Tasas en los servicios públicos
Ministerio de Economía de la Nación
Ministerio de Economía de la Nación Frente
PER
Natalia Donati
ORG
Fundación Ciudad Abierta
LOC
provincia
LOC
Buenos Aires
MISC
Resolución
ORG
Ministerio de Economía de la Nación
Tasas en los servicios públicos
Por Natalia Donati (*)
A partir de un análisis para la Fundación Ciudad Abierta, podemos asegurar que la autonomía financiera de los municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentra en una encrucijada compleja, especialmente en el contexto de la reciente Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía de la Nación. Esta medida, que prohibiría la inclusión de tasas en las facturas de servicios públicos, afectaría gravemente una de las principales fuentes de ingresos de los municipios.
LOC
Junín
En Junín, por ejemplo, el municipio aplica un porcentaje en la factura de electricidad como “Tasa de alumbrado público”, según la categoría de consumo, puede ser el 25% para la categoría 1 (Ej: casas de familia), el 12% para las categorías 2 y 3 (ej: comercios), o el 4% para consumos mayores a 30.000 kwh/mes (industrias), y además un monto fijo como “Tasa
complementaria de seguridad policial”, que depende el monto según la actividad que se realiza en el inmueble. También en la factura de gas, aplica el 15% sobre el consumo básico de gas domiciliario residencial y del 3% sobre los usuarios encuadrados dentro de servicios generales. Estas tasas, al estar vinculadas a servicios de primera necesidad como la energía eléctrica y el gas, aseguran una altísima tasa de pago por parte de los contribuyentes, mejorando la recaudación de fondos que se destinan a financiar gastos municipales.
Sin embargo, con la resolución, los municipios perderían esta herramienta y quedarían limitados a cobrar las tasas de manera directa, lo que históricamente ha demostrado ser ineficiente, con niveles de cobrabilidad por debajo del 50% en muchas jurisdicciones.
Es cierto que las tasas adheridas a los servicios públicos se ven favorecidas por los aumentos de tarifas, especialmente en un contexto de desregulación y retiro de subsidios. Las tasas calculadas en base a un porcentaje de facturación pueden generar una recaudación excesiva, muy por encima de lo presupuestado. No obstante, la discusión debería centrarse en encontrar un equilibrio entre lo previsto y lo efectivamente recaudado, particularmente cuando los aumentos en tarifas superan el 200%. Sin embargo, personalmente creo que este debate debe darse siempre en el marco de una autonomía local efectiva.
Es importante recordar que los municipios, solo tienen la facultad de generar ingresos propios mediante tasas o derechos que, a diferencia de los impuestos, están obligadas a estar vinculadas a una contraprestación específica. Dependen, entonces, casi exclusivamente de transferencias del estado provincial o nacional y de la coparticipación, que no ofrecen la previsibilidad ni la flexibilidad necesarias para planificar políticas públicas a largo plazo.
A pesar, de que por una cuestión de cercanía, la ciudadanía acude principalmente a los municipios para encontrar soluciones a problemas relacionados a sus intereses primarios, muchas de estas responsabilidades son propias de otros órdenes del estado. Esto genera una divergencia entre las expectativas de los ciudadanos y los recursos con los que cuentan los municipios. Esta situación de tensión obliga a los municipios a ser creativos en la gestión de políticas públicas para enfrentar estas demandas crecientes.
Una posible solución a esta situación es fortalecer la transparencia municipal y las políticas de gobierno abierto, no solo como herramientas de control, sino también de participación ciudadana en la ejecución de recursos. Esto podría ayudar a generar un mayor compromiso de los contribuyentes, promoviendo una cultura de pago responsable. Asimismo, la implementación de mecanismos que fortalezcan el cobro de tasas, mediante incentivos o reestructuración de las políticas fiscales, podría aliviar parte de esta presión financiera.
La prohibición de adherir tasas a las facturas de servicios públicos afecta de manera directa su capacidad recaudatoria, poniendo en crisis un sistema que, aunque imperfecto, garantizaba cierta estabilidad en los ingresos de los municipios. Frente a esto, los municipios deberán redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones creativas y en el fortalecimiento de la transparencia para hacer frente a las demandas ciudadanas en un escenario cada vez más complejo y restrictivo.
(*) Contadora Pública, y ex Contadora Municipal
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Natalia Donati Fundación Ciudad Abierta provincia Buenos Aires Ministerio de Economía de la Nación Junín
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Tasas en los servicios públicos
Por Natalia Donati (*)

A partir de un análisis para la Fundación Ciudad Abierta, podemos asegurar que la autonomía financiera de los municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentra en una encrucijada compleja, especialmente en el contexto de la reciente Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía de la Nación. Esta medida, que prohibiría la inclusión de tasas en las facturas de servicios públicos, afectaría gravemente una de las principales fuentes de ingresos de los municipios.

