title: Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  18 de enero de 2006 , sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura   (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               4.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 33/22

         DIRECTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 18 de enero de 2006
   sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (3), ha hecho una contribución muy importante a la creación del mercado interior de la electricidad. La garantía de un alto grado de seguridad del abastecimiento de electricidad es un objetivo fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior y dicha Directiva concede a los Estados miembros la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público a las compañías eléctricas, entre otras cosas, en relación con la seguridad del abastecimiento. Estas obligaciones de servicio público deben definirse con la mayor precisión y rigor posibles y no deben traducirse en la creación de una capacidad de generación que exceda de lo necesario, al fin de prevenir interrupciones indebidas de la distribución de electricidad a los clientes finales.

               (2)

               Las previsiones de la demanda de electricidad para un período a medio plazo se realiza basándose en escenarios elaborados por gestores de redes de transporte u otras organizaciones competentes para construirlos a petición de un Estado miembro.

               (3)

               Un mercado único competitivo de la electricidad en la Unión Europea (UE) precisa políticas sobre seguridad del abastecimiento de electricidad transparentes y no discriminatorias compatibles con los requisitos de dicho mercado. La falta de estas políticas en los distintos Estados miembros o la existencia de diferencias significativas entre las políticas de los mismos provocaría distorsiones de la competencia. Por consiguiente, la definición de funciones y responsabilidades claras de las autoridades competentes, así como de los propios Estados miembros y de todos los agentes pertinentes del mercado es crucial a la hora de salvaguardar la seguridad del abastecimiento de electricidad y el correcto funcionamiento del mercado interior, evitando al mismo tiempo la creación de obstáculos a nuevos participantes en el mercado, como las empresas que generan o suministran electricidad en un Estado miembro y acaban de comenzar a funcionar en ese Estado miembro, y la creación de distorsiones del mercado interior de la electricidad o de dificultades significativas para los agentes del mercado, incluidas las empresas con cuotas de mercado pequeñas, como las empresas de generación o abastecimiento con una cuota muy pequeña de mercado en el mercado comunitario pertinente.

               (4)

               La Decisión no 1229/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece un conjunto de orientaciones sobre la política comunitaria en el ámbito de las redes transeuropeas de la energía. El Reglamento (CE) no 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (5), establece, entre otras cosas, los principios generales y las disposiciones concretas sobre las medidas de gestión de la congestión.

               (5)

               Al fomentar la electricidad generada a partir de fuentes renovables de energía es necesario velar por la disponibilidad de la capacidad asociada de apoyo, cuando resulte técnicamente necesaria, a fin de preservar la fiabilidad y seguridad de la red eléctrica.

               (6)

               Es importante tener en cuenta los efectos a largo plazo del crecimiento de la demanda eléctrica para poder cumplir los compromisos medioambientales de la Comunidad y reducir su dependencia de energía importada.

               (7)

               La cooperación entre gestores nacionales de redes de transporte en lo relativo a la seguridad de la red, incluyendo la definición de la capacidad de transporte, la provisión de información y el modelado de la red, es esencial para el desarrollo de un mercado interior que funcione correctamente y es susceptible de mejora. La falta de coordinación en lo relativo a la seguridad de la red es perjudicial para la creación de condiciones de competencia equitativas.

               (8)

               La principal finalidad de las normas y disposiciones técnicas pertinentes, como las previstas en el manual operativo de la Unión para la Coordinación del Transporte de Electricidad (UCTE), otras normas y recomendaciones similares elaboradas por Nordel, el Código de la Red Báltica y aquéllas para los sistemas del Reino Unido e Irlanda, es ofrecer apoyo a la gestión técnica de la red interconectada, contribuyendo así a garantizar un funcionamiento ininterrumpido de la red en caso de fallo del sistema en un punto o puntos concretos de la red y los costes derivados de paliar esa perturbación del abastecimiento.

               (9)

               Los gestores de las redes de transporte y distribución deben prestar un alto nivel de servicio a los clientes finales en lo que respecta a la frecuencia y la duración de las interrupciones.

               (10)

               Las medidas que puedan establecerse para asegurar el mantenimiento de niveles adecuados de reserva de capacidad de generación deben basarse en el mercado y no ser discriminatorias, pudiendo comprender garantías y acuerdos contractuales, opciones de capacidad u obligaciones de capacidad. Dichas medidas podrían complementarse con otros instrumentos no discriminatorios, tales como pagos por la capacidad disponible.

               (11)

               Para asegurar la disponibilidad de información previa adecuada, los Estados miembros deben promulgar medidas que permitan mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda entre los inversores actuales y futuros en el ámbito de la generación, así como entre los consumidores de electricidad.

               (12)

               Sin perjuicio de los artículos 86, 87 y 88 del Tratado, conviene que los Estados miembros fijen un marco inequívoco, adecuado y estable que facilite la seguridad del abastecimiento de electricidad y fomente las inversiones en capacidad de generación y en técnicas de gestión de la demanda. También conviene controlar que se toman las medidas adecuadas para garantizar un marco reglamentario que estimule la inversión en nuevas interconexiones de transporte, especialmente entre los Estados miembros.

               (13)

               El Consejo Europeo de Barcelona de 15 y 16 de marzo de 2002 acordó un grado de interconexión entre Estados miembros. Un grado de interconexión bajo surte el efecto de fragmentar el mercado y supone un obstáculo al fomento de la competencia. La existencia de una capacidad adecuada de interconexión física de transporte, transfronteriza o no, es crucial, pero no es una condición suficiente para una competencia plenamente efectiva. En interés de los clientes finales, debe existir un equilibrio razonable entre los beneficios potenciales de los nuevos proyectos de interconexión y el coste de tales proyectos.

               (14)

               A la vista de la importancia de determinar las capacidades de transporte máximas disponibles sin infringir los requisitos de funcionamiento seguro de la red, resulta igualmente importante velar, a tal efecto, por la plena transparencia del cálculo de la capacidad y del procedimiento de asignación en la red de transporte. De este modo, podría aprovecharse mejor la capacidad existente y no se emitirían falsas señales de escasez al mercado, lo que contribuirá a la realización de un mercado interior plenamente competitivo, según lo previsto en la Directiva 2003/54/CE.

               (15)

               Los gestores de las redes de transporte y distribución necesitan un marco reglamentario adecuado y estable para poder invertir, y para mantener y renovar las redes.

               (16)

               En el artículo 4 de la Directiva 2003/54/CE se pide a los Estados miembros que supervisen la seguridad del abastecimiento eléctrico y presenten un informe al respecto. En ese informe deben examinarse los factores a corto, medio y largo plazo con repercusiones en la seguridad del abastecimiento, incluidos los planes de los gestores de las redes de transporte de invertir en la red. En la elaboración de ese informe los Estados miembros deben incluir la información y las evaluaciones ya ofrecidas por los gestores de redes de transporte tanto individual como colectivamente, incluyendo la escala europea.

               (17)

               Los Estados miembros deben velar por la aplicación efectiva de la presente Directiva.

               (18)

               Dado que los objetivos de la acción propuesta, a saber, el abastecimiento seguro de electricidad, basado en una competencia leal, y la creación de un mercado interior de la electricidad completamente operativo, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   Ámbito de aplicación
   1.   La presente Directiva establece medidas dirigidas a garantizar la seguridad del abastecimiento de electricidad, así como el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad y a garantizar:

               a)

               un nivel adecuado de capacidad de generación;

               b)

               un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda,
               y

               c)

               un nivel apropiado de interconexión entre los Estados miembros para el desarrollo del mercado interior.

