El principio de equidad en la imposición de una pena
Chukwudi Corte Suprema de Justicia de la Nación TOPE Corte Suprema Poder Legislativo CFCP Cámara Federal de Casación Penal Tribunal Máximo Tribunal Tribunal Oral Corte
ORG
Corte Suprema de Justicia de la Nación
ORG
Cámara Federal de Casación Penal
ORG
Corte Suprema de Justicia de la Nación
ORG
Cámara Federal de Casación Penal
ORG
Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2
El principio de equidad en la imposición de una pena
La Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. De qué trata la sentencia
El pasado 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, por hechos que serían constitutivos del delito de tentativa de contrabando de estupefacientes destinados a ser comercializados.
ORG
TOPE
ORG
Sala II
ORG
C.F.C.P.
MISC
Código Aduanero
ORG
Corte
Al revisar la sentencia condenatoria del TOPE, la Sala II de la C.F.C.P. declaró la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero en tanto equipara la pena del delito tentado con el consumado, de manera tal que anuló la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Contra dicha decisión, recurrió ante la Corte el Fiscal General.
ORG
Máximo Tribunal
MISC
Chukwudi
ORG
Legumbres S.A."
Entendió nuestro Máximo Tribunal que debía revocarse la sentencia de la casación aplicando para ello el precedente "Chukwudi" en el que ya había sostenido que la voluntad legislativa no estaba dirigida a la efectiva lesión al control aduanero a los fines de la configuración del ilícito, sino que, se perfecciona "en cuanto se dificulta el adecuado ejercicio de ese control, sin que resulte necesaria la concurrencia de un perjuicio fiscal (cfr. "Legumbres S.A." en Fallos: 312:1920, en especial, considerandos 7°, 8°, 14 y 16,y sus citas)".
MISC
Ley 22.415
ORG
Poder Legislativo
En ese punto explicó que el "iter criminis" no tiene relevancia a los fines de determinar la escala penal, debido a que la tentativa (comienzo de entorpecimiento efectivo del control aduanero) y la consumación (entorpecimiento efectivo) no presenta una diferenciación significativa de matices, de conformidad con la Exposición de Motivos de la Ley 22.415. Por ello, entendió que el Poder Legislativo estableció una pena unificada, con una amplitud mayor, respecto de los delitos aduaneros tentados y consumados, con el objetivo claro de que el juzgador pueda cuantificar la pena conforme al injusto y culpabilidad.
ORG
Corte
ORG
Sala II
ORG
C.F.C.P.
Así las cosas, la Corte devolvió las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento. En ese sentido, la Sala II de la C.F.C.P. aplicó una pena menor a la prevista en el código aduanero. En esta ocasión, sostuvo que la pena impuesta por el Tribunal interviniente era correlativa con los hechos del caso, sin embargo, interpretó por la vía de la "noción de equidad" que el condenado ya se había reinsertado en la sociedad, por lo que una pena de cumplimiento efectivo carecería de sentido.
ORG
Corte Suprema
ORG
Sala II
ORG
CFCP
ORG
Tribunal
ORG
Poder Legislativo
En una nueva intervención, la Corte Suprema entendió que no resultaba procedente la aplicación discrecional de criterios legales. Recordó que la Sala II de la CFCP inicialmente no había discrepado del monto de la pena impuesta por el Tribunal oral y planteó que la división de poderes que rige en nuestro país, como principio constitucional, no faculta a los magistrados a apartarse de la normativa emitida por el Poder Legislativo en razón de no estar de acuerdo con la aplicación de aquella.
En ese punto, desarrolló que pretender aplicar una pena menor "sin que medie excepción legal expresamente prevista a esos fines ni declaración de inconstitucionalidad de la ley aplicable al caso en concreto, […] supone prescindir de lo estipulado por el legislador".
ORG
C.F.C.P.
Sobre esa lógica, resolvió dejar sin efecto la resolución recurrida afirmando que no es posible omitir la aplicación de una ley sin declarar su inconstitucionalidad.
A mayor abundamiento, manifestó que la C.F.C.P. jamás puso en dudas la correlación del delito con la pena impuesta por el Tribunal interviniente, por lo que carece de facultades para omitir la aplicación de la ley en forma discrecional.
MISC
Código Penal
En resumen, existen dos conflictos a mencionar. Desde nuestro punto de vista, la equiparación de la escala penal entre el delito de contrabando tentado y consumado podría lesionar el principio de culpabilidad debido a que se vincula a la falta de proporcionalidad legislativa por consignar la misma pena, en lo abstracto, entre la posible afectación al bien jurídico y el efectivo daño.
Recordemos que la tentativa es conceptualizada como el comienzo de ejecución de un delito que, por determinadas circunstancias, no llegó a consumarse. Además, en la parte general del Código Penal se estableció una reducción de la escala penal para el delito no consumado.
MISC
Código Aduanero
ORG
Máximo Tribunal
MISC
Código Aduanero
MISC
Código Penal
PER
Celeste Nair Bortoni
Cabría analizar si artículo 872 del Código Aduanero afecta garantías constitucionales consagradas, pues si bien el Máximo Tribunal manifestó que no atenta contra ningún principio del derecho, lo cierto es que el legislador aplica pena diferenciada a los casos tentados respecto del delito consumado por diferencias en la afectación al bien jurídico. Sin embargo, el Código Aduanero unifica las escalas penales, mientras que el Código Penal establece una reducción de aquella que no llegó a consumarse.
Por lo tanto, queda el siguiente interrogante: ¿puede el juez penal modificar el mínimo de la pena para llevarlo por debajo de la previsión legal con previa declaración de inconstitucionalidad?
Celeste Nair Bortoni
PER
Celeste Nair Bortoni
ORG
Lisicki, Litvin & Asociados
Celeste Nair Bortoni
Equipo de Derecho Penal Económico y Empresarial de Lisicki, Litvin & Asociados.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Cámara Federal de Casación Penal Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 TOPE Sala II C.F.C.P. Corte Máximo Tribunal Legumbres S.A." Poder Legislativo Corte Suprema CFCP Tribunal Celeste Nair Bortoni Lisicki, Litvin & Asociados
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El principio de equidad en la imposición de una pena
La Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. De qué trata la sentencia

El pasado 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, por hechos que serían constitutivos del delito de tentativa de contrabando de estupefacientes destinados a ser comercializados.

