Caso Centros Poblados
# Caso Centros Poblados

El Caso Centros Poblados, también conocido como "caso MinTic" o "escándalo Abudinen", se refiere a un caso de corrupción política en Colombia desatado en agosto de 2021, en el cual la Ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, enfrentó acusaciones de manejos irregulares en la contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en escuelas de zonas rurales, por la adjudicación de un contrato por un billón de pesos colombianos (unos 250 millones de dólares) a la Unión Temporal Centros Poblados, que no contaba con la experiencia ni las capacidades técnicas para ejecutar dicho contrato y que durante el proceso presentó tres pólizas falsas. El ministerio les giró un anticipo por 70.000 millones de pesos (alrededor de 17,5 millones de dólares) y estos incumplieron con el contrato, el dinero fue sacado del país y transferido a una empresa en Delaware, Estados Unidos.

## Orígenes

Desde diciembre de 2020 medios de comunicación como la W Radio venían advirtiendo evidentes irregularidades en el proceso de contratación para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas, ubicadas en las zonas más apartadas del país, en un primer momento, al evidenciarse que un funcionario activo del MinTic, que tenía estrecha relación con la ministra Abudinen, era, a la vez, el apoderado de uno de los proponentes del proceso de licitación, situación que llevó a algunos participantes de la licitación a presentar una recusación contra la ministra, por tener conflicto de interés al estar adjudicando un contrato donde uno de los interesados era representado por un asesor de su despacho, la recusación fue negada por el consejo de ministros del presidente Iván Duque, posteriormente, estalló un nuevo escándalo por cuanto se supo que se había habilitado a la Unión Temporal Centros Poblados para participar del proceso de licitación, a pesar de no tener experiencia alguna en gestión de redes de internet y de estar conformada por empresas con patrimonios muy bajos, algunas de las cuales habían sido denunciadas por incumplir pequeños contratos de obra pública, lo que generaba serias sospechas sobre la transparencia del proceso de selección del contratista, situación que se agravó cuando la periodista de la W Radio, Paola Herrera, denunció que la licitación establecía que el ganador sería el proponente que prometiera hacer más conexiones a internet, no el que tuviera mayor capacidad o experiencia, lo que claramente favorecía que el contrato se lo llevara un contratista que no iba a cumplir, frente a esta situación, la ministra se defendió diciendo que "no hay malos contratistas, sino malos supervisores" las demás irregularidades fueron negadas por la ministra de manera reiterada por lo que finalmente, el contrato se adjudicó y firmó, quedando la UT Centros Poblados como contratista encargado de ejecutar un billón de pesos (unos 250 millones de dólares) para llevar internet a 7.277 escuelas rurales de Colombia. Superando a reconocidas empresas del sector como la ETB o Skynet.

Ante las preocupaciones que generó el entregarle un contrato tan cuantioso y de tan grandes requisitos técnicos a una unión temporal sin experiencia ni logística en temas de conectividad a internet, en un momento tan crítico como lo era la pandemia del COVID19, que obligó a los estudiantes a tener clases de forma remota, por lo que era crítico que los estudiantes de las zonas apartadas tuviera conexión a internet, la ministra Abudinen se dedicó a defender su gestión y la idoneidad del contratista elegido, llegando incluso a decir en Noticias CARACOL que si el contrato no se cumplía, la tenían que llevar "al cementerio" durante una entrevista con Juan Diego Alvira, donde se comprometió a volver al set del noticiero en caso de un incumplimiento contractual.

## Incumplimiento y pólizas falsas

En junio de 2021 ya eran evidentes los incumplimientos del contratista al contrato adjudicado, pues, a pesar de llevar seis meses de ejecución del contrato, todavía no había instalado ni un solo punto de internet, a pesar de ya haber recibido un anticipo por 70.000 millones de pesos (alrededor de 17,5 millones de dólares), durante una audiencia de seguimiento al incumplimiento del contrato, el ministerio planteó siniestrar la póliza que garantizaba que, si no se cumplía el contrato, se devolviera el valor del anticipo, la cual supuestamente había sido emitida por el Banco Itaú Colombia; frente a tal planteamiento, el Banco se pronunció señalando que no había expedido ninguna póliza y que el papel aportado como garantía para el desembolso del anticipo era una falsificación, por lo que el MinTic anunció acciones legales contra el contratista, el cual se defendió señalando que las garantías sí eran reales. Todo esto fue denunciado por la periodista Paola Herrera en junio de 2021, sin que trascendiera a la opinión pública colombiana.

A finales de julio de 2021, la W Radio destapó que no hubo una sola póliza falsa, como se dijo por parte del MinTic en la audiencia de incumplimiento del contrato, sino que en total habían sido tres los amparos falsos presentados y aceptados por el ministerio. El 2 de agosto de 2021, el Banco Itaú confirmó nuevamente que todos los amparos aportados por Centros Poblados eran falsos, denunciando que estos no correspondían en ninguna forma con los documentos originales que emitía la entidad, siendo burdas falsificaciones, afirmación que ha ratificado en varias ocasiones, ante esto, la ministra Abudinen se defendió diciendo que ya había retirado a ocho personas del ministerio por omitir los controles del caso. Semanas después se destapó que la póliza falsa, que amparaba un pago de varios millones de dólares, había sido revisada y aprobada en apenas 18 minutos, lo que aumentó la indignación nacional por este caso. A inicios de septiembre más funcionarios del ministerio fueron separados de sus cargos, pero crecía el descontento general y las solicitudes de renuncia de la ministra.

