Terruqueo
# Terruqueo

El terruqueo es una práctica política y social utilizada por los sectores conservadores y de la derecha peruana en general, que consiste en asignar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment, las connotaciones de ser afín a comportamientos o ideas terroristas, o de realizar apología del terrorismo, o, incluso, ser miembro u operar dentro de estos grupos armados, con el fin de desprestigiarle o que su discurso se vea invalidado. El término se complementa con la palabra «caviar».

También se ha definido como una estrategia política que utiliza, por asociación, el miedo al terrorismo para obtener rédito político y que anula cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un estado democrático. Asimismo, se ha definido como una práctica utilizada, aplicada también en algunos medios de comunicación de Lima, para criminalizar la protesta social en el país. Su magnitud es tal, que varios especialistas de la ONU condenaron su uso y declararon públicamente que se trataba de una táctica de intimidación empleada por el gobierno peruano.

El término se ha expandido a otros lugares, como en España, donde la práctica es habitual pero no tenía una denominación clara. Un ejemplo es el Foro de Madrid, una serie de sesiones realizadas por el partido político Vox y personalidades internacionales, en que políticos de la izquierda señalaron que la participación de personalidades en Lima «[promovieron] el odio, la discriminación y el terruqueo a nivel internacional».

## Origen del término

El origen de la palabra viene de terruco, un neologismo peruano que se empezó a utilizar en la década de 1980 por miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que combatían a Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ambos grupos terroristas de extrema izquierda, durante el conflicto armado interno. Posiblemente el sufijo -uco (derivado del quechua -uqu) fue añadido por un proceso de quechuización de la palabra terrorista, práctica lingüística común entre los quechuahablantes, convirtiéndose así en un coloquialismo. El diminutivo «terruquito» fue empleado a modo de arenga en la película La boca del lobo.

Semánticamente, en el Perú se asocian por sinonimia, de forma despectiva, los términos «terruco» e «izquierdista».

### Variantes

Una variante surgida en 2021 a raíz de la campaña electoral fue «perruqueo», término que combina las palabras perro y terruqueo, en relación con la arbitrariedad de la práctica del terruqueo debido a un caso de discriminación por parte de un hospedaje canino que vetó sus instalaciones a mascotas de «familias comunistas». Esto se dio por los vídeos y relatos compartidos en 2018 mediante redes sociales provenientes de la Venezuela de Nicolás Maduro en donde se muestra que producto de la escasez algunos pobladores deciden consumir carne de perro y otros animales considerados animales de compañía y no de consumo humano.

## Usos

El término «terruco» se ha asociado de forma generalizada y discriminatoria a la población andina, particularmente a los nacidos en el departamento de Ayacucho, región donde Sendero Luminoso inició su insurgencia contra el Estado peruano. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se ordenó la detención de 5000 personas que, sin justificación, fueron señaladas como presuntas «terroristas». Familiares de 200 personas que fueron encarceladas arbitrariamente realizaron manifestaciones con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Dentro del contexto social peruano, la expresión es utilizada como ataque deslegitimador de movimientos o, en menor parte, políticos progresistas (véase «caviar»), así como críticos con el modelo económico neoliberal implantado durante el gobierno de Alberto Fujimori, que en ese periodo se recurría al temor y se vinculó al terrorismo a sus opositores. Primero fue usado con este sentido por simpatizantes del fujimorismo desde el fin del gobierno de Fujimori en el 2000, como dicotomía entre ese grupos y los simpatizantes autoidentificados de «patriotas». Uno de sus primeros usos fue cuando el expresidente culpó al entonces mandatario Alejandro Toledo y su gabinete por ser «cómplices del [resurgimiento del] terrorismo», pero después fue adoptado por el diario chicha El Tío y el resto de la derecha política en general. Esta estrategia cobró importancia en la Marcha de los Cuatro Suyos.

Entre los grupos que han sufrido del terruqueo están algunos estudiantes de universidades públicas peruanas, particularmente el alumnado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como «La Cantuta»), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (por algunos contados casos de activismo estudiantil) y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (por ser donde se originó Sendero Luminoso). Esta práctica ha sido también utilizada contra los participantes de las luchas sociales de comunidades campesinas por el medioambiente (minería, agua) y en distintos paros y huelgas de obreros.

El investigador Fernando Velásquez Villaba, en relación con Fujimori y las acciones que realizó, presenta en análisis a continuación:

   Se presentó la figura del terrorista como la personificación del mal [...]. La rigidez de la legislación antiterrorista de Fujimori coloca al terrorista como el enemigo más peligroso para la sociedad y para el Estado. [...]
   En otras palabras, un terrorista, sin importar por cuanto tiempo cumpla su sentencia, nunca dejará de ser un terrorista. El enemigo será siempre el enemigo y, por consiguiente, si un terrorista sigue vivo, la época del terrorismo, al menos en [las] memorias [de] algunas [personas], [permanece como] un miedo latente y, por tanto, [podría volver a] repetirse. De esta forma, el terruqueo [se convierte] en un instrumento legal de persecución, además de [volverse] un discurso social que sirve para complementar una doctrina jurídica que enfatiza la identificación de "delincuentes" en vez de prestar la atención a los "delitos". En otras palabras, se vuelve más importante saber quién fue el perpetrador que descubrir si un delito fue perpetrado en primer lugar

### En campañas políticas

El uso como arma política también ha sido utilizado para desacreditar la disidencia política dentro de las propias filas conservadoras. En las elecciones municipales de 2011, Lourdes Flores acusó a su rival Susana Villarán y su partido político por supuestamente tener nexos con Sendero Luminoso en una reunión convocada por la Peru Support Group en Reino Unido, caso que la organización y el partido negaron tal conexión. En 2018, Kenji Fujimori, hijo del presidente Alberto Fujimori, acusó al partido fujimorista Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, su hermana y heredera política de su padre, de terruquear a quien piense diferente dentro del movimiento.