En Junín, por ejemplo, el municipio aplica un porcentaje en la factura de electricidad como “Tasa de alumbrado público”, según la categoría de consumo, puede ser el 25% para la categoría 1 (Ej: casas de familia), el 12% para las categorías 2 y 3 (ej: comercios), o el 4% para consumos mayores a 30.000 kwh/mes (industrias), y además un monto fijo como “Tasa

complementaria de seguridad policial”, que depende el monto según la actividad que se realiza en el inmueble. También en la factura de gas, aplica el 15% sobre el consumo básico de gas domiciliario residencial y del 3% sobre los usuarios encuadrados dentro de servicios generales. Estas tasas, al estar vinculadas a servicios de primera necesidad como la energía eléctrica y el gas, aseguran una altísima tasa de pago por parte de los contribuyentes, mejorando la recaudación de fondos que se destinan a financiar gastos municipales.

Sin embargo, con la resolución, los municipios perderían esta herramienta y quedarían limitados a cobrar las tasas de manera directa, lo que históricamente ha demostrado ser ineficiente, con niveles de cobrabilidad por debajo del 50% en muchas jurisdicciones.

Es cierto que las tasas adheridas a los servicios públicos se ven favorecidas por los aumentos de tarifas, especialmente en un contexto de desregulación y retiro de subsidios. Las tasas calculadas en base a un porcentaje de facturación pueden generar una recaudación excesiva, muy por encima de lo presupuestado. No obstante, la discusión debería centrarse en encontrar un equilibrio entre lo previsto y lo efectivamente recaudado, particularmente cuando los aumentos en tarifas superan el 200%. Sin embargo, personalmente creo que este debate debe darse siempre en el marco de una autonomía local efectiva.

Es importante recordar que los municipios, solo tienen la facultad de generar ingresos propios mediante tasas o derechos que, a diferencia de los impuestos, están obligadas a estar vinculadas a una contraprestación específica. Dependen, entonces, casi exclusivamente de transferencias del estado provincial o nacional y de la coparticipación, que no ofrecen la previsibilidad ni la flexibilidad necesarias para planificar políticas públicas a largo plazo.

A pesar, de que por una cuestión de cercanía, la ciudadanía acude principalmente a los municipios para encontrar soluciones a problemas relacionados a sus intereses primarios, muchas de estas responsabilidades son propias de otros órdenes del estado. Esto genera una divergencia entre las expectativas de los ciudadanos y los recursos con los que cuentan los municipios. Esta situación de tensión obliga a los municipios a ser creativos en la gestión de políticas públicas para enfrentar estas demandas crecientes.

Una posible solución a esta situación es fortalecer la transparencia municipal y las políticas de gobierno abierto, no solo como herramientas de control, sino también de participación ciudadana en la ejecución de recursos. Esto podría ayudar a generar un mayor compromiso de los contribuyentes, promoviendo una cultura de pago responsable. Asimismo, la implementación de mecanismos que fortalezcan el cobro de tasas, mediante incentivos o reestructuración de las políticas fiscales, podría aliviar parte de esta presión financiera.

La prohibición de adherir tasas a las facturas de servicios públicos afecta de manera directa su capacidad recaudatoria, poniendo en crisis un sistema que, aunque imperfecto, garantizaba cierta estabilidad en los ingresos de los municipios. Frente a esto, los municipios deberán redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones creativas y en el fortalecimiento de la transparencia para hacer frente a las demandas ciudadanas en un escenario cada vez más complejo y restrictivo.

(*) Contadora Pública, y ex Contadora Municipal

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Por Natalia Donati (*)

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En Junín, por ejemplo, el municipio aplica un porcentaje en la factura de electricidad como “Tasa de alumbrado público”, según la categoría de consumo, puede ser el 25% para la categoría 1 (Ej: casas de familia), el 12% para las categorías 2 y 3 (ej: comercios), o el 4% para consumos mayores a 30.000 kwh/mes (industrias), y además un monto fijo como “Tasa

complementaria de seguridad policial”, que depende el monto según la actividad que se realiza en el inmueble
Tasas en los servicios públicos
Por Natalia Donati (*)

A partir de un análisis para la Fundación Ciudad Abierta, podemos asegurar que la autonomía financiera de los municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentra en una encrucijada compleja, especialmente en el contexto de la reciente Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía de la Nación. Esta medida, que prohibiría la inclusión de tasas en las facturas de servicios públicos, afectaría gravemente una de las principales fuentes de ingresos de los municipios.

En Junín, por ejemplo, el municipio aplica un porcentaje en la factura de electricidad como “Tasa de alumbrado público”, según la categoría de consumo, puede ser el 25% para la categoría 1 (Ej: casas de familia), el 12% para las categorías 2 y 3 (ej: comercios), o el 4% para consumos mayores a 30.000 kwh/mes (industrias), y además un monto fijo como “Tasa

complementaria de seguridad policial”, que depende el monto según la actividad que se realiza en el inmueble