergencia a escala comunitaria1. Basándose en los  informes presentados por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al apartado 5 del  artículo 26 y en la información publicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, la Comisión  examinará los progresos realizados en la convergencia de los objetivos y la puesta en marcha de  servicios y complementos de servicio comunes dentro de la Comunidad. 2. Cuando la aplicación de los requisitos establecidos en los artículos 5, 9 y 15 resulte  inadecuada para garantizar el suministro a los usuarios de servicios y complementos de servicio  armonizados a escala comunitaria, podrán fijarse objetivos y plazos armonizados de conformidad con  el procedimiento establecido en el artículo 31. Los procedimientos iniciados por la Comisión tendrán debidamente en cuenta el nivel de desarrollo  de la red y la demanda del mercado en cada uno de los Estados miembros considerados  individualmente. 3. En particular, por lo que respecta a los complementos de servicio que requieren una cooperación  a escala comunitaria descritos en el apartado 2 del artículo 9, cuando los organismos de  telecomunicaciones no puedan alcanzar acuerdos comerciales, las condiciones necesarias para lograr  proveer a los usuarios los complementos de servicio armonizadas podrán motivar una recomendación. Las recomendaciones tendrán debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red, las diversas  arquitecturas de la misma y la demanda del mercado en la Comunidad. Artículo 26Notificación y presentación de informes1. Los Estados miembros notificarán a la  Comisión el nombre de su autoridad nacional de reglamentación antes del 13 de diciembre de 1996. 2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los organismos de telecomunicaciones a los que se  aplicará la presente Directiva, en particular para asegurar el suministro de la red y del servicio  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. Sin perjuicio de que en el futuro se apliquen las medidas relativas a la ONP, los Estados miembros  que hayan suprimido los derechos exclusivos sobre telefonía vocal podrán aplicar la presente  Directiva a determinados organismos atendiendo a una parte significativa del mercado o a la  posición dominante que ocupen en su zona de explotación autorizada, de forma que cada Estado  miembro pueda asegurarse de que en cada una de las localidades situadas en su territorio existe al  menos un organismo sometido a las disposiciones de la presente Directiva. Los Estados miembros podrán disponer que los organismos de telecomunicaciones tengan la obligación  de suministrar la información que sea necesaria para evaluar la aplicación de la presente  Directiva. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de los  organismos de telecomunicaciones autorizados en el territorio nacional para interconectar  directamente sus redes fijas con las de los organismos de telecomunicaciones situadas en otros  Estados miembros con el fin de prestar un servicio de telefonía vocal. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de los  operadores de servicios telefónicos móviles establecidos en el territorio nacional para  interconectarse directamente con las redes fijas de los organismos de telecomunicaciones en otros  Estados miembros con el fin de prestar un servicio de telefonía vocal. 4. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los nombres contemplados  en los apartados 2 y 3. 5. Los autoridades nacionales de reglamentación, cada una en lo que le concierna, facilitarán a la  Comisión, una vez cada año civil, un informe sobre los progresos realizados en la consecución de  los objetivos que hayan aprobado con arreglo a los artículos 5, 9 y 15. El informe anual deberá remitirse a la Comisión en los cinco meses siguientes al final del año. 6. Las autoridades nacionales de reglamentación conservarán, y remitirán a la Comisión si ésta lo  solicita, los datos referentes a los casos que se les hayan sometido, distintos de los contemplados  en el artículo 23, por haberse restringido o denegado el acceso a la red telefónica pública o al  servicio de telefonía vocal o el uso de dicha red o de dichos servicios, incluidas las medidas  adoptadas y su justificación. No obstante, esta disposición no se aplicará a las acciones instadas en virtud de los regímenes  nacionales de ejecución de las condiciones de licencia de conformidad con la legislación  comunitaria, ni a las acciones ejercitadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Artículo 27Conciliación y resolución nacional de litigiosSin perjuicio de: a) cualquier medida que la Comisión o cualquier Estado miembro pueda adoptar de conformidad con el  Tratado; b) los derechos de la persona que se acoja al procedimiento establecido en los apartados 