Represión por la Ley Bases: investigan violaciones a los DDHH y citan a víctimas a declarar
Patricia Bullrich Policía de la Ciudad Policía Federal Argentina
Carlos Stornelli Franco Picardi Patricia Bullrich María Servini Paloma Ochoa Comercial Bullrich Marcos Paz Picardi Servini Matías Molle Plazas Stornelli CPM Comité Servicio Penitenciario Federal Cámara Nacional de Apelaciones PROCUVIN CNPT Cámara Federal Unión de Empleados de Justicia de la Nación Comisión Provincial por la Memoria PFA PPL Seguridad Congreso Defensoría General de la Nación Policía de la Ciudad Congreso de la Nación Comité Nacional para la Prevención de la Tortura UP Ministerio de Seguridad de la Nación Fiscalía General Senado Policía Federal
MISC
Ley Bases
PER
Franco Picardi
ORG
Seguridad
PER
Patricia Bullrich
MISC
Ley Bases
ORG
Senado
Represión por la Ley Bases: investigan violaciones a los DDHH y citan a víctimas a declarar
El fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.
PER
Picardi
ORG
Ministerio de Seguridad de la Nación
ORG
Seguridad
ORG
de Seguridad
ORG
Policía de la Ciudad
Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a una veintena de denunciantes y víctimas de la represión del 12J y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad. No solo quiere identificar a quienes intervinieron en la represión, también requiere se le informe qué armas llevaron los agentes y si estaban de civil o no.
PER
Bullrich
PER
María Servini
ORG
Congreso de la Nación
ORG
Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación
ORG
PROCUVIN
ORG
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
ORG
CNPT
Esta causa, que puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Bullrich, se inició porque la jueza María Servini, a cargo de la investigación en que se dieron las mentadas 33 detenciones, abrió a la par un legajo para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores, aquel 12 de junio. En ese legajo, hay diversos testimonios que dan cuenta de lo desmesurado del operativo policial así como oficios de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que apuntan a hechos que pueden “ser calificados como tortura y malos tratos” durante las
“ser calificados como tortura y malos tratos” durante las aprensiones que se dieron durante esa jornada.
ORG
Comisión Provincial por la Memoria
ORG
Programa contra la Violencia Institucional
ORG
Defensoría General de la Nación
ORG
DGN
La causa se terminó convirtiendo en polo de atracción de las muchas otras denuncias que se realizaron por lo sucedido aquel día. Son parte de este caso también presentaciones que hicieron la Comisión Provincial por la Memoria, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales, por citar otros ejemplos.
PER
Picardi
LOC
Ciudad de Buenos Aires
ORG
Congreso
De acuerdo a Picardi, el objeto del proceso “estará orientado a investigar el actuar de las fuerzas policiales federales y de la Ciudad de Buenos Aires -como así de sus máximas autoridades- en función de las diversas agresiones y violencias que habrían proferido mediante la utilización de armas menos letales, entre otras, en el marco de la protesta social desplegada el día 12 de junio del 2024, en las inmediaciones del Congreso, contra personas civiles que se encontraban allí manifestándose”. “No puedo soslayar que estos sucesos deben ser enmarcados como posibles violaciones a los derechos humanos, en la medida que habrían sido perpetrados por agentes con capacidad de administrar la violencia estatal, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de
el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de manifestación pública y protesta social”, agregó el fiscal.
PER
Servini
PER
Carlos Stornelli
ORG
Congreso de la Nación
PER
Picardi
Represión y violaciones a los DD.HH
La causa se origina porque la jueza Servini a la par que avanzaba con el caso de las 33 detenciones, en la que el fiscal Carlos Stornelli tuvo un rol protagónico al querer instalar la tesis del gobierno de que se estaba atentando contra la democracia, formó un legajo de investigación interno para “establecer la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores”. Esto es porque “el juzgado identificó la posible existencia de hechos delictivos cometidos por las fuerzas actuantes en el operativo de seguridad”, según surge del dictamen de Picardi.
PER
Agustín Hartridge
ORG
Fiscalía General
ORG
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
ORG
Unión de Empleados de Justicia de la Nación
ORG
UEJEN
PER
Hartridge
MISC
Ley Bases
ORG
Cadena 3.