         2.   La presente Directiva establece un marco en el cual los Estados miembros deben formular políticas de seguridad del abastecimiento de electricidad, transparentes, estables y no discriminatorias compatibles con los requisitos de un mercado interior de la electricidad competitivo.
   Artículo 2
   Definiciones
   A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones recogidas en el artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE. Además, se entenderá por:

               a)

               «autoridad reguladora», las autoridades reguladoras de los Estados miembros, designadas de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2003/54/CE;

               b)

               «seguridad del abastecimiento de electricidad», la capacidad de una red eléctrica para abastecer de electricidad a los clientes finales, según se prevé en la presente Directiva;

               c)

               «seguridad operativa de la red», el funcionamiento continuo de la red de transporte y, en su caso, de la red de distribución en circunstancias previsibles;

               d)

               «equilibrio entre la oferta y la demanda», la capacidad para satisfacer la demanda previsible de electricidad de los consumidores sin necesidad de imponer medidas de reducción del consumo.

         Artículo 3
   Disposiciones generales
   1.   Los Estados miembros velarán por un alto nivel de seguridad del abastecimiento de electricidad, adoptando las medidas necesarias para propiciar un clima estable en materia de inversión, definiendo las funciones y responsabilidades de las autoridades competentes, incluidas, si procede, las autoridades reguladoras y todos los agentes del mercado y publicando información al respecto. Los agentes del mercado incluyen, entre otros, a los gestores de las redes de transporte y de distribución, los generadores de electricidad, los proveedores y los clientes finales de electricidad.
   2.   Al aplicar las medidas mencionadas en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta:

               a)

               la importancia de garantizar la continuidad del abastecimiento de electricidad;

               b)

               la importancia de un marco jurídico transparente y estable;

               c)

               el mercado interior y las posibilidades de cooperación transfronteriza en relación con la seguridad del abastecimiento de electricidad;

               d)

               la necesidad de un mantenimiento regular y, en caso necesario, de una renovación de las redes de transporte y distribución para mantener el rendimiento de la red;

               e)

               la importancia de velar por una correcta aplicación de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (6), y de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía (7), en la medida en que sus disposiciones se relacionan con la seguridad del abastecimiento de electricidad;

               f)

               la necesidad de velar por una reserva de capacidad de transporte y de generación suficiente para un funcionamiento estable,
               y

               g)

               la importancia de promover el establecimiento de mercados de capital de líquidos al por mayor.

         3.   Al aplicar las medidas mencionadas en el apartado 1, los Estados miembros tendrán, asimismo, en cuenta:

               a)

               el grado de diversidad en la generación de electricidad a escala nacional o al nivel regional pertinente;

               b)

               la importancia de reducir los efectos a largo plazo del aumento de la demanda de electricidad;

               c)

               la importancia de estimular la eficiencia energética y la adopción de nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la gestión de la demanda, las tecnologías de las energías renovables y de la generación distribuida,
               y

               d)

               la importancia de eliminar los obstáculos administrativos a las inversiones en infraestructura y capacidad de generación.

         4.   Los Estados miembros velarán por que ninguna medida adoptada de conformidad con la presente Directiva sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes del mercado, incluidos los nuevos participantes en el mercado y las empresas con cuotas de mercado pequeñas. Los Estados miembros también tendrán en cuenta antes de su adopción el impacto de estas medidas en el coste de la electricidad para los clientes finales.
   5.   Al velar por el nivel adecuado de interconexión entre los Estados miembros, tal como se especifica en el artículo 1, apartado 1, letra c), se prestará particular atención a:

               a)

               la situación geográfica específica de cada Estado miembro;

               b)

               mantener un equilibrio razonable entre el coste de construcción de nuevos interconectores y los beneficios para los clientes finales,
               y

               c)

               asegurar que las interconexiones existentes se utilicen de la manera más eficiente posible.

         Artículo 4
   Seguridad operativa de la red

               1.

                           a)

                           Los Estados miembros o las autoridades competentes velarán por que los gestores de las redes de transporte fijen unas normas y obligaciones operativas mínimas de seguridad de la red.
                           Antes de fijar esas normas y obligaciones, consultarán a los agentes pertinentes de los países afectados con los que exista interconexión.

                           b)

                           No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de la letra a), los Estados miembros podrán exigir que los gestores de las redes de transporte sometan a la aprobación de la autoridad competente esas normas y obligaciones.

                           c)

                           Los Estados miembros velarán por que los gestores de las redes de transporte y, si procede, los gestores de las redes de distribución cumplan las normas y obligaciones operativas mínimas de seguridad de la red.

                           d)

                           Los Estados miembros exigirán a los operadores de las redes de transporte que mantengan un nivel adecuado de seguridad operativa de la red.
                           A tal efecto, los gestores de las redes de transporte mantendrán un nivel adecuado de reserva de capacidad técnica de transporte para garantizar la seguridad operativa de la red y colaborarán con los correspondientes gestores de las redes de transporte con los que estén interconectados.
                           El nivel de circunstancias previsibles en las que deberá mantenerse la seguridad se definirá en las normas de seguridad operativas de la red.

                           e)

                           Los Estados miembros velarán, en particular, por que los gestores de las redes de transporte interconectadas y, si procede, los gestores de las redes de distribución intercambien eficaz y oportunamente informaciones sobre el funcionamiento de la red, de conformidad con las normas operativas mínimas. Los mismos criterios se aplicarán, si procede, a los gestores de redes de transporte y distribución que estén interconectados con gestores de redes extracomunitarios.

         2.   Los Estados miembros o las autoridades competentes velarán por que los gestores de las redes de transporte y, si procede, de distribución establezcan y cumplan objetivos de calidad de abastecimiento y de seguridad de la red. Esos objetivos se presentarán para aprobación a los Estados miembros o a las autoridades competentes, que deberán supervisar su aplicación. Esos objetivos, que se harán públicos, deberán ser transparentes y no discriminatorios.
   3.   Al adoptar las medidas mencionadas en el artículo 24 de la Directiva 2003/54/CE y en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1228/2003, los Estados miembros no discriminarán entre contratos transfronterizos y contratos nacionales.
   4.   Los Estados miembros velarán por que las restricciones del abastecimiento en situaciones de emergencia se basen en criterios previamente definidos, en relación con la gestión de los desequilibrios por los gestores de las redes de transporte. Toda medida de salvaguardia deberá adoptarse en estrecha consulta con otros gestores pertinentes de las redes de transporte, respetando los acuerdos bilaterales relevantes, incluidos los acuerdos sobre el intercambio de información.
   Artículo 5
   Mantenimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda
   1.   Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para mantener un equilibrio entre la demanda de electricidad y la disponibilidad de capacidad de generación.
   En particular, los Estados miembros:

               a)

               sin perjuicio de los requisitos particulares de pequeños sistemas aislados, fomentarán la fijación de un marco para el mercado al por mayor que dé las señales adecuadas de precios para la generación y el consumo;

               b)

               exigirán a los gestores de las redes de transporte que garanticen un nivel adecuado de reserva de capacidad de generación para fines de equilibrio o que adopten medidas equivalentes de mercado.