Ya desde inicios de julio de 2021, el ministerio de las TICs abrió un proceso de caducidad contra la Unión Temporal Centros Poblados, en virtud del grave incumplimiento contractual evidenciado, al haberse aportado garantías falsas para ganar la licitación; el contratista decidió contratar al controvertido abogado Jorge Pino Ricci, reconocido por su cercanía con Miguel Nule Velilla, uno de los contratistas vinculados al carrusel de la contratación. A través de su abogado, Centros Poblados intentó aplazar en varias ocasiones el trámite del proceso de caducidad del contrato, a pesar de ello, el 13 de agosto de 2021, se declaró la caducidad lo que significa que el contrato finalizaba inmediatamente y se hacía efectiva la cláusula penal, que ascendía a treinta y nueve mil quince millones de pesos ($39.015.000.000), unos doce millones de dólares de la época. El 24 de agosto de 2021, el juez Alberto Mario Ospino, del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, en el marco de una acción de tutela presentada por el abogado de Centros Poblados, ordenó suspender la caducidad y reanudar el contrato, situación que generó gran indignación en el país, especialmente por no haberse presentado la tutela en Bogotá, donde se firmó el contrato, si no en un apartado pueblo, donde solo había un juez promiscuo, que justamente se encuentra en el área de influencia de los propietarios de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados, misma zona de la que es oriunda la ministra Abudinen, lo que generaba fuertes sospechas sobre el trasfondo de tal fallo, una vez tomó relevancia nacional dicha decisión judicial, el juzgado rápidamente procedió a negar la acción de tutela, declarándola improcedente un día después, por lo que desde el 25 de agosto de 2021, volvió a estar vigente la caducidad del contrato.

## Moción de censura y renuncia de la ministra Abudinen

En agosto de 2021, cuando el escándalo ya había escalado a nivel nacional e internacional, incluyendo una controversia por el uso del apellido de la ministra como sinónimo de robar (abudinear), situación que incluso fue registrada por la RAE, varios representantes a la cámara, especialmente del partido alianza verde, citaron a un debate de moción de censura a Abudinen el debate fue programado para el viernes 3 de septiembre de 2021 por la presidenta de la cámara, Jenifer Arias, y se llevó a cabo con fuertes enfrentamientos entre los representantes del partido verde (citantes) y miembros del gobierno de Iván Duque y del centro democrático, Karen Abudinen se defendió airadamente, diciendo que ella no tenía nada que ver con la corrupción que había acontecido y amenazó con entablar acciones legales contra los congresistas que la habían criticado, para defender su honra, aunque días después se retractó. A pesar de contar abiertamente con el respaldo del presidente Duque, poco a poco los partidos de las mayorías parlamentarias gobiernistas empezaron a apoyar la moción de censura en su contra, principalmente por la gravedad del escándalo y la cercanía de las elecciones de 2022, situación que obligó al presidente Duque a pedirle la renuncia a la ministra, para que saliera del cargo antes de ser removida por los parlamentarios, el 9 de septiembre de 2021, un día antes de la votación, Abudinen anunció su renuncia irrevocable, con la salida de la ministra, bajó la presión social al congreso para votar la moción de censura, por lo que, el 10 de septiembre de 2021, cuando por fin se votó, la mayoría de los parlamentarios se abstuvieron de votar, razón por la cual, si bien hubo una amplía mayoría de votos a favor de la censura de la ministra que ya había renunciado, no se alcanzó el quorum necesario para aprobar la moción de censura.

## Desarrollo del caso

Desde la adjudicación del contrato, fue controvertida la selección de la UT Centros Poblados como ganadora, por ser una firma que no tenía ninguna experiencia brindado servicios de conectividad a internet y por estar conformada por empresas vinculadas a escándalos de corrupción.

Para junio de 2021 ya eran evidentes los incumplimientos del contrato. Al incumplir el contrato la firma "Centros Poblados" fue citada a conciliación junto con el Banco Itaú, al momento de indagar sobre las garantías el banco manifiesta que las pólizas son ilegales. Posteriormente Efraín Gónzales, uno de los socios de la firma contratante denuncia que su firma en el contrato fue falsificada y que desconoce el paradero de los recursos girados.

En septiembre de 2021 Emilio Tapia fue recapturado por la Fiscalía General de la Nación al verse involucrado en el escándalo de la contratación de MinTic para proveer internet a zonas rurales en el que se encuentran perdidos 70.000 millones de pesos. Su nombre ha sido mencionado como estructurador del proyecto y como artífice de la falsificación de pólizas de seguro que fueron presentadas en la licitación de este proyecto.

Si bien el presidente Iván Duque aseguró en agosto de 2021 que "se recuperará todo el dinero entregado", en enero de 2022 la ministra de las Tics Carmen Ligia Valderrama, quien fue nombrada en reemplazo de Abudinen, manifestó en los medios que "la plata no se ha recuperado y están en el proceso de recaudar esos dineros".

El escándalo dejó en evidencia un claro entramado de desviación del recurso billonario hacia los contratistas particulares con firmas falsas y cuentas bancarias falsas.

