Fiscalía de Venezuela solicita "suspensión inmediata" de la instalación de la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro
La Fiscalía de Venezuela solicitó este jueves una "medida cautelar" para evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro, tras las acusaciones de fraude en torno a la elección de la misma.
La fiscal general Luisa Ortega se ha convertido en una de las voces más críticas contra Maduro dentro del chavismo. El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que el proceso legal, presentado por dos fiscales ante un tribunal de control, "se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral". La solicitud de la Fiscalía llega un día después de que Smartmatic, la compañía a cargo de la tecnología con la que se realizó la votación de la Constituyente, denunciara que la cifra de participación había sido manipulada en al menos un millón de votos. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, tachó la denuncia de "irresponsable" y "sin fundamento", al tiempo que defendió la cifra reportada el domingo: un 41,53% de participación, un número que la oposición también considera inflado. Maduro, por su parte, rechazó igualmente las acusaciones de Smartmatic y anunció para el viernes la instalación de la ANC. La elección de la ANC fue boicoteada por la oposición y no es reconocida por miembros de la comunidad internacional como Colombia, Estados Unidos o México, entre otros. Tibisay Lucena aseguró que la cifra de participación no fue manipulada. El miércoles, en entrevista con CNN, Ortega había anunciado una investigación sobre la supuesta manipulación de los resultados por parte de cuatro rectoras del CNE. La fiscal general, que se ha convertido en una de las voces más críticas contra Maduro dentro de las instituciones del Estado, señaló que su conducta podría constituir "un delito de lesa humanidad". Venezuela en crisis Venezuela lleva más de cuatro meses sumida en una ola de protestas que ha dejado ya más de un centenar de muertos. El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en "desacato". Desde que comenzaron las protestas en abril, más de 100 personas perdieron la vida y centenares han sido detenidas. Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional. La oposición ha llamado a los venezolanos a desconocer la autoridad de la Constituyente y la del mandatario, al que considera un dictador. El gobierno, por su parte, atribuye la grave crisis que vive el país, donde escasean bienes básicos y se registra una inflación de tres cifras, a una "guerra económica" fomentada por la oposición y Estados Unidos.