3 y 4, de  los organismos de telecomunicaciones afectados o de cualquier otra persona en virtud de la  legislación nacional aplicable, salvo cuando las partes lleguen a un acuerdo para dirimir sus  diferencias; c) las disposiciones de la presente Directiva que facultan a las autoridades nacionales de  reglamentación para fijar las condiciones de los acuerdos entre los organismos de telecomuncaciones  y los usuarios, el usuario podrá seguir los procedimientos siguientes: 1) Los Estados miembros velarán por que, en caso de litigio no resuelto relativo a una presunta  infracción de las disposiciones de la presente Directiva con un organismo de telecomunicaciones,  cualquiera de las partes (usuarios, proveedores de servicios, consumidores u otros organismos de  telecomunicaciones) tenga derecho a recurrir ante la autoridad nacional de reglamentación u otro  organismo independiente. Se crearán a nivel nacional procedimientos fácilmente accesibles y poco  gravosos en principio para resolver tales litigios de manera equitativa y transparente y en el  momento oportuno. Dichos procedimientos se aplicarán también en caso de litigio entre un usuario y  un organismo de telecomunicaciones a propósito de sus facturas de teléfono. 2) Cuando el litigio afecte a organismos de telecomunicaciones de más de un Estado miembro, los  usuarios u organismos de telecomunicaciones podrán acogerse al procedimiento de conciliación  previsto en los apartados 3 y 4, mediante notificación escrita a la autoridad nacional de  reglamentación y a la Comisión. Los Estados miembros también podrán permitir que sus respectivas  autoridades nacionales de reglamentación se acojan a dicho procedimiento de conciliación. 3) Si la autoridad nacional de reglamentación o la Comisión estiman que un asunto presentado con  arreglo al apartado 2 merece un examen más detallado, podrán someter el caso al presidente del  Comité ONP. 4) En los casos contemplados en el apartado 3, el presidente del Comité ONP incoará el  procedimiento que se describe a continuación si está convencido de que se han tomado todas las  medidas razonables a nivel nacional: a) el presidente del Comité ONP reunirá, con la mayor brevedad posible, un grupo de trabajo  compuesto por al menos dos miembros del Comité ONP y un representante de las autoridades nacionales  de reglamentación de que se trate, y el presidente del Comité ONP u otro funcionario de la Comisión  nombrado por él. El grupo de trabajo estará presidido por el representante de la Comisión y se  reunirá normalmente en un plazo de diez días a partir de su convocatoria. El presidente del grupo  de trabajo podrá decidir, a propuesta de cualquiera de los miembros, invitar como máximo a otras  dos personas en calidad de expertos, para su asesoramiento; b) el grupo de trabajo ofrecerá a la parte que haya iniciado este procedimiento, a las autoridades  nacionales de reglamentación de los Estados miembros afectados y a los organismos de  telecomunicaciones afectados la oportunidad de exponer su opinión oralmente o por escrito; c) el grupo de trabajo procurará que se llegue a un acuerdo entre las partes interesadas en un  plazo de tres meses a partir de la fecha de recibo de la notificación a que se refiere el apartado  2. El presidente del Comité ONP informará al Comité acerca del resultado del procedimiento, a fin  de que el Comité pueda manifestar su opinión al respecto. 5) La parte que se acoja al procedimiento deberá costear su participación en el mismo. Artículo 28Suspensión de determinadas obligaciones1. Cuando un Estado miembro no pueda o  prevea que no podrá cumplir las disposiciones de los artículos 12 y 13, notificará a la Comisión  las causas. 2. Sólo se aceptará la suspensión de las obligaciones establecidas en los artículos 12 o 13 si el  Estado miembro de que se trate puede demostrar que el cumplimiento de los requisitos supondría una  carga desmesurada para los organismos de telecomunicaciones de dicho Estado miembro. 3. El Estado miembro comunicará a la Comisión la fecha en que podrán satisfacerse los requisitos, y  las medidas previstas para respetar este plazo. 4. Cuando la Comisión reciba una notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1,  comunicará al Estado miembro de que se trate si estima que su situación particular justifica, según  los criterios enunciados en el apartado 2, que se le autorice a suspender la aplicación de los  artículos 12 o 13, y hasta qué fecha está justificada esta suspensión. Artículo 29Adaptación técnicaLas modificaciones necesarias para adaptar el punto 2 del Anexo  I y los Anexos II y III de la presente Directiva al progreso de la tecnología o a los cambios en la  demanda del mercado se determinarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo  31. Artículo 30Procedimiento del Comité consultivo1. La Comisión estará asistida por el Comité  creado mediante el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE. El Comité consultará en especial a los representantes de los organismos de telecomunicaciones, de  los usuarios, de los consumidores, de los fabricantes y de los suministradores de servicios. 2. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá un  dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia  del asunto, procediendo, en su caso, a votación. El dictamen constará en acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su  posición conste en la misma. La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité  de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. Artículo 31Procedimiento del Comité de reglamentación1. No obstante lo dispuesto en el  artículo 30, se aplicará el procedimiento siguiente en relación con las materias cubiertas por los  artículos 25 y 29. 2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá  su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la  urgencia de la urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el  apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que el Consejo debe  tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el  seno del Comité se ponderarán en la forma establecida en el mencionado artículo. El presidente no  participará en la votación. 3. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité. 4. Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o a falta de dictamen, la  Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta de medidas. El Consejo se pronunciará por  mayoría cualificada. Si, en un plazo de tres meses a partir de la presentación de la propuesta, el Consejo no se ha  pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas. Artículo 32Reexamen1. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán de aquí al 1 de  enero de 1998 sobre la base de la propuesta que la Comisión le remita en el momento oportuno, sobre  la revisión de la presente Directiva para adaptarla a las necesidades de la liberalización del  mercado. 2. La Comisión estudiará el funcionamiento de la presente Directiva e informará sobre ello al  Parlamento Europeo y al Consejo por primera vez el 13 de diciembre de 1998 a más tardar. El informe  se basará, entre otras cosas, en la información proporcionada por los Estados miembros a la  Comisión y al Comité ONP. Si fuera necesario, la Comisión podrá proponer en su informe otras  medidas encaminadas a alcanzar plenamente los objetivos de la presente Directiva. Artículo 33Aplicación de la presente Directiva1. Los Estados miembros adoptarán las medidas  necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 13 de  diciembre de 1996. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de  Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 34Entrada en vigor de la presente DirectivaLa presente Directiva entrará en vigor el  vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 35Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1995. Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteK. HAENSCHPor el ConsejoEl PresidenteJ. L. DICENTA  BALLESTER(1) DO n° C 122 de 18. 5. 1995, p. 4. (2) DO n° C 236 de 11. 9. 1995, p. 38. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 1995 (DO n° C 151 de 19. 6. 1995, 27),  Posición común del Consejo de 12 de julio de 1995 (DO n° C 281 de 25. 10. 1995, p. 19) y Decisión  del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 1995 (DO n° C 308 de 20. 11. 1995) y Decisión del  Consejo de 27 de noviembre de 1995. (4) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 1. (5) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 10. Directiva modificada por la Directiva 94/46/CE (DO n° L 298  de 19. 10. 1994, p. 15). (1) DO n° L 95 de 21. 4. 1993, p. 29. (2) DO n° C 233 de 6. 9. 1991, p. 2. (1) DO n° C 318 de 4. 12. 1992, p. 2. (2) DO n° L 165 de 19. 6. 1992, p. 27. Directiva modificada por la Decisión 94/439/CE de la  Comisión (DO n° L 181 de 15. 7. 1994, p. 40). (1) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva  94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30). (2) DO n° L 230 de 24. 8. 1990, p. 25. (3) DO n° L 217 de 6. 8. 1991, p. 31. (4) DO n° L 128 de 23. 5. 1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva  93/97/CEE (DO n° L 290 de 24. 11. 1993, p. 1). (5) DO n° C 213 de 6. 8. 1993, p. 1.  ANEXO I EPÍGRAFES DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO  41. Nombre y dirección del organismo u organismos de telecomunicacionesEs decir, el nombre y la  dirección de la sede del organismo u organismos de telecomunicaciones que suministren las redes  telefónicas públicas fijas y/o los servicios de telefonía vocal. 