La tarea del Estado es, por tanto, la producción de un marco regulador para desarrollar una competencia sino perfecta por lo menos funcional,​ incluyendo el acceso tanto al mercado como a la información relevante: la transparencia del mercado. Adicionalmente, el estado debe establecer estabilidad financiera y de precios, al mismo tiempo que promover la coordinación o coherencia entre la cooperación y la competencia social: la legalidad y el orden debe conciliarse con la libertad individual y social. El objetivo de la acción del ordoliberalismo no es una regulación radical, completa y súbita, sino una acción progresiva, para lo cual las deficiencias del mercado son centrales: cuando el mercado falla es el momento adecuado para introducir orden. Por ejemplo, la ausencia de una tasa racional o consensual para el consumo de bienes públicos -tales como el medio ambiente- o insuficiencias en las medidas contra los cárteles, producen situaciones de falla del mercado, que legitiman y demandan acción estatal.