Cuadernos de ReD 5 Coordinación entre prácticas 
jurisdiccionales diversas:
otra oportunidad para la paz Enero-Febrero de 2019 T
A E
Y N R U B N E W G , 7
1
0
2 © El documento recoge los hallazgos de la segunda fase del proyecto 
de investigación que realizó Rodeemos el Diálogo (ReD) con el apoyo 
del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS), esta vez en municipios seleccionados de Arauca 
y Norte de Santander durante septiembre y octubre de 2018. El proyecto 
fue coordinado por César Torres, contó con el apoyo investigativo de Karen 
Arteaga, la supervisión de Beatriz Vejarano y la asistencia administrativa 
de Carolina Gómez y Oriana Soler. Los resultados de la investigación 
fueron presentados por Andrei Gómez-Suárez en el seminario internacional 
«Justicia para los territorios: ¿qué modelo de justicia necesitamos 
en las regiones?», realizado por el CITpax, la KAS y el Ministerio 
de Justicia en Bogotá entre el 21 y el 23 de noviembre de 2018.   Introducción • Este informe es el resultado de 
la 
investigación sobre las prácticas de 
justicia comunitaria en 
los municipios de Arauca, Fortul, Tame y 
Saravena (estos tres últimos de 
la 
región del Sarare) en el departamento de Arauca, y los municipios 
de Cúcuta y Sardinata (la entrada al                                    
Catatumbo) en Norte de Santander. 
La investigación se realizó sobre la 
base del diálogo como metodología1. 
Entendemos el diálogo como un espacio, una estrategia y un tiempo: • • Un espacio donde los entrevistados —individualmente o 
en 
grupo— buscan las palabras pa-  
ra narrar sus necesidades, intereses y experiencias, y exploran 
las posibilidades de promover la 
construcción de Estado de derecho en el contexto del conflicto 
armado en el que viven. Una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje: «(…) un diálogo reflexivo, crítico y creativo, que se 
apoya en la experiencia informal 
(…) para constituirse en un diálogo profundo, sustentado en la 
argumentación y la reflexión»2. 1 
Se enmarca en el proceso de Ro- 
deemos el Diálogo de desarrollar una metodología afectivoparticipativa para la pedagogía 
y la construcción de paz. Ver: «Peace process pedagogy: 
lessons 
from 
the no-vote victory 
in the Colombian peace referéndum», Compa- rative Education, 53 (3), 2017, pp. 462-482.
2 
García Montero, Ivet. «El diálogo: 
un instrumento para la reflexión y la transformación educativa». Sin fecha de publicación, 
en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar
/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ Un tiempo, un momento para 
el encuentro con otras interpretaciones del mundo que rodea al 
entrevistador y al entrevistado; 
unos instantes discontinuos en 
los que se reconoce la común humanidad de los participantes y 
de las personas ausentes en torno 
de quienes gira la conversación. Entender y promover el diálogo como espacio, estrategia y tiempo con- 
cuerdan con la afirmación del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) según el cual 
«en el diálogo no hay ganadores. 
Mientras que el propósito de la negociación es alcanzar un acuerdo 
concreto, el objetivo del diálogo es 
tender puentes entre las comunidades, compartir perspectivas y descubrir nuevas ideas»3. El diálogo con los entrevistados giró 
en torno de la pregunta: ¿es posible 
promover la construcción de Estado 
de derecho mediante 
la construcción y/o consolidación de formas de 
coordinación entre los distintos mecanismos de resolución de conflictos 
que hay en el respectivo municipio? Encontrar factores, vectores de fuerza o condiciones de posibilidad favorables a adelantar la construcción ARTICULOS/ArticulosPDF/0524G093.
pdf, p. 2 (visto el 10 de noviembre de 2018).
