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31981L0214

Directiva 81/214/CEE del Consejo, de 16 de marzo de 1981, sobre la decimosexta modificación de la Directiva 6/54/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros referentes a los agentes conservadores que pueden ser empleados en los productos destinados a la alimentación humana

Diario Oficial n° L 101 de 11/04/1981 p. 0010 - 0011 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 11 p. 0114  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 11 p. 0172  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 11 p. 0114  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 11 p. 0172

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 16 de marzo de 1981    sobre la dieciseisava modificación de la   Directiva 64/54/CEE relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros referentes a   los agentes conservantes que pueden ser empleados   en los productos destinados a la alimentación   humana     ( 81/214/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su   artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (3) ,    Considerando que el artículo 3 de la Directiva   64/54/CEE , de 5 de noviembre de 1963 , relativa   a la aproximación de las legislaciones de los   Estados miembros referentes a los agentes conservantes   que puedan ser empleados en los productos destinados   a la alimentación humana (4) , modificada en   último lugar por el Acta de adhesión de 1979 ,   prevé que los Estados miembros no autorizarán   el ahumado de determinados productos alimenticios   más que por medio del humo producido a partir   de madera o de vegetales leñosos en estado   natural y en tales condiciones que de dicho   ahumado no resulte ningún riesgo para la salud   humana ;    Considerando que el artículo 5 de la Directiva   64/54/CEE da a los Estados miembros la posibilidad   de autorizar hasta el 31 de diciembre de 1980 la   utilización de soluciones acuosas de ahumado ;    Considerando que las soluciones acuosas de ahumado   son esencialmente utilizadas por sus propiedades   aromáticas , pero que accesoriamente pueden   favorecer la conservación ;    Considerando que en diversos Estados miembros   se procede actualmente a realizar investigaciones   sobre la aceptabilidad toxicológica y la función   tecnológica precisa de las soluciones acuosas de   ahumado ; que se efectúan investigaciones similares   sobre la práctica del ahumado de los productos   alimenticios ; que la situación debe ser nuevamente   examinada a la luz de los resultados de dichas   investigaciones ;    Considerando que , por ello , no es posible todavía   tomar decisiones definitivas ni sobre la oportunidad   de autorizar la utilización de las soluciones   acuosas de ahumado en la Comunidad , ni sobre   el sistema de formulación de tal autorización   y que la práctica del ahumado de los productos   alimenticios debe ser nuevamente examinada en el   plano comunitario ;    Considerando que la Directiva 64/54/CEE autoriza   igualmente a los Estados miembros a mantener las   disposiciones de las legislaciones nacionales relativas   a la utilización del formaldehído en el queso   grana padano , sin perjuicio de un nuevo examen de   dicha excepción por la Comisión ;    Considerando que dicha posibilidad debe ser mantenida   durante un período suplementario de tres años ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La Directiva 64/54/CEE será modificada como sigue :    1 . El artículo 3 será reemplazado por el   texto siguiente :     « Artículo 3    Los Estados miembros podrán autorizar el   ahumado de determinados productos alimenticios   únicamente por medio del humo o de soluciones   acuosas de humo producidas a partir de madera   o de vegetales leñosos en su estado natural   excepto las maderas o vegetales impregnados ,   coloreados , pegados , pintados o que hayan sido   tratados de manera análoga , y a condición   de que de dicho ahumado no resulte ningún   riesgo para la salud humana . »    2 . Se suprimirán los apartados 2 y 3 b ) del   artículo 5 , y el apartado 3 a ) se convertirá   en el apartado 2 .    Artículo 2    En un plazo de tres años a partir de la notificación   de la presente Directiva , la Comisión volverá   a examinar las disposiciones del artículo 1 y   propondrá al Consejo cualquier modificación   necesaria .    Artículo 3    El artículo 1 surtirá efecto al 1 de enero de 1981 .    Artículo 4    Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1   de julio de 1981 e informarán inmediatamente de   ello a la Comisión .    Artículo 5    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 16 de marzo de 1981 .    Por el Consejo    El Presidente    G. BRAKS    (1) DO n º C 208 de 13 . 8 . 1980 , p. 3 .    (2) DO n º C 327 de 15 . 12 . 1980 , p. 8 .    (3) DO n º C 348 de 31 . 12 . 1980 , p. 3 .    (4) DO n º 12 de 27 . 2 . 1964 , p. 161/64 .


