STS 4161/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4161 declara que la concepción estricta del error judicial constituye una constante de la Sala proyectada en una jurisprudencia que, por notoria, no cree necesario reproducir sino en lo imprescindible para resolver el recurso. Últimamente, en la STS 218/2024, de 8 de febrero (rec. 31/2023), ha declarado: 
En particular, esta Sala resalta con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso nº 7/2007 -), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas"". Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, ha señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido".
[...] No se trata, en definitiva, de juzgar por este cauce el acierto o desacierto del órgano judicial sentenciador al resolver la cuestión litigiosa, sino sólo de determinar si su decisión es errónea en el cualificado, riguroso y estricto sentido y alcance que la jurisprudencia reseñada requiere. Por decirlo en palabras de la sentencia de esta Sala de 27 de marzo de 2018 (recurso núm. 63/2016 ), una demanda de esta índole sólo puede prosperar cuando la posible falta de adecuación entre lo que debió resolverse y lo que se resolvió sea tan ostensible y clara que cualquier persona versada en Derecho pudiera así apreciarlo, sin posibilidad de que pudiera reputarse acertada desde algún punto de vista jurídicamente defendible.
En el caso el juzgador consideró que la fecha a tener en cuenta para valorar si el recurso de reposición se había presentado en plazo era la de su registro en el organismo destinatario y competente para resolverlo, la Jefatura Provincial de Tráfico, y no el de presentación en el registro virtual de la Administración General del Estado el anterior día.
La indebida aplicación del art. 31.2.c) LPAC a una realidad que aparece regulada en otro sentido en reiterados preceptos ( arts. 14.1, 16.4 y 31.2, primer párrafo, LPAC y art. 9 de la Orden que regula el Registro Electrónico), es un desacierto que supera los límites de la interpretación lógica o razonable de las normas jurídicas y alcanza la categoría de error judicial en el sentido que ha expresado con anterioridad.