         2.   Sin perjuicio de los artículos 87 y 88 del Tratado, los Estados miembros podrán adoptar igualmente medidas adicionales, entre las que estarán, entre otras, las siguientes:

               a)

               disposiciones que faciliten nuevas capacidades de generación y la entrada de nuevas empresas de generación en el mercado;

               b)

               supresión de las barreras que impiden el uso de contratos interrumpibles;

               c)

               supresión de las barreras que impiden la celebración de contratos de duración variable tanto para los productores como para los clientes;

               d)

               fomento de la adopción de tecnologías de gestión en tiempo real de la demanda, como por ejemplo sistemas de medición avanzados;

               e)

               fomento de medidas de conservación de la energía;

               f)

               procedimientos de licitación o cualquier otro procedimiento equivalente en materia de transparencia y no discriminación, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/54/CE.

         3.   Los Estados miembros publicarán las medidas adoptadas en relación con el presente artículo y velarán por una difusión lo más amplia posible.
   Artículo 6
   Inversión en las redes
   1.   Los Estados miembros establecerán un marco reglamentario que:

               a)

               facilite la inversión a los gestores de las redes tanto de transporte como de distribución para desarrollar sus redes a fin de atender la demanda previsible del mercado;

               b)

               propicie el mantenimiento y, si procede, la renovación de sus redes.

         2.   Sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1228/2003, los Estados miembros podrán permitir la inversión comercial en el ámbito de la interconexión.
   Los Estados miembros velarán por que las decisiones sobre las inversiones en el ámbito de la interconexión se adopten en estrecha cooperación con los gestores pertinentes de las redes de transporte.
   Artículo 7
   Información
   1.   Los Estados miembros velarán por que en el informe a que se hace referencia en el artículo 4 de la Directiva 2003/54/CE se examine la adecuación general de la red eléctrica para abastecer la demanda actual y prevista de electricidad, incluidos:

               a)

               la seguridad operativa de la red;

               b)

               el equilibrio previsto entre la oferta y la demanda para el próximo período quinquenal;

               c)

               las perspectivas de seguridad del abastecimiento de electricidad en el período comprendido entre los 5 y 15 años siguientes a la publicación del informe;

               d)

               las previsiones de inversión en capacidad de interconexión transfronteriza en los próximos cinco o más años naturales de los gestores de las redes de transporte y de cualquier otra parte de la que tengan conocimiento.

         2.   Los Estados miembros o las autoridades competentes elaborarán el informe en estrecha cooperación con los gestores de las redes de transporte. Los gestores de las redes de transporte, si procede, consultarán con los gestores de las redes de transporte vecinos.
   3.   En la sección del informe relativa a la inversión en el ámbito de la interconexión mencionada en el apartado 1, letra d), se tendrán en cuenta:

               a)

               los principios para la gestión de la congestión establecidos en el Reglamento (CE) no 1228/2003;

               b)

               las líneas actuales y previstas de transporte;

               c)

               los modelos previstos de generación, abastecimiento, intercambios transfronterizos y consumo que permiten adoptar medidas de gestión de la demanda,
               y

               d)

               los objetivos regionales, nacionales y europeos de desarrollo sostenible, incluidos los proyectos que forman parte de los ejes de proyectos prioritarios mencionados en el anexo I de la Decisión no 1229/2003/CE.

         Los Estados miembros velarán por que los gestores de las redes de transporte ofrezcan información sobre sus previsiones de inversión o de las de cualquier otra parte de la que tengan conocimiento en lo que respecta a la capacidad de interconexión transfronteriza.
   Los Estados miembros también podrán pedir a los gestores de las redes de transporte que faciliten información sobre las inversiones relacionadas con la construcción de líneas interiores que afecten materialmente a la previsión de interconexión transfronteriza.
   4.   Los Estados miembros o las autoridades competentes velarán por que se faciliten los medios necesarios para el acceso a los datos pertinentes a los gestores de las redes de transporte o las autoridades competentes para la realización de esta tarea.
   Se garantizará la no divulgación de cualquier información confidencial.
   5.   Con arreglo a la información a que se refiere el apartado 1, letra d), recibida de las autoridades competentes, la Comisión informará a los Estados miembros, a las autoridades competentes y al Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas creado en virtud de la Decisión 2003/796/CE de la Comisión (8), sobre las inversiones previstas y su contribución a los objetivos establecidos en el artículo 1, apartado 1.
   Este informe podrá combinarse con el informe previsto en el artículo 28, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/54/CE y será publicado.
   Artículo 8
   Incorporación al Derecho nacional
   1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 24 de febrero de 2008. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   A más tardar el 1 de diciembre de 2007, los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 9
   Información
   La Comisión seguirá y evaluará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe provisional al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 24 de febrero de 2010.
   Artículo 10
   Entrada en vigor
   La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 11
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 18 de enero de 2006.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         H. WINKLER

      (1)  DO C 120 de 20.5.2005, p. 119.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 1 de diciembre de 2005.

      (3)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 2004/85/CE del Consejo (DO L 236 de 7.7.2004, p. 10).

      (4)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 11.

      (5)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1223/2004 del Consejo (DO L 233 de 2.7.2004, p. 3).

      (6)  DO L 283 de 27.10.2001, p. 33. Directiva modificada por el Acta de adhesión de 2003.

      (7)  DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.

      (8)  DO L 296 de 14.11.2003, p. 34.


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31991L0156

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos

Diario Oficial n° L 078 de 26/03/1991 p. 0032 - 0037 Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 10 p. 0066  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 10 p. 0066

