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31996L0009

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos

Diario Oficial n° L 077 de 27/03/1996 p. 0020 - 0028

DIRECTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datosEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y sus artículos 66 y 100 A,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3),(1) Considerando que, en la actualidad, las bases de datos no están suficientemente protegidas en todos los Estados miembros por la legislación vigente y que, cuando existe, tal protección no es uniforme;(2) Considerando que las diferencias de protección jurídica de las bases de datos en las legislaciones de los Estados miembros inciden de forma directa y negativa en el funcionamiento del mercado interior en lo que se refiere a las bases de datos y, en particular, en la libertad de las personas físicas y jurídicas de suministrar bienes y prestar servicios en el sector de las bases de datos de acceso en línea conforme a un fundamento jurídico armonizado en toda la Comunidad; que dichas diferencias pueden agudizarse a medida que los Estados miembros adopten nuevas disposiciones en un sector que está cobrando una dimensión cada vez más internacional;(3) Considerando que deben suprimirse las diferencias que tienen un efecto distorsionador sobre el funcionamiento del mercado interior y que debe prevenirse la aparición de otras nuevas; que no es preciso eliminar las diferencias que en la actualidad no afectan negativamente al funcionamiento del mercado interior o al desarrollo de un mercado de la información en la Comunidad;(4) Considerando que en los Estados miembros se reconoce una protección de derechos de autor, bajo diferentes formas, respecto a las bases de datos, de acuerdo con su propia legislación o jurisprudencia, y que estos derechos de propiedad intelectual no armonizados pueden tener como efecto impedir la libre circulación de mercancías y servicios en la Comunidad si en las legislaciones de los Estados miembros subsisten diferencias respecto al alcance y las condiciones de protección de los derechos;(5) Considerando que los derechos de autor constituyen una forma apropiada de derechos exclusivos de los autores de las bases de datos;(6) Considerando, sin embargo, que se precisan unas medidas que impidan la extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos a falta de un régimen armonizado relativo a la competencia desleal o de la correspondiente jurisprudencia;(7) Considerando que la fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, y que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente;(8) Considerando que la extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos son actos que pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista económico y técnico;(9) Considerando que las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información; que este instrumento es de gran utilidad para otras muchas actividades;(10) Considerando que el crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada anualmente en la Comunidad y en todo el mundo en los sectores del comercio y la industria exige que en todos los Estados miembros se invierta en sistemas avanzados de tratamiento de la información;(11) Considerando que, en la actualidad, existe un gran desequilibrio en el nivel de inversión en el sector de las bases de datos, tanto entre los Estados miembros como entre la Comunidad y los principales países terceros productores de bases de datos;(12) Considerando que esta inversión en sistemas modernos de almacenamiento y tratamiento de la información no se llevará a cabo en la Comunidad sin la creación de un régimen estable y uniforme de protección jurídica de los derechos de los fabricantes de bases de datos;(13) Considerando que la presente Directiva protege las recopilaciones, también llamadas «compilaciones», de obras, de datos o de otras materias cuya disposición, almacenamiento y acceso se efectúen mediante procedimientos electrónicos, electromagnéticos, electroópticos u otros similares;(14) Considerando que conviene hacer extensiva la protección prestada por la presente Directiva a las bases de datos no electrónicas;(15) Considerando que los criterios en virtud de los cuales las bases de datos son susceptibles de la protección de derechos de autor deben limitarse al hecho de que la selección o disposición del contenido de la base de datos constituya una labor de creación intelectual propia del autor; que esta protección se refiere a la estructura de la base de datos;(16) Considerando que, para determinar si una base de datos puede acceder a la protección de los derechos de autor, no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual, y, en especial, no se deben aplicar criterios estéticos o cualitativos;(17) Considerando que el término «base de datos» debe abarcar las recopilaciones de obras, sean literarias, artísticas, musicales o de otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos; que debe tratarse de recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes, dispuestos de forma sistemática o metódica y accesibles individualmente; que ello implica que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forma parte del ámbito de aplicación de la presente Directiva;(18) Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la libertad de los autores de decidir si permiten, y de qué manera, la inclusión de sus obras en una base de datos, en particular si la autorización dada es de carácter exclusivo o no; que la protección de las bases de datos mediante el derecho sui generis se entiende sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido, y que, en particular, cuando un autor o un titular de un derecho afín autorice la inclusión de determinadas obras o prestaciones suyas en una base de datos, en cumplimiento de un contrato de licencia no exclusiva, un tercero podrá explotar dichas obras o prestaciones una vez obtenida la autorización que debe dar el autor o el titular del derecho afín, sin podérsele oponer el derecho sui generis del fabricante de la base de datos, siempre que dichas obras o prestaciones no se extraigan de la base de datos ni sean reutilizadas a partir de la misma;(19) Considerando que normalmente la compilación de varias fijaciones de ejecuciones musicales en un CD no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva tanto porque, como compilación, no reúne las condiciones para su protección por el derecho de autor, como porque no representa una inversión suficientemente sustancial para acogerse al derecho sui generis;(20) Considerando que la protección prevista en la presente Directiva podrá aplicarse igualmente a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus y los sistemas de indización;(21) Considerando que la protección prevista por la presente Directiva se refiere a las bases de datos en las que obras, datos u otros elementos se han dispuesto de forma sistemática y metódica; que no se requiere que estas materias se hayan almacenado físicamente de forma organizada;(22) Considerando que las bases de datos electrónicas con arreglo a la presente Directiva pueden incluir asimismo dispositivos tales como los CD-ROM y los CD-I;(23) Considerando que el término «base de datos» no debe hacerse extensivo a los programas de ordenador utilizados en la elaboración u operación de una base de datos, que seguirán protegidos por la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (4);(24) Considerando que el alquiler y el préstamo de bases de datos en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines se rigen exclusivamente por la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (5);(25) Considerando que la duración del derecho de autor ya está regulada por la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (6);(26) Considerando que las obras protegidas por derechos de autor y las prestaciones protegidas por derechos afines incorporadas a una base de datos siguen siendo objeto de los derechos exclusivos respectivos, por lo que no pueden incorporarse a una base de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular de los derechos o de sus derechohabientes;(27) Considerando que los