En el marco de ese legajo prestó testimonio Agustín Hartridge, quién sería funcionario de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y delegado gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJEN). Hartridge se presentó espontáneamente a declarar y afirmó “que pese a haber participado en muchas marchas nunca había visto algo como lo que ocurrió en la movilización de la Ley Bases. Entre otras cosas, presenció el momento en el que prendieron fuego el auto Cadena 3. Fueron seis personas encapuchados que lo incendiaron en segundos y desaparecieron, de acuerdo a su testimonio. Por ese hecho no hubo detenidos. ¿Fueron infiltrados? El interrogante aún no tiene respuesta. El testigo narró cómo
interrogante aún no tiene respuesta. El testigo narró cómo tuvo que ayudar con su pareja a personas mayores afectadas por los gases lacrimógenos y afirmó: “Siento que nos estaba intentando cazar como animales”.
ORG
Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación
ORG
PROCUVIN
PER
Matías Molle
ORG
UP
LOC
Marcos Paz
LOC
Ezeiza
ORG
PROCUVIN
En el mismo legajo, el juzgado agregó un oficio de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN), que había recibido una presentación del diputado nacional Matías Molle (UP) alertando sobre el tratamiento de los detenidos en el marco de la represión tanto en el penal de Marcos Paz como de Ezeiza. Esto llevó a la PROCUVIN a contactarse con las fiscalías con jurisdicción sobre esas unidades carcelarias.
PER
Servini
ORG
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
ORG
CNPT
ORG
CNPT
ORG
Comité
También se incorporó al mismo legajo en manos de Servini una nota del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en la que se afirmó que “eran pasibles de ser calificados como tortura y malos tratos una serie de hechos que tuvieron lugar al momento de la detención de personas que se encontraban en la vía pública” el 12 de junio. El CNPT señaló que “se registraron casos de personas heridas por el disparo de armas con postas de goma, así como lesiones provocadas por el uso abusivo del bastón policial y la aplicación de maniobras lesivas para inmovilizar, incluso cuando no se ofreció resistencia alguna”. El Comité agregó que en todas las entrevistas realizadas se registró que miembros de las fuerzas intervinientes en las
ORG
Policía Federal
ORG
Policía de la Ciudad
ORG
Servicio Penitenciario Federal
ORG
CNPT
MISC
Personal
ORG
SPF
se registró que miembros de las fuerzas intervinientes en las detenciones, es decir, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario Federal, realizaron “reiteradas preguntas a las personas privadas de la libertad respecto a su afiliación a alguna organización política, junto con comentarios despreciativos acerca del motivo de la manifestación pública del 12 de junio”. El CNPT constató esos relatos con “la revisión de algunos Legajos Personales Únicos elaborados por el SPF, donde se consigna que se consulta su filiación política y luego se asienta que pertenecen a ‘organizaciones criminales’”. A eso se suma que los detenidos, arbitrariamente, eran insultados y agredidos. Como si todo esto fuera poco,
ORG
Policía Federal
ORG
Policía de la Ciudad
ORG
Servicio Penitenciario Federal
ORG
CNPT
MISC
PPL
insultados y agredidos. Como si todo esto fuera poco, se agregó que “se recibieron alegaciones de la realización de requisas de carácter vejatorio por personal de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, y del Servicio Penitenciario Federal”. Muchos de estos hechos no se tradujeron en denuncias. ¿Por qué? El CNPT lo responde: “En la mayoría de estos casos, por temor a represalias, al momento de realizarse esta presentación las personas que fueron privadas de la libertad (PPL) no han prestado su consentimiento para realizar la correspondiente denuncia”.
PER
Servini
PER
Florencia Plazas
PER
Nora Longo
ORG
PFA
ORG
PFA
LOC
Canadá
Finalmente, en el mismo legajo que abrió Servini se agregó un escrito de la defensora oficial Florencia Plazas en el que narró que su defendida Nora Longo, quien fue detenida por la PFA el 12 de junio del 2024 e imputada del delito de atentado a la autoridad, fue "visitada" en su casa el 21 de junio por la noche por “un agente uniformado de la PFA y un hombre vestido de civil que dijo ser también policía". Según se denunció, ambos "concurrieron a la casa de su defendida para comprobar ‘si se encontraba en su domicilio porque habían recibido una denuncia de que había viajado a Canadá’”. Los agentes le pidieron el DNI. “Los hechos allí mencionados, habrían sucedido nueve días después de los hechos que dan inicio a
PER
Picardi
PER
Plazas
MISC
Sistema de Lex100
PER
Nora Longo
PER
Nora Longo
nueve días después de los hechos que dan inicio a este caso”, destacó Picardi en su dictamen. Plazas constató “la inexistencia de registros en el Sistema de Lex100 que den cuenta de una solicitud para que personal policial se constituya en el domicilio de Nora Longo. Por consiguiente, requirió que se informe si había alguna orden en ese sentido y de no existir tal orden, que el juzgado arbitre con urgencia las medidas necesarias y oportunas para evitar futuros hostigamientos y se garantice la integridad psicofísica de Nora Longo”.