DIRECTIVA DEL CONSEJO  de 18 de marzo de 1991  por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos  (91/156/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 130 S,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que la Directiva 75/442/CEE (4) instauró a nivel comunitario una reglamentación para la eliminación de residuos; que, para tener en cuenta las experiencias adquiridas por los Estados miembros al aplicar dicha Directiva, es conveniente  modificar esta reglamentación; que estas modificaciones tienen como base un nivel elevado de protección del medio ambiente;  Considerando que en su Resolución, de 7 de mayo de 1990, sobre la política en materia de residuos (5), el Consejo se comprometió a modificar la Directiva 75/442/CEE;  Considerando que, para hacer más eficaz la gestión de los residuos en la Comunidad, es necesario disponer de una terminología común y de una definición de residuos;  Considerando que para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, es necesario que los Estados miembros, además de garantizar la eliminación y la valorización responsables de los residuos, adopten medidas encaminadas a limitar la producción  de residuos, en particular promoviendo las tecnologías limpias y los productos reciclables y reutilizables, tomando en consideración las oportunidades de comercialización actuales o potenciales de los residuos valorizados;  Considerando además que una disparidad entre las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a la eliminación y la valorización de los residuos puede afectar a la calidad del medio ambiente y al buen funcionamiento del mercado interior;  Considerando que es deseable fomentar el reciclado de los residuos y su reutilización como materias primas; que puede ser necesario adoptar normas específicas para los residuos reutilizables;  Considerando que es importante que el conjunto de la Comunidad sea capaz de garantizar por sí mismo la eliminación de sus residuos y que es deseable que cada Estado miembro, de forma individual, tienda a este objetivo;  Considerando que los Estados miembros deben elaborar planes de gestión de residuos para dar cumplimiento a los antedichos objetivos;  Considerando que conviene reducir los movimientos de residuos y que con este fin los Estados miembros puedan adoptar las medidas necesarias en el marco de sus planes de gestión;  Considerando que para garantizar un nivel de protección elevado y un control eficaz, es necesario estipular la autorización y control de las empresas de eliminación y de valorización de residuos;  Considerando que determinados establecimientos que tratan sus propios residuos o valorizan residuos pueden estar exentos de la autorización exigida en determinadas condiciones y siempre y cuando respeten los requisitos de protección del medio ambiente;  que tales establecimientos deben estar sujetos a registro;  Considerando que para garantizar el seguimiento de los residuos desde su producción hasta su eliminación definitiva, conviene asimismo someter a autorización o registro y a una inspección adecuada a otras empresas relacionadas con los residuos, tales  como las que se ocupan de la recogida, del transporte y de la comercialización de residuos;  Considerando que es conveniente constituir un comité encargado de asistir a la Comisión en la aplicación de la presente Directiva y su adaptación al progreso científico y técnico,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  La Directiva 75/442/CEE queda modificada como sigue:  1) Los artículos 1 al 12 deberán sustituirse por los siguientes:  « Artículo 1  Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por:  a) "residuo": cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías que se recogen en el Anexo I y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse.  El 1 de abril de 1993 como muy tarde, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18, elaborará una lista de residuos pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo I. Dicha lista se revisará periódicamente y, en caso  necesario, se modificará según el mismo procedimiento;  b) "productor": cualquier persona cuya actividad produzca residuos ("productor inicial") y/o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos  residuos;  c) "poseedor": el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión;  d) "gestión": la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como la vigilancia de los lugares de descarga después de su cierre;  e) "eliminación": cualquiera de las operaciones enumeradas en el Anexo II A;  f) "valorización": cualquiera de las operaciones enumeradas en el Anexo II B;  g) "recogida": operación consistente en recoger, clasificar y/o agrupar residuos para su transporte.  Artículo 2  1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva:  a) los efluentes gaseosos emitidos en la atmósfera;  b) cuando ya estén cubiertos por otra legislación:  i) los residuos radiactivos;  ii) los resíduos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento y del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras;  iii) los cadáveres de animales y los residuos agrícolas siguientes: materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas utilizadas en el marco de la explotación agrícola;  iv) las aguas residuales, con excepción de los residuos en estado líquido;  v) los explosivos desclasificados.  2. Las disposiciones específicas particulares o complementarias de las de la presente Directiva, destinadas a regular la gestión de determinadas categorías de residuos, podrán establecerse mediante directivas específicas.  Artículo 3  1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para fomentar:  a) en primer lugar, la prevención o la reducción de la producción de los residuos y de su nocividad, en particular mediante:  - el desarrollo de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor de recursos naturales;  - el desarrollo técnico y la comercialización de productos diseñados de tal manera que no contribuyan o contribuyan lo menos posible, por sus características de fabricación, utilización o eliminación, a incrementar la cantidad o la nocividad de los  residuos y los riesgos de contaminación;  - el desarrollo de técnicas adecuadas para la eliminación de las sustancias peligrosas contenidas en los residuos destinados a la valorización;  b) en segundo lugar:  i) la valorización de los residuos mediante reciclado, nuevo uso, recuperación o cualquier otra acción destinada a obtener materias primas secundarias, o  ii) la utilización de los residuos como fuente de energía.  2. Excepto en aquellos casos en que se apliquen las disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (*), los  Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas cuya adopción proyecten con el fin de alcanzar los objetivos del apartado 1. La Comisión informará de dichas medidas a los demás Estados miembros y al Comité mencionado en el artículo 18.   (*) DO no L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.  Artículo 4  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en  particular:  - sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora;  - sin provocar incomodidades por el ruido o los olores;  - sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.  Los Estados miembros adoptarán también las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.  Artículo 5  1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas, en cooperación con otros Estados miembros si ello es necesario o conveniente, para crear una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación, teniendo en cuenta las mejores tecnologías  disponibles que no impliquen costes excesivos. Dicha red deberá permitir a la Comunidad en su conjunto llegar a ser autosuficiente en materia de eliminación de residuos y a cada Estado miembro individualmente tender hacia ese objetivo, teniendo en  cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones especializadas para determinado tipo de residuos.  2. Dicha red deberá permitir además la eliminación de los residuos en una de las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de los métodos y las tecnologías más adecuados para garantizar un nivel elevado de protección del medio  ambiente y de la salud pública.  Artículo 6  Los Estados miembros establecerán o designarán la autoridad o autoridades competentes encargadas de aplicar las disposiciones de la presente Directiva.  Artículo 7  1. Para realizar los objetivos a los que se refieren los artículos 3, 4 y 5, la autoridad o autoridades competentes a que se refiere el artículo 6 tendrán la obligación de establecer tan pronto como sea posible uno o varios planes de gestión de  residuos. Dichos planes se referirán en particular a:  - los tipos, cantidades y origen de los residuos que han de valorizarse o eliminarse;  - las prescripciones técnicas generales;  - todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares;  - los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación.  Dichos planes podrán incluir, por ejemplo:  - las personas físicas o jurídicas facultadas para proceder a la gestión de los residuos;  - la estimación de los costes de las operaciones de valorización y de eliminación;  - las medidas apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, de la clasificación y del tratamiento de los residuos.  2. Los Estados miembros colaborarán, en su caso, con los demás Estados miembros y con la Comisión en el establecimiento de los planes citados y los pondrán en conocimiento de la Comisión.  3. Los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos. Informarán de dichas medidas a la Comisión y a los Estados miembros.  Artículo 8  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que todo poseedor de residuos:  - los remita a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones previstas en los Anexos II A o II B, o  - se ocupe el mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva.  Artículo 9  1. A efectos de la aplicación de los artículos 4, 5 y 7, cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones citadas en el Anexo II A deberá obtener una autorización de la autoridad competente mencionada en el artículo 6.  