3 
PNUD, «Importancia del diá-             
logo para la prevención de conflictos y la 
construcción de paz», febrero de 2009, en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/
library/crisis%20prevention/Spanish/
dialogue_conflict_spanish.pdf, pp. 2 y 3 
(visto el 9 de noviembre de 2018). 2 · Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz  de Estado de derecho se convirtió en 
un modo de promoverla. A continuación presentamos (1) la metodología, (2) el enfoque teórico, (3) los 
hallazgos y (4) las recomendaciones 
basadas en esta investigación. d. Metodología e instrumentos Esta investigación cualitativa buscó 
entender el papel y los límites de la 
participación comunitaria en la administración de justicia y las posibilidades que tiene dicha participación 
de apoyar la construcción de Estado 
de derecho a nivel local, cuando las 
prácticas comunitarias de justicia se 
coordinan con las prácticas estatales 
de impartición de justicia. La indagación se hizo en dos ciudades capitales y municipios 
fundamentalmente rurales de alta conflictividad. Se dialogó con operadores y 
funcionarios de la rama judicial del 
poder público y con operadores de 
los mecanismos de 
justicia comunitaria, 
específicamente 
con 
conciliadores de 
las 
juntas de acción 
comunal (JAC) y con conciliadores 
en equidad. Asimismo se realizó una 
revisión bibliográfica sobre la historia y la composición sociodemográfica de los municipios. En el diálogo con operadores se hicieron cuatro preguntas básicas: a. b. c. ¿Conoce usted operadores de la 
otra práctica jurídica?
¿Tiene 
alguna 
relación 
ellos/as?
¿Existe alguna forma de coordinación 
(estable/permanente o con no) entre usted y los operadores 
judiciales de las otras prácticas 
jurídicas?
¿Cree usted que esa coordinación —existente o no en este 
momento— puede servir para 
que todas las personas cumplan 
la ley y mejore la convivencia pacífica? En los textos consultados se buscó 
respuesta a los mismos interrogantes. Tanto en las entrevistas como 
en las fuentes secundarias se encontraron respuestas que relacionaban 
el tema objeto de investigación con 
el contexto en el que ocurren o no 
esas relaciones entre los operadores 
judiciales. Por tanto, se reconstruyó 
varias veces el marco conceptual con 
que se dio inicio al proyecto, sin variar la perspectiva general de la investigación. Enfoque teórico La pregunta de la investigación puede formularse en términos de hipótesis: es posible construir Estado de 
derecho en el nivel local, en áreas 
donde los grupos armados administran justicia y resuelven conflictos, 
según el grado de reconocimiento y 
las formas de colaboración que establezcan las prácticas jurisdiccionales 
estatales con las prácticas jurisdiccionales comunitarias. Estado de derecho Definir esta forma de Estado implica 
una posición ideológica y política. 
Desde distintas vertientes 
se promueve el Estado de derecho como Cuadernos de ReD 5 · 3 la mejor forma de Estado y, al mismo tiempo, hay mucha divergencia 
acerca de las características de dicho 
Estado. Sin embargo, hay cinco características del Estado de derecho que lo 
singularizan y lo hacen reconocible: 1.  El Estado de derecho es un mode- lo o forma de «(…) estructurar 
jurídica y políticamente la maquinaría institucional del Estado de acuerdo con unos valores, 
unos principios e instrumentos 
técnicos a los cuales se pretende 
dar realidad en la mayor medida 
posible»4. 2.  La división del poder público: el Estado no está concentrado ni 
en una persona ni en una insti- tución. Esa división del poder 
está consagrada en la norma de 
mayor categoría e importancia 
(la Constitución) y garantiza, 
además, que exista un sistema 
de pesos y contrapesos que impida que uno de los poderes se 
extralimite en sus funciones o 
adquiera una relevancia tal que 
ponga en peligro dicha división 
de poderes. 3.  El Estado es la garantía de los derechos fundamentales: estos son derechos que 
tienen 
todas 
las 
personas por el mero hecho de 4 
Chinchilla, Tulio Elí. «El Estado 
de derecho como modelo político-jurídico», 
en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/
derecho/article/view/6369/5848 , p. 37 (visto el 12 de noviembre de 2018). ser personas o en cuanto ciudadanos con capacidad de tomar decisiones y obrar. Estos derechos 
son inalienables: nadie los pierde 
por causa alguna. Los derechos 
fundamentales están estipulados 
claramente en 
la Constitución 
Política de Colombia y en pactos 
y tratados 
internacionales tales 
como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948. 
Deben ser asumidos como derechos 
fundamentales aquellos 
cuya garantía es 
indispensable 
para la paz5. 4.  En el Estado de derecho, todos 
los poderes están sujetos a la ley y todas las leyes están sujetas a la 
Constitución. La Constitución, 
por su parte, está sujeta a su propia rigidez y a la dificultad de 
cambiarla que ella misma se ha 
impuesto. 5 
Al respecto afirma Ferrajoli que 
en esta clase de derechos deberán estar «(…) 
el derecho a la vida y a la integridad personal, 
los derechos civiles y políticos, los derechos 
de libertad, pero también, en un mundo en 
el que sobrevivir es siempre menos un hecho 
natural y cada vez más un hecho artificial, 
los derechos sociales para la supervivencia». 