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31985L0407

Directiva 85/407/CEE de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 84/535/CEE del Consejo, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de soldadura

Diario Oficial n° L 233 de 30/08/1985 p. 0016 - 0017 Edición especial en español: Capítulo 15 Tomo 6 p. 0078  Edición especial en portugués: Capítulo 15 Tomo 6 p. 0078  Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 7 p. 0055  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 7 p. 0055

 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN    de 11 de julio de 1985    por la que se adapta al progreso técnico la Directiva   84/535/CEE del Consejo , referente a la aproximación   de las legislaciones de los Estados miembros relativas   al nivel de potencia acústica admisible de los grupos   electrógenos de soldadura     ( 85/407/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Vista la Directiva 84/535/CEE del Consejo , de 17 de   septiembre de 1984 , referente a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel   de potencia acústica admisible de los grupos   electrógenos de soldadura (1) y , en particular ,   su artículo 7 ,    Considerando que , gracias a la experiencia adquirida y   habida cuenta del estado actual de la técnica , ahora   es necesario adaptar las disposiciones del Anexo I de la   Directiva 84/535/CEE a las condiciones reales de prueba ;    Considerando que las medidas previstas por la presente   Directiva se atienen al dictamen del Comité para la   adaptación al progreso técnico de la Directiva   relativa a la determinación de la emisión sonora del   material y maquinaria de construcción ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    El Anexo I de la Directiva 84/535/CEE será modificada   con arreglo al Anexo de la presente Directiva .    Artículo 2    Los Estados miembros adoptarán y publicarán , antes   del 26 de marzo de 1986 , las disposiciones necesarias   para cumplir la presente Directiva e informarán de ello   inmediatamente a la Comisión .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 11 de julio de 1985 .    Por la Comisión    Stanley CLINTON DAVIS    Miembro de la Comisión    (1) DO n º L 300 de 19 . 11 . 1984 , p. 142 .    ANEXO    MODIFICACIONES DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 84/535/CEE    6.3 . Lugar de medición    El texto del punto 6.3 será sustituido por el texto   siguiente :    El área de prueba deberá ser plana y horizontal .   El área de prueba , hasta incluir la proyección   vertical de los emplazamientos de los micrófonos ,   estará formada por una superficie de hormigón o de   asfalto no poroso .    Los grupos electrógenos de soldadura sin ruedas ,   sobre un bastidor soporte ( skid ) , se colocarán   sobre caballetes de 0,40 m de altura , salvo exigencias   contrarias en razón de las condiciones de   instalación dadas por el fabricante .    6.4.1 . Superficie de medición , distancia de   medición    El texto del punto 6.4.1 será sustituido por el texto   siguiente : La superficie de medición que se utilizará   para la prueba será un hemisferio .    El radio será de :     - 4 m cuando la mayor dimensión del grupo   electrógeno de soldadura que se ha de probar sea   inferior o igual a 1,5 m ,     - 10 m cuando la mayor dimensión del grupo   electrógeno de soldadura que se ha de probar sea   superior a 1,5 m pero inferior o igual a 4 m ,     - 16 m cuando la mayor dimensión del grupo   electrógeno de soldadura que se ha de probar sea   superior a 4 m .    6.4.2.1 . Generalidades    El texto del punto 6.4.2.1 será sustituido por el   texto siguiente :    Para las mediciones habrá 6 puntos de medición , a   saber , los puntos 2 , 4 , 6 , 8 , 10 y 12 , dispuestos   con arreglo al punto 6.4.2.2 del Anexo I de la Directiva   79/113/CEE .    Para las pruebas de los grupos electrógenos de   soldadura , el centro geométrico del grupo electrógeno   de soldadura estará situado en la vertical del centro   del hemisferio .    El eje de las x del sistema de coordenadas , respecto   al cual se fijarán las posiciones de los puntos   de medición , será paralelo al eje principal del   grupo electrógeno de soldadura .