Dicha autorización se referirá, en particular:  - a los tipos y cantidades de residuos;  - a las prescripciones técnicas;  - a las precauciones que deberán tomarse en materia de seguridad;  - al lugar de eliminación;  - al método de tratamiento.  2. Las autoridades podrán, o bien concederse por un período determinado, renovarse y estar sujetas a condiciones y obligaciones, o bien denegarse, en particular en el caso de que el método de eliminación previsto no sea aceptable desde el punto de vista  de la protección del medio ambiente.  Artículo 10  A efectos de la aplicación del artículo 4, cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones citadas en el Anexo II B deberá obtener una autorización al respecto.  Artículo 11  1. Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (*), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal, se podrá  dispensar de la autorización mencionada en el artículo 9 o en el artículo 10 a:  a) los establecimientos o empresas que se ocupen ellos mismos de la eliminación de sus propios residuos en los lugares de producción,  y  b) los establecimientos o empresas que valoricen residuos.  Únicamente se podrá aplicar esta exención:  - si las autoridades competentes han adoptado normas generales para cada tipo de actividad en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización,  y  - si los tipos o cantidades de residuos o las formas de eliminación o de valorización cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4.  2. Los establecimientos o empresas a que hace referencia el apartado 1 deberán estar registrados ante las autoridades competentes.  3. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las normas generales adoptadas en virtud del apartado 1.   (*) DO no L 84 de 31. 3. 1978, p. 43.  Artículo 12  Los establecimientos o empresas que efectúen con cáracter profesional la recogida o el transporte de residuos o que se ocupen de la eliminación o valorización de residuos por encargo de terceros (negociantes o agentes), si no están sujetos a  autorización, deberán estar registrados ante las autoridades competentes.  Artículo 13  Los establecimientos o empresas que se ocupen de las operaciones mencionadas en los artículos 9 a 12 estarán sujetos a inspecciones periódicas apropiadas por parte de las autoridades competentes.  Artículo 14  Cualquier establecimiento o empresa mencionado en los artículos 9 y 10 deberán:  - llevar un registro en el que se indique la cantidad, naturaleza, origen y, cuando ello sea pertinente, el destino, la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de tratamiento de los residuos enumerados en el Anexo I y las operaciones  enumeradas en los Anexos II A o II B;  - facilitar dichas indicaciones a las autoridades competentes mencionadas en el artículo 6, a petición de éstas.  Los Estados miembros también podrán exigir a los productores que cumplan las disposiciones del presente artículo.  Artículo 15  De conformidad con el principio "quien contamina paga", el coste de la eliminación de los residuos deberá recaer sobre:  - el poseedor que remitiere los residuos a un recolector o a una empresa de las mencionadas en el artículo 9, y/o  - los poseedores anteriores o el productor del producto generador de los residuos.  Artículo 16  1. Cada tres años, y por primera vez el 1 de abril de 1995, los Estados miembros remitirán a la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. Este informe se redactará, en particular, a  partir de un cuestionario conforme al procedimiento indicado en el artículo 18, que la Comisión remitirá a los Estados miembros seis meses antes de la fecha arriba mencionada.  2. La Comisión publicará cada tres años, y por primera vez el 1 de abril de 1996, un informe de síntesis basado en los informes a los que se refiere el apartado 1.  Artículo 17  Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos de la presente Directiva al progreso científico y técnico se aprobarán de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 18.  Artículo 18  La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.  El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se  trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los  representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.  La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.  Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría  cualificada.  Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas. ».  2) Los artículos 13, 14 y 15 pasan a ser los artículos 19, 20 y 21.  3) Se añadirán los Anexos siguientes:  « ANEXO I  CATEGORÍAS DE RESIDUOS    Q1  Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación  Q2  Productos que no respondan a las normas  Q3  Productos caducados  Q4  Materias que se hayan vertido por accidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido cualquier otro  incidente con inclusión del material, del equipo, etc, contaminado a causa del incidente en cuestión  Q5  Materias contaminadas o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo, residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje,  contenedores, etc)  Q6  Elementos inutilizables (por ejemplo, baterías fuera de uso, catalizadores gastados, etc)  Q7  Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo, ácidos contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas,  etc)  Q8  Residuos de procesos industriales (por ejemplo, escorias, posos de destilación, etc)  Q9  Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo, barros de lavado de gas, polvo de filtros de aire, filtros gastados, etc)  Q10  Residuos de  mecanización/acabado (por ejemplo, virutas de torneado o fresado, etc)  Q11  Residuos de extracción y preparación de materias primas (por ejemplo, residuos de explotación minera o petrolera, etc)  Q12  Materia contaminada (por ejemplo, aceite  contaminado con PCB, etc)  Q13  Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley  Q14  Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por ejemplo, artículos desechados por la agricultura, los  hogares, las oficinas, los almacenes, los talleres, etc)  Q15  Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de regeneración de terrenos  Q16  Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías  anteriores. ANEXO II A  OPERACIONES DE ELIMINACIÓN  NB: Se considera que el presente Anexo recoge las operaciones de eliminación tal como se efectúan en la práctica. De conformidad con el artículo 4, los residuos deben eliminarse sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o  métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.    D1  Depósito en el suelo o en su interior (por ejemplo, descarga, etc)  D2  Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc)  D3  Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos  bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc)  D4  Lagunaje (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc)  D5  Descarga en lugares de vertido especialmente preparados (por ejemplo, envasado  en alveolos estancos separados, recubiertos y aislados entre sí y el medio ambiente, etc)  D6  Vertido de residuos sólidos en el medio acuático, salvo en el mar  D7  Vertido en el mar, incluido el soterramiento en el subsuelo marino  D8  Tratamiento  biológico no especificado en ningún otro punto del presente Anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados en el presente Anexo  D9  Tratamiento fisicoquímico no especificado en ningún  otro punto del presente Anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados en el presente Anexo (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc)  D10  Incineración en tierra  D11   Incineración en el mar  D12  Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc)  D13  Agrupación previa a una de las operaciones del presente Anexo  D14  Reacondicionamiento previo a una de las operaciones del presente  Anexo  D15  Almacenamiento previo a una de las operaciones del presente Anexo, con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción. ANEXO II B  OPERACIONES QUE DEJAN UNA POSIBILIDAD DE VALORIZACIÓN  NB: Se considera que el presente Anexo recoge las operaciones de valorización tal como se efectúan en la práctica. De conformidad con el artículo 4, los residuos deben valorizarse sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o  métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.    R1  Recuperación o regeneración de disolventes  R2  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes  R3  Reciclado o recuperación de metales o de compuestos metálicos  R4  Reciclado o recuperación de otras materias  inorgánicas  R5  Regeneración de ácidos o de bases  R6  Valorización de productos que sirven para captar contaminantes  R7  Valorización de productos procedentes de catalizadores  R8  Regeneración u otro nuevo empleo de aceites  R9  Utilización  principal como combustible u otro modo de producir energía  R10  Esparcimiento sobre el suelo en provecho de la agricultura o la ecología, incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas, con excepción de los residuos  excluidos de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iii)  R11  Utilización de residuos obtenidos a partir de una de las operaciones enumeradas anteriormente en R1 a R10  R12  Intercambio de residuos para someterlos a una cualquiera  de las operaciones enumeradas anteriormente en R1 a R11  R13  Almacenamiento de materiales para someterlos a una de las operaciones que figuran en el presente Anexo, con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de  producción. ».  Artículo 2  1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 1 de abril de 1993. Informarán de ello  inmediatamente a la Comisión.  2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.   3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 1991. Por el Consejo  El Presidente  A. BODRY  (1) DO no C 295 de 19. 11. 1988, p. 3; y DO no C 326 de 30. 12. 1989, p. 6. (2) DO no 158 de 26. 6. 1989, p. 232; y Dictamen emitido el 22 febrero de 1991 (no publicado aún en el Diario Oficial). (3) DO no C 56 de 6. 3. 1989, p. 2. (4) DO no L  194 de 25. 7. 1975, p. 47. (5) DO no C 122 de 18. 5. 1990, p. 2.


