Siguen entonces dos consecuencias centrales: el ideal de la plena competencia, logrado libremente a través del juego de la oferta y la demanda, es solo eso. En la práctica no es posible. Sigue que el estado debe tomar medidas a fin de implementar una competencia funcional. Y, dado que, de hecho, distorsiones estables del mercado (por ejemplo: oligopolios o monopolios) ya han surgido, o surgirán, el estado debe tomar medidas para su eliminación o control, lo que será un proceso constante y gradual, logrado tanto a través del sistema de regulaciones, como a través del desarrollo tanto económico (por ejemplo, el surgimiento de empresas nuevas y dinámicas) como humano (por ejemplo, la aparición de nuevas instituciones o actitudes sociales) promovido por ese sistema jurídico.