España: de qué se acusa a la infanta Cristina
Desde que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, fue acusado de malversación de fondos públicos en diciembre de 2011, el escándalo ha rondado la Casa Real Española.
La infanta deberá comparecer ante los tribunales el próximo 8 de marzo Ahora, con la imputación de que fue objeto este lunes su esposa, la infanta Cristina, por delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, el caso ha llegado a las mismas puertas de la familia real. La hija menor del rey fue citada a declarar el próximo 8 de marzo, en relación al proceso sobre la presunta corrupción del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina. La infanta es investigada en relación a las acusaciones de que es objeto su esposo, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, por delitos de malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación y falsedad de documentos. La primera vez que el nombre de la infanta surgió como una posible pieza clave del escándalo fue en febrero de 2013, cuando Torres declaró ante un juez que ésta conocía las actividades del Instituto Nóos porque pertenecía a la junta directiva. Final de Quizás también te interese Posteriormente fue citada a declarar en abril de 2013, pero la imputación fue suspendida tras un recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Desde entonces, el juez José Castro, que lleva el caso, ha investigado las cuestiones financieras de la infanta Cristina, que condujeron a la segunda imputación anunciada este martes. Esta decisión cuenta con la opinión en contra de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, el abogado de Urdangarin y la defensa de la infanta. La Casa del Rey expresó su "máximo respeto por las decisiones judiciales" tras el anuncio de la imputación de la hija de Juan Carlos I. Lea también: "el error que enredó a la infanta Cristina" Por qué se la investiga El Instituto Nóos es una entidad que se declaraba sin fines de lucro fundada en 1999 con sede en Barcelona cuya misión era realizar investigaciones de interés general, promover la responsabilidad social y ser un lugar de encuentro entre el sector empresarial y la administracción pública. El juez Castro señala que el instituto atraía fondos públicos y privados en base a la posición del esposo de la infanta que era socio clave y presidente de la entidad. La investigación judicial determinó que una cantidad desproporcionada de dinero que el instituto cobró por convenios suscritos por gobiernos locales habría ido a parar a una red de empresas privadas que dependían del instituto. El juez cree que la fundación tenía en realidad "un desmedido ánimo de lucro" e imputa a la infanta por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Castro considerea que el Instituto Nóos era una estructura de la cual se servía la pareja para defraudar a Hacienda y realizar facturaciones ficticias. Según el juez, en declaraciones citadas por la agencia de noticias EFE, "(la infanta) ha intervenido, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido" en el aprovechamiento de los fondos que Nóos obtuvo de los gobiernos regionales balear y valenciano, con los que el matrimonio realizó gastos personales y compró inmuebles a nombre de su empresa. El papel de la infanta El caso amenaza con manchar la imagen de la familia real española. Con la imputación que se le hizo este lunes, la infanta Cristina se convierte formalmente en sospechosa en el caso. En febrero de 2013, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, señaló que la infanta y la Casa Real sabían de las actividades por las que fueron incriminados, y que protegió y favoreció los negocios del yerno del rey. Muchos se preguntan ahora si la infanta Cristina logrará evadir la comparecencia ante los tribunales, como sucedió el año pasado. Algunos analistas destacan que la única vía que tiene para evitar declarar en el banquillo de los acusados es la llamada "doctrina Botín”. Esta doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en 2007 cuando exoneró al banquero Emilio Botín de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos. Ésta establece que un proceso sólo puede prosperar si la acusación es presentada por el fiscal y por una persona o entidad afectada por el caso, no cuando procede de cualquier ciudadano bajo el argumento de defender la legalidad vigente. En el caso por el cual se acusa a la infanta Cristina, la demanda judicial fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias que se define a sí mismo como un sindicato anticorrupción y es a menudo descrito como una organización de extrema derecha. La entidad se ha destacado por presentar demandas judiciales de alto perfil, como la acusación contra el juez Baltazar Garzón. Momento delicado La noticia de la imputación de la princesa se suma a una serie de polémicas que afectaron en los últimos meses la imagen del rey, quien cumplió 76 años el 5 de enero. Este lunes, el monarca español, con muletas debido a una reciente operación de cadera, presidió un desfile militar en Madrid. Un día antes, el diario El Mundo publicó una encuesta según la cual el 62% de los españoles se muestra favorable a la abdicación de Juan Carlos I en su hijo, el príncipe Felipe Juan Carlos I se convirtió en rey en 1975, tras la muerte del general Francisco Franco, y tuvo un papel clave en la transición del país a la democracia.