Al revisar la sentencia condenatoria del TOPE, la Sala II de la C.F.C.P. declaró la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero en tanto equipara la pena del delito tentado con el consumado, de manera tal que anuló la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Contra dicha decisión, recurrió ante la Corte el Fiscal General.

Entendió nuestro Máximo Tribunal que debía revocarse la sentencia de la casación aplicando para ello el precedente "Chukwudi" en el que ya había sostenido que la voluntad legislativa no estaba dirigida a la efectiva lesión al control aduanero a los fines de la configuración del ilícito, sino que, se perfecciona "en cuanto se dificulta el adecuado ejercicio de ese control, sin que resulte necesaria la concurrencia de un perjuicio fiscal (cfr. "Legumbres S.A." en Fallos: 312:1920, en especial, considerandos 7°, 8°, 14 y 16,y sus citas)".

En ese punto explicó que el "iter criminis" no tiene relevancia a los fines de determinar la escala penal, debido a que la tentativa (comienzo de entorpecimiento efectivo del control aduanero) y la consumación (entorpecimiento efectivo) no presenta una diferenciación significativa de matices, de conformidad con la Exposición de Motivos de la Ley 22.415. Por ello, entendió que el Poder Legislativo estableció una pena unificada, con una amplitud mayor, respecto de los delitos aduaneros tentados y consumados, con el objetivo claro de que el juzgador pueda cuantificar la pena conforme al injusto y culpabilidad.

Así las cosas, la Corte devolvió las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento. En ese sentido, la Sala II de la C.F.C.P. aplicó una pena menor a la prevista en el código aduanero. En esta ocasión, sostuvo que la pena impuesta por el Tribunal interviniente era correlativa con los hechos del caso, sin embargo, interpretó por la vía de la "noción de equidad" que el condenado ya se había reinsertado en la sociedad, por lo que una pena de cumplimiento efectivo carecería de sentido.

En una nueva intervención, la Corte Suprema entendió que no resultaba procedente la aplicación discrecional de criterios legales. Recordó que la Sala II de la CFCP inicialmente no había discrepado del monto de la pena impuesta por el Tribunal oral y planteó que la división de poderes que rige en nuestro país, como principio constitucional, no faculta a los magistrados a apartarse de la normativa emitida por el Poder Legislativo en razón de no estar de acuerdo con la aplicación de aquella.

En ese punto, desarrolló que pretender aplicar una pena menor "sin que medie excepción legal expresamente prevista a esos fines ni declaración de inconstitucionalidad de la ley aplicable al caso en concreto, […] supone prescindir de lo estipulado por el legislador".

Sobre esa lógica, resolvió dejar sin efecto la resolución recurrida afirmando que no es posible omitir la aplicación de una ley sin declarar su inconstitucionalidad.

A mayor abundamiento, manifestó que la C.F.C.P. jamás puso en dudas la correlación del delito con la pena impuesta por el Tribunal interviniente, por lo que carece de facultades para omitir la aplicación de la ley en forma discrecional.

En resumen, existen dos conflictos a mencionar. Desde nuestro punto de vista, la equiparación de la escala penal entre el delito de contrabando tentado y consumado podría lesionar el principio de culpabilidad debido a que se vincula a la falta de proporcionalidad legislativa por consignar la misma pena, en lo abstracto, entre la posible afectación al bien jurídico y el efectivo daño.

Recordemos que la tentativa es conceptualizada como el comienzo de ejecución de un delito que, por determinadas circunstancias, no llegó a consumarse. Además, en la parte general del Código Penal se estableció una reducción de la escala penal para el delito no consumado.

Cabría analizar si artículo 872 del Código Aduanero afecta garantías constitucionales consagradas, pues si bien el Máximo Tribunal manifestó que no atenta contra ningún principio del derecho, lo cierto es que el legislador aplica pena diferenciada a los casos tentados respecto del delito consumado por diferencias en la afectación al bien jurídico. Sin embargo, el Código Aduanero unifica las escalas penales, mientras que el Código Penal establece una reducción de aquella que no llegó a consumarse.

Por lo tanto, queda el siguiente interrogante: ¿puede el juez penal modificar el mínimo de la pena para llevarlo por debajo de la previsión legal con previa declaración de inconstitucionalidad?

Celeste Nair Bortoni

Equipo de Derecho Penal Económico y Empresarial de Lisicki, Litvin & Asociados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. De qué trata la sentencia

El pasado 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, por hechos que serían constitutivos del delito de tentativa de contrabando de estupefacientes destinados a ser comercializados.

Al revisar la sentencia condenatoria del TOPE, la Sala II de la C.F.C.P. declaró la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero en tanto equipara la pena del delito tentado con el consumado, de manera tal que anuló la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento
El principio de equidad en la imposición de una pena
La Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. De qué trata la sentencia

El pasado 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, por hechos que serían constitutivos del delito de tentativa de contrabando de estupefacientes destinados a ser comercializados.

Al revisar la sentencia condenatoria del TOPE, la Sala II de la C.F.C.P. declaró la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero en tanto equipara la pena del delito tentado con el consumado, de manera tal que anuló la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento