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32001L0009

Directiva 2001/9/CE de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, por el que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 048 de 17/02/2001 p. 0018 - 0019

Directiva 2001/9/CE de la Comisiónde 12 de febrero de 2001por el que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques(Texto pertinente a efectos del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativos a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques(1), modificada por la Directiva 1999/52/CE de la Comisión(2), y, en particular, su artículo 8,Considerando lo siguiente:(1) Los programas Auto-oil, iniciados en 1992 para proporcionar una base analítica a la fijación de normas sobre las emisiones de los vehículos y la calidad del combustible para el año 2000 y siguientes, a fin de alcanzar los objetivos de calidad, haciendo especial hincapié en la reducción de las emisiones del transporte por carretera, reconocieron que el nivel de mantenimiento del vehículo a motor es un factor clave del impacto que ejerce el tráfico sobre la calidad del aire.(2) La Directiva 96/96/CE especifica las pruebas que deberán realizarse en la inspección periódica para controlar que las emisiones de los vehículos a motor de gasolina y de los vehículos a motor diesel se mantienen dentro de límites aceptables.(3) El contenido en monóxido de carbono de las emisiones de escape de los vehículos a motor de gasolina equipados con determinados sistemas de postratamiento de gases de escape (norma Euro 1) debe comprobarse en régimen bajo y alto del motor.(4) La Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo(3), prevé la introducción, a partir de 2000, de unos sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) en los vehículos a motor de gasolina y los vehículos comerciales ligeros, a fin de controlar el funcionamiento del sistema de control de las emisiones del vehículo en servicio. Asimismo, a partir de 2003 se exigirán sistemas DAB en los nuevos vehículos a motor diésel.(5) En el futuro, el desarrollo de sistemas DAB capaces de controlar y registrar fallos del vehículo en funcionamiento disminuirá las diferencias entre las condiciones de prueba y el funcionamiento real.(6) La presente Directiva suprime la obligación de probar los vehículos de gasolina a la velocidad mínima, reduciendo así la complejidad de la prueba y aumentando la precisión mediante el control del funcionamiento del sistema DAB del vehículo.(7) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité para la adaptación al progreso técnico de la Directiva sobre la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques, creado por el artículo 8 de la Directiva 96/96/CE.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 96/96/CE quedará modificada tal como establece el anexo de la presente Directiva.Artículo 2Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar transcurrido un año de la entrada en vigor de la misma. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2001.Por la ComisiónLoyola De PalacioVicepresidente(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1.(2) DO L 142 de 5.6.1999, p. 26.(3) DO L 350 de 28.12.1998, p. 1.ANEXOEl punto 4 de la letra b) del punto 8.2.1 del anexo II de la Directiva 96/96/CE se sustituirá por el texto siguiente: "4. Emisiones del tubo de escape - valores límitea) Medición con el motor al ralentí:El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape será el declarado por el fabricante de vehículo. Cuando no se disponga de este dato, no deberá superarse el límite de 0,5 % vol. de CO.b) Medición al ralentí acelerado; la velocidad del motor deberá ser de al menos 2000 rpm-1:El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape será el declarado por el fabricante del vehículo al ralentí acelerado. Cuando no se disponga de este dato, no deberá superarse el límite de 0,3 % vol. de CO.El indicador Lambda de la relación aire/combustible deberá ser igual a 1 +- 3 %, o ser conforme a las especificaciones del fabricante.c) En cuanto a los vehículos a motor equipados con sistemas de diagnóstico a bordo con arreglo a la Directiva 98/69/CE, los Estados miembros, como alternativa a la prueba especificada en la letra a), podrán optar por comprobar el funcionamiento correcto del sistema de emisión a través de la lectura adecuada del mecanismo DAB y del control simultáneo del funcionamiento adecuado del sistema DAB.".


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32003L0027

Directiva 2003/27/CE de la Comisión, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las emisiones de gases de escape de los vehículos de motor (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 090 de 08/04/2003 p. 0041 - 0044

