Qué consecuencias puede tener para el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont no haberse presentado ante la Justicia de España
El presidente cesado de Cataluña, Carles Puigdemont, sorprendió a muchos al comparecer el martes ante medios de comunicación de todo el mundo desde Bruselas, la capital de la Unión Europea en Bélgica.
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, llegó sonriente a la rueda de prensa que convocó el martes en Bruselas. Y este jueves ni él ni los cuatro exconsejeros que lo acompañan en Bruselas se presentaron ante la Audiencia Nacional, donde estaban llamados a declarar tras ser acusados de los delitos de sedición, rebelión y malversación por la organización del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña. Al no presentarse en condición de investigados, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la juez del caso que ordene su busca y captura nacional e internacional. Expulsado de su cargo por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española, Puigdemont y su equipo llegaron a Bruselas en secreto, sin que ni siquiera altos cargos de su propio partido supieran su paradero, como ellos mismos admitieron. Tanto él como los cuatro exconsejeros habían pedido declarar desde la capital belga, algo que no fue aceptado por la juez, reportan medios locales. Sí acudieron a los tribunales el resto de exconsejeros del gobierno cesado, nueve en total. Para todos, salvo uno de ellos, la fiscalía ha solicitado prisión incondicional, incluido el vicepresidente cesado Oriol Junqueras. ¿Qué pasará a partir de ahora? Periodistas esperan frente al hotel en el que se cree que permanece el expresidente catalán en Bruselas. En territorio de la Unión Europea existe lo que se conoce como órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), denominadas también euroórdenes. Al no encontrarse ninguno en territorio español, si la jueza aplica lo que le pide la fiscalía tendría que emitir una orden de este tipo. Esta regulación, que entró en vigor en 2004, redujo los motivos para denegar la extradición y suprimió el principio de doble incriminación (que el delito debe existir en los dos países, el que hace la petición y el país donde está la persona) en caso de algunos delitos, aunque no los de rebelión y sedición, dos de los que se le achacan a Puigdemont. La euroorden incluye la "búsqueda, captura, detención y entrega" de la persona que se reclama, le explicó a BBC Mundo el miércoles Anna Terrón, presidenta de Instrategies, un think tank especializado en asuntos internacionales y europeos con base en Barcelona. Tras el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal, los independentistas salieron varias veces a las calles. Según Terron, la autoridad receptora no puede negarse a las tres primeras acciones y, en principio, tampoco puede negarse a la entrega si el delito contempla una pena superior a los 12 meses, lo cual en el caso de Puigdmont y sus exconsejeros se supera con creces ese plazo. Un juez tiene que escuchar a la persona que se reclama y tiene que tomar una decisión en un plazo máximo de 60 días. La norma general es reconocer las decisiones de los Estados miembros, aunque puede haber consideraciones que hagan que la entrega no sea efectiva, afirmó la experta. El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, voló de vuelta al aeropuerto de El Prat de Barcelona, donde se encontró con muchos periodistas y gritos por la unidad de España. Si los reclamados recurren su entrega, entonces la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendría que decidir en 15 días. Esta decisión también se puede recurrir, en cuyo caso el tema llegaría a la Corte de Casación belga. Además, cabe la posibilidad de que el juez instructor considere que la información que contiene la orden de detención no sea suficiente y pida información complementaria. La ley belga contempla rechazar la orden si hay razones para creer que su ejecución puede vulnerar derechos fundamentales de la persona recogidos en el Tratado de la Unión Europea. Puigdemont ha contratado a un abogado especializado en derechos humanos en Bélgica. Puigdemont dejó bien claro en su comparecencia que no confía en la imparcialidad de la Justicia española y no cree que pueda tener un juicio justo. Y aseguró que no había recibido la citación judicial de su comparecencia. La fiscalía, sin embargo, afirmó que "es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso", según recoge La Vanguardia. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes del movimiento independentista, fueron acusados de sedición y se encuentran en la cárcel. El abogado de Puigdemont, por su parte, ya ha dicho que han decidido "impugnar cualquier extradición ante el tribunal". La fiscalía belga de momento se ha limitado a declarar que "aplicará la ley" si se emite la euroorden. Los acontecimientos se han sucedido de forma frenética en los últimos días, muchas veces sorprendiendo a propios y extraños, por lo que es imposible hacer un pronóstico de lo que puede suceder ahora. Pero mientas las consecuencias de la declaración de independencia se dirimen en el terreno judicial, los principales partidos independentistas han confirmado que participarán en las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el gobierno español en aplicación del artículo 155, el utilizado para amparar la intervención de la autonomía de Cataluña.