derechos de autor sobre las obras y los derechos afines sobre prestaciones incorporadas a una base de datos no se ven afectados por la existencia de otro derecho independiente sobre la selección o disposición de dichas obras y prestaciones en una base de datos;(28) Considerando que el derecho moral de la persona física que ha creado las bases de datos pertenece al autor y se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas; que dicho derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;(29) Considerando que el régimen aplicable a la creación asalariada se deja a la discreción de los Estados miembros; que, por lo tanto, nada en la presente Directiva impide a los Estados miembros precisar en su legislación que, cuando una base de datos haya sido creada por un empleado en cumplimiento de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones de su empresario, este último, salvo disposición contractual en contrario, será el único facultado para ejercer todos los derechos patrimoniales sobre la base de datos;(30) Considerando que entre los derechos exclusivos del autor debe incluirse el de determinar cómo y quién debe explotar su obra y, especialmente, el de controlar la distribución de la misma a personas no autorizadas;(31) Considerando que la protección de las bases de datos por el derecho de autor abarca igualmente la puesta a disposición de bases de datos en forma distinta de la distribución de copias;(32) Considerando que los Estados miembros deben garantizar como mínimo la equivalencia material de sus disposiciones nacionales respecto de los actos sujetos a restricción contemplados en la presente Directiva;(33) Considerando que la cuestión del agotamiento del derecho de distribución no se plantea en el caso de bases de datos en línea, que entran en el marco de la prestación de servicios; que esto se aplica igualmente en relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario de este servicio con el consentimiento del titular del derecho; que, contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización si ello está previsto en el derecho de autor;(34) Considerando, sin embargo, que, una vez que el titular de los derechos de autor ha puesto a disposición de un usuario una copia de la base de datos a través de un servicio de acceso en línea o de otro medio de distribución, dicho usuario legítimo debe poder acceder a la base de datos y utilizarla para los fines y en la forma establecidos en el contrato de licencia celebrado con el titular del derecho, incluso cuando dicho acceso y utilización requieran la realización de ciertos actos normalmente sometidos a restricciones;(35) Considerando que conviene prever un catálogo de excepciones a los actos sometidos a restricciones, habida cuenta del hecho de que el derecho de autor contemplado por la presente Directiva sólo se aplicará a la selección o disposición de materias contenidas en una base de datos; que es conveniente dar a los Estados miembros la facultad de prever dichas excepciones en casos determinados; que, en cualquier caso, esta facultad deberá utilizarse conforme a las disposiciones del Convenio de Berna y en la medida en que las excepciones afecten a la estructura de la base de datos; que conviene distinguir las excepciones a título de uso privado de la reproducción con fines privados, que concierne a disposiciones de derecho nacional de algunos Estados miembros en materia de impuestos sobre los soportes vírgenes o los aparatos de grabación;(36) Considerando que la expresión «investigación científica» con arreglo a la presente Directiva abarca tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas;(37) Considerando que el apartado 1 del artículo 10 del Convenio de Berna no se ve afectado por la presente Directiva;(38) Considerando que el uso cada vez mayor de la tecnología digital expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea copiado y reordenado electrónicamente sin su autorización con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiría los derechos de autor respecto a la ordenación de la base original;(39) Considerando que, además de proteger los derechos de autor respecto a la originalidad de la selección y disposición del contenido de una base de datos, la presente Directiva pretende proteger a los fabricantes de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo hechas por quien buscó y recopiló el contenido, ya que protege el conjunto o las partes sustanciales de la base de datos contra determinados actos que pueda cometer el usuario o un competidor;(40) Considerando que el objeto de este derecho sui generis es el de garantizar la protección de una inversión en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos para la duración limitada del derecho; que esta inversión puede consistir en la aplicación de medios financieros y/o en el empleo de tiempo, esfuerzo y energía;(41) Considerando que el objetivo del derecho sui generis consiste en facilitar al fabricante de una base de datos la posibilidad de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos; que el fabricante de una base de datos es la persona que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones; que esto excluye, en particular, de la definición de «fabricante» a los subcontratistas;(42) Considerando que el derecho específico de impedir la extracción y/o la reutilización no autorizadas se refiere a actos del usuario que excedan de sus derechos legítimos y que perjudiquen así la inversión; que el derecho de prohibir la extracción y/o reutilización del conjunto o de una parte sustancial del contenido se refiere no sólo a la fabricación de un producto competidor parásito, sino también a los actos realizados por el usuario que perjudiquen sustancialmente la inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo;(43) Considerando que, en caso de transmisión en línea, el derecho de prohibir la reutilización no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a la copia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisión;(44) Considerando que, cuando la visualización en pantalla del contenido de una base de datos requiera la transferencia permanente o temporal de todo o de una parte sustancial del contenido a otro soporte, este acto estará sometido a la autorización del titular del derecho;(45) Considerando que el derecho de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas en modo alguno constituye una ampliación de la protección del derecho de autor a meros hechos o a los datos;(46) Considerando que la existencia de un derecho a impedir la extracción y/o reutilización no autorizada del conjunto o de una parte sustancial de obras, datos o elementos de una base de datos no supone la creación de un derecho nuevo respecto de dichas obras, datos o elementos en sí;(47) Considerando que, para fomentar la competencia entre proveedores de productos y de servicios en el sector del mercado de la información, la protección mediante el derecho sui generis no deberá ejercerse de forma que facilite abusos de posición dominante, en particular por lo que se refiere a la creación y a la difusión de nuevos productos y servicios que presenten un valor añadido de tipo intelectual, documental, técnico, económico o comercial; que, por lo tanto, lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia, tanto comunitarias como nacionales;(48) Considerando que el objetivo de la presente Directiva, consistente en la instauración de un nivel suficiente y uniforme de protección para las bases de datos con el objeto de garantizar la remuneración del fabricante que las ha creado, es diferente del objetivo perseguido por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (7), que es el de garantizar la libre circulación de dichos datos a partir de unas normas armonizadas de protección de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; que las disposiciones de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de la legislación en materia de protección de datos;(49) Considerando que, a pesar del derecho de prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial de una base de datos, es conveniente prever que el fabricante de una base de datos o su derechohabiente no pueda