Directiva 2003/27/CE de la Comisiónde 3 de abril de 2003por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las emisiones de gases de escape de los vehículos de motor(Texto pertinente a efectos del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/11/CE de la Comisión(2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 7,Considerando lo siguiente:(1) Los programas Auto-Oil, que se iniciaron en 1992 para proporcionar una base analítica a la fijación de normas sobre las emisiones de los vehículos y la calidad del combustible para el año 2000 y siguientes, a fin de alcanzar los objetivos de calidad del aire, con un especial hincapié en la reducción de las emisiones del transporte por carretera, reconocieron que el nivel de mantenimiento del vehículo de motor es un factor clave del efecto que ejerce el tráfico en la calidad del aire.(2) La Directiva 96/96/CE especifica las pruebas que deberán realizarse en la inspección periódica para controlar que las emisiones de los vehículos de motor de gasolina y de los vehículos con motor diésel se mantengan dentro de límites aceptables.(3) La Comisión creó un grupo de trabajo de expertos del Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos Automotores (International Motor Vehicle Inspection Committee, CITA) y de otras organizaciones de este campo, que se reunió a lo largo del año 2000. El grupo estudió, entre otras cosas, la posibilidad de modificar los límites fijados para los controles de emisión en la Directiva 96/96/CE y en la Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad(3), a fin de determinar si podían conseguirse mejoras en lo que afecta al medio ambiente. El grupo llegó a la conclusión de que, de forma invariable, los límites prescritos están muy por encima de lo que los vehículos pueden alcanzar en la práctica llevando un buen mantenimiento; es decir, los límites actuales no son todo lo efectivos que podrían ser para facilitar la detección de los grandes emisores, es decir, de los vehículos cuyas emisiones de gases de escape son, como mínimo, un 50 % superiores a lo que cabría esperar de un vehículo con un mantenimiento correcto.(4) Las medidas previstas en la presente Directiva son conformes al dictamen del Comité para la adaptación al progreso técnico de la Directiva sobre la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques, instituido por el artículo 8 de la Directiva 96/96/CE.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1El anexo II de la Directiva 96/96/CE se modificará tal como establece el anexo de la presente Directiva.Artículo 21. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 1 de enero de 2004. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 3 de abril de 2003.Por la ComisiónLoyola De PalacioVicepresidente(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1.(2) DO L 48 de 17.2.2001, p. 20.(3) DO L 203 de 10.8.2000, p. 1.ANEXOEl cuarto guión del punto 7.10 del anexo II de la Directiva 96/96/CE se sustituirá por lo siguiente:"- donde sea factible, comprobar que el dispositivo de limitación de velocidad impida que los vehículos mencionados en los artículos 2 y 3 de la Directiva 92/6/CEE superen los valores preceptivos.".El punto 8.2 del anexo II de la Directiva 96/96/CE se sustituirá por lo siguiente:"8.2. Emisiones de gases de escape8.2.1. Vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina):a) Cuando las emisiones no estén reguladas por un sistema avanzado de control de emisiones tal como un catalizador de tres vías y sonda lambda:1) Inspección visual del sistema de escape a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas.2) Inspección visual del equipo de control de emisiones instalado por el fabricante a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas.Después de un período razonable de calentamiento del motor (que tenga en cuenta las prescripciones del fabricante del vehículo), se medirá el contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape con el motor al ralentí (en vacío).El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape es el fijado por el fabricante del vehículo. Cuando no se disponga de este dato o las autoridades de control de los Estados miembros no lo utilicen como valor de referencia, el contenido de CO de los gases de escape no deberá superar los límites siguientes:i) para vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez entre la fecha a partir de la cual los Estados miembros establecieron que los vehículos debían cumplir la Directiva 70/220/CEE(1) y el 1 de octubre de 1986: 4,5 % en vol.;ii) para los vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez después del 1 de octubre de 1986: 3,5 % vol.b) Cuando un sistema de control de emisiones avanzado controle las emisiones de gases de escape, tal como un convertidor catalítico de tres vías controlado por una sonda lambda:1) Inspección visual del sistema de escape a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas.2) Inspección visual del equipo de control de emisiones instalado por el fabricante a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas.3) Determinación de la eficiencia del sistema de control de emisiones del vehículo midiendo el valor lambda y el contenido de CO de los gases de escape de acuerdo con el capítulo 4 o con los procedimientos propuestos por los fabricantes y aprobados en el momento de la homologación. En cada una de las pruebas, el motor está sujeto a las recomendaciones del fabricante del vehículo.4) Emisiones del tubo de escape. Valores límiteEl contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape es el fijado por el fabricante del vehículo. Cuando no se disponga de este dato, el contenido de CO de los gases de escape no deberá superar los límites siguientes:i) Mediciones realizadas con el motor al ralentí:El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape no deberá superar 0,5 % vol. y, para los vehículos que hayan sido homologados con arreglo a los valores límite indicados en la fila A o la fila B del cuadro de la sección 5.3.1.4 del anexo I de la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE(2) o por modificaciones posteriores, el contenido máximo autorizado de CO no deberá superar 0,3 % vol. Cuando no sea posible establecer una correspondencia con la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE, lo anteriormente expuesto se aplicará a vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez después del 1 de julio de 2002.ii) Medición al ralentí acelerado (en vacío), la velocidad del motor debe ser al menos igual a 2000 m-1.Contenido de CO: máximo 0,3 % vol. y, para los vehículos que hayan sido homologados con arreglo a los valores límite indicados en la fila A o la fila B del cuadro de la sección 5.3.1.4 del anexo I de la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE o por modificaciones posteriores, el contenido máximo autorizado de CO no deberá superar 0,2 % vol. Cuando no sea posible una establecer una correspondencia con la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE, lo anteriormente expuesto se aplicará a vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez después del 1 de julio de 2002.Lambda: 1± 0,03 o según las especificaciones del fabricante.iii) En cuanto a los vehículos de motor equipados con sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) con arreglo a la Directiva 70/220/CEE (modificada por la Directiva 98/69/CE y posteriores modificaciones), los Estados miembros, como alternativa a la prueba especificada en el inciso i), podrán optar por comprobar el correcto funcionamiento del sistema de emisión a través de la lectura adecuada del mecanismo DAB y del control simultáneo del buen funcionamiento del sistema DAB.8.2.2. Vehículos de motor equipados con motores de encendido por compresión (diésel)a) Medición de la opacidad de los gases de escape acelerando el motor en vacío (motor desembragado y pasando de la velocidad de ralentí a la velocidad de desconexión).b) Preacondicionamiento del vehículo:1) Los vehículos podrán ser sometidos a ensayo sin preacondicionamiento, aunque por razones de seguridad debe comprobarse que el motor esté caliente y en condiciones mecánicas satisfactorias.2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5 de la letra d) siguiente, sólo podrá rechazarse un vehículo cuando haya sido preacondicionado de conformidad con los requisitos que se detallan a continuación:i) El motor deberá estar totalmente caliente, por ejemplo la temperatura del aceite del motor medida mediante sonda introducida en el tubo de la varilla de nivel de aceite debe ser como mínimo de 80 °C, o a la temperatura normal de funcionamiento si es inferior, o la temperatura del cárter motor medida por el nivel de radiación infrarroja debe ser como mínimo equivalente. Si, debido a la configuración del vehículo, tal medición es impracticable, la temperatura normal de funcionamiento del motor podrá ser determinada por otros medios, por ejemplo mediante el funcionamiento del ventilador del motor.ii) El tubo de escape deberá ser purgado mediante un mínimo de tres ciclos de aceleración en vacío o un método equivalente.c) Procedimiento de ensayo:1) Inspección visual del equipo de control de emisiones instalado por el fabricante a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas.2) El motor, y cualquier turbocompresor incorporado, debe estar al ralentí antes de que comience cada ciclo de aceleración en vacío. En el caso de los motores diésel de gran potencia, esto significa esperar al menos 10 segundos después de soltar el acelerador.3) Para comenzar cada ciclo de aceleración en vacío, el acelerador debe apretarse a fondo con rapidez y continuidad (en menos de 1 segundo), aunque no con violencia, a fin de obtener el máximo paso de la bomba de inyección.4) Durante cada ciclo de aceleración en vacío, el motor debe alcanzar la velocidad de desconexión o, en los vehículos de transmisión automática, la velocidad especificada por el fabricante o, de no disponerse de tal información, 2/3 de la velocidad de desconexión antes de soltar el acelerador. Esto puede comprobarse, por ejemplo, controlando la velocidad del motor o dejando pasar un tiempo suficiente entre el momento en que se aprieta el acelerador y el momento en que se suelta, que en los vehículos de las categorías 1 y 2 del anexo I debe ser de al menos 2 segundos.d) Valores límite:1) El nivel de concentración no superará el nivel registrado en la placa prevista en la Directiva 72/306/CEE(3).2) Si no se conoce este dato o si las autoridades competentes de los Estados miembros deciden no utilizarlo como referencia, el nivel de concentración no deberá superar el establecido por el fabricante o los valores límite del coeficiente de absorción, que serán los siguientes:Coeficiente de absorción máximo para:- motores diésel con aspiración natural = 2,5 -1,- motores diésel con turbocompresor = 3,0 m-1,- se aplicará un límite de 1,5 m-1 a los siguientes vehículos que hayan sido homologados con arreglo a los valores límite indicados en:a) la fila B del cuadro del punto 5.3.1.4 del anexo I de la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE (vehículos comerciales Diésel-Euro4);b) la fila B1 del cuadro del punto 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/96/CE(4) (vehículos industriales de transporte de mercancías Diésel-Euro4);c) la fila B2 del cuadro del punto 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/96/CE (vehículos industriales de transporte de mercancías Diésel-Euro5);d) la fila C del cuadro del punto 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/96/CE (vehículos industriales de transporte de mercancías VEM);o los valores límite de modificaciones más recientes de la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE, o los valores límite de modificaciones más recientes de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/96/CE, o los valores equivalentes cuando se utilice un tipo de aparato distinto de los usados para la homologación CE.Cuando no sea posible una establecer una correspondencia con el punto 5.3.1.4 de la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE, o con el punto 6.2.1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/96/CE, lo anteriormente expuesto se aplicará a vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez después del 1 de julio de 2008.3) Estas disposiciones no serán aplicables a los vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez antes del 1 de enero de 1980.4) Los vehículos serán rechazados únicamente en el caso de que la media aritmética de al menos tres ciclos de aceleración en vacío sea superior al valor límite. Para efectuar tal cálculo, se podrá no tener en cuenta toda medición que se desvíe sustancialmente de la media medida o el resultado de cualquier cálculo estadístico que tenga en cuenta la dispersión de las medidas. Los Estados miembros podrán limitar el número de ciclos de ensayo.5) A fin de evitar ensayos innecesarios, los Estados miembros podrán, no obstante lo dispuesto en el punto 4 de la letra d) del apartado 8.2.2, rechazar vehículos que hayan presentado valores sustancialmente superiores a los valores límite después de menos de tres ciclos de aceleración en vacío o tras los ciclos de purga (o equivalente) especificados en el inciso ii) del punto 2 de la letra b) del apartado 8.2.2. Igualmente, para evitar ensayos innecesarios, los Estados miembros podrán, no obstante lo dispuesto en el punto 4 de la letra d) del apartado 8.2.2, aprobar vehículos que hayan presentado valores sustancialmente inferiores a los valores límite después de menos de tres ciclos de aceleración en vacío o tras los ciclos de purga (o equivalente) especificados en el inciso ii) del punto 2 de la letra b) del apartado 8.2.2.8.2.3. Equipo de inspecciónLas emisiones de los vehículos se analizarán con equipos diseñados para establecer con precisión si se han cumplido los valores preceptivos o indicados por el fabricante.8.2.4. Cuando en el momento de la homologación CE un tipo de vehículo no haya podido respetar los valores límite establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros podrán fijar valores límite más altos para dicho tipo de vehículo, basándose en las pruebas que aporte el fabricante. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión, que a su vez informará a los demás Estados miembros.".(1) DO L 76 de 9.3.1970, p. 1.(2) DO L 350 de 28.12.1998, p. 1.(3) DO L 190 de 20.8.1972, p. 1.(4) DO L 44 de 16.2.2000, p. 1.


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31994L0019

Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos

Diario Oficial n° L 135 de 31/05/1994 p. 0005 - 0014 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 4 p. 0227  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 4 p. 0227