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31992L0006

Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad

Diario Oficial n° L 057 de 02/03/1992 p. 0027 - 0028 Edición especial en finés : Capítulo 7 Tomo 4 p. 0072  Edición especial sueca: Capítulo 7 Tomo 4 p. 0072

DIRECTIVA 92/6/CEE DEL CONSEJO de 10 de febrero de 1992 relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la ComunidadEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES  EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 75,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que uno de los objetivos de la política común de transportes consiste en establecer normas comunes para el transporte internacional dentro de la Comunidad y facilitar la circulación de los vehículos;  Considerando que el aumento del tráfico por carretera y el consiguiente incremento de los riesgos y las perturbaciones plantea serios problemas ambientales y de seguridad vial a todos los Estados miembros;  Considerando que la potencia de los motores de los camiones pesados, autocares y autobuses es necesaria para que dichos vehículos puedan subir las pendientes, pero permite asimismo alcanzar en terreno llano velocidades excesivas que no son compatibles  con las especificaciones de otros componentes, como, por ejemplo, frenos y neumáticos; que por ello en algunos Estados miembros los dispositivos de limitación de velocidad se hicieron obligatorios para determinadas categorías de vehículos;  Considerando que los efectos benéficos de los dispositivos de limitación de velocidad en la protección del medio ambiente y del consumo de energía, en el desgaste del motor y de los neumáticos, así como en la seguridad vial serán aumentados mediante una  utilización generalizada de dichos dispositivos;  Considerando que el empleo de dispositivos de limitación de velocidad solamente tiene sentido si el aparato presenta un grado de perfeccionamiento técnico apropiado para garantizar de manera suficiente la imposibilidad de cualquier fraude;  Considerando que, como primer paso, dichos requisitos deberían aplicarse únicamente a las categorías de vehículos pesados con mayor participación en el transporte internacional y más adelante, dependiendo de las posibilidades técnicas y de la  experiencia en los Estados miembros, podrían ampliarse a las categorías de vehículos utilitarios ligeros;  Considerando que en determinados Estados miembros está establecido que los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías peligrosas deben estar equipados con dispositivos de limitación de velocidad regulados a velocidades máximas  inferiores a las que fija la presente Directiva; que conviene, en este caso concreto, permitir a los Estados miembros en cuestión mantener dicha normativa para los vehículos matriculados en su territorio, ya que refuerza la seguridad vial y la  protección civil de las poblaciones, de conformidad con los objetivos de la presente Directiva;  Considerando que la instalación de dispositivos de limitación de velocidad en los vehículos de las categorías M3 y N3 cubiertos por la presente Directiva, matriculados antes de su aplicación y destinados a realizar exclusivamente transportes nacionales  podría, en especial en determinados Estados miembros, conllevar costes excesivos; que en consecuencia, es conveniente que dichos Estados miembros puedan aplazar la aplicación de los artículos 2 y 3 de la presente Directiva para los vehículos  considerados;  Considerando que la presente Directiva no afecta a las prerrogativas de los Estados miembros en materia de limitación de velocidad de circulación,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «vehículo de motor» cualquier vehículo provisto de un motor de propulsión, que pertenezca a alguna de las categorías indicadas a continuación, destinado a circular por carretera, y que tenga al menos  cuatro ruedas y que pueda alcanzar por construcción una velocidad máxima superior a 25 km/h:  - vehículos de la categoría M3 con un peso máximo que exceda 10 toneladas;  - vehículos de la categoría N3;  debiendo entender las categorías M3 y N3 tal y como se definen en el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE (4).  Artículo 2  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los vehículos de motor de la categoría M3 a que se refiere el artículo 1 sólo puedan circular por la vía pública si están equipados con dispositivos en los que la velocidad máxima esté  limitada a 100 km/h.  Artículo 3  1.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que los vehículos de motor de la categoría N3 sólo puedan circular por la vía pública si están equipados con un dispositivo regulado de tal manera que su velocidad no pueda superar los 90  km/h; habida cuenta de la tolerancia técnica admisible, en el estado actual de la tecnología, entre el valor de regulación y la velocidad real de circulación, la velocidad máxima en dicho dispositivo estará limitada a 85 km/h.  2.  Los Estados miembros estarán autorizados a limitar a un valor inferior a 85 km/h la velocidad máxima del dispositivo de los vehículos destinados únicamente al transporte de mercancías peligrosas que hayan sido matriculados en su territorio.  Artículo 4  1.  Los artículos 2 y 3 se aplicarán a los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 1994.  2.  Los artículos 2 y 3 se aplicarán asimismo, a más tardar a partir del 1 de enero de 1995, a los vehículos matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de 1994.  No obstante, cuando estos vehículos se destinen únicamente al transporte nacional, los artículos 2 y 3 podrán aplicarse a más tardar a partir del 1 de enero de 1996.  Artículo 5  1.  Hasta la aplicación de las disposiciones comunitarias en este ámbito, los dispositivos de limitación de velocidad mencionados en los artículos 2 y 3 deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por las autoridades nacionales competentes.   2.  Los dispositivos de limitación de velocidad serán instalados por talleres u organismos autorizados por los Estados miembros.  Artículo 6  Los artículos 2 y 3 no serán aplicables a los vehículos de motor utilizados por las fuerzas armadas, protección civil, servicios contra incendios y demás servicios de urgencia, así como por las fuerzas de orden público.  Lo mismo sucederá con los vehículos:  - que, por construcción, no puedan superar las velocidades fijadas en los artículos 2 y 3,  - que son utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera,  - que aseguren un servicio público únicamente en aglomeración.  Artículo 7  1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 1 de octubre de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la  Comisión.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.  2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 8  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 1992.   Por el Consejo El Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO (1) DO no C 225 de 30. 8. 1991, p. 11.(2) DO no C 13 de 20. 1. 1992.(3) DO no C 40 de 17. 2. 1992.(4) Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la  homologación de vehículos de motor y de sus remolques (DO no L 42 de 23. 2. 1970, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 87/403/CEE (DO no L 220 de 8. 8. 1987, p. 44).


