Fiscalía Antidroga
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La Fiscalía Antidroga es una de las dos fiscalías especiales, integrada en el Ministerio Fiscal español y dependiente de la Fiscalía General del Estado, con competencias en todo el territorio nacional.

La actual fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga es Rosa Ana Morán, cuyo nombramiento se publicó en el BOE el 5 de mayo de 2022.

## Funciones

Son funciones de la Fiscalía Especial Antidroga:

* Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción conforme a los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
* Investigar los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos mencionados en el apartado anterior.
* Coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Las Fiscalías de los Tribunales Militares colaborarán con la Fiscalía Antidroga en relación con los hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades militares.
* Colaborar con la autoridad judicial en el control del tratamiento de los drogodependientes a quienes se haya aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los centros acreditados que participen en dicho tratamiento.

## Historia

La Fiscalía Antidroga se creó a finales de los años 1980, en el contexto de una nueva política de Estado frente al problema de la droga. Así, en 1984 el Congreso de los Diputados aprobó una moción que instaba al Gobierno de la Nación a elaborar «un plan de prevención contra la droga en que se contemple la reinsercion social de los drogadictos».

Cumpliendo con este mandato, en 1985 el Gobierno aprobó el Plan Nacional sobre Drogas, que incluía reforzar las instituciones judiciales de represión del tráfico de drogas. En este sentido, en 1988 las Cortes reformaron la estructura del Ministerio Fiscal para crear la «Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas», que quedó bajo la supervisión directa del fiscal general del Estado. Su evolución a lo largo de la década de 1990 le ha otorgado competencias en materia de blanqueo de capitales cuando estuviera relacionado con el tráfico de drogas.