impedir al usuario legítimo de la base extraer y reutilizar partes no sustanciales; que, en cualquier caso, este mismo usuario no podrá causar un perjuicio injustificado ni a los intereses legítimos del titular del derecho sui generis, ni al titular de un derecho de autor o de un derecho afín sobre obras o prestaciones contenidas en esta base;(50) Considerando que conviene dar a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones al derecho de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas de una parte sustancial del contenido de una base de datos cuando dicha extracción se destine a fines privados, de ilustración de enseñanza o de investigación científica, y cuando la extracción y/o reutilización se realice para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o jurisdiccional; que es preciso que dichas operaciones no sean perjudiciales para los derechos exclusivos del fabricante de explotar la base de datos y que no tenga carácter comercial;(51) Considerando que los Estados miembros, al hacer uso de la facultad de autorizar al usuario legítimo de una base de datos a extraer de ella una parte sustancial del contenido a efectos de ilustración de enseñanza o de investigación científica, podrán limitar dicha autorización a determinadas categorías de establecimientos de enseñanza o de investigación científica;(52) Considerando que los Estados miembros que cuenten con una normativa específica que incluya un derecho similar al derecho sui generis previsto por la presente Directiva deben poder mantener, respecto del nuevo derecho, las excepciones tradicionalmente establecidas por dicha legislación;(53) Considerando que la carga de la prueba de la fecha de terminación de la fabricación de una base de datos recaerá sobre el fabricante de la misma;(54) Considerando que la carga de la prueba de que se reúnen los criterios que permiten concluir que la modificación sustancial del contenido de una base de datos ha de considerarse como una nueva inversión sustancial recaerá sobre el fabricante de la misma;(55) Considerando que una nueva inversión sustancial que implique un nuevo plazo de protección podrá comprender la verificación sustancial del contenido de la base de datos;(56) Considerando que el derecho a impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas sólo podrá aplicarse a las bases de datos cuyos fabricantes sean ciudadanos o residentes habituales de países terceros y a las producidas por empresas o sociedades no establecidas en un Estado miembro, en el sentido del Tratado, si dichos países terceros ofrecen una protección equivalente a las bases de datos producidas por ciudadanos de un Estado miembro o residentes habituales en el territorio de la Comunidad;(57) Considerando que, además de las sanciones establecidas por la legislación de los Estados miembros en caso de violación de los derechos de autor o de otro tipo, los Estados miembros deben prever sanciones apropiadas en caso de extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos;(58) Considerando que, además de la protección de los derechos de autor que la presente Directiva dispensa a la estructura de las bases de datos y a su contenido mediante el derecho sui generis a impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas, seguirán siendo aplicables las demás disposiciones legales de los Estados miembros en relación con el suministro de bienes y con la prestación de servicios de bases de datos;(59) Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de que a las bases de datos compuestas por obras audiovisuales se apliquen las normas reconocidas en su caso por la legislación de un Estado miembro relativas a la teledifusión de programas audiovisuales;(60) Considerando que algunos Estados miembros protegen en la actualidad mediante un régimen de derecho de autor bases de datos que no responden a los criterios que las hacen susceptibles de la protección del derecho de autor previstos en la presente Directiva; que, aun cuando las bases de datos en cuestión son susceptibles de la protección dispensada por el derecho previsto por la presente Directiva de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas de su contenido, el período de protección por este último derecho es sensiblemente inferior al que disfrutan con arreglo a los regímenes nacionales actualmente en vigor; que la armonización de los criterios aplicados para determinar si una base de datos estará protegida por los derechos de autor no puede tener como efecto disminuir el período de protección de que disfrutan en la actualidad los titulares de los derechos de que se trate; que es conveniente prever una excepción a tal efecto; que los efectos de esta exención deben limitarse al territorio de los Estados miembros interesados,HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1 Ámbito de aplicación 1. La presente Directiva se refiere a la protección jurídica de las bases de datos, sean cuales fueren sus formas.2. A efectos de la presente Directiva, tendrán la consideración de «base de datos» las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.3. La protección prevista por la presente Directiva no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.Artículo 2 Limitación del ámbito de aplicación La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones comunitarias relativas a:a) la protección jurídica de los programas de ordenador;b) el derecho de arrendamiento y de préstamo y a determinados derechos afines al derecho de autor en el ámbito de la propiedad intelectual;c) la duración de la protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.CAPÍTULO II DERECHOS DE AUTOR Artículo 3 Objeto de la protección 1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor. No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección.2. La protección del derecho de autor que la presente Directiva reconoce a las bases de datos no podrá hacerse extensiva a su contenido y se entenderá sin perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido.Artículo 4 Condición de autor de la base de datos 1. Es autor de una base de datos la persona física o el grupo de personas físicas que haya creado dicha base o, cuando la legislación de los Estados miembros lo permita, la persona jurídica que dicha legislación designe como titular del derecho.2. Cuando la legislación de un Estado miembro reconozca las obras colectivas, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a la persona que sea titular de los derechos de autor.3. Los derechos exclusivos sobre una base de datos creado conjuntamente por un grupo de personas físicas corresponderán conjuntamente a todas ellas.Artículo 5 Actos sujetos a restricciones El autor de una base de datos tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de dicha base susceptible de la protección de los derechos de autor, de realizar o autorizar:a) la reproducción temporal o permanente, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;b) la traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación;c) cualquier forma de distribución al público de la base de datos o de copias de la misma. La primera venta en la Comunidad de una copia de la base de datos por el titular del derecho o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dichas copias en la Comunidad;d) cualquier forma de comunicación, exhibición o representación;e) cualquier reproducción, distribución, comunicación, exhibición o representación al público de los resultados de los actos a que se refiere la letra b).Artículo 6 Excepciones a los actos sujetos a restricción 1. El usuario legítimo de una base de datos o de copias de la misma podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos los actos a que se refiere el artículo 5 que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario. En la medida en que el usuario legítimo está autorizado a utilizar sólo una parte de la base de datos, el presente apartado será aplicable únicamente a dicha parte.2. En los siguientes casos los Estados miembros podrán imponer limitaciones a los derechos contemplados en el artículo 5:a) cuando se trate de una reproducción con fines privados de una base de datos no electrónica;b) cuando la utilización se haga únicamente con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente, en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga;c) cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial;d) cuando se trate de otras excepciones a los derechos de autor tradicionalmente contempladas por su derecho interno, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b) y c).3. Conforme a lo dispuesto en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el presente artículo no podrá interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de datos.CAPÍTULO III DERECHO SUI GENERIS Artículo 7 Objeto de la protección 1. Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.2. A efectos del presente capítulo se entenderá por:a) «extracción» la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice;b) «reutilización» toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización.3. El derecho contemplado en el apartado 1 podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual.4. El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. Además, se aplicará independientemente de la posibilidad de que el contenido de dicha base de datos esté protegido por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.5. No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base.Artículo 8 Derechos y obligaciones del usuario legítimo 1. El fabricante de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destine. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo parte de la base de datos, lo dispuesto en el presente apartado se aplicará únicamente a dicha parte.2. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base.3. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá perjudicar al titular de unos derechos de autor o de derechos afines que afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base.Artículo 9 Excepciones al derecho sui generis Los Estados miembros podrán establecer que el usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, pueda, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma:a) cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica;b) cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente y en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga;c) cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.Artículo 10 Plazo de la protección 1. El derecho contemplado en el artículo 7 nacerá en el momento mismo en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos. Expirará quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.2. En el caso de bases de datos puestas a disposición del público antes de la expiración del período previsto en el apartado 1, el plazo de protección concedido por este derecho expirará a los quince años contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio.Artículo 11 Beneficiarios de la protección del derecho sui generis 1. El derecho contemplado en el artículo 7 se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Comunidad.2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Comunidad; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el territorio de la Comunidad únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro.3. A propuesta de la Comisión, el Consejo celebrará acuerdos por los que se extenderá el derecho establecido en el artículo 7 a las bases de datos fabricadas en países terceros y que no entrarán en el ámbito de aplicación de los apartados 1 y 2. El plazo de protección reconocido a esas bases de datos mediante dichos acuerdos no superará el previsto por el artículo 10 de la presente Directiva.CAPÍTULO IV DISPOSICIONES COMUNES Artículo 12 Sanciones Los Estados miembros introducirán las sanciones adecuadas contra la violación de los derechos que reconoce la presente Directiva.Artículo 13 Continuación de la vigencia de otras normativas Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán la normativa relativa, en particular, a los derechos de autor, derechos afines o de otro tipo u obligaciones que existieran anteriormente sobre los datos, obras u otros elementos incorporados a una base de datos, sobre las patentes, marcas, diseños y modelos, sobre la protección de los tesoros nacionales, sobre las normas en materia de acuerdos colusorios y de competencia desleal, de secretos comerciales, de seguridad y de confidencialidad, sobre la protección de los datos personales y de la vida privada, sobre el acceso a los documentos públicos o sobre las disposiciones legales en materia contractual.Artículo 14 Ámbito temporal de aplicación 1. La protección prevista en la presente Directiva en lo que concierne al derecho de autor se aplicará también a las bases de datos cerradas antes de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 que cumplan en esa fecha los requisitos exigidos por la presente Directiva respecto de la protección de bases de datos por el derecho de autor.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando una base de datos que en la fecha de publicación de la presente Directiva esté protegida por un régimen de derecho de autor en un Estado miembro no responda a los criterios que la harían susceptible de la protección del derecho de autor previstos en el apartado 1 del artículo 3, la presente Directiva no tendrá como efecto reducir en dicho Estado miembro el plazo de protección concedido con arreglo al régimen mencionado que quede por transcurrir.3. La protección prevista por las disposiciones de la presente Directiva en lo que concierne al derecho previsto en el artículo 7 se aplicará igualmente a las bases de datos cuya fabricación haya terminado durante los quince años precedentes a la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 16 y que cumplan en dicha fecha los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Directiva.4. La protección prevista en los apartados 1 y 3 se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes de la fecha contemplada en dichos apartados.5. En el caso de una base de datos cuya fabricación haya terminado durante los quince años precedentes a la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 16, el plazo de protección por el derecho previsto en el artículo 7 será de quince años a partir del 1 de enero siguiente a dicha fecha.Artículo 15 Carácter imperativo de determinadas disposiciones Serán nulos de pleno derecho cualesquiera pactos contrarios a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 y en el artículo 8.Artículo 16 Disposiciones finales 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1998.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.3. A más tardar al término del tercer año a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, y cada tres años en lo sucesivo, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en el cual, en particular sobre la base de informaciones específicas suministradas por los Estados miembros, estudiará especialmente la aplicación del derecho sui generis, incluidos los artículos 8 y 9, y concretamente si la misma ha dado lugar a abusos de posición dominante o a otras violaciones de la libre competencia que justificasen medidas adecuadas, en particular el establecimiento de un régimen de licencias no voluntarias. Presentará, en su caso, propuestas destinadas a adaptar la presente Directiva a la evolución de las bases de datos.Artículo 17 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Estrasburgo, el 11 de marzo de 1996.Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteK. HÄNSCHPor el ConsejoEl PresidenteL. DINI(1) DO n° C 156 de 23. 6. 1992, p. 4, yDO n° C 308 de 15. 11. 1993, p. 1.(2) DO n° C 19 de 25. 1. 1993, p. 3.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 23 de junio de 1993 (DO n° C 194 de 19. 7. 1993, p. 144), Posición común del Consejo de 10 de julio de 1995 (DO n° C 288 de 30. 10. 1995, p. 14) y Decisión del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 1995 (DO n° C 17 de 22. 1. 1996); Decisión del Consejo de 26 de febrero de 1996.(4) DO n° L 122 de 17. 5. 1991, p. 42; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/98/CEE (DO n° L 290 de 24. 11. 1993, p. 9).(5) DO n° L 346 de 27. 11. 1992, p. 61.(6) DO n° L 290 de 24. 11. 1993, p. 9.(7) DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.


