La CPM amplió denuncias penales por las represiones a jubilados y por la niña gaseada
Policía Federal Argentina Vanina Biasi
Sandra Raggio Vanina Biasi Roberto Cipriano García Cipriano Alejandra Monteoliva García María Servini Raggio Frente de Izquierda Cuerpo Infantería Prefectura Congreso Nacional Gendarmería Ministerio de Seguridad de la Nación PFA Ju Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Justicia Federal Seguridad Criminal Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Juzgado Nacional Comisión Provincial por la Memoria Correccional Federal CPM Tiempo Congreso FIT-U Policía Federal Policía Federal Argentina
ORG
CPM
ORG
Comisión Provincial por la Memoria
ORG
CPM
ORG
Justicia Federal
ORG
CPM
ORG
Ju
ORG
Federal en lo Criminal y Correccional
LOC
Comodoro
ORG
Juz
ORG
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
PER
María Servini
La CPM amplió denuncias penales por las represiones a jubilados y por la niña gaseada
Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa. Además, solicitó que se investigue en profundidad el caso de la niña de 10 años que fue gaseada por efectivos policiales.
La CPM presentó denuncias en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py, por la represión del 28 de agosto, del 4, 11 y 18 de septiembre, que fueron ampliadas también ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
ORG
Congreso Nacional
MISC
Ley de Movilidad Jubilatoria
PER
Roberto Cipriano García
ORG
CPM
ORG
Tiempo
ORG
Infantería
ORG
Policía Federal Argentina
ORG
PFA
«Este miércoles, los jubilados se concentraban en el anexo del Congreso Nacional para protestar una vez más -de manera pacífica- contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y fueron reprimidos nuevamente», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Sobre la represión
«Más de doscientos miembros de la Infantería y la Policía Federal Argentina (PFA) aparecieron y comenzaron a disparar con posta de goma, empujones, golpes con tonfas y lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes», detalló el letrado.
LOC
Entre Ríos
PER
Vanina Biasi
ORG
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad
ORG
FIT-U
PER
Cipriano
MISC
Resolución
ORG
Ministerio de Seguridad de la Nación
MISC
Protocolo Antipiquete
«Sobre la avenida Entre Ríos, la policía inició un brutal despliegue represivo, hubo más de diez personas heridas; entre ellas, la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)», contó el secretario ejecutivo.
Cipriano explicó que la sanción de la Resolución N° 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece el Protocolo Antipiquete, marcó un punto de inflexión: «Por eso, nosotros venimos monitoreando el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social desde principio de este año».
ORG
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
ORG
Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de
LOC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ORG
Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios
ORG
Ministerio de Seguridad de la Nación
«Lo hacemos en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios», agregó.
«Solicitamos que se investiguen las responsabilidades de los altos jefes policiales y los responsables políticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y que, además, luego intentaron encubrir estos delitos», señaló el abogado.
Precariedad institucional
ORG
Policía Federal
ORG
Seguridad
PER
Alejandra Monteoliva
PER
García
PER
Moteoliva
ORG
Derechos Humanos
Precariedad institucional
«También requerimos que se investiguen las acciones de inteligencia de la Policía Federal en los registros que realizan durante las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva», aseguró el secretario ejecutivo.
García siguió demandando que «Moteoliva reconoció que maneja información y almacena datos de los manifestantes y organismos de Derechos Humanos que realizamos actividades de monitoreo de la brutalidad policial y socorristas que atienden a los heridos de la violencia estatal».
ORG
Ministerio de Seguridad
Sin embargo, «además de intentar encubrir los terribles hechos ocurridos, el Ministerio de Seguridad intentó influir sobre la opinión pública responsabilizando a los jubilados de los hechos. Lo hizo lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiar a los manifestantes y acusarlos de cometer delitos», aseveró el letrado.
Cuatro represiones en tres semanas
ORG
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10
