Argentina: Cristina Fernández de Kirchner es procesada por segunda vez, ahora por presunta asociación ilícita
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada este jueves por presunta asociación ilícita.
Cristina Fernández de kirchner gobernó durante dos periodos de 4 años. Aunque suscita fuerte críticas por la mayoría de argentinos, un 30% mantiene una fuerte afiliación. El juez Julián Ercolini también ordenó embargarle a la exmandataria propiedades por más de US$600 millones. Se trata de la segunda acusación formal que recibe Fernández después de dejar la presidencia en 2015. La expresidenta, quien gobernó por dos periodos desde 2007, niega los cargos y dice que es víctima de una persecución política auspiciada por el presidente argentino, Mauricio Macri. La causa por la que la que Fernández fue procesada este jueves -y que la llevará a juicio- investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Los cargos, que son los más graves que ha recibido la exmandataria, tienen penas por hasta 10 años. Por la misma causa está privado de libertad el empresario Lázaro Báez, un amigo cercano de Fernández y de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. Sobre la posibilidad de un arresto preventivo, el juez concluyó que, teniendo en cuenta antecedentes y comportamiento de Fernández, no hay razones para detenerla durante el proceso judicial. Adjudicación de obras publicas Los fiscales a cargo de la causa han calificado la supuesta red de corrupción como un "plan criminal". En la resolución emitida el jueves, Ercolini también procesó por administración fraudulenta a dos exministros, a un primo de la expresidenta y a varios empresarios y funcionarios encargados de llevar a cabo autopistas y proyectos de infraestructura. Por la misma causa está en la cárcel hace 8 meses el amigo de la familia Kirchner y empresario Lázaro Báez. Una reciente auditoría de la gubernamental Vialidad Nacional encontró que durante los gobiernos de Fernández la construcción de obras estaba particularmente concentrada (en un 78% en la provincia de Santa Cruz) en un solo grupo empresarial, Austral, de propiedad de Báez. Entre los años 2012 y 2015, se lee en la misma auditoría, el Estado se tomó en promedio 60 días para pagarle a Austral, mientras que con otras empresas el promedio de pago fue de 207 días. Cuando Fernández terminó su periodo, Báez era el único contratista al que el Estado le había pagado todas las deudas pendientes, asegura el juez. En la denuncia, el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, asegura que hubo un sobreprecio del 65% en la concesión para reparación de autopistas. Qué dice Fernández Ercolini investiga varios casos en lo que Kirchner está imputada por corrupción, entre ellos uno por lavado de dinero en la construcción de un hotel en la Patagonia argentina. Asimismo, la exmandataria es procesada por el caso del llamado dólar futuro, que investiga una supuesta estrategia del gobierno para enriquecer a ciertas organizaciones vendiendo dólares baratos ante el escenario de una inminente devaluación durante el gobierno de Macri. Las comparecencias judiciales de Fernández han sido multitudinarios encuentros de sus simpatizantes. Por ese caso el juez Claudio Bonadio ordenó embargarle US$1 millón, dinero que la expresidenta dijo no poseer. Durante la última comparecencia ante el juez Ercolini, Fernández negó los cargos y argumentó que es víctima de una persecución política comparable a la que supuestamente sufre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La expresidenta se defiende diciendo que durante los 12 años de gobiernos kirchneristas la inversión en obras públicas se multiplicó por seis y asegura que la adjudicación de éstas fue "horizontal". "Ninguna compañía ni corporación se alzó con más del 5% del total ejecutado en forma centralizada", ha dicho.