Cláusula de exclusión voluntaria
# Cláusula de exclusión voluntaria

Una cláusula de exclusión voluntaria (en inglés: opt-out) es una excepción a la legislación de la Unión Europea (UE), aplicable en los 27 Estados miembros de dicha organización. Constituye una manera de garantizar que cuando un Estado miembro no desee participar en un ámbito particular de la política de la UE pueda quedarse al margen e impedir un bloqueo general. Y es que, aunque son una minoría, ciertos Estados miembros están menos integrados en la UE que otros. En la mayoría de los casos esto se debe a que se les ha concedido una exención en un ámbito particular de la cooperación comunitaria.

Así, por ejemplo, según el Tratado de Lisboa la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se aplica plenamente por el Tribunal Europeo de Justicia en Polonia, aunque aún se aplica a la esfera de la legislación de la UE. El Tratado proporciona a los países con la opción de optar por salir de determinadas políticas de la UE en el ámbito de la policía y el derecho penal. Las disposiciones del Tratado en el proyecto de marco de la cumbre de junio de 2007 declaró que la división del poder entre los Estados miembros y la Unión es un proceso bidireccional. Irlanda por su parte ha optado por opciones de excepción en materia de asilo, visas e inmigración. El Tratado le da derecho de excepción en lo referente a justicia y asuntos internos.

La singularidad más notable es la excepción de la Unión Económica y Monetaria, es decir, de la adopción del euro como única moneda de curso legal. Mientras que la mayoría de los países de la Unión Europea están obligados a adoptar esta moneda cuando estén preparados, Dinamarca ha obtenido el derecho de conservar su moneda independiente, la corona danesa. También se han concedido otras cláusulas similares en materia de defensa y ciudadanía europea. El Acuerdo de Schengen, por ejemplo, se adoptó solo parcialmente, ya que Dinamarca e Irlanda pueden optar a participar o no (el último país mencionado no lo hace), en todas o en parte de las medidas previstas.

## Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

En el momento de ratificar el Tratado de Lisboa, Reino Unido y Polonia introdujeron un Protocolo (el número 30) por la que se pretendía limitar la eficacia creadora de derechos de la Carta. El Protocolo consta de dos artículos. El primero de ellos afirma que la Carta no amplía las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de los tribunales nacionales para apreciar que las acciones estatales de ambos países sean incompatibles con los derechos reconocidos en la Carta. En el artículo 2, «a fin de no dejar lugar a dudas», se reafirma esta excepción en particular para los derechos contenidos en el Título IV (Solidaridad).

Los motivos de estos dos Estados miembros para interponer estas excepciones son diversos. A Reino Unido le preocupa la posible ampliación de derechos sociales y económicos que podría acarrear la aplicación de la Carta. Polonia, por su parte intenta limitar posibles efectos de esta en su Derecho de Familia (sobre todo, para evitar el matrimonio homosexual).

También la República Checa anunció que se sumaría a este protocolo, y así lo exigió su presidente Václav Klaus como requisito para ratificar el Tratado de Lisboa. En este caso, Chequia temía la anulación de los Decretos de Beneš del Presidente de la República de los años 1945-1946, expulsando a familias alemanas del territorio y confiscando sus tierras. No obstante, en 2014, un nuevo gobierno de centroizquierda anunció que el país ya no buscaría que se excepcionara la aplicación de la Carta en su territorio.

## Espacio Schengen

Irlanda y el Reino Unido fueron los únicos miembros de la UE que, antes de la ampliación de 2004, no habían firmado el Acuerdo de Schengen. Ambos países mantienen una zona de tránsito común para los viajes sin pasaporte entre ellos y las tres dependencias de la corona británica de Jersey, Guernsey e Isla de Man, que están fuera de la Unión Europea.

El Reino Unido se negó a firmar el Acuerdo de Schengen con el argumento de que, para una nación en una isla, los controles fronterizos son una forma mejor y menos intrusiva para impedir la inmigración irregular que otras medidas, como las credenciales de identidad, permisos de residencia y registros con la policía, que son apropiadas para los países con "fronteras terrestres extensas y permeables". Irlanda no firmó el Acuerdo de Schengen, ya que "no estaba en el interés de Irlanda tener una situación en la que poner fin a la zona de circulación común con Gran Bretaña, que impondría controles de salida y entrada de los pasajeros que viajan entre aquí y Gran Bretaña y, además, en la frontera terrestre (con Irlanda del Norte)".

Cuando Schengen se subsume en la Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam, Irlanda y el Reino Unido obtuvieron una cláusula de exclusión de la parte del tratado que incorporaba las normas de Schengen (o acervo comunitario) a la legislación de la UE. En el marco del protocolo pertinente, Irlanda y el Reino Unido podrán solicitar su participación en los aspectos del acervo de Schengen, pero esto está sujeto a la aprobación de los Estados Schengen.

El Reino Unido solicitó formalmente participar en algunas disposiciones del acervo de Schengen —Título III relativo a la seguridad policial y cooperación judicial— en 1999, y esta petición fue aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 29 de mayo de 2000. La participación formal del Reino Unido en las áreas previamente aprobadas de cooperación se llevaron a efecto por decisión del Consejo de 2004, que entró en vigor el 1 de enero de 2005.

Por el contrario, Irlanda presentó inicialmente una solicitud de participación en el acervo de Schengen en 2002, que fue aprobada por el Consejo de la Unión Europea, pero esa decisión aún no se lleva a cabo. En febrero de 2010, el ministro irlandés de Justicia, en respuesta a una pregunta parlamentaria, dijo que "las medidas que permitirían a Irlanda satisfacer los requisitos de Schengen están progresando actualmente.

Un informe anterior de 1999 del Comité Selecto de la Unión Europea de la Cámara de los Lores recomendaba la "plena participación del Reino Unido" en todas los diversos cuatro títulos del Convenio de aplicación de Schengen.