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32000L0043

Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

Diario Oficial n° L 180 de 19/07/2000 p. 0022 - 0026

Directiva 2000/43/CE del Consejode 29 de junio de 2000relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnicoEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 13,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),Considerando lo siguiente:(1) El Tratado de la Unión Europea constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa.(2) De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y respeta los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios generales del Derecho comunitario.(3) El derecho a la igualdad ante la ley y a que toda persona esté protegida contra la discriminación constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los que son signatarios todos los Estados miembros.(4) Es importante respetar estos derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de asociación. En el contexto del acceso al suministro de bienes y servicios y la oferta de los mismos, es asimismo importante respetar la protección de la intimidad y de la vida familiar y las transacciones realizadas en dicho contexto.(5) El Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones relativas a la lucha contra el racismo en la Unión Europea.(6) La Unión Europea rechaza las teorías que tratan de establecer la existencia de las razas humanas. El uso, en la presente Directiva, del término "origen racial" no implica el reconocimiento de dichas teorías.(7) El Consejo Europeo, en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, invitó a la Comisión a presentar cuanto antes propuestas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado CE en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.(8) Las Directrices para el empleo de 2000 aprobadas por el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999 subrayan la necesidad de promover las condiciones para un mercado de trabajo que propicie la integración social mediante la formulación de una serie coherente de políticas dirigidas a combatir la discriminación contra grupos tales como las minorías étnicas.(9) La discriminación basada en el origen racial o étnico puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado CE, en particular la consecución de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad, y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia.(10) La Comisión presentó una Comunicación sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en diciembre de 1995.(11) El Consejo adoptó el 15 de julio de 1996 la Acción común 96/443/JAI relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia(5) que contiene el compromiso de los Estados miembros de garantizar una cooperación judicial efectiva en lo que respecta a las infracciones basadas en comportamientos racistas y xenófobos.(12) Para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con independencia de su origen racial o étnico, la actuación específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos debe ir más allá del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos.(13) A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier discriminación, directa o indirecta, por motivos de origen racial o étnico en los ámbitos a que se refiere la presente Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará asimismo a los nacionales de terceros países, pero no se refiere a las diferencias de trato basadas en la nacionalidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones que regulan la entrada y la residencia de los nacionales de terceros países y su acceso al empleo y al ejercicio profesional.(14) En la aplicación del principio de igualdad de trato con independencia del origen racial o étnico, la Comunidad, en virtud del apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, debe proponerse la eliminación de las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, máxime considerando que, a menudo, las mujeres son víctimas de discriminaciones múltiples.(15) La estimación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales u otros órganos competentes nacionales, con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales. Estas normas podrán disponer que la discriminación indirecta se establezca por cualquier medio, incluso basándose en pruebas estadísticas.(16) Es importante proteger a todas las personas físicas de toda discriminación por su origen racial o étnico. Los Estados miembros también deben proteger, de conformidad con sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales, a las personas jurídicas en aquellos casos en los que sean discriminadas por el origen racial o étnico de sus miembros.(17) La prohibición de discriminación no debe obstar al mantenimiento o la adopción de medidas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por un grupo de personas con un origen racial o étnico determinado y dichas medidas pueden permitir la existencia de organizaciones de personas de un origen racial o étnico concreto cuando su finalidad principal sea promover las necesidades específicas de esas personas.(18) En muy contadas circunstancias, una diferencia de trato puede estar justificada cuando una característica vinculada al origen racial o étnico constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas circunstancias deberán figurar en la información que facilitarán los Estados miembros a la Comisión.(19) Las personas que hayan sido objeto de discriminación basada en el origen racial o étnico deben disponer de medios de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar un nivel de protección más efectivo, también se debe facultar a las asociaciones o personas jurídicas para que puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que dispongan los Estados miembros, en nombre de cualquier víctima o en su apoyo, sin perjuicio de la normativa nacional de procedimiento respecto a la representación y defensa ante los tribunales.(20) La aplicación efectiva del principio de igualdad exige una protección judicial adecuada contra las represalias.(21) Las normas relativas a la carga de la prueba deben modificarse cuando exista a primera vista un caso de presunta discriminación. Para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación.(22) Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar las normas sobre la carga de la prueba a los procedimientos en los que corresponda a los tribunales o a otro órgano competente investigar los hechos. Se considerarán procedimientos de esta índole aquellos en que el demandante no está obligado a probar sus alegaciones, sino que corresponde al tribunal o al órgano competente investigarlas.(23) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y con las organizaciones no gubernamentales para estudiar las distintas formas de discriminación y combatirlas.(24) La protección contra la discriminación basada en el origen racial o étnico se vería reforzada con la existencia de uno o más organismos independientes en cada Estado miembro, con competencias para analizar los problemas existentes, estudiar las soluciones posibles y proporcionar asistencia específica a las víctimas.(25) La presente Directiva establece requisitos mínimos, reconociendo a los Estados miembros la facultad de introducir o mantener disposiciones más favorables. La aplicación de la presente Directiva no debe servir para justificar retroceso alguno con respecto a la situación ya existente en cada Estado miembro.(26) Los Estados miembros deben prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por la presente Directiva.(27) Los Estados miembros podrán confiar la aplicación de la presente Directiva a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, en lo relativo a las disposiciones que entran en el ámbito de los convenios colectivos, siempre y cuando los Estados miembros tomen todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados establecidos por la presente Directiva.(28) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado CE, el objetivo de la presente Directiva, consistente en garantizar un nivel elevado de protección contra la discriminación igual en todos los Estados miembros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros. Por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y repercusión de la acción propuesta, en el ámbito comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para ese propósito.