Agrega el mismo autor que deben ser considerados derechos fundamentales aquellos 
que garanticen la igualdad, es decir aquellos que protegen a las minorías y/o a los 
más débiles, que lo son por no ser iguales a 
la mayoría en algún aspecto de sus vidas o 
porque son, simplemente, más vulnerables. 
Ver: Ferrajoli, Luigi. «Sobre los derechos 
fundamentales». Cuestiones Constitucionales 
[en 
línea], 2006 
(julio-diciembre). 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88501505, ISSN 1405-9193, 
pp. 117 y 118 (visto el 12 de noviembre de 
2018). 4 · Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz 5.  La soberanía nacional, entendida como la capacidad y el poder que 
tienen las instituciones estatales 
para tomar decisiones. Esto implica una doble vía en el ejercicio 
de dicho poder: el poder del Estado limita el poder ciudadano. Las prácticas jurisdiccionales Según el glosario oficial de la rama 
judicial de Colombia, la acción jurisdiccional es el «derecho público de 
acudir a la jurisdicción y de obtener 
una decisión, favorable o desfavorable, como culminación del proceso 
y la disposición de ejecutar la misma»6. La práctica jurisdiccional es 
la actividad que desarrollan los operadores 
judiciales para resolver 
las 
pretensiones de quienes acuden a sus 
despachos buscando una decisión 
sobre casos concretos. Es la respuesta de quien ha sido solicitado para que resuelva o ayude a 
resolver un conflicto. Esa práctica es 
la que garantiza que los ciudadanos 
resuelvan sus diferencias mediante 
la intervención de un tercero. Este 
tercero posee un saber/poder que 
le permite entender, juzgar y resolver un caso determinado; además, 
conoce una serie de procesos y procedimientos que puede usar en cada 
situación que se le presenta. El saber y el conocimiento que poseen 
y usan los terceros no están conte- 6 
Se puede ver en: https://www.
ramajudicial.gov.co/portal/atencion-alusuario/servicios-de-informacion/glosario 
(visto el 14 de noviembre de 2018). nidos necesariamente en las normas 
jurídicas, pues no todos los conflictos 
se resuelven aplicando las leyes vigentes. Hay conflictos que se solucionan 
a través de la intervención de personas 
no investidas de autoridad estatal que 
resuelven o ayudan a resolver los casos 
utilizando el «saber comunitario». 
Este saber refleja lo que la comunidad 
considera justo. Pero ese saber, aplicado a casos concretos, también puede 
ayudar a transformar lo que la comunidad considera justo. Las prácticas 
jurisdiccionales que 
se desarrollan 
con base en el justo comunitario son, 
sobre todo, prácticas con un enorme 
potencial de construcción de paz y de 
transformación social. El acceso a la justicia Desde un enfoque de derechos, la 
acción y la práctica jurisdiccionales 
(la de los funcionarios de la rama 
judicial y la de los particulares que 
resuelven casos usando el justo comunitario) 
constituyen una parte 
importante del acceso a la justicia. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «el acceso a 
la justicia es un principio básico del 
Estado de derecho. Sin acceso a la 
justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, 
hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones»7. 7 
Se puede 
consultar 
en: Torres 
Cárdenas, César. «La jurisdicción especial 
de paz: Entre la norma jurídica y la norma 
social» (2010). Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ver: http://escuelajudicial.