2. Servicios de telecomunicación ofrecidos2.1. Tipos de conexión a la red telefónica pública  fijaCaracterísticas técnicas de las interfaces en los puntos de terminación de la red  suministrados normalmente, incluida, cuando proceda, una referencia a las normas o recomendaciones  nacionales o internacionales, con arreglo al artículo 24: - para las redes analógicas o digitales: a) interfaz de línea única, b) interfaz de línea múltiple, c) interfaz de marcación directa de extensiones (DDI), d) otras interfaces suministradas normalmente; - para la RDSI: a) especificación de las interfaces básicas o primarias en los puntos de referencia S/T, incluido  el protocolo de señalización, b) características de los servicios portadores capaces de transportar los servicios de telefonía  vocal, c) otras interfaces suministradas normalmente; - y cualesquiera otras interfaces suministradas normalmente.Además de esta información, que deberá publicarse periódicamente según establece el artículo 4, los  organismos de telecomunicaciones deberán informar a los proveedores de equipos terminales, sin  demoras innecesarias, de cualquier característica particular de la red que afecte al correcto  funcionamiento de equipos terminales homologados. 2.2. Servicios telefónicos ofrecidosDescripción del servicio básico de telefonía vocal ofrecido,  indicando lo que se incluye en la cuota de abono y la cuota de alquiler periódica (por ejemplo,  servicios de operador, guía telefónica o mantenimiento). Descripción de los complementos de servicio optativos del servicio de telefonía vocal a los que se  aplica una tarifa independiente de la correspondiente a la oferta básica, incluida, en su caso, una  referencia a las normas o especificaciones técnicas pertinentes a las que se ajustan, con arreglo  al artículo 24. 2.3. TarifasLas de acceso, utilización y mantenimiento, incluidos detalles sobre los mecanismos de  descuento, si los hubiere. 2.4. Política de compensaciones/reembolsosCon detalles concretos de los mecanismos de  compensación/reembolso ofrecidos, si los hubiere. 2.5. Tipos de servicio de mantenimiento ofrecido2.6. Procedimiento de solicitudIncluidos los  puntos de contacto designados dentro del organismo de telecomunicaciones2.7. Condiciones normales  de contrataciónincluido cualquier plazo mínimo de contratación, si procede3. Requisitos de  autorizaciónIncluirá una descripción clara de todas las condiciones de autorización que afecten a  los usuarios, incluidos los proveedores de servicios, que precise como mínimo: - la información sobre la naturaleza de las condiciones de autorización; se indicará en particular  si el usuario necesita un registro y/o una autorización a título individual o si la autorización es  genérica y no requiere registro ni autorización individual; - el plazo de validez de cualquier licencia o autorización pertinente; - una relación de todos los documentos que contengan las condiciones de autorización pertinentes  impuestas por el Estado miembro. 4. Condiciones para la conexión de equipos terminalesIncluirá una relación completa de los  requisitos aplicables a los equipos terminales, establecidos por la autoridad nacional de  reglamentación, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva 91/263/CEE, con inclusión, si  procede, de las condiciones relativas al cableado y ubicación en las dependencias del cliente del  punto de terminación de la red. 5. Restricciones de acceso y utilizaciónIncluirá toda restricción de acceso o de utilización  impuesta de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 22. 6. Indicadores de funcionamiento y calidad del servicioDefiniciones, métodos de medida, objetivos  y datos de los resultados obtenidos, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo  5. 7. Objetivos para la introducción de nuevos servicios, funciones, complementos de servicio y  tarifasSe publicarán los objetivos, de conformidad con los requisitos establecidos en los  artículos 9 y 15. 8. Condiciones para los accesos especiales a la redSe incluirán las condiciones para los accesos  especiales estipulados por la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el apartado 5  del artículo 10. 9. Disponibilidad de la descripción del sistema de contabilidad de costesDirección a la que se  pueda solicitar la descripción del sistema de contabilidad de costes, de conformidad con los  requisitos establecidos en el artículo 13. 10. Principales elementos del plan nacional de numeraciónDe acuerdo con los requisitos  establecidos en el artículo 21. 11. Condiciones de utilización de la información de la guía telefónicaDe conformidad con lo  dispuesto en la letra c) del artículo 16. 12. Procedimiento de conciliación y resolución de litigiosIncluirá orientaciones para los usuarios  sobre las vías de recurso existentes para la conciliación y la resolución de los litigios con los  organismos de telecomunicaciones, con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 27. Incluirá  asimismo un resumen de los procedimientos de resolución de litigios contemplados en el apartado 2  del artículo 22. 13. Procedimiento aplicable en caso de impago de facturasCon arreglo a los requisitos establecidos  en el artículo 23.  ANEXO II PLAZO DE SUMINISTRO E INDICADORES DE LA CALIDAD DE SERVICIO CON ARREGLO A LOS  REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5La siguiente relación especifica las áreas en las que se  precisan indicadores de la calidad del servicio para los organismos de telecomunicaciones cuyos  nombres se hayan notificado de conformidad con el apartado 2 del artículo 26. - plazo de suministro de la conexión inicial a la red- índice de fallos por conexión- plazo de  reparación de averías- proporción de llamadas fallidas- demora del tono de disponibilidad para  marcar- demora de establecimiento de la comunicación- estadísticas referentes a la calidad de  transmisión- tiempos de respuesta para los servicios de operador- proporción de teléfonos  públicos de pago (de monedas y tarjetas) en estado de funcionamiento- precisión de la  facturación.  ANEXO III SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS DE SERVICIO AVANZADOS CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN  EL ARTÍCULO 91. Relación de complementos de servicio a que se refiere el apartado 1 del artículo  9a) Marcación por multifrecuencia de doble tono (DTMF)Consiste en que la red telefónica pública  fija admite el uso de teléfonos DTMF con teclado de transmisión en multifrecuencia de la  señalización a la central, utilizando los tonos definidos en la recomendación Q.23 de la ITU-T, y  admite las mismas tonalidades para señalización de extremo a extremo a través de la red, tanto  dentro de un Estado miembro como entre Estados miembros. b) Marcación directa de extensiones (o mecanismos que realicen una función equivalente)Consiste en  que los usuarios de una centralita privada (PBX) o de sistemas privados semejantes pueden ser  llamados directamente desde la red telefónica pública fija sin intervención del operador de la  PBX. c) Desvío de llamadasConsiste en el envío de las llamadas que se reciban a otro destino situado en  el mismo Estado miembro o en otro Estado miembro (por ejemplo, si no descuelga, si está comunicando  o en todo caso). Este complemento de servicio deberá ofrecerse con arreglo a la legislación aplicable sobre  protección de datos y de la intimidad. d) Identificación de la línea llamanteConsiste en que, antes de que se establezca la comunicación,  el receptor puede identificar el número del que procede la llamada. Este complemento de servicio deberá ofrecerse de conformidad con la legislación aplicable sobre  protección de datos y de la intimidad. 2. Relación de servicios y complementos de servicio mencionados en el apartado 2 del artículo 9a)  Acceso a escala comunitaria a los servicios de números verdes o de llamada gratuitaTales  servicios, denominados «números verdes», «servicios de llamada gratuita», «línea 900», etc.,  incluyen los servicios en los que la persona que efectúa la llamada no paga nada por ella o abona  solamente una parte del coste total. b) Tarificación adicional a escala comunitaria (tipo «quiosco»)Por tarificación adicional se  entiende un complemento de servicio en virtud de la cual las cuotas por utilización de un servicio  al que se accede a través de la red de un organismo de telecomunicaciones se combinan con las  cuotas por llamada a través de la red («servicio de tarifa con prima»). c) Transferencia de llamadas a escala comunitariaConsiste en la transferencia de una llamada ya  establecida a un tercero que puede encontrarse en el mismo Estado miembro o en otro. d) Servicio de cobro revertido automático a escala comunitariaPara llamadas con origen y destino  en la Comunidad. Consiste en que, antes de que la llamada sea conectada, el que la recibe acepta, a petición del que  llama, abonar el coste de la llamada. e) Identificación de la línea llamante a escala comunitariaConsiste en que, antes de que se  establezca la comunicación, el receptor puede identificar el número del que procede la llamada. Este complemento de servicio deberá ofrecerse de conformidad con la legislación aplicable sobre  protección de datos y de la intimidad. f) Acceso a los servicios de operador en otros Estados miembrosConsiste en que los usuarios de un  Estado miembro pueden llamar al operador o al servicio de asistencia de otro Estado miembro. g) Acceso a los servicios de consulta de guía telefónica en otros Estados miembrosConsiste en que  los usuarios de un Estado miembro pueden llamar al servicio de consultas de guía telefónica de otro  Estado miembro.