PER
Servini
ORG
Cámara Federal
ORG
Juzgado No 7
ORG
Fiscalía No 10
PER
Paloma Ochoa
PER
Servini
LOC
Comodoro Py
PER
Stornelli
MISC
HH
PER
Franco Picardi
PER
Servini
Con todo este material, el juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini elevó el legajo a la Cámara Federal porteña para que sortee un juzgado que investigue estos hechos. Salió sorteado el Juzgado Nº 7 y la Fiscalía Nº 10, a cargo de Paloma Ochoa. El juzgado y la fiscalía se declararon incompetentes y todo retornó al despacho de Servini que aceptó la competencia del caso. La jueza más antigua de Comodoro Py se quedó así con la causa de las 33 detenciones y con el de la represión en que se llevaron a cabo esas aprensiones. Al menos, por ahora. Lo que cambió fue el fiscal. Stornelli no interviene en esta causa sobre violaciones a los DD.HH. durante la cacería del 12J. El fiscal en esta pesquisa es el mentado Franco Picardi, a quien Servini le delegó la investigación.
PER
Picardi
PER
Servini
ORG
Comisión Provincial por la Memoria
ORG
CPM
ORG
Programa contra la Violencia Institucional
ORG
Defensoría General de la Nación
ORG
DGN
LOC
Ciudad
PER
Picardi
¿Qué investiga Picardi? El legajo que abrió Servini, a lo que se suman las denuncias presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales por lo sucedido el 12 de junio. Esas presentaciones dieron lugar a la conformación de diversas causas en las que intervinieron al principio otros juzgados y fiscalías federales de la Ciudad. Ahora, todo quedó nucleado en la fiscalía que comanda Picardi.
“La plataforma fáctica de las actuaciones engloba un conjunto de hechos que tienen como patrones en común, en principio, diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la c
Franco Picardi Seguridad Patricia Bullrich Senado Picardi Ministerio de Seguridad de la Nación de Seguridad Policía de la Ciudad Bullrich María Servini Congreso de la Nación Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación PROCUVIN Comité Nacional para la Prevención de la Tortura CNPT Comisión Provincial por la Memoria Programa contra la Violencia Institucional Defensoría General de la Nación DGN Ciudad de Buenos Aires Congreso Servini Carlos Stornelli Agustín Hartridge Fiscalía General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Unión de Empleados de Justicia de la Nación UEJEN Hartridge Cadena 3. Matías Molle UP Marcos Paz Ezeiza Comité Policía Federal Servicio Penitenciario Federal SPF Florencia Plazas Nora Longo PFA Canadá Plazas Cámara Federal Juzgado No 7 Fiscalía No 10 Paloma Ochoa Comodoro Py Stornelli CPM Ciudad
represión posibles violaciones nación legajos personales fuerzas policiales la tortura detenciones personas detenidas congreso violencia institucional procuraduría fiscalía general diversos testimonios víctimas seguridad desplegado diversas causas cacería humana derechos humanos hechos delictivos denuncias presentadas diputados nacionales comisión provincial malos tratos el caso agentes marcos paz máximas autoridades manifestación pública presentaciones la investigación comodoro prevención alegaciones domicilio función principio filiación política paloma correspondiente denuncia presentación inexistencia orden afiliación medidas necesarias apelaciones casos represalias veintena bastón policial pesquisa polo defensora oficial tesis cargo el programa atracción oficios patrones relatos sucesos diversas violencias consentimiento gases lacrimógenos delegado conformación marchas nómina agresiones ejemplos dictamen despacho oficio utilización alrededores maniobras florencia plazas jueza maría la ciudad relevancia entrevistas realizadas integridad resistencia el disparo agente uniformado actuaciones temor registros la movilización inmediaciones la ley bases urgencia desempeño el ministerio consulta existencia protesta social segundos realización cámara nacional reiteradas preguntas testigos animales revisión carácter empleados declaración testimonial lesiones provocadas cartera dolor la ministra democracia tratamiento organizaciones criminales la aplicación operativo policial comentarios unidades carcelarias plataforma competencia la libertad miembros funcionario fuego delito motivo organización política informe contexto respuesta conjunto serie servicio penitenciario jornada cabo hombre vestido la noche sentido gobierno la casa
Represión por la Ley Bases: investigan violaciones a los DDHH y citan a víctimas a declarar
El fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.

Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a una veintena de denunciantes y víctimas de la represión del 12J y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad. No solo quiere identificar a quienes intervinieron en la represión, también requiere se le informe qué armas llevaron los agentes y si estaban de civil o no.

Esta causa, que puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Bullrich, se inició porque la jueza María Servini, a cargo de la investigación en que se dieron las mentadas 33 detenciones, abrió a la par un legajo para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores, aquel 12 de junio. En ese legajo, hay diversos testimonios que dan cuenta de lo desmesurado del operativo policial así como oficios de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que apuntan a hechos que pueden “ser calificados como tortura y malos tratos” durante las aprensiones que se dieron durante esa jornada.

La causa se terminó convirtiendo en polo de atracción de las muchas otras denuncias que se realizaron por lo sucedido aquel día. Son parte de este caso también presentaciones que hicieron la Comisión Provincial por la Memoria, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales, por citar otros ejemplos.

De acuerdo a Picardi, el objeto del proceso “estará orientado a investigar el actuar de las fuerzas policiales federales y de la Ciudad de Buenos Aires -como así de sus máximas autoridades- en función de las diversas agresiones y violencias que habrían proferido mediante la utilización de armas menos letales, entre otras, en el marco de la protesta social desplegada el día 12 de junio del 2024, en las inmediaciones del Congreso, contra personas civiles que se encontraban allí manifestándose”. “No puedo soslayar que estos sucesos deben ser enmarcados como posibles violaciones a los derechos humanos, en la medida que habrían sido perpetrados por agentes con capacidad de administrar la violencia estatal, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de manifestación pública y protesta social”, agregó el fiscal.

Represión y violaciones a los DD.HH

La causa se origina porque la jueza Servini a la par que avanzaba con el caso de las 33 detenciones, en la que el fiscal Carlos Stornelli tuvo un rol protagónico al querer instalar la tesis del gobierno de que se estaba atentando contra la democracia, formó un legajo de investigación interno para “establecer la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores”. Esto es porque “el juzgado identificó la posible existencia de hechos delictivos cometidos por las fuerzas actuantes en el operativo de seguridad”, según surge del dictamen de Picardi.

En el marco de ese legajo prestó testimonio Agustín Hartridge, quién sería funcionario de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y delegado gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJEN). Hartridge se presentó espontáneamente a declarar y afirmó “que pese a haber participado en muchas marchas nunca había visto algo como lo que ocurrió en la movilización de la Ley Bases. Entre otras cosas, presenció el momento en el que prendieron fuego el auto Cadena 3. Fueron seis personas encapuchados que lo incendiaron en segundos y desaparecieron, de acuerdo a su testimonio. Por ese hecho no hubo detenidos. ¿Fueron infiltrados? El interrogante aún no tiene respuesta. El testigo narró cómo tuvo que ayudar con su pareja a personas mayores afectadas por los gases lacrimógenos y afirmó: “Siento que nos estaba intentando cazar como animales”.

En el mismo legajo, el juzgado agregó un oficio de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN), que había recibido una presentación del diputado nacional Matías Molle (UP) alertando sobre el tratamiento de los detenidos en el marco de la represión tanto en el penal de Marcos Paz como de Ezeiza. Esto llevó a la PROCUVIN a contactarse con las fiscalías con jurisdicción sobre esas unidades carcelarias.