DIRECTIVA 94/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  CONSEJO de 30 de mayo de 1994 relativa a los sistemas de garantía de depósitosEL  PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y  tercera del apartado 2 de su artículo 57, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), Con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 189 B del Tratado (3), Considerando que, de conformidad con los objetivos del Tratado, resulta conveniente promover un  desarrollo armónico de las actividades de las entidades de crédito en el conjunto de la Comunidad,  suprimiendo toda restricción de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios y  reforzando al mismo tiempo la estabilidad del sistema bancario y la protección de los ahorradores; Considerando que, paralelamente a la supresión de las restricciones que afectan a las actividades  de las entidades de crédito, conviene considerar la situación a que podría dar lugar la  indisponibilidad de los depósitos de una entidad de crédito con sucursales en otros Estados  miembros; que es imprescindible que se asegure un nivel mínimo armonizado de garantía de depósitos,  independientemente del lugar de la Comunidad en que estén éstos ubicados; que la protección de los  depósitos es tan esencial como las normas prudenciales para la plena realización del mercado único  bancario; Considerando que, cuando se produzca el cierre de una entidad de crédito insolvente, los  depositantes de las sucursales situadas en un Estado miembro que no sea el del domicilio social de  la entidad de crédito deben estar protegidos por el mismo sistema de garantía que los demás  depositantes de la entidad; Considerando que, para las entidades de crédito, el coste de participación en un sistema de  garantía no es en absoluto comparable al que ocasionaría una retirada masiva de los depósitos  bancarios, no sólo de una entidad en dificultades sino también de entidades saneadas, a raíz de una  pérdida de confianza de los depositantes en la solidez del sistema bancario; Considerando que las medidas adoptadas por los Estados miembros de conformidad con la Recomendación  87/63/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1986, relativa al establecimiento de sistemas de  garantía de depósitos en la Comunidad (4) no han permitido conseguir todos los resultados deseados;  que esta situación puede resultar perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior; Considerando que la Segunda Directiva del Consejo 89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989, para la  coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a  la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva  77/780/CEE (5), prevé un sistema único de autorización y supervisión de las entidades de crédito  por la autoridad del Estado miembro de origen que es aplicable desde el 1 de enero de 1993; Considerando que una sucursal ya no necesita ser aprobada en ningún Estado miembro de acogida, como  consecuencia de la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y que el control  de su solvencia es efectuado por las autoridades competentes del Estado miembro de origen; que esta  situación justifica que todas las sucursales creadas por una misma entidad de crédito en la  Comunidad estén cubiertas por un único sistema de garantía; que dicho sistema no puede ser sino el  que exista, para la categoría de entidad considerada, en el Estado del domicilio social, debido, en  particular, a la relación existente entre la supervisión de la solvencia de una sucursal y su  pertenencia a un sistema de garantía de depósitos; Considerando que la armonización debe limitarse a los elementos principales de los sistemas de  garantía de depósitos y garantizar, en un plazo muy breve, un pago en concepto de garantía  calculado en función del nivel mínimo armonizado; Considerando que los sistemas de garantía de depósitos deben actuar en cuanto se produzca la  indisponibilidad de depósitos; Considerando que procede excluir de la cobertura, en particular, los depósitos realizados por las  entidades de crédito en nombre propio y por cuenta propia; que ello no debería afectar en modo  alguno a los derechos del sistema de garantía a tomar todas las medidas necesarias para rescatar a  una entidad de crédito que se encuentre en dificultades; Considerando que por sí misma la armonización de los sistemas de garantía de depósitos en la  Comunidad no cuestiona la existencia de sistemas constituidos cuyo objetivo sea la protección de  las entidades, garantizando en particular la solvencia y liquidez de éstas, para evitar que los  depósitos realizados en dichas entidades, incluidas sus sucursales establecidas en otro Estado  miembro, puedan quedar indisponibles; que esos sistemas alternativos que tienen una finalidad  distinta de protección pueden ser considerados por las autoridades competentes, en determinadas  condiciones, como que satisfacen los objetivos de la presente Directiva; que corresponderá a dichas  autoridades competentes verificar que se cumplen estas condiciones; Considerando que varios Estados miembros disponen de sistemas de protección de depósitos que están  bajo la responsabilidad de organizaciones profesionales; que otros Estados cuentan con sistemas  creados y regulados por disposiciones legales y que determinados sistemas, si bien han sido  establecidos por convenio, se rigen en parte por disposiciones legales; que esta diversidad de  regímenes sólo plantea problemas en lo que respecta a la adhesión obligatoria al sistema y a la  exclusión del mismo; que, por consiguiente, conviene prever disposiciones que limiten las  facultades de los sistemas a este respecto; Considerando que el mantenimiento en la Comunidad de sistemas que ofrezcan una cobertura de los  depósitos superior al mínimo armonizado puede dar lugar, en un mismo territorio, a diferencias de  indemnización y a condiciones desiguales de competencia entre las entidades nacionales y las  sucursales de entidades de otros Estados miembros; que, para superar estos inconvenientes, resulta  oportuno autorizar la adhesión de las sucursales al sistema del país de acogida a fin de que puedan  ofrecer a sus depositantes las mismas garantías que ofrezca el sistema de país donde estén  establecidas; que es adecuado que la Comisión presente un informe dentro de unos años en el que se  indique en qué medida han utilizado esta opción las sucursales, así como las posibles dificultades  que las sucursales o los sistemas de garantía hayan podido encontrar para aplicar estas  disposiciones; que no se excluye que el propio sistema del país de acogida ofrezca tal cobertura  complementaria, supeditada a las condiciones por él establecidas; Considerando que se podrían crear distorsiones en el mercado si las sucursales de entidades de  crédito ofrecen unos niveles de cobertura más altos que los ofrecidos por las entidades de crédito  autorizadas en el Estado miembro de acogida; que no es adecuado que el nivel y el alcance de la  cobertura ofrecida por los sistemas de garantía se convierta en un instrumento competitivo; que,  por ello, es necesario estipular, al menos durante una fase inicial, que el nivel y alcance de la  cobertura que ofrezcan los sistemas de un Estado miembro de acogida a los depositantes de las  sucursales situadas en otro Estado miembro no superarán el nivel y alcance máximos ofrecidos por el  sistema correspondiente del Estado miembro de acogida; que dentro de unos años se deberán examinar  las posibles distorsiones del mercado, sobre la base de la experiencia adquirida y a la luz de los  cambios que experimente el sector bancario; Considerando que la presente Directiva exige que todas las entidades de crédito estén cubiertas por  un sistema de garantía de depósitos; que las Directivas que regulan la admisión de entidades de  crédito cuyo domicilio social se encuentre en terceros países y, en particular, la Primera  Directiva del Consejo 77/780/CEE, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las  entidades de crédito y a su ejercicio (1), permiten que los Estados miembros decidan si admiten que  las sucursales de dichas entidades de crédito operen en su territorio y en qué condiciones; que  dichas sucursales no se beneficiarán de la libre prestación de servicios con arreglo al apartado 2  del artículo 59 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento salvo en el Estado miembro en el  que están establecidas; que, en consecuencia, un Estado miembro que admita dichas sucursales debe  decidir la forma de aplicar los principios de la presente Directiva a dichas sucursales mediante un  procedimiento que sea conforme con el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE y  teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los depositantes y de asegurar la integridad del  sistema financiero; que es esencial que los depositantes de dichas sucursales estén plenamente  informados de las disposiciones que les son aplicables en materia de garantías; Considerando, por una parte, que el nivel mínimo garantizado que se establecerá en la presente  Directiva no debe dejar una proporción demasiado elevada de depósitos sin protección, tanto en  interés de la protección de los consumidores como de la estabilidad del sistema financiero; que,  por otra parte, sería inadecuado imponer en toda la Comunidad un nivel de protección que en algunos  casos podría alentar una gestión poco segura de las entidades de crédito; que debería tenerse en  cuenta el coste relativo a la financiación de los sistemas; que parece razonable establecer el  nivel mínimo armonizado de garantía en 20 000 ecus; que para que los sistemas se ajusten a esta  cifra podrán ser necesarias unas medidas transitorias limitadas; Considerando que algunos Estados miembros ofrecen a los depositantes una cobertura de sus depósitos  más elevada que el nivel mínimo armonizado de garantía establecido por la presente Directiva; que  no resulta oportuno imponer a estos sistemas, algunos de los cuales han sido creados recientemente  en aplicación de la Recomendación 87/63/CEE, modificaciones al respecto; Considerando que, cuando un Estado miembro estime que determinadas categorías de depósitos o de  depositantes enumerados específicamente no necesitan ninguna protección especial, deberá poder  excluirlos de la garantía ofrecida por los sistemas de garantía de depósitos; Considerando que en determinados Estados miembros los depósitos no disponibles no se reembolsan  completamente, con el fin de animar a los depositantes a prestar atención a la calidad de las  entidades de crédito; que tales prácticas deberían limitarse por lo que respecta a los depósitos  que estén por debajo del nivel mínimo armonizado; Considerando que se ha optado por el principio de un límite mínimo armonizado por depositante y no  por depósito; que, desde esta óptica, conviene tener en cuenta los depósitos realizados por  depositantes que, o bien no figuran como titulares de la cuenta, o bien no son los únicos  titulares; que el límite debe, por tanto, aplicarse a cuantos depositantes puedan identificarse;  que, no obstante, no debería aplicarse lo anterior a las instituciones de inversión colectiva  sujetas a normas específicas de protección que no existen para los depósitos antes señalados; Considerando que la información de los depositantes es un factor esencial para su protección y  debe, por tanto, quedar también sujeta a un mínimo de disposiciones vinculantes; que, no obstante,  la utilización no regulada, en la publicidad, de referencias a la cantidad y el alcance del sistema  de garantía de depósitos puede afectar a la estabilidad del sistema bancario o a la confianza de  los depositantes; que, por consiguiente, los Estados miembros deberían fijar normas que limiten  dichas referencias; Considerando que, en casos específicos, en determinados Estados miembros en los que no existe  ningún sistema de garantía de depósitos para determinadas categorías de entidades de crédito que  sólo reciben una parte mínima de depósitos, la instauración de un sistema de este tipo puede a  veces requerir un período de tiempo mayor que el fijado para la transposición de la Directiva; que,  en dichos casos, puede estar justificada una excepción transitoria a la obligación de acogerse a un  sistema de garantía de depósitos; que, sin embargo, en caso de que dichas entidades de crédito  operaran en el extranjero, los Estados miembros tendrían derecho a exigir que participaran en un  sistema de garantía constituido por ellos; Considerando que no es indispensable armonizar, en el marco de la presente Directiva, los métodos  de financiación de los sistemas de garantía de depósitos o de las propias entidades de crédito,  dado que, por una parte, los gastos de la financiación de estos sistemas deberían recaer, en  principio, en las propias entidades de crédito y, por otra parte, la capacidad financiera de dichos  sistemas debe ser proporcional a las obligaciones que les incumban; que ello no debe, sin embargo,  poner en peligro la estabilidad del sistema bancario del Estado miembro de que se trate; Considerando que la presente Directiva no puede tener por efecto que se comprometa la  responsabilidad de los Estados miembros o de sus autoridades competentes con los depositantes al  haber velado por la creación o por el reconocimiento oficial de uno o varios sistemas de garantía  de los depósitos o de las propias entidades de crédito y de indemnización o de protección de los  depositantes en las condiciones que define la presente Directiva; Considerando que la garantía de depósitos es un elemento fundamental para la realización del  mercado interior y un complemento imprescindible del sistema de supervisión de las entidades de  crédito por la solidaridad que crea entre todas las entidades de un mismo centro financiero, en el  caso de que una de ellas se encuentre en dificultades, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) depósito: cualquier saldo acreedor que proceda de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de  situaciones transitorias generadas por operaciones bancarias normales y que una entidad de crédito  tenga obligación de restituir en las condiciones legales y contractuales aplicables, así como  cualquier pasivo formalizado en un certificado de depósito emitido por esa entidad de crédito. Las acciones de las sociedades hipotecarias («building societies») del Reino Unido y de la  República de Irlanda que no constituyan capital con arreglo al artículo 2 se tratarán como  depósitos. No se considerarán depósitos las obligaciones que cumplan las condiciones enunciadas en el apartado  4 del artículo 22 de la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se  coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos  de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (1). A los efectos del cálculo de un saldo acreedor, los Estados miembros aplicarán sus normas y  reglamentos sobre compensaciones y reconvenciones recíprocas, con arreglo a las condiciones  jurídicas y contractuales aplicables al depósito. 2) cuenta en participación: una cuenta abierta a nombre de dos o más personas o sobre la que tengan  derechos dos o más personas y que pueda funcionar con la firma de una o más de ellas. 3) depósito no disponible: todo depósito que haya vencido y sea pagadero pero que no haya sido  pagado por una entidad de crédito con arreglo a las condiciones legales y contractuales aplicables  al respecto, cuando: i) las correspondientes autoridades competentes hayan determinado que, en su opinión, la entidad de  crédito de que se trate se encuentra de momento, por razones directamente relacionadas con su  situación financiera, en la imposibilidad de restituir los depósitos y no parece tener por el  momento perspectivas de poder hacerlo. Las autoridades competentes efectuarán dicha determinación lo antes posible y a más tardar 21 días  después de haber comprobado por primera vez que la entidad de crédito no ha logrado restituir los  depósitos vencidos y exigibles; ii) o una autoridad judicial haya adoptado una decisión, por razones directamente relacionadas con  las circunstancias financieras de la entidad de crédito, que tenga el efecto de suspender la  capacidad de los depositantes de reclamar contra dicha entidad, si esto ocurre antes de que haya  sido tomada la determinación mencionada en el inciso anterior; 4) entidad de crédito: una empresa cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros  fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia; 5) sucursal: una sede de explotación que constituye una parte desprovista de personalidad jurídica  de una entidad de crédito y que efectúa directamente, total o parcialmente, las operaciones  inherentes a la actividad de entidad de crédito; varias sedes de explotación creadas en el mismo  Estado miembro por una entidad de crédito que tenga su domicilio social en otro Estado miembro  serán consideradas como una sola sucursal. Artículo 2 Quedarán excluidos de cualquier reembolso con cargo a los sistemas de garantía: - con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8, los depósitos realizados por otras  entidades de crédito por cuenta propia y en su propio nombre; - todos los instrumentos que entren en la definición de «fondos propios» establecida en el artículo  2 de la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de  las entidades de crédito (1); - los depósitos que se originen en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena  penal por blanqueo de capitales, como se define en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del  Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero  para el blanqueo de capitales (2). Artículo 3 1. Cada Estado miembro velará por la implantación y el reconocimiento oficial en su territorio de  uno o más sistemas de garantía de depósitos. Excepto en los casos mencionados en el párrafo  siguiente y en el apartado 4, ninguna de las entidades de crédito aprobadas en dicho Estado miembro  con arreglo al artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE podrá recibir depósitos a menos que sea  miembro de uno de dichos sistemas. No obstante, los Estados miembros podrán eximir a una entidad de crédito de pertenecer a un sistema  de garantía de depósitos cuando la entidad de crédito pertenezca a un sistema que proteja a la  propia entidad de crédito y garantice, en particular, su liquidez y solvencia, garantizando de este  modo a los depositantes una protección al menos equivalente a la que ofrecen los sistemas de  garantía de depósitos, y que, en opinión de las autoridades competentes, cumpla las condiciones  siguientes: - que el sistema exista y esté reconocido oficialmente en el momento de la adopción de la presente  Directiva; - que el sistema tenga como objetivo evitar que puedan quedar indisponibles los depósitos  efectuados en las entidades de crédito incluidas en ese sistema y disponga de los medios necesarios  para ello; - que el sistema no consista en una garantía concedida a las entidades de crédito por el propio  Estado miembro o por las autoridades locales o regionales de éste; - que el sistema garantice a los depositantes información con arreglo a las modalidades y  condiciones definidas en el artículo 9 de la presente Directiva. Los Estados miembros que hagan uso de esa facultad informarán de ello a la Comisión; comunicarán,  en particular, las características de los sistemas de protección y las entidades de crédito  cubiertas por los sistemas, así como cualquier modificación posterior de la información  transmitida. La Comisión informará de ello al Comité consultivo bancario. 2. Si una entidad de crédito no cumpliere las obligaciones que le incumben como miembro de un  sistema de garantía de depósitos, se informará de ello a las autoridades competentes que hayan  concedido la aprobación, las cuales, en colaboración con dicho sistema de garantía, tomarán las  medidas necesarias, incluida la imposición de sanciones, para garantizar que la entidad de crédito  de que se trate cumpla sus obligaciones. 3. Si con dichas medidas no se consiguiere garantizar que la entidad de crédito cumpla sus  obligaciones, el sistema podrá, cuando la legislación nacional permita la exclusión de un miembro,  con el acuerdo explícito de las autoridades competentes, notificar a la entidad de crédito su  decisión de excluirla del sistema, con una antelación de al menos doce meses. Los depósitos  realizados antes de expirar el período de notificación seguirán estando plenamente amparados por el  sistema. Si, tras la expiración del plazo de notificación, la entidad de crédito no hubiere  cumplido sus obligaciones, el sistema de garantía podrá, siempre con el acuerdo explícito de las  autoridades competentes, proceder a la exclusión. 4. Cuando la legislación nacional lo permita, y con el acuerdo explícito de las autoridades  competentes que hayan concedido la aprobación, una entidad de crédito excluida de un sistema de  garantía de depósitos podrá seguir aceptando depósitos si, antes de su exclusión, ha tomado medidas  de garantía alternativas que garanticen que los depositantes gozarán de una protección de nivel y  alcance al menos equivalentes a los ofrecidos por el sistema oficialmente reconocido. 5. Si una entidad de crédito cuya exclusión se proponga con arreglo al apartado 3 no pudiera  adoptar medidas alternativas que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 4, las  autoridades competentes que hayan concedido la aprobación la cancelarán en el acto. Artículo 4 1. Los sistemas de garantía de depósitos establecidos y reconocidos oficialmente en un Estado  miembro de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 cubrirán a los depositantes de las  sucursales creadas por las entidades de crédito en otros Estados miembros. Hasta el 31 de diciembre de 1999, ni el nivel ni el alcance, porcentaje incluido de la cobertura  proporcionada será superior al nivel o al alcance máximo de la cobertura que ofrezca el  correspondiente sistema de garantía del Estado miembro de acogida en su territorio. Antes de dicha fecha, la Comisión elaborará un informe sobre la base de la experiencia adquirida en  la aplicación del segundo párrafo y estudiará la necesidad de que sigan vigentes sus disposiciones.  Si resulta adecuado, la Comisión presentará una propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y al  Consejo acerca de la prolongación de su validez. 2. Cuando el nivel o el alcance, incluido el porcentaje, de la cobertura ofrecida por el sistema o  sistemas de garantía del Estado miembro de acogida sean superiores al nivel o al alcance de la  cobertura proporcionada en el Estado miembro en el que esté autorizada la entidad de crédito, el  Estado de acogida velará por que en su territorio exista un sistema de garantía de depósitos  reconocido oficialmente al que pueda acogerse voluntariamente una sucursal con el fin de completar  la garantía de que ya disfruten sus depositantes en virtud de su pertenencia al sistema del Estado  miembro de origen. El sistema al que se acoja la sucursal deberá cubrir la categoría de entidad a la que pertenezca o  con la que más se corresponda en el Estado miembro de acogida. 3. Los Estados miembros velarán por que se establezcan condiciones objetivas y de aplicación  general para el ingreso de las sucursales en el sistema de un Estado miembro de acogida con arreglo  al apartado 2. La admisión estará supeditada al cumplimiento de las obligaciones pertinentes  derivadas del ingreso, incluido en particular el pago de cualesquiera contribuciones y demás  cargas. Los Estados miembros, al aplicar este apartado, seguirán las orientaciones que figuran en  el Anexo II. 4. Si una de las sucursales acogidas al ingreso voluntario previsto en el apartado 2 no cumpliere  las obligaciones que le incumben como miembro de un sistema de garantía de depósitos, se informará  de ello a las autoridades competentes que hayan concedido la aprobación, las cuales, en  colaboración con el sistema de garantía, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el  cumplimiento de las mencionadas obligaciones. Si con dichas medidas no se consiguiere garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, y  transcurrido el plazo de notificación oportuno, que no será inferior a 12 meses, el sistema de  garantía podrá excluir a la sucursal, con el acuerdo de las autoridades competentes que hayan  concedido la aprobación. Los depósitos realizados antes de la fecha de exclusión seguirán estando  amparados por el sistema voluntario hasta la fecha de su vencimiento. La retirada de la cobertura  suplementaria se comunicará a los depositantes. 5. A más tardar el 31 de diciembre de 1999, la Comisión elaborará un informe sobre el  funcionamiento de los apartados 2, 3 y 4 y, en su caso, propondrá modificaciones de los mismos. Artículo 5 Los depósitos existentes en el momento de la retirada a una entidad de crédito de la aprobación  concedida con arreglo al artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE seguirán estando amparados por el  sistema de garantía. Artículo 6 1. Los Estados miembros comprobarán si las sucursales establecidas por entidades de crédito cuyo  domicilio social se encuentre fuera de la Comunidad gozan de una cobertura equivalente a la  estipulada en la presente Directiva. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE, los Estados  miembros podrán prever que, cuando ello no sea así, las sucursales creadas por entidades de crédito  cuyo domicilio social se encuentre fuera de la Comunidad se adhieran a un sistema de garantía de  depósitos existente en su territorio. 2. Los depositantes reales y potenciales de sucursales establecidas por entidades de crédito cuya  sede social se encuentre fuera de la Comunidad recibirán de su entidad de crédito toda la  información pertinente relativa a las disposiciones en materia de garantía aplicables a sus  depósitos. 3. La información a que se refiere el apartado 2 se ofrecerá, del modo previsto en el Derecho  nacional, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que esté establecida la sucursal y  estará redactada de manera clara y comprensible. Artículo 7 1. Los sistemas de garantía de depósitos dispondrán que, en el supuesto de depósitos no  disponibles, se asegure una cobertura de hasta 20 000 ecus para los depósitos agregados de un mismo  depositante. Hasta el 31 de diciembre de 1999, los Estados miembros en los que en el momento de adopción de la  presente Directiva, los depósitos no estuvieran cubiertos a un nivel de 20 000 ecus podrán mantener  el importe máximo previsto en sus sistemas de garantía, sin que dicho importe pueda ser inferior a  15 000 ecus. 2. Los Estados miembros podrán disponer que determinados depositantes, o determinados depósitos,  queden excluidos de la garantía o cuenten con una cobertura inferior. La lista de estas exclusiones  figura en el Anexo I. 3. El presente artículo no supondrá un obstáculo para el mantenimiento o la adopción de  disposiciones que ofrezcan una cobertura de los depósitos más elevada o más completa. En  particular, los sistemas de garantía de depósitos podrán cubrir totalmente determinadas categorías  de depósitos por razones de carácter social. 4. Los Estados miembros podrán limitar la garantía contemplada en el apartado 1, o la indicada en  el apartado 3, a un determinado porcentaje de los depósitos. No obstante, el porcentaje garantizado  deberá ser igual o superior al 90 % de los depósitos agregados, hasta que el importe que deba  pagarse con arreglo a la garantía alcance el importe señalado en el apartado 1. 