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESArtículo 1ObjetoLa presente Directiva tiene por objeto establecer un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados miembros el principio de igualdad de trato.Artículo 2Concepto de discriminación1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por "principio de igualdad de trato" la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico.2. A efectos del apartado 1:a) existirá discriminación directa cuando, por motivos de origen racial o étnico, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable;b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.3. El acoso constituirá discriminación a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo. A este respecto, podrá definirse el concepto de acoso de conformidad con las normativas y prácticas nacionales de cada Estado miembro.4. Toda orden de discriminar a personas por motivos de su origen racial o étnico se considerará discriminación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.Artículo 3Ámbito de aplicación1. Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional;b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica;c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;d) la afiliación y participación en una organización de trabajadores o de empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas;e) la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria;f) las ventajas sociales;g) la educación;h) el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.2. La presente Directiva no afecta a la diferencia de trato por motivos de nacionalidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones y condiciones por las que se regulan la entrada y residencia de nacionales de terceros países y de apátridas en el territorio de los Estados miembros y de cualquier tratamiento derivado de la situación jurídica de los nacionales de terceros países y de los apátridas.Artículo 4Requisitos profesionales esenciales y determinantesNo obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el origen racial o étnico no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado.Artículo 5Acción positivaCon el fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de igualdad de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto.Artículo 6Requisitos mínimos1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables para la protección del principio de igualdad de trato que las previstas en la presente Directiva.2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel de protección contra la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos cubiertos por la misma.CAPÍTULO IIRECURSOS Y CUMPLIMIENTOArtículo 7Defensa de derechos1. Los Estados miembros velarán por la existencia de procedimientos judiciales y administrativos, e incluso, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo a la presente Directiva, para todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la conclusión de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.2. Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre del demandante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las normas nacionales en materia de plazos de interposición de recursos en relación con el principio de igualdad de trato.Artículo 8Carga de la prueba1. Los Estados miembros adoptarán, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, las medidas necesarias para garantizar que corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta.2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de que los Estados miembros adopten normas sobre la prueba más favorables a la parte demandante.3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a los procedimientos penales.4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se aplicará asimismo a todo procedimiento tramitado de conformidad con el apartado 2 del artículo 7.5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo dispuesto en el apartado 1 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos relativos al caso corresponda a los organos jurisdiccionales o a otro órgano competente.Artículo 9Protección contra las represaliasLos Estados miembros adoptarán en sus ordenamientos jurídicos las medidas que resulten necesarias para proteger a las personas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.Artículo 10Divulgación de informaciónLos Estados miembros velarán por que las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, además de las disposiciones correspondientes ya en vigor, sean puestas en conocimiento de las personas a las que sea aplicable, por todos los medios adecuados, en todo su territorio, junto con otras disposiciones vigentes ya adoptadas.Artículo 11Diálogo social1. Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas, adoptarán las medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato entre otras vías mediante el control de las prácticas en el lugar de trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas.2. Siempre que ello sea coherente con sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales, los Estados miembros fomentarán entre empresarios y trabajadores, sin perjuicio de su autonomía, la celebración en el nivel correspondiente de convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 3 que entren dentro de las competencias de la negociación colectiva. Estos convenios respetarán los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de desarrollo.Artículo 12Diálogo con las organizaciones no gubernamentalesLos Estados miembros fomentarán el diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales que tengan, con arreglo a su legislación y práctica nacionales, un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial y étnico, con el fin de promover el principio de igualdad de trato.CAPÍTULO IIIORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATOArtículo 131. Cada Estado miembro designará uno o más organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico. Dichos organismos podrán formar parte de los servicios responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos individuales.2. Los Estados miembros velarán por que entre las competencias de estos organismos figuren las siguientes:- sin perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas contempladas en el apartado 2 del artículo 7, prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por discriminación,- realizar estudios independientes sobre la discriminación,- publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación.CAPÍTULO IVDISPOSICIONES FINALESArtículo 14CumplimientoLos Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:a) se deroguen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;b) se declaren o puedan declararse nulas o se modifiquen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los contratos individuales o en los convenios colectivos, en los reglamentos internos de las empresas, en las normas que rijan las asociaciones con o sin ánimo de lucro, así como en los estatutos de las profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales.Artículo 15SancionesLos Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el 19 de julio de 2003 y le notificarán sin demora cualquier modificación de aquéllas.Artículo 16AplicaciónLos Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 19 de julio de 2003, o bien podrán confiar su aplicación a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, por lo que respecta a las disposiciones que corresponden al ámbito de los convenios colectivos. En tal caso, los Estados miembros se asegurarán de que, a más tardar el 19 de julio de 2003, los interlocutores sociales hayan establecido de mutuo acuerdo las disposiciones necesarias, debiendo los Estados miembros interesados tomar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 17Informe1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 19 de julio de 2005 y, a continuación, cada cinco años, toda la información necesaria para que la Comisión elabore un informe sobre su aplicación dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo.2. El informe de la Comisión tendrá en cuenta, cuando proceda, la opinión del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, así como los puntos de vista de los interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales correspondientes. Con arreglo al principio de la integración de la igualdad entre los sexos, dicho informe facilitará, entre otras cosas, una evaluación de la incidencia de las medidas tomadas sobre las mujeres y los hombres. A la vista de la información recibida, el informe incluirá, en caso necesario, propuestas de revisión y actualización de la presente Directiva.Artículo 18Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 19DestinatariosLos destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 2000.Por el ConsejoEl PresidenteM. Arcanjo(1) No publicado aún en el Diario Oficial.(2) Dictamen emitido el 18 de mayo de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) Dictamen emitido el 12 de abril de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).(4) Dictamen emitido el 31 de mayo de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).(5) DO L 185 de 24.7.1996, p. 5.