También se incorporó al mismo legajo en manos de Servini una nota del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en la que se afirmó que “eran pasibles de ser calificados como tortura y malos tratos una serie de hechos que tuvieron lugar al momento de la detención de personas que se encontraban en la vía pública” el 12 de junio. El CNPT señaló que “se registraron casos de personas heridas por el disparo de armas con postas de goma, así como lesiones provocadas por el uso abusivo del bastón policial y la aplicación de maniobras lesivas para inmovilizar, incluso cuando no se ofreció resistencia alguna”. El Comité agregó que en todas las entrevistas realizadas se registró que miembros de las fuerzas intervinientes en las detenciones, es decir, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario Federal, realizaron “reiteradas preguntas a las personas privadas de la libertad respecto a su afiliación a alguna organización política, junto con comentarios despreciativos acerca del motivo de la manifestación pública del 12 de junio”. El CNPT constató esos relatos con “la revisión de algunos Legajos Personales Únicos elaborados por el SPF, donde se consigna que se consulta su filiación política y luego se asienta que pertenecen a ‘organizaciones criminales’”. A eso se suma que los detenidos, arbitrariamente, eran insultados y agredidos. Como si todo esto fuera poco, se agregó que “se recibieron alegaciones de la realización de requisas de carácter vejatorio por personal de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, y del Servicio Penitenciario Federal”. Muchos de estos hechos no se tradujeron en denuncias. ¿Por qué? El CNPT lo responde: “En la mayoría de estos casos, por temor a represalias, al momento de realizarse esta presentación las personas que fueron privadas de la libertad (PPL) no han prestado su consentimiento para realizar la correspondiente denuncia”.

Finalmente, en el mismo legajo que abrió Servini se agregó un escrito de la defensora oficial Florencia Plazas en el que narró que su defendida Nora Longo, quien fue detenida por la PFA el 12 de junio del 2024 e imputada del delito de atentado a la autoridad, fue "visitada" en su casa el 21 de junio por la noche por “un agente uniformado de la PFA y un hombre vestido de civil que dijo ser también policía". Según se denunció, ambos "concurrieron a la casa de su defendida para comprobar ‘si se encontraba en su domicilio porque habían recibido una denuncia de que había viajado a Canadá’”. Los agentes le pidieron el DNI. “Los hechos allí mencionados, habrían sucedido nueve días después de los hechos que dan inicio a este caso”, destacó Picardi en su dictamen. Plazas constató “la inexistencia de registros en el Sistema de Lex100 que den cuenta de una solicitud para que personal policial se constituya en el domicilio de Nora Longo. Por consiguiente, requirió que se informe si había alguna orden en ese sentido y de no existir tal orden, que el juzgado arbitre con urgencia las medidas necesarias y oportunas para evitar futuros hostigamientos y se garantice la integridad psicofísica de Nora Longo”.

Con todo este material, el juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini elevó el legajo a la Cámara Federal porteña para que sortee un juzgado que investigue estos hechos. Salió sorteado el Juzgado Nº 7 y la Fiscalía Nº 10, a cargo de Paloma Ochoa. El juzgado y la fiscalía se declararon incompetentes y todo retornó al despacho de Servini que aceptó la competencia del caso. La jueza más antigua de Comodoro Py se quedó así con la causa de las 33 detenciones y con el de la represión en que se llevaron a cabo esas aprensiones. Al menos, por ahora. Lo que cambió fue el fiscal. Stornelli no interviene en esta causa sobre violaciones a los DD.HH. durante la cacería del 12J. El fiscal en esta pesquisa es el mentado Franco Picardi, a quien Servini le delegó la investigación.

¿Qué investiga Picardi? El legajo que abrió Servini, a lo que se suman las denuncias presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales por lo sucedido el 12 de junio. Esas presentaciones dieron lugar a la conformación de diversas causas en las que intervinieron al principio otros juzgados y fiscalías federales de la Ciudad. Ahora, todo quedó nucleado en la fiscalía que comanda Picardi.

“La plataforma fáctica de las actuaciones engloba un conjunto de hechos que tienen como patrones en común, en principio, diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires, desplegado el 12 de junio de 2024, en la Plaza del Congreso y sus alr
El fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.

Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a una veintena de denunciantes y víctimas de la represión del 12J y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad
Represión por la Ley Bases: investigan violaciones a los DDHH y citan a víctimas a declarar
El fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.

Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a una veintena de denunciantes y víctimas de la represión del 12J y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad