Lo que se sabe de la supuesta masacre de 28 mineros en Venezuela
"Acá llegaron una cantidad de mineros baleados, apuñalados, golpeados, que habían logrado escapar de la masacre".
Los familiares de los desaparecidos llevan tres días protestando en la carretera que conecta al país con el sur de Bolívar y Brasil. Son palabras de un doctor que estaba de guardia en el Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, en el sureste venezolano, el viernes 4 de marzo, cuando según familiares 28 mineros murieron en una masacre en una mina de oro llamada Atenas. "Los cuerpos de los muertos nunca llegaron a la morgue, parece que los botaron en fosas comunes (…). Lo que nos dijeron los testigos fue que los atacaron miembros del sindicato", le dijo el internista a BBC Mundo. La versión del doctor, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, coincide con la de los familiares de las supuestas víctimas, quienes duraron varios días movilizados en la principal carretera del estado Bolívar, la Troncal 10. "Estamos exigiendo que aparezcan los cuerpos estén como estén (…). Yo quiero saber dónde está mi marido", le dijo a BBC Mundo Karen Páez, esposa de uno de los desaparecidos, desde la protesta en Tumeremo. Final de Quizás también te interese El lunes, después diez días de debate político e investigaciones, la Fiscalía anunció el hallazgo de 17 cuerpos de los 21 desaparecidos que dice haber identificado. Muchos, tanto venezolanos como extranjeros, han llegado recientemente a la zona a vivir de la minería ilegal No es la primera vez que se reporta un asesinato en las minas de oro del sureste de Venezuela: cada tanto se sabe de alguno de ellos en medio de una anárquica guerra entre bandas armadas, indígenas y mineros que buscan sacar provecho de una de las zonas más ricas en minerales del mundo. Esta vez, sin embargo, la cantidad de muertos –las denuncias hablan de 28, pero Fiscalía de 21– y la indignación de los familiares de las víctimas pusieron los ojos de los venezolanos en un remoto territorio que para muchos lleva años abandonado por el Estado. En los últimos años la minería ilegal en Bolívar se ha disparado, en parte por la consolidación de bandas armadas, por el aumento del precio de los minerales y por la crisis económica del país. Qué dicen las autoridades Aunque varios altos funcionarios del gobierno apuntaron a que las desapariciones fueron producto de un enfrentamiento entre bandas, la fiscal, Luisa Ortega Díaz, dijo que aún no se conoce una versión concreta. Inicialmente, el gobernador de Bolívar, el oficialista Francisco Rangel Gómez, negó las denuncias sobre las desapariciones y dijo que se trataba de un "show mediático" de la oposición venezolana. Luego el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y varias otras entidades del Estado llevaron a cabo un operativo en el que participaron más de 1.000 funcionarios. Las autoridades aseguraron haber visitado incluso la mina donde supuestamente ocurrió la masacre. La fiscal anunció que presentarán ante la justicia a una persona de nacionalidad ecuatoriana que está detenida, y dijo que solicitarán nuevas detenciones. El sur de Bolívar es una de las zonas más ricas en minerales, sobre todo de oro, en el mundo. "Buscan desprestigiar" Pero Páez, que desde la protesta en la Troncal 10 dijo estar "confundida", desconfía de las autoridades, a quienes acusa de querer "apoderarse de las minas". "Los guardias (nacionales) son los que menos prestan apoyo. Ellos están tranquilos, no fueron a la mina, dijeron que no pasó nada", denunció pocos días después de las desapariciones. "Incluso (los testigos) nos han dicho que funcionarios de inteligencia y la política estaban custodiando la zona mientras se producía la masacre", le dijo Páez a BBC Mundo. El gobernador Rangel Gómez –quien fue uno de los militares más cercanos al expresidente Hugo Chávez– ha rechazado estas versiones, que según él "buscan desprestigiar" a las fuerzas de seguridad como parte de una guerra mediática en contra de la revolución bolivariana. Anarquía en una tierra prometida Los críticos de Gómez han denunciado incluso en debates en la Asamblea Nacional la compleja situación de las minas del sur de Bolívar, donde miles de mineros que vienen de toda Venezuela y de países vecinos se han ido acumulando durante los últimos años tras el aumento del precio de los minerales y la crisis económica venezolana. Con un día de trabajo un minero de Bolívar produce el mismo dinero que gana un profesional en Caracas en un mes. Según estimaciones oficiales, Bolívar cuenta con las segundas reservas auríferas más grandes del mundo. Y sus riquezas de coltán, bauxita o aluminio, entre otros minerales, también lideran las listas a nivel mundial. Aunque es prácticamente imposible saber a ciencia cierta cuántos mineros hay en el sur de Bolívar, hay quienes estiman más de 300.000. Aunque la minería ilegal siempre ha existido en esta zona, expertos y sindicalistas dicen que se ha disparado en los últimos años debido a la llegada de bandas armadas y la caída en la producción de las empresas básicas de Guayana, como también se le conoce a la zona de Bolívar. Sólo en el municipio de El Callao, que es uno de los 11 que componen Bolívar, se produjeron 90 asesinatos en 2015, según cifras de la alcaldía local. Del resto del estado no hay cifras oficiales, aunque la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia estima que Bolívar es uno de los estados con más homicidios del país. El gobierno de Nicolás Maduro reconoció en 2014 –cuando lanzó la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita en la Región de Guayana– que la regularización de la zona era una deuda de la revolución. Se trataba del quinto plan de organización de la región, que hasta ahora no ha rendido frutos, como el mismo Maduro reconoció hace apenas dos semanas, cuando activó el llamado Arco Minero del Orinoco, un nuevo plan que busca, con la inversión de 150 empresas chinas, explotar la zona de manera organizada. El objetivo es regularizar a las decenas de miles de mineros que ahora trabajan de manera ilegal porque, como le dijo Páez a BBC Mundo, "es la única forma de trabajo que hay". La violencia parece ser el mayor obstáculo.