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31993L0007

Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

Diario Oficial n° L 074 de 27/03/1993 p. 0074 - 0079 Edición especial en finés : Capítulo 2 Tomo 9 p. 0012  Edición especial sueca: Capítulo 2 Tomo 9 p. 0012

DIRECTIVA 93/7/CEE DEL CONSEJO de 15 de marzo de 1993 relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembroEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que el artículo 8 A del Tratado prevé el establecimiento del mercado interior, a más tardar el 1 de enero de 1993, que implicará un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y  capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del Tratado;  Considerando que, en virtud y dentro de los límites del artículo 36 del Tratado, los Estados miembros conservarán después de 1992 el derecho de definir sus patrimonios nacionales y la facultad de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la  protección de los mismos en este espacio sin fronteras interiores;  Considerando que conviene, en consecuencia, establecer un sistema que permita a los Estados miembros obtener la restitución a su territorio de los bienes culturales que estén clasificados dentro del patrimonio nacional con arreglo a dicho artículo 36 y  que hayan salido de su territorio en infracción de las disposiciones nacionales antes mencionadas o del Reglamento (CEE) no 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales (4); que la aplicación de dicho  sistema debería ser lo más sencilla y eficaz posible; que, para facilitar la cooperación en materia de restitución, es necesario limitar el ámbito de aplicación del presente sistema a objetos que pertenezcan a unas categorías comunes de bienes  culturales; que el Anexo de la presente Directiva no está destinado a definir los bienes que tienen categoría de « patrimonio nacional » en el sentido del artículo 36 del Tratado, sino únicamente las categorías de bienes que pueden clasificarse en dicha  categoría y que, por ello, pueden ser objeto de un procedimiento de restitución en virtud de la presente Directiva;  Considerando que los bienes culturales clasificados dentro del patrimonio nacional y que forman parte de colecciones públicas o de inventarios de instituciones eclesiásticas pero que no entran dentro de dichas categorías comunes deberían también estar  cubiertos por la presente Directiva;  Considerando que conviene establecer una colaboración administrativa entre los Estados miembros por lo que a su patrimonio nacional se refiere, en estrecha relación con la cooperación de los mismos en materia de robos de obras de arte, que incluya de  modo especial el registro en Interpol y otros organismos cualificados que elaboren listas similares de objetos culturales perdidos, robados o que hayan salido ilegalmente del territorio que formen parte de su patrimonio nacional y de sus colecciones  públicas;  Considerando que el procedimiento establecido por la presente Directiva constituye un primer paso hacia una cooperación entre Estados miembros en ese ámbito, en el contexto del mercado interior; que el objetivo es el reconocimiento mutuo de las  legislaciones nacionales en la materia; que, por consiguiente, conviene prever en particular que la Comisión esté asistida por un Comité consultivo;  Considerando que el Reglamento (CEE) no 3911/92 introduce, junto con la presente Directiva, un sistema comunitario para proteger los bienes culturales de los Estados miembros; que la fecha en la cual los Estados miembros deben observar la presente  Directiva ha de ser lo más próxima posible a la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento; que habida cuenta de la naturaleza de sus sistemas jurídicos y el alcance de los cambios en sus legislaciones necesarios para aplicar la presente Directiva,  algunos Estados miembros necesitarán un período más largo,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  1) « bien cultural »:  - un bien que esté clasificado, antes o después de haber salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, como « patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional », con arreglo a la legislación o a procedimientos administrativos  nacionales en el marco del artículo 36 del Tratado,  y - pertenezca a una de las categorías que figuran en el Anexo o, aunque no pertenezca a una de esas categorías, forme parte de:  - colecciones públicas que figuren en los inventarios de museos, archivos y fondos de conservación de bibliotecas.  