Alejandro Ordóñez: la pesadilla de los alcaldes colombianos
Para responder a las acusaciones de sesgo político en la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el procurador general Alejandro Ordóñez envió a los congresistas colombianos una lista de funcionarios públicos sancionados desde que asumió el cargo hace cinco años.
En sus cinco año en el cargo procurador Alejandro Ordóñez ha sancionado a miles de funcionarios. En la carta se clasifica a los sancionados como "de izquierda" y "de derecha" y el número de nombres debajo de cada encabezado resulta impresionante. Bajo el título "Sancionados de derecha", por ejemplo, se menciona a Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Arias, Germán Olano, Alirio Villamizar, Jorge Noguera, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Omar Figueroa, Carlos Albornoz, Juan Carlos Abadía, Raúl Flórez, William Pérez, Héctor Useche, Joaco Berrío, Fernando Vargas, Cielo González, Hernando Molina Araujo, Nelson Nariño, Hugo Aguilar, Teodolindo Avendaño, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Carlos Eduardo Merlano, "entre otros". Y, efectivamente, si uno sigue de cerca la política colombiana ahí puede reconocer a varios personajes muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, empezando por su "heredero político designando": el exministro Andrés Felipe Arias. El tamaño de la lista, sin embargo, también deja otra cosa en claro: al procurador Ordóñez nunca le ha temblado la mano a la hora de castigar a todo tipo de funcionarios. Final de Quizás también te interese Y a la luz de la polémica generada por la destitución de Petro, eso ya también ha empezado a poner nerviosos a todo tipo de colombianos. Lea también: Las consecuencias de destituir al alcalde y exguerrillero Gutavo Petro "En su primer período (Ordóñez) destituyó a 828 alcaldes y 49 gobernadores", recuerda por ejemplo en su edición de este domingo la prestigiosa revista Semana, la que calcula que eso significa que durante sus primeros cuatro años en el cargo el procurador "descabezó" un promedio de cuatro alcaldes a la semana y un gobernador al mes. "Esto para no mencionar los 622 concejales, 22 congresistas, 18 diputados y la infinidad de funcionarios medios que pasaron al asfalto", se lee en un artículo titulado "¡Terminator!". "Una masacre burocrática de esa dimensión es lo que se espera cuando Fidel Castro saca a Batista, o el ayotalá Jomeini al sha de Irán, o Hugo Chávez llega al poder. Pero no cuando en Colombia el Senado escoge a un procurador para que asuma el control disciplinario", sostiene la publicación. Lea también: Una marcha "histórica" que deja más preguntas que respuestas "Celo inquisidor" La polémica persigue a Ordónez desde antes de que fuera nombrado procurador. En el caso de la destitución del alcalde de Bogotá aún se está discutiendo si el procurador abusó o no sus funciones, ya que la Constitución parece reservar esas potestad para el presidente de la República. Y a nivel más general Colombia también tiene que solucionar la aparente contradicción entre la legislación y la jurisprudencia locales –que le permite al procurador destituir e inhabilitar por la vía administrativa incluso a funcionarios electos por el voto popular– y lo que sostiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que supedita este tipo de sanciones a la existencia de una sentencia firme en materia penal. Pero, mientras eso se define, Ordóñez seguramente puede explicar sus impresionantes números como prueba de su disposición a hacer cumplir la ley a rajatabla. Porque, en Colombia, la Procuraduría está facultada para investigar y sancionar a los funcionarios públicos por una amplia lista de "faltas" entre las que figura incluso la "ineficacia en la gestión" y aunque eso presuponga, como dijo el alcalde Petro en entrevista con BBC Mundo, "que los funcionarios públicos tienen que ser infalibles, como el Papa". Entrevista exclusiva: Petro piensa en una "primavera colombiana" Esa potestad no es además nada nueva: la Procuraduría ha tenido esa atribución desde hace más de 20 años, sólo que nadie se había atrevido a ejercer el cargo con el celo casi inquisidor demostrado por Ordóñez, quien en este momento también está investigando al 100% de los gobernadores y el 90% de los alcaldes de Colombia. Aunque a la luz de los acontecimientos uno no puede dejar de preguntarse ¿hasta qué punto tiene derecho el país a mostrarse sorprendido por qué ese sea el caso? Después de todo, las cifras arriba mencionadas ya eran conocidas cuando el parlamento colombiano decidió reelegir a Ordóñez como procurador, a finales del año pasado. Y no en balde el primer perfil del funcionario elaborado por la revista Semana, en octubre de 2009, se titulaba "El cruzado". ¿Fundamentalismo? Efectivamente, las acusaciones de "fundamentalismo" en contra de Ordónez en su momento marcaron todos los debates que antecedieron a su primer nombramiento al frente del mayor órgano de control. Sólo que en ese momento se asumía que, de existir, ese se manifestaría en su relación con los temas que chocaban contra su profunda fe católica, como el aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo. Lea también: El hombre que quiere derrotar al matrimonio gay en Colombia Para entonces, sin embargo, de Ordónez ya se sabía que su primera vocación había sido el sacerdocio, que rezaba el rosario todos los días, que mantenía una pila de agua bendita a la entrada de su casa y que favorecía la misa en latín. Y con su decisión de cambiar el retrato del general Francisco de Paula Santander que adornaba la sala plenaria del Consejo de Estado por un crucifijo, luego de ser nombrado presidente de esa corporación, ya también había dejado constancia de su disposición a ejercer sus cargos públicos con profundo apego a su religiosidad, a pesar de que Colombia no tiene religión oficial. Posteriormente a Ordóñez se le acusaría además de haber participado durante su juventud en la quema de "revistas pornográficas y publicaciones corruptoras", entre las que habría figurado incluso "Cien años de soledad". Pero el procurador siempre ha sostenido que su participación en la actividad ha sido "caricaturizada" e insistido en que, en cuanto servidor público, nunca había dejado de actuar con estricto apego a la ley. "Yo soy católico y católico practicante y eso no puede ser desafío para nadie, sino todo lo contrario: garantía para el cumplimiento del deber", dijo por ejemplo Ordóñez en una entrevista concedida a la agencia colombiana de prensa, Colprensa, en el año 2010. Aunque esa afirmación ha sido fuertemente cuestionada por quienes defienden el derecho al aborto y al matrimonio igualitario. Esos sectores, por ejemplo, acusan al procurador de haber empleado todo el poder de su cargo para intentar evitar el reconocimiento de estos derechos incluso en contra de lo establecido en la Constitución y lo ordenado por la Corte Constitucional. Y, para ellos, las numerosas sanciones impuestas por Ordóñez a los más variados funcionarios no son sino parte de una estrategia de intimidación y sumisión que tendría como objetivo allanar el camino para su agenda ultraconservadora, evitando por ejemplo que se le llame a rendir cuentas o incluso forzando a los parlamentarios –que pueden ser disciplinados por la Procuraduría– a votar a favor de su reelección. Esa interpretación parece además haberla empezado a compartir el defenestrado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aunque siempre existe la posibilidad de que, más que cálculo político, todo no sea sino la manifestación de las profundas convicciones que parecen guiar todos los pasos del actual procurador. Porque, después de todo, es la capacidad para poder dudar de las propias convicciones y convencimientos lo que lo aleja o la acerca a uno del fundamentalismo, ya sea religioso o no.