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31993L0084

Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros y las empresas públicas

Diario Oficial n° L 254 de 12/10/1993 p. 0016 - 0018 Edición especial en finés : Capítulo 8 Tomo 2 p. 0023  Edición especial sueca: Capítulo 8 Tomo 2 p. 0023

DIRECTIVA 93/84/CEE DE LA COMISIÓN de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicasLA COMISIÓN DE LAS  COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 90,  Considerando que la Directiva 80/723/CEE de la Comisión (1), modificada por la Directiva 85/413/CEE (2), estableció un sistema por el cual se obligaba a los Estados miembros a garantizar la transparencia de las relaciones entre los poderes públicos y  las empresas públicas; que dicha Directiva exigía a los Estados miembros que recopilaran y facilitaran a la Comisión, cuando les fueran solicitados, determinados datos financieros;  Considerando que la Directiva 80/723/CEE, especialmente en sus artículos 3 y 5, contiene disposiciones que pueden facilitar el cumplimiento por parte de la Comisión de las obligaciones que le incumben;  Considerando que las empresas públicas desempeñan una función importante en las economías de los Estados miembros; que, ante la evolución de la competencia en el mercado común, la necesidad de que la transparencia presida las relaciones financieras  entre los Estados miembros y sus empresas públicas es mayor que antes, teniendo especialmente en cuenta que la Comunidad se orienta hacia un mayor grado de integración económica y de cohesión social;  Considerando que los Estados miembros aprobaron el Acta Única Europea que, a su vez, ha llevado a la creación del mercado único con efecto desde el 1 de enero de 1993; que, como consecuencia de ello, habrá más presión competitiva y la Comisión deberá  velar por que las ventajas que se derivan del mercado único sean plenamente realidad; que la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre las empresas públicas y privadas aumenta progresivamente con el mercado único;  Considerando que, como se ha demostrado, una parte significativa de los flujos financieros entre los Estados y sus empresas públicas se realiza con arreglo a distintos tipos de transferencias financieras, y no simplemente mediante ampliaciones de  capital o de cuasicapital;  Considerando que es predominantemente en el sector manufacturero donde la Comisión observa que se han concedido numerosas ayudas a empresas sin proceder a su notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado; que  las encuestas sobre ayudas estatales Primera (3), Segunda (4) y Tercera (5) confirman que muchas ayudas estatales siguen concediéndos e ilegalmente;  Considerando que un sistema de información basado en la verificación a posteriori de los flujos financieros entre los poderes públicos y las empresas públicas permitirá a la Comisión cumplir sus obligaciones; que tal sistema de control debe abarcar una  serie de datos financieros específicos; que estos datos no siempre son de dominio público y, cuando lo son, no tienen la suficiente precisión para permitir una correcta evaluación de los flujos financieros entre el Estado y las empresas públicas;  Considerando que, en su conjunto, los datos exigidos pueden ser considerados proporcionales al objetivo perseguido, habida cuenta de que ya están sujetos a las obligaciones contables de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo (6) relativa a las  cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, cuya última modificación la constituye la Directiva 90/605/CEE (7);  Considerando que, con el fin de limitar la carga administrativa de los Estados miembros, este sistema de información debe basarse tanto en los datos de dominio público como en la información de que disponen los accionistas mayoritarios; que la  presentación de informes consolidados está permitida; que toda ayuda ilegal concedida a grandes empresas que operan en el sector manufacturero falseará significativamente la competencia en el mercado común; que, por consiguiente, tal sistema de  información podría limitarse por el momento a las empresas cuyo volumen anual de negocios sea superior a 250 millones de ecus;  Considerando que, si bien al notificar la Directiva en 1980, la Comisión estimó que los movimientos de fondos dentro de una empresa pública o de un grupo de empresas públicas no estaban sujetos a las obligaciones impuestas por la Directiva 80/723/CEE,  la inclusión de estos datos responde a las nuevas exigencias de la vida económica, que se ve frecuentemente influida por las intervenciones del Estado a través de las empresas públicas; considerando que procede también tener en cuenta que, como ha  venido subrayando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde 1980 (8), han aumentado significativamente los casos de violación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 por parte de los Estados miembros, dificultando cada vez más la función  de control de la Comisión en el ámbito de la competencia, y que, por este motivo, resulta necesario reforzar los poderes de vigilancia de la Comisión,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:   Artículo 1  La Directiva 80/723/CEE quedará modificada del siguiente modo:  1) En el artículo 2 se añadirá el guión siguiente:  « - "empresas públicas que operan en el sector manufacturero":  todas las empresas cuya principal área de actividad, definida como aquella que representa al menos el 50 % de su volumen de negocios global anual, sean las manufacturas. Estas empresas son aquellas cuyas operaciones corresponden a la Sección D -  Industria manufacturera (de la subsección DA hasta -e inclusive- la subsección DN) de la clasificación NACE (Rev. 1) (*).  (*) DO no L 83 de 3. 4. 1993, p. 1. ».  2) Se inserta el artículo 5 bis siguiente:  « Artículo 5 bis 1. Los Estados miembros con empresas públicas que operen en el sector manufacturero facilitarán, con carácter anual a la Comisión, la información financiera contemplada en el apartado 2, en el plazo establecido en el apartado 4.  2. La información financiera exigida con respecto a cada una de las empresas públicas del sector manufacturero y de conformidad con el apartado 3 será la siguiente:  i) la memoria anual y las cuentas anuales, según la definición que consta en la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo (*). Las cuentas anuales y la memoria anual incluirán el balance y la cuenta de resultados, las notas explicativas, junto con las  reglas contables particulares de la empresa, las declaraciones de los consejeros y los informes sectoriales y de actividad. Además, deberán presentarse las actas de las juntas de accionistas y cualquier otra información pertinente.  En la medida en que no figure en la memoria anual y en la documentación financiera de cada una de las empresas públicas, se facilitará además la siguiente información:  ii) la aportación de capital en acciones o cuasicapital, de la misma naturaleza que las acciones, especificando las condiciones de provisión de dichos fondos (es decir, acciones ordinarias, preferentes, de dividendo diferido o convertibles y sus  correspondientes tipos de interés, dividendos o derechos de conversión);  iii) las subvenciones a fondo perdido o subvenciones reembolsables en determinadas circunstancias;  iv) la conclusión de cualquier préstamo, incluidos los descubiertos y anticipos sobre ampliaciones de capital, concedido a la empresa, especificando sus tipos de interés, condiciones y, en su caso, la garantía dada al prestamista por la empresa  receptora;  v) las garantías ofrecidas a la empresa por parte de los poderes públicos con respecto a la financiación del préstamo (especificando las condiciones y, en su caso, los gastos correspondientes asumidos por la empresa);  vi) los dividendos distribuidos y los beneficios no distribuidos;  vii) cualquier otro tipo de intervención pública, en particular, la condonación de cantidades adeudadas al Estado por la empresa pública incluidos, entre otros, el reembolso de préstamos, las subvenciones, el pago del impuesto sobre sociedades, las  cotizaciones sociales y otros pagos de carácter similar.  3. Lo dispuesto en el apartado 2 será aplicable a todas las empresas públicas cuyo volumen de negocios, en el ejercicio más reciente, haya sido superior a 250 millones de ecus.  Los datos a que se refiere el apartado 2 se presentarán por separado con respecto a cada una de las empresas públicas, incluidas las situadas en otros Estados miembros, e incluirán, en su caso, información detallada sobre todas las transacciones  realizadas dentro del grupo y con otros grupos de empresas públicas, así como las realizadas directamente entre empresas públicas y el Estado. El capital en acciones a que hace referencia el inciso ii) del apartado 2 incluirá aquel que sea directamente  propiedad del Estado y el que sea propiedad de un holding u otra empresa pública (incluidas entidades financieras), sea dentro o fuera del mismo grupo de la empresa pública considerada. Deberá especificarse siempre la relación entre el proveedor y el  receptor de fondos. Asimismo, los informes a que alude el apartado 2 se facilitarán por separado con respecto a cada una de las empresas públicas, así como con respecto al (sub)holding que agrupe a varias empresas públicas, en la medida en que las  ventas consolidadas de dicho (sub)holding permitan su clasificación como « manufacturera ».  Determinadas empresas públicas distribuyen sus actividades entre varias empresas legalmente constituidas. En lo que respecta a estas empresas, la Comisión podrá aceptar un informe consolidado, siempre y cuando dicha consolidación refleje la realidad  económica de un grupo de empresas que operan en los mismos sectores o en sectores afines. No se reputará suficiente la presentación de informes consolidados de varios holdings puramente financieros.  4. La información a que se refiere el apartado 2 tendrá carácter anual. La correspondiente al ejercicio de 1992 se presentará a la Comisión en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la presente Directiva.  A partir del ejercicio 1993, la información se presentará en el plazo de quince días laborables a partir de la publicación de la memoria anual de la empresa pública considerada. En cualquier caso, y, específicamente, en el caso de las empresas que no  publiquen tales memorias, la información se presentará como máximo nueve meses después de finalizado el ejercicio correspondiente.  Con el fin de determinar el número de empresas al que se aplicará este sistema de información, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la presente Directiva, una lista de las empresas que  entren dentro del ámbito de aplicación del presente artículo, indicando su correspondiente volumen de negocios. Dicha lista deberá actualizarse todos los años antes del 31 de marzo.  5. El presente artículo sólo será aplicable a las empresas que sean propiedad o estén controladas por el Treuhandanstalt a partir de la fecha de expiración del sistema especial de información establecido para las inversiones de dicho organismo.  6. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información adicional que consideren necesaria para completar la detallada evaluación de los datos suministrados.  (*) DO no L 222 de 14. 8. 1978, p. 1 ».   Artículo 2  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de noviembre de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.   Artículo 3  Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 1993.  Por la Comisión Karel VAN MIERT Vicepresidente  (1) DO no L 195 de 29. 7. 1980, p. 35.  (2) DO no L 229 de 28. 8. 1985, p. 20.  (3) ISBN 92-825-9531-5.  (4) ISBN 92-826-0382-2.  (5) ISBN 92-826-4633-5.  (6) DO no L 222 de 14. 8. 1978, p. 11.  (7) DO no L 317 de 16. 11. 1990, p. 60.  (8) Véanse, por ejemplo, las sentencias 290/83 (Caisse nationale de Crédit agricole), de 30 de enero de 1985, Rec. 1985, p. 439; 67, 68, 70/85 (Van der Kooy), de 2 de febrero de 1988, Rec. 1988, p. 219; C-303/88 (ENI/Lanerossi), de 21 de marzo de 1991,  Rec. 1991, p. I-1433, y C-305/89 (IRI/Finmeccanica/Alfa Romeo), de 21 de marzo de 1991, Rec. 1991, p. I-1603).