ramajudicial.gov.co/biblioteca/content/
pdf/a12/5.pdf. Cuadernos de ReD 5 · 5 Pero el acceso a la justicia no es solo 
un derecho consagrado en las normas. Es también un hecho que ocurre cuando 
las personas acuden a 
alguna instancia jurisdiccional para 
defender derechos legal o socialmente reconocidos. Para que se pueda 
ejercer ese derecho mediante este 
tipo de prácticas es necesario que la 
persona identifique sus necesidades 
jurídicas, conozca sus derechos, sepa 
cuál es la instancia jurisdiccional más 
adecuada y pueda usar el procedimiento correcto para satisfacer sus 
requerimientos jurídicos y defender 
sus derechos. La existencia y la práctica del derecho de acceso a la justicia constituyen el punto de encuentro de los dos 
conceptos contenidos en la hipótesis de esta investigación. Este derecho/garantía es un principio del 
Estado de derecho y puede ejercerse 
ante distintas instancias, no solo estatales, y mediante diferentes saberes, no siempre avalados como saber 
jurídico legal. La coordinación entre estas dos prácticas jurisdiccionales en zonas de conflicto armado 
efectivamente amplía y mejora las 
posibilidades de ejercer el derecho 
de acceso a la justicia, sobre todo a 
la justicia no articulada a los actores armados. Al mejorar el acceso 
a la justicia se construye Estado de 
derecho. Promover 
dicha 
construcción 
es 
factible porque, como se observa a 
continuación, en Arauca y Norte de 
Santander ya hay esfuerzos en ese 
sentido. Por tanto, se puede entender lo que allí ocurre en términos de ampliación del acceso a la justicia 
como mecanismo de construcción 
del Estado de derecho en el nivel 
local gracias a que los mismos pobladores lo ejercen y lo explican. Hallazgos en Arauca 
y Norte de Santander Con base en el trabajo de campo 
realizado se puede afirmar que el Estado social de derecho en zonas de 
conflicto armado es disfuncional y 
uno de los factores primordiales es 
el precario sistema local de justicia 
formal. El desempeño de la justicia 
formal local es una forma de medir 
la construcción de Estado por dos 
razones. En primer lugar, porque la 
justicia es un componente central del 
Estado y del poder político, así como 
un factor esencial en la definición y 
solución de los conflictos sociales e 
institucionales. En 
segundo 
lugar, 
porque la justicia es parte esencial de 
la capacidad del Estado para someter a los actores que lo desafían. En 
aquellos territorios donde la justicia 
opera y los jueces (particularmente 
los jueces penales), apoyados por la 
fiscalía, son capaces de judicializar 
no solo a los actores de las organizaciones delincuenciales (guerrilla, 
paramilitares, 
bacrim, 
etc.), 
sino 
también a «hombres fuertes» que 
cometen delitos (gamonales, terratenientes, palmeros, caciques políticos, 
etc.), existe una institucionalidad estatal operante8. 8 
https://www.dejusticia.org/
publication/los-territorios-de-la-paz-laconstruccion-del-estado-local-en-colombia2/ 6 · Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz Si la justicia estatal formal no opera 
en estas zonas de conflicto, ¿quién 
hace 
justicia? En 
algunos municipios como Sardinata 
(Norte de 
Santander) o en la región del Sarare 
(Arauca) se ha iniciado el programa 
de «sistemas locales de justicia»; en 
otros, como el municipio de Arauca, se están buscando 
los recursos 
financieros para implementarlo. Sin 
embargo, es importante resaltar que 
la mayoría de las personas recurre a 
los grupos armados ilegales, particularmente al Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), que hace presencia 
en estas zonas. En el caso de Sardinata, durante 
muchos años 
los grupos armados 
ilegales fueron los administradores 
de justicia. Resolvían conflictos intrafamiliares, disputas de 
linderos, 
problemas entre vecinos y delitos 
y contravenciones. No obstante, la 
ofensiva del ejército regular y las disputas entre los grupos por el control 
territorial ocasionaron que 
abandonaran la labor jurisdiccional. Por 
esta razón, ahora que ha disminuido 
la injerencia de los grupos armados 
en 
la resolución de conflictos, se 
creó un vacío de poder más o menos absoluto en el cual los pobladores no cuentan ni con las instancias 
jurisdiccionales estatales ni con 
la 
presencia de los armados para que 
resuelvan o medien 
los conflictos 
cotidianos. En esas condiciones, algunas comunidades han creado sus 
propios instrumentos, instancias y 
prácticas jurídicas para resolver sus 
conflictos; así, los comités de conciliación de las JAC asumen la tarea 
de resolver conflictos. Lo hacen para evitar que los armados se legitimen 
una vez más con base en su papel de 
solucionadores de conflictos y porque entienden que la cercanía geográfica implica una mayor necesidad 
de diferenciación y distanciamiento 
políticos. Lo hacen también porque 
no 
existen otros mecanismos de 