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31977L0187

Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad

Diario Oficial n° L 061 de 05/03/1977 p. 0026 - 0028 Edición especial en finés : Capítulo 5 Tomo 2 p. 0091  Edición especial griega: Capítulo 05 Tomo 2 p. 0171  Edición especial sueca: Capítulo 5 Tomo 2 p. 0091  Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 2 p. 0122  Edición especial en portugués: Capítulo 05 Tomo 2 p. 0122

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 14 de febrero de 1977    sobre la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros relativas al mantenimiento   de los derechos de los trabajadores en caso   de traspasos de empresas , de centros de actividad   o de partes de centros de actividad     ( 77/187/CEE )     EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su artículo 100 ,    vista la propuesta de la Comisión ,    visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    considerando que la evolución económica implica en el   plano nacional y comunitario modificaciones de las   estructuras de las empresas que se efectúan , entre   otras , por traspasos a otros empresarios de   empresas , de centros de actividad o de partes   de centros de actividad , como consecuencia de   fusiones o de cesiones ;    considerando que son necesarias disposiciones para   proteger a los trabajadores en caso de cambio de   empresario , en particular para garantizar el   mantenimiento de sus derechos ;    considerando que subsisten diferencias en los Estados   miembros en lo que se refiere al alcance de la   protección de los trabajadores en este ámbito   y que conviene reducir tales diferencias ;    considerando que tales diferencias pueden tener una   incidencia directa sobre el funcionamiento del   mercado común ;    considerando que , por consiguiente , es necesario   promover la aproximación de las legislaciones en la   materia por la vía del progreso , en el sentido   del artículo 117 del Tratado ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    SECCIÓN I    Ámbito de aplicación y definiciones    Artículo 1    1 . La presente Directiva se aplicará a los traspasos   de empresas , de centros de actividad o de partes   de centros de actividad a otro empresario ,   como consecuencia de una cesión contractual   o de una fusión .    2 . La presente Directiva se aplicará cuando y en la   medida en la que la empresa , el centro de actividad o   la parte del centro de actividad que haya de   traspasarse , se encuentre dentro del ámbito de   aplicación territorial del Tratado .    3 . La presente Directiva no se aplicará a los   buques marítimos .    Artículo 2    En el sentido de la presente Directiva , se   entenderá por :    a ) cedente , cualquier persona física o jurídica   que , a causa de un traspaso en el sentido del   apartado 1 del artículo 1 , pierda la calidad   de empresario con respecto a la empresa ,   el centro de actividad o la parte del centro de   actividad ;    b ) cesionario , cualquier persona física o   jurídica que , a causa de un traspaso en el   sentido del apartado 1 del artículo 1 , adquiera   la calidad de empresario con respecto a la empresa ,   el centro de actividad o la parte del centro de actividad ;    c ) representantes de los trabajadores , los   representantes de los trabajadores previstos   por la legislación o la práctica de los   Estados miembros , con excepción de los   miembros de los órganos de administración ,   de dirección o de control de la sociedad , que   ocupen cargos en tales órganos en algunos de los   Estados miembros como representantes de los trabajadores .    SECCIÓN II    Mantenimiento de los derechos de los trabajadores    Artículo 3    1 . Los derechos y obligaciones que resulten para el   cedente de un contrato de trabajo o de una relación   laboral existente en la fecha del traspaso tal   como se define en el apartado 1 del artículo 1 ,   serán transferidos al cesionario como consecuencia   de tal traspaso .    Los Estados miembros podrán prever que el cedente   continúe siendo , después de la fecha del   traspaso tal como se define en el apartado 1   del artículo 1 , y junto al cesionario ,   responsable de las obligaciones que resulten   de un contrato de trabajo o de una relación laboral .    2 . Después del traspaso en el sentido del   apartado 1 del artículo 1 , el cesionario   mantendrá las condiciones de trabajo pactadas   mediante convenio colectivo , en la misma   medida en que éste las previó para el cedente ,   hasta la fecha de extinción o de expiración del   convenio colectivo , o de la entrada en vigor o de   aplicación de otro convenio colectivo .    Los Estados miembros podrán limitar el período de   mantenimiento de las condiciones de trabajo , pero   éste no podrá ser inferior a un año .    3 . Los apartados 1 y 2 no serán de aplicación a los   derechos de los trabajadores a prestaciones de   jubilación , de invalidez o para los supervivientes ,   con arreglo a los regímenes complementarios de   previsión profesionales o interprofesionales ,   que existan con independencia de los regímenes   legales de seguridad social de los Estados miembros .    Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias   para proteger los intereses de los trabajadores , así   como de las personas que hayan dejado ya el centro de   actividad del cedente en el momento del traspaso en el   sentido del apartado 1 del artículo 1 , en lo   que se refiere a sus derechos adquiridos o en   curso de adquisición , a prestaciones de   jubilación , comprendidas las prestaciones para   los supervivientes , con arreglo a los regímenes   complementarios citados en el párrafo primero .    Artículo 4    1 . El traspaso de una empresa , de un centro de   actividad o de una parte de centro de actividad , no   constituye en sí mismo un motivo de despido   para el cedente o para el cesionario . Esta disposición   no impedirá los despidos que puedan producirse   por razones económicas , técnicas o de   organización , que impliquen cambios en el   plano del empleo .    Los Estados miembros podrán prever que no se   aplique el primer párrafo a determinadas categorías   concretas de trabajadores que no estén cubiertas   por la legislación o la práctica de los   Estados miembros en materia de protección contra   el despido .    2 . Si el contrato de trabajo o la relación laboral se   rescinde como consecuencia de que el traspaso , tal como   se define en el apartado 1 del artículo 1 ,   ocasiona una modificación substancial de   las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador ,   la rescisión del contrato de trabajo o de la   relación laboral se considerará imputable   al empresario .    Artículo 5    1 . En la medida en la que el centro de actividad   conserve su autonomía , subsistirán el estatuto y la   función de los representantes o de la representación   de los trabajadores afectados por un traspaso   tal como se define en el apartado 1 del artículo 1 ,   previstos por las disposiciones legales ,   reglamentarias y administrativas de los Estados miembros .    El primer párrafo no será de aplicación cuando , de   acuerdo con las disposiciones legales , reglamentarias   y administrativas o la práctica de los Estados miembros ,   se reúnan las condiciones necesarias para la nueva   designación de los representantes de los trabajadores o   para la nueva formación de la representación de   éstos .    2 . Si el mandato de los representantes de los   trabajadores afectados por un traspaso tal como   se define en el apartado 1 del artículo 1 ,   expira a causa de ese traspaso , los representantes   continuarán beneficiándose de las medidas   de protección previstas por las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas , o la   práctica de los Estados miembros .    SECCIÓN III    Información y consulta    Artículo 6    1 . El cedente y el cesionario estarán obligados a   informar a los representantes de sus trabajadores   respectivos afectados por un traspaso en el sentido   del apartado 1 del artículo 1 sobre los puntos   siguientes :     - motivo del traspaso ,     - consecuencias jurídicas , económicas y   sociales del traspaso para los trabajadores ,     - medidas previstas respecto de los trabajadores .    El cedente estará obligado a comunicar estas   informaciones a los representantes de sus trabajadores   con la suficiente antelación antes de la   realización del traspaso .    El cesionario estará obligado a comunicar estas   informaciones a los representantes de sus trabajadores   con la suficiente antelación y , en todo caso ,   antes de que sus trabajadores se vean afectados   directamente en sus condiciones de empleo y   de trabajo por el traspaso .    2 . Si el cedente o cesionario prevén la adopción de   medidas en relación con sus trabajadores respectivos ,   estarán obligados a consultar , con la suficiente   antelación , tales medidas con los representantes   de sus trabajadores respectivos , con el fin de   llegar a un acuerdo .    3 . Los Estados miembros cuyas disposiciones legales ,   reglamentarias y administrativas prevean la   posibilidad de que los representantes de los   trabajadores recurran a un arbitraje para   obtener una decisión sobre las medidas que   deban adoptarse respecto de los trabajadores ,   podrán limitar las obligaciones previstas en los   apartados 1 y 2 , en caso de que el traspaso   realizado provoque una modificación a nivel   de centro de actividad que pueda ocasionar   perjuicios sustanciales para una parte importante   de los trabajadores .    La información y la consulta deberán referirse al   menos a las medidas previstas en relación con los   trabajadores .    La información y la consulta deberán hacerse con la   suficiente antelación , antes de la realización   de la modificación a nivel del centro de actividad ,   mencionada en el primer párrafo .    4 . Los Estados miembros podrán limitar las   obligaciones previstas en los apartados 1 , 2 y 3 a   las empresas o a los centros de actividad que cumplan ,   en lo que respecta al número de trabajadores   empleados , las condiciones para la elección   o la designación de un órgano colegial que   represente a los trabajadores .    5 . Los Estados miembros podrán prever que , en caso   de que no hubiera en una empresa o en un centro de   actividad representantes de los trabajadores , los   trabajadores afectados deberán ser informados   previamente de la inminencia del traspaso en el   sentido del apartado 1 del artículo 1 .    SECCIÓN IV    Disposiciones finales    Artículo 7    La presente Directiva no afectará a la facultad de los   Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones   legales , reglamentarias o administrativas , que sean   más favorables para los trabajadores .    Artículo 8    1 . Los Estados miembros establecerán las   disposiciones legales , reglamentarias y administrativas   necesarias para ajustarse a la presente Directiva   en un plazo de dos años a partir de su   notificación , e informarán de ello inmediatamente   a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión   el texto de las disposiciones legales , reglamentarias y   administrativas que adopten en el ámbito regulado   por la presente Directiva .    Artículo 9    En un plazo de dos años a partir de la expiración del   período de dos años previsto en el artículo 8 ,   los Estados miembros transmitirán a la Comisión   todos los datos útiles que le permitan redactar   un informe , que se someterá al Consejo , sobre   la aplicación de la presente Directiva .    Artículo 10    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 14 de febrero de 1977 .    Por el Consejo    El Presidente    J. SILKIN    (1) DO n º C 95 de 28 . 4 . 1975 , p. 17 .    (2) DO n º C 255 de 7 . 11 . 1975 , p. 25 .


