Así, concluyó que “este Tribunal carece de la potestad para efectuar una reprogramación del debate, atento a que la fijación de las audiencias de los juicios orales constituye una actividad administrativa reservada a la OGA., limitándose la labor jurisdiccional en el presente caso en concreto, a impedir que tal actividad afecte derechos y garantías que impidan la materialización de un ´juicio justo’”.