acceso a la justicia y porque entienden que quien administra 
justicia 
es quien construye Estado. En esas 
tareas de construir Estado, administrar justicia, resolver pacíficamente 
los conflictos y generar convivencia 
pacífica han contado con el apoyo 
de organizaciones 
internacionales 
e instituciones del orden nacional, 
regional y local, incluso con el apoyo de funcionarios públicos que han 
respetado el proceso y los logros obtenidos9. De manera similar, los conciliadores de las JAC y los conciliadores en 
equidad que desarrollan el sistema 
local de justicia son la principal autoridad 
jurisdiccional en el Sarare, 
pues son los únicos que gozan de 
legitimidad entre todos los actores 
en el territorio. Al mismo tiempo, 
se convierten casi en la única figura 
que puede construir Estado social de 
derecho. La 
justicia estatal formal, 
como los jueces y fiscales, tiene restringido el acceso a las zonas rurales 
con alta presencia del ELN. Incluso en los cascos urbanos, casi todos 
los 
funcionarios 
judiciales 
toman 
precauciones y/o tienen esquemas 
de 
seguridad proporcionados por 9 
Entrevista a exfuncionaria pública 
del orden municipal de Sardinata, Norte de 
Santander, 3 de octubre 2018. Cuadernos de ReD 5 · 7 la Unidad Nacional de Protección 
(UNP). Las instituciones y los funcionarios de la justicia administrativa tienen menos restricciones, pero 
tampoco pueden movilizarse 
sin 
una especie de autorización o pacto 
de respeto mutuo con el ELN. Lo 
único cierto es que unos y otros respaldan —de manera desigual— el 
trabajo que hacen los conciliadores 
de las JAC y los conciliadores en 
equidad10. Igualmente respaldan (o 
al menos respetan) los proyectos de 
formación ciudadana, construcción 
de paz y/o sistemas locales de justicia que se desarrollan en las zonas. 
Eso convierte a estos operadores 
judiciales comunitarios en quienes 
más y mejores posibilidades tienen 
de garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia. Y, además, les confiere 
un nivel de liderazgo para construir 
tanto 
la paz 
cotidiana —porque                                  
resuelven conflictos no 
relacionados con la confrontación armada— 
como la paz política y la convivencia 
ciudadana. Así, la conciliación en equidad en 
el Sarare se está convirtiendo en un 
mecanismo y una práctica 
jurídica 
que permite construir Estado de derecho en la medida en que amplía 
y mejora las condiciones de acceso 
a la justicia, al tiempo que aporta a 
la superación del conflicto armado 
o, al menos, hace innecesaria la acción jurisdiccional de los ejércitos. 
Pero 
lo anterior sería imposible si 
no existieran los niveles y formas de 
coordinación que se han construido 10 Entrevista a líder y conciliador en 
equidad, Tame, Arauca, 23 de octubre 2018. entre las autoridades estatales y los 
conciliadores. Esa coordinación se 
expresa en el conocimiento mutuo 
entre los operadores jurisdiccionales, 
el conocimiento que cada uno tiene 
del saber y de la lógica jurídica con 
que opera el otro, y el respaldo que se 
brindan entre sí. Si la justicia comunitaria es la única 
que provee justicia en estas zonas, 
lo más útil sería fortalecer y articular estos mecanismos con la justicia 
estatal formal. No obstante, la mayoría de los funcionarios de la rama 
judicial no conoce del enfoque, las 
características y 
la utilidad de 
los 
mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos (Masc), y quienes mostraron mayor interés en tales 
mecanismos podían valorarlos únicamente en función de la descongestión de los despachos judiciales. Solo 
en el municipio de Arauca hubo un 
gran reconocimiento de dicho mecanismo y de la labor que desempeña, 
ya sea porque los entrevistados fueron conciliadores en alguna oportunidad, porque en otros municipios 
donde trabajaron 
funcionaban 
las 
casas de justicia o porque recibieron 
formación sobre dicha temática. Sin 
embargo, en este municipio no hay 
casas de justicia, jueces de paz, ni 
conciliadores en equidad; por ello, 
la conciliación se remite al centro 
de conciliación, arbitraje y amigable 
composición Arco 
(organización 
privada), al consultorio 
jurídico y 
centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia y 
al centro de conciliación de la Cámara de Comercio. Incluso, entre                                                                                         
esos mismos centros de conciliación 8 · Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz existe una división de funciones y 
temáticas. No obstante, uno de los 
jueces señaló que «es una pérdida 
que no haya conciliadores en equidad en el municipio, porque esto 
contribuiría a los mecanismos alternativos de solución de conflictos»11. En Cúcuta, los operadores de justicia comunitaria no tienen ninguna 
comunicación o 
articulación 
con 
los funcionarios de la rama judicial. 