Avis juridique important

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31980L0666

Directiva 80/666/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1980, por la que se modifica la Directiva 75/268/CEE sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas

Diario Oficial n° L 180 de 14/07/1980 p. 0034 - 0035 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 12 p. 0056  Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 29 p. 0140  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 12 p. 0056  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 18 p. 0167  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 18 p. 0167

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 24 de junio de 1980    por la que se modifica la Directiva 75/268/CEE sobre la   agricultura de montaña y de determinadas zonas   desfavorecidas     ( 80/666/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , sus artículos 42   y 43 ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Considerando que en la región del Mezzogiorno , incluidas   las islas , y en las regiones de los departamentos de   Ultramar el nivel mínimo de 3 hectáreas de superficie   agrícola útil para las explotaciones beneficiarias de la   indemnización compensatoria contemplada en el Título II   de la Directiva 75/268/CEE del Consejo , de 28 de abril   de 1975 , sobre la agricultura de montaña y de determinadas   zonas desfavorecidas (3) , modificada en último lugar   por la Directiva 76/400/CEE (4) , resulta demasiado   alto , dado el gran número de explotaciones muy   pequeñas ; que es necesario fijarlo en 2 hectáreas de   superficie agrícola útil ;    Considerando que , vista la evolución del poder   adquisitivo desde la adopción de la Directiva 75/268/CEE ,   está justificado el aumento del importe máximo de la   indemnización compensatoria ;    Considerando que , teniendo en cuenta la evolución de la   cría de vacuno en las regiones desfavorecidas de Italia   durante los últimos años , esté justificado no limitar   la indemnización compensatoria a un número determinado   de vacas lecheras ;    Considerando que , en las zonas agrícolas desfavorecidas   de la región del Mezzogiorno , incluidas las islas , y en   la región del oeste de Irlanda ( Western region ) , tal   como se define ésta en la Directiva 75/268/CEE , la tasa   de reembolso del 25 % de los gastos imputables relativos al   régimen de fomento en favor de los empresarios agrícolas   que presenten un plan de desarrollo , previsto en el   artículo 15 de la citada Directiva , no parece suficiente   para permitir una aplicación eficaz de las medidas   referentes a la modernización de las explotaciones   previstas por la Directiva 72/159/CEE (5) ; que es   necesario , por consiguiente , fijarla en un 50 % ;    Considerando que , en la región del Mezzogiorno ,   incluidas las islas , tienen una gran importancia las medidas   sometidas al artículo 11 de la Directiva 75/268/CEE ;   que la actual tasa de reembolso de los gastos relativos a   ellas no parece suficiente para permitir una aplicación   eficaz de dichas medidas ; que por consiguiente , es   necesario fijar la tasa de reembolso en un 50 % y la   participación financiera máxima de la Comunidad en   48 358 ECUS por inversión colectiva y en 242 ECUS   por hectárea de pastizales o de pastizales de montaña   ordenada o equipada ;    Considerando que , en Italia y en Irlanda , la tasa de   reembolso del 35 % de los gastos imputables relativos a   la indemnización compensatoria prevista en el artículo 15   de la Directiva 75/268/CEE no parece suficiente para   permitir una aplicación eficaz de tal medida ; que , por   consiguiente , es necesario fijarla en un 50 % ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    Se modifica la Directiva 75/268/CEE del modo siguiente :    1 . En el apartado 3 del artículo 2 , la cifra del   0,5 % se sustituye por la del 1,5 % ;    2 . en el apartado 1 del artículo 6 , a continuación   del párrafo primero , se incluye el párrafo siguiente :     « No obstante , en la región del Mezzogiorno ,   incluidas las islas , y en las regiones de los departamentos   de ultramar , se fija en 2 hectáreas la superficie   agrícola útil mínima por explotación . » ;    3 . en la letra a ) y b ) del apartado 1 del artículo 7 ,   el importe de 50 unidades de cuenta se sustituye por el   de 97 ECUS ;    4 . en la letra a ) del apartado 1 del artículo 7 , se   añade el párrafo siguiente :     « Los dos párrafos anteriores no serán aplicables   en las zonas de colinas de Italia que formen parte de las   zonas contempladas en los apartados 4 y 5 del   artículo 3 . »    5 . se sustituye el artículo 15 por el texto siguiente :     « Artículo 15    1 . Los gastos realizados por los Estados miembros   en el marco de las acciones previstas en los artículos 5   a 11 serán imputables al Fondo Europeo de Orientación   y de Garantía Agrícola , sección   « Orientación » , en el marco del artículo 19 de   la Directiva 72/159/CEE .    En la región del Mezzogiorno , incluidas las islas , y   en las regiones del oeste de Irlanda ( Western región ) ,   la tasa de reembolso para los gastos realizados en el   marco de las acciones previstas en el apartado 2 del   artículo 8 y en el artículo 10 de la Directiva   72/159/CEE , completados por el artículo 9 de la   presente Directiva , será del 50 % . En la región del   Mezzogiorno , incluidas las islas , la tasa de reembolso   para los gastos realizados en el marco de la acción   prevista en el artículo 11 será del 50 % .    2 . La participación de la Comunidad en los gastos   imputables relativos a la ayuda prevista en el artículo 11   no podrá superar la cantidad de 24 179 ECUS por   inversión colectiva y la de 121 ECUS por hectáreas de   pastizales o de pastizales de montaña ordenada o   equipada . En la región del Mezzogiorno , incluidas las   islas , la participación de la Comunidad no podrá   superar la cantidad de 48 358 ECUS por inversión colectiva   y la de 242 ECUS por hectárea de pastizales o   pastizales de montaña ordenada o equipada .    3 . El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía   Agrícola , sección « Orientación » , reembolsará   a los Estados miembros el 25 % de los gastos imputables   relativos a la indemnización compensatoria contemplada   en el Título II .    La tasa de reembolso para Italia e Irlanda será del   50 % .    No obstante , los gastos relativos a la indemnización   compensatoria no darán lugar a ningún reembolso   cuando el empresario agrícola perciba una pensión en   concepto de un régimen de jubilación . »    Artículo 2    1 . La modificación prevista en el punto del artículo 1   surtirá efecto a partir del 1 de enero de 1980 .    Las modificaciones previstas en el punto 4 del artículo 1   afectan únicamente a las ayudas concedidas con cargo a   los años 1979 y siguientes .    Artículo 3    Los destinatarios de la presente Directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 24 de junio de 1980 .    Por el Consejo    El Presidente    S. FORMICA    (1) DO n º C 124 de 17 . 5 . 1979 , p. 3 .    (2) DO n º C 85 de 8 . 4 . 1980 , p. 57 .    (3) DO n º L 128 de 19 . 5 . 1975 , p. 1 .    (4) DO n º L 108 de 26 . 4 . 1976 , p. 21 .    (5) DO n º L 96 de 23 . 4 . 1972 , p. 1 .