5. El importe contemplado en el apartado 1 será objeto de un reexamen periódico, al menos cada 5  años, por parte de la Comisión. Ésta presentará, en su caso, una propuesta de Directiva al  Parlamento Europeo y al Consejo para adaptar el importe contemplado en el apartado 1, teniendo en  cuenta principalmente la evolución del sector bancario y la situación económica y monetaria en la  Comunidad. El primer examen no tendrá lugar antes de transcurridos 5 años a partir del final del  período mencionado en el párrafo segundo del apartado 1. 6. Los Estados miembros velarán por que los depositantes puedan hacer valer sus derechos a una  indemnización mediante una acción legal contra el sistema de garantía de depósitos. Artículo 8 1. Los límites contemplados en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 7 se aplicarán al total de los  depósitos agregados en la misma entidad de crédito, con independencia del número de depósitos, la  divisa y la localización en la Comunidad. 2. Para calcular los límites contemplados en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 7, se tomará en  consideración la parte correspondiente a cada depositante en una cuenta en participación. Salvo disposiciones particulares, dicha cuenta se dividirá en partes iguales entre los  depositantes. Los Estados miembros podrán disponer que los depósitos en una cuenta a la que tengan derecho dos o  más personas como miembros de una asociación con fines lucrativos o cualquier agrupación de índole  similar, desprovistas de personalidad jurídica, puedan acumularse y tratarse como establecidos por  un depositante único a efectos del cálculo de los límites estipulados en los apartados 1, 3 y 4 del  artículo 4. 3. Cuando el depositante no sea el beneficiario legal de las cantidades depositadas en una cuenta,  la garantía protegerá al beneficiario legal siempre que éste haya sido identificado o sea  identificable antes de la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación descrita  en el inciso i) del punto 3 del artículo 1 o en que la autoridad judicial adopte la decisión  descrita en el inciso ii) del punto 3 de dicho artículo. Cuando haya varios beneficiarios legales,  al calcularse los límites que establecen los apartados 1, 3 y 4 del artículo 7 se tendrá en cuenta  la participación de cada uno de ellos según las reglas por las que se gestionen las cantidades. La presente disposición no será aplicable a los organismos de inversión colectiva. Artículo 9 1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito pongan a disposición de sus  depositantes reales y potenciales la información necesaria para identificar el sistema de garantía  al que pertenecen la entidad y sus sucursales dentro de la Comunidad o cualquier otra medida  establecida en virtud del segundo párrafo del apartado 1 o del apartado 4 del artículo 3. Se  informará a los depositantes acerca de las disposiciones del sistema de garantía de depósitos o de  toda medida alternativa aplicable, incluidos el importe y el alcance de la cobertura ofrecida por  el sistema de garantía. Dicha información se presentará en una forma fácilmente comprensible. Además, previa solicitud, se informará de las condiciones de indemnización y de las formalidades  necesarias para ser indemnizado. 2. La información contemplada en el apartado 1 se presentará, del modo previsto en el Derecho  nacional, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté establecida la  sucursal. 3. Los Estados miembros establecerán normas que limiten la utilización, con fines publicitarios, de  la información a la que se refiere el apartado 1, con el fin de evitar que dicha utilización afecte  a la estabilidad del sistema bancario o a la confianza de los depositantes. En particular, los  Estados miembros podrán limitar dicha publicidad a una simple referencia al sistema al que  pertenezcan las entidades de crédito. Artículo 10 1. Los sistemas de garantía de depósitos deberán estar en condiciones de satisfacer las  reclamaciones debidamente comprobadas de los depositantes con respecto a depósitos no disponibles  dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que las autoridades competentes tomen la  determinación a que se refiere el inciso i) del punto 3 del artículo 1, o la autoridad judicial  adopte la decisión descrita en el inciso ii) del punto 3 de dicho artículo. 2. En circunstancias absolutamente excepcionales y para casos particulares, el sistema de garantía  podrá solicitar a las autoridades competentes una prórroga del plazo. Dicha prórroga no podrá ser  superior a tres meses. Las autoridades competentes, a petición del sistema de garantía, podrán  conceder, como máximo, dos nuevas prórrogas, no pudiendo ser ninguna de ellas superior a tres  meses. 3. El sistema de garantía no podrá acogerse a los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2 para  denegar el beneficio de la garantía a un depositante que no haya podido hacer valer a tiempo su  reclamación de un pago en concepto de garantía. 4. Los documentos relativos a las condiciones y formalidades que deban cumplirse para beneficiarse  de los pagos correspondientes a la garantía mencionada en el apartado 1 se redactarán de manera  detallada, del modo previsto en el Derecho nacional, en la lengua o lenguas oficiales del Estado  miembro en que se halle el depósito garantizado. 5. No obstante el plazo estipulado en los apartados 1 y 2, cuando un depositante o cualquier  persona que tenga derechos o un interés sobre las cantidades colocadas en una cuenta haya sido  acusado de un delito procedente o relativo al blanqueo de capitales, como se define en el artículo  1 de la Directiva 91/308/CEE, el sistema de garantía podrá suspender todos los pagos a la espera de  la sentencia del tribunal. Artículo 11 Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que puedan tener en virtud del Derecho nacional, los  sistemas que efectúan pagos con arreglo a la garantía tendrán derecho a subrogarse a los derechos  de los depositantes en los procedimientos de liquidación, hasta un importe equivalente al de los  pagos realizados por ellos. Artículo 12 No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las entidades de crédito autorizadas en España o en  Grecia que figuran en el Anexo III estarán exentas de la obligación de acogerse a un sistema de  garantía de depósitos hasta el 31 de diciembre de 1999. Dichas entidades de crédito informarán de forma explícita a sus depositantes reales y potenciales  de que su entidad no es miembro de un sistema de garantía de depósitos. Durante dicho período, en caso de que dichas entidades establecieran o hubieran establecido una  sucursal en otro Estado miembro, éste podrá exigir que dicha sucursal se acoja, en las condiciones  que se establecen en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4, a un sistema de protección de depósitos  constituido en su territorio. Artículo 13 En la lista de entidades de crédito autorizadas que debe elaborar con arreglo al apartado 7 del  artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE, la Comisión indicará la situación de cada entidad de crédito  en relación con la presente Directiva. Artículo 14 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más  tardar el 1 de julio de 1995. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente  Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de  Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 15 La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las  Comunidades Europeas. Artículo 16 Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 1994. Por el Parlamento Europeo El Presidente E. KLEPSCH Por el Consejo El Presidente G. ROMEOS (1) DO n° C 163 de 30. 6. 1992, p. 6; y DO n° C 178 de 30. 6. 1993, p. 14. (2) DO n° C 332 de 16. 12. 1992, p. 13. (3) DO n° C 115 de 26. 4. 1993, p. 96; y Decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 (DO  n° C 91 de 28. 3. 1994). (4) DO n° L 33 de 4. 2. 1987, p. 16. (5) DO n° L 386 de 30. 12. 1989, p. 1; Directiva modificada por última vez por la Directiva  89/646/CEE. (1) DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30; Directiva cuya última modificación la constituye la  Directiva 89/646/CEE (DO n° L 386 de 30. 12. 1989, p. 1). (1) DO n° L 375 de 31. 12. 1985, p. 3; Directiva cuya última modificación la constituye la  Directiva 88/220/CEE (DO n° L 100 de 19. 4. 1988, p. 31). (1) DO n° L 124 de 5. 5. 1989, p. 16; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva  92/16/CEE (DO n° L 75 de 21. 3. 1992, p. 48). (2) DO n° L 166 de 28. 6. 1991, p. 77.  ANEXO I Lista de las exclusiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 1.  Depósitos de las entidades financieras a que se refiere el apartado 6 del artículo 1 de la  Directiva 89/646/CEE. 2. Depósitos de las empresas de seguros. 3. Depósitos del Estado y de las administraciones centrales. 4. Depósitos de las administraciones públicas regionales, provinciales, municipales o locales. 5. Depósitos de los organismos de inversión colectiva. 6. Depósitos de los fondos de pensiones o jubilación. 7. Depósitos de los administradores, directivos, socios con responsabilidad personal, accionistas  que posean al menos el 5 % del capital de la entidad de crédito, personas encargadas de la  auditoría de las cuentas de la entidad de crédito y depositantes que tengan una situación similar  en otras sociedades del mismo grupo. 8. Depósitos de los parientes próximos y de terceros que actúen por cuenta de los depositantes  señalados en el punto 7. 9. Depósitos de otras empresas del mismo grupo. 10. Depósitos no nominativos. 11. Depósitos por los cuales el depositante haya obtenido de una entidad de crédito, a título  personal, tipos de interés y descuentos financieros que hayan contribuido a agravar la situación  financiera de dicha entidad de crédito. 12. Títulos de deuda emitidos por dicha entidad de crédito y obligaciones derivadas de aceptaciones  propias y pagarés. 13. Depósitos en monedas distintas: - de las de los Estados miembros, - del ecu. 14. Depósitos de empresas que, por sus dimensiones, no estén autorizadas a presentar balances  abreviados, de conformidad con el artículo 11 de la Cuarta Directiva del Consejo, de 25 de julio de  1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas  anuales de determinadas formas de sociedad (1). (1) DO n° L 222 de 14. 8. 1978, p. 11; Directiva modificada por última vez por la  Directiva 90/605/CEE (DO n° L 317 de 16. 11. 1990, p. 60).  ANEXO II Principios rectores Cuando una sucursal solicite ingresar en un sistema de un  Estado miembro de acogida para obtener una cobertura suplementaria, el sistema de acogida  determinará bilateralmente con el sistema del Estado miembro de origen las normas y procedimientos  adecuados para indemnizar a los depositantes de dicha sucursal. Tanto para la redacción de dichos  procedimientos como para el establecimiento de las condiciones de ingreso de dichas sucursales  (como se indica en el apartado 2 del artículo 4), se aplicarán los siguientes principios: a) el sistema del Estado miembro de acogida conservará pleno derecho para imponer sus normas  objetivas y de aplicación general a las entidades de crédito participantes; dispondrá de la  facultad de recabar la información pertinente y tendrá derecho a controlar dicha información con  las autoridades competentes del Estado miembro de origen; b) el sistema del Estado de acogida responderá a las reclamaciones de indemnización suplementaria  tras obtener la declaración de las autoridades competentes del Estado miembro de origen de que los  depósitos no están disponibles. El sistema del Estado miembro de acogida conservará el pleno  derecho de comprobar los derechos de un depositante con arreglo a sus propias normas y  procedimientos antes de conceder indemnizaciones suplementarias; c) los sistemas del Estado miembro de acogida y del Estado miembro de origen cooperarán plenamente  para garantizar que los depositantes reciban indemnización rápidamente y en la cuantía correcta. En  particular, se pondrán de acuerdo sobre el modo en que la existencia de una reconvención que pueda  ocasionar una compensación con arreglo a uno de los sistemas afectará a la indemnización pagada al  depositante por cada sistema; d) los sistemas del Estado miembro de acogida tendrán el derecho de imponer un recargo a las  sucursales por la cobertura suplementaria, con arreglo a una base adecuada que tome en  consideración las garantías sufragadas por el sistema del Estado miembro de origen. Para facilitar  la imposición del recargo, el sistema del Estado miembro de acogida tendrá el derecho de considerar  que su responsabilidad se limitará, en cualquier caso, al suplemento de garantía que ofrece en  comparación con la garantía ofrecida por el Estado miembro de origen, con independencia de que el  Estado miembro de origen pague realmente algún tipo de indemnización en relación con los depósitos  establecidos en el territorio del Estado miembro de acogida.  ANEXO III Lista de las entidades de crédito contempladas en el artículo 12 a) las  categorías especializadas de entidades de crédito españolas, cuyo estatuto jurídico está  actualmente en reestructuración, autorizadas como - Entidades de Financiación o Factoring, - Sociedades de Arrendamiento Financiero, - Sociedades de Crédito Hipotecario; b) las entidades de crédito públicas españolas siguientes: - Banco de Crédito Agrícola, SA, - Banco Hipotecario de España, SA, - Banco de Crédito Local, SA; c) las cooperativas de crédito griegas siguientes: - Cooperativa de Crédito de Lamia, - Cooperativa de Crédito de Ioannina, - Cooperativa de Crédito de Xylocastron; así como las cooperativas de crédito de naturaleza similar mencionadas a continuación que estén  autorizadas o en vías de conseguir la autorización en la fecha de adopción de la presente  Directiva: - Cooperativa de Crédito de La Canea, - Cooperativa de Crédito de Heraklion, - Cooperativa de Crédito de Magnesia, - Cooperativa de Crédito de Larisa, - Cooperativa de Crédito de Patrás, - Cooperativa de Crédito de Tesalónica.