También se utilizó contra los asistentes a las masivas protestas de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino, o se popularizó durante la campaña presidencial de las elecciones de 2021 contra la candidata Verónika Mendoza, a quien sus contrincantes vinculados a la derecha y sus seguidores le denominaron «Terrónika» o contra la candidatura del centrista Partido Morado, catalogado como «Moradef», en alusión al Movadef, rama civil de Sendero Luminoso. También el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga llamó «filo terruco» al presidente Francisco Sagasti.

El terruqueo fue ampliamente utilizado durante la segunda vuelta de esas elecciones contra el candidato Pedro Castillo, a quien continuamente se le acusó de estar vinculado al Movadef. En este periodo, también fueron señalados diversos periodistas como Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Marco Sifuentes, Claudia Cisneros, César Hildebrandt, Juliana Oxenford y Raúl Tola. La propia Keiko Fujimori señaló a sus opositores que «aquí los únicos que se terruquean son ustedes mismos cuando salen informes periodísticos claramente donde hay más de 240 miembros del Movadef y que son integrantes de Perú Libre participando activamente en su partido».

Mendoza, entonces candidata presidencial para los comicios de 2021, asignó el término como una «estrategia de miedo de los que no quieren que las cosas cambien», cuya vínculo más importante para ella es al generar temor hacia el cantidado Castillo, quien posteriormente ganó la segunda vuelta.

En 2022, tras el fallido autogolpe del presidente Castillo, sucedieron masivas manifestaciones en diversos departamentos del país. Los sectores conservadores y la policía nacional vincularon a los manifestantes más violentos con Sendero Luminoso, Movadef y el MRTA. Por su parte, políticos de izquierda, como Anahí Durand y Sigrid Bazán, denunciaron estas declaraciones de terruqueo.

### En la criminalización de la protesta social

El terruqueo se ha definido como una práctica utilizada para estigmatizar y criminalizar la protesta social en el país con el fin de debilitarla, reprimirla o desorganizarla. Uno de los casos de criminalización ocurrió en 2008 con la convocada por el SUTEP, en televisión abierta se emitió un vídeo con las declaraciones de Vladimiro Montesinos, lo cual señaló que un grupo de manifestantes supuestamente no realizaba protestas durante el gobierno de Alberto Fujimori. El congresista Aurelio Pastor justificó la salida del anuncio para «defender la democracia».

A finales de 2020, las protestas de los trabajadores agrícolas en Ica se extendieron rápidamente a otros valles costeros derivaron en un paro agrario buscando mejores condiciones salariales y denunciando el maltrato ejercido por las empresas agroexportadoras. También se exigió la derogación de la Ley de promoción agraria (ley n.° 27360 o Ley Chlimper), que estableció beneficios tributarios a las empresas y la remuneración diaria de los trabajadores agrarios en US$ 11; dicha ley fue promulgada en 2020 durante el fujimorismo y extendida en diciembre de 2019 hasta el 2031 a partir del Decreto de Urgencia 043-2019. Las élites agroexportadoras reaccionaron acusando a los trabajadores de actividades terroristas, «en su intento por deslegitimar y estigmatizar las protestas actuales, es descalificarlas al tratarlas como una extensión política, histórica y social del conflicto armado interno (1980-2000)». El empresario agroexportador Benjamín Cillóniz calificó las protestas como «lo más parecido que vivimos al terrorismo», el medio neoliberal Infobae publicó que «los protestantes que entran encapuchados a las empresas, los amenazan y les quieren cobrar cupos para dejarlos trabajar» y Carlos Tubino, vocero de la agrupación fujimorista Fuerza Popular, tildó de terroristas y subversivos a las personas que participaban del paro agrario. Tres jóvenes fallecieron a partir de disparos de la policía durante las protestas.

En 2023, con las protestas que marcaron la convulsión social, Infobae registró nuevas criminalizaciones a la protesta, que incluye represión policial. Según Sudaca, la Dirección contra el Terrorismo se encargó de intervenir a colectivos relacionados con supuestas ideas terroristas. Una de las congresistas, Martha Moyano, planteó un proyecto de ley en ese año (05653/2023-CR) para confundir las investigaciones por represión policial y así a los fallecidos no recibir «un trato igualitario con las víctimas de la violencia terrorista ocurrida entre los años 1980 y 2000». La presidenta de ese entonces, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de estar involucrados con supuestos grupos terroristas a pesar de que manifestó no existir un resurgimiento de tales grupos en el país. Además, el asumido primer ministro Alberto Otárola llamó de «terroristas» a los familiares de las víctimas que emprendieron medidas judiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