LOC
Comodoro
ORG
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
PER
María Servini
Cuatro represiones en tres semanas
Este organismo provincial de control presentó denuncias en Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py por la represión del 28 de agosto, el 4, 11 y 18 de septiembre, las cuales fueron ampliadas. Y pidió que se unifiquen todos los expedientes y se investiguen todos los hechos en el marco de una mega-causa. También lo hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
ORG
Policía Federal Argentina
PER
Sandra Raggio
ORG
CPM
«Consideramos que es totalmente vergonzoso que las fuerzas de seguridad nacionales hayan reprimidos a las jubiladas y jubilados cuatro veces en tres semanas. Nosotros denunciamos, ratificamos y ampliamos todas las denuncias sobre los terribles hechos de violencia estatal», cerró el secretario ejecutivo.
Sobre la niña gaseada por policías
«Después de denunciar el brutal ataque a la nena de 10 años, que fue rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal Argentina, ampliamos la denuncia. Además, pedimos que se investiguen otros hechos de violencia ocurridos aquel pasado 11 de septiembre», aseguró a este diario Sandra Raggio, directora general de la CPM.
ORG
Congreso
MISC
Ley de Movilidad Jubilatoria
PER
Raggio
«Ese día, tres integrantes de nuestro equipo de monitoreo fueron agredidos con balas de goma. Ellos estaban con sus chalecos e identificaciones, por lo cual queda al descubierto que lo hicieron indiscriminadamente», reconstruyó la directora general. «Hubo un saldo de más de cincuenta personas heridas, además de dos detenciones arbitrarias», agregó.
«Ampliamos la denuncia penal por la represión contra quienes se manifestaron frente al Congreso durante la sesión que confirmó el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria», remarcó Raggio.
ORG
Prefectura
ORG
Gendarmería
ORG
Policía Federal
ORG
de Ciudad
ORG
Policía Federal
PER
Raggio
«Ese día, alrededor de mil efectivos de la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y de Ciudad, junto a equipos especiales de las fuerzas de seguridad, protagonizaron un violento operativo represivo», recordó la directora general.
«La ampliación de nuestra denuncia incluye un registro fílmico detallado del momento en el que atacaron a la nena de 10 años. De acuerdo a lo que pudimos reconstruir, mientras la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena junto a su madre, se sentaron en el piso para evitar ser agredidas», finalizó Raggio.
CPM Comisión Provincial por la Memoria Justicia Federal Ju Federal en lo Criminal y Correccional Comodoro Juz Nacional en lo Criminal y Correccional Federal María Servini Congreso Nacional Roberto Cipriano García Tiempo Infantería Policía Federal Argentina PFA Entre Ríos Vanina Biasi Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad FIT-U Cipriano Ministerio de Seguridad de la Nación Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios Policía Federal Seguridad Alejandra Monteoliva García Moteoliva Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Sandra Raggio Congreso Raggio Prefectura Gendarmería de Ciudad
denuncias penales represión veto presidencial secretario ejecutivo la niña terribles hechos ocurridos expedientes las fuerzas gases lacrimógenos brutal despliegue represivo violencia ocurridos nación movilidad el ministerio prevención directora general delitos identificaciones infantería gomas gendarmería empujones brutalidad policial postas precariedad institucional posta anexo inflexión goma acciones equipos especiales auxilios evacuación letrado cargo marco congreso nacional seguridad balas la nena detenciones arbitrarias juzgado nacional manifestación altos jefes policiales manifestantes mecanismo local ampliación profundidad manifestaciones registros golpes diputada nacional heridos inteligencia cincuenta personas heridas organismos la resolución el piso registro fílmico responsables políticos opinión pública efectivos policiales sesión violento operativo principio pueblo brutal ataque miembros diario organismo provincial campaña justicia federal diálogo control semanas el cuerpo actividades datos información frente el caso tiempo
La CPM amplió denuncias penales por las represiones a jubilados y por la niña gaseada
Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa. Además, solicitó que se investigue en profundidad el caso de la niña de 10 años que fue gaseada por efectivos policiales.