Avis juridique important

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31968L0363

Directiva 68/363/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a la realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas del comercio minorista (ex grupo 612 CITI)

Diario Oficial n° L 260 de 22/10/1968 p. 0001 - 0005 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 1 p. 0064  Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1968(II) p. 0488  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 1 p. 0064  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1968(II) p. 0496  Edición especial griega: Capítulo 06 Tomo 1 p. 0087  Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 1 p. 0086  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 1 p. 0086

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 15 de octubre de 1968    relativa a la realización de la libertad   de establecimiento y de la libre prestación de   servicios para las actividades no asalariadas del   comercio minorista ( ex grupo 612 CITI )     ( 68/363/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , los apartados 2   y 3 de su artículo 54 y los apartados 2 y 3 de su   artículo 63 ,    Visto el Programa general para la supresión de las   restricciones a la libertad de establecimiento (1) y ,   en particular , su Título IV C ,    Visto el Programa general para la supresión de las   restricciones a la libre prestación de servicios (2)   y , en particular , su Título V C ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (4) ,    Considerando que los Programas generales prevén ,   una vez transcurrido el segundo año de la segunda etapa   del período transitorio y antes de que transcurra   la segunda etapa , la supresión , en materia de   establecimiento y de prestación de servicios en el   sector del comercio minorista , de todo trato   discriminatorio basado en la nacionalidad ;    Considerando que , habida cuenta de las diferencias   existentes entre los Estados miembros en materia de   comercio minorista , interesa determinar lo más   exactamente posible las actividades a las que se aplica   la presente Directiva ;    Considerando que serán liberalizadas por una Directiva   posterior las actividades comerciales de los vendedores   ambulantes y buhoneros , incluidas las actividades de   quienes venden en mercados no cubiertos y de   quienes , en mercados cubiertos , venden con instalaciones   no fijadas al suelo de forma estable ;    Considerando que quedan comprendidas en el ámbito de   aplicación de la presente Directiva las actividades de   arrendamiento de mercancías no consignadas en   otras directivas ;    Considerando que la reventa o el arrendamiento de   mercancías pueden hacerse no sólo a particulares o   a familias para su consumo privado sino también a   pequeños usuarios , para la satisfacción de sus   necesidades profesionales , cuando dicha reventa   o arrendamiento sólo tenga una importancia secundaria   en el marco del conjunto de las actividades del   comercio minorista ;    Considerando que quedan comprendidos asimismo en el   ámbito de aplicación de la presente Directiva la   reventa o el arrendamiento de mercancías que hayan sido   sometidas a transformación , tratamiento o   acondicionamiento , cuando dichas operaciones se   practiquen usualmente en la actividad de que se trate ;    Considerando que el apartado 3 del artículo 2 de   la Directiva del Consejo , de 7 de julio de 1964 ,   relativa a la realización de la libertad de   establecimiento y de la libre prestación de servicios   para las actividades no asalariadas en las industrias   extractivas ( clases 11 - 19 CITI ) (5) , y el apartado 2   artículo 2 de la Directiva del Consejo , de 7 de   julio de 1964 , relativa a la realización de la   libertad de establecimiento y de la libre prestación   de servicios para las actividades de transformación   no asalariadas incluidas en las clases 23 - 40 CITI   ( Industria y artesanía ) (6) , limitan el derecho del   productor que se establece como tal en otro Estado miembro   y que vende allí sus propios productos a la venta   en un único establecimiento situado en el país de   producción , en tanto el comercio de esos productos   no sea liberalizado en virtud de otras directivas ;    Considerando que la entrada en vigor de la presente   Directiva liberalizará el comercio minorista de un   gran número de productos ; que , por consiguiente ,   ya no se aplicará a esos productos la limitación   de venta a un único establecimiento situado en el   país de producción ; que , en consecuencia , el   fabricante que , basándose en las Directivas del   Consejo , de 7 de julio de 1964 , aquí contempladas , se   establezca en otro Estado miembro , estará autorizado ,   con arreglo a estas mismas Directivas , a vender sus   propios productos en varios establecimientos de dicho   Estado miembro , siempre que el comercio esté   liberalizado ;    Considerando que la presente Directiva tendrá asimismo   por efecto que el productor industrial o artesanal pueda   establecerse en otro Estado miembro , no como productor ,   sino para vender allí sus propios productos   directamente al consumidor final en uno o más   establecimientos , a partir del momento en que el   comercio minorista de estos productos quede liberalizado   por la presente Directiva ;    Considerando que deben incluirse asimismo en el ámbito   de aplicación de la presente Directiva las actividades   de venta al por menor en pública subasta ;    Considerando que la presente Directiva no se aplicará   al comercio minorista de medicamentos y de productos   farmacéuticos ; que dichas actividades se liberalizarán   en fecha posterior , con arreglo a los Programas generales ;    Considerando que , habida cuenta de las diferencias   existentes entre los Estados miembros en lo que se   refiere a la organización de la venta al por menor   de tabaco y de sal , procede no incluir dichas   actividades en la presente Directiva ;    Considerando que la presente Directiva no se aplicará   tampoco al comercio minorista de productos tóxicos y de   agentes patógenos ; que , en relación con estas   actividades , se plantean problemas especiales   relacionados con la protección de la salud pública ,   habida cuenta de las disposiciones legales , reglamentarias   y administrativas en vigor en los Estados miembros ;    Considerando que , con arreglo a lo dispuesto en el   Programa general para la supresión de las restricciones   a la libertad de establecimiento , deben eliminarse las   restricciones relativas a la facultad de afiliarse   a organizaciones profesionales , en la medida en que   las actividades profesionales del interesado   impliquen el ejercicio de dicha facultad ;    Considerando que el régimen aplicable a los trabajadores   asalariados que acompañen al prestador de servicios o que   actúen por cuenta de éste , está recogido en las   disposiciones adoptadas en aplicación de los artículos 48   y 49 del Tratado ;    Considerando que se han adoptado o se adoptarán   directivas especiales , aplicables a todas las actividades   no asalariadas , relativas a las disposiciones referentes   al desplazamiento y a la estancia de los beneficiarios   así como , en la medida necesaria , directivas relativas   a la coordinación de las garantías que los   Estados miembros exigen a las sociedades para proteger   los intereses tanto de los socios como de terceros ;    Considerando además que , en determinados Estados   miembros , el comercio minorista de diversos productos   está regulado por disposiciones relativas al acceso   a la profesión y que otros Estados miembros aplicarán ,   en su caso , dichas disposiciones ; que por esta   razón , serán objeto de una Directiva especial   determinadas medidas transitorias destinadas a   facilitar a los nacionales de los otros Estados   miembros el acceso a la profesión y su ejercicio ;    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    Los Estados miembros suprimirán , en favor de las   personas físicas y de las sociedades mencionadas en   el Título I de los Programas generales para la   supresión de las restricciones a la libertad de   establecimiento y a la libre prestación de servicios ,   en lo sucesivo denominadas beneficiarios , las restricciones   señaladas en el Título III de los citados programas ,   en lo que se refiere al acceso a las actividades   mencionadas en los artículos 2 y 3 y al ejercicio de   las mismas .    Artículo 2    1 . Las disposiciones de la presente Directiva se   aplicarán a las actividades no asalariadas del comercio   minorista ( ex grupo 1612 CITI ) (7) , con excepción del   comercio de medicamentos y productos farmacéuticos , el   de productos tóxicos y agentes patógenos , así como   el de tabaco y sal .    Las disposiciones de la presente Directiva no se   aplicarán a las actividades comerciales ejercidas por   los comerciantes ambulantes y los buhoneros . Tampoco se   aplicarán a las actividades de quienes vendan en   mercados no cubiertos , ni de quienes , en mercados   cubiertos , vendan con instalaciones no fijadas al   suelo de forma estable , aun en el caso de que   tales actividades no estén sometidas a las disposiciones   nacionales obre comerciantes ambulantes o buhoneros .    La presente Directiva no se aplicará al examen que se   haga de los órganos de la vista , del oído o de   otros órganos o partes del cuerpo humano la adaptación ,   ajuste y venta de aparatos correctores de defectos   visuales o auditivos o de aparatos ortopédicos .    2 . Con arreglo a la presente Directiva , ejercerá una   actividad del comercio minorista cualquier persona   física o sociedad que , a título habitual y   profesional , compre mercancías en nombre y por cuenta   propios y las revenda directamente al consumidor final .    Las mercancías podrán ser revendidas en el estado   en que se encuentran o después de la transformación ,   el tratamiento o el acondicionamiento que se practiquen   habitualmente en el comercio minorista .    3 . Las disposiciones de la presente Directiva se   aplicarán asimismo a las actividades de venta al por   menor de los fabricantes que , sin estar establecidos   como productores en el país de acogida , vendan   allí directamente su producción al consumidor final .    4 . Las disposiciones de la presente Directiva se   aplicarán asimismo , en las mismas condiciones que para   las actividades de venta contempladas en los apartados   precedentes , a las actividades de arrendamiento de   mercancías , en la medida en que éstos no estén   comprendidos en el ámbito de aplicación de otras   directivas . La lista de actividades de arrendamiento   excluidas por tal concepto figura en el Anexo .    Artículo 3    Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán   asimismo a las actividades no asalariadas del intermediario   que , a título habitual y profesional , realice subastas   al por menor por cuenta ajena .    Artículo 4    Se exceptuarán de la aplicación de lo dispuesto en   la presente Directiva , en lo que se refiere al Estado   miembro interesado , las actividades que en dicho   Estado participen en el ejercicio del poder   público . Se trata de las siguientes :    en Francia    Las ventas en pública subasta de objetos muebles y   de mercancías por funcionarios públicos o   ministeriales .    en Italia    Las ventas en pública subasta de mercancías por   « mediatori » en ejercicio de una función   pública .    en Alemania , Bélgica , Luxemburgo y Países Bajos    La participación del alguacil y del notario en las   ventas en pública subasta .    Artículo 5    1 . Los Estados miembros suprimirán las restricciones   que , en particular :    a ) impidan a los beneficiarios establecerse en el   país de acogida o prestar en él servicios en iguales   condiciones y con los mismos derechos que los nacionales ;    b ) resulten de una práctica administrativa que tenga   por efecto la aplicación a los beneficiarios de un   trato que sea discriminatorio en relación con el   aplicado a los nacionales .    2 . Entre las restricciones que deben suprimirse figuran   especialmente las que son objeto de disposiciones que   prohíben o limitan el establecimiento o la prestación   de servicios a los beneficiarios de la forma siguiente :    a ) en Bélgica    Por la obligación de poseer una « carte   professionnelle » ( carnet profesional ) ( artículo 1   de la Ley de 19 de febrero de 1965 ) .    b ) en Alemania     - Por el hecho de que la concesión de la   autorización para la venta al por menor de explosivos   por parte de los extranjeros se supedite , en determinados   « Laender » , a la prueba de necesidad , y en   otros « Laender » , a la obligatoriedad de una   residencia de más de tres , años en la República   Federal de Alemania .     - Por la condición para las personas físicas ,   de poseer la nacionalidad alemana para la venta al por   menor de armas y sus municiones , con arreglo a la   « Waffengesetz » de 18 de marzo de 1938 ( § 7   párrafo 2 y § 3 párrafo 2 de la   « Waffengesetz » ) .     - Por la prohibición de conceder autorización para el   ejercicio del comercio al por menor de armas y de sus   municiones , a las personas jurídicas extranjeras y   nacionales cuyo capital se encuentra mayoritariamente   bajo control extranjero ( § 10 del Reglamento de   ejecución de la « Waffengesetz » de 19 de   marzo de 1938 ) .    c ) en Francia     - Por la obligación de poseer una « carte   d'identité d'étranger commerçant » ( documento   de identidad de comerciante extranjero )   ( « Décret-loi » de 12 de noviembre , Ley de   8 de octubre de 1940 ) .     - Por la exclusión del derecho de prórroga en los   arrendamientos de locales de negocios ( « Décret »   de 30 de septiembre de 1953 , artículo 38 ) ,     - Por la condición de reciprocidad exigida a los   extranjeros para ejercer el comercio de palomas   mensajeras ( Ley de 27 de junio de 1957 , « Décret »   de 22 de abril de 1958 ) .     - Por la necesidad de poseer la nacionalidad francesa   ( o , para las sociedades , de justificar dicha condición   en el caso de los socios , los socios industriales   ( en las sociedades comanditarias ) , los socios   comanditarios y los gerentes de las sociedades de   personas , los administradores y directores centrales   de las sociedades por acciones ) para poder obtener   autorización para el ejercicio del comercio de armas de   fuego llamadas de defensa y de sus municiones   ( artículo 2 del « Décret-loi » de 18 de abril   de 1939 , artículo 1 del « Décret » A de 14 de   agosto de 1939 , artículos 9 y 6 del « Décret »   B de 14 de agosto de 1939 ) .     - Por la necesidad para con las sociedades   titulares de licencias especiales de importación de   productos acabados derivados del petróleo que se   ocupen del despacho al consumo de los mismos , de que el   presidente del Consejo de Administración , el   presidente-director general y la mayoría de los miembros   del Consejo de Administración sean de nacionalidad   francesa , y por la exigencia , para con el titular , de   reservar para personal francés una parte de las   direcciones administrativa , técnica y comercial de   su empresa ( « Décret » n º 65 - 144 de 26 de   febrero de 1965 ) .    d ) en Italia    Por la necesidad de obtener una autorización de   carácter excepcional , en el caso de los extranjeros ,   para acceder a las actividades del comercio de palomas   mensajeras y al ejercicio de las mismas ( Ley de 13   de diciembre de 1928 , n º 3086 ) .    e ) en Luxemburgo    Por la duración limitada de las autorizaciones   concedidas a los extranjeros ( artículo 21 de la   Ley de 2 de junio de 1962 ) .    Artículo 6    1 . Los Estados miembros velarán por que los   beneficiarios tengan el derecho de afiliarse a las   organizaciones profesionales en iguales condiciones y   con los mismos derechos y obligaciones que los nacionales .    2 . El derecho de afiliación implicará , en caso   de establecimiento , la elegibilidad o el derecho de ser   nombrado para los puestos de dirección de la   organización profesional . No obstante , estos puestos   de dirección podrán reservarse para los nacionales   cuando la organización de que se trate   participe , en virtud de disposición legal o   reglamentaria , en el ejercicio del poder público .    3 . En el Gran Ducado de Luxemburgo , la   condición de afiliado a la Cámara de Comercio y   a la Cámara de Oficios no implicará , para los   beneficiarios , el derecho de participar en la   elección de los órganos de gestión .    Artículo 7    Los Estados miembros no concederán , a aquéllos   de sus nacionales que se trasladen a otro Estado   miembro para ejercer alguna de las actividades contempladas   en los artículos 2 y 3 , ninguna ayuda que pueda   falsear las condiciones de establecimiento .    Artículo 8    1 . Cuando un Estado miembro de acogida exije a sus   nacionales , para el acceso a alguna de las actividades   contempladas en los artículos 2 y 3 , una prueba de   honorabilidad y la prueba de no haber sido objeto   anteriormente de una declaración de quiebra , o una de   estas dos pruebas solamente , aceptará como prueba   suficiente , para los nacionales de los otros Estados   miembros , la presentación de un certificado de   antecedentes penales o , en su defecto , de un   documento equivalente expedido por una autoridad   judicial o administrativa competente del país de   origen o de procedencia del que resulte que se cumplen   dichas exigencias .    Cuando el país de origen o de procedencia no   expida dicho documento , en sobre inexistencia de   quiebra , éste podrá ser sustituido por una   declaración jurada realizada por el interesado   ante una autoridad judicial o administrativa , un   notario o un organismo profesional cualificado del   país de origen o de procedencia .    2 . Cuando un Estado miembro exija a sus nacionales ,   para el acceso a la actividad del comercio al por menor de   armas , municiones y explosivos , y para la venta al   por menor de bebidas alcohólicas y de leche a granel ,   determinadas condiciones de moralidad o de honorabilidad   cuya prueba no pueda aportarse con el documento   contemplado en el párrafo primero del apartado 1 ,   aceptará como prueba suficiente , para los   nacionales de los otros Estados miembros , una   certificación expedida por una autoridad judicial   o administrativa competente del país de origen   o de procedencia en la que se acredite que se cumplen   dichas condiciones . La certificación hará   referencia a los hechos precisos que se tomen en   consideración en el país de acogida .    3 . Los documentos que se expidan deberán presentarse   dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su   expedición .    4 . Los Estados miembros designarán , en el plazo   previsto en el artículo 9 , las autoridades y   organismos competentes para la expedición de los   documentos anteriormente citados e informarán de ello   inmediatamente a los otros Estados miembros y a la   Comisión .    5 . Cuando , en el Estado miembro de acogida , deba   probarse la capacidad financiera , dicho Estado   considerará que las certificaciones expedidas por   los bancos del país de origen o de procedencia son   equivalentes a las expedidas en su propio territorio .    Artículo 9    Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias   para cumplir la presente Directiva en un plazo de seis   meses a partir del día de su notificación e   informarán de ello inmediatamente a la Comisión .    Artículo 10    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 15 de octubre de 1968 .    Por el Consejo    El Presidente    G. SEDATI    (1) DO n º 2 de 15 . 1 . 1962 , p. 36/62 .    (2) DO n º 2 de 15 . 1 . 1962 , p. 32/62 .    (3) DO n º 187 de 9 . 11 . 1965 , p. 2914/66 .    (4) DO n º 199 de 20 . 11 . 1965 , p. 3009/65 .    (5) DO n º 117 de 23 . 7 . 1964 , p. 1871/64 .    (6) DO n º 117 de 23 . 7 . 1964 , p. 1880/64 .    (7) « Classification internationale type , par   industrie , de toutes les branches d'activité   économique » ( Oficina Estadística de las   Naciones Unidas . Études statistiques , série M ,   n º 4 , rév. 1 , New York 1958 .    ANEXO    Actividades excluidas del ámbito de aplicación   de la presente Directiva     ( segunda frase del apartado 4 del artículo 2 )    Ex grupos CITI * Actividades excluidas *    012 * Alquiler de maquinaria agrícola *    640 * Negocios inmobiliarios , arrendamiento *    713 * Alquiler de automóviles , coches y caballos *    718 * Alquiler de coches y vagones de ferrocarril *    839 * Alquiler de maquinaria para empresas comerciales *    841 * Alquiler de localidades de cine y alquiler   de películas cinematográficas *    842 * Alquiler de localidades de teatro y alquiler   de material de teatro *    843 * Alquiler de barcos , alquiler de bicicletas ,   alquiler de máquinas de monedas *    853 * Alquiler de habitaciones amuebladas *    854 * Alquiler de ropa de casa limpia *    859 * Alquiler de prendas de vestir


Avis juridique important

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31978L0206

Directiva 78/206/CEE de la Comisión, de 7 de febrero de 1978, relativa al tratamiento arancelario aplicable a las mercancías reimportadas sin perfeccionar, en el marco del régimen de perfeccionamiento pasivo

Diario Oficial n° L 062 de 04/03/1978 p. 0040 - 0040 Edición especial griega: Capítulo 02 Tomo 6 p. 0138  Edición especial en español: Capítulo 02 Tomo 4 p. 0250  Edición especial en portugués: Capítulo 02 Tomo 4 p. 0250

++++DIRECTIVA DE LA COMISION  de 7 de febrero de 1978  relativa al tratamiento arancelario aplicable a las mercancias reimportadas sin perfeccionar , en el marco del régimen de perfeccionamiento pasivo   ( 78/206/CEE )  LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea ,  Vista la Directiva 76/119/CEE del Consejo , de 18 de diciembre de 1975 , referente a la armonizacion de las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas relativas al régimen de perfeccionamiento pasivo ( 1 ) y , en particular , su articulo 14 ,  Considerando que , de acuerdo con los articulos 10 y 11 de la citada Directiva , la exencion total o parcial de los derechos de importacion se realizara deduciendo del importe de los derechos de importacion correspondientes a los productos reimportados el importe de los derechos de importacion que serian aplicables a las mercancias exportadas temporalmente si se hubieren importado en la Comunidad desde el pais en el que se les hubiere sometido a la operacion o a la ultima operacion de perfeccionamiento ;  Considerando que no es indispensable la aplicacion de estas disposiciones , en el caso en que las mercancias sean reimportadas en el mismo estado en que se exportaron , de conformidad con una autorizacion concedida por las autoridades competentes en virtud de lo dispuesto en el articulo 8 de la Directiva , y que el despacho de aduanas de estas mercancias puede simplificarse asimilando estas mercancias a mercancias de retorno ; que es necesario , por consiguiente , establecer que su tratamiento arancelario se determine en las mismas condiciones previstas para las mercancias de retorno , de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento  ( CEE ) n * 754/76 del Consejo , de 25 de marzo de 1976 , relativo al tratamiento arancelario aplicable a las mercancias de retorno al territorio aduanero de la Comunidad ( 2 ) y sus reglamentos de aplicacion , sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a ) del apartado 1 del articulo 2 del Reglamento ( CEE ) n * 754/76 ;  Considerando que las disposiciones de la presente Directiva concuerdan con el dictamen del Comité de regimenes de perfeccionamiento ,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :  Articulo 1  El tratamiento arancelario aplicable a las mercancias sin perfeccionar que se reimporten de conformidad con una autorizacion otorgada por las autoridades competentes en virtud del articulo 8 de la Directiva 76/119/CEE , se determinara en las mismas condiciones que las previstas para las mercancias de retorno , de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento ( CEE ) n * 754/76 y sus reglamentos de aplicacion .  Articulo 2  1 . Los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva a mas tardar el 1 de marzo de 1978 e informaran de ello inmediatamente a la Comision .  2 . La Comision transmitira estos informes a los demas Estados miembros .  Articulo 3  Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros .  Hecho en Bruselas , el 7 de febrero de 1978 .  Por la Comision  Etienne DAVIGNON  Miembro de la Comision  ( 1 ) DO n * L 24 de 30 . 1 . 1976 , p . 58 .  ( 2 ) DO n * L 89 de 2 . 4 . 1976 , p . 1 .