Existe una demanda legítima de los azuayos para proteger sus fuentes de agua, un recurso vital para la vida y el desarrollo de la región. Es deber del Estado respetar la voluntad popular, expresada de manera clara y contundente por una amplia mayoría.

Forzar la CPLI, además de estar cargada de irregularidades e ilegalidades, resulta inaceptable e intolerable.

#ConCuencaNoSeJuega