A pesar de que con muchos tienen 
una relación personal, saben quiénes 
son y cuáles son sus funciones en el 
ámbito laboral, cada uno se dedica 
exclusivamente a su tarea. La única 
relación existente es con las actas de 
conciliación de las partes, dado que 
son un requisito de procedimiento. 
Todos 
los entrevistados coinciden 
en que los abogados son un obstáculo para construir consensos entre 
las partes y, en general, en la vida cotidiana, pues en todos los casos evitan que las partes concilien. De este 
modo, se alimenta una especie de 
«subcultura litigiosa»12 que se caracteriza por la disposición a la confrontación por conflictos que, en su 
mayoría, se podrían resolver a través 
del diálogo y puntos de encuentro. 
Esto socava 
la 
justicia formal con 
innumerables procesos que desgastan a las partes en tiempo y papeleo. 
Es tal la falta de coordinación en 
Cúcuta que algunos jueces reiteraron que cuando están en audiencias 11 Entrevista a juez de Arauca, 22 de 
octubre de 2018.
Entrevistas en Cúcuta, 2 y 3 de octubre de 2018. 12 de conciliación les piden a los abogados que se retiren de la sala o guarden silencio, pues los apoderados no 
permiten conciliar y prefieren el litigio que les permite ejercer su trabajo 
y devengar honorarios. Lo anterior crea el círculo vicioso 
de 
la producción y reproducción 
cultural que no encuentra cómo 
articularse con vías de resolución 
pacífica de conflictos que aporten 
al desarrollo y a la construcción de 
paz y, en cambio, le queda fácil articularse con la cultura de la violencia 
y, probablemente, con las prácticas 
de justicia de los grupos armados. 
El 
índice de 
litigios repercute en 
el mantenimiento del conflicto armado, pues tanto la confrontación 
como 
la «cultura 
litigiosa» 
son 
manifestación de 
ideas, 
comportamientos y prácticas conflictuales 
que impiden la resolución pacífica 
de los pleitos. Recomendaciones A 
lo 
largo de 
la 
investigación reconfirmamos que 
la cultura cumple un rol fundamental, tanto en la 
posibilidad de establecer Masc, así 
como en el diálogo entre la justicia 
formal y la justicia comunitaria para 
construir Estado social de derecho, 
ya que los Masc y su coordinación 
con la justicia formal dependen de 
la disposición de las personas a creer 
en la conciliación como un camino 
viable para resolver 
los conflictos.                                            
A continuación se enumeran seis recomendaciones para avanzar en esta 
dirección: Cuadernos de ReD 5 · 9 1. 2. Es necesario profundizar la coordinación 
y 
capacitación 
continua de 
los operadores de 
la 
justicia estatal y de 
la 
justicia 
comunitaria. Los sistemas locales de justicia pueden ser un camino acertado para garantizar el 
acceso a la justicia de manera integral y complementaria. Dicha 
coordinación debe basarse en el 
reconocimiento mutuo entre los 
diferentes operadores de 
justicia del saber y la lógica jurídica                                                                                                                             
con que opera el otro y en el 
respaldo que se pueden brindan 
entre sí. Es fundamental que las universidades incluyan en las carreras de 
Derecho un área de formación 
en los Masc; esto permitiría reconocer que los Masc ofrecen 
la oportunidad de construir una cultura de la conciliación en la que las personas pueden ponerse 
de acuerdo sin tener que llegar 
a la confrontación o a un largo 
periodo de 
litigio. «La conciliación tiene que ser vista como 
una forma de ser de la sociedad 
colombiana»13. 3. El trabajo coordinado con los 
conciliadores puede contribuir 
a que 
la 
justicia 
formal haga 
presencia en zonas alejadas y de 
conflicto —donde no 
cuenta 
con la legitimidad, los recursos 
o el conocimiento para operar—, 
lo que contribuye a la descon- 13 Entrevista a juez de Arauca. 23 de 
octubre 2018. gestión de los procesos judiciales y les brinda un servicio más 
ágil a los usuarios. No obstante, 
la descongestión de la rama judicial debe ser vista como una 
consecuencia positiva de la implementación de estos mecanismos y no como la razón de su 
promoción. Las casas de justicia deben fortalecerse y promoverse porque 
contribuyen a 
la coordinación 
eficaz de los diferentes operadores de justicia, pues el compartir un espacio físico facilita el 
diálogo y el intercambio de conocimiento a través de conversaciones formales e informales. 
Allí se establecen mejores canales de comunicación y se generan 
rutas de atención con todos los 
operadores de justicia local. Se debe iniciar una labor pedagógica con el propósito de que 
los ciudadanos en general y los 
operadores de 
justicia —en su 
mayoría abogados— conozcan 
la 
importancia 
y utilidad de 
los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos; de este 
modo, se puede fomentar la cultura de la conciliación. Es urgente crear una red de prácticas 
comunitarias 
de 
justicia 
para fortalecer 
los procesos de 
formación y fortalecimiento de 
los operadores de justicia comunitaria. Ahora, tras la firma del 
acuerdo de paz entre el Gobierno 
y las Farc-EP, cuando el Estado 
ha prometido llegar a las comu- 4. 5. 6. 10 · Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz    nidades, no se les puede fallar. 
La oportunidad de reconstruir 
la confianza entre los territorios 
y el Estado, lo que en el acuerdo 
se denomina «paz territorial», 
pasa por armonizar los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos en los territorios con 
la oferta de justicia formal que 
hace el Estado de derecho para 
garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. 
Fortalecer las prácticas comunitarias de justicia a través de una 
red en zonas de confrontación es 
la manera más económica y más 
eficiente para avanzar con rapidez en la construcción de un Estado de derecho en el que todos 
los ciudadanos tengan acceso a 
un tercero que resuelva los conflictos de manera imparcial. Autores del Equipo ReD César Torres: Consultor internacional en temas de educación para 
la paz, justicia restaurativa, justicia transicional y justicia comunitaria. Recientemente ha trabajado con el Banco Mundial, Sec-Dev 
Group de Canadá, Just Governance de Canadá, la Fundación Heinrich Böll y One Earth Future Foundation, entre otras. Integrante de 
Rodeemos el Diálogo y autor de varias publicaciones sobre acceso a 
la justicia, justicia alternativa y los jueces de paz. Es coautor del Cua- dernos de ReD 2: Justicia ordinaria y justicia comunitaria en la transición de la guerra a la paz: ¿Es deseable y posible apoyar la construcción 
de un Estado de derecho en Colombia a nivel local con base en el diálogo 
entre distintas formas de administrar justicia? Andrei Gómez-Suárez: Cofundador de Rodeemos el Diálogo. Honorary Senior Research Associate del Instituto de las Américas de la Universidad Colegio de Londres. Ha sido investigador asociado 
en justicia transicional en el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford y en procesos de paz en el Centro de Justicia y 
Seguridad de la Universidad de Sussex, y consultor para el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Conciliation Resources, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, la Organización Internacional para 
las Migraciones y Viva la Ciudadanía. Es autor de los libros Geno- cidio, geopolítica y redes transnacionales: una con-textualización de la 
destrucción de la Unión Patriótica en Colombia (Ediciones Uniandes, 
2018) y El triunfo del No: la paradoja emocional detrás del plebiscito (Ícono Editorial, 2016). Cuadernos de ReD 5 · 11 Rodeemos el Diálogo (ReD) es una red transnacional de la sociedad 
civil que apoya la paz integral e incluyente a través del fortalecimiento 
de una cultura de diálogo. Oficina: Carrera 13 # 113-55, Bogotá, D. C.
Celular: (+57) 3002413577
Email: redencolombia@gmail.com
Twitter: @RodeemosDialogo Este cuaderno fue posible gracias al generoso apoyo del Programa                                                      
Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad                            
Adenauer. Cuadernos de ReD es una publicación periódica que busca ofrecer recomendaciones de política pública para la construcción de paz. Para 
conocer los anteriores números visite 
http://www.rodeemoseldialogo.org/ Programa Estado de Derecho para Latinoamérica Rodeemos el Diálogo 
se suma al esfuerzo nacional desde 
la voluntad colectiva de confiar en Colombia