En 2017, el Partido Popular intento también cercenar el papel de la acción popular,  cuando algunos de sus dirigentes estaban asediados por causas de corrupción.  A esa pretensión se opuso el PSOE entonces y hoy la propone por iguales motivos.                                                     Ojalá algún día los dos partidos principales de nuestro país entiendan, estén en el Gobierno o en la oposición, que el Estado de Derecho exige reforzar los controles del poder, no desmontarlos.