En 2002 comenzaron grandes protestas en su contra, debido a la aprobación de una serie de 47 leyes a través de un decreto habilitante, que según el gobierno tenían como objetivo promover una nueva reforma agraria, beneficiar a los campesinos, al pescador artesanal y reactivar miles de hectáreas de tierras ociosas en manos de grandes latifundistas, siendo el mayor de todos ellos el mismo estado venezolano. La oposición alegaba que las leyes perjudicaban al empresario y a los ganaderos y guiaban al país hacia un modelo de gobierno castrocomunista.