Los derechos de los presos de ETA: una cuestión de justicia y dignidad

La manifestación celebrada en Bilbao este sábado en apoyo a los derechos de los presos de ETA pone de manifiesto un debate que trasciende ideologías: el equilibrio entre el cumplimiento de las penas por los delitos cometidos y el respeto a los derechos humanos de quienes cumplen condena. Decenas de miles de personas alzaron su voz en defensa de una política penitenciaria más justa, alejada de las excepcionalidades que, según los convocantes, perpetúan el sufrimiento innecesario.

Es indiscutible que los actos perpetrados por ETA causaron un profundo dolor en la sociedad española. Las víctimas, y sus familias, merecen memoria, justicia y reparación. Sin embargo, una sociedad democrática y avanzada debe ser capaz de garantizar que incluso los condenados por los crímenes más graves sean tratados con dignidad y respeto. Este principio no solo refleja un compromiso con los derechos humanos universales, sino que también fortalece el tejido moral y ético de una democracia.

El reclamo por el fin de las excepcionalidades penitenciarias

La marcha, organizada por Sare y respaldada por diversas organizaciones políticas y sociales, se centró en pedir el fin de las medidas excepcionales aplicadas a los presos de ETA. Entre estas medidas destacan las dificultades para acceder al tercer grado penitenciario, el retraso en las progresiones de grado y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen, una práctica que afecta tanto a ellos como a sus familias.

Según Sare, estas políticas han prolongado innecesariamente el sufrimiento de algunos reclusos, incluyendo casos en los que las condenas se han extendido más allá de lo establecido por la ley. Este tipo de situaciones no solo vulnera los derechos de los presos, sino que también perpetúa heridas sociales que dificultan la reconciliación.

Hacia una justicia restaurativa

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y otros representantes de organizaciones sociales abogaron por un modelo de justicia restaurativa que reconozca a todas las víctimas del conflicto, incluidas aquellas causadas por el Estado. Este enfoque no busca olvidar ni justificar los crímenes cometidos, sino construir puentes para una convivencia pacífica en el País Vasco y en el conjunto de España.

Un contexto amplio de apoyo

La marcha contó con la participación de destacadas figuras políticas, como representantes de EH Bildu, Junts, ERC, CUP, BNG y organizaciones de la sociedad civil catalana, entre otras. Este respaldo trasciende fronteras, mostrando cómo el respeto a los derechos humanos puede unir a diversas sensibilidades políticas en un objetivo común.

El camino hacia la reconciliación

Hablar de los presos de ETA sigue siendo un tema complejo y polarizante. Sin embargo, el respeto a los derechos humanos no debe ser una cuestión negociable. Garantizar condiciones penitenciarias justas y respetuosas no implica olvidar ni minimizar el dolor de las víctimas, sino reafirmar los valores de una democracia que aspira a ser inclusiva y respetuosa.

Para avanzar hacia una paz duradera y una verdadera convivencia, es necesario dejar atrás las políticas que perpetúan el conflicto y optar por un enfoque que fomente la reconciliación y el respeto mutuo. Solo así podremos construir una sociedad en la que el pasado no sea una herida abierta, sino un recordatorio de lo que nunca debe repetirse.