Avis juridique important

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31989L0284

Directiva 89/284/CEE del Consejo de 13 de abril de 1989 por la que se completa y modifica la Directiva 76/116/CEE en lo que se refiere al calcio, magnesio, sodio y azufre contenidos en los abonos

Diario Oficial n° L 111 de 22/04/1989 p. 0034 - 0038 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 18 p. 0229  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 18 p. 0229

*****DIRECTIVA  DEL CONSEJO  de 13 de abril de 1989  por la que se completa y modifica la Directiva 76/116/CEE en lo que se refiere al calcio, magnesio, sodio y azufre contenidos en los abonos  (89/284/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que conviene adoptar las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales;  Considerando que la Directiva 76/116/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (4), modificada en último lugar por la Directiva 88/183/CEE (5), fija las normas de comercialización de los abonos sólidos de tipo CEE; que resulta necesario extender dicha Directiva al calcio, magnesio, sodio y azufre contenidos en los abonos;  Considerando que la Directiva 76/116/CEE del Consejo puede aplicarse en adelante a los abonos que contengan únicamente calcio, magnesio y azufre,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  Artículo 1  Para los abonos CEE que figuran en el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE podrá declararse un contenido en magnesio, sodio y azufre siempre que estos elementos se hallen presentes en cantidades por lo menos iguales a los mínimos fijados en el artículo 2 de la presente Directiva y siempre que los abonos CEE sean conformes a las especificaciones que figuran en el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE. En tal caso, la denominación del tipo será completada con la mención prevista en la letra b) del artículo 6 de la presente Directiva.  Artículo 2  Para los abonos CEE mencionados en el artículo 1 sólo podrá declararse un contenido en magnesio, sodio y azufre si contienen:  - por lo menos un 2 % de óxido de magnesio (MgO), es decir, un 1,2 % de Mg;  - por lo menos un 3 % de óxido de sodio (Na2O), es decir, un 2,2 % de Na;  - por lo menos un 5 % de anhídrido sulfúrico (SO3), es decir, un 2 % de S.  Artículo 3  1. Con arreglo a la presente Directiva, el calcio considerado como elemento nutritivo será declarable, sin perjuicio del apartado 2, únicamente para los abonos del tipo 1 y 2 de la lista que figura en el Anexo I.  Los Estados miembros podrán establecer que, para los abonos comercializados en su territorio, el contenido en calcio se declare bien en forma de óxido CaO, bien en forma de elemento Ca, bien en ambas formas simultáneamente.  Para convertir el contenido en óxido de calcio en contenido en calcio se utilizará la fórmula siguiente:  Calcio (Ca) = óxido de calcio (CaO) × 0,715  2. De conformidad con lo dispuesto en la parte C del Anexo I de la Directiva 76/116/CEE, para los abonos líquidos destinados a la pulverización foliar, podrá indicarse el contenido en Ca soluble cuando dicho contenido sea como mínimo del 8 % CaO (= 5,7 % Ca).  Artículo 4  Los abonos que respondan a las disposiciones de la presente Directiva y de sus Anexos podrán recibir la mención de « ABONO CEE ».  Artículo 5  Los Estados miembros podrán establecer que, para los abonos comercializados en su territorio, la indicación de los contenidos en magnesio, sodio y azufre se exprese:  - bien en forma de óxido (Mg Na2O, SO3),  - bien en forma de elementos (Mg, Na, S),  - bien en ambas formas simultáneamente.  Para convertir los contenidos en óxidos de sodio y en anhídrido sulfúrico en contenidos en sodio y en azufre, se utilizarán las fórmulas siguientes:  - sodio (Na) = óxido de sodio (Na2O) × 0,742,  - azufre (S) = anhídrido sulfúrico (SO3) × 0,400.  Cuando el contenido se obtenga mediante el cálculo, el valor que se tenga en cuenta para la declaración será redondeado utilizando el decimal más próximo.  Artículo 6  Menciones obligatorias para la identificación:  a) la mención « ABONO CEE » en letras mayúsculas;  b) la denominación del tipo de abono:  - bien de conformidad con el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE, completando la denominación del tipo con la mención « conteniendo . . . » seguida del nombre o de los nombres de los elementos presentes que son objeto de la presente Directiva o de su símbolo químico. Los números que indican los contenidos de los elementos que son objeto de la Directiva 76/116/CEE podrán completarse con los de elementos que son objeto del Anexo I de la presente Directiva, figurando estos últimos inscritos entre paréntesis;  - bien de conformidad con el Anexo I de la presente Directiva;  c) los contenidos garantizados para cada elemento fertilizante y los contenidos garantizados en forma y/o solubilidad, cuando se especifiquen en los Anexos de las directivas relativas a los abonos.  Cuando se trate de abonos simples y compuestos, la indicación de los contenidos en elementos fertilizantes se dará en porcentaje en peso en número entero o, en su caso, con un decimal.  Cuando el abono contenga varios elementos declarables, la indicación de los contenidos deberá hacerse en el orden siguiente:  N, P2O5 y/o P, K2O y/o K, CaO o Ca, MgO y/o Mg, Na2O y/o Na, SO3 y/o S.  Las formas y la solubilidad de los elementos fertilizantes deberán indicarse igualmente en porcentaje en peso, salvo en el caso en que el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE establezca expresamente la indicación de este contenido de otra manera.  La indicación de los elementos fertilizantes se hará tanto con la denominación literal como con la denominación del simbolo químico [por ejemplo: nitrógeno (N), fósforo (P), anhidrido fosfórico (P2O5), potasio (K), óxido de potasio (K2O), magnesio (Mg), óxido de magnesio (MgO), sodio (Na), óxido de sodio (Na2O), azufre (S), anhídrido sulfúrico (SO3), calcio (Ca) y óxido de calcio (CaO)].  Artículo 7  La declaración del contenido en magnesio, sodio y azufre en los abonos mencionados en el artículo 1 se efectuará de una de las siguientes maneras:  - el contenido total expresado en porcentaje en peso del abono;  - cuando un elemento sea completamente soluble en el agua, únicamente se declarará el contenido soluble en el agua;  - el contenido total y el contenido soluble en el agua, expresado en porcentaje en peso del abono cuando dicha solubilidad alcance al menos una cuarta parte del contenido total.  Los contenidos se determinarán según las condiciones fijadas por los métodos de análisis, previstos en el artículo 8 de la Directiva 76/116/CEE.  Artículo 8  Las tolerancias admitidas en relación con los valores declarados de calcio, magnesio, sodio y azufre se fijarán en una cuarta parte de los contenidos declarados en dichos elementos, con un máximo de 0,9 % en valor absoluto para el CaO, MgO, Na2O y SO3, es decir, de 0,64 para el Ca, 0,55 para el Mg, 0,67 para el Na y 0,36 para el S.  Artículo 9  El Anexo I de la Directiva 76/116/CEE queda modificado como sigue:  1. El abono CEE, kieserita con sulfato de potasa, que figura en el Anexo II de la presente Directiva, se añadirá como no 7 en la parte A. Abonos simples, punto III. Abonos potásicos; 2. El abono CEE, solución de nitrato de calcio, que figura en el Anexo II de la presente Directiva, se añadirá como no 3 en la parte C. Abonos líquidos, punto 1. Abonos simples.  Artículo 10  1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva en un plazo máximo de doce meses a partir de su notificación (1). Informarán de ello immediatamente a la Comisión.  2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  Artículo 11  Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.  Hecho en Luxemburgo, el 13 de abril de 1989.  Por el Consejo  El Presidente  P. SOLBES  (1) DO no C 20 de 26. 1. 1988, p. 5.  (2) DO no C 262 de 10. 10. 1988, p. 82.  DO no C 47 de 27. 2. 1989.  (3) DO no C 134 de 24. 5. 1988, p. 6.  (4) DO no L 24 de 30. 1. 1976, p. 21.  (5) DO no L 83 de 29. 3. 1988, p. 33.  (1) La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros el 17 de abril de 1989.  ANEXO I  LISTA DE LOS ABONOS QUE CONTIENEN CALCIO, MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO PRINCIPAL  1.2.3.4.5.6 // Número   // Denominación del tipo  // Informaciones sobre la forma de obtención y los componentes esenciales  // Contenido mínimo en elementos fertilizantes (porcentaje en peso) Informaciones sobre la evaluación de los elementos fertilizantes Otros requisitos  // Otras informaciones sobre la denominación del tipo  // Elementos cuyo contenido debe garantizarse Solubilidades de los elementos fertilizantes Otros criterios  //  //  //  //  //  //  // 1  // 2  // 3  // 4  // 5  // 6  //  //  //  //  //  //  // 1  // Sulfato de calcio   // Producto de origen natural o industrial que contiene sulfato de calcio con diferentes grados de hidratación   // 25 % CaO 35 % SO3 Calcio y azufre evaluados como CaO + SO3 total   // Podrán añadirse las denominaciones usuales en el comercio   // Anhídrido sulfúrico total Facultativamente: oxido de calcio total   //   //   //  // Finura de molienda:   //   //   //   //   //   // - paso de al menos 80 % a través del tamiz de 2 mm de malla,   //   //  //   //   //   // - paso de al menos 99 % a través del tamiz de 10 mm de abertura de malla   //   //   //    //   //   //  //   //   // 2   // Solución de cloruro de calcio  // Solución de cloruro de calcio de origen industrial   // 12 % de CaO Calcio evaluado como CaO soluble en agua   //  // Oxido de calcio Facultativamente: para rociado de plantas  //    //   //   //   //   //   // 3   // Azufre elemental  // Producto de origen natural o industrial más o menos refinado   // 98 % S (245 %: SO3) azufre evaluado como SO3 total   //   // Anhídrido sulfúrico total   //    //   //   //  //   //   // 4   // Kieserita   // Producto extraído de minas que contiene como componente esencial sulfato de magnesio con una molécula de agua   // 24 % MgO 45 % SO3 Magnesio y azufre evaluados como óxido de magnesio y anhídrido sulfúrico solubles en agua   // Podrán añadirse las denominaciones usuales en el comercio   // Oxido de magnesio soluble en agua Facultativamente: anhídrido sulfúrico soluble en agua   //  //   //   //   //   //   // 5   // Sulfato de magnesio  // Producto que contiene como componente esencial sulfato de magnesio con siete moléculas de agua   // 15 % MgO 28 % SO3 Magnesio y azufre evaluados como óxido de magnesio y anhídrido sulfúrico solubles en agua   // Podrán añadirse las denominaciones usuales en el comercio   // Oxido de magnesio soluble en agua Facultativamente: anhídrido sulfúrico soluble en agua   //    //   //   //   //   //   // 6   // Solución de cloruro de magnesio   // Producto obtenido por disolución de cloruro de magnesio de origen industrial   // 13 % MgO Magnesio evaluado como óxido de magnesio Contenido máximo en calcio 3 % de Ca0   //   // Óxido de magnesio   //    //   //   //   //  //  ANEXO II  LISTA DE LOS ABONOS QUE CONTIENEN CALCIO, MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO PRINCIPAL  1.2.3.4.5.6 // Número   // Denominación del tipo  // Informaciones sobre la forma de obtención y los componentes esenciales  // Contenido mínimo en elementos fertilizantes (porcentaje en peso) Informaciones sobre la evaluación de los elementos fertilizantes Otros requisitos  // Otras informaciones sobre la denominación del tipo  // Elementos cuyo contenido debe garantizarse Formas y solubilidades de los elementos fertilizantes Otros criterios  //  //  //  //  //  //  // 1   // 2  // 3  // 4  // 5  // 6  //  //  //  //  //  //  // 7   // Kieserita con sulfato de potasa   // Producto obtenido a base de kieserita enriquecida con sulfato de potasio   // 8 % Mg0 Magnesia evaluada como Mg0 soluble en agua 6 % K2O Potasa evaluada como K2O soluble en agua Total MgO + K2O: 20 % Contenido máximo en cloro: 3 % Cl  // Podrán añadirse las denominaciones usuales en el comercio  // Óxido de magnesio soluble en agua Óxido de potasio soluble en agua Indicación facultativa del contenido en cloro, si es inferior a 3 % Cl   //    //   //   //   //   //   // 3  // Solución de nitrato de calcio   // Producto obtenido por disolución en el agua de nitrato de calcio   // 8 % N Nitrógeno evaluado como nitrógeno nítrico, del cual un 1 % como máximo está constituido por nitrógeno amoniacal   // La denominación del tipo podrá ir seguida, según los casos, por una de las menciones siguientes: - para aplicación foliar - para fabricación de soluciones nutritivas - para irrigación fertilizante   // Nitrógeno total Facultativamente: - nitrógeno nítrico - nitrógeno amoniacal - calcio en el caso de de uno de los usos precisados en la columna 5   //    //   //   //   //  //