A efectos de la aplicación de la presente Directiva, se entenderá por « colecciones públicas » aquellas colecciones que son propiedad de un Estado miembro, de una autoridad local o regional dentro de un Estado miembro o de un organismo situado en el  territorio de un Estado miembro que se defina como público según la legislación de dicho Estado miembro, y que pertenezca o esté financiado de forma significativa por dicho Estado miembro o por una autoridad local o regional,  - inventarios de instituciones eclesiásticas;  2) « que haya salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro »:  - la salida del territorio de un Estado miembro infringiendo su legislación en materia de protección del patrimonio nacional o infringiendo las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3911/92,  o - la no devolución, una vez transcurrido el plazo, de una expedición temporal realizada legalmente o toda infracción de una de las demás condiciones de dicha expedición temporal;  3) « Estado miembro requirente »: el Estado miembro de cuyo territorio haya salido de forma ilegal el bien cultural;  4) « Estado miembro requerido »: el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre un bien cultural que haya salido de forma ilegal del territorio de otro Estado miembro;  5) « restitución »: la devolución material del bien cultural al territorio del Estado miembro requirente;  6) « poseedor »: la persona que tiene la posesión material del bien cultural por cuenta propia;  7) « tenedor »: la persona que tiene la posesión material del bien cultural por cuenta ajena.  Artículo 2  Los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro serán restituidos con arreglo al procedimiento y en las condiciones previstas en la presente Directiva.  Artículo 3  Cada Estado miembro designará una o varias autoridades centrales que desempeñarán las funciones previstas en la presente Directiva.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todas las autoridades centrales que designen de conformidad con el presente artículo.  La Comisión publicará la lista de dichas autoridades centrales, así como los cambios que les afecten, en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Artículo 4  Las autoridades centrales de los Estados miembros cooperarán y fomentarán una concertación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros. Estas tendrán por misión, en particular:  1) buscar, a petición del Estado miembro requirente, un bien cultural concreto que haya salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, e identificar al poseedor y/o tenedor del mismo. La petición deberá ir acompañada de toda la información  útil para facilitar la búsqueda, especialmente la relativa a la localización efectiva o presunta del bien;  2) notificar a los Estados miembros interesados, en caso de descubrir bienes culturales en su propio territorio, si existen motivos razonables para suponer que dichos bienes han salido de forma ilegal del territorio de otro Estado miembro;  3) facilitar la verificación, por parte de las autoridades competentes del Estado miembro requirente, de que el bien en cuestión es un bien cultural, a condición de que la verificación se efectúe en los dos meses siguientes a la notificación prevista en  el punto 2. En caso de que no se efectúe dicha verificación en el plazo estipulado, no serán de aplicación los puntos 4 y 5;  4) adoptar, en cooperación con el Estado miembro interesado, las medidas necesarias para la conservación material del bien cultural;  5) evitar, con las medidas precautorias que sean necesarias, que se eluda el procedimiento de restitución;  6) actuar como intermediario entre el poseedor o el tenedor y el Estado miembro requirente en materia de restitución. En este sentido, y sin perjuicio del artículo 5, las autoridades competentes del Estado miembro requerido podrán facilitar la  aplicación de un procedimiento de arbitraje, de conformidad con la legislación nacional del Estado requerido y con la condición de que el Estado requirente y el poseedor o el tenedor den formalmente su conformidad.  Artículo 5  El Estado miembro requirente podrá interponer contra el poseedor y, en su defecto, contra el tenedor, ante los tribunales competentes del Estado miembro requerido, una acción de restitución del bien cultural que haya salido de forma ilegal  de su territorio.  Para ser admisible la demanda de restitución deberá ir acompañada de:  - un documento en el que se describa el bien reclamado y se certifique que se trata de un bien cultural;  - una declaración de las autoridades competentes del Estado miembro requirente de que el bien cultural ha salido de su territorio de forma ilegal.  Artículo 6  La autoridad central del Estado miembro requirente informará sin demora a la autoridad central del Estado miembro requerido acerca de la presentación de la demanda para la restitución del objeto en cuestión.  La autoridad central del Estado miembro requerido informará sin demora a las autoridades centrales de los otros Estados miembros.  Artículo 7  1. Los Estados miembros dispondrán en su legislación que la acción de restitución prevista en la presente Directiva prescriba en un plazo de un año a partir de la fecha en que el Estado miembro requirente haya tenido conocimiento del lugar  en el que se encontraba el bien cultural y de la identidad del poseedor o del tenedor del mismo.  En cualquier caso, la acción de restitución prescribirá en un plazo de 30 años a partir de la fecha en que el bien cultural haya salido de forma ilegal del territorio del Estado miembro requirente. No obstante, en el caso de bienes pertenecientes a  colecciones públicas mencionadas en el punto 1 del artículo 1, y de bienes eclesiásticos en aquellos Estados miembros donde estén sometidos a un régimen especial de protección según la ley nacional, la acción de restitución prescribirá en un plazo de 75  años, excepto en los Estados miembros donde la acción sea imprescriptible o en el marco de acuerdos bilaterales entre Estados miembros en los que se establezca otro plazo superior a 75 años.  2. La acción de restitución no será admisible si la salida del territorio del Estado miembro requirente ya no es ilegal en el momento de la presentación de la misma.  Artículo 8  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 13, los tribunales competentes ordenarán la restitución del bien cultural siempre que quede demostrado que se trata de un bien cultural en el sentido del punto 1 del artículo 1 y que su  salida del territorio ha sido ilegal.  Artículo 9  Cuando se ordene la restitución, el tribunal competente del Estado miembro requerido concederá al poseedor una indemnización que considere equitativa a tenor de las circunstancias de cada caso específico, siempre que tenga el convencimiento  de que el poseedor haya actuado con la diligencia debida en el momento de la adquisición.  La carga de la prueba se regirá por la legislación del Estado miembro requerido.  En caso de donación o de sucesión, el poseedor no podrá disfrutar de un régimen más favorable que el que haya tenido la persona de quien haya adquirido el bien en dicho concepto.  El Estado miembro requirente deberá pagar esta indemnización en el momento de la restitución.  Artículo 10  Los gastos derivados de la ejecución de la decisión por la que se ordene la restitución del bien cultural serán sufragados por el Estado miembro requirente. Lo mismo ocurrirá con las gastos ocasionados por las medidas a que se refiere el  punto 4 del artículo 4.  Artículo 11  El pago de la indemnización equitativa a que se refiere el artículo 9 y de los gastos a que se refiere el artículo 10 no afectará al derecho del Estado miembro requirente de reclamar el reembolso de dichos importes a las personas  responsables de la salida ilegal del bien cultural de su territorio.  Artículo 12  La propiedad del bien cultural tras su restitución se regirá por la legislación interna del Estado miembro requirente.  Artículo 13  La presente Directiva sólo será aplicable a las salidas ilegales del territorio de un Estado miembro que se hayan producido a partir del 1 de enero de 1993.  Artículo 14  1. Los Estados miembros podrán hacer extensiva la obligación de restitución a categorías de bienes culturales distintas de las incluidas en el Anexo.  2. Los Estados miembros podrán aplicar el régimen previsto en la presente Directiva a las solicitudes de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de otros Estados miembros antes del 1 de enero de 1993.  Artículo 15  La presente Directiva no afectará a las acciones civiles o penales de las que dispongan, de conformidad con la legislación nacional de los Estados miembros, el Estado miembro requirente y/o el propietario del bien cultural robado.  Artículo 16  1. Cada tres años, y por primera vez en febrero de 1996, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.  2. La Comisión dirigirá al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social cada tres años un informe de evaluación de la aplicación de la presente Directiva.  3. El Consejo revisará la eficacia de la presente Directiva tras un período de aplicación de tres años y, previa propuesta de la Comisión, efectuará las adaptaciones necesarias.  4. En cualquier caso, cada tres años, el Consejo, a propuesta de la Comisión, procederá a examinar y, en su caso, a actualizar las cantidades mencionadas en el Anexo, basándose en los índices económicos y monetarios de la Comunidad.  Artículo 17  La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3911/92.  