La CPM presentó denuncias en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py, por la represión del 28 de agosto, del 4, 11 y 18 de septiembre, que fueron ampliadas también ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

«Este miércoles, los jubilados se concentraban en el anexo del Congreso Nacional para protestar una vez más -de manera pacífica- contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y fueron reprimidos nuevamente», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Sobre la represión

«Más de doscientos miembros de la Infantería y la Policía Federal Argentina (PFA) aparecieron y comenzaron a disparar con posta de goma, empujones, golpes con tonfas y lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes», detalló el letrado.

«Sobre la avenida Entre Ríos, la policía inició un brutal despliegue represivo, hubo más de diez personas heridas; entre ellas, la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)», contó el secretario ejecutivo.

Cipriano explicó que la sanción de la Resolución N° 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece el Protocolo Antipiquete, marcó un punto de inflexión: «Por eso, nosotros venimos monitoreando el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social desde principio de este año».

«Lo hacemos en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios», agregó.

«Solicitamos que se investiguen las responsabilidades de los altos jefes policiales y los responsables políticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y que, además, luego intentaron encubrir estos delitos», señaló el abogado.

Precariedad institucional

«También requerimos que se investiguen las acciones de inteligencia de la Policía Federal en los registros que realizan durante las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva», aseguró el secretario ejecutivo.

García siguió demandando que «Moteoliva reconoció que maneja información y almacena datos de los manifestantes y organismos de Derechos Humanos que realizamos actividades de monitoreo de la brutalidad policial y socorristas que atienden a los heridos de la violencia estatal».

Sin embargo, «además de intentar encubrir los terribles hechos ocurridos, el Ministerio de Seguridad intentó influir sobre la opinión pública responsabilizando a los jubilados de los hechos. Lo hizo lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiar a los manifestantes y acusarlos de cometer delitos», aseveró el letrado.

Cuatro represiones en tres semanas

Este organismo provincial de control presentó denuncias en Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py por la represión del 28 de agosto, el 4, 11 y 18 de septiembre, las cuales fueron ampliadas. Y pidió que se unifiquen todos los expedientes y se investiguen todos los hechos en el marco de una mega-causa. También lo hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

«Consideramos que es totalmente vergonzoso que las fuerzas de seguridad nacionales hayan reprimidos a las jubiladas y jubilados cuatro veces en tres semanas. Nosotros denunciamos, ratificamos y ampliamos todas las denuncias sobre los terribles hechos de violencia estatal», cerró el secretario ejecutivo.

Sobre la niña gaseada por policías

«Después de denunciar el brutal ataque a la nena de 10 años, que fue rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal Argentina, ampliamos la denuncia. Además, pedimos que se investiguen otros hechos de violencia ocurridos aquel pasado 11 de septiembre», aseguró a este diario Sandra Raggio, directora general de la CPM.

«Ese día, tres integrantes de nuestro equipo de monitoreo fueron agredidos con balas de goma. Ellos estaban con sus chalecos e identificaciones, por lo cual queda al descubierto que lo hicieron indiscriminadamente», reconstruyó la directora general. «Hubo un saldo de más de cincuenta personas heridas, además de dos detenciones arbitrarias», agregó.

«Ampliamos la denuncia penal por la represión contra quienes se manifestaron frente al Congreso durante la sesión que confirmó el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria», remarcó Raggio.

«Ese día, alrededor de mil efectivos de la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y de Ciudad, junto a equipos especiales de las fuerzas de seguridad, protagonizaron un violento operativo represivo», recordó la directora general.

«La ampliación de nuestra denuncia incluye un registro fílmico detallado del momento en el que atacaron a la nena de 10 años. De acuerdo a lo que pudimos reconstruir, mientras la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena junto a su madre, se sentaron en el piso para evitar ser agredidas», finalizó Raggio.
Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa
La CPM amplió denuncias penales por las represiones a jubilados y por la niña gaseada
Tras la represión a jubilados que se expresaban contra el veto presidencial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió sus denuncias penales ante la Justicia Federal. Pidió que se unifiquen todos los expedientes y que armen una mega-causa