El Comité examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del Anexo de la presente Directiva que le sea planteada por su presidente, bien a iniciativa de éste o a petición del representante de un Estado miembro.  Artículo 18  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva en los nueve meses siguientes a su adopción, excepto en lo que se  refiere al Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania y al Reino de los Países Bajos, que cumplirán lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar en los doce meses siguientes a la fecha de su adopción. Informarán de ello inmediatamente a la  Comisión.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada  referencia.  Artículo 19  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1993.  Por el Consejo El Presidente M. JELVED (1) DO no C 53 de 28. 2. 1992, p. 11, y (2)DO no C 172 de 8. 7. 1992, p. 7.  (3) DO no C 176 de 13. 7. 1992, p. 124, y (4)DO no C 72 de 15. 3. 1993.  (5) DO no C 223 de 31. 8. 1992, p. 10.  (6) DO no L 395 de 31. 12. 1992, p. 1.    ANEXO   Categorías de bienes a las que hace referencia el segundo guión del punto 1 del artículo 1 en las que deben estar incluidos los bienes que formen parte del « patrimonio nacional » con arreglo al artículo 36 del Tratado para que puedan ser restituidos de  conformidad con las disposiciones de la presente Directiva  A. 1. Objetos arqueológicos, de más de 100 años de antigueedad, procedentes de:  - excavaciones y descubrimientos terrestres y subacuáticos,  - emplazamientos arqueológicos,  - colecciones arqueológicas.  2. Elementos de más de 100 años de antigueedad que formen parte de monumentos artísticos, históricos o religiosos y procedan de la desmembración de los mismos.  3. Cuadros y pinturas hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte y con cualquier material (1).  4. Mosaicos, distintos de los incluidos en la categoría 1 o en la categoría 2, y dibujos hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte y con cualquier material (1).  5. Grabados, estampas, serigrafías y litografías originales y las matrices respectivas, así como los carteles originales (1).  6. Obras originales de estatuaria o de escultura y copias obtenidas por el mismo procedimiento que el original (1), distintas de las incluidas en la categoría 1.  7. Fotografías, películas y sus negativos respectivos (1).  8. Incunables y manuscritos, incluidos los mapas geográficos y las partituras musicales, sueltos o en colecciones (1).  9. Libros de más de 100 años de antigueedad, sueltos o en colecciones.  10. Mapas impresos de más de 200 años de antigueedad.  11. Archivos de todo tipo, cualquiera que sea su soporte, que incluyan elementos de más de 50 años de antigueedad.  12. a) Colecciones (2) y especímenes procedentes de colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía.  b) Colecciones (2) que tengan interés histórico, paleontológico, etnográfico o numismático.  13. Medios de transporte de más de 75 años de antigueedad.  14. Otras antigueedades de más de 50 años de antigueedad no comprendidas en las categorías A 1 a A 13.  Los bienes culturales incluidos en las categorías A 1 a A 14 sólo entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva si su valor es igual o superior a los valores mínimos que figuran en la sección B.  B. Valores mínimos aplicables a determinadas categorías incluidas en la sección A (en ecus) VALORES: 0 (cero) - 1 (objetos arqueológicos) - 2 (desmembración de monumentos) - 8 (incunables y manuscritos) - 11 (archivos) 15 000 - 4 (mosaicos y dibujos) - 5 (grabados) - 7 (fotografías) - 10 (mapas impresos) 50 000 - 6 (estatuaria) - 9 (libros) - 12 (colecciones) - 13 (medios de transporte) - 14 (cualquier otro objeto) 150 000 - 3 (cuadros).  El cumplimiento de las condiciones relativas al valor económico deberá juzgarse en el momento de presentarse la demanda de restitución. El valor financiero será el del bien en el Estado miembro requerido.  La fecha para la conversión de los valores expresados en ecus en el Anexo en monedas nacionales será el 1 de enero de 1993.  (1) Que tengan más de 50 años de antigueedad y no pertenezcan a sus autores.  (2) Tal como las define la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 252/84: « Los objetos de colección, a efectos de la partida 99.05 del AAC, son los que presentan las cualidades necesarias para ser admitidos en una colección, es decir, aquellos  objetos que son relativamente escasos, que no se utilizan normalmente con arreglo a su destino inicial, que son objeto de transacciones especiales fuera del comercio habitual de objetos